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Derechos Humanos

Golpe militar, el gran hito de santiaguinos

Golpe militar, el gran hito de santiaguinos

SEGÚN ESTUDIO 

Diario Llanquihue online

 El golpe de Estado de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende es el hito más importante de los últimos 50 años para los santiaguinos, concluyó un estudio elaborado por la encuestadora Feedback en 400 hogares del Gran Santiago.

El estudio Marca Ciudad, que aborda las principales características de la capital y sus habitantes, consideró la infraestructura, oportunidades de desarrollo de proyectos de vida y las relaciones de los santiaguinos con la ciudad.

Frente a la pregunta "En los últimos 50 años, a su juicio, ¿cuál de los siguientes acontecimientos diría usted que ha impactado más a los habitantes de la ciudad de Santiago?", un 46,4% mencionó el golpe militar, seguido de lejos por la visita del Papa Juan Pablo II en 1987 (31,5%).

Siguen el terremoto de 1985 (8,9%), la muerte de Augusto Pinochet (6,8%), el Mundial de Fútbol de 1962 (2,7%) y las fotos del desnudo masivo del fotógrafo Spencer Tunick en 2002 (2%).

 

El último prófugo de la CNI

El último prófugo de la CNI

Por Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo 

EL EX CARABINERO IVÁN QUIROZ ESCAPÓ HACE TRES SEMANAS

Huye solo, está armado y no quiere cumplir su condena de 10 años de cárcel por los asesinatos de la Operación Albania. Investigaciones le sigue el rastro, pero saben que es un hombre con experiencia y, a diferencia de Raúl Iturriaga, no está dispuesto a entregarse pacíficamente.

Foto: Quiroz, al igual que algunos oficiales de menor rango que durante la dictadura estuvieron a cargo de las acciones más sangrientas de la CNI, está molesto con los mandos superiores. Se siente abandonado y cree que no se ha reconocido que actuó siguiendo órdenes.

 Uno fue militar, el otro carabinero; uno tiene ahora 70 años, el otro 50; uno es padre de familia, el otro no tiene hijos; uno fue de la DINA, el otro de la CNI; uno llegó a ser general, el otro se fue a retiro como coronel; el militar nunca apretó el gatillo; el carabinero, sí.

Pese a ello, hay algo que une al general (R) de Ejército Raúl Iturriaga Neumann y al coronel (R) de Carabineros Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz. El primero estuvo 54 días prófugo, antes de ser capturado y llevado a una prisión para cumplir condena por violaciones de derechos humanos. Quiroz, en tanto, lleva 23 días evadiendo la justicia, porque no quiere cumplir la sentencia de 10 años de cárcel por los homicidios de la tristemente recordada Operación Albania, el operativo con que la CNI liquidó a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987.

Quiroz está armado y tomó la decisión de no entregarse en caso de que lo capturen. Además, está furioso, pues afirma que es uno de los agentes represivos que se "ensució las manos con sangre", cuando Álvaro Corbalán, jefe operativo de la CNI, roncaba en la institución. Además de la llamada "matanza de Corpus Christi", también pende sobre él otra condena de 13 años de cárcel a punto de hacerse efectiva por los asesinatos del periodista José Carrasco y otros tres militantes de izquierda: Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskatblit.

Tras la fuga de Quiroz, Investigaciones ha desarrollado un complejo operativo para dar con su paradero. Sin embargo, su huida no fue una sorpresa, porque antes que las condenas se hicieran efectivas, y con el recuerdo fresco de la aventura de Iturriaga, se comentaba en círculos castrenses respecto a quiénes no estaban dispuestos a entregarse a la justicia. Y de todos los condenados por Albania, las sospechas siempre se inclinaron por Quiroz. Ni siquiera el ex uniformado de mayor rango condenado, el general (R) Hugo Salas, tuvo amagos de rebeldía. Pese a ello, la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la policía civil tenía localizados a todos los agentes de la CNI, menos al ex oficial de Carabineros.

El CERCO

El trabajo no ha sido fácil. Quienes conocen a Quiroz saben que tiene una amplia experiencia en las calles. También juega a su favor su minúsculo círculo familiar directo: no tiene hijos ni una pareja estable. Además, ha sido bastante más hábil que Iturriaga, quien cometió bastantes errores en su huida. Hasta donde se sabe, Quiroz no ha tenido ningún contacto ni directo ni por e-mail o teléfono con sus parientes. Tampoco existen movimientos bancarios ni uso de tarjetas, y ni siquiera registra un teléfono celular a su nombre, aunque no se descarta que esté usando el de algún cercano, el mismo que podría estar asistiéndolo económica y logísticamente.

