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Justicia

John Long: el nombre secreto del operador de Pinochet

John Long: el nombre secreto del operador de Pinochet

Por Rafael Fuentealba / Lanacion.cl 

El apodo que el general Jorge Ballerino usó para abrir una cuenta para el ex dictador en el Riggs Bank es la cara del la del militar obediente, esa que contrasta con el "general de la transición", que preparó el traspaso del mando a Patricio Aylwin y actuó en horas de tensión, como los Ejercicios de Enlace.

Foto: Ballerino junto a Edgardo Boeninger y Enrique Correa, un tridente clave en la transición.  

Está en el origen de la trama. El 23 de noviembre de 1981 el entonces coronel Jorge Ballerino Sandford, operando como jefe de la Casa Militar que asesoraba al general Augusto Pinochet, abrió la primera cuenta, con el número 35041-3, en el Riggs Bank de Miami. Éste es el núcleo a partir del cual el juez Carlos Cerda reconstruye la red de operaciones y movimientos de la fortuna que el fallecido dictador estructuró como “seguro de vida” para él y su familia con el uso indebido de fondos reservados.

No fue la única cuenta. El 11 de junio de 1984 abrió otra, pero esta gestión no la firmó Ballerino con su apellido de resonancia italiana, sino ya con el apodo de John Long, un alias que, según relató a “El Mercurio” en septiembre de 2005, se lo recomendó un ejecutivo de la institución financiera, tal vez mirando a este oficial alto y delgado que se había transformado en uno de los favoritos de Pinochet, al punto de que apenas pasado el fuego armado del golpe de Estado lo llevó al comité asesor de la Junta Militar.

Desde ese lugar, en que se planificaron los primeros pasos de la refundación de la República a que apostaron los Pinochet, los economistas neoliberales y el gremialismo, Ballerino hizo la carrera que lo convirtió en el general de la transición a la democracia. Él y Ernesto Videla -cuya trayectoria maduró en el equipo a cargo de la mediación papal por el diferendo del Beagle con Argentina- eran los militares “civilizados”, los más sensibles a los códigos políticos, los menos “milicos”, en definitiva, de acuerdo con la caracterización que se hicieron del alto mando del Ejército los hombres de la Concertación y la derecha en los complejos días posteriores al plebiscito que hace 19 años perdió Pinochet.

Un ministerio en La Moneda

FOTO_02  W:400  H:255  33 kbEl rol estelar de Ballerino se inauguró en noviembre de 1988, cuando el derrotado comandante en jefe remodeló su gabinete para enfrentar los quince meses finales de su régimen. A la entrada de Carlos Cáceres en Interior, Gonzalo García Balmaceda en la subsecretaría y Hernán Felipe Errázuriz en Relaciones Exteriores, se sumó Ballerino en la Secretaría General de la Presidencia.

El cuarteto se hizo cargo de manejar un escenario difícil: el intento inmovilista del propio Pinochet y asesores suyos como Sergio Rillón y Hugo Rosende -refractarios a hacer concesiones a la coalición triunfadora- y la presión opositora orientada, desde luego con grados diversos de intensidad, a conseguir espacios de poder y negociación.

El principal logro del binomio Cáceres-Ballerino, que tenía el respaldo de la Junta de Gobierno -en rigor, de la FACH y la Armada-, fue convencer a Pinochet de que había que ceder algo de territorio para evitar el riesgo de que el primer gobierno democrático hiciera “tabla rasa” de la obra del régimen militar. Para este propósito, admitieron un paquete limitado de reformas políticas al que la Concertación, como dijo Patricio Aylwin en el otoño de 1989, debió dar su “aquiescencia” para que la transición perdiera traumatismo.

Como se sabe, una corriente más “revisionista” de la historia dentro de la Concertación aún cree que no era necesario haber aceptado tanta imposición de las Fuerzas Armadas, pero otra más “catastrofista” también evalúa que en aquellos años la amenaza de la involución autoritaria y el autogolpe nunca estuvo firmemente descartada.

Otra “pata” del mandato Cáceres-Ballerino fue ordenar el frente doméstico, durante varios meses al borde de la fragmentación, hasta que desde La Moneda con la intervención de Pinochet mediante- se consiguiera que el voto pinochetista y de derecha efectivamente decantara hacia la alianza de RN y la UDI, expulsando hacia los márgenes de la política a la variopinta mezcla de nacionalistas, populistas y nostálgicos del dictador.

En el ocaso de la dictadura, luego de la victoria de Aylwin, la pobre performance de Hernán Büchi y el sorprendente resultado de Francisco Javier Errázuriz en diciembre de 1989, Ballerino fue pieza clave de la transferencia de funciones a los dos delegados aylwinistas: Edgardo Boeninger y Enrique Correa.

¿Se negoció algo más en el movido año 89? Después de que el procesamiento de Pinochet en 2000 abriera el dique de contención para enjuiciar a militares violadores de los derechos humanos, varios de éstos sugirieron que había un pacto de la transición que presuponía la no-imputabilidad y el respeto a la Ley de Amnistía (esta tesis, en todo caso, encuentra también partidarios en la izquierda extraparlamentaria).

