Juez indaga caso de peruanos asesinados con gas sarín

PODRÍAN CONSTITUIR VÍCTIMAS CUYA DESAPARICIÓN POR LA DINA NUNCA SE DENUNCIÓ

El ministro Montiglio ordenó a Investigaciones obtener las identidades de dos ciudadanos peruanos asesinados en el cuartel Simón Bolívar. Ex agente dice que uno habría sido chofer del embajador de Perú en Chile en 1976.

Foto: En Simón Bolivar 8630 se ubicaba el cuartel de exterminio de la DINA, uno de los lugares donde se cometieron las peores violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar.

Jorge Escalante

La Nación

En el proceso por calle Conferencia, el ministro Víctor Montiglio se aboca ahora a conocer la identidad de dos ciudadanos peruanos asesinados por agentes de la Brigada Lautaro de la DINA, en el cuartel de exterminio de Simón Bolívar 8630.

Para ello, la semana pasada, el magistrado dio una orden de investigar a los funcionarios de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (Baedh) de la Policía de Investigaciones.

Es una de las últimas diligencias que al juez le quedan pendientes en esta segunda fase de la investigación en la causa Conferencia iniciada en enero de este año, a partir de las revelaciones hechas a la Baedh por el ex agente Jorgelino Vergara Bravo el 19 de ese mes.

Ello permitió detectar la existencia de la Brigada Lautaro y el Grupo Delfín, la primera integrada por decenas de agentes y el segundo por un grupo de elite más reducido, todos los cuales permanecían hasta ahora intocables y en el más absoluto anonimato.

Sin embargo fueron quienes cometieron algunos de los crímenes más horrendos para exterminar a la dirigencia clandestina del Partido Comunista en 1976.

Según sus propias declaraciones judiciales, Jorgelino Vergara llegó en 1974 a la edad de 15 años a trabajar como mozo a la casa del jefe de la DINA Manuel Contreras, quien tenía entonces el grado de coronel.

Dos años después Contreras lo integró a la DINA y pasó a depender de la Brigada Lautaro al mando del entonces capitán y pronto ascendido a mayor de Ejército Juan Morales Salgado.

Es Vergara, y el ex agente de la misma brigada, suboficial (R) de Ejército Eduardo Oyarce Riquelme, quienes relatan en el proceso como testigos presenciales la muerte de los dos ciudadanos peruanos, por efectos del gas sarín que el agente Michael Townley les aplicó en el cuartel de Simón Bolívar.

En el marco del llamado Proyecto Andrea, Townley fue uno de los fabricantes del gas nervioso en Chile, junto al químico de la DINA Eugenio Berríos, asesinado en 1993 en Uruguay por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

El enigma peruano

El caso de los dos peruanos cuyos nombres serían -según los ex agentes- “Juan Pablo y Rafael” y que permanecieron varios días en ese cuartel antes de ser eliminados tiene algunas aristas hasta ahora no aclaradas.

Ninguno de ellos dice por qué fueron detenidos y llevados hasta Simón Bolívar. Pero Vergara sostiene que en 1976 fueron arrestados “por el capitán Morales Salgado junto a otros dos agentes cuyos nombres no recuerdo, que llegaron con ellos al cuartel como a las 21 horas cuando me encontraba de guardia”.

El ex mozo de Contreras afirmó en el proceso que “los traían en su vehículo particular (de Morales) marca Toyota, modelo Celica de color azul”.

Pero Oyarce Riquelme aporta un antecedente que podría ser relevante para la investigación. Dice procesalmente que “recuerdo que del nombrado Juan Pablo tuve conocimiento que era la pareja del embajador de Perú en Chile (entonces Juan Carlos Mariátegui, ya fallecido) y actuaba como chofer de este diplomático. Fue el mismo Juan Pablo quien nos relató esto en conversaciones que sostuvimos, ya que éste permaneció varios días detenido al igual que el otro”.

Aunque respecto del “otro” ciudadano que llegó detenido con “Juan Pablo”, Morales piensa que podría haber sido “boliviano”, no así Vergara Bravo, quien afirma judicialmente sin dudar que ambos eran “de nacionalidad peruana”.

Cuando LND publicó el 1 de abril de 2007 las revelaciones de Jorgelino Vergara y el caso de los peruanos (entre una serie de artículos publicados esos días en que se relataron los sucesos del cuartel Simón Bolívar y el destino final de la dirigencia comunista en 1976), se consultó a la embajada del Perú por estos dos peruanos.

Pero allí manifestaron no tener información ni archivos de esa época y que se desconocía lo que se les relató.

También se habló con la esposa del ex embajador Mariátegui, quien no quiso hablar del asunto.

SUS CUERPOS HABRÍAN SIDO ARROJADOS AL INTERIOR DE UNA MINA En sus declaraciones procesales, Jorgelino Vergara manifestó que a los cuerpos de los dos peruanos se les hizo “el mismo procedimiento” que a aquellos de los dirigentes comunistas exterminados en el cuartel de Simón Bolívar, arrojados algunos al mar amarrados a un trozo de riel, y otros lanzados al interior de una mina abandonada en Cuesta Barriga, al poniente de Santiago. Vergara afirma que en el caso de los peruanos, “presumo” que su destino final fue la mina. Los registros oficiales de las víctimas de la dictadura en Chile (Informe Rettig y su versión ampliada de 1996) no contemplan la desaparición de ciudadanos peruanos de esa época. Por ello la investigación de este caso podría aportar dos nuevas víctimas extranjeras cuya desaparición nunca fue denunciada, ni por instancias chilenas, ni por la autoridad del Perú. En fuentes vinculadas a la investigación se maneja la hipótesis de que, de ser efectivo lo que cuentan los ex agentes sobre una relación homosexual entre “Juan Pablo” y el embajador Mariátegui, podría constituir un motivo por el cual la representación peruana en Chile no habría denunciado la desaparición de estas personas. No obstante hasta la fecha tampoco se conoce alguna denuncia de sus familiares.