Desde antes de su fuga, los detectives han vigilado los lugares que frecuentaba habitualmente y en otros donde se le vio en forma esporádica. Durante todo este tiempo, además, el ministro a cargo de los casos contra los ex agentes de la CNI, Mario Carroza, se ha reunido con los detectives a cargo de la captura de Quiroz. El magistrado señala que está conforme con las acciones, ya que el equipo de búsqueda, a cargo del subprefecto Mario Zelada, es el mismo que ha investigado por varios años casos como Albania, el crimen de José Carrasco y el de los cinco frentistas desaparecidos en 1987. "Son los policías que más conocen a Quiroz, su historia y su perfil", aseguró Carroza.

Pese a que a comienzos de semana trascendió que se había perdido todo rastro del prófugo, la policía maneja al menos tres hipótesis para su ubicación, una de ellas que no es posible revelar es la más poderosa. Además, y aunque la posibilidad de que Quiroz haya salido del país estaba prácticamente descartada, el juez dictó una alerta de captura internacional, por si el revuelo que ha causado su escape en la prensa pudo haberlo impulsado a buscar impunidad al otro lado de la frontera.

EL PROTEGIDO

Quiroz, al igual que algunos oficiales de menor rango que durante la dictadura estuvieron a cargo de las acciones más sangrientas de la CNI, está molesto con los mandos superiores. Se siente abandonado y cree que no se ha reconocido que actuó siguiendo órdenes. Por lo mismo, se indignó tanto cuando en 1995, y mientras ostentaba el grado de coronel, su carrera fue truncada abruptamente por el alto mando de Carabineros. Dicha acción se enmarcó en una especie de "limpieza" que la institución hizo de todos aquellos cuadros involucrados en violaciones de los derechos humanos, y que pudieran ser objeto de procesos judiciales.

Iván Quiroz Ruiz llegó a la CNI en 1983, y su carrera allí pronto fue en ascenso. Era camarada de armas del agente Francisco Zuñiga ("Gorka") y lugarteniente de Álvaro Corbalán. La investigación por la Operación Albania estableció que el nombre operativo o chapa de Quiroz en el organismo era "Capitán Velasco", y todos los subalternos lo sindicaron como el segundo hombre, tanto en aquel operativo como en el que terminó con la vida de José Carrasco y los otros militantes de izquierda.

Mientras estuvo en el organismo, Carabineros eliminó a Quiroz de sus registros. Pero una vez disuelta la CNI, en 1990, fue reincorporado a la Dirección de Bienestar de la institución. Cuando apenas habían pasado unos meses desde el retorno a la democracia, el Presidente Patricio Aylwin lo condecoró con la Medalla Misión Cumplida, por sus servicios durante las elecciones. Cuando el ministro Hugo Dolmestch tomó el caso Albania, en 1998, y logró aclarar la participación de los agentes y sus verdaderas identidades, Quiroz fue el primero en declarar ante el juez. Y cuando el magistrado dictó el primer procesamiento, el 27 de julio de ese año, el oficial de Carabineros estaba incluido en la decisión. Pero Quiroz no se presentó y se declaró en rebeldía.

El ministro Dolmestch, entonces, le dio un plazo de 30 días para presentarse antes de pedir su captura. Cuando iban 28 días, el policía apareció voluntariamente en el edificio Norambuena de Carabineros.

Un compañero de armas lo recuerda como un tipo introvertido, casi carente de carácter. "Pero cuando llegó a la CNI supo cómo lidiar con eso. Entendió que ahí la violencia y la brutalidad eran factores bien ponderados y comenzó a mostrar cuán cruel podía ser con los detenidos. Así se fue volviendo cada vez más hosco, pero se ganó la simpatía de Álvaro Corbalán".

Con él salía a parrandear en aquellas noches de toque de queda que tanto le gustaban al sanguinario jefe operativo de la CNI. "Cuando Corbalán tocaba guitarra en algún cabaret, o contaba un chiste en un bar, siempre tenía el aplauso seguro de Quiroz, que intentaba darle en el gusto en todo", cuenta un ex agente, recordando que, en ese entonces, se calculaba que entre ambos podían gastar hasta 20 millones de pesos al mes con sus juergas.

Otro efectivo que sirvió en el Cuartel Borgoño recuerda otro factor que tampoco jugaba a favor de la imagen de Quiroz: la mayoría de los agentes operativos del cuartel pertenecían al Ejército. "En un momento se le comenzó a asociar con la imagen del chupamedias. Aunque pasaba a su lado, nadie lo escuchó jamás rebatirle una opinión. Siempre estaba dispuesto y, aunque dicen que hablaba bastante en privado con Corbalán, nunca hacía comentarios en público sobre algún tema que se estuviera discutiendo", añade.

El ex agente señala otra razón que pudo impulsar a Quiroz hacia la cúpula de la CNI: antes del golpe de Estado, él y varios de sus familiares habían sido militantes activos de Patria y Libertad, movimiento al que también adscribía Corbalán.