El propio Ballerino lo ha negado. Lo mismo han hecho Boeninger y Correa y no hay ninguna evidencia que documente un acuerdo de esa naturaleza. Si la cuestión estuvo en la mesa, fue de una manera tan implícita que no dejó trazos.

Lo más lógico parece ser que los propios negociadores de la Concertación eran escépticos de que se pudiera avanzar en “verdad y castigo” a los culpables (entre el 87 y el 89 en Argentina la inestabilidad política se asoció a los juicios a militares y este antecedente pesaba). De hecho, años después Aylwin declaró en una entrevista que lo había sorprendido que Pinochet no dictara una segunda ley de amnistía para el período 1978-90 que hubiese complicado notablemente la transición.

Al estrellato

El 11 de marzo de 1990 supuso el término de la gestión Ballerino en la Segpres, pero no opacó su rol político; al contrario, la democracia le dio más lustre y lo rodeó del aura del mito. Pinochet lo puso a cargo de su Comité Asesor -un órgano de discutible legalidad que Ballerino definió como un ente “muy necesario para cubrir la retaguardia del Ejército”- y desde Bandera 52, el general debió amenazar -alguien podría decir chantajear- y negociar los intereses de su institución y de Pinochet con el primer gobierno democrático y un Congreso ansioso por pasar factura.

Leyes Cumplido, Pinocheques, Ejercicio de Enlace, Piñeragate y el Boinazo, fueron algunos de los episodios críticos de la transición que pasaron por las manos de Ballerino, en un circuito de halago y poder donde la admiración mutua que fraguó con el ministro Enrique Correa -en menor medida con Edgardo Boeninger- contribuyó a convertirlo en el general con el cual todos los que algo presumían en política querían tener línea directa.

Mientras Ballerino fascinaba a muchos en la Concertación, a uno no lo convencía. Nada menos que a Aylwin, quien formado en el país de las Fuerzas Armadas no deliberantes y apolíticas no simpatizó nunca con este oficial tan politizado.

La hora del ajuste de cuentas llegó a fines de 1993. Ballerino, siendo inspector general del Ejército y cuarta antigüedad, debió viajar a Estados Unidos a operarse de un tumor cerebral. Durante su ausencia se conformó al alto mando para 1994, año en que debutaría un nuevo gobierno, y Pinochet habría propuesto a Aylwin que Ballerino siguiera en la Inspectoría General, pero sólo tras ser advertido que el Presidente no lo quería en el Estado Mayor ni en la Vicecomandancia. En esta última, de hecho, Aylwin prorrogó a través de la Ley Canessa la permanencia del general Jorge Lucar, evaluado como un oficial más profesional y disciplinado.

Aquí el curso de la historia difiere: en el Ejército se acusó a La Moneda de vetar a Ballerino; desde Palacio se filtró, en cambio, que Pinochet nunca fue muy entusiasta en ascenderlo e, incluso, lo usó como moneda de cambio para mantener dentro del generalato a cuatro oficiales que sí le importaban.

Ballerino, convaleciente de su operación en California, consideró que todo había terminado. Envió en noviembre un fax a Pinochet pidiéndole cursar su dimisión. El comandante en jefe guardó silencio durante un mes y la Contraloría cursó el decreto que lo mantenía en la Inspectoría.

El ocaso

Ballerino regresó el 22 de diciembre y se entrevistó con Pinochet el 23. No hubo acuerdo -era virtualmente imposible luego de renunciar por teléfono- y en víspera de Navidad se comunicó su paso a retiro: el fiel oficial “político” de Pinochet quería la Vicecomandancia. Probablemente, en su horizonte estaba el hecho que había rumores de que al asumir Eduardo Frei -cuya agenda era postransicional-, Pinochet podría dar un paso al costado y él estaría en la inequívoca primera línea de la sucesión.

Sin embargo, los civiles prefieren a los generales dentro de los cuarteles y el ciclo de Ballerino entendido como una suerte de ministro del Ejército se eclipsaba de manera sorpresiva, aunque no dramática mientras Chile salía de vacaciones. Quizás porque además- la transición en sentido estricto acabó ese año 93 con el fin del aylwinismo y el partido transversal.

En sus entrevistas posteriores, Ballerino siempre se ha quejado de que su rol “político” no fue una opción personal, sino una misión y, por tanto, no correspondía que lo castigaran por ello.

Una vez fuera del Ejército, el general de la transición fue tentado por Enrique Correa para irse a trabajar a Flacso. No obstante, Ballerino no estaba para una pirueta ideológica tan extrema y prefirió la seguridad del terreno conocido: desembarcó en el Instituto Libertad y Desarrollo, dirigido por Carlos Cáceres, para hacerse cargo de un programa de seguridad y defensa.

También le coqueteó a la UDI por una postulación senatorial, pero cuando en el gremialismo se instaló el lavinismo, a fines de los años 90, ya nadie quiso saber más de militares tan cercanos a Pinochet en las filas. Como lo demuestra la “operación John Long” en cuanto símbolo de obediencia y lealtad, Ballerino es un hombre del dictador, aunque haya sido su rostro amable durante un período clave de la historia.

