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Centros Chilenos en el Exterior

Derechos Humanos

Chile no califica para ingresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Chile no califica para ingresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
27-09-07, Por Alfredo Seguel *

La situación de los DDHH de los Pueblos Originarios es uno de los principales topes que enfrenta el Estado Chileno. Así lo han dado a conocer organizaciones al propio Consejo, en especial, ante el incumplimiento del estado sobre una serie de recomendaciones que diversos comités y Relatorías le han dado a conocer a Chile en los últimos años por violaciones a los DDHH indígenas.

La situación de los DDHH de los Pueblos Originarios es uno de los principales topes que enfrenta el Estado Chileno. Así lo han dado a conocer organizaciones al propio Consejo, en especial, ante el incumplimiento del estado sobre una serie de recomendaciones que diversos comités y Relatorías le han dado a conocer a Chile en los últimos años por violaciones a los DDHH indígenas. La no ratificación del convenio 169 de la OIT, las recomendaciones de los comités del derecho del niño, el DESC, la de DDHH sobre el pacto de los Derechos civiles y políticos. La reciente comunicación del CEDR por racismo socio ambiental. Las recomendaciones del relator ONU, diversos casos ingresados a la CIDH de OEA, son algunos de los antecedentes que hacen que Chile no califique. Bachelet se defiende ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Chile mantiene una impresentable situación de violación a los Derechos Humanos a los Pueblos Originarios en Chile. Así lo ha dado a conocer recientemente el Consejo Nacional Aymara al Consejo de DDHH de la ONU donde se postula el estado chileno. "Chile esta muy por debajo de lo que significa respetar los derechos humanos, especialmente acerca de las observaciones en materia de justicia, tierra, desarrollo y más aún en materia legislativa, todas ellas basadas en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Comité de los Derechos Del Niño (CDN), Comité de Derechos Humanos (CDH)", señala en una de sus misivas la organización indígena.

Similar posición ha adoptado la Comunidad Mapuche/Huilliche "Pepiukëlen", a través de su werkén - vocero Francisco Vera Millaquén quien ha señalado que "Chile no califica hoy para formar parte del consejo de DD.HH. en la ONU. Principalmente porque los gobiernos de la Concertación no han cumplido estos derechos en el propio país. Para nosotros los Mapuche Huilliche tiene doble sentido, primero porque no se han respetado los DD.HH de los pueblos originarios, y en segundo lugar porque no se han respetado las recomendaciones del Relator especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen ni de los distintos Comités en cuanto a estos temas", señala el werkén.

Algunos casos denunciados ante la CIDH

Cabe mencionar que la Comunidad Pepiukelén tiene representado un grave caso de violación de derechos humanos a causa de los efectos de una empresa pesquera ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hecho que se agrega a otros que se están tramitando en esa instancia, entre ellos, el caso del dirigente Víctor Ancalaf quien fuera condenado arbitrariamente por Ley antiterrorista a 5 años y 1 día de cárcel. También por Ley antiterrorista, el de Poluco Pidenco que involucra a varios dirigentes Mapuche por una "quema de plantaciones" en juicio irregular y que fueron condenados a 10 años de cárcel y a una millonaria indemnización en favor de la empresa Forestal Mininco. Asimismo, lo ocurrido con los Longkos Pascual Pichún y Aniceto Noria, quienes fueron condenados en su oportunidad a 5 años y 1 día por "amenazas de incendio terrorista", son algunos de los casos que cuestionan actualmente al estado en esta instancia internacional relativas a la situación de los presos políticos Mapuche, desproporcionalidad de penas, vicios procesales y aplicación de leyes especiales descontextualizadas e impropias.

Relator y Comités de las Naciones Unidas

En los últimos años, diversos comités de las Naciones Unidas y el propio relator Rodolfo Stavenhagen han dado sus recomendaciones al estado chileno las que no han sido acatadas ni cumplidas.

