La mujer, que pertenece al círculo más íntimo del magistrado, lo hizo reflexionar sobre si era prudente viajar a Estados Unidos dejando a la familia Pinochet en prisión. Pocas horas después, el ministro se enteraba como era de esperarse que las defensas habían presentado una batería de recursos de amparo (10 en total) para conseguir el beneficio y de paso que la Corte de Apelaciones revisara los fundamentos de las encargatorias.
Pero más allá de lo sucedido esta semana, así como en los meses anteriores en que el magistrado estuvo fuera del caso, las investigaciones sobre el origen de los más de 25 millones de dólares que los Pinochet ocultaron en el extranjero, avanzaron considerablemente. Los últimos tomos del caso contienen nuevos antecedentes acerca de los movimientos bancarios que se realizaron para engrosar y ocultar la fortuna. Otros documentos, entre ellos dos exhortos, uno desde Alemania y otro de EEUU, refuerzan las informaciones sobre el origen de parte de los dineros, los que provendrían de la venta de armamento. Con lo reunido hasta ahora, fuentes del caso indican que, resuelto el capítulo de malversación de fondos, el siguiente paso para el juez y los querellantes, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, será buscar el procesamiento de algunos integrantes del clan Pinochet por el delito de negociación incompatible.
Esta arista es particularmente sensible, pues su génesis está en los beneficios ilegales obtenidos por concepto de comisiones ilícitas por la compra y venta de distintos tipos de armamentos durante la década de 1990 (ver recuadro).
LA CORTE
Al mediodía del viernes, el juez Cerda decretó la libertad de todos los procesados, menos Aitken, previa consulta al Tribunal de Alzada, que ayer resolvió confirmar las libertades. Pero la Quinta Sala presidida por el ministro Juan Eduardo Fuentes e integrada por los jueces Dobra Lusic y Joaquín Billard decidió dejar la vista de los 10 amparos para el próximo martes. La decisión que tomó Cerda de liberar a los detenidos puede ser interpretada como una estrategia del juez para evitar que la corte analizara sus argumentos y así postergar las pretensiones de las defensas de anular al menos algunos procesamientos.
Ayer, pasadas las ocho de la mañana, una veintena de abogados esperaban fuera de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones para alegar las libertades concedidas por el juez Cerda a 22 de los 23 procesados. Hasta el Palacio de Tribunales llegó la abogada procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Teresa Muñoz, querellante en el caso. El organismo decidió no oponerse al beneficio. Tras escuchar los argumentos expuestos por las defensas, los magistrados discutieron poco más de una hora antes de comunicar cuál era su resolución: confirmaron por unanimidad todas las libertades y sumaron incluso a Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet, que era el único que no había querido notificarse del encausamiento que pesaba en su contra y era buscado por detectives de la Policía de Investigaciones. Aún más, la Corte dejó sin efecto la orden de detención decretada por el juez porque ya se encuentra bajo libertad provisional en la misma causa.
La sala también accedió rebajar el monto de la fianza de 300 mil pesos a 100 mil para cuatro ex uniformados. Los beneficiados fueron Sergio Moreno, Jaime Lepe, Eduardo Castillo y Jorge Ballerino (ver fichas).
Según el criterio del tribunal, Marco Antonio y Augusto Pinochet, junto con Mónica Ananías y Aitken, no deberán pagar la caución porque ellos también se encuentran en libertad bajo fianza en este caso.
Después de hacerse pública la decisión del tribunal, la funcionaria de la Secretaría Criminal de la Corte, Marcela Salazar, salió a notificar a los procesados. El recorrido partió con los detenidos en Santiago Uno, luego fue al ex COF, el Hotel Militar, al Batallón Militar de Peñalolén y, finalmente, a la Clínica de la Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo. Todos quedaron libres ayer.
LA PREPARACIÓN
Cumplido el plazo que tenía la defensa de Lucía Hiriart para apelar al rechazo de la inhabilitación, el ministro Cerda decidió retomar el caso el pasado sábado 29 de septiembre. La inhabilidad que pesaba en su contra fue desechada cinco días antes, pero esta vez el juez no quería tener problemas con la corte y prefirió agotar los tiempos, aseguran sus cercanos.
Ese mismo día entró de lleno al caso y revisó los antecedentes reunidos bajo el rótulo de "malversación de caudales público". Trabajó 15 horas seguidas, y en los próximos días el promedio no bajó. Fuentes judiciales aseguran que el miércoles por la noche las encargatorias estaban listas y que el juez dio aviso al equipo de detectives que trabajan con él para preparar el operativo. Como no eran suficientes los hombres, pidieron colaboración a la Prefectura Metropolitana. Durante la noche los policías también informaron al Ejército que al día siguiente habría movimiento en el caso Riggs, pero no precisaron de qué se trataba. Los miembros del Comando de Apoyo Administrativo comenzaron a comunicarse con la nómina de ex uniformados y los dos militares en servicio activo, para que se mantuvieran disponibles tal como lo habían hecho en ocasiones anteriores cuando habían sido requeridos para prestar declaración.
Los masivos procesamientos fueron recibidos con sorpresa en el organismo castrense. Lo mismo ocurrió en la familia Pinochet. Las primeras informaciones del jueves en la mañana eran imprecisas. Se habló de 13 encausados, quizá de algunos más. Sólo cerca de las diez de la mañana se confirmó en el Palacio de Tribunales que se trataba de 23 personas y fueron entregados los nombres. A esa hora la mayoría de los procesados habían sido detenidos por los funcionarios de la Policía de Investigaciones y trasladados hasta el Cuartel Borgoño, desde donde serían derivados a los recintos penales correspondientes. A las 16 horas faltaban sólo tres personas por aprehender. Dos de ellas estaban fuera de Santiago. El único que no pudo ser ubicado para comunicarle que había sido procesado fue el ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken. El abogado estaba en Viña del Mar, donde posee una casa de veraneo.
