Salim Lamrani
| Traducido al español por el autor y revisado para Rebelión y Tlaxcala por Caty R. |
En mayo de 2004, Washington hizo público un enorme informe de 454 páginas, que elaboró la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre (Commission for Assistance to a Free Cuba, CAFC), destinado a dar el golpe de gracia al gobierno cubano y provocar su caída. Las sanciones económicas se han endurecido y han afectado mucho a la calidad de vida de la población cubana [1].
Poco satisfecho con los resultados conseguidos, el 10 de julio de 2006, el presidente Bush aprobó el nuevo informe de 93 páginas, que dirigió la presidenta de la CAFC y actual secretaria de Estado, Condolezza Rice, y el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez. El objetivo proclamado está claro: romper el orden constitucional vigente en Cuba. Los medios utilizados para su elaboración son impresionantes: cerca de 100 personas procedentes de 17 departamentos y agencias federales trabajaron durante meses para producir este nuevo documento [2].
Este plan, que consta de siete capítulos, dispone de un presupuesto total de 80 millones de dólares para 2007 y 2008, con el fin de incrementar el estado de sitio sobre Cuba y subvertir el orden establecido. Estos fondos se reparten de la siguiente manera: 31 millones de dólares para financiar aún más a la oposición interna, 10 millones para actividades de grupos de presión en el seno de las universidades, 24 millones para extender la propaganda contra la isla y 15 millones de dólares para incorporar a la comunidad internacional al plan de ocupación de Cuba. Además, el informe prevé una financiación de al menos 20 millones de dólares anuales para los siguientes años “hasta que la dictadura deje de existir” [3].
Esta vez, Washington incluso ha fijado un plazo para derrocar al gobierno de La Habana: 18 meses como máximo. Contrariamente a Iraq donde la administración Bush nombró a un procónsul, Paul Bremmer, después de la invasión del país, en Cuba, el puesto de procónsul ya está ocupado por Caleb McCarry [4].
Las groseras acusaciones que emite el Departamento de Estado se prestarían a sonreír si sus objetivos no fueran tan alarmantes. Por ejemplo: “los cubanos siguen siendo encarcelados por actividades que los estadounidenses consideran normales: leer y ver lo que quieren; tener acceso a la información del extranjero, incluso a Internet; organizar encuentros en casa para hablar del futuro del país; disponer de una biblioteca o hacer firmar peticiones”. Según el gobierno estadounidense, este tipo de actividades se castiga con la privación de libertad en Cuba [5].
En el mismo registro, el informe afirma que “el régimen castrista no satisface las necesidades humanitarias más básicas del pueblo cubano. La malnutrición crónica, el agua potable contaminada y enfermedades crónicas no tratadas afectan todavía a un porcentaje significativo del pueblo cubano”. Y a todas luces (¿cómo atreverse a dudarlo?), “la situación no mejorará mientras Fidel Castro esté en el poder” [6].
Esta afirmación ilustra un profundo desconocimiento de la realidad cubana o una voluntad deliberada de desinformación. En efecto, todas las organizaciones internacionales, desde las Naciones Unidas, pasando por el Banco Mundial, elogian de forma unánime el sistema social cubano y el índice de desarrollo humano de la isla del Caribe. Cuba disfruta de la esperanza de vida más alta y de la tasa de mortalidad infantil más baja del Tercer Mundo. Cuba dispone de una tasa de mortalidad infantil inferior a la de los propios Estados Unidos. UNICEF afirma incluso que Cuba es la única nación de América Latina y el Caribe que ha erradicado la desnutrición infantil [7].
La primera medida adoptada preconiza una mayor financiación a los grupos de “disidentes”. Washington considera acelerar el reclutamiento de individuos cuyo papel será participar en el derrocamiento del actual gobierno. A los 50 millones de dólares previstos en el primer informe de 2004 se agrega esta nueva suma de 31 millones. El plan de Bush incluso cita a las personas encargadas de liderar las fuerzas subversivas: Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco, entre otras [8].
