Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos se convertirá en instrumento de impunidad

Abogado Boris Paredes:

por  Jorge Molina Sanhueza

El profesional habló con El Mostrador.cl en representación de los querellantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y advirtió que una vez que se dicte la ley que crea el nuevo organismo las víctimas quedarán sin defensa, por lo que ''vamos a tener que confiar en la acuciosidad de algunos ministros y nada más''.

Preocupación y desazón. Ésas son las expresiones que mejor resumen el ánimo que reina en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, luego de que el Senado aprobara la creación del instituto del ramo y una comisión que revisará y heredará los archivos de las comisiones Rettig y Valech.

Este jueves, los profesionales que a diario litigan estos procesos se reunieron para analizar el escenario y nombraron al abogado Boris Paredes, como su vocero.

En entrevista con El Mostrador.cl, el profesional aseguró que la dictación de la ley implicará que los familiares de las víctimas no tendrán defensa judicial, debiendo quedar al arbitrio de algunos ministros que investigan acuciosamente.

¿Cómo recibieron esta noticia?
- Primero que todo, quiero dejar en claro que ésta no es una reinvindicación de carácter laboral. A ninguno de nosotros se nos ha dicho que nos vamos a quedar sin trabajo o algo parecido, sino que es una preocupación por el destino de las causas. Desde ese punto de vista creemos que, o por mala fe o por ignorancia, eso no lo podemos calificar se ha entregado información errónea a la ciudadanía que no pensamos que sea el parecer de la Presidenta.

¿En qué sentido?
-Se ha dicho que no importa que el Programa de Derechos Humanos no se pueda querellar ni sostener acciones penales por las víctimas que son detenidos desaparecidos. Pero resulta que si actuaba en calidad de continuador de la comisión Rettig y si el continuador va a ser este nuevo organismo, el programa va a carecer de todas facultad para seguir haciéndolo.

¿De qué manera califican como abogados esa situación?
- Es grave, por decir lo menos, porque en gran parte de las causas el programa es el único actor real. Y desde ese punto de vista, es nuestra preocupación y se va a convertir en un instrumento de impunidad. Y eso es lo que no queremos. Además, vemos con mucha preocupación que un proyecto que se haya tramitado casi dos años, consensuado, discutido, donde todos los actores opinaron y ¡se cambie en 24 horas por una comisión que salió de la noche a la mañana!

Pero aquí también hay una cuestión de futuro, porque creemos que debe existir un organismo independiente que sostenga las acciones penales en casos de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, cuando haya violencia policial, cuando un fiscal tenga aquiescencia con Carabineros. ¿Quién va a representar al ciudadano? Y ahí aparecerá la paradoja de que vamos a pedir de que no desaparezcan las fiscalías militares porque van a ser los únicos que van a poder poner coto a estas actuaciones desmedidas.

¿Y no basta con la propuesta del ombudsman?
- En este momento, el ombudsman no existe, en este momento a las personas se les deja en el desamparo. Porque este instituto que sale no es más que un centro de estudios. Basta con los que hay, como el de la Universidad Diego Portales, que como órganos independientes lo hacen bastante bien. ¿Entonces para que sirve este instituto? Pues para dejar a los familiares de las víctimas sin defensa legal.

¿Puede ser mejorado en la Cámara de Diputados este proyecto o la Presidenta debiera enviar un veto para esclarecer esta situación?
-Creemos que el proyecto lógico era el original, que salió discutido y consensuado. Insistimos que el nuevo salió de tres personas que dicen ‘somos los sabios’ y aseguran saber cómo debe ser un Instituto de Derechos Humanos. Me van a perdonar, pero ¡ninguno de ellos tiene la experiencia que tienen los abogados que trabajamos en el programa!

¿Qué se hace entonces?, ¿se vuelve al proyecto original?, ¿se anula lo que hay?
- Eso es lo que hay que discutir. Sucede que eso no puede resolverse en 24 horas con una comisión que tiene cero representatividad, porque no representa a los organismos ni a los abogados que, en la práctica, están llevando las causas y vienen a imponer un instituto que no sirve para nada y es más, ¡es un instrumento de impunidad!