Uno de los últimos casos fue el acogido por el Comité para la eliminación de la discriminación racial quien le ha comunicado al estado chileno oficialmente por la situación de racismo socio ambiental que se vive en la región de la Araucanía y que enfrentan comunidades Mapuche a causa de basurales y de plantas químicas de aguas servidas.

También en este año, el Comité de Derechos Humanos (CDH), y del Comité de Derechos del Niño (CDN)- que vigilan el cumplimiento de los Pactos internacionales de Derechos Humanos han dado a conocer sus Recomendaciones al Estado de Chile, expresando su especial preocupación y alerta frente a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado de Chile, recomendando una serie de medidas las que no han sido atendidas.

A estas se agregan las recomendaciones anteriores del Comité por los derechos económicos sociales y culturales (DESC) y del comité contra la tortura.

Las Reacciones de Bachelet ante las Naciones Unidas

La Presidenta de Chile Michelle Bachelet en un rápido intento de revertir este tipo de cuestionamientos, prometió recientemente ante la Asamblea general de las Naciones Unidas que trabajará por la construcción de una democracia más sólida y respetuosa de los derechos humanos, así se dio a conocer por las agencias.

El llamamiento se inscribe en la estrategia chilena por alcanzar uno de los tres sillones latinoamericanos del Consejo de DDHH de la ONU, para el período 2008-2010, donde compite con Venezuela.

Sobre lo mismo, saludó la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, anticipándose a las críticas de organismos internacionales que acusan a Chile de dar un trato injusto al pueblo mapuche, publicó INFOBAE.

Chile, aún no ha sido capaz de ratificar instrumentos básicos del derecho internacional indígena como el convenio de la OIT número 169 y mantiene una legislación local añeja y descontextualizada sin reconocer siquiera la existencia de "Pueblos originarios" y sus derechos colectivos.

Los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile

Contrario a esta versión, el Estado de Chile no solo ha desconocido y transgredido el estándar internacional de derechos indígenas sino también ha hecho sistemático el atropello de garantías fundamentales, e incluso transgresiones a normas del derecho internacional humanitario, lo que se expresa en actos estatales de brutalidad policíaca, aplicación de legislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y que transgreden el derecho al debido proceso, y someten a comuneros a encarcelamiento en condiciones inhumanas, son algunas de las situaciones verificadas por organismos internacionales.

Un caso emblemático y que ha quedado en la absoluta impunidad, es la del joven Mapuche Alex Lemún Saavedra, que con 17 años de edad fue asesinado cobardemente con un disparo en la cabeza por un funcionario oficial de Carabineros de Chile (quien continúa en sus funciones y fue ascendido en su cargo), al interior de un predio de la empresa forestal Mininco, falleciendo días después de una triste agonía a fines del 2002, cuyo caso fue llevado por la Fiscalía Militar, encontrándose en primera instancia "responsable" a sus autores por ejercer violencia innecesaria, sin embargo, finalmente, la Corte Marcial dejó libre de todo cargo a sus responsables, quedando en absoluta impunidad.

Es importante señalar que existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que ha indicado que Chile debe modificar la competencia de la justicia militar en casos que involucre derechos de civiles ante la falta de un debido proceso (Caso Palamara, 2005). Sin embargo, el estado no ha acatado este fallo y números casos de violencia y abuso policíaco en contra de civiles e incluso de asesinato han quedado en la impunidad.

Este y varias otras situaciones, han sido motivos de gran preocupación por parte de diferentes organizaciones. En ese contexto, las acciones de defensa y protección del territorio por parte de los mapuche ha generado a su vez una reacción represiva y persecutoria por parte del estado chileno, que ha desplegado sistemáticamente su fuerza policial y judicial para disolver lo que se ha considerado como la legítima protesta de los mapuche. Cientos de mapuches han sido investigados por distintos hechos relacionados con el conflicto territorial, y varias decenas han sido juzgados por leyes especiales como la Ley de Seguridad del Estado y antiterrorista, aplicadas mayoritariamente durante el gobierno anterior de Ricardo Lagos, por conductas que no revisten las características propias de los delitos contemplados en ellas. Los mapuches actualmente encarcelados por estas causas se consideran prisioneros políticos.