Sin embargo, la vida personal de Quiroz muestra una cara bastante menos festiva. Es infértil, y quienes lo conocen recuerdan que dicha condición le trajo más de un problema. "Una de sus mujeres intentó meterle un hijo. Ella no sabía que Quiroz no podía ser padre, así que insistió e insistió aunque él aseguraba que era imposible. Al final llegaron a tribunales y él, por razones obvias, ganó".

Los detectives que lo persiguen lo conocen. Estos antecedentes, más su historia, les han permitido elaborar un perfil sicológico que podría acercarlos al lugar donde se esconde. Por ahora, la misión se cumple en silencio, porque se estima que la determinación de Quiroz de no entregarse y resistir por la fuerza un arresto es mayor a la que tenía Iturriaga, quien, pese a sus bravuconadas, fue apresado cuando estaba en pijama y ni siquiera intentó oponerse a su arresto. LND

Operación Albania

La Operación Albania fue una acción ejecutada por la CNI en contra de la plana mayor del FPMR, como respuesta al atentado que casi costó la vida a Augusto Pinochet en 1987. En total, 12 frentistas fueron ejecutados en distintos lugares de Santiago. En 2005, el juez Hugo Dolmetsch dictó condenas de cadena perpetua para el director de la CNI, Hugo Salas Wenzel; de 15 años para Álvaro Corbalán, y de 10 años para Iván Quiroz. El 28 de agosto pasado, la Corte Suprema confirmó las sentencias para Salas y Quiroz, y aumentó a 20 la que pesaba sobre Corbalán.


 

El descriteriado

Según consta en el proceso por la Operación Albania, la obcecación de Quiroz por disfrazar como “enfrentamientos” los asesinatos que la CNI cometió en Corpus Christi llegó a tal punto que incluso trató de eliminar a uno de sus subalternos. “En el enfrentamiento de calle Varas Menas 417, él quería matar a uno de los suyos con su pistola HK con silenciador, para darle mayor veracidad a la acción”, recuerda una fuente ligada al caso.

La espeluznante idea de Quiroz fue denunciada por un agente de la unidad y, si bien no se logró acreditar su verdadera intención, actitudes así hicieron que sus camaradas fueran perdiendo su confianza en él.

Álvaro Corbalán, sin embargo, le seguía creyendo. De hecho, según el testimonio de los agentes CNI del Cuartel Borgoño, Quiroz fue el único que intervino en dos asesinatos esa noche, algo que fue celebrado por su jefe operativo. “Esa noche estaba sumamente excitado. Entraba y salía una y otra vez del cuartel, contándole a todos cómo habían eliminado a los frentistas”, recuerda un agente.

 

 

Asesinato político en democracia

Enviado por  Pedro AlejandroMata p.matta@vtr.net 
15 de Octubre de 2007

Por  José Miguel Varas

Este 15 de octubre se cumplen quince años del asesinato impune de René Largo Farías. Quince años de investigaciones policiales y judiciales sólo han producido nubes de humo, una acumulación de expedientes estériles. Ningún avance hacia el esclarecimiento de la verdad y la identificación de los hechores. Hubo un solo inculpado, hoy condenado a 10 años de prisión. No ha sido detenido, ni siquiera ha sido notificado de la sentencia.

Al azar, en la ventanilla de un banco, en un consultorio médico, en una farmacia o en una librería, cuando Iris, la hermana de René, escribe o menciona sus apellidos, surge casi siempre la evocación de aquel hombre obstinado en la difusión de la canción popular chilena y en el sueño de que Chile fuera capaz de reír y cantar. Son muchos los que recuerdan su voz, sus programas radiales, sus peñas. Y luego, la reflexión y las preguntas: “Es increíble que todavía no se sepa quiénes lo mataron… ¿Por qué no se aclara este crimen? ¡Cómo lo han tapado! Ahora que se van sabiendo tantos casos, ¿por qué no dicen quién mató a Largo Farías?”

Algunos lo dicen claramente, otros lo insinúan. En un amplio sector de opinión existe la convencimiento de que éste fue un asesinato político, similar por sus características y por sus autores, a muchos cometidos bajo la dictadura. La misma convicción ha ido cristalizando entre periodistas de diversos medios de comunicación que han seguido el caso y entre abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Desde el primer momento, surgieron elementos que indicaban el propósito de encubrir la acción de agentes del Estado. La versión de Carabineros indica que en las primeras horas del domingo 11 de octubre de 1992 fue encontrado en la Avenida Lo Cañas de La Florida un hombre en estado agónico. Como “NN” fue ingresado al Servicio de Urgencia del Hospital Sótero del Río. Sólo fue idenificado 48 horas más tarde. Su muerte se produjo después de cuatro días de agonía, el 15 de octubre. Había sido ferozmente golpeado en el cráneo con una porra, un laque u otro objeto contundente. Su cuerpo mostraba señales de violencia, entre otras, varias costillas quebradas.