¿Se equivocó el Gobierno al presentar este proyecto? - No creo que el Gobierno se haya equivocado. Lo que pasa es que aquí se están diciendo cosas que no son ciertas, como que no se a va afectar en nada la actuación del Programa de Derechos Humanos y eso es falso, por ignorancia o por mala fe, eso no lo calificamos. Lo que sí sabemos es que cuando salga este proyecto al otro día nos van a estar dejando fuera de las causas de derechos humanos.

¿Alguien les ha dicho que ello va a ser así?
- No, pero nosotros conocemos la ley. No basta con que alguien nos diga. Sabemos lo que sucederá. De hecho, los abogados de la contraparte nos han tratado muchas veces de dejar fuera de las causas, porque saben que es el escollo. Y nosotros podemos seguir llevando estos procesos porque tenemos esta calidad y facultades jurídicas esta calidad de continuador va a pasar al instituto se lleva nuestros papeles, documentos, biblioteca, expedientes. O sea, ¿vamos a mirar el techo?

En La Moneda se dice que una cosa no tiene que ver con la otra y que el programa va a seguir tal como antes...
- Insistimos: eso es falso. Porque hay una ley que dice que no tenemos facultades y el instituto tampoco las tiene. Es decir, las causas se quedan sin abogados y vamos a tener que confiar en la acuciosidad de algunos ministros y nada más.

LONDRES 38: LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA

LONDRES 38: LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA

Borrar significa "hacer desaparecer por cualquier medio lo representado". O también, " hacer rayas sobre lo escrito, para que no pueda leerse". Ambas acepciones registradas por el diccionario resultan pertinentes para describir lo sucedido con Londres 38,   donde funcionó uno de los más importantes centros de detención, tortura y exterminio de detenidos políticos y el único, de los que operaron en la Región Metropolitana, que se mantiene intacto.

En este lugar fue donde se dio inicio a la implementación de la desaparición forzada como práctica sistemática del Estado. Entre mayo y septiembre de 1974, un número aún no determinado de personas permaneció detenido y fue sometido a torturas. Desde allí la DINA hizo desaparecer   o ejecutó a 95 personas;  en promedio, un prisionero por día, la mayoría de los cuales eran  militantes del MIR. Esto sucedió en pleno centro de la ciudad, a escasas cuadras del Palacio de la Moneda, de los   Tribunales de Justicia y de las oficinas de los que eran los principales diarios de entonces, los mismos de hoy.

Como una forma de borrar lo sucedido, la dictadura sustituyó la numeración original que designaba al inmueble, por el número 40. Así, las denuncias realizadas comenzaron a apuntar, a partir de ese momento,   a una dirección inexistente. Luego, en 1978, mediante decreto firmado por el propio Augusto Pinochet, la propiedad del recinto fue transferida gratuitamente a un organismo estrechamente vinculado al Ejército, el Instituto O'Higginiano. Esta fue la   primera "borradura".

En el año 2001, el Partido Socialista de Chile renunció a la recuperación del inmueble que hasta septiembre de 1973 le había pertenecido, acogiéndose a los beneficios de la Ley de Bienes Confiscados durante la dictadura y reclamando, a cambio, una indemnización monetaria. Ello, a pesar de que en este recinto también permanecieron secuestrados algunos de sus militantes, y siete de ellos  fueron hechos desaparecer, incluyendo a Joel Huaiquiñir, miembro de su Comité Central. Esta fue la segunda "borradura".  

Así, durante  treinta años, 17 de ellos en democracia,  Londres 38 habría permanecido "borrado" --ocupado por el Instituto O'Higginiano, oculto bajo el número 40 e ignorado por sus primeros propietarios--, de no haber sido por diversos  "emprendimientos de la memoria", llevados a cabo por familiares de las víctimas, sobrevivientes, testigos directos de los hechos y diversas organizaciones sociales. De hecho, fue gracias a la iniciativa, trabajo y movilización de estos grupos - y no a la del Estado-- que se  obtuvo la protección y declaratoria del lugar como Monumento Nacional; se realizó el diseño de una intervención conmemorativa en la calle Londres cuya construcción se iniciará próximamente; se avanzó en la investigación y difusión de su historia, así como también en la elaboración de una propuesta concreta de uso de este espacio, una vez que fuera recuperado por el Estado, la que fue presentada  ante diversas autoridades del actual y anterior gobierno de la Concertación, sin obtener hasta el día de hoy una respuesta.

