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Justicia

Intentan derrumbar histórico proceso de la escuadra de 1973

Intentan derrumbar histórico proceso de la escuadra de 1973

Lanacion.cl

Jueves 28 de febrero de 2008   

 Por Jorge Escalante 

Corte Suprema aceptó analizar un recurso de revisión de la sentencia naval

El recurso de revisión que será debatido por la Sala Penal en los próximos días, fue interpuesto por el abogado Rafael Urquieta, en representación del civil Hugo Maldonado que estuvo cinco años en prisión.

Foto: Gran parte del proceso de la escuadra de 1973 se desarrolló aquí. Foto: Rodrigo Garrido

Un recurso de revisión que busca anular la sentencia dictada en 1976 por la justicia naval de Valparaíso en la causa conocida como "Sedición y motín" en contra de efectivos de la Armada y civiles dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, será visto en los próximos días por la Sala Penal de la Corte Suprema.

El recurso fue interpuesto por el abogado Rafael Urquieta, en representación del ex funcionario de la Corporación de Vivienda de Valparaíso, dependiente del ministerio del ramo, y ex militante del MAPU, Hugo Maldonado Alvear.

Maldonado cumplió cinco años en prisión, condenado en el proceso que se abrió un mes antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en las fiscalías navales de Talcahuano y Valparaíso, radicado finalmente en esta última ciudad.

En los días previos a la asonada militar, fueron también acusados de instigar una infiltración en la Armada los secretarios generales del partido Socialista, Carlos Altamirano, del MAPU, Oscar Guillermo Carretón, y del MIR, Miguel Enríquez.

A partir del 5 de agosto de 1973, en Talcahuano y Valparaíso fueron detenidos al menos cien marineros y cabos que servían a bordo de los barcos de la escuadra y otras escuelas y reparticiones navales. El único suboficial arrestado y luego también condenado a una pena de prisión, fue Juan Cárdenas Villablanca.

 

Revisar la historia

Según los recurrentes, si la Sala Penal falla favorablemente el recurso, significaría "el derrumbe" de todo ese proceso durante el cual los detenidos fueron sometidos a brutales torturas, incluso antes que se produjera el golpe de Estado.

En la presentación los reclamantes mencionan los pronunciamientos que la Corte Suprema ha tenido en años anteriores respecto de Garretón y Altamirano, favoreciéndolos en sus presentaciones de acciones similares (pero que no apuntaron a la revisión de fondo del proceso) dejándolos libres de imputación en esta causa.

"Los hechos nuevos para recurrir de revisión es la historia, que probó que quienes cometieron delitos fueron los acusadores en 1973", dijo Urquieta.

El origen del proceso de la escuadra de 1973, fueron las denuncias que tras el fracasado intento golpista del 29 de junio de 1973 (Tancazo y/o Tanquetazo) formularon a Altamirano, Garretón y Enríquez miembros de la Armada. Estos informaban acerca de los planes que se gestaban al interior de la oficialidad para derrocar al gobierno de Allende.

Estos marineros formaron una red clandestina a bordo de los barcos con el fin de apoderarse de ellos una vez ocurrido el golpe militar, para resistir y apoyar a Allende.

 

El motín que aplacó Codina

El motín que aplacó Codina

La Nacion.cl Domingo 24 de febrero de 2008   

Por Jorge Escalante 

Ante 80 almirantes (R) defendió diligencia judicial a bordo de la Esmeralda

El máximo responsable de la Armada ordenó el despido del almirante (R) Kenneth Gleiser Joo, del Hospital Naval de Talcahuano, quien había atacado al alto mando por no proteger a los oficiales investigados por la desaparición del sacerdote Miguel Woodward. La reunión entre el comandante en jefe y los almirantes (R) no tiene precedentes en democracia.

Los 80 almirantes retirados llegaron puntuales a la cita. Uno de ellos, Kenneth Gleiser Joo, quemaba las naves rebelándose con una declaración cuero de diablo.

La reunión, convocada con premura por el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, no tenía precedentes en la Marina desde el reinicio de la democracia.

El corazón del conflicto volvía a ser la Esmeralda, usada como buque-prisión después del golpe de 1973. Y Gleiser era uno de los cinco altos oficiales retirados que la jueza Eliana Quezada citó a declarar a bordo de la nave el pasado 12 de diciembre.