El mismo día de su muerte, con sorprendente celeridad, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros dijo que el caso estaba “aclarado”. El entonces General Director Rodolfo Stange dijo que la investigación había llegado a un “¡feliz término!”. La primera versión policial fue que había sido agredido por un grupo de delincuentes. Después se atribuyó el homicidio a un solo individuo, Luis Bahamondes Allende, y se afirmó que, al ser interrogado por Carabineros éste había confesado, en una declaración firmada, ser el autor del crimen.

En la cárcel, Bahamondes afirmó que fue torturado por los policías y que no pudo leer el texto de la confesión que se le atribuye porque es analfabeto.

Hasta hoy no se han aclarado las versiones contradictorias de Carabineros respecto del lugar donde fue encontrado el cuerpo, sobre qué vehículo fue empleado y sobre qué miembros del cuerpo participaron. Nunca se explicó la desaparición en la comisaría respectiva de La Florida, de una hoja del libro de control del movimiento de vehículos, correspondiente a la noche del 11 al 12 de octubre.

Cuando familiares del folclorista lograron más tarde entrevistarse con el general Fernando Cordero, quien había pasado a ser el jefe de la institución policial, éste prometió un sumario interno para esclarecer los hechos. Se sostuvo más tarde que el sumario fue realizado, pero nunca se conocieron sus resultados. En la Comisaría de La Florida que tuvo directa relación con el caso prácticamente todo el personal fue llamado a retiro o destinado a otras unidades. Algunos renunciaron. Ninguno fue interrogado.

La lista de las anomalías del proceso es larga. Debería ser materia de una amplia investigación periodística. En esta nota, sólo quiero proponer alguna reflexión.

La desaparición violenta de René Largo Farías no fue, a juicio de su familia, de sus amigos y de numerosos folcloristas, un hecho policial fortuito. Y esta presunción aparece confirmada por las irregularidades del proceso, ya señaladas.

¿Quiénes, entonces, lo mataron y por qué? El crimen y el sucesivo encubrimiento de las circunstancias que lo rodearon se explican si se toma en cuenta la profunda significación de su personalidad, su trayectoria y su vida. Chileno provinciano y popular de izquierda, quiso desde muy joven, contra viento y marea, realizar el sueño de una sociedad más justa, abierta y generosa para todos sus hijos, basada en tradiciones y valores auténticos. Lo persiguió con la empresa quijotesca de su Peña “Chile ríe y canta” que abrió su escenario a la promoción de los nuevos brotes y expresiones del canto popular y al rescate del folclor tradicional, sepultado por el olvido, la indiferencia, la comercialización banal y la colonización mental.

Durante el gobierno de Salvador Allende fue Jefe de Radio de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República. Una de sus iniciativas fue establecer determinados porcentajes de música de autores nacionales en la programación de las radioemisoras del país.

Pasó diez años en el exilio, en México, donde desarrolló su tarea de siempre, la difusión de la música chilena y también de la música popular mexicana a través de la radio y e diversos escenarios. Al mismo tiempo fue un participante activo y permanente de las tareas de la solidaridad con el pueblo de Chile y en la denuncia de la dictadura militar.

Su regreso a Chile en 1984 fue toda una odisea. Dos veces se le impidió el ingreso al país. A la tercera logró, con su empecinada tenacidad, que se le permitiera entrar, pero fue detenido de inmediato y relegado por varios meses a la lejana localidad de Cochrane en la región de Aysén. Siempre dio la cara. Abrió su nueva peña “Chile Ríe y Canta” en 1985, el año de los degollamientos. La casona de San Isidro 266 fue una vez más el espacio abierto para los creadores y cultores de la nueva canción así como del canto y la danza tradicionales. Y fue también una tribuna y un refugio para todos los demócratas y para las víctimas de la dictadura.

Alguna vez dijo que nunca fue o se sintió político. Sólo tengo, dijo en una ocasión, “una cierta capacidad para luchar contra la injusticia”. Manera modesta de definir una concepción de la vida que lo llevó a sacrificarlo todo por un sueño de justicia social y por principios éticos.

Al finalizar la dictadura y abrirse paso la muy imperfecta democracia que nos rige, los medios de difusión oficiales y privados siguieron cerrados para él. Siguió adelante pese a todo, hasta aquella noche en que desconocidos lo atacaron no lejos de su domicilio y lo dejaron agonizante en el camino.

¿Quiénes podían tener motivos para dar muerte a un hombre así? Hay una respuesta obvia: a aquellos individuos y grupos llenos de rencor y de odio, identificados con la dictadura que aun intentaba persistir. Había fuerzas interesadas en poner fin a una vida como la suya, tan luminosa y generosa.

En este proceso chileno de penosa transición, que parece no terminar nunca, esas fuerzas y esos grupos existían y existen.