Como e l significado de un sitio histórico está determinado por el valor que las personas y la sociedad le asignan, y por la existencia de un relato que haga posible la transmisión de las diversas memorias,  propusimos que, una vez desocupado, se diera un uso público al inmueble, abriéndolo a la comunidad e instalando una señalética básica de carácter provisorio que informara a   los visitantes sobre la historia del recinto. Ese ejercicio participativo permitiría recoger las propuestas de quienes quisieran ejercer ese derecho y hacerse parte del debate necesario   para definir cómo representar y transmitir lo que fue el Terrorismo de Estado en Chile, así como las experiencias, memorias y prácticas de quienes lo sufrieron. Hacerlo desde el centro de la ciudad, tal como el propio terror operó, era y es  todo un desafío ya que implica otorgar una nueva visibilidad al lugar, distinta a la mayoría de las intervenciones y monumentos realizados hasta ahora en los cementerios, espacios cerrados o en la periferia de las ciudades.

No obstante, con fecha 14 de agosto, el gobierno ha informado que el Estado recuperará, mediante una permuta, la propiedad del inmueble para convertirlo en las oficinas del aún inexistente e indefinido Instituto de Derechos Humanos sobre el cual el Congreso no termina de pronunciarse. De materializarse, esta decisión significaría la tercera  "borradura" de Londres 38. Guardando las proporciones, es como si Auschwitz, espacio símbolo de los crímenes contra la humanidad, hubiera sido convertido en sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El gobierno ha desperdiciado, una vez más, la oportunidad de contribuir a abrir un debate en torno al uso de este tipo de sitios históricos, ha renunciado a asumir su responsabilidad con una política de largo plazo, y no puramente reactiva, y ha desoído las propuestas y demandas planteadas al disponer una medida que sólo concitará rechazo.

Bajo el incuestionable rótulo de los "derechos humanos", las historias y las memorias relacionadas con este centro de detención, las experiencias de lucha, así como la identidad social y política de las víctimas y protagonistas de esta historia, serán desplazadas de Londres 38, al igual que las personas y agrupaciones  que  con su accionar han hecho visible este recinto, impidiendo que se convirtiera en un lugar en ruinas, un sitio eriazo o un condominio residencial, como ya sucedió con otros importantes centros de detención, tortura y exterminio. Estas consideraciones deberían llevar a las autoridades a revertir esta medida, a lo menos, equivocada,   evitando así  una nueva "borradura" en el espacio público, de una memoria que reclama ser develada, expuesta a la mirada y a la conciencia de todos los hombres y mujeres de nuestro país .

Quienes deseen suscribir esta demanda pueden agregar su nombre a la lista y reenviarlo a sus contactos, con copia al correo:  http://ar.f607.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=[e-mail]

Gloria Elgueta                                      

Erika Hennings

Miguel Angel Rebolledo                      

Margarita Romero

Viera Stein                              

Claudia Marchant

Raimundo Elgueta

Elisa Muñoz

 

 

Ex centro de torturas será sede de Instituto de Derechos Humanos

 Argenpress.info

Un ex centro de torturas de los servicios secretos de la dictadura militar, ubicado en pleno centro de Santiago, se convertirá en sede del Instituto de los Derechos Humanos, anunció hoy la ministra de Bienes Nacionales de Chile, Romy Schmidt. 'Lo importante es que aquí habrá un espacio destinado a la memoria, la historia y el futuro en materia de derechos humanos', señaló Schmidt.

El centro de detención y torturas conocido como Londres 38 fue usado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente por la Central Nacional de Informaciones (CNI), durante el régimen de facto de Augusto Pinochet (1973-1990).

El proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos se tramita actualmente en el Congreso chileno, y forma parte de uno de los compromisos en esta materia de la presidenta Michelle Bachelet, antes de asumir el poder.

La sede cuenta con 453 metros cuadrados de superficie construida y se está barajando su uso como lugar de archivo y documentación de materias relativas a causas de derechos humanos.

El inmueble entregado por el régimen militar a un centro de estudios de ex uniformados fue devuelto al Estado en una gestión de la propia secretaria de Estado. Un informe oficial sobre la tortura durante la dictadura, conocido como Informe Valech, consignó que decenas de miles de chilenos fueron sometidos a detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas por parte de agentes del Estado chileno.