¿Cine o autogolpe?

La noche del 5 de octubre de 1988 el brigadier general Jorge Ballerino, a cargo del estratégico Comando de Institutos Militares, desplegó en la Escuela Militar la “reserva del comandante”: 600 hombres distribuidos en doce unidades de tanques, carros blindados y camiones de transporte, apoyados por un batallón de comandos de la Escuela de Paracaidistas que le pidió a Peldehue al coronel José Zara.

Así lo describe “La historia oculta del régimen militar” de Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda. ¿Para que esta fuerza? La versión del Ejército a posterior la atribuye a prevenir cualquier alteración del orden, teóricamente propiciada por la oposición uno de cuyos sectores estaba armada-, frente un escenario de victoria o derrota.

Sin embargo, los persistentes indicios de que durante algunas horas críticas el general Augusto Pinochet quiso torcer la realidad -ministros querían juntar adherentes del Sí en La Moneda, lo que podría haber conducido a un grave enfrentamiento ¿y a la interrupción del proceso electoral y a la salida de Ballerino de la Escuela Militar a “controlar” la situación?- mueven a dudas sobre la exacta misión de la “reserva” dirigida por Ballerino.

Éste ha negado cualquier atisbo de autogolpe. “Alrededor de las 22:00 horas del día electoral, cuando se confirmaba el triunfo del No, el personal fue reunido por mí en el cine de la Escuela Militar para presenciar una película y posteriormente se retiraron a descansar”, explicó en los 90 en un texto académico publicado por la Corporación Justicia y Democracia.

¿Y si Pinochet hubiese llamado para interrumpir la función?

 

 

DDHH: Condenan a seis carabineros y un civil por tres desaparecidos

Ministro sentenció a 15 años de prisión al teniente coronel retirado de Carabineros Carlos Moreno Mena y a los ex suboficiales Reinaldo Lukowiak Luppy y Hugo Catalán Lagos.

Un juez condenó este miércoles a penas de prisión a seis carabineros jubilados y un civil por su responsabilidad en la desaparición, en 1973, de tres miembros del Partido Socialista que hasta ahora permanecen desaparecidos en la Novena Región.

El ministro Fernando Carreño, de la Corte de Apelaciones de Temuco, sentenció a 15 años de prisión al teniente coronel retirado de Carabineros Carlos Moreno Mena y a los ex suboficiales Reinaldo Lukowiak Luppy y Hugo Catalán Lagos.

Los tres fueron considerados por el juez autores del delito de secuestro calificado de Enrique Tenorio Fuentes, Luis Calfuquir Villalón y Osvaldo Burgos Lavoz, detenidos el 15 de septiembre de 1973 en la localidad de Pitrufquén, a 30 kilómetros al sur de Temuco.

Tenorio era profesor del Liceo de esa localidad, mientras Calfuquir era el administrador del hospital y Burgos agente del Banco del Estado y según testigos, fueron llevados a la comisaría de Carabineros del pueblo, donde se perdió su rastro.

En su fallo, el juez Carreño condenó además a cinco años de prisión, como encubridores del delito, a los ex suboficiales de Carabineros Domingo Silva Soto, Pedro Fernández Torres y Nadir Guzmán Pincheira, así como al civil Heriberto Babilek Budic, indicaron las fuentes.

Todos los encausados se encuentran actualmente en libertad provisional bajo fianza y su defensa tiene cinco días de plazo para apelar el fallo.

Detective de la Policia de Investigaciones es Espiado

Detective de la Policia de Investigaciones es Espiado

Detective de Investigaciones denuncia ilegal intercepción a su celular de parte de Asuntos Internos de la institución

Una querella por una intercepción telefónica que consideró ilegal presentó el detective Álvaro Lagos Catril contra quienes resulten responsables, tras enterarse que el Departamento V de Asuntos Internos y el Departamento de Inteligencia Electrónica de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones había realizado escuchas a sus conversaciones personales durante el periodo de marzo a septiembre de 2005.

La acción judicial fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, Hugo Gutiérrez y Rubén Jérez, el 30 de julio pasado. Junto con la querella se acompaña un documento con carácter de reservado que elaboró Investigaciones, en el que se confirma que la intercepción telefónica existió en el periodo señalado por Lagos. En el texto se lee que Asuntos Internos estableció que “el número 09-4881366, de la empresa Entel PCS, de la modalidad pre pago se encuentra a nombre del asistente policial Álvaro Lagos Catril, y de cuyo análisis de los tráficos de casi 500 llamadas entrantes y salientes desde el mes de Marzo a Septiembre de 2005”.

Las razones del departamento V

Pero el informe añade otro dato. Información recabada por el Departamento V vincula al detective Lagos con una investigación por narcotráfico seguida por el fiscal Jefe de Coronel, Andrés Cruz, en la que apareció su nombre y número telefónico. La escucha denunciada se hizo, entonces, debido a que algunas personas que declararon ante el representante del Ministerio Público mencionaron al funcionario, así como a su entonces jefe, el subcomisario Hernán Cáceres Salamanca, quien fue dado de baja de la institución por estas acusaciones.  