Recientes testimonios de testigos e inclusos informes oficiales, indican que numerosos efectivos de Carabineros allanan las comunidades mapuche para realizar detenciones, los que continúan maltratando físicamente e insultando a los residentes, incluyendo a mujeres, niños(as) y ancianos(as)....... "A los niños les han amenazado, golpeado contra el suelo y la pared, dado culatazos con armas de fuego y les han hecho presenciar fuertes escenas en que sus padres, cuidadores o familiares son agredidos física y psicológicamente", señala textualmente en parte el Informe elaborado por el Servicio de Salud Araucanía Norte hace algunos años y que por primera vez -de parte de un organismo público- reconoce y deja en evidencia el escenario de terror que viven a diario cientos de familias mapuche, hostigadas por la policía chilena.

Uno de los últimos violentos allanamientos provocados por Fuerzas especiales de carabineros, dentro del gobierno de la actual presidenta Michelle Bachellet, es el que se viene realizando por enésima vez en Temucuicui, zona rural en las cercanías de la localidad de Ercilla, comunidad hostigada permanentemente por la represión policíaca en búsqueda de comuneros no habidos ante la "justicia", considerados también "clandestinos" o "prófugos de la justicia", como le llama el poder represivo, en el marco de conflictos territoriales, reivindicaciones y protesta social de la comunidad.

Enlace www.ecoportal.net

 

Ex juez Guzmán denuncia hallazgo de osamentas en ex terrenos FACH

Enviado por Pedro alejandro Matta p.matta@vtr.net

13 de Noviembre de 2007

Osamentas fueron descubiertas en recinto de la comuna de El Bosque, donde actualmente se levanta un supermercado.

El ex juez Juan Guzmán Tapia interpuso una denuncia por inhumación ilegal, posible secuestro y homicidio calificado tras detectarse la presencia de osamentas humanas en terrenos que pertenecieron a la Fuerza Aérea de Chile (FACH), en la comuna del Bosque, y donde se construye un supermercado.

El escrito, presentado en el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, señala que las osamentas humanas fueron descubiertas en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 10.375, en El Bosque. En este lugar, actualmente de propiedad de la tienda comercial Falabella, funcionaron dependencias de la Fuerza Aérea.

El hallazgo, explicó Guzmán, quien por primera vez en su calidad de particular presenta una denuncia, fue advertido por testigos que pidieron expresamente la reserva de su identidad.

Esto, debido a que los actuales dueños de los terrenos habrían pedido a los trabajadores a cargo de la construcción de un supermercado de la multitienda, que guardaran silencio sobre la situación.

"Por las características que los testigos me han señalado que tenían las osamentas éstas corresponderían a restos humanos. Descarto que se trate de un cementerio indígena en esos terrenos y presumo que son restos relativamente recientes, pueden ser del último siglo", afirmó el ex magistrado.

Agregó: "Tengo la obligación moral de hacer la denuncia. Hace varios años, cuando estaba en el ejercicio de mis funciones como juez supe que en alguna parte de Gran Avenida se habían descubierto restos humanos y en varias oportunidades pedí que me precisaran, pero nunca me precisaron los detalles, pero hace una semana atrás, una persona me manifestó que se habían descubierto osamentas humanas hace un mes, en un sector de la Gran Avenida".

Para Guzmán, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, el hallazgo es importante, ya que es posible que los restos correspondan a detenidos-desaparecidos, cuyas causas están cerradas o, bien, se están investigando.

"En atención a los hechos consistentes en la desaparición forzada de personas, ocurridas entre 1973 y 1990 en el país y al lugar en el que se han encontrado las osamentas, puede colegirse que aquéllas corresponden a personas que fueron secuestradas en ese período de tiempo", indicó.