Las torturas a los detenidos en el buque-escuela y la muerte y desaparición del sacerdote Miguel Woodward eran los espectros que esa mañana acechaban en cubierta.

El 30 de enero de 2008, día del encuentro de los 80 marinos en retiro con el almirante Codina, había transcurrido ya más de un mes desde la diligencia judicial en el molo de abrigo porteño. Pero la bola seguía rodando, arrastrando más nieve y barro a su paso.

Porque si bien Gleiser se allanó ese día a subir a bordo, demandado por la magistrada, no perdonó lo que consideró una ofensa y abrió los fuegos.

El lugar de la reunión, la antigua Escuela Naval, frente al Paseo 21 de Mayo del Cerro Playa Ancha, brindaba ese día el nostálgico paisaje de la bahía de Valparaíso. Pero ninguno reparó en él, pues la convocatoria era "para que volaran plumas", según uno de los asistentes.

El almirante Gleiser, médico neurocirujano de profesión en la Marina todos se nombran almirantes cuando integran ese cuerpo, a pesar de que hay contraalmirantes, vicealmirantes y un solo almirante, que corresponde al comandante en jefe , había ido muy lejos.

Terminada la indagatoria, se fue a su casa y redactó la denuncia que envió por e-mail al resto de los almirantes en retiro. Sus iracundas palabras las publicó el diario "El Observador", de Viña del Mar, el 19 de enero pasado.

El texto llegó a ese diario a través de un tercero que dijo ser "enviado" por Gleiser, cuestión que éste después negó a través del mismo medio, pero sin desconocer el contenido.

"Se han atropellado las más rancias tradiciones y reglamentos de la Armada. Un buque fue abordado por otro poder del Estado y su comandante se quedó sin mando por siete horas. La Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió", escribió Gleiser.

Unos párrafos antes también dijo que, cuando le tocó su turno y la jueza le ordenó subir a cubierta junto a los otros cuatros capitanes de navío retirados, "subí a un buque fantasma". Y a continuación lanzó otro flechazo: "El comandante [del barco] y el abogado Figari [de la Fiscalía Naval] estaban escondidos".

Por ello su frase de "la Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió". El comandante de la Esmeralda era en ese momento el capitán de navío Humberto Ramírez Navarro, que hoy se desempeña como jefe de gabinete de la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría.

El ex jefe de Sanidad Naval de la Armada y ex director del Hospital Naval de Talcahuano dijo también en su denuncia que esa mañana "a este almirante y a los cuatro oficiales superiores se nos hizo esperar en el vehículo a pleno sol por tres horas ( ). Ningún oficial se presentó a ofrecernos un vaso de agua ( ). Se le informó [de la situación] al almirante Millar [Cristián, comandante entonces de la Primera Zona Naval], y éste contestó que no podía intervenir".

 

ADHERENTES Y ACOMPAÑANTES

El correo electrónico, medio que usó Gleiser para difundir el texto de su protesta al interior del cuerpo de almirantes en retiro, comenzó a circular masivamente, recibiendo comentarios tanto o más incisivos contra la jefatura naval.

El abogado y dirigente gremial camionero Mauricio Cordaro Dougnac afirmó: "He recibido con estupor e indignación el e-mail. Daré a conocer públicamente estos insólitos hechos en el programa radial que mantengo en Portales de Valparaíso".

Un tal "Carlos Contador" que sería un coronel (R) de Ejército, asiduo escritor en las páginas nostálgicas de la dictadura que circulan en la red se sumó en la red electrónica a las críticas: "Es increíble que pase esto y especialmente en la Armada, que siempre defendió a los suyos y que su mayor valor ha sido la caballerosidad y el honor. Me puse en la situación del almirante y de los navíos, y me puse rojo de rabia y vergüenza".

Esa mañana, Gleiser estuvo acompañado en el molo por los capitanes de navío (R) Ricardo Riesco, Eduardo Barison, Humberto Santamaría y Tomás Ilich.

En 1973, Riesco era instructor de los guardiamarinas recién egresados de la Escuela Naval que cumplían su instrucción a bordo de la Esmeralda, y desde allí pasó a integrar el grupo de oficiales prácticamente todos infantes de Marina que se encargaron de la represión en los principales centros de detención de Valparaíso los primeros meses después del golpe militar: la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma en el Cerro Playa Ancha.