En el punto 20 del documento, se consigna que la investigación de Asuntos Internos indica que Lagos tenía vínculos con narcos de Lota. Sin embargo, en el punto 24 se concluye que no fue posible probar su participación en los hechos ilícitos. Pese a ello, el Jefe de la Bricrim de Lota, unidad a la que pertenecía Lagos, lo sancionó con “cuatro días de permanencia en el cuartel” en febrero de 2006.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20070926/pags/20070926214134.html

Corte Suprema dio dura respuesta a críticas por libertades a detenidos el 11

En el máximo tribunal no cayeron bien los llamados hechos por la Presidenta y Carabineros a que se actúe con firmeza contra los protagonistas de los desmanes que fueron entregados a tribunales.

El timonel de la Corte Suprema, Enrique Tapia, manifestó la molestia que causaron en el Poder Judicial las críticas hechas ante las libertades otorgadas a algunos de los detenidos en medio de los graves incidentes vividos la noche del "11".

A través de una declaración, el máximo tribunal aseguró que no requiere de indicaciones de otras autoridades para reprimir los delitos y sancionar a los responsables.

Lo que sí necesita es que los organismos encargados de las investigaciones y la proporción de antecedentes "verifiquen la participación de los imputados" para poder aplicar la ley.

Además, señaló que a la Justicia no le corresponde intervenir en la ejecución de las penas o de otras medidas alternativas, ni en la rehabilitación o reinserción social de los detenidos.

Tapia añadió que a la Corte no le compete actuar en prevención de delitos ni en la mantención del orden público.

Pese a esto, reiteró el compromiso del Poder Judicial con la ciudadanía de mantenerse "fieles a la vocación de servicio de la paz social" y manifestó su preocupación por los hechos de violencia, además de enviar sus condolencias a la familia del cabo Cristián Vera, fallecido tras recibir un disparo en la cabeza mientras repelía manifestaciones en la comuna de Pudahuel. (Cooperativa.cl)

 

El caso del general chileno Carlos Prats

El caso del general chileno Carlos Prats Por: Eduardo Palma Moreno (RIO NEGRO ON LINE)

Juan Gelman, el gran poeta argentino, escribió: 'Es difícil reconstruir lo que pasó, la verdad de la memoria lucha contra la memoria de la verdad. Han pasado años, los muertos y los odios se amontonan, el exilio es una vaca que puede dar leche envenenada, al menos algunos parecen alimentados así'.

Es en este contexto en el que quiero recordar las 'Memorias' del general chileno Carlos Prats González, asesinado en su exilio junto a su esposa el 30 de setiembre de 1974 en Buenos Aires, un año después del cruento golpe de Estado de Augusto Pinochet. El nombre completo de la obra es 'Memorias. Testimonio de un soldado' y fue publicada en Santiago de Chile por la editorial Pehuén en 1985.

A través de sus páginas podemos informarnos sobre que había nacido en Talcahuano en 1915. Luego de una carrera militar impecable, fue designado comandante en jefe del ejército de Chile en las postrimerías del gobierno demócrata cristiano del presidente Eduardo Frei Montalva. El momento era crítico: en pleno ejercicio de sus derechos, en libertad y democracia, el 4 de setiembre de ese año (1970) el pueblo chileno, en un acto electoral de ejemplar desarrollo, elegía presidente de la República al doctor Salvador Allende, apoyado por una combinación de partidos de izquierda que formaban la Unidad Popular y cuyo programa trazaba un camino de transición al socialismo. Esto resultó intolerable para la administración norteamericana de Richard Nixon, la Internacional Telegraphan Telephon (ITT), las transnacionales mineras Anaconda Cooper Mining y Kennecott. Fue entonces que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inició su accionar sedicioso bajo la férrea dirección del Pentágono y del Departamento de Estado.

En el interior del país, los sectores golpistas, motivados por la propaganda desestabilizadora y los millones de dólares llegados desde el gobierno estadounidense, iniciaron su marcha sin retorno de destrucción y muerte. Los resultados de tal accionar empezaron a emerger mucho antes de lo previsto. Los facciosos apelaron a todo: desde el desabastecimiento de los alimentos básicos hasta el asesinato a mansalva: había que impedir la elección de Salvador Allende en el Congreso. La primera víctima fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general René Schneider. El atentado fue instigado por el general golpista Roberto Viaux y llevado a cabo por sus subordinados León Cosmelli, Julio Bouchón y José Mendoza Garay. Detrás del escenario y del telón de fondo, la CIA, sus agentes, sus métodos y sus dólares. Esta maniobra fue denominada por la organización como 'Track two'.

La tarea que le esperaba a Prats no era nada fácil. Allende lo designó ministro del Interior, ministro de Defensa y vicepresidente de la República. Pero la situación se tornó insostenible. Pese a las profundas transformaciones sociales y económicas (nacionalización del cobre, de las materias primas básicas y de la banca, profundización de la Reforma Agraria, etc.) y del aumento de la votación en las últimas elecciones parlamentarias, los conflictos se agudizaron: el país se dividió en dos grandes fracciones irreconciliables.