El ex magistrado sostuvo que "es necesario que las personas que son familiares de detenidos- desaparecidos tengan la posibilidad de que si se encuentran restos y pertenecen a sus seres queridos, se les brinde la ocasión de recibir sus restos".

Cabe señalar que las faenas en el lugar se encuentran suspendidas.

 

Ex presos políticos visitaron la Isla Quiriquina

Ex presos políticos visitaron la Isla Quiriquina

Lunes 12 de noviembre de 2007

La Nación.cl /  Agencias 

Un grupo de 130 ex presos políticos acompañados de familiares, visitaron hoy la Isla Quiriquina, frente al puerto de Talcahuano, en la que estuvieron recluidos tras el golpe militar de 1973.

A este acto "de reencuentro con la memoria histórica", que culminó con una misa, asistieron también el ministro de Defensa José Goñi y el comandante en jefe de la Armada, Rodolfo Codina.  

El jefe naval comentó que "el valor más importante es contribuir a la reconciliación de los chilenos, porque estamos seguros que un país unido y reconciliado trabaja mucho mejor".  

La Isla Quiriquina, ubicada frente a Talcahuano, fue utilizada durante la dictadura como un centro de detención de la Armada y por sus calabozos pasaron, entre otros, el diputado Antonio Leal (PPD) y la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y militante socialista, Mireya García.  

Esta última, que decidió no participar en la visita, justificó su ausencia, señalando que "para mí es un sueño volver a ese lugar, pero es un sueño que quiero cumplir con los míos y no con quienes fueron los que me detuvieron, maltrataron y destruyeron mi vida".

 

Daniel Prieto Vial rehuyo respuestas claras en investigacion por asesinato de Victor Jara

8 de Noviembre de 2007

Daniel Prieto, interrogado por muerte de Víctor Jara
Analista de defensa presenta fotos junto a Bachelet para acreditar inocencia

por  Jorge Molina Sanhueza


En el proceso que sustancia el ministro Manuel Fuentes Belmar, apareció un testigo que identifica a un tal Prieto de la Marina que estuvo en el Estadio Chile en momentos en que el artista fue asesinado. El experto en temas bélicos negó haber estado en el recinto sin responder directamente lo que se le preguntó y haciendo alarde de sus conexiones.

El analista de defensa Daniel Prieto Vial se valió de fotografías tomadas junto a la Presidenta Michelle Bachelet para justificar una “conducta intachable” luego que fuera citado a declarar en el proceso que instruye el ministro Manuel Fuentes Belmar por el homicidio de Víctor Jara.

El experto llegó hasta el despacho del magistrado para ser interrogado, ya que en uno de los cuadernos que mantiene hay un testigo que asegura que en el Estadio Chile hubo un sujeto apellidado Prieto y que podría ser el profesional antes mencionado, ya que las características físicas así lo indicarían.

Fuentes allegadas a la investigación dijeron a El Mostrador.cl que llegó junto a su abogado, un ex ministro integrante de la Corte de Santiago, y en todo momento evitó contestar directamente las preguntas que se le formulaban. En todo caso, negó las imputaciones del testigo.

Fuentes asumió en 2005 el caso por la muerte de Víctor Jara, detenido el 12 de septiembre del 73 en la ex Universidad Técnica del Estado (actual Usach), donde el artista e integrante de las Juventudes Comunistas prestaba servicios como director teatral.

En la investigación, se encuentra sometido a proceso el comandante (R) del Ejército Mario Manríquez como autor del homicidio calificado de Jara, en su calidad de ex jefe del entonces campo de prisioneros que funcionó en el otrora Estadio Chile.

Prieto Vial es uno de los analistas en defensa que se mueve en torno al círculo de académicos que se contacta con el ministerio del ramo.