 

Juez indaga caso de peruanos asesinados con gas sarín

PODRÍAN CONSTITUIR VÍCTIMAS CUYA DESAPARICIÓN POR LA DINA NUNCA SE DENUNCIÓ

El ministro Montiglio ordenó a Investigaciones obtener las identidades de dos ciudadanos peruanos asesinados en el cuartel Simón Bolívar. Ex agente dice que uno habría sido chofer del embajador de Perú en Chile en 1976.

Foto: En Simón Bolivar 8630 se ubicaba el cuartel de exterminio de la DINA, uno de los lugares donde se cometieron las peores violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar.

Jorge Escalante

La Nación

En el proceso por calle Conferencia, el ministro Víctor Montiglio se aboca ahora a conocer la identidad de dos ciudadanos peruanos asesinados por agentes de la Brigada Lautaro de la DINA, en el cuartel de exterminio de Simón Bolívar 8630.

Para ello, la semana pasada, el magistrado dio una orden de investigar a los funcionarios de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (Baedh) de la Policía de Investigaciones.

Es una de las últimas diligencias que al juez le quedan pendientes en esta segunda fase de la investigación en la causa Conferencia iniciada en enero de este año, a partir de las revelaciones hechas a la Baedh por el ex agente Jorgelino Vergara Bravo el 19 de ese mes.

Ello permitió detectar la existencia de la Brigada Lautaro y el Grupo Delfín, la primera integrada por decenas de agentes y el segundo por un grupo de elite más reducido, todos los cuales permanecían hasta ahora intocables y en el más absoluto anonimato.

Sin embargo fueron quienes cometieron algunos de los crímenes más horrendos para exterminar a la dirigencia clandestina del Partido Comunista en 1976.

Según sus propias declaraciones judiciales, Jorgelino Vergara llegó en 1974 a la edad de 15 años a trabajar como mozo a la casa del jefe de la DINA Manuel Contreras, quien tenía entonces el grado de coronel.

Dos años después Contreras lo integró a la DINA y pasó a depender de la Brigada Lautaro al mando del entonces capitán y pronto ascendido a mayor de Ejército Juan Morales Salgado.

Es Vergara, y el ex agente de la misma brigada, suboficial (R) de Ejército Eduardo Oyarce Riquelme, quienes relatan en el proceso como testigos presenciales la muerte de los dos ciudadanos peruanos, por efectos del gas sarín que el agente Michael Townley les aplicó en el cuartel de Simón Bolívar.

En el marco del llamado Proyecto Andrea, Townley fue uno de los fabricantes del gas nervioso en Chile, junto al químico de la DINA Eugenio Berríos, asesinado en 1993 en Uruguay por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

El enigma peruano

El caso de los dos peruanos cuyos nombres serían -según los ex agentes- “Juan Pablo y Rafael” y que permanecieron varios días en ese cuartel antes de ser eliminados tiene algunas aristas hasta ahora no aclaradas.

Ninguno de ellos dice por qué fueron detenidos y llevados hasta Simón Bolívar. Pero Vergara sostiene que en 1976 fueron arrestados “por el capitán Morales Salgado junto a otros dos agentes cuyos nombres no recuerdo, que llegaron con ellos al cuartel como a las 21 horas cuando me encontraba de guardia”.

El ex mozo de Contreras afirmó en el proceso que “los traían en su vehículo particular (de Morales) marca Toyota, modelo Celica de color azul”.

Pero Oyarce Riquelme aporta un antecedente que podría ser relevante para la investigación. Dice procesalmente que “recuerdo que del nombrado Juan Pablo tuve conocimiento que era la pareja del embajador de Perú en Chile (entonces Juan Carlos Mariátegui, ya fallecido) y actuaba como chofer de este diplomático. Fue el mismo Juan Pablo quien nos relató esto en conversaciones que sostuvimos, ya que éste permaneció varios días detenido al igual que el otro”.

Aunque respecto del “otro” ciudadano que llegó detenido con “Juan Pablo”, Morales piensa que podría haber sido “boliviano”, no así Vergara Bravo, quien afirma judicialmente sin dudar que ambos eran “de nacionalidad peruana”.

Cuando LND publicó el 1 de abril de 2007 las revelaciones de Jorgelino Vergara y el caso de los peruanos (entre una serie de artículos publicados esos días en que se relataron los sucesos del cuartel Simón Bolívar y el destino final de la dirigencia comunista en 1976), se consultó a la embajada del Perú por estos dos peruanos.