Con el masivo encausamiento, Cerda sorprendió hasta al propio CDE. El organismo había solicitado en 2005 el procesamiento contra seis personas: por malversación, para los funcionarios públicos Gustavo Collao, Ramón Castro, Jorge Ballerino y Patricio Madariaga, y por estafa Augusto Pinochet Hiriart y su esposa, María Verónica Molina.
Junto con las peticiones, el CDE anexaba los documentos que estimaba podían probar esa tesis. Poco después de ingresado ese escrito el magistrado fue marginado de la investigación y, como es habitual, los jueces que lo subrogaron no se pronunciaron. Así, el proceso se detuvo.
LA CAPTURA
Cumplir la orden del juez Cerda no fue sencillo. Cerca de la medianoche del miércoles, el jefe de la Prefectura Occidente de Investigaciones, Francisco Argüelles, recibió un llamado telefónico. Al otro lado de la línea estaba el jefe de la Zona Policial Metropolitana, Óscar Gutiérrez. Luego de indicarle que tenía asignada la tarea de detener a Lucía Hiriart Rodríguez, Gutiérrez agregó que debía preparar un contingente de nueve hombres. Finalmente le indicó el lugar de reunión: la Brigada de Investigación Criminal de Peñalolén, a las cinco de la mañana del día siguiente.
Argüelles era el único que conocía el tenor de la operación y sólo en el lugar pactado le comunicó a sus hombres que se desplazarían hasta La Dehesa para apresar a la viuda. Mientras efectivos de otras unidades detenían a Augusto Pinochet Hiriart, cerca de las nueve de la mañana llegó la orden para detener a su madre. Tres automóviles un Nissan y dos camionetas partieron raudas a cumplir la misión.
A las diez de la mañana sonó el timbre de la residencia ubicada en calle Los Flamencos, en La Dehesa. Uno de los escoltas de la viuda del dictador salió a la puerta. "Tenemos una orden judicial para detener a la señora Hiriart; por favor, permítanos entrar", señaló uno de los agentes. El militar no opuso resistencia. Una vez que estuvieron en el interior del inmueble, el efectivo militar solicitó a los detectives que antes de llevársela le permitieran vestirse y tomar desayuno. El tiempo empezó a pasar. Cinco, diez, quince, veinte y treinta minutos sin que Lucía abriera la puerta de su dormitorio. Cuando los miembros de la policía civil ya se impacientaban, llegó un hombre que se identificó como uno de los abogados de la familia. "Yo no soy penalista, sólo quiero verla", les señaló. El tipo ingresó a la habitación. A los pocos minutos hizo su ingreso un doctor que se identificó como miembro del Hospital Militar. Los detectives no sabían de qué se trataba, pero de inmediato el abogado les explicó: "La señora Lucía acaba de sufrir un alza severa de presión". Minutos más tarde, el doctor señaló que era imperativo llamar a una ambulancia. A esas alturas, su hija Jacqueline y varios nietos y familiares colmaban el interior de la casa.
Minutos más tarde una camilla ingresó al dormitorio de Lucía Hiriart. Cuando los enfermeros la trasladaron hasta el living, los policías se presentaron ante ella. Desde debajo de las sábanas salió una mano trémula que se estrechó con la de los detectives. Cuando la mujer se presentó, apenas le salió un pitito de voz ininteligible.
De inmediato fue llevada hasta la ambulancia. Arriba del vehículo, el enfermero no sabía si aplicar oxígeno a la presunta alicaída octogenaria. Necesitaba la aprobación del médico, pero éste, en vez de subir junto a su paciente, ya había partido en otro auto. Debieron salir de inmediato rumbo al Hospital Militar, sin aplicarle ningún tratamiento. En todo el viaje, la viuda no dijo palabra.
Poco rato antes, en medio de los llantos de sus hijos, Jacqueline había sido subida a un vehículo de la Policía de Investigaciones para ser llevada al Cuartel Borgoño, paso previo al Centro de Orientación Femenino, donde llegaría más tarde junto a sus dos hermanas, Lucía y Verónica.
Ya en el Hospital Militar, cerca del mediodía, Lucía fue trasladad hasta la sala de urgencias ubicada en el primer piso. Poco rato antes había llegado en condiciones similares el general Jorge Ballerino, procesado por el mismo caso y conocido como uno de los asesores clave de Pinochet. La esposa de Ballerino estaba fuera de sí. Se abalanzaba sobre quien fuera que pasara a su lado para señalar que su marido no estaba metido en la maraña de negocios sucios que se le atribuyen. "Mi marido no es un ladrón, ¿entiende?", repetía incansablemente, al parecer sin convencerse de lo que estaba viviendo.
Posteriormente, Lucía fue trasladada a una habitación donde fue visitada por sus nietos y sobrinos. También fueron a verla un capellán militar y el alcalde de Providencia, Cristián Labbé.
Con el juez Carlos Cerda en EEUU, recibiendo su premio de la Fundación Gruber, se espera que en los próximos días se registre una nueva ofensiva de las defensas de los procesados para anular la decisión del magistrado. Uno de varios capítulos que aún quedan por escribir.