Barison era el segundo jefe de la Esmeralda, al mando del comandante Jorge Sabugo, ya fallecido. Y Santamaría e Ilich eran los oficiales de guardia el día en que Woodward llegó al barco, entre el 16 y el 20 de septiembre de 1973.

 

HABLA CODINA

Pero aquel 30 de enero, en la antigua Escuela Naval del Cerro Artillería, el almirante Codina golpeó la mesa. Las cosas habían llegado muy lejos, teniendo en cuenta que los ataques se debían a que se había cumplido con las disposiciones de una jueza que investigaba tan delicados y dramáticos asuntos.

Lo primero que hizo fue ordenar que Gleiser, a causa de sus dichos, fuese despedido del Hospital Naval de Talcahuano, donde prestaba sus servicios como médico.

A pesar de estar de vacaciones en Puyehue, el comandante en jefe de la Armada contestó la llamada de LND. "Efectivamente, esa reunión la cité porque las cosas estaban yendo muy lejos y se estaba maltratando a la institución y su mando. También ordené que se despidiera al almirante Gleiser por desleal, porque alguien que ofende así no puede seguir trabajando para la Armada", dijo Codina, relajado.

"Para le fecha en que fue la reunión, el 30 de enero, llegaron muchos, alrededor de 80 almirantes en retiro. Recibí el apoyo de la gran mayoría, e incluso el almirante Douglas Aschcroft, que inicialmente había apoyado a Gleiser, me ofreció públicas disculpas", afirmó.

El almirante Codina fue más allá y desmintió a Gleiser: "No es verdad que ese día se les mantuviera encerrados en un vehículo por tres horas en el molo, porque todos se pudieron bajar mientras esperaban que la magistrada los llamara, e incluso caminaron por el molo y subieron a otros barcos de la institución". Por tanto, sostiene que decir que no les dieron ni un vaso de agua "es falso", porque lo pudieron tomar en cualquier parte.

"Hay que entender que la Armada tiene que cumplir con las disposiciones judiciales en un Estado de derecho y en una democracia, y ello no significa pasar por encima del honor de nadie ni denigrar a la institución", manifestó. Para el comandante en jefe, quien retoma sus funciones los primeros días de marzo, el problema "está resuelto".

Y para fijar su posición ante la Marina y la oficialidad en retiro redactó un comunicado que envió internamente (ver texto completo en lanacion.cl).

"Este almirante reitera que, con la misma intensidad con que seguirá velando por los mejores destinos de todo el personal en retiro, no aceptará actos o conductas que atenten contra el prestigio, dignidad y honor de nuestra institución. Esto, en la convicción de que la lealtad para con la Armada y el mando naval es una obligación irrenunciable, siendo su preservación y práctica el único camino para mantener en alto los valores trascendentes de nuestra institución. En esto, el compromiso es de todos los oficiales, tanto en servicio como en retiro, y debemos asumirlo con el máximo de acuciosidad y rigurosidad", dice el párrafo final de la "Posición institucional respecto a críticas expresadas por el contraalmirante (R) Kenneth Gleiser, vía correo electrónico", que firmó el almirante Codina.

 

EN EL PUNTO PENAL

El contraalmirante (R) Kenneth Gleiser está en duros aprietos, y no precisamente porque lo despidieran del hospital donde trabajaba o porque el almirante Codina lo llamase a terreno. Gleiser es uno de los candidatos a ser procesados por el crimen de Woodward, al menos como encubridor, en la resolución que la jueza Quezada dictaría en marzo.

Aunque inicialmente negó todo, al final reconoció ante las evidencias, como varios de los oficiales (R) de la Armada indagados en esta causa.

Gleiser no sólo vio a Woodward moribundo cuando llegó a la Esmeralda, sino que subió con él a bordo para examinarlo y ordenó que lo trasladaran de urgencia al Hospital Naval, entonces en Playa Ancha, en cuyo trayecto murió y su cuerpo desapareció para siempre.

La bitácora de la nave, entregada por la Armada a la jueza, y testigos, señalan al médico que llegó a integrar el cuerpo de almirantes. "Venía con los órganos internos destrozados y no tenía posibilidades de sobrevivir", fue la cuenta que Gleiser dio ese día a su comandante en el crucero Latorre, capitán Carlos Fanta, hoy fallecido. Desde ese barco bajó el médico a examinar al sacerdote.