Recordar su vida y su muerte, al cumplirse 15 años del asesinato, no es simple evocación ni homenaje póstumo. Tiene el sentido de una acción de lucha por la justicia y por la democracia de verdad.

José Miguel Varas, escritor.

Premio Nacional de Literatura 2006.

Restos humanos, un casquillo y calzado encuentran en ex regimiento en Lautaro

Restos humanos, un casquillo y calzado encuentran en ex regimiento en Lautaro

Por Jorge Escalante / La Nación 

 Los restos son analizados por el SML de Temuco, bajo la orden del juez Carreño

Los restos corresponden a dos personas y se estima que tendrían en 50 y 15 años de antigüedad. Las evidencias se hallaron en el ex regimiento La Concepción de Lautaro, en la IX Región.

Foto: El general Arellano (en la foto con Pinochet) anduvo en la zona con la Caravana de la Muerte.  

Una osamenta casi completa incluido el cráneo, un segundo cráneo y piezas óseas sueltas, todo correspondiente a dos personas cuya data de muerte se estima inicialmente entre 50 y 15 años, fueron hallados al interior de lo que hasta 2005 correspondió a dependencias del regimiento La Concepción de Lautaro, donde además operó una pista de aterrizaje y un polígono de tiro.

En el lugar de 42 hectáreas se encontró además un casquillo de fusil percutado y restos de calzado.

Las evidencias analizadas en el Servicio Médico Legal (SML) de Temuco, fueron descubiertas en un rastreo efectuado por peritos del SML y la Policía de Investigaciones ordenado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Fernando Carreño.

El predio, en la actualidad fiscal, es utilizado para extracción de áridos por lo cual trabajadores de estas faenas hicieron los primeros hallazgos.

Hasta ahora existe cautela respecto del descubrimiento para determinar si efectivamente se trata de restos de detenidos desaparecidos de la zona. Fuentes vinculadas a la indagatoria manifestaron a La Nación que "eso sólo se podrá afirmar una vez que se practiquen las pruebas de ADN en relación con familiares de los desaparecidos de la zona".

Sin embargo, las fuentes manifestaron que los restos encontrados "no son piezas arqueológicas y todo indica que pertenecen a la segunda mitad del siglo XX".

El regimiento La Concepción de Lautaro corresponde a la zona donde también estuvo la Caravana de la Muerte al mando del general Sergio Arellano, entre la noche del 2 de octubre de 1973 y el 5 de ese mes. El comando visitó Temuco, Valdivia y Victoria y también habría pasado brevemente por Lautaro, arribando cada vez al regimiento respectivo.

Al menos la noche del 2 de octubre de 1973 la estadía de Arellano, que pernoctó en el regimiento Tucapel de Temuco, coincidió con la ejecución de seis prisioneros por una supuesta Ley de Fuga. Sus cuerpos están desaparecidos. La IX Región tiene oficialmente 104 desaparecidos, la mayoría de ellos durante 1973 con 84 casos.LN


Confirmación de Carabineros

El general director de Carabineros, José Bernales, confirmó el suicidio del coronel (R) Luis Alejandrino Hidalgo López ocurrido en el hospital de la institución el 27 de julio de 2007. El hecho ocurrió once días después de que Hidalgo fuera procesado como el principal autor del secuestro y desaparición en octubre de 1973 del militante del Mapu y dirigente campesino de la IX Región, Juan Bautista Bastías Riquelme.

El coronel (R) se quitó la vida en el Hospital de Carabineros y no Dipreca, como informó ayer La Nación.


Lonko mapuche Juana Calfunao en riesgo vital, tras 50 días en huelga de hambre

Lonko mapuche Juana Calfunao en riesgo vital, tras 50 días en huelga de hambre

Lucía Sepúlveda Ruiz

Rebelión

Tras más de 50 días de huelga de hambre, la lonko Juana Calfunao y su hermana Luisa, recluidas en la Cárcel de Mujeres de Temuco, presentan compromiso severo de salud y en el caso de Luisa, riesgo vital. El informe fue evacuado por la doctora Ociele Núñez, médica privada, que examinó a las huelguistas a petición de Carolina Landero Calfunao y Carlos Acosta, hijos de las presas políticas mapuche. Waikilaf Cadín, el hijo mayor de Juana, no puede visitarla: cumplirá sus 27 años el 1º de octubre en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. El siguiente es el parte médico evacuado el 29 de septiembre sobre las comuneras, luego de ser sometidas a examen clínico en una sala cualquiera del penal, por no estar disponibles las llaves que permitieran el acceso a la enfermería:

