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Investigación

El nexo entre las coimas por los Leopard y las platas negras de Pinochet

El nexo entre las coimas por los Leopard y las platas negras de Pinochet

05 de Agosto de 2009

Informe de Investigaciones detalla operaciones de Óscar Aitken

El Mostrador

 El albacea del ex dictador reapareció mencionado este lunes en el procesamiento dictado por el ministro Manuel Valderrama en contra del general (r) y ex director de Famae, Luis Iraçabal Lobos, y del brigadier (r) Gustavo Latorre, ambos por haber recibido "comisiones" por un total de US$ 600 mil. En un contundente informe, que publica íntegramente El Mostrador, la policía civil detalla los movimientos financieros tras lo que está la huella de de este personaje clave para entender los ilícitos financieros que hoy comprometen el sistema de compra de armas durante la transición.

Por Jorge Molina Sanhueza

Fue un abogado reputado. De aquellos que trabajan "en la más estricta reserva". Poco se le veía en los tribunales, pero la familia Pinochet lo conocía muy bien, tanto así que les creó más de una docena de empresas en paraísos fiscales y cuentas en bancos de Estados Unidos, Europa y chilenos con sedes en el exterior para esconder su fortuna ilícita. Ése es Oscar Aitken, el albacea del ex dictador, hombre que aparece como el autor intelectual tras el pago y ocultamiento de coimas por la compra de los tanques Leopard en 1998, y cuyo nombre reapareció este lunes en el procesamiento dictado por el ministro Manuel Valderrama, en una de las aristas del caso Riggs.

En esta fueron encausados el general (r) y ex director de Famae, Luis Iraçabal Lobos y el brigadier (r) Gustavo Latorre, ambos por haber recibido "comisiones" por un total de US$ 600 mil.

 Buena parte de los detalles de dichas operaciones, así como un perfil más acabado del modus operandi de Aitken, y de sus nexos con en el mundo militar y la derecha política, se encuentran en el informe completo de más de 400 páginas sobre todos los manejos con las platas de Pinochet y la compra del ya mencionado material de guerra, preparado por la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac). En este también están acreditados los manejos que realizaron otros ex uniformados para favorecer a Pinochet, detrás de los cuales aparece la mano de Aitken.

La trayectoria de Aitken en este proceso, sustanciado en primera fase por el ministro Sergio Muñoz -hoy integrante de la Corte Suprema- y posteriormente por Carlos Cerda, tuvo algunos problemas en el camino. El abogado quiso contar su participación en las operaciones en 2004, pero el secreto profesional con Pinochet se lo impedía, y así se lo hizo ver a Muñoz. Pero luego le preguntó al ex dictador si lo liberaba del mismo. Hecho esto, confesó. De allí la madeja comenzó a desenredarse y aparecieron las sociedades en los paraísos fiscales.

La primera de ellas -Bellview- fue creada en 1991 por Aitken junto a Axel Buchheister, el principal vocero del Instituto Libertad y Desarrollo contra el proyecto de ley que busca levantar el secreto bancario al Servicio de Impuestos Internos.

Lo que vino después fue la debacle de los Pinochet y el procesamiento de Aitken como partícipe de esta asociación para triangular dineros obtenidos por comisiones por la compra de armas y por la apropiación de gastos reservados de la Presidencia de la República para beneficio personal.

Así se destapó la existencia de sociedades como Abanda, Cornwall Overseas, entre muchas otras que iban desde Israel a México. Y se estableció que el Banco de Chile con sede en Nueva York y en Miami, así como el Riggs y el desaparecido Atlántico, ayudaron al ex dictador a volver invisibles sus activos ilícitos. En todo participó Aitken.

Pero Muñoz avanzó y profundizó en las maniobras del abogado. Tuvo la ayuda de la Brilac, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los datos que le proporcionó el informe del Senado de Estados Unidos revelado en 2004, que permitió el inicio de la causa, así como los que obtuvo gracias a los exhortos que envió al extranjero.

Con todos esos antecedentes Muñoz indagó bajo la alfombra en distintos países, hasta que dio con la compra de los tanques Leopard, adquiridos por el Ejército en 1998 a la empresa Holandesa RDM Technology.

En la arista mencionada, Aitken volvió a confesar. Asesoró a esa firma, recibiendo US$ 1 millón 600 mil, dineros que pasaron desde RDM Holding, dueña de la firma de armas, a la sociedad Cornwall Overseas, es decir a manos de Pinochet.

Transcurrieron cerca de dos años hasta que el Ministerio Público logró obtener en Holanda todos los antecedentes referidos a la compra de los Leopard, los que le fueron entregados este año a Valderrama, el tercer ministro a cargo del caso y quien dictó los procesamientos el pasado lunes.

La noticia no cayó nada bien en el Ejército ni en La Moneda. El magistrado, hasta ahora, no ha descartado dictar otros encausamientos, como tampoco citar a las autoridades civiles de la época, incluido actual ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien en 1998 ocupaba la cartera de Defensa, siendo su subsecretario el actual ministro del Tribunal Constitucional, Mario Fernández, ambos militantes DC.