Frente a este hostil panorama, Prats renunció y recomendó a Augusto Pinochet para sucederlo en el cargo. Ahí aparecía el 'pequeño gran traidor', como escribió en cierta oportunidad Carlos Fuentes, el gran narrador mexicano. El golpe de Estado se llevó a cabo días más tarde. El presidente Salvador Allende expresó su último mensaje al pueblo de Chile y luego se suicidó. Con este acto, como señala Tomás Moulián, salpicó a Pinochet para siempre con su sangre. Esa fue su primera marca, su huella indeleble.

Cuatro días más tarde, en la madrugada del 15 de setiembre de 1973, Prats abandonó el país y viajó apresuradamente hacia la República Argentina: los agentes de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional) lo buscaban afanosamente para asesinarlo. En este país trabajó como gerente de Relaciones Públicas de la empresa Cincotta, ubicada en el barrio Palermo.

Pero esto sólo constituyó una distracción momentánea para sus perseguidores. Tomando conocimiento de esta situación, Prats y su esposa decidieron radicarse en España, pero ya era demasiado tarde. Los pasaportes nunca fueron entregados por la cancillería chilena y el 28 de setiembre de 1974 el agente de la Dina, el norteamericano Michael Townley, colocó un aparato explosivo debajo del automóvil de Prats. Dos días más tarde, a la 0:50, cuando el matrimonio llegaba a su casa, Townley hizo detonar el explosivo a través de un control remoto. Murieron instantáneamente.

Además del agente estadounidense, se comprobó la participación directa del terrorista Enrique Arancibia Clavel, que fue condenado a cadena perpetua en la Argentina. Sin embargo, hace algunos días fue liberado por la Justicia, favorecido por una norma derogada conocida como el '2x1', que permite salir antes del tiempo impuesto a los internos que tardaron más de dos años en ser condenados. Mientras tanto, en Chile, los responsables intelectuales de este asesinato -Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga Neumann y Manuel Contreras- están recluidos en una cárcel cinco estrellas (cabañas individuales, tevé, salón de juegos, cancha de tenis...) especialmente construida para ellos. Hermoso final de una desencantada película.

Hugo Fernández Moreno, filósofo y poeta, concluyó una notable obra referida a la Justicia con esta memorable frase: 'La Justicia es una ficción creada para tranquilizar la conciencia del género humano: sólo la memoria es real, por la posibilidad de permanecer en el tiempo'.

Eduardo Palma Moreno (Escritor y magíster en Ciencias Sociales Aplicadas).

Piden anular libertad de Arancibia Clavel

Piden anular libertad de Arancibia Clavel La Nación  La abogada Pamela Pereira presentará un recurso de nulidad ante la justicia argentina por la libertad condicional concedida al ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Enrique Arancibia Clavel, único condenado por el atentado contra el ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.

La defensora de las hijas de Prats dijo que el trámite le fue encomendado al jurista Alejandro Carrió, encargado de la defensa en el vecino país y que la decisión se adoptó tras analizar los alcances en la legislación local y trasandina del privilegio concedido por el juez del Tribunal de Justicia de Ejecución Penal, Axel Torres.

Pereira sostuvo que de esta forma se busca revocar el beneficio entregado sorpresivamente al otrora miembro de la DINA a principios de agosto pasado, luego de ser favorecido por una derogada norma conocida como el "2x1", que permite salir antes del tiempo impuesto a los internos que tardaron más de dos años en ser condenados.

 

 

Los archivos X de Iturriaga

Los archivos X de Iturriaga Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo 

El contenido del computador portátil incautado al ex general 

El disco duro del notebook revela detalles de la red que lo protegió y antecedentes inéditos sobre los juicios que enfrenta. La información encontrada indica que sus contactos no sólo le permitieron mantenerse prófugo, sino también elaborar un informe sobre Michael Townley, hasta 1996. Lea aquí un adelanto de su libro, su paso por la temida Escuela de las Américas, en Panamá, y cómo se las arregló para sacarse recientemente una foto con el actual jefe del Ejército, Óscar Izurieta. Su visión política, sus críticas a la Iglesia y a la memoria del general Carlos Prats son sólo una muestra. 

Raúl Iturriaga Neumann cambió el camuflaje típico que utilizó en los juegos de guerra, donde se entrenaba con cara pintada, ramas de árboles sobre el casco, armas de todo tipo, corvo, por ropa de ciudadano vulgar, pelo mal teñido y un falso acento español. Así se mantuvo 53 días prófugo, hasta que fue capturado por Investigaciones.

La mayoría de las cosas que le fueron encontradas en el departamento de Viña del Mar, donde se ocultó los últimos dos días antes de la captura, el 7 de agosto, no explicaban el tiempo que logró evadir la condena que hoy cumple por el crimen del mirista Luis Dagoberto San Martín.

La clave para entender su plan estaba en el computador portátil incautado en ese momento y que Iturriaga no alcanzó a intervenir para ocultar los 1,69 gigabytes de valiosa información que escondía el disco duro.