Pariente del ex gobernante José Joaquín Prieto, según ha referido en distintas entrevistas, se desempeñó en la Armada, institución a la que partió a retiro como capitán de corbeta. Es ingeniero comercial y labora como académico en la Universidad Andrés Bello.

Este medio intentó conversar con Prieto sobre el particular, pero éste decidió cortar el teléfono y no responder.

Violaciones de derechos en Chile

7 de Noviembre de 2007

Por  Felipe Portales

Chile ha experimentado, luego de 1990, un notable mejoramiento en la vigencia de los derechos a la vida, integridad física y libertad personal; producto del fin del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura.

Sin embargo, en estos 17 años se ha mantenido una grave y sistemática violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto se ha debido a que los gobiernos de la Concertación han consolidado las principales instituciones políticas, económicas y sociales que el régimen militar dejó en herencia.

De este modo, la propia Constitución del 80 –si bien ha experimentado algunas reformas liberalizadoras- se ha mantenido vigente, con varios de sus elementos autoritarios y neoliberales esenciales. Es más, con la suscripción que de ella hizo el ex presidente Lagos en 2005, la Concertación la hizo suya en términos oficiales.

Lo mismo puede decirse del conjunto de la legislación que la dictadura impuso en la década de los 80, destinado a refundar la sociedad chilena en los marcos de un neoliberalismo extremo, y que la Concertación se ha contentado con hacerle pequeños retoques, en la medida que ha contado con el consenso de la derecha.

Así tenemos una grave violación de los derechos políticos de la sociedad chilena, con el antidemocrático sistema electoral binominal -¡único en el mundo!- que distorsiona significativamente la representación del pueblo en el Congreso, a favor de la derecha minoritaria.

Por otro lado, vemos que Chile sufre –de acuerdo a las mediciones de los organismos internacionales especializados- una de las distribuciones del ingreso más desiguales e injustas del mundo; con lo que se vulneran los derechos económicos, sociales y culturales de la generalidad de la población.

Asimismo, la mercantilización de los servicios de salud, educación y seguridad social destruyen la propia noción de derechos humanos en esos ámbitos. Y se traduce en el notable encarecimiento de ellos para una minoría; o en la provisión de una mala calidad de ellos, por parte del Estado, para la mayoría.

Igualmente, las legislaciones y prácticas severamente restrictivas de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, hacen que los derechos específicos de los trabajadores se vean también gravemente violados.

Para que hablar de los pueblos indígenas, que ni siquiera gozan de un reconocimiento constitucional ni, menos aún, de las disposiciones que establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Y que –pese a algunas leyes y políticas desarrolladas en su favor desde 1990- continúan sufriendo una especial situación de miseria, represión y discriminación; como lo han constatado en diversos informes el Relator Especial de la ONU en la materia, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Los derechos civiles se ven también fuertemente vulnerados, producto de leyes y políticas destinados a favorecer a los “poderes fácticos” de la sociedad chilena; o como atávicas herencias del pasado. Así, el derecho a la justicia está gravemente violado por la mantención del aberrante decreto-ley de autoamnistía de 1978 (¡pese a los compromisos programáticos de la Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció su anulación hace ya más de un año!) y por la igualmente aberrante ley aprobada en 2004 que establece una virtual impunidad judicial, moral y administrativa a favor de los victimarios de tortura denunciados ante la Comisión Valech; en la medida que los ampara con un secreto de 50 años y con la inconstitucional prohibición para que el Poder Judicial tenga acceso al conocimiento de sus delitos.

A su vez, el derecho a la libre información y expresión se ve también gravemente vulnerado en la práctica por una concentración de la propiedad de medios de comunicación que, quizá con la sola excepción de Cuba, es la mayor de América Latina. De tal manera, que se ha llegado en esta materia a una situación mucho peor que la de los últimos años de la dictadura. Y con políticas de destrucción efectivas de casi todos los diarios y revistas de centroizquierda, a través del bloqueo de aportes financieros externos; de la discriminación del avisaje estatal; y de la negativa a devolver periódicos confiscados por la dictadura; todo lo que ha sido denunciado –sin ser desmentidos- por varios Premios Nacionales de Periodismo.