Lea el procesamiento dictado por el ministro Valderrama  (en formato PDF)

Baje el informe de la Brilac (en formato PDF)

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El rol desconocido de la CIA

El rol desconocido de la CIA

 La Nación Domingo 

Los documentos, cuyos facsímiles reproduce El Siglo, reseñan una reunión del ministro consejero para asuntos latinoamericanos de la embajada estadounidense en Chile, George Jones, con el padre de Piñera y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera, para sacarlo del país.

Foto: Diplomático.-El embajador de EEUU en Chile, James Theberge, se caracterizaba por un marcado anticomunismo y mantuvo buenas relaciones con Pinochet. Foto: UPI  Domingo 26 de julio de 2009   

 Documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, publicados este viernes por el periódico El Siglo, plantean un rol hasta hoy desconocido de la embajada de los EEUU en la fuga de la justicia que emprendió Sebastián Piñera en 1982.

La serie de documentos, dada a conocer en forma exclusiva por el semanario, incluye uno que señala que el padre de Piñera era colaborador de esa agencia de espionaje desde 1965 y que su hermano José, ministro del Trabajo y de Minería de Pinochet, fue su colaborador directo y analista financiero.

Los documentos, cuyos facsímiles reproduce El Siglo, reseñan una reunión del ministro consejero para asuntos latinoamericanos de la embajada estadounidense en Chile, George Jones, con el padre de Piñera y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera, para sacarlo del país.

Otro documento señala que, a petición del entonces embajador estadounidense, James Theberge, la CIA se hizo cargo de una operación de "neutralización" que se tradujo en la salida protegida del país de Piñera, vía aérea por Buenos Aires, con destino a México, en donde permaneció bajo la protección de Fernando Quijano.

El semanario sostiene que Quijano, de nacionalidad mexicana, aparece vinculado no sólo a organizaciones de ultraderecha, sino también a redes neofascistas, tales como la Junta Internacional de Comités Laborales, el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana (MSIA) y la Unión Nacional Sinarquista.

Los facsímiles publicados por El Siglo también incluyen información sobre gestiones que habría realizado Theberge ante la Corte de Apelaciones de Santiago y el presidente de la Corte Suprema de entonces, Rafael Retamales, para favorecer que se acogiera el recurso de amparo que presentó Sebastián Piñera para dejar sin efecto su orden de detención.

El 8 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones había rechazado el recurso de amparo, por dos votos, de los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, contra uno, del ministro Enrique Zurita.

El voto de mayoría estableció que "el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal". Este fallo fue revertido posteriormente por la Corte Suprema.

Los mismos documentos informan que la constitución de empresas de papel por parte del Grupo Calaf y los créditos fraudulentos obtenidas por ellas desde el Banco de Talca habrían correspondido a operaciones de lavado de activos, en las que estaban involucradas, además, otras empresas.

El mismo objetivo habrían tenido las operaciones fraudulentas de exportaciones de dichas empresas, relacionadas a empresas de papel constituidas en Panamá.

Otro de los documentos muestra recopilación de antecedentes y un análisis sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Santiago.

El informe lleva el número WSA/Was/3215B, registra entrada de datos los años 1975, 1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita.

A raíz de éstas y otras denuncias realizadas con anterioridad, el autor del reportaje, Francisco Herreros, fue amenazado de muerte el 24 de junio pasado por un "Comando Vengadores 11 de Septiembre". Denuncia que se investiga en los tribunales de justicia.

El semanario El Siglo incluye una nota en que pone a disposición del público los documentos objeto del reportaje.

 

Abandonó el domicilio... y ni siquiera se despidió de mí

Abandonó el domicilio... y ni siquiera se despidió de mí

El Mostrador

27 de Julio de 2009

Lo que declaró la esposa de Piñera cuando iban a detener a su marido en 1982:

"Abandonó el domicilio... y ni siquiera se despidió de mí"

 La orden de aprehensión dictada por el entonces juez Luis Correa Bulo -que publica íntegramente El Mostrador- fue tramitada por la Brigada de Delitos Económicos y da cuenta de las diligencias realizadas para atrapar al actual candidato presidencial de la derecha, por su responsabilidad en la quiebra del Banco de Talca. Los detectives allanaron su casa y pusieron "puntos fijos a distintas horas y días" en las afueras de la oficina que ocupaba en la calle Moneda. "Pero esta persona no aparece en su lugar de trabajo", señala el documento. Lea la orden de captura contra Sebastián Piñera

Por Jorge Molina Sanhueza

La ex ministra de Justicia Mónica Madariaga encendió la polémica la semana pasada. Aseguró que intervino ante el Poder Judicial, para evitar que el "Tatán" fuera procesado por el entonces juez Luis Correa Bulo, en el marco de la quiebra del Banco de Talca en 1982. El abanderado incluso, dijo la abogada, "me dio las gracias en un avión".

Piñera lo negó tajantemente. También su hermano José, el cerebro detrás de la creación de las AFPs y ex ministro del Trabajo del régimen militar.

Pero más allá de los dimes y diretes políticos, enmarcados en la campaña presidencial, existe la prueba documental. Se trata del registro que llevaban los procesos del antiguo sistema y que se encuentra actualmente en el Archivo Judicial. Se trata de la orden de detención decretada por Correa Bulo y que no pudo ser cumplida por la policía, debido a que Piñera desapareció, se declaró en rebeldía y no se presentó a los tribunales.