LND logró tener acceso a dicho material que hasta el cierre de esta edición seguía siendo analizado por la Subdirección Operativa de la Policía Civil, a cargo de entregar los informes correspondientes al ministro de fuero Alejandro Solís.

Su contenido es sorprendente. Iturriaga mantenía bases de datos acerca de todo lo referido a su situación: su fuga, las actividades de Investigaciones, recortes de prensa, mapas satelitales del lugar donde estuvo oculto en Vitacura, nombres de militares y sus respectivos correos electrónicos.

Dentro de los 53 archivos que estaban almacenados, el general retirado mantenía cartas dirigidas a sus familiares con instrucciones detalladas para comunicarse con él. Pero también estableció todo un plan de actividades, para seguir evadiendo la acción de la policía, mediante medidas distractivas que debían ser realizadas por su círculo más íntimo.

El notebook guarda los seis primeros capítulos del libro autobiográfico "El vuelo del cóndor", un título que llama la atención debido a que -estando en el alto mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)-, le correspondió coordinar algunas actividades de la Operación Cóndor. Dicha acción fue parte de la coordinación que mantuvieron las dictaduras del cono sur (Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay), a través de sus órganos represivos, para combatir a los opositores políticos.

Abunda en el equipo material gráfico de Iturriaga imágenes de su entorno familiar, con amigos en un fundo de la X Región y con sus camaradas (ex comandos integrantes del Destacamento Tradicional Comandos del Ejército). Al estar sometido a proceso por la justicia y con condena en primera instancia, Iturriaga aparece junto al actual comandante en jefe de la institución castrense, Óscar Izurieta, junto a otros integrantes del organismo de oficiales retirados.

Entre el material que analiza Investigaciones destacan otras fotografías donde resaltan fiestas en la que participó mientras estuvo detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén. Allí aparece gozando de los privilegios que mantenían los militares que estaban procesados por violaciones de los derechos humanos, en 2003.

En el computador hay también carpetas con documentos de Word, titulados con cada uno de los casos donde el ex comando está involucrado o donde se han dictado sentencias favorables o desfavorables a sus intereses. Entre otros están los casos Prats, Leighton, Lumi Videla y Víctor Olea Alegría.

RED DE PROTECCIÓN

El ministro Solís va a completar casi un mes a la espera del informe donde se detallan las diligencias relativas a todo el material incautado a Iturriaga. Trascendió que el equipo a cargo del subprefecto José Cabión, jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, también incluirá pericias al computador.

El juez ya anunció que no hará una investigación en contra de las personas que ayudaron a Iturriaga en su período contumaz. No obstante, en ese momento no conocía el contenido del computador, que podría arrojar antecedentes tanto de participación de funcionarios públicos en la huida del ex uniformado, como datos sobre las causas de derechos humanos.

En uno de los documentos de Word, titulados "Carta a Pato", Iturriaga habla en tercera persona y se refiere a que lleva 22 días "de vacaciones de invierno". Entrega un detallado informe sobre las actividades desplegadas por la justicia, Investigaciones y Carabineros para ubicarlo en las regiones Metropolitana, V y VII, y se refiere in extenso a los apoyos que recibió.

El documento entrega instrucciones para dar pistas falsas. Ordena "llamar desde un teléfono público al Tata, para que él, escondiendo la mano, eche a correr el rumor de que tu hermano [Iturriaga] fue visto en Iquique. Eso debido a que tiene allí muchos amigos desde cuando fue comandante de la VI División, con sede en esa ciudad, y que ha estado buscando salir del país. No decir que fue visto en Arica porque no se debe sospechar del Tata".

En este mismo sentido, indica la misma instrucción para que se comuniquen con un personaje llamado "Palanca, para que él, escondiendo la mano, eche a correr el rumor de que fue visto en La Unión, debido a que ahí tiene algunos amigos, desde que fue comandante en jefe de la IV División, con sede en Valdivia, y gobernador de la provincia, una de cuyas comunas era La Unión".

Más adelante dice que "él y su entorno deben extremar las medidas de seguridad y mantener un apoyo indirecto y si es posible, con inteligencia, más directo".

Iturriaga tenía planeado mantener sólo por un tiempo su situación de rebeldía. Para ello tenía planeado "entregarse acudiendo, en lo posible muy secretamente, al Comando de Telecomunicaciones", ubicado a un costado del Penal Cordillera, donde debía ingresar el 11 de junio. Y en caso de ser descubierto, el ex comando aseguraba en la misiva que si era descubierto se entregaría pacíficamente.

Junto con los contactos denominados "Tata" y "Palanca", Iturriaga también menciona buscar apoyo al interior de Carabineros. Para ello, sugiere ubicar a un "amigo del Cajón del Maipo, ese que cuando juega tenis contigo se pone un buzo verde, tal vez pueda averiguar qué pasa al interior de Carabineros y a lo mejor por esa misma vía saber para dónde va la pelota en Investigaciones".

CAMARADAS

Otra vía por la que se sospecha recibió apoyo el general (r) Raúl Iturriaga es la de sus ex compañeros de promoción del curso de comando que realizó tanto en Chile como en Panamá, en la denominada Escuela de las Américas, con que EEUU entrenaba militares latinoamericanos para la lucha antisubversiva.