El derecho a la libertad de reunión en lugares públicos se ve también seriamente afectado en la medida que su reglamentación deja su aplicación entregada a la total discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. Asimismo –y sin ánimo de ser exhaustivo- el derecho a la libre asociación, respecto a las organizaciones sin fines de lucro, queda completamente supeditado a los gobiernos de turno. Estos, de acuerdo a disposiciones legales vigentes desde el siglo XIX, deben autorizar su existencia y aprobar sus estatutos; ¡y pueden disolverlas si, a su juicio, atentan contra la seguridad del Estado o dejan de corresponder al objeto de su institución.

Violaciones de derechos en Chile

7 de Noviembre de 2007 

Por  Felipe Portales

Chile ha experimentado, luego de 1990, un notable mejoramiento en la vigencia de los derechos a la vida, integridad física y libertad personal; producto del fin del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura.

Sin embargo, en estos 17 años se ha mantenido una grave y sistemática violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto se ha debido a que los gobiernos de la Concertación han consolidado las principales instituciones políticas, económicas y sociales que el régimen militar dejó en herencia.

De este modo, la propia Constitución del 80 –si bien ha experimentado algunas reformas liberalizadoras- se ha mantenido vigente, con varios de sus elementos autoritarios y neoliberales esenciales. Es más, con la suscripción que de ella hizo el ex presidente Lagos en 2005, la Concertación la hizo suya en términos oficiales.

Lo mismo puede decirse del conjunto de la legislación que la dictadura impuso en la década de los 80, destinado a refundar la sociedad chilena en los marcos de un neoliberalismo extremo, y que la Concertación se ha contentado con hacerle pequeños retoques, en la medida que ha contado con el consenso de la derecha.

Así tenemos una grave violación de los derechos políticos de la sociedad chilena, con el antidemocrático sistema electoral binominal -¡único en el mundo!- que distorsiona significativamente la representación del pueblo en el Congreso, a favor de la derecha minoritaria.

Por otro lado, vemos que Chile sufre –de acuerdo a las mediciones de los organismos internacionales especializados- una de las distribuciones del ingreso más desiguales e injustas del mundo; con lo que se vulneran los derechos económicos, sociales y culturales de la generalidad de la población.

Asimismo, la mercantilización de los servicios de salud, educación y seguridad social destruyen la propia noción de derechos humanos en esos ámbitos. Y se traduce en el notable encarecimiento de ellos para una minoría; o en la provisión de una mala calidad de ellos, por parte del Estado, para la mayoría.

Igualmente, las legislaciones y prácticas severamente restrictivas de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, hacen que los derechos específicos de los trabajadores se vean también gravemente violados.

Para que hablar de los pueblos indígenas, que ni siquiera gozan de un reconocimiento constitucional ni, menos aún, de las disposiciones que establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Y que –pese a algunas leyes y políticas desarrolladas en su favor desde 1990- continúan sufriendo una especial situación de miseria, represión y discriminación; como lo han constatado en diversos informes el Relator Especial de la ONU en la materia, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Los derechos civiles se ven también fuertemente vulnerados, producto de leyes y políticas destinados a favorecer a los “poderes fácticos” de la sociedad chilena; o como atávicas herencias del pasado. Así, el derecho a la justicia está gravemente violado por la mantención del aberrante decreto-ley de autoamnistía de 1978 (¡pese a los compromisos programáticos de la Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció su anulación hace ya más de un año!) y por la igualmente aberrante ley aprobada en 2004 que establece una virtual impunidad judicial, moral y administrativa a favor de los victimarios de tortura denunciados ante la Comisión Valech; en la medida que los ampara con un secreto de 50 años y con la inconstitucional prohibición para que el Poder Judicial tenga acceso al conocimiento de sus delitos.