Paralelamente a estas diligencias, sus abogados presentaban un recurso de amparo, el cual llegó a la Suprema. Con éste se evitó que fuera encausado por las infracciones a la Ley de Bancos.

Puntos fijos

En el documento, que publica íntegramente El Mostrador, se revelan los detalles de la diligencia realizada por los detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), quienes pese a sus intentos, no pudieron echarle el guante a Piñera para que enfrentara a Correa Bulo. Dónde se escondió por esos días, sigue siendo un misterio.

En la orden de cinco páginas, consta el testimonio de María Cecilia Morel, esposa del abanderado de la Alianza por Chile, quien respondió las preguntas de los perseguidores policiales sobre el paradero de su esposo. La mujer fue elocuente:

"Efectivamente... mi esposo tomó conocimiento  de que se había decretado su aprehensión, por lo cual abandonó este domicilio con rumbo desconocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, porque ni siquiera se despidió de mí ni tampoco me dio explicaciones de su determinación", dijo Morel a los aprehensores.

A continuación los policías preguntaron dónde se hallaba para cumplir con la orden del magistrado, pero Morel mantuvo sus dichos:

"Ignoro en qué lugar se encuentra, pero sí tengo conocimiento de que conjuntamente con sus abogados, trata de solucionar su problema judicial", explicó.

Para confirmar si Morel decía la verdad, los detectives allanaron la casa de Piñera. Lo propio hicieron con su oficina, que por aquellos años se ubicaba en calle Moneda, en pleno centro capitalino. No tuvieron suerte.

"Se realizaron diligencias... en el lugar donde  laboraba el requerido Piñera Echeñique, estableciendo mediante puntos fijos en diferentes días  y horas, pero esta persona no aparece en su lugar de trabajo desde la aparición en la prensa capitalina la noticia de la declaratoria de reo de su persona", concluyeron los policías.

Cómo, dónde y por qué

Las palabras de Mónica Madariaga fueron apoyadas por el candidato concertacionista Eduardo Frei, quien increpó a su adversario  y manifestó que el país merecía una explicación sobre esta "gestión" que permitió liberarlo del brazo de la ley, poniendo en duda su honestidad.

Pero quien manejaba la información real era el ex ministro Luis Correa Bulo, quien fue destituido del Poder Judicial en 2001. Este último, durante la semana pasada, no quiso hablar con ningún medio, pero su hijo Luis Correa Bluas, aprovechó la oportunidad para confirmar que todo era cierto.

Sin embargo, el silencio del ex magistrado duró poco, ya que este domingo, en entrevista con La Nación, confirmó que el gobierno militar, a través de Madariaga, hizo las gestiones.

"Yo tenía muy buenas relaciones con doña Mónica...  A mí no me pareció nada raro esto, de que intercediera por el señor Piñera. Me manifestó que no lo hacía tanto por ella, sino por el hermano (José Piñera, ex ministro del Trabajo y Minería de la dictadura) y porque estaban preocupados por la forma en cómo se estaba llevando el proceso", señaló Correa Bulo.

La derecha no guardó silencio. La senadora Evelyn Matthei señaló: "Yo le pido a Frei que deje esta cochinada".

Piñera también salió a hablar: "Yo me pregunto qué le pasa a Frei, por qué le ha cambiado hasta la cara, por qué tanta agresividad, tanta odiosidad, tanta descalificación".

Además:

Lea la orden de captura contra Sebastián Piñera

 

Mónica actuó a petición del gobierno militar

Mónica actuó a petición del gobierno militar

La Nación  Domingo 26 de julio de 2009   

 Por Luis Narváez y Javier Rebolledo/investigacion@lanacion.cl 

Luis Correa Bulo confirma presiones de la dictadura para salvar a Piñera

 "Mónica actuó a petición del gobierno militar"

Foto: Académico.- Desde que dejó la judicatura, Correa Bulo se desempeña como profesor en la Universidad Diego Portales.

En entrevista exclusiva con LND, Correa Bulo no sólo ratifica con más detalles la llamada de la sobrina de Pinochet a favor de Sebastián Piñera, sino que también dice haber sido presionado por senadores de la UDI para favorecer al mismísimo dictador.

 Una docena de periodistas se agolparon el viernes frente a la casa del ex ministro Luis Correa Bulo (75), en Ñuñoa, para intentar obtener una confirmación o un desmentido.

La ex ministra de Justicia de la dictadura Mónica Madariaga había reconocido días antes que presionó indebidamente al magistrado, en 1982, para intentar frenar el proceso en contra de Sebastián Piñera.

Por esos tiempos, el candidato presidencial de la Alianza, huía de la justicia, acorralado por el juez que lo había sometido a proceso y dictado una orden de captura en su contra por infracción a la Ley General de Bancos, en la quiebra del Banco de Talca.

El tiempo pareciera estarle dando la razón a este viejo juez que fue pieza fundamental a finales de la década de 1990 -como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema- para reabrir todas las investigaciones por violaciones de los derechos humanos.