"La Sra Juana (51 años) luce con gran pérdida de peso, tos persistente, hemodinámicamente estable, pero con frialdad y palidez de su piel y mucosas. Presenta un cuadro de bronquitis obstructiva, que es imprescindible revertir a la brevedad. Se la ve agobiada y con irritabilidad emocional, pero sin compromiso neurológico aún". El informe describe como más comprometido el estado de Luisa Calfunao (41 años), que no pudo llegar por sus propios medios al lugar del examen. Reporta la doctora Núñez: "Luce francamente comprometida de salud, muy enflaquecida, con disminución severa de su masa muscular, evidenciada por disminución del deltoides, y de ambos cuadriceps, destacando los huesos, ha bajado aproximadamente 10 Kg lo que representa una baja del 13% de su peso, con riesgo de desnutrición severa, palidez de piel muy acentuada, piel delgada, seca y fría, neurológicamente consciente, orientada, pero agotada y gran sobrecarga emocional. Temo por su vida. De permanecer en esta situación, el riesgo de su vida es inminente por posibles alteraciones cardiorrespiratorias, renales, inmunológicas, gastrointestinales. Además, la disminución de la temperatura corporal, dado por el ayuno, contribuye frecuentemente a la muerte."

Entre las demandas de Juana Calfunao y su hermana están el reconocimiento de la calidad de prisioneros políticos a todos los mapuches encarcelados por defender su territorio, y que se les dé garantías de seguridad física y psicológica.

Incumplimiento oficial

Estas demandas fueron extensamente discutidas con autoridades de la región, encabezadas por Christian Dulansky Araya, Secretario Regional Ministerial de Justicia hace más de un mes. En la oportunidad hubo un compromiso oficial de avanzar en el cumplimiento de esos puntos, lo que no se ha materializado.

Las demandas de las mujeres mapuche incluyen el reconocimiento como autoridades ancestrales a los detenidos que tengan esa calidad conferida por su comunidad, y el cese inmediato del maltrato, hostigamiento y amedrentamiento por parte de gendarmería de Chile. Finalmente, la huelga de hambre busca poner término a la desarticulación, desarraigo e incomunicación en que hoy está la familia Calfunao, y su comunidad Juan Paillalef, que tiene prohibición de ser visitada por los familiares libres, que son la abuela e hijos y hermanos.

Una de las demandas de las huelguistas respecto de la situación de salud del werken Cadin ha sido cumplida parcialmente, ya que el miércoles 3 de octubre, en el hospital penitenciario de Santiago, el werken Antonio Cadin será sometido a una intervención quirúrgica que venía requiriendo desde largo tiempo y para lo cual fue trasladado a la capital cinco días atrás. Su hijo Waikilaf tampoco podrá ver a su padre por estar -además- recluido en otro recinto, la Cárcel de Alta Seguridad.

Denuncia de la Comisión Etica

Al informe médico citado se suma la denuncia realizada a comienzos de septiembre por Vicente Maniqueo y Enrique Pérez, Ricardo Frodden, Enrique Núñez y Nelson Aramburu, dirigentes regionales y nacionales de la Comisión Etica Contra la Tortura, quienes luego de visitar a los presos mapuche en las cárceles de hombres y mujeres en Temuco, denunciaron las condiciones de inseguridad y hostigamiento que se viven en ambos recintos y la agresión sufrida por Ernesto Lincopan, agredido con arma blanca por un reo. Ellos constataron que son seis los integrantes de la familia Calfunao Cadín detenidos. Sólo quedan en libertad las hijas y la madre de Juana Calfunao. "Esta situación -dice la Comisión Etica- demuestra la existencia de un cuadro de amedentramiento y persecución contra la comunidad de esta familia y los luchadores mapuches en general, en que se utiliza todo el aparato del Estado para mantenerlos en prisión, separarlos de su entorno y negarles derechos básicos de todo ciudadano y procesado".

Juana Calfunao y su hermana permanecen encarceladas a la espera de un nuevo juicio oral cuya fecha aún no se ha determinado. En el juicio anterior el tribunal prácticamente la absolvió de todos los cargos más graves, y estaría en libertad si no se hubieran mantenido las medidas cautelares que impiden su libertad condicional. El fiscal está pidiendo cinco años de prisión no remitida para la lonko, y tres para su hermana. Ellas están presas desde el 15 de noviembre de 2006.

En una carta abierta, Juana Calfunao expresó el 28 de septiembre: "Preferimos morir de pie, firme en nuestros ideales, a vivir sin dignidad y al amparo de este gobierno corrupto y sin moral. La cárcel no encarcela los ideales y el espíritu de lucha. Por el contrario, nos fortalece, porque encarceladas, no se acaba nuestra lucha."

http://www.lacoctelera.com/prensaopal

Diputados rechazan modificaciones del Senado a Instituto de Derechos Humanos

Diputados rechazan modificaciones del Senado a Instituto de Derechos Humanos

La decisión de la Cámara significará que el proyecto, que fue rechazado en tercer trámite constitucional, deberá ser concordado ahora por una Comisión Mixta de diputados y senadores.