En marzo de 2003, las autoridades cubanas arrestaron a 75 agentes pagados por el gobierno estadounidense. Esas personas fueron severamente condenadas a causa de su sumisión a una potencia extranjera. Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional cubana advirtió a los miembros de la “disidencia” del hecho de que los que conspirasen con Washington y aceptaran sus emolumentos tendrían que “pagar las consecuencias” [9].
“Mientras exista esta política, habrá personas que sean envueltas [...], conspiren con los estadounidenses y acepten sus pagos. Eso es un delito según las leyes cubanas. No conozco ningún país que no clasifique tal actividad como un delito”, subrayó Ricardo Alarcón. “Imagínese que alguien en EEUU esté sostenido, entrenado, equipado y asesorado por un gobierno extranjero. Eso en sí mismo es un delito. Es un delito muy grave en EEUU y se puede pagar con muchos años de prisión, muchos más de los que aquí en Cuba ha pagado nadie”, concluyó [10].
La administración Bush también dedica 24 millones de dólares adicionales a Radio y TV Martí, con el fin de ampliar las transmisiones de programas subversivos hacia Cuba, violando la legislación internacional. Los miembros de la “disidencia” cubana recibirán una parte de esta suma para adquirir y distribuir equipos de radio y televisión que permitan captar los programas que se emiten desde Estados Unidos. Otros países están invitados a transmitir programas subversivos hacia Cuba. El plan prevé también “entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba”[11].
Washington desea romper la legalidad constitucional que prevé que en caso de desaparición del presidente cubano, Fidel Castro, el vicepresidente, Raúl Castro, tome las riendas del país. Para ello, ha elaborado un programa de grupos de presión de la comunidad internacional para que ésta no reconozca al eventual nuevo gobierno. Los países que sigan a Estados Unidos en su política de agresión gozarán de apoyo económico mientras que los demás tendrán que pagar las consecuencias de su insumisión [12].
Además, los títulos III y IV de la ley Helms-Burton de 1996, que prevén sancionar a los países que inviertan en Cuba, se aplicarán en adelante, después de haber sido suspendidos durante diez años consecutivos por las protestas de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea. Washington incluso ha designado su blanco prioritario: Venezuela y su presidente Hugo Chávez, primer socio comercial de Cuba, y mencionado quince veces en el informe [13].
El presidente venezolano reaccionó a la publicación del último plan, calificándolo de “nueva amenaza imperialista”. “Continuaremos la alianza estratégica con Cuba. Ahora es cuando Venezuela apoyará al pueblo y a la Revolución Cubana”, aseguró, al mismo tiempo que aconsejó a la administración Bush que elaborara un plan de transición para ellos mismos, para salvar su propio sistema [14].
En cuanto al vicepresidente de la República Bolivariana, Vicente Rangel, expresó su rechazo del plan denunciando la intención estadounidense “de agredir y sojuzgar a la República de Cuba”. “El informe publicado por el Departamento de Estado confirma el intervencionismo estadounidense, abierto y flagrante, en nombre de principios que no respeta. Su irrefrenable voluntad de avasallar a pueblos y violar el derecho internacional lo confirma”, declaró. También estigmatizó “la obsesión que el gobierno de Bush tiene con [su] país” [15].
Washington también planea confeccionar una lista de altos funcionarios cubanos a neutralizar en una Cuba ocupada. Estados Unidos ni siquiera vela sus intenciones de recolonizar la isla. En efecto, afirman que estas personas serán “sancionadas por el gobierno estadounidense como lo prevé la ley estadounidense” como si Cuba fuera un nuevo Estado de la Unión [16].
Para dañar la economía cubana, las autoridades estadounidenses aplican ahora penas más severas para todos sus ciudadanos que viajan a Cuba y reducen aún más los viajes de orden humanitario. Se ha creado una nueva agencia para seguir minuciosamente las exportaciones de níquel, fuente de ingresos importante para Cuba, y negar la compra de productos vendidos por terceros países que llevan níquel cubano. El envío de remesas a Cuba se restringe todavía más, así como las condiciones exigidas para que las empresas estadounidenses puedan vender productos alimenticios a Cuba. Incluso el Consejo de Iglesias Cubanas sufre sanciones y ya no puede recibir ayuda humanitaria [17].