La magistrada también debe resolver si, por distintos niveles de participación, encausa a otros oficiales (R). Entre ellos está el almirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, que en 1973 era jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval de Valparaíso, y supo del estado en que el sacerdote llegó al barco e hizo las gestiones para que Gleiser llegara a la Esmeralda desde el Latorre.

"Tenía una pulmonía", declaró Aldoney en el proceso, mientras que a la Comisión Rettig dijo el 22 de octubre de 1990: "Lo de Woodward fue un accidente". Y agregó: "Por este hecho no se inició una investigación".

Se estableció judicialmente que Woodward fue llevado primero a la Academia de Guerra Naval, donde habría sido duramente torturado, y desde allí conducido a la Esmeralda. La comandancia de esa academia la asumió tras el golpe de Estado el capitán de navío Sergio Barra von Kretschmann, un relevante hombre de la Armada que participó en la DINA y está procesado ya en otras causas.

El mando operativo de ese centro de tortura, bautizado irónicamente por los detenidos como "El palacio de la risa", lo tenía el entonces capitán de corbeta Juan Mackay Barriga, que también llegó después al cuerpo de almirantes. Por ello, Barra y Mackay están en la "lista de espera" de la magistrada Quezada. Mackay es el vicepresidente del cuerpo de almirantes en retiro, que preside Rigoberto Cruz-Johnson.

La indagatoria identificó asimismo al jefe de la patrulla naval que apresó al sacerdote y lo condujo a la Academia de Guerra de quien mantendremos en reserva su identidad para no entrabar la investigación , que también podría tener responsabilidades penales.

Fijan para mayo juicio en París contra 17 ex colaboradores de Pinochet

11 de Febrero de 2008

La audiencia por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses cuenta entre los imputados al general (r) Manuel Contreras y al fundador de Colonia Dignidad, Paul Schaefer.

El juicio contra 17 ex colaboradores del fallecido general (r) Augusto Pinochet por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura militar tendrá lugar en mayo próximo en el Tribunal de lo Criminal de París.

El juicio, el primero de este tipo, se celebrará entre el 19 y el 23 de ese mes, indicaron fuentes judiciales, y cuenta entre los imputados al ex director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras, y el fundador de la Colonia Dignidad, Paul Schaefer.

Los acusados, que previsiblemente serán juzgados en rebeldía, son todos chilenos, salvo un argentino, y casi todos militares, y están imputados por arresto y secuestro arbitrarios acompañados de torturas o actos de barbarie, o por complicidad en estos delitos.

El agravante de torturas o actos de barbarie conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Además de ser el "juicio póstumo de Augusto Pinochet" será también "el único del conjunto del sistema de represión puesto en marcha por la dictadura chilena", afirmaron los cuatro abogados de las familias de los franceses desaparecidos en un comunicado.

Indicaron que junto a las familias "se felicitan vivamente" de que "después de 10 años de instrucción" se abra en la citada fecha el juicio a "los miembros de la junta militar chilena".

Las audiencias permitirán que se escuche a "varios testigos históricos", señalaron los letrados Sophie Thonon, Claude Katz, William Bourdon y Benjamin Sarfati, sin dar más precisiones.

El anuncio de la vista se produce casi un año después de que la juez instructora del sumario, Sophie Clément, ordenara que los acusados fueran juzgados por el Tribunal especial de lo Criminal.

Este juicio concierne a los responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) u otros cuerpos que secundaron a Pinochet en su "labor de eliminación de la oposición", indicaba entonces la magistrada.

Clément no había hecho caso de la petición de la Fiscalía de sobreseer la causa contra varios de los 19 imputados iniciales, incluido el otrora líder de la Villa Baviera.

Augusto Pinochet y el general Javier Palacios Ruhman, que figuraban entre los 19 procesados contra los que la justicia francesa emitió órdenes internacionales de arresto en 2001 y 2005, fueron retirados del procedimiento, ya que murieron en 2006.

Palacio Ruhman había dirigido el asalto al Palacio de la Moneda en el golpe de estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende.