Las modificaciones del Senado al proyecto (Boletín 3878) recibieron en la Cámara 48 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención.

El propósito de la iniciativa legal del Gobierno es crear, dentro de la institucionalidad nacional, un organismo autónomo encargado de la promoción y protección de derechos humanos de las personas que habitan el territorio chileno.

El texto modificado en el Senado en el segundo trámite, dispone que el Instituto Nacional de Derechos se relacionará con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, lo que, a juicio de quienes lo rechazaron, limita su autonomía.

Objetivos

El objetivo del organismo es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio nacional.

Entre sus funciones y competencias está proponer a los órganos de la administración del Estado y al Congreso Nacional, medidas para la promoción y protección de los derechos humanos.

También deberá recopilar, analizar y sistematizar toda la información acerca del funcionamiento de los mecanismos reparatorios e impulsar, coordinar y difundir acciones de orden cultural, destinados a complementar el respeto a los derechos humanos y a reivindicar a las víctimas y a preservar su memoria histórica.

Otra función será reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos o privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o violencia política.

La dirección superior del Consejo estará a cargo de un Consejo, encabezado por un director. Además, habrá un Consejo Consultivo Nacional, en el que tendrán representación los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Dotación

La dotación máxima del Instituto será de 30 personas, quienes se regirán por las normas del Código del Trabajo. El organismo, en cuanto integrante del Sector Público, quedará sometido a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.

La iniciativa también crea el Premio Nacional de los Derechos Humanos.

Miércoles 3 de Octubre de 2007

Editor: mromero@congreso.cl

 

Libres agentes DINA que quemaron con soplete a dirigentes comunistas

Libres agentes DINA que quemaron con soplete a dirigentes comunistas

Por Jorge Escalante / La Nación 

Decisión de la Corte de Apelaciones causó estupor en familiares de víctimas

En una decisión considerada "sospechosa" por la AFDD debido a una circunstancial integración de la Quinta Sala, ésta dejó libres a 13 ex agentes de la Brigada Lautaro, entre ellos los dos "sopleteros" del cuartel Simón Bolívar. Todos siguen procesados.

Foto: Ingreso del ex cuartel de Avenida Simón Bolívar, donde además fueron asesinados con gas sarín dos ciudadanos peruanos cuya identidad se investiga. Foto: Esteban Garay

 La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones en una decisión duramente criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), otorgó la libertad provisional a los ex agentes de la Brigada Lautaro de la DINA encargados en el cuartel Simón Bolívar de quemar con un soplete los rostros y huellas dactilares de los dirigentes clandestinos del Partido Comunista, luego de que fueran asesinados.

La decisión adoptada el viernes pasado por esa sala produjo el "estupor" de la directiva de la AFDD, y especialmente de su secretaria ejecutiva Viviana Díaz, cuyo padre, el secretario general clandestino en ejercicio Víctor Díaz, fue una de esas víctimas.

La Quinta Sala en una conformación circunstancial que a la AFDD le pareció "sospechosa" sobre todo por la designación exclusivamente para esa instalación del abogado integrante Emilio Pfeffer, a quien esta agrupación y abogados de derechos humanos identifican con "la derecha más reaccionaria y militarista", concedió la libertad provisional a los suboficiales (R) Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, conocidos como "los sopleteros" de Simón Bolívar.

Además, por dos votos contra uno (el otro voto por la libertad fue el del presidente de la sala, ministro Lamberto Cisternas, mientras el ministro Mauricio Silva se opuso) también quedaron en libertad otros once ex agentes de esa brigada.

Varias de las libertades, entre ellas las de Pichunmán y Pacheco, habían sido denegadas por el ministro Víctor Montiglio que indaga las muertes de los dirigentes comunistas en el proceso por calle Conferencia.

Entre quienes también fueron favorecidos con el beneficio de la libertad, aún cuando siguen procesados, figuran los ex agentes Emilio Troncoso Vivallos, el estrangulador de Marta Ugarte, y Heriberto Acevedo, destacados como algunos de los más crueles represores bajo la conducción de los oficiales Germán Barriga (suicidado) y Ricardo Lawrence.

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Boris Paredes, así como el abogado querellante por el CDE, Daniel Martorel, aún cuando expresaron que "no podemos sino respetar los fallos", hicieron ver ayer a los magistrados de la Quinta Sala en un nuevo alegato vinculado a la causa, lo que consideraron un error cometido el viernes.

"Esto violenta la conciencia jurídica de cualquier ciudadano, porque si todos estos señores que están procesados por los crímenes más graves no son un peligro para la sociedad, entonces ¿quiénes lo son?", declaró el abogado Paredes a La Nación.

Son varios los ex agentes que declaran en que Pichunmán y Pacheco quemaron el rostro y huellas dactilares de los prisioneros recién muertos para dificultar su identificación, a pesar de que sus cuerpos serían arrojados al mar.