A su vez, el derecho a la libre información y expresión se ve también gravemente vulnerado en la práctica por una concentración de la propiedad de medios de comunicación que, quizá con la sola excepción de Cuba, es la mayor de América Latina. De tal manera, que se ha llegado en esta materia a una situación mucho peor que la de los últimos años de la dictadura. Y con políticas de destrucción efectivas de casi todos los diarios y revistas de centroizquierda, a través del bloqueo de aportes financieros externos; de la discriminación del avisaje estatal; y de la negativa a devolver periódicos confiscados por la dictadura; todo lo que ha sido denunciado –sin ser desmentidos- por varios Premios Nacionales de Periodismo.

El derecho a la libertad de reunión en lugares públicos se ve también seriamente afectado en la medida que su reglamentación deja su aplicación entregada a la total discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. Asimismo –y sin ánimo de ser exhaustivo- el derecho a la libre asociación, respecto a las organizaciones sin fines de lucro, queda completamente supeditado a los gobiernos de turno. Estos, de acuerdo a disposiciones legales vigentes desde el siglo XIX, deben autorizar su existencia y aprobar sus estatutos; ¡y pueden disolverlas si, a su juicio, atentan contra la seguridad del Estado o dejan de corresponder al objeto de su institución

SOMETEN A PROCESO A ASESINOS DE RAUL PELLEGRIN Y CECILIA MAGNI

SOMETEN A PROCESO A ASESINOS DE RAUL PELLEGRIN Y CECILIA MAGNI

Ministro Aránguiz Asegura que ex Director de Carabineros, Rodolfo Stange Sabía del Asesinato de Frentistas

OPAL CHILE- Ministro en visita deberá tomar declaración indagatoria a Rodolfo Stange, al ex integrante de la Junta Militar de de la dictadura de Pinochet y ex senador de la UDI en la investigación por la muerte de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, dos de los frentistas que asaltaron retén de Los Queñes en Octubre de1988.

El magistrado, emitió estas declaraciones tras confirmar en sometimiento a proceso de los ex carabineros Julio Acosta Chávez y Carlos Bezmalinovic Hidalgo por el delito de homicidio calificado del "Comandante José Miguel" y "Tamara", como eran conocidos los dos lideres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)

Luego del asalto del 21 de octubre de 1988 al retén de Los Queñes,, los cuerpos de ambos frentistas aparecieron el 28 y 31 de octubre 1988, en el río Tinguiririca, con evidentes signos de haber sido torturados antes de ser ejecutados, de acuerdo a lo que estableció la Comisión Rettig. LERR MAS EN: www.lacoctelera.com/prensaopal

www.lacoctelera.com/prensaopal

OPAL Chile, Prensa para América Latina

 

Justicia dicta resoluciones en cinco casos emblemáticos de derechos humanos

Justicia dicta resoluciones en cinco casos emblemáticos de derechos humanos

 

Por Andrés López Vergara / La Nación 

En la muerte de Carlos Prats, Jorge D'Orival, Sumar, Telecomunicaciones de Iquique y Los Queñes

Uno de los dictámenes más relevante fue la condena del ministro Solís contra la cúpula de la DINA por el secuestro calificado del mirista Jorge D'Orival Briceño.

Foto: En el Patio 29 fueron enterrados los cuerpos de tres obreros de la empresa textil Sumar, uno de los casos de derechos humanos en

 Una jornada especial para el mundo de los derechos humanos se vivió ayer luego de que los ministros en visita Alejandro Solís, Joaquín Billard y la Segunda Sala de la Corte Suprema dictaran importantes resoluciones en casos emblemáticos como el asesinato del general Carlos Prats, del joven mirista Jorge D Orival, desapariciones en el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, el homicidio calificado de dos frentistas en 1988 y los crímenes en la empresa Textil Sumar.