Pero allí manifestaron no tener información ni archivos de esa época y que se desconocía lo que se les relató.

También se habló con la esposa del ex embajador Mariátegui, quien no quiso hablar del asunto.

SUS CUERPOS HABRÍAN SIDO ARROJADOS AL INTERIOR DE UNA MINA En sus declaraciones procesales, Jorgelino Vergara manifestó que a los cuerpos de los dos peruanos se les hizo “el mismo procedimiento” que a aquellos de los dirigentes comunistas exterminados en el cuartel de Simón Bolívar, arrojados algunos al mar amarrados a un trozo de riel, y otros lanzados al interior de una mina abandonada en Cuesta Barriga, al poniente de Santiago. Vergara afirma que en el caso de los peruanos, “presumo” que su destino final fue la mina. Los registros oficiales de las víctimas de la dictadura en Chile (Informe Rettig y su versión ampliada de 1996) no contemplan la desaparición de ciudadanos peruanos de esa época. Por ello la investigación de este caso podría aportar dos nuevas víctimas extranjeras cuya desaparición nunca fue denunciada, ni por instancias chilenas, ni por la autoridad del Perú. En fuentes vinculadas a la investigación se maneja la hipótesis de que, de ser efectivo lo que cuentan los ex agentes sobre una relación homosexual entre “Juan Pablo” y el embajador Mariátegui, podría constituir un motivo por el cual la representación peruana en Chile no habría denunciado la desaparición de estas personas. No obstante hasta la fecha tampoco se conoce alguna denuncia de sus familiares.

 

 

Comienza el cierre del Penal Cordillera

La polémica por las condiciones de detención de los violadores a los derechos humanos fue uno de los elementos que primó a la hora de que las autoridades de Justicia determinaran enviar reos sólo a Punta Peuco.

www.lanacion.cl

El director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez, informó que el Penal Cordillera dejará de recibir a condenados por violaciones a los derechos humanos.

La medida busca potenciar el penal Punta Peuco y al mismo tiempo terminar con las críticas por las favorables condiciones con que cuentan los reclusos en el centro de Peñalolén.

Jiménez se reunió hoy con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y antes –el viernes pasado- ambas autoridades habían abordado el tema con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia.

Jiménez indicó que se evaluará "de manera detallada y global" del otrora cuartel de Telecomunicaciones lo que sería comunicado por el Ministerio de Justicia a fines de ese mes.

En la actualidad ocho ex uniformados permanecen en el Penal Cordillera entre ellos el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras.

El general (r) Raúl Iturriaga Neumann fue uno de los últimos nuevos huéspedes del recinto, donde permaneció apenas unas horas y fue trasladado luego a Punta Peuco donde cumple su condena.

 

Ejército deja de financiar defensas de militares (R) en causas de DDHH

Así lo confirmó a La Nación una alta fuente castrense

Distintos sectores de la sociedad han objetado que la institución se involucre en el financiamiento de los procesados. La institución castrense busca ahora una “solución alternativa” porque varios de sus hombres activos quieren seguir ayudando a sus ex camaradas de armas.

Foto: Alrededor de 400 uniformados (R) se encuentran procesados por causas de derechos humanos. Ocho de ellos, los de más alta graduación y de mayor importancia permanecen en el Penal Cordillera (en la foto). Foto: Mario Ruiz.

Jorge Escalante

La Nación

El Ejército resolvió terminar con el financiamiento de los abogados que defienden a militares (R) involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura.

La información fue confirmada ayer a la Nación por una alta fuente militar, quien manifestó que “es una decisión definitiva, se puso fin a esa ayuda a través de la institución”.

El comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, había anunciado hace unas semanas que se estaba “estudiando” la situación para ver qué se resolvía. La alta fuente insistió en que “esto es definitivo, la decisión del Ejército ya está tomada”.

Aunque agregó que “se está buscando una solución alternativa, porque hay gente activa que quiere seguir haciendo su aporte voluntario para ayudar a sus camaradas de armas que están en problemas, pero ya no se hará más a través de la institución”.

