La larga travesia hacia el honor y la verdad: Buque Escuela Esmeralda.
18 de Diciembre de 2007
Editorial: La larga travesía hacia el honor y la verdad
El 9 de diciembre al mediodía, recaló en Valparaíso el Esmeralda, dando fin a su 52º crucero de instrucción. Poco después, el miércoles 12, la jueza Eliana Quezada efectuaba por primera vez diligencias judiciales al interior del bergantín para esclarecer la detención, tortura y asesinato del sacerdote británico Miguel Woodward, tras el golpe de Estado de 1973.
Lo ocurrido es un hecho trascendental, porque por primera vez un juez toca a fondo un símbolo militar del país, ni más ni menos que el buque escuela de la Armada, y deja asentado para la posteridad, con reconstitución de escena incluida, que la nave fue utilizada como centro de detención y tortura.
Tras 33 años de negativas y ocultamiento de información, la diligencia de la jueza Quezada se hizo posible gracias a una decisión del actual alto mando de la institución, que lo honra, que posibilitó que el 28 de marzo de 2006 se entregara a la justicia la bitácora de la embarcación correspondiente a 1973, en la cual Woodward figuraba como ingresado a bordo.
En esa oportunidad, el secretario general de la Armada, el contralmirante Cristián Millar, subrayó la importancia del hecho, diciendo que demostraba que el organismo y su comandante en jefe, el almirante Rodolfo Codina, “están con la mejor disposición de seguir contribuyendo con las investigaciones, para que todo esto llegue a su término”.
Esta valiosa decisión rompió por fin la fuerte oposición interna a someterse y colaborar con investigaciones judiciales en materia de derechos humanos, además de dar un giro a una visión torcida acerca de lo que es la solidaridad y el honor militar. Hace ya mucho tiempo existían en informes pruebas irrefutables de la violencia y muerte sufrida por el sacerdote Woodward a bordo (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, octubre de 1974; Amnistía Internacional, 1980; senado estadounidense, junio de 1986, e Informe Rettig, 1991), a los que se suman los numerosos testimonios de ex presos políticos detenidos y torturados en el mismo buque.
Constituye un hecho relevante que a la verdad social en torno al Esmeralda se agregue ahora la verdad judicial. Esto produce una recuperación de confianzas en las instituciones de la República.
Queda pendiente un aspecto fundamental, referido al símbolo mismo, que no puede ser obviado, especialmente por las autoridades políticas y militares. No existe justificación alguna para seguir yendo a despedir con fanfarria la nave cada vez que inicia su crucero. Tampoco para nombrarlo embajada de buena voluntad., menos aún esperar que la gente en otros países lo mire con respeto.
Por doctrina cívica, además, los jóvenes militares no merecen que la República les eduque en un centro de torturas, ni que les enseñe a querer y respetar como símbolo de su formación un lugar que está manchado por un grupo de militares sin moral que rompieron su juramento de honor a la patria y que fueron consentidos y amparados por su alto mando institucional. A cualquier persona civilizada le horrorizaría que Auschwitz fuera utilizado como sala de protocolo por el ejército alemán o como aula de enseñanza profesional para sus soldados.
La embarcación puede tener un destino honorable que la reivindique de los días de horror de septiembre de 1973 y del posterior silencio cómplice de 33 años en que se negaron y ocultaron todos los hechos. Pero, en ningún caso, tal futuro puede ser el ostentar la insignia de buque escuela de la Armada. Debe ser reemplazada por una embarcación nueva, a bordo de la cual los símbolos patrios puedan reposar con majestad y no en ese buque mancillado. Eso es lo que, por lo demás, dicta la tradición naval. Solucionarlo ya no es un problema judicial, es un tema político y de honor nacional.
Editorial: La larga travesía hacia el honor y la verdad
El 9 de diciembre al mediodía, recaló en Valparaíso el Esmeralda, dando fin a su 52º crucero de instrucción. Poco después, el miércoles 12, la jueza Eliana Quezada efectuaba por primera vez diligencias judiciales al interior del bergantín para esclarecer la detención, tortura y asesinato del sacerdote británico Miguel Woodward, tras el golpe de Estado de 1973.
Lo ocurrido es un hecho trascendental, porque por primera vez un juez toca a fondo un símbolo militar del país, ni más ni menos que el buque escuela de la Armada, y deja asentado para la posteridad, con reconstitución de escena incluida, que la nave fue utilizada como centro de detención y tortura.
Tras 33 años de negativas y ocultamiento de información, la diligencia de la jueza Quezada se hizo posible gracias a una decisión del actual alto mando de la institución, que lo honra, que posibilitó que el 28 de marzo de 2006 se entregara a la justicia la bitácora de la embarcación correspondiente a 1973, en la cual Woodward figuraba como ingresado a bordo.
En esa oportunidad, el secretario general de la Armada, el contralmirante Cristián Millar, subrayó la importancia del hecho, diciendo que demostraba que el organismo y su comandante en jefe, el almirante Rodolfo Codina, “están con la mejor disposición de seguir contribuyendo con las investigaciones, para que todo esto llegue a su término”.
Esta valiosa decisión rompió por fin la fuerte oposición interna a someterse y colaborar con investigaciones judiciales en materia de derechos humanos, además de dar un giro a una visión torcida acerca de lo que es la solidaridad y el honor militar. Hace ya mucho tiempo existían en informes pruebas irrefutables de la violencia y muerte sufrida por el sacerdote Woodward a bordo (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, octubre de 1974; Amnistía Internacional, 1980; senado estadounidense, junio de 1986, e Informe Rettig, 1991), a los que se suman los numerosos testimonios de ex presos políticos detenidos y torturados en el mismo buque.
Constituye un hecho relevante que a la verdad social en torno al Esmeralda se agregue ahora la verdad judicial. Esto produce una recuperación de confianzas en las instituciones de la República.
Queda pendiente un aspecto fundamental, referido al símbolo mismo, que no puede ser obviado, especialmente por las autoridades políticas y militares. No existe justificación alguna para seguir yendo a despedir con fanfarria la nave cada vez que inicia su crucero. Tampoco para nombrarlo embajada de buena voluntad., menos aún esperar que la gente en otros países lo mire con respeto.
Por doctrina cívica, además, los jóvenes militares no merecen que la República les eduque en un centro de torturas, ni que les enseñe a querer y respetar como símbolo de su formación un lugar que está manchado por un grupo de militares sin moral que rompieron su juramento de honor a la patria y que fueron consentidos y amparados por su alto mando institucional. A cualquier persona civilizada le horrorizaría que Auschwitz fuera utilizado como sala de protocolo por el ejército alemán o como aula de enseñanza profesional para sus soldados.
La embarcación puede tener un destino honorable que la reivindique de los días de horror de septiembre de 1973 y del posterior silencio cómplice de 33 años en que se negaron y ocultaron todos los hechos. Pero, en ningún caso, tal futuro puede ser el ostentar la insignia de buque escuela de la Armada. Debe ser reemplazada por una embarcación nueva, a bordo de la cual los símbolos patrios puedan reposar con majestad y no en ese buque mancillado. Eso es lo que, por lo demás, dicta la tradición naval. Solucionarlo ya no es un problema judicial, es un tema político y de honor nacional.
La organización que agrupa a los trabajadores forestales (CTF, Confederación de Trabajadores Forestales), expresó su rechazo al saber que la "justicia militar" resolviera que la muerte del trabajador Rodrigo Cisternas, "no tiene responsables".