No por nada, Correa Bulo debió enfrentar una acusación constitucional, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, y cargos por irregularidades en la Corte Suprema que fueron levantados en una instancia -la Comisión de Ética- que lo llevaron a ser expulsado mediante un procedimiento que hoy está siendo analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuera del Poder Judicial, Luis Correa Bulo ha vivido años de mucho trabajo, pese a su edad: es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Central, juez árbitro y da charlas de vez en cuando sobre Derecho Internacional Humanitario.

FOTO_04 W:200 H:150 11 kbEn entrevista exclusiva con LND, Correa Bulo no sólo ratifica con más detalles la llamada de la sobrina de Pinochet a favor de Sebastián Piñera, sino que también dice haber sido presionado por senadores de la UDI para favorecer al mismísimo dictador.

"Mire, he decidido hablar porque es de público conocimiento la información que ha salido en todos los medios de la ex ministra de Justicia, doña Mónica Madariaga. Ella manifestó haber intervenido a favor del señor Sebastián Piñera, ante este juez", se excusa de entrada el ex integrante de la Corte de Apelaciones, Luis Correa Bulo.

-¿Y eso es efectivo?

-Sí, desde luego, se trata de una ministra de Justicia que no tiene algún ánimo de mentir o faltar a la verdad.

-¿Qué tipo de presión ejerció?

-Yo tenía muy buenas relaciones con doña Mónica. Nos encontrábamos en inauguraciones o incluso en tiempos que trabajaba en La Serena. A mí no me pareció nada raro esto, que intercediera por el señor Piñera. Me manifestó que no lo hacía tanto por ella, sino por el hermano (José Piñera, ministro del Trabajo y Minería de la dictadura) y porque estaban preocupados por la forma en cómo se estaba llevando el proceso.

-¿Qué le pide concretamente?

-No recuerdo las palabras textuales. Pero entendí que el sentido de lo que pedía era que no se le molestara.

-¿Usted cree que le estaban enviando un mensaje que venía de un ámbito mayor a la ministra de Justicia, Mónica Madariaga?

-Porque conozco a Mónica y la forma en que lo expresó, ella no lo hacía a título personal sino que a nombre del gobierno. Por lo menos así lo entendí yo.

-¿Ella habla sólo por Piñera, o por algún otro procesado?

-No, sólo por Sebastián Piñera. Manifestó que había una preocupación enorme.

-¿Y cuál fue su respuesta?

-El sentido de mi respuesta fue que como toda persona en Chile, perfectamente podía hacer uso de sus derechos y que yo le aconsejaba que lo mejor era que se presentara voluntariamente, ya que existía orden de aprehensión. Le expliqué que yo tomaría en cuenta tanto los antecedentes procesales, como los antecedentes personales para resolver sobre su libertad, que era perfectamente factible que pudiera pedirla. También le expliqué que la libertad no dependía de mí, sino que dependía de la Corte de Apelaciones que era mi superior jerárquico.

-Aunque usted le diera la libertad, por el tipo de delito ¿debía ir en consulta?

-Exacto. Porque honradamente un auto de procesamiento no se baja por un recurso de amparo.

-¿Cómo tomó usted el hecho de que la ministra de Justicia acudiera a usted directamente, en nombre de la dictadura, y a favor de un procesado como Sebastián Piñera?

-Mire, tuve una sensación extraña. No me pareció raro, ya que durante mi carrera recibí varias presiones de este tipo.

-¿Qué impresión le causó que Piñera y otros ejecutivos se dieran a la fuga?

-En mi fuero interno, quedé con una sensación de impotencia. Porque veía que de alguna forma se estaba cercenando la independencia de los magistrados.

-Ellos recurrieron de amparo, una estrategia que hoy no se estila

-Sí, fue rechazado por la Corte de Apelaciones y acogido por la Corte Suprema. Creo que el hecho de que hayan recurrido de amparo fue una forma improcedente de impugnar mi trabajo.

-¿Por qué improcedente?

-Porque la resolución por la cual se encargaba reo al señor Piñera equivale a la formalización del nuevo sistema procesal penal. La forma que debieron ocupar es el recurso de apelación. El auto de procesamiento no implica una condena, sino que, al contrario, se le manifiesta a una persona que existen antecedentes graves y precisos en contra de ella y que tiene la facultad para defenderse dentro del juicio. Si la persona se considera inocente, de esta forma ocupa todos los argumentos que tenga a la mano para convencer al magistrado de que estaba equivocado. Pero al recurrir de amparo, impide toda posibilidad de seguir investigándolo.

-¿Por qué?

-Porque el recurso de amparo viene a impugnar la legalidad con la cual se dicta la orden de detención del señor Piñera, y no los argumentos por los cuales se lo estaba encargando reo.

-¿Qué impresión le causó que la Corte Suprema, al acoger el recurso de amparo, señalara que no había suficientes antecedentes?

-Uno no puede rebelarse en contra de los superiores jerárquicos.

-¿Qué pasa desde ese momento con la investigación?

-Me centré en personas con menor responsabilidad. Hoy día, efectivamente, la Corte Suprema no acoge recursos de amparo para impugnar este tipo de procesamientos.

-Durante su carrera, ¿recibió más presiones?