Cerca de 400 procesados

La solución alternativa consistiría en crear una corporación o fundación formada por personas ajenas a la rama castrense, a través de la cual se canalice el dinero que el personal en servicio activo quiera seguir aportando voluntariamente para financiar las defensas de los alrededor de 400 militares (R) procesados.

De acuerdo a la información aportada, el fin de esta ayuda económica a través de los conductos regulares del Ejército se hará efectiva apenas esté lista la alternativa mencionada. “No se sabe si esto ocurrirá durante agosto o septiembre” dijo la fuente.

La ayuda monetaria para costear a los abogados que defienden a los militares (R) en los juicios que se instruyen se comenzó a canalizar a través de descuentos por planillas alrededor del año 2000.

El Ejército siempre afirmó que se trata de aportes voluntarios, a pesar de que los detractores de esta ayuda afirman que son obligatorios. Hasta ahora ese punto no ha sido aclarado completamente.

En el último tiempo aumentaron las críticas a que el Ejército se involucre como institución en el financiamiento de las defensas de los suboficiales y oficiales retirados en conflicto con la justicia.

Reclamo de Espinoza

Quien ya reclamó por la decisión del Ejército de terminar con esta ayuda económica, fue el ex segundo hombre de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo.

En una carta dirigida “a los medios de comunicación”, Espinoza dijo que “a través de ésta, deseo agradecer a todos los integrantes del Ejército que, voluntariamente, hasta la fecha contribuyeron a través de una erogación para poder contar con la asistencia jurídica de un profesional, también muy abnegado”.

A continuación, Espinoza criticó la medida manifestado que “sin embargo, pudo más el odio, la venganza y la deslealtad, sobre la solidaridad, el reconocimiento y el agradecimiento, propio de la llamada familia militar”. La carta termina con un “solicito la divulgación de esta nota, para conocimiento del personal del Ejército”. LN

El contralmirante “pagador” de la Galería España El ex auditor de la Armada, contralmirante (R) Jorge Beytía, es desde de 2000 el hombre que, mensualmente, recibe el dinero que el Ejército aporta para pagar a los abogados que defienden a sus hombres en conflicto con la justicia. En la oficina 618 del edificio de la Galería España, recibe, en billetes, “los seis o siete millones”, en total según él, para pagar a cada uno de los abogados. “Este dinero me llega desde el CAE (Comando de Apoyo Administrativo del Ejército)”, dijo a LND en octubre de 2002. “Se me pidió una colaboración, porque yo soy el abogado del general Hugo Salas Wenzel en el caso Operación Albania”, contó entonces. El juez Sergio Muñoz investigó esta operación-pago cuando instruía el proceso del crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, porque Beytía también “coordinaba las defensas” de los militares (R) procesados, según los propios dichos del ex auditor de la Armada. Fue el entonces secretario coordinador de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Víctor Lizárraga, quien buscó a Beytía para que asumiera como “pagador” y “coordinador” de las defensas de los suboficiales y oficiales (R) requeridos por los jueces. Así lo declaró en junio de 2002 al juez Muñoz. “Y yo dije que no tenía inconveniente”, dijo Beytía en la entrevista. La función de Beytía, que ha permanecido en el tiempo, ha sido una suerte de “asesoría externa”, como él mismo lo definió. Como sea, es allí donde “llegan los sobres con el dinero en efectivo, con el nombre de cada abogado a quien va destinada la plata”, contó el contralmirante (R).

 

 

La familia del ex presidente Frei Montalva espera esclarecer su muerte

 Foto: Eduardo Frei Montalva falleció en circunstancias extrañas en 1982 en una clínica de Santiago de Chile.

www.argenpress.info

La muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva, ocurrida en circunstancias extrañas en 1982 en una clínica de Santiago, podría ser aclarada tras las últimas diligencias del Juez Alejandro Madrid relacionadas con el asesinato de un agente de la policía política del régimen militar.

'Entramos definitivamente en una recta final de la investigación', indicó la ex senadora e hija del fallecido mandatario, Carmen Frei, quien se mostró satisfecha con el trabajo 'muy acucioso' del magistrado, al tiempo que cuestionó el papel de las autoridades de Estados Unidos en las indagaciones.

'Cuando se mandaron muestras de mi papá a Estados Unidos, los resultados se demoraron mucho tiempo, incluso creo que todavía no han llegado los informes, han dilatado la situación durante mucho tiempo', indicó, y agregó que podría tratarse de algún ocultamiento de los hechos.