Uno de los dictámenes más relevante fue la condena emitida por el ministro Solís contra la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado del estudiante de Veterinaria y militante del MIR Jorge D Orival Briceño, ocurrido el 31 de octubre de 1974 en Conchalí.

En el fallo de 117 páginas, Manuel Contreras fue sentenciado a 15 años como autor de secuestro calificado, mientras que Marcelo Moren Brito, Maximiliano Ferrer Lima y Miguel Krassnoff Martchenko, tienen una pena de 10 años y un día por el mismo ilícito.

Los cómplices José Manzo Durán y Basclay Zapata Reyes fueron condenados a 5 años y un día por ayudar a concretar el homicidio. En tanto, absolvió por falta de participación a César Luis Manríquez Bravo.

Otro de los casos importante que sustancia el magistrado es el doble homicidio de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

Solís dictó acusación contra el coronel (R), Juan Morales Salgado, por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

El 25 de enero pasado el magistrado había dictado acusación en contra de Contreras y Pedro Espinoza por el mismo ilícito; de Raúl Iturriaga Neumann, José Zara Holger, Cristoph Willike Floel como miembros de la red que apoyó el atentado; de Mariana Callejas Honores como autora de homicidio calificado; y de Jorge Iturriaga Neumann y Reginaldo Valdés Alarcón como cómplices de homicidio calificado.

Muertes en Textil Sumar

Sin quedarse atrás, la Segunda Sala de la Corte Suprema dejó a firme la condena a 12 años de presidio contra el coronel (R) Hernán Ovalle Hidalgo, por su responsabilidad en los homicidios calificados de Ofelia Villarroel Latín, el boliviano Donato Quispe Choque y Adrián Sepúlveda Farías, ocurridos el 23 de septiembre de 1973 en la empresa textil Sumar.

El tribunal -Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández- rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado por no cumplir con los requisitos formales necesarios.

Según los testimonios recogidos en la investigación, Ovalle Hidalgo se encargó de seleccionar al personal de izquierda de Sumar. Los cuerpos, con múltiples heridas de bala y vendas en los ojos, fueron enterrados en el Patio 29 del Cementerio General.

Comando de Telecomunicaciones

En tanto, el ministro en visita Joaquín Billard procesó al ex comandante del Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, Edmundo Jhansens Merino, y al carabinero Blas Barraza Quinteros, como autores del secuestro calificado de los socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza. Ambos fueron apresados el 29 de septiembre de 1973 en el recinto militar.

Al día siguiente se transmitió por radio un bando en el que se comunicaba que Marín y Millar se habían escapado tras asesinar a un conscripto y se publicó la información oficial de captura que decía "deténgase con orden de disparar ante el menor intento de resistencia", entregándose los nombres completos y antecedentes de los dos supuestos prófugos. LN

Los Queñes: procesan por homicidio a carabineros

La Corte de Apelaciones de Rancagua procesó a los carabineros Julio Acosta Chávez y Carlos Bezmalinovic Hidalgo como autores del homicidio calificado de los comandantes del FPMR Raúl Pellegrín Friedman y Cecilia Magni Camino, quienes fueron torturados y asesinados tras ser apresados en Los Queñes -VI Región- en octubre de 1988.

“Se golpeó en zonas vitales por funcionarios policiales encargados de su custodia e interrogación, mientras estaban reducidos y completamente indefensos, producto de lo cual ambos recibieron lesiones necesariamente mortales, arrojándose sus cuerpos agonizantes al río Tinguiririca, para completar el propósito homicida y simular una muerte por inmersión”, señala la resolución.

El fallo redactado por el ministro Carlos Aránguiz solicita recabar antecedentes para hacer efectiva la responsabilidad penal de Walter Soto Medina (coronel de Carabineros y prefecto de Colchagua), Juan Ernesto Rivera Iratchet (mayor y comisario de San Fernando) y Manuel Espinoza Castro (teniente a cargo del personal del OS-4). Además, se le tomará indagatoria al general director de Carabineros de entonces, Rodolfo Stange.