-La que fue notoria, se dio cuando dos senadores de la UDI fueron a la Corte Suprema, cuando yo era ministro, para interceder por el señor Augusto Pinochet.

-¿Hubo testigos de ese encuentro?

-Fue en horas de atención al público.

-¿Cuál fue el argumento de ellos para solicitarle esto?

-El que tienen todos lo que acuden de esta forma: su preocupación.

-¿Le pidieron algo en concreto?

-Por supuesto, que no molestara más al general Pinochet.

-¿Fue a modo de amenaza?

-Tómelo como quiera.

-¿Cuál fue su respuesta?

-Que era absolutamente improcedente.

-Parece que este tipo de presiones que recibió fueron una constante en su carrera.

-Para bien o para mal mío, no solamente sucedió en estos casos. Porque yo asumí la abogacía siendo muy joven, a los 25 años de edad. Cuando llegué a la Corte fui dirigente gremial, vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Para mí es muy lindo administrar justicia como se debe administrar y cuando llegué a la Corte Suprema fue con todos estos ideales.

-¿Le tocó ver casos polémicos en su carrera?

-Sí, por ejemplo, durante la dictadura me tocó ver el caso de Gastón Vidaurrázaga del MIR, que había sido detenido ilegalmente. Me tocó revisar el amparo cuando era presidente de sala en la Corte de Apelaciones de Santiago y me apersoné en el centro clandestino donde estaba detenido, y así salió libre y ese centro dejó de ser clandestino.

-Dentro de su carrera, cuando llega la democracia usted era el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.

-Cuando llegué ahí, se comenzaron a abrir todos los juicios de detenidos desaparecidos que se encontraba archivados.

-¿Cuál fue su papel en eso?

-Lo primero fue acoger la teoría del secuestro calificado y después iniciar una amplia investigación respecto de cada caso. Eso permitió reabrir las causas. Fui el primero también en decir que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles e inamnistiables. Luego se comenzó a aplicar.

 

 

Narco S.A.

Narco S.A.

Enviado por ALERTA CIPER  contacto@ciperchile.cl el Viernes, 24 de julio de 2009, 04:13 pm

Por Ana Arana, especial para CIPER | 24 de Julio de 2009

El poderío narco en México alcanza los US$19.000 millones al año, cifra que supera las divisas que deja el turismo en ese país. Este verdadero imperio emplea a medio millón de personas -25% más de las que trabajan para Mc Donald's en todo el mundo-. y tiene en el bolsillo a casi el 80% de los policías municipales aztecas. Estas impactantes cifras surgen de la exhaustiva investigación realizada por la periodista Ana Arana que acaba de publicar la revista Expansión de México.

La imagen más común del narco suele contener los elementos típicos de la nota roja: violencia, armas, corrupción y, por supuesto, drogas. Hay otro aspecto igual de importante y que explica su alcance y la dificultad de extirparlo: su fortaleza económica. Esta actividad ilícita genera en México 19,000 millones de dólares (mdd), según cálculos de Expansión con datos de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Esta cifra se asemeja a la de los envíos de remesas y es mayor a las divisas que atrae el turismo.

El narcotráfico ocupa en México a medio millón de personas entre las que cuenta a gatilleros, cosechadores de marihuana, ‘cocineros' (quienes producen las anfetaminas) y transportistas, entre muchos otros; esto es, 25% más personas de las que emplea McDonald's en todo el mundo. Y eso sin contar a policías, arquitectos, contadores o financieros que trabajan indirectamente para los delincuentes. En 60% de los municipios del país, hay gente empleada por el crimen organizado, según calcula el senador panista Ramón Galindo, ex alcalde de Ciudad Juárez.

Ése es el negocio y tal es su mano de obra. Su principal "ventaja competitiva", tal como sucede con las actividades formales, es su proximidad geográfica con el principal consumidor de drogas: Estados Unidos. Si 80% de las exportaciones del sector formal cruzan la frontera norte, lo mismo sucede con 90% de la cocaína que llega a México, lo que equivale a unas 260 toneladas anuales. Aquí se produce la mitad de las anfetaminas que se consumen en EU, y unas 16,000 toneladas de marihuana.

Los grupos mexicanos obtienen más dinero que lo que ganaron en su momento los cárteles colombianos de Medellín y Cali, según investigadores colombianos. Cuando el famoso capo Pablo Escobar apareció entre los hombres más ricos del mundo en la revista Forbes, la publicación estimó su riqueza en 3,000 mdd. Escobar controlaba 90% del narcotráfico en el mundo por su hegemonía sobre los laboratorios de cocaína y compartía ganancias con el cártel de Cali.

Por primera vez, este año Forbes incluyó a un narco mexicano en su lista de los más ricos: Joaquín ‘El Chapo' Guzmán. Al jefe del cártel de Sinaloa le adjudicó una fortuna de 1,000 mdd. Guzmán es uno de tres líderes de dicho cártel, el cual controla 50% del mercado de las drogas mexicanas, según fuentes estadounidenses. Pero otros estiman que algunos de sus colegas, como Ignacio Coronel e Ismael ‘El Mayo' Zambada, podrían ganar tanto o más que Guzmán.

¿Cómo es el negocio de la droga? Sus estrategias de competencia, su sistema de proveeduría, la innovación, el financiamiento y la operación, es decir, su plan de negocio, es difícil de conocer hasta para las autoridades. Buena parte de lo que hoy se sabe es gracias a la contabilidad forense con la cual reconstruyen el negocio cuando éste ya fue desarmado por la misma organización que lo creó para evitar la huella que pueda delatarlos. Para un ciudadano, el negocio es aún menos evidente, aunque todos los días convivan con ellos.

El año pasado, por ejemplo, los habitantes de una colonia de Zapopan, Jalisco, se vieron invadidos por decenas de camionetas tipo Van. Los vecinos estaban muy molestos por el tráfico que generaron más de 500 viajes motorizados a esa zona; pero les enfadaba más el ardor que sentían en la nariz originado por el olor que emanaba el edificio de dos plantas donde las camionetas descargaron distintos objetos.

Luego de una denuncia ciudadana, los bomberos descubrieron que en el lugar había 6,000 tambos de solventes y químicos usados en la producción de pinturas y perfumería. Según oficiales del Ejército y de la Drug Enforcement Administration (DEA), al combinar dichas sustancias se obtiene una alternativa a la efedrina, que sirve para producir anfetaminas. Este caso muestra su innovación y capacidad de reacción. Un mes antes de este hallazgo, México prohibió la importación de efedrina como un paso más en su lucha contra el narco. Hay otros ejemplos de innovación como la marihuana mexicana ‘sin semilla', muy resistente a los herbicidas que el gobierno usa en sus operaciones de erradicación de plantíos.

Pero el precio que paga el país por esta actividad es muy alto. Según Francisco Thoumi, un académico colombiano que ha estudiado este fenómeno, la economía ilegal es una expresión de capitalismo crudo y primitivo, que contradice el espíritu de cambio. "Esta industria debilita la legitimación de los derechos de la propiedad, desinfla el crecimiento de la economía formal, dificulta la obtención de impuestos, demanda más gasto público y legitima la violencia como la mejor arma predatoria de negocios", escribió en su libro Economía política y las drogas ilegales en Colombia.

Los costos ocultos

La diferencia principal entre el narco y un negocio legal son sus inmensos costos sociales, económicos e individuales -con más de 10,000 asesinatos tan sólo en este sexenio.

El crimen organizado tiene un severo costo dentro de la productividad de la economía y en la capacidad del país para atraer y retener inversiones, según Juan Pardinas, consultor del Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO), aunque "el impacto no se puede medir con variables cuantificables para saber de manera rigurosa cuántas inversiones extranjeras no fueron efectuadas por la inseguridad", explica.

Hay aproximaciones posibles. El Foro Económico Mundial utiliza indicadores de crimen organizado para elaborar su informe de competitividad, una referencia para los planes de inversión de las compañías multinacionales.

México ocupa los lugares 124, 125 y 127 entre 134 países en "aspectos institucionales y costos para los negocios del crimen y la violencia", "crimen organizado" y "confiabilidad en los cuerpos policiales". En el indicador final, México queda situado en el lugar 60. El peso del crimen a la hora de tomar decisiones estratégicas es cada día más evidente.

A esto se añade su efecto sobre la corrupción en gobiernos y autoridades locales, el desplazamiento de otras actividades legales, su efecto sobre la libertad de prensa (como el asesinato del reportero de La Opinión Milenio, de Durango, Eliseo Barrón) o la conversión de los cárteles dedicados al narcotráfico en organizaciones criminales multisectoriales, que realizan lo mismo secuestros que extorsiones o asesinatos, lo que deteriora aún más la competitividad regional.

Es notable la huida de empresarios y profesionales que se van de México para librarse de este entorno, como es el caso de Alejandro Junco, presidente del grupo periodístico Reforma, así como otros empresarios en todo el país.

Algunas industrias, como la del turismo, han calculado cómo les impacta el negocio del crimen organizado. De acuerdo con Gastón Azcárraga, presidente de la cadena de hoteles de Grupo Posadas y de Mexicana, la crisis de seguridad disminuyó 10% el número de reservas en el sector.

Jefe de jefes

Existe un grupo de elite entre las corporaciones criminales de México. Sus nombres son un tributo al lugar donde nacieron, donde son poderosos o a su fundador.

Entre los principales cárteles destacan el de Juárez, liderado por Vicente Carrillo Leyva. El de Sinaloa, de Guzmán Loera, alias ‘El Chapo'. El del Golfo-Zetas, cuya cabeza es Miguel Ángel Treviño. El cártel de Tijuana, donde los operadores de los hermanos Arellano Félix ostentan el negocio de la cocaína y las anfetaminas. Y el de los hermanos Beltrán Leyva, con presencia en Sinaloa, Sonora, Jalisco y Nayarit, entre otros.

Al igual que la mayoría de las empresas en México, los organismos criminales también son familiares y heredan sus emporios a las generaciones que le siguen. Los líderes de estos cárteles son parientes de los primeros traficantes que cultivaron en México marihuana y opio en los años 50 para venderla en EU a los ex combatientes del Ejército de ese país que retornaban de la guerra de Corea.

Así como en los 90 el Tratado de Libre Comercio (TLC) transformó una parte de la industria mexicana, una condición de mercado empujó en esa misma década a que los grupos delictivos cambiaran las directrices de su negocio.

En pleno boom de la cocaína, la fuerte demanda de droga por parte de EU le permitió a los traficantes mexicanos negociar con los productores colombianos que parte de su pago fuera en especie. El pionero fue Amado Carrillo Fuentes, el ‘Señor de los Cielos'. Su negocio creció tanto que en poco tiempo ya realizaba dos envíos semanales de Colombia a México en aviones DC-10. México se volvió una escala obligada para al menos 90% de la cocaína que iba a EU.

Otro cártel que cambió de giro fue el de los Amezcua Contreras. Originarios de Colima, los hermanos José de Jesús, Luis Ignacio y Adán se dedicaron primero al tráfico de personas de México a EU. Pero esta actividad, aunque lucrativa, era muy irregular pues no garantizaba una fuente continua de ingresos. La estabilidad financiera la encontraron en el tráfico de drogas. Empezaron con marihuana y, ocasionalmente, cocaína. Pero pronto se dieron cuenta que el negocio estaba en las anfetaminas. Según Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional de Colombia, los cárteles mexicanos incursionaron en las drogas sintéticas por su alta demanda y su bajo costo de producción. Producir un gramo de anfetamina cuesta 100 dólares en México, mientras su precio en el norte varía entre 180 y 300 dólares, según la DEA. La Casa Blanca calcula que en EU hay 2.4 millones de adictos a esa droga. Con violencia, los Amezcua entraron por San Diego al mercado estadounidense, que entonces controlaban pandillas como los Hell's Angels, en California.

La producción de anfetaminas tiene ‘ventajas' sobre la de cocaína y marihuana: no depende de alianzas con productores o de grandes extensiones de tierra para sembrar la droga; se pueden producir en grandes laboratorios o en una vivienda cualquiera y con una inversión de 5,000 pesos; sólo se requieren los insumos necesarios, como la efedrina, una sustancia que sirve para hacer antigripales.

Los Amezcua contrataron laboratorios que importaban efedrina y luego ‘exportaban' este producto por el mismo camino que usaban para enviar trabajadores ilegales a EU. En 2004, México importó 50% más efedrina de lo que necesitaba su industria antigripal. En 2005, el gobierno limitó la entrada de este producto a México. Para entonces, los Amezcua ya poseían fábricas del químico en Pakistán, tenían contratos de compra multimillonarios con productores en India, y habían desplazado a la mafia rusa del mercado estadounidense.

Los Amezcua fueron encarcelados en 1998, pero el negocio continuó. En respuesta a los controles que el gobierno impuso en 2005 a la importación de efedrina, los cárteles contrataron laboratorios que obtenían permisos aduanales falsos. Hoy, según la DEA, los cárteles mexicanos son los más activos en este mercado. "Los cárteles que no estaban en este negocio entraron cuando vieron los millones de Zhen Li Ye Gon", dice un oficial de EU. Se refiere al empresario acusado en México de tráfico de drogas en 2007 y a quien le confiscaron 205 mdd en efectivo que encontraron en su domicilio. El desmantelamiento de este imperio eliminó del mercado a un gran importador de efedrina, y causó estragos en el cártel del Golfo, dueño del dinero y de las instalaciones incautadas al empresario chino.

México prohibió en 2008 el uso de efedrina en medicamentos, y eliminó toda importación legal del insumo.

Marihuana, cash para la tesorería

La droga más difícil de manejar es la marihuana. Su producción involucra a secaderos y empaquetamiento, y al transportarla ocupa mucho espacio físico. Su margen de ganancia no es tan atractivo como el de la cocaína o las anfetaminas. Por eso los colombianos no la manejaron en los 80, su época dorada.

Para los narcos mexicanos, la marihuana es estratégica. Crece abundantemente en Sinaloa y Michoacán, dos estados con acceso privilegiado a múltiples carreteras, cruces fronterizos y puertos de embarque. Y tiene un mercado de 20 millones de consumidores en EU, según la Casa Blanca.

A pesar de la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, la exportación de marihuana se ha mantenido estable en los últimos años, a excepción de una sequía que atacó los estados productores entre 2000 y 2002, ocasionando pérdidas de 50% en la producción. Es la principal fuente de liquidez de los narcos. Con su venta, los cárteles financian la compra de otras drogas de mayor margen, como la cocaína, o insumos para las anfetaminas. Cada kilo de marihuana cuesta entre 1,300 y 1,800 dólares en EU. El año pasado, México exportó 16,000 toneladas, lo que significa más de 10,000 mdd de ingresos para estos grupos.

Inversiones seguras

El precio de la cocaína aumenta conforme avanza del sur al norte por el continente (véase mapa arriba). Un productor colombiano recibe el equivalente a 5% del precio pagado en Atlanta, por ejemplo. La mayor parte de la ganancia se queda en los intermediarios y varios de ellos están en México.

"El efecto de este negocio se ve en todos lados, desde las mansiones que aparecen en pequeños pueblos, hasta los grandes desarrollos que hacen en Monterrey y en Jalisco", dice un ex banquero mexicano. Hace una década, recuerda, llegaban a la ventanilla de las sucursales sujetos que depositaban 20 mdd en efectivo. "Y nadie pestañeaba", dice.

Cientos de miles de millones de dólares de esta actividad se canalizan al sector legal mexicano, dice Eduardo Buscaglia, un abogado y economista internacional que trabajó en la oficina antidrogas de las Naciones Unidas. El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dice que al narcotráfico hay que entenderlo como "una cadena de valor económico" que tiene perspectivas "de mercado, logística, operacionales, de rutas estratégicas y modus operandi".

Las leyes antilavado del país son más robustas que hace cinco años, pero el Fondo Monetario Internacional recientemente criticó a México porque las autoridades sólo han obtenido 25 sentencias en casos de lavado de dinero desde 1989. La PGR y el FMI calculan que en México se lavan entre 10,000 y 25,000 mdd al año.

Buscaglia dice que el gobierno mexicano falla al concentrarse sólo en combatir la disputa territorial del narco, ya que los grupos criminales tienen múltiples formas de ejercer su hegemonía. Lo mismo trafican armas y personas, que lucran con la prostitución y la piratería. También tienen relaciones operativas con mafias internacionales. "Si mañana se acaba el narcotráfico, advierte Buscaglia, los cárteles mexicanos encontrarían nuevas formas de reproducirse".

Mano de obra calificada

Los Zetas fueron creados por Osiel Cárdenas al final de los años 90, cuando reclutó a un grupo de 30 tenientes y subtenientes desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerza Especiales (GAFES) del Ejército mexicano. Se estima que este grupo podría tener en sus filas hasta 200 ex militares y policías.

"Los Zetas son el grupo más peligroso para el Estado mexicano y para los otros cárteles, por su disciplina y su habilidad para hacer inteligencia", dice Alberto Islas, de Risk-Evaluation, una compañía de asesoría en seguridad basada en la Ciudad de Mexico.

En los últimos dos años, el cártel del Golfo los usó para adueñarse de ciertos mercados, en operaciones más violentas que una compra hostil. Una lección escabrosa fueron los múltiples degollamientos de los operadores de diversos cárteles. El plan era arrebatar territorios del cártel de Sinaloa, como venganza por intentar quitarles el paso trasfronterizo.

Pero este alarde de fuerza le restó liquidez al cártel del Golfo, que fue el grupo que más sufrió cuando en 2007 los traficantes colombianos dejaron de vender cocaína a crédito y solo proveían mercancía si se pagaba de contado.

En octubre de ese año, este cártel envió a Juan Carlos de la Cruz, uno de sus principales operadores, a negociar una nueva relación con los colombianos. Pero De la Cruz fue detenido por elementos del Ejército mexicano en la capital mientras negociaba el envío de cocaína por un valor de 120 mdd. Esta detención posicionó al cártel y a los Zetas como una empresa poco confiable a los ojos de los colombianos.

A la tropa se le atrae diferente. "Hay un dicho entre narcotraficantes que es mejor vivir seis años como rey que 50 como buey", dice Carlos Flores, un académico especialista en crimen organizado que trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Así explica por qué los narcotraficantes no sufren para encontrar empleados a pesar de la peligrosidad del trabajo.

Los cárteles se nutren de personas regulares pero prefieren a ex militares o ex policías. Durante el sexenio de Vicente Fox hubo 126,000 deserciones militares, incluyendo un coronel, añade Flores.

El cártel de Sinaloa comenzó a crear un contingente de sicarios para responder a la violencia del Golfo. Hoy consigue sicarios en las pandillas locales, en barrios con alto índice de violencia. Un novato gana entre 15,000 y 20,000 pesos mensuales, cantidad que aumenta en la medida que adquieren experiencia en el manejo de armas de alto poder.

Pero el mayor ejército que tienen las organizaciones del narcotráfico son las policías municipales y algunas estatales, según expertos policiacos y oficiales estadounidenses. De los 420,000 policías municipales en todo el país, fuentes estadounidenses estiman que 80% están corrompidos y trabajan para algún cártel. Oficiales estadounidenses sólo trabajan con 500 oficiales de seguridad mexicanos que son examinados rutinariamente con polígrafo, para evitar filtraciones en operaciones conjuntas.

El reclutamiento no se limita a los niveles inferiores. Rodolfo Dávila tuvo el tercer puesto más importante en el Banco de México, con un salario de 88,000 pesos al mes. Pero las ganancias que le ofrecía el cártel de Juárez, de entre 10 y 16% de las cantidades lavadas, fueron tentadoras y después de 15 años en el banco central se cambió de bando. En 2006 fue detenido con cuatro maletines que contenían 750,000 dólares que llevaba para entregar a sus jefes. La PGR estimó que durante varios años Dávila había lavado un promedio de 1,000 mdd anuales a través de casas de cambio.

Ironías: durante su tiempo en Banxico, el funcionario se encargó de regular las actividades de estos mismos intermediarios.

Esta otra cara, la que hace sumar las ganancias y controla los riesgos, es la que casi nunca se conoce. Es la que invierte, pero asegura sus fuentes de liquidez. La que ha convertido este fenómeno en una industria, ilegal, por supuesto, pero también innovadora y flexible.

*Con información de Alberto Nájar