Las nuevas medidas también tienen como objetivo poner trabas a la asistencia médica que Cuba brinda a las naciones del Tercer Mundo. Por ejemplo, cerca de 250.000 latinoamericanos que padecían cataratas y otras enfermedades oculares ligadas a la pobreza, recobraron la vista después de operarse gratuitamente en Cuba. Del mismo modo, cerca de 60.000 médicos cubanos u otro personal de salud trabajan actualmente de manera voluntaria en las regiones rurales del Tercer Mundo y auxilian a los más despojados de América Latina, Asia y África. Ahora, Estados Unidos prohibe toda exportación de aparatos médicos “destinados a ser utilizados en programas de gran escala [para] pacientes extranjeros”, mientras que la mayor parte de la tecnología médica mundial es de origen estadounidense [18].
Ricardo Alarcón no dejó de condenar esta decisión: “Que Bush [...] desprecia a los pobres y a los negros de Estados Unidos, que le importa un bledo si mueren abandonados, eso ya se sabe. Pero ahora sabemos también porque acaba de reconocerlo abiertamente, que su odio alcanza también a todos los pobres, a todos los indios, a todos los negros y mestizos de este mundo” [19].
Los capítulos 2 a 7 enumeran punto por punto las reformas políticas económicas y sociales que Cuba tiene que emprender obligatoriamente para ser considerada “democrática”. Todo se menciona de manera minuciosa, desde las elecciones pluripartidistas, la instauración de una economía de mercado, pasando por la devolución de las propiedades nacionalizadas en los años 60, hasta la privatización de los servicios de educación y salud. Por ejemplo, en cuanto a la educación, Washington insiste en que los programas, los libros escolares y la formación de los profesores tienen que cambiar necesariamente. En una palabra, la reorganización de la sociedad cubana será completamente controlada y dirigida por Estados Unidos [20].
La extrema derecha de origen cubano de Florida reaccionó con entusiasmo a la publicación de esta nueva política de agresión. Así, Alfredo Mesa, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, organización extremista implicada en el terrorismo internacional, expresó su satisfacción por “el compromiso de Estados Unidos de elaborar una transición hacia la democracia en Cuba” [21].
En cambio, varias personalidades estadounidenses condenaron las nuevas medidas del presidente Bush. Wayne S. Smith, antiguo jefe de la Sección de Intereses Norteamericanos en La Habana bajo el gobierno de Reagan de 1979 a 1982, subrayó que el plan estaba condenado al fracaso. “No hay muchos cubanos que estén de acuerdo con la idea de abandonar la salud y la educación universal y gratuita, así como otros servicios importantes que brinda su gobierno”, analizó [22].
Wayne S. Smith señala que el gobierno estadounidense presenta una imagen de Cuba completamente desconectada de la realidad. “La idea principal presente en este nuevo informe es que el régimen estaría al borde del colapso y enunciada como tal, sigue siendo estrafalaria. Han pasado dos años [desde la publicación del primer informe en 2004] y la economía cubana muestra señales de un fuerte crecimiento. Incluso la CIA estima el crecimiento a un 8%. Ahora Cuba mantienen relaciones económicas vitales con Venezuela y China y existen señales de la presencia de reservas petroleras a la altura de la isla. Varios países han ofrecido sus servicios para emprender perforaciones. Las cosas están mejorando y no se están deteriorando”, apunta, antes de asegurar que “las acusaciones del informe son falsas” [23].
En cuanto a la “injerencia internacional” de Cuba que menciona el informe, Wayne S. Smith estuvo claro. “Médicos cubanos han estado en numerosos países, entre ellos Guatemala y Haití, además de Venezuela y Bolivia. En todos los casos se han alabado la calidad y el desinterés de su intervención. Si eso es la injerencia internacional a la que se refiere el informe, haría falta más injerencia. Si no es el caso, el informe debería proporcionar ejemplos del intervencionismo al que alude” [24].
En lo que se refiere a la financiación de la oposición interna, Wayne S. Smith expresó su total desaprobación. “Cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar al gobierno cubano y después afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los disidentes cubanos, éstos se encuentran de facto en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno”, señaló [25].