Tanto el presidente del Senado y ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle como su hermana han reiterado durante muchos años que hay presunciones fundadas de que su padre fue otra víctima de la dictadura militar.

Esta semana, el juez Madrid sometió a proceso al ex auditor del Ejército, general Fernando Torres Silva y al coronel Enrique Ibarra por la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. Además, encausó a cuatro médicos por el crimen de un agente del mismo organismo que falleció por gas sarín en la clínica London.

Uno de los facultativos estaba en la Clínica Santa María en 1982, cuando murió el ex presidente Frei, que dirigió el país entre 1964 y 1970.

Frei Montalba había ingresado en noviembre de ese año en la clínica Santa María para una operación quirúrgica simple de una hernia hiatal, la cual se realizó normalmente sin ninguna consecuencia posterior, pero hubo que internarlo nuevamente en diciembre para una nueva intervención, que le provocó la muerte al parecer por envenenamiento.

La ex legisladora aseguró que en el caso de la muerte de su padre 'hay más personas' involucradas 'que el juez va a ir desvelándolas en el proceso'.

'Creo que estamos cada día más cerca, ya sabemos que fue gas mostaza, sabemos de estos médicos que estaban en la Clínica Santa María, que entraban diariamente a la pieza de mi papá sin que nosotros supiéramos, sin dejar nunca en la ficha clínica que entraban y lo examinaban', destacó.

Por otro lado, en un acto celebrado este jueves en ocasión de los 50 años de la Democracia Cristiana en donde se rindió homenaje al ex presidente Eduardo Frei Montalva, la senadora y presidenta de ese partido, Soledad Alvear, aprovechó para referirse al que fue, según ella, el asesinato 'más horroroso' del régimen militar.

En ese sentido, destacó los procesos dictados por el juez Alejandro Madrid contra cuatro médicos y otras nueve personas por el crimen del ex agente de la policía Manuel Leyton, ocurrido en 1977 en la llamada clínica London, cuyo caso es vinculado a la muerte de Frei Montalva.

'El día de ayer hemos tenido un adelanto de lo que efectivamente puede ser el fallo del juez, yo creo que todos estamos conscientes en nuestro país de los horrores de la dictadura y qué importante es a la luz de estos horrores seguir trabajando en nuestro país para el 'Nunca Más' de las violaciones a los derechos humanos', apuntó Alvear.

La familia Frei tiene la convicción de que hubo intervención de terceras personas en la muerte del ex mandatario, quien en esa época era el máximo dirigente de la Democracia Cristiana y el más connotado líder de la oposición al régimen militar de Augusto Pinochet.

En este caso se registraron múltiples irregularidades respecto al fallecimiento del entonces líder de la Democracia Cristiana, como que la familia no sabía que le habían hecho una autopsia, la cual estuvo perdida durante 20 años, y que se había cambiado el féretro, puesto que lo sepultaron en uno de madera y el que está en el mausoleo en el cementerio de Santiago es metálico.

Eduardo y Carmen Frei han planteado de manera reiterada que el 'Ejército oculta algo' y han pedido a la Comandancia de esta institución que cumpla su promesa de colaborar con la justicia y ordenar a quienes tienen antecedentes que los entreguen al juez que lleva la causa.

Condenan a ex oficiales FACH por torturas en Academia de Guerra Aérea

Enviado por: Pedro Alejandro Matta [e-mail]

EFE

El juez Juan Eduardo Fuentes Belmar condenó a dos ex oficiales de la Fuerza Aérea de Chile por el delito de torturas en contra de 17 opositores a la dictadura en la Academia de Guerra Aérea (AGA).

Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jonquera deberán cumplir 541 días de reclusión nocturna por el delito de tormentos o rigor innecesario que causó lesiones graves, aunque al segundo ex uniformado se le concedió el beneficio de la remisión condicional.

El dictamen ordenó, además, a Cevallos Jones a pagar una indemnización de 10 millones de pesos (19.230 dólares) a cada una de las víctimas por el daño moral y se desestimó la acción judicial emprendida en contra del Fisco por la responsabilidad del Estado chileno en los delitos.

Esta es la primera vez que la justicia chilena dicta una condena por el delito de tortura cometido en un recinto de la FACH.