Completan la lista Rafael Ahumada Valderrama, Enrique Arrancibia Clavel, Herman Brady Roche, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy García, Raul Iturriaga Neumann, Miguel Krasnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, Andrés Rigoberto Pacheco Cardenas, Luis Joachim Ramirez Pineda, Osvaldo Enrique Romo Mena. Emilio Sandoval Poo, Humberto Zapata Reyes, José Zara Holger, y el argentino José Osvaldo Riveiro.

Dos de ellos, Pachecho Cardenas y Romo Mena, han muerto desde que la juez instructora ordenó el juicio, y su fallecimiento será "constatado" al abrirse la vista, dijeron a Efe las fuentes.

Los cuatro franceses desaparecidos son Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández. Los tres primeros fueron detenidos por agentes de la DINA entre 1973 y 1975, y el último lo fue durante un viaje a Argentina, a petición también de la DINA.

La investigación judicial de estas desapariciones fue abierta en Francia en 1998, tras las denuncias cursadas por sus familiares.

Aunque Pinochet ha sido retirado del procedimiento, debido a su muerte, está mencionado en el voluminoso documento, de casi 200 páginas, elaborado por Clément y que sitúa en su contexto la causa.

Si bien hasta el momento ha habido juicios, eran individuales, en los que los juzgados no aparecían como parte de "una cadena de jerarquía", perdiéndose "la noción de conjunto de que fue una política sistemática de represión puesta en marcha a raíz de un golpe de Estado, es decir, una ruptura total del orden constitucional democrático para imponer por la fuerza un gobierno de facto", dijo a Efe la letrada Thonon.

Señaló que, además, el juicio de París tratará sobre "el destino de víctimas que cada una representaron una forma particular de la dictadura: el ataque a la Moneda con Klein, la represión del medio estudiantil y Colonia Dignidad a través de Chanfreau, la reforma agraria a través de Pesle y el plan Condor a través de Claudet".

"Es un juicio muy emblemático y simbólico", sentenció la letrada.

EFE

 

El secreto que el Ejército puso al crimen de Paine

El secreto que el Ejército puso al crimen de Paine

La nacion.cl  Por Jorge Escalante / 

Tensión por las indagaciones del juez Héctor Solís

En un oficio, la institución negó al magistrado toda la información respecto del Comando de Aviación del Ejército en 1978, año de la exhumación y lanzamiento al mar de los 22 cuerpos de detenidos desaparecidos en dicha localidad. Los querellantes van al pleno de la Corte Suprema para que exija la entrega

Foto: Héctor Solís

Verano caliente en Santiago, no sólo por las altas temperaturas, sino también en el alto mando del Ejército. El termómetro "Paine" sigue y sigue subiendo, poniendo sabor a salado a las vacaciones de muchos.

La otra cara de la masacre masiva de 22 campesinos el 16 de octubre de 1973 (el desentierro de sus cuerpos en 1978 para lanzarlos al mar) golpeó fuerte el portón de calle Zenteno.

El juez Héctor Solís, que instruye el proceso, quiso saber ahora quiénes integraron el Comando de Aviación del Ejército (CAE) el año de esta exhumación. El Ejército le respondió que la información la tiene, pero es "secreta por seguridad nacional". Para la parte querellante, el problema es que aquí se trata de investigar un delito común, y más aún de un crimen de lesa humanidad, que nada tiene que ver con la seguridad nacional.

La negativa al magistrado le llegó por oficio N 595/967 de fecha 19 de diciembre de 2007, firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Alfredo Ewing Pinochet. El fundamento del rechazo a entregar la información fue el Artículo 436 del Código de Justicia Militar.

Pero ahora se trabará una contienda que puede calentar todavía más el estío castrense y perturbar el sueño de su alto mando. Los querellantes, abogados Luciano Foullioux y Pamela Pereira el primero representa legalmente a la segunda en la causa donde su padre fue uno de los asesinados y arrojados al mar , irán a la Corte Suprema solicitando que el pleno de este tribunal obligue al mando militar a entregar toda la información requerida por el juez.

Lo que el ministro Solís quiere saber no es poco, y resulta fundamental para empezar a abordar ahora la segunda parte del doble crimen de Paine, la operación desentierro y el destino final de las víctimas al fondo del océano.