El ex oficial mantenía un listado alfabético de 140 oficiales, algunos en servicio activo, con sus respectivos correos electrónicos. Entre ellos hay 23 generales. Destacan dentro de sus contactos el general Jorge Fuenzalida Rojas, actual jefe de operaciones del Ejército; el general (r) Eugenio Castillo Cádiz, ex secretario privado de Pinochet, investigado por desvío de dineros en el caso Riggs; el coronel (r) Federico Chaigneau, ex integrante de la Brigada Lautaro de la DINA; el general (r) Eugenio Jaque Valenzuela, ex agregado militar en Alemania, investigado por desvío de dineros en el caso Riggs; el general (r) Jaime Orellana Lepe, ex secretario general del Ejército; el coronel (r) Edmundo O Kuinghttons, procesado por vender dos fusiles a narcotrafiantes; el general (r) Carlos Parera, conocido por un desaire al ex Presidente Patricio Aylwin, al inicio de la Parada Militar de 1990, y Christofer Willeke, procesado por el caso Prats, entre otros.

CLASIFICADO: MICHAEL TOWNLEY

Los problemas de Iturriaga y el resto de la cúpula de la DINA con la justicia se iniciaron cuando el agente de la CIA Michael Townley declaró por el atentado con bomba que costó la vida al ex canciller Orlando Letelier y a su secretaria, Ronni Moffit, ocurrido en Washington en 1976. De allí en adelante, el estadounidense dejó al descubierto las actividades que el organismo represivo tuvo en el extranjero, y las principales operaciones en que también involucró a la plana mayor. Es el caso del intento de asesinato a tiros del ex vicepresidente Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, y el bombazo con que fueron asesinados en Buenos Aires, en 1974, el general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cutberth.

En dichos procesos, Townley señaló que Iturriaga era el jefe del Departamento Exterior de la DINA y que en los casos donde él participó como autor material recibió órdenes directas del entonces coronel.

Desde que Townley confesó que sus crímenes fueron ordenados por la DINA, la plana mayor de la misma ha argumentado en su defensa que los hechos fueron digitados por la CIA.

En su computador, el ex general no sólo demuestra la antipatía que siente por Townley, sino que también deja entrever que le ha hecho un complejo seguimiento que incluye información clasificada sobre él, sus viajes y las identidades que ha utilizado. Fuentes consultadas indican que antecedentes de ese tipo sólo pueden haber sido obtenidos desde organismos policiales o de inteligencia, especialmente estadounidenses, los que corresponden a identidades entregadas al ex agente de la CIA, como parte del programa de protección de testigos al que está acogido.

Un archivo de Word, especialmente dedicado al agente norteamericano, da cuenta de los viajes que realizó desde Chile hacia el exterior y desde varios países hasta nuestro país, desde 1957 hasta 1995 (ver recuadro). En total registró 137 movimientos, donde utiliza 15 identidades falsas, la nacionalidad que ocupó en cada ocasión y los números falsos de pasaporte y carné. Se detalla también la fecha de salida en cada una de las ocasiones, el aeropuerto y, en algunos casos, incluso la razón de los viajes efectuados por Townley en el último tiempo. Por ejemplo, sostiene que en una oportunidad salió del país rumbo a Perú bajo el nombre de Michael Robert Welch porque "vino a pasar la Pascua con sus hijos".

Al mencionar algunas de las fuentes desde donde obtuvo la información clasificada incluso para un general en retiro como él , Iturriaga nombra la base de datos de Policía Internacional, agregando que dicho organismo tiene perfecto conocimiento de los movimientos clandestinos de Townley, ya que quedó registrado en archivos fotográficos. En dicho sentido acusa que las mismas autoridades no lo detuvieron debido a que Townley se ampara en el poder que le otorga el ser agente de la CIA.

Iturriaga revela, por primera vez, en este documento que cuando se inició la investigación en Chile por el crimen de Orlando Letelier, en 1991, tomó contacto con el ex cónsul general de EEUU en Chile, Frederick Purdy (fallecido el año pasado). El ex militar sostiene que dos oficiales el brigadier (r) Luis Mujica Collao y el teniente coronel (r) Hugo Acevedo Godoy fueron testigos de esa conversación donde "Purdy me confirmó que efectivamente Townley era agente de la CIA y que él había sido su contacto en Chile".

No obstante, Mujica Collao desmintió a LND esta información diciendo que "nunca he tenido reunión con los tres".

Otro antecedente que contiene su computador personal y que sería falso es sobre la casa que utilizó el estadounidense, después de 1973. Según Iturriaga, Townley adquirió "una casa en Lo Curro, según lo expresado por Inés Callejas", para lo cual utilizó el nombre falso de John Schmidt. Sin embargo, diligencias recientes de la policía establecieron que en la compra del inmueble, ubicado en calle Vía Naranja 4925, participa un tal Diego Castro Castañeda, la chapa que empleó el ex general mientras estuvo en la DINA, y que luego fue entregada a Michael Vernon Townley Welch.