Entre quienes se sabe que sufrieron esta desfiguración, están Víctor Díaz, Reinalda Pereira y Horacio Cepeda Marinkovic. Sin embargo, era la forma de operar con todos quienes fueron exterminados en el cuartel Simón Bolívar. LN

 


 

Libertad denegada

Ayer con una conformación diferente, la Quinta Sala rechazó por tres votos a cero la libertad provisional de la llamada “El Ángel del Cianuro”, la teniente (R) de Ejército y ex agente jefa de las mujeres de la Brigada Lautaro, Gladys Calderón Carreño. Era la encargada de acelerar la muerte de los prisioneros inyectándoles cianuro.

A favor de la libertad alegó su abogado Juan Carlos Manns, quien pidió “el perdón de los familiares aquí presentes por estos hechos tan infamantes”.Oponiéndose al beneficio lo hicieron Boris Paredes y Daniel Martorel.

La sala estuvo integrada por los ministros Mauricio Silva, presidente, y Amanda Valdovinos, y el abogado integrante Patricio González.

 

 

¿Debe Chile integrar el Consejo de Derechos Humanos?

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 2 de Octubre de 2007

Por  Nicolás Espejo y Domingo Lovera

Durante estos últimos días hemos sido testigos del intenso lobby desplegado por el gobierno de Chile con miras a la postulación del Estado chileno al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta ha adquirido tal fuerza e importancia, que todos los sectores políticos han cerrado filas tras la mandataria Michelle Bachelet. La postulación, además, se ha visto potenciada por la decisión de la Corte Suprema que autorizó la extradición del ex Presidente de Perú Alberto Fujimori. La Corte Suprema -dijo la Presidenta-" ha hecho una decisión consecuente en un tema que para nuestro país es importante, que es el tema de los derechos humanos". ¿Pero, es verdad que Chile está en línea con la protección, promoción y defensa de los derechos humanos? Creemos que esto es discutible. Algunas razones para ello:

En el derecho comparado, una de las principales instituciones encargada de defensa de los derechos humanos es la del defensor del pueblo. El proyecto que busca incorporar esa figura en Chile, sin embargo, descansa en el Congreso desde 1990. A su vez, el Instituto de Derechos Humanos ha comenzado a ser concebido de forma tal que su eficacia en la protección de los derechos humanos resulta más que pobre.

Por otra parte, Chile aún no ratifica diversos instrumentos internacionales que son esenciales para los derechos humanos de miles de personas. Entre otros, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención que declara imprescriptible los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio; la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas; el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional; el Protocolo Facultativo o Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y; el Protocolo Facultativo o Adicional a la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En la actualidad, el Estado de Chile aún no da cumplimiento cabal y efectivo a tres de las cuatro sentencias que la Corte Interamericana ha dictado contra el país. Tales sentencias (Palamara vs. Chile; Claude Reyes vs. Chile y Almonacid Arellano vs. Chile), condenan al Estado por la extensión y características de la justicia militar en tiempos de paz, la falta de acceso efectivo a la información de interés público y la no resuelta situación de casos previamente amnistiados por tribunales nacionales.

Tal y como lo ha documentado consistente y permanente el Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile desarrollado por este Centro de Derechos Humanos, en Chile existen graves y extendidas prácticas de tortura, hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos de salud, higiene, agua y alimentación básica para los internos de los recintos penitenciarios del país; Chile carece de una política efectiva de prevención y sanción en materia de violencia contra la mujer y de acceso efectivo a salud sexual y reproductiva para mujeres adolescentes; el país no dispone de una política indígena que, lejos de manifestarse como una mera extensión de la política criminal de turno, se condiga con la letra y espíritu del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Chile adolece de una pobre política migratoria que resulta pasiva frente a la falta de acceso a salud, vivienda y trabajo digno para miles de inmigrantes y refugiados.

Sin perjuicio de la anunciada agenda de transparencia activa, las prácticas de secretismo y falta de acceso efectivo a información de interés público continúan siendo característica permanente de la mayoría de las reparticiones públicas, cuestión que ha justificado la interposición de una nueva denuncia internacional contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una semana.

Finalmente, y a pesar del fallo "Fujimori", los tribunales nacionales -particularmente las Cortes- desconocen permanentemente las obligaciones internacionales suscritas por Chile en materias como la libertad de expresión, los derechos del niño y la no-discriminación.

La persistente y evolutiva incorporación de Chile en el concierto internacional no es sólo un desafío, sino que debiera ser una obligación. Pero para ello no debemos tapar el sol con un dedo. Si Chile quiere ser parte de aquel selecto grupo de estados llamado a velar por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en el mundo, buena cosa sería empezar por casa. Y en esta tarea, Chile aún no satisface los estándares requeridos.

Nicolás Espejo y Domingo Lovera. Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales