Por: Lucía Sepúlveda Ruiz (especial para ARGENPRESS.info
El Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, presidido por Patricio Martínez, manifestó en declaración pública su conformidad con las sentencias decretadas por la justicia contra los ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia en el asesinato del profesional de la orden, y Consejero Metropolitano José Carrasco Tapia el 8 de septiembre de 1986. 'Cuando el 2006 estaba llegando a su fin, nos enteramos de la noticia largamente esperada por los y las periodistas' afirman, recordando que en septiembre de este año conmemoraron los 20 años transcurridos desde el crimen. Agrega el comunicado: ' En este minuto de profunda emoción, recordamos a Pepone como un hombre, padre de familia, compañero y colega, que creía en el proyecto de una sociedad mejor, intentando recuperar la democracia y haciendo una defensa inclaudicable de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Es un momento de alegría, pero también debe ser de recuerdo para sus ex compañeros y compañeras de revista Análisis, de curso en la escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, de su familia, de sus colegas de aquella época como dirigente en el Colegio de Periodistas. Hoy, Pepe está más vivo que nunca entre nosotros.'
Las condenas
Los comentarios del dirigente del gremio se refieren a las sentencias conocidas el pasado 31 de diciembre. A 18 años de cárcel fue condenado Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, junto a 13 agentes que recibieron otras penas por los asesinatos del dirigente gremial de los periodistas y el MIR, José Carrasco Tapia, el profesor Gastón Vidaurrázaga (también mirista), el electricista Felipe Riveros, y el publicista Abraham Muskablitt (ambos militantes comunistas). El fallo por los crímenes perpetrados en represalia por el fallido atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra el ex dictador Pinochet camino a El Melocotón, fue dado a conocer el último día hábil de 2006, por el ministro en visita Haroldo Brito, quien recibió las confesiones de los criminales de manos del juez Hugo Dolmetsch, al ser promovido éste a la Corte Suprema.
En esta sentencia de primera instancia ninguno de los criminales recibió beneficios carcelarios, por lo tanto deberían cumplir penas efectivas de cárcel. Brito condenó además al fisco a pagar 250 millones de pesos (unos 470.000 dólares) a las viudas, madres e hijos de las víctimas y unos 75 millones de pesos (141.000 dólares) a cinco hermanos de ellas. Sin embargo, ni los padres de José Carrasco, redactor de la revista 'Análisis' y colaborador de la revista Punto Final, ni su hijo Luciano, vivieron para ver el fin de la impunidad. En Chiloé, la señora Yolanda Manríquez, la madre del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga, en su condición de ex jueza, se mostró contenta de que finalmente se hiciera justicia. El hermano de Gastón, el periodista Ignacio Vidaurrázaga mostró conformidad con las sentencias pero sostuvo que habrá que estar atentos a las apelaciones de los condenados y luchar porque las condenas se hagan realidad.
El juez Brito condenó a trece años al ex capitán de ejército Jorge Vargas Bories y al ex mayor de carabineros Iván Quiroz, como autores de los homicidios de Carrasco y Muskablitt. Por el homicidio del profesor Vidaurrázaga fueron condenados a ocho años de prisión los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera. Corbalán y Quiroz ya estaban en Punta Peuco, el primero con perpetua por el crimen del carpintero Alegría y ambos además recibieron quince y diez años respectivamente, por su responsabilidad en los homicidios de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la llamada Operación Albania que investigó paralelamente el juez Dolmestch.
René Valdovinos, que tuvo una sentencia menor, también cumple condena por Operación Albania.
Otros crímenes de Bauer
Krantz Bauer era el ex jefe de la Brigada Verde de la CNI y pese a haber dirigido ese operativo de aniquilamiento conocido también como la matanza de Corpus Christi, fue absuelto por Dolmetstch en ese proceso, al igual que Vargas Bories. Actualmente Bauer también está procesado por la desaparición de cinco frentistas en 1987. Se estima que hasta la fecha Bauer y Vargas Bories siguen gozando de una suculenta pensión del Estado por supuesto 'estrés post guerra', que les permite una doble jubilación reajustable. El año 2004, el departamento de comunicaciones del Ejército informó al diario La Nación que esas pensiones tenían el carácter de 'irrevocables'.
Por el crimen de Felipe Rivera, los ex CNI Pedro Guzmán Olivares (ex coronel de ejército) y el detective Gonzalo Maas del Valle recibieron ocho años de prisión; los agentes civiles Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos (por Rivera); Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza (por Vidaurrázaga), así como Carlos Alberto Fachinetti (por Carrasco) y José Ramón Meneses (por Muskablitt) tienen cinco años y un día. El criminal número dos, el director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio, procesado por la ministra Dobra Luksic en mayo de 2000 por su directa responsabilidad en los hechos, murió de un infarto en junio del mismo año. Fue él quien luego de reunirse en la Moneda con el almirante Merino, ordenó a Corbalán, jefe del Cuartel Borgoña, asesinar a dos izquierdistas por cada escolta fallecido en el atentado.
La orden de Gordon
En su confesión, Corbalán relató al juez Dolmestch que luego de la acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Gordon dispuso el acuartelamiento en grado uno de los miembros de la CNI. Corbalán estaba fuera de Santiago y regresó de inmediato dirigiéndose al Cuartel General de la CNI de calle República. Había sido citado allí por el general Gordon Rubio, quien poco antes había participado en una reunión de emergencia en La Moneda con el almirante Merino. A la reunión con Gordon llegó Corbalán y también Manuel Provis Carrasco, que dirigía la División Política Metropolitana, encargada del control de los partidos políticos de la época. Se lee en el expediente: 'El señor General nombrado, profundamente alterado por los hechos les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas'.
La orden se cumplió sólo en la División Antisubversiva que encabezaba Corbalán. 'Transmitida la orden por el comandante del Cuartel Borgoña a sus subalternos, se actuó por equipos separados de trabajo, respetándose estrictamente la jerarquía y el compartimentaje, como era la organización y forma normal de hacerlo.' El primer operativo de aniquilamiento se cumplió en la población Sara Gajardo de la comuna de Cerro Navia, donde secuestraron a Felipe Rivera, llevándolo en un vehículo hasta Américo Vespucio. Fue ejecutado frente a la Planta Toyota.
Alrededor de las 4 de la madrugada Krantz Bauer Donoso, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa asaltaron el hogar de Gastón Vidaurrázaga, ubicado en calle Fidel Angulo 1109 de la comuna de San Bernardo. El profesor trató de huir pero fue capturado y conducido a la Ruta 5 Sur donde a la altura del kilómetro 16 le dieron muerte, recibiendo doce impactos de bala.
Poco después, a las 5 horas de la madrugada del mismo día, siempre cumpliendo las órdenes de Corbalán, los agentes Iván Raul Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López ingresaron a la casa de José Carrasco, en calle Santa Filomena 111 donde 'procedieron a aprehender y secuestrar en presencia de su familia, a José Humberto Carraco Tapia, periodista y dirigente sindical vinculado al MIR, el cual fue introducido en un vehículo y conducido hasta la Avenida Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, frente al pasaje Merino González de la Villa Los Héroes de la Concepción, lugar donde se le dio muerte, siendo la causa de ésta traumatismo cráneo encefálico, facial y de la extremidad inferior izquierda por balas, estimando el perito forense que los disparos son de tipo homicida. Recibió según la autopsia de rigor, catorce impactos.'
En la siguiente madrugada, una patrulla integrada por Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Ramón Meneses Arcauz, se dirigió al domicilio de Abraham Muskablitt en Puente Alto, dirigente interno del Partido Comunista, secuestrándolo para ser ejecutado en el Camino Lonquén a la altura del Nº 2360, con nueve impactos de balas alojadas en el tórax, abdomen y brazos.
La acusación señala que los hechos relatados son constitutivos de sendos delitos de secuestro seguidos de homicidio…cometidos por terceros 'haciendo uso de la fuerza y aprovechando su condición de miembros de los servicios de seguridad'. El abogado Nelson Caucoto, defensor de la causa considera que Dolmestch realizó una profunda investigación y que dadas las confesiones obtenidas, las acusaciones -hoy convertidas en sentencias- son inobjetables.
Cuatro jueces
En 1991, ya en democracia, este proceso había estado con una insólita prohibición de informar dictada por la Corte Suprema y vigente por cinco años. El juez de la causa, Aquiles Rojas, fue quien dictó el primer auto de procesamiento contra Vargas Bories. Pero por haber aparecido el rostro del agente en primera plana en la prensa, antes de realizarse la rueda de reconocimiento que lo inculpó, esa resolución fue desautorizada por la Corte. Luego vino la prohibición de informar, medida siempre objetada por el Colegio de Periodistas.
Al asumir la causa la jueza Dobra Luksic se produjeron importantes avances, ya que ella investigó y dictó las 14 encargatorias de reos con los que profundizó la investigación que posteriormente debió asumir como ministro en visita Hugo Dolmestch, trabajando estos antecedentes en paralelo con la Operación Albania.