Junto con la información de las actividades de Townley, Iturriaga hace una relación de los contactos que el agente tuvo con dirigentes del movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. En ese contexto menciona a Pablo Rodríguez (abogado de Pinochet), Manuel Fuentes Weding, Miguel Katz (fallecido ex ministro de Pinochet) y los hermanos Bunster (que participan en el atentado del edecán naval Arturo Araya).

Asimismo, menciona que Weding puso en contacto a Townley con el sacerdote Raúl Hasbún, antes de realizar un atentado en Concepción, en 1973.

EL VUELO DEL CÓNDOR

Las existencia de seis de los nueve capítulos prometidos, del libro autobiográfico en el portátil de Iturriaga, revelan que el general ocupó una buena cantidad de tiempo y documentación.

De su lectura se desprende un paseo por la vida del ex uniformado, desde que su padre fue desterrado por una intentona golpista, contra Pedro Aguirre Cerda, en 1939. Iniciada su carrera militar destaca a maestros como Rolf Wenderoth (procesado por violaciones de los derechos humanos) y Julio Canessa (ex senador institucional).

Su cercanía con la derecha se inicia como adolescente, cuando apoya la candidatura de Carlos Ibáñez. Asimismo, su vocación de militar golpista queda de manifiesto no sólo por apoyar la dictadura de Pinochet. En la década de 1960, mientras era entrenado por el Ejército de EEUU en la llamada Escuela de las Américas de Panamá, fue enlace con el hombre fuerte de ese país, Omar Torrijos. De regreso en Chile, en 1968, apoyó el "Tacnazo" del coronel Roberto Viaux y realizó actividades clandestinas.

Ese mismo año participa en reuniones secretas con oficiales de medio rango (capitanes y mayores) y contactó al periodista Augusto "Perro" Olivares para publicar información sobre el descontento que existía en el Ejército hacia el Presidente Eduardo Frei Montalva.

"El nivel de ideologización había llegado a un punto extremadamente serio en Chile. El mismo partido de Gobierno, el Demócrata Cristiano, fue dividido por los extremistas, se creó el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Izquierda Cristiana. La ideologización llegó hasta la Iglesia y hay sacerdotes que se adhieren a la Teología de la Liberación", acota Iturriaga.

Sobre la acción de la Iglesia, agrega que "no encontraba comprensible que sacerdotes protegieran a extremistas y colaboraran a incentivar la lucha de clases pregonada por el marxismo".

De hecho, en capítulo VI del libro sostiene que ya en dictadura, una de sus principales tareas, siendo jefe de la Brigada Purén, fue infiltrar las bases sociales, incluyendo a la Iglesia Católica.

Para justificar su convicción aplicada en este sentido, viene una de las partes más insólitas del libro. Quién diría que Iturriaga utilizaría como base de apoyo una cita de las memorias del general Carlos Prats, a quien ayudó a eliminar desde la DINA: "La Democracia Cristiana comete un grave error histórico al menospreciar a las Fuerzas Armadas, en las que se venía acumulando durante 35 años un fermento de frustración profesional".

Explica que "empezaba a conocer en forma directa lo que puede hacer la interferencia política en los militares, o el desconocimiento de lo militar por parte de los políticos".

De ahí en adelante, Iturriaga no gastará palabras en vano para destruir la imagen del general Prats. El ex comando deja atrás su carrera militar y se transforma en un agente represor capaz de justificar los crímenes de la DINA. LND

 


Cronología de sus viajes e identidades falsas

Su obsesión por Townley

07-04-1957 Entra a Chile proveniente de Estados Unidos. Pasaporte número 365626.

12-1966 Huye de Chile a Estados Unidos por una orden de arraigo del 6º Juzgado del Crimen luego del asesinato de un pintor. Pasaporte número 490577.

08-01-1971 Entra a Chile desde Estados Unidos ya como agente de la CIA. Pasaporte número 490577.

18-10-1973 Entra a Chile proveniente de Estados Unidos con el nombre de Kenneth Enyart. Pasaporte entregado por la CIA 5D22877732.

16-10-1975 Entra a Chile desde Estados Unidos como Kenneth Enyart.

19-07-1976 Entra a Chile proveniente de Argentina bajo el nombre de Juan Andrés Wilson.

31-10-1994 Entra a Chile desde Estados Unidos bajo el nombre de Michael Welch Sterlin. Línea aérea Viasa.

05-11-1994 Sale de Chile a Estados Unidos como Michael Welch Sterlin. Línea aérea Varig.

05-12-1994 Entra a Chile como Michael Welch. Médico cirujano. Pasaporte número 150354380.

16-12-1994 Entra a Chile proveniente de Estados Unidos como Michael Robert Welch. Pasaporte número 101.283.272.

25-12-94 Sale de Chile a Perú Michael Robert Welch. Townley vino a pasar la Navidad con sus hijos.

23-01-1995 Entra a Chile proveniente de Argentina bajo el nombre de Michael Barney Welch.

11-02-1995 Sale de Chile a Estados Unidos con el nombre de Michael Barney Welch.

Total de viajes con todas las identidades: 137.

 

 

Operación Albania: Suprema confirma perpetua contra Salas Wenzel

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La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.