El coronel (R) Andrés Magaña Bau fue el subteniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo que comandó entonces la masacre, junto a otros dos subtenientes. Se sospecha que estos dos oficiales pueden estar hoy en servicio activo y ocupando altos cargos en la institución, y por ello el misterio y la protección de sus identidades por parte de los que actuaron en el exterminio.

Hace tiempo que Magaña admitió en el proceso que en 1978 "la inteligencia del Ejército" lo contactó para mostrar el lugar donde en 1973 escondieron los cuerpos, deshechos por los centenares de disparos, para desenterrarlos y hacerlos desaparecer para siempre.

PILOTOS, COPILOTOS Y MECÁNICOS

Solís quiere conocer la nomina completa de los oficiales, suboficiales y clases que en 1978 servían en el CAE, donde estaban radicados los escuadrones de helicópteros Puma que participaron en la Operación Retiro de Televisores. En ella, a partir de 1978 y a través de todo el país, se tiraron al mar los cadáveres de prisioneros exhumados desde fosas clandestinas por orden del dictador Augusto Pinochet, como quedó establecido en varias causas que se instruyen.

Al juez también le interesa conocer la lista de todos los pilotos que comandaron ese año los Puma, y la información acerca de los copilotos y mecánicos que viajaron con ellos.

Igualmente, Solís requirió al Ejército los libros con las rutas de vuelo de ese año. Con esto último pretende identificar si existe algún tramo aéreo que arroje un trayecto entre el noreste del lago Rapel, en la VI Región donde se ubica la quebrada Los Arrayanes que es el lugar donde los mataron, enterraron y desenterraron , y la dirección hacia algún punto de la costa donde los lanzaron.

 

El informe de las Fuerzas Armadas de enero de 2001 dando cuenta del destino final de 200 prisioneros, producto de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos realizada en 2000, confirmó que las víctimas de Paine fueron lanzadas al mar.

Se estima que difícilmente el pleno de la Corte Suprema podría declarar improcedente esta solicitud, puesto que los querellantes sostienen que, con el secreto impuesto por el Ejército a la información demandada por el juez Solís, la institución estaría obstruyendo el actuar de la justicia, protegiendo identidades que también podrían ser llevadas al banquillo en el Operativo Dos, como en el proceso se conoce la exhumación de 1978.

EL CASO CASTRO

A raíz de la citación a declarar ante el juez Solís, el pasado lunes 14 de enero, del general activo Guillermo Castro, comandante de la II División del Ejército y juez militar de Santiago, en las últimas horas se han producido reuniones y "conversaciones" entre integrantes del mando militar y algunas autoridades. El comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, ha estado en los últimos días fuera de Chile. Se sabe que a su arribo en las próximas horas asumirá el conflicto "con la profundidad y gravedad que tiene", según informaron diversas fuentes a LND.

En 1973, el general Castro tenía el grado de subteniente, al igual que Magaña, y ambos servían en la Escuela de Infantería de San Bernardo. A esta repartición pertenecía el pelotón que participó en el Operativo Uno, vale decir, la detención, asesinato y escondite de los cuerpos de los 22 campesinos de Paine.

Existen indicios no concluyentes hasta ahora en la investigación judicial de que Castro podría haber formado parte aquel Operativo Uno. LND

 

Mamo condenado por crímenes de La Legua

Mamo condenado por crímenes de La Legua

Lanacion.cl / Agencias 

Viernes 11 de enero de 2008 

Ex jefe de la DINA sumó a su largo prontuario el secuestro de siete dirigentes poblacionales. Cuatro de ellos fueron  

Revocando una cuestionada decisión del ministro de fueron Joaquín Billard, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a tres miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro de siete personas entre el 18 y 22 diciembre de 1973.

En votación unánime, los magistrados determinaron sentenciar con 10 años y un día de presidio al general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y José Friz Esparza.

Estos ex miembro de la policía represiva de la dictadura de Augusto Pinochet en primera instancia había sido favorecidos por Billard quien los había absuelto por aplicación del principio de la prescripción de la acción penal.

Esta vez, la sala conformada por Dobra Lusic Nadal, Manuel Antonio Valderrama y la abogada integrante María Victoria Valencia, desestimó tales argumentos y determinó calificar los hechos como "crímenes de guerra" aplicando los denominados Convenios de Ginebra para determinar la condena.

En parte del fallo se señala que "debe tenerse presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de ius cogens, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra mandada por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo)”

De este modo, agrega, “el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos resulta  indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales".

La condena se dictó por los secuestros calificados de: Carlos Alberto Cuevas Moya, Luis Alberto Canales Vivanco, Alejandro Patricio Gómez Vega, Pedro Patricio Rojas Castro y Luis Emilio Orellana Pérez, perpetrados igualmente entre  los días 18 y 22 de diciembre de 1973.

Todos ellos eran dirigentes del denominado Comité Galo Andrade de la población La Legua y fueron ejecutados el 22 de diciembre en un sector de Cerro Navia.

En tanto, en los casos de Margarita del Carmen Durán Gajardo y Sigfrido Orellana Pérez, perpetrados el 18 y 21 de diciembre de 1973, la condena es sólo por el delito de secuestro simple, ya que ellos no fueron ejecutados.


 

Libre asesino de Tucapel Jiménez

Libre asesino de Tucapel Jiménez

La Nacion.cl / Viernes 11 de enero de 2008   

Por Jorge Escalante 

Suboficial (R) Letelier cumplió condena de 8 años

El ex agente Miguel Letelier Verdugo recuperó su libertad el viernes pasado desde Punta Peuco. Nunca se arrepintió del crimen que cometió junto al mayor (R) Carlos Herrera y al suboficial (R) Manuel Contreras, indultado por el ex Presidente Lagos.

Foto: A Letelier Verdugo le fue computado el tiempo que estuvo detenido previo a la confirmación por la Corte Suprema de la sentencia dictada por el juez Sergio Muñoz en 2002, por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez (en la foto).

En libertad salió el viernes pasado desde el penal de Punta Peuco el suboficial (R) de Ejército Miguel Letelier Verdugo, coautor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez cometido el 25 de febrero de 1982 en una operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Letelier obtuvo el beneficio luego de cumplir su pena de ocho años a la que fue condenado en el proceso que instruyó el juez Sergio Muñoz, último magistrado que tuvo a cargo esta causa.

Nunca mostró arrepentimiento del crimen, como sí lo hizo el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, indultado en 2005 por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Su decisión fue en aquel momento duramente criticada por el actual diputado independiente Tucapel Jiménez, hijo del dirigente.

Ambos suboficiales hoy en retiro fueron junto al mayor Carlos Herrera Jiménez los tres autores materiales del homicidio. Herrera cumple por ello presidio perpetuo en el penal Punta Peuco. Gendarmería confirmó a La Nación la salida de Letelier Verdugo "tras haber cumplido íntegramente su condena de ocho años".

Al suboficial (R) que integró la DINE le fue computado el período que estuvo detenido antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema confirmara el 9 de marzo de 2004 las condenas aplicadas por el juez Sergio Muñoz en su sentencia del 5 de agosto de 2002.

A pesar de que el juez Muñoz ya conocía durante la investigación las identidades de Letelier y Contreras Donaire como quienes acompañaron a Herrera a cometer materialmente el crimen, en la fase probatoria y pública del juicio quedó para el recuerdo el momento en que a Herrera, respondiendo consultas del juez Muñoz, se le escaparon de la boca los nombres de ambos.

Hasta ese instante Herrera nunca había mencionado las identidades de sus dos acompañantes.

También mostró después arrepentimiento por el crimen, e incluso pidió perdón público a la familia del líder sindical, pero hasta ahora nunca le ha sido concedido el indulto presidencial que ha solicitado.


 

Demanda

Treinta ex prisioneros políticos que permanecieron recluidos en Isla Dawson en el extremo sur luego del golpe militar de 1973, demandaron civilmente al Estado por daños morales y síquicos.

Los demandantes fundaron su acusación en las torturas y trabajos forzados a los que fueron sometidos durante la prisión en ese campo de concentración. Todos los litigantes son originarios de la Región de Magallanes.

La demanda deberá ser conocida por la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que resolverá el curso de esta presentación.

 

 

Ferrer acusó a Moren de asesinar a su sobrino en Villa Grimaldi

Viernes 4 de enero de 2008   

Por Jorge Escalante 

Gresca en el penal Cordillera incluyó a esposa del "Ronco" Moren Brito

 El ex agente DINA Maximiliano Ferrer enrostró a Moren Brito durante una visita de matar a su propio sobrino Alan Bruce, ahorcándolo con un alambre y metiéndole la cabeza en una bolsa. La mujer de Moren terció en la gresca y defendió a su marido.

Al interior del penal Cordillera de Peñalolén la cosa está que arde entre los ex DINA. El ex agente y posterior ex jefe del servicio secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Maximiliano Ferrer Lima, se enfrentó durante una visita con el ex jefe de Villa Grimaldi, el "Ronco" Marcelo Moren Brito y su esposa, enrostrándole asesinar en ese lugar a su propio sobrino Alan Bruce Catalán, ahorcándolo con un alambre y metiéndole una bolsa plástica en la cabeza. Un método similar a como la DINA mató a los dirigentes comunistas clandestinos Víctor Díaz y Marta Ugarte.

La acusación de Ferrer a Moren (ambos tienen el grado de coronel en retiro) está contenida en un informe de Gendarmería de fecha 18 de diciembre de 2007, dirigido a jueces que instruyen causas por violaciones de los derechos humanos. La institución redactó el documento con este antecedente, porque se trata de una información desconocida hasta ahora en todos los juicios que existen.

"El interno Ferrer Lima señala que no tiene inconvenientes en prestar esta declaración ante un ministro de Corte", afirma el texto firmado por el subinspector y alcaide del penal Sergio Prado Lobos

Alan Bruce, detenido desaparecido, fue arrestado por la DINA el 13 de febrero de 1975 en la comuna de Las Condes en Santiago y trasladado a Villa Grimaldi donde mandaba Moren Brito.

En la trifulca que adquirió según el informe ribetes violentos, Ferrer las emprendió también en contra de la mujer de Moren quien tomó parte en la pelea para defender a su marido. Un suboficial de Gendarmería que increpó a Ferrer "para que guardara la compostura con la dama, esposa del interno Moren Brito", también sufrió la furia de Ferrer.

El informe agrega que aquel día del altercado, Ferrer, además de gritarle en sus rostros a Moren y a su mujer lo del crimen de Alan Bruce, comenzó a destruir objetos incluidas algunas llaves del agua del penal.

Este duro enfrentamiento se suma a los ocurridos en los últimos meses de 2007 entre el ex segundo de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza, y el ex jefe de este organismo represivo, general (R) Manuel Contreras. De acuerdo a anteriores informes de Gendarmería, Espinoza también se ha visto envuelto en riñas con otros ex agentes que cumplen condenas en ese recinto.

Por este enfrentamiento Ferrer Lima fue castigado por Gendarmería, prohibiéndosele las visitas por unos días. Ferrer cumple en ese penal una condena de ocho años de presidio por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, mientras Moren lo hace como autor condenado en varios casos.

 

Suprema absuelve a carabineros (R) por desaparición de militantes PS

27 de Diciembre de 2007

El máximo tribunal aplicó la prescripción y dejó nulas las condenas a 10 años y un día que había dictado en mayo de 2004 el juez Alejandro Solís en contra de seis oficiales de Carabineros acusados del crimen de los hermanos Guido y Héctor Barría Basay.

La sala penal de la Corte Suprema resolvió este jueves aplicar la prescripción en el caso de la desaparición de los hermanos Guido y Héctor Barría Basay, ocurrido tras el golpe militar de 1973 y conocido como el episodio de Río Negro.

Según informó radio Bío Bío, de este modo quedaron absueltos seis ex uniformados que habían sido condenados en mayo de 2004 a una pena de 10 años y un día por el ministro Alejandro Solís.

De acuerdo a la emisora, se trata de un dictamen contradictorio, por cuanto la misma sala, pero con distinta conformación, emitió durante la presente jornada otros fallos en los que se inclinó por aplicar castigos en crímenes catalogados de lesa humanidad.

Los beneficiados por el dictamen son al general (r) José Godoy Barrientos, el coronel (r) Hans Schemberger Valdivia y los oficiales (r) de la policía uniformada Robert Taylor Escobar, Quintiliano Rafael Alvarado y Pedro Soto Godoy.

Los delitos se registraron en la localidad osornina de Río Negro, en la Décima Región de Los Lagos, en octubre de 1973.