Lucius Walker, presidente de la organización humanitaria Pastores por la Paz (Pastors for Peace) señaló con el dedo el presupuesto de 80 millones de dólares destinado a “anexar Cuba”. Mientras tanto, el gobierno “no otorga recursos para abrir las escuelas de Nueva Orleans [ni] becas para que los afroamericanos y los latinoamericanos puedan estudiar medicina en Estados Unidos”, deploró. “Hay que luchar contra esta ley [pues] ningún gobierno tiene derecho a decir a otro gobierno o a otro pueblo qué deben hacer con su país”, concluyó [26].
A diferencia del primer informe de 2004, este nuevo plan contiene un anexo, clasificado secreto “por razones de seguridad nacional”, que es motivo de gran preocupación para las autoridades cubanas, pues supone el uso de la violencia y el intervencionismo militar. Los informes clasificados en los años 60 y ahora parcialmente desclasificados revelan que Estados Unidos llevó a cabo una feroz campaña de terrorismo y sabotaje contra el gobierno revolucionario, organizó una invasión de la isla por mercenarios e incluso planificó una invasión militar total por las tropas estadounidenses [27].
En efecto, como subraya Ricardo Alarcón, “en Estados Unidos, la seguridad nacional es un concepto que esta indisolublemente asociado a lo militar o a actividades encubiertas” [28]. Y añadió:
“Después de haber divulgado todo lo que han divulgado –decenas de millones de dólares más para sus mercenarios, nuevas restricciones económicas y acciones ilegales contra el comercio internacional y la soberanía de Cuba y de otras naciones, castigos adicionales para los cubanos y para ciudadanos de otros países– y de haber hecho público hace ya más de dos años su Plan en que hasta el más mínimo detalle describe su intención de recolonizar Cuba; después de todo eso, ¿qué es lo que a estas alturas tienen que ocultar con el máximo secreto? ¿Qué esconden por razones de ‘seguridad nacional y efectiva realización’? ¿Más ataques terroristas? ¿Nuevos intentos de asesinato contra Fidel? ¿La agresión militar? Tratándose de Bush y sus compinches cualquier cosa es posible” [29].
A la administración Bush, que todavía no se ha ocupado de las víctimas del huracán Katrina, abandonadas a su suerte, desprotegidas, le importa poco la legalidad internacional. Siempre está pronta a consagrar presupuestos desorbitados para derrocar a un gobierno que se niega a doblar el espinazo.
Notas
[1] Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington : United States Department of State, mayo de 2004). www.state.gov/documents/organization/32334.pdf (sitio consultado el 7 de mayo de 2004); Salim Lamrani, Cuba face à l’Empire (Genève : Editions Timéli, 2006), pp. 139-54.
[2] Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington: United States Department of State, juillet 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (sitio consultado el 12 de julio de 2006).
[3] Ibid., p. 20.
[4] Nestor Ikeda, «EEUU dice que rehabilitará a Cuba en 18 meses», El Nuevo Herald, 10 de julio de 2006.
[5] Ibid., p. 5.
[6] Condolezza Rice & Carlos Gutiérrez, op.cit., p. 6.
[7] Salim Lamrani, op.cit., pp. 89-108; Cira Rodríguez César, «UNICEF confirma que Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil», Prensa Latina/Rebelión, 17 de mayo de 2006.
[8] Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, op.cit., p. 19.
[9] BBC, «Cuba Warns Dissidents Over US Aid», 12 de julio de 2006.
[10] Ibid.
[11] Condolezza Rice & Carlos Gutiérrez, op.cit., p. 22.
[12] Ibid., pp. 24-25.
[13] Ibid. Las menciones de Venezuela se encuentran en las páginas 5, 6, 14, 15, 23 (4 veces), 24 (4 veces), 26, 62, 63.
[14] Granma, «Venezuela reforzará alianza con Cuba», 13 de julio de 2006.
[15] El Nuevo Herald, «Rechazo venezolano a informe de EEUU sobre Cuba», 11 de julio de 2006.
[16] Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, op.cit., p. 27.
[17] Ibid., pp. 30-31.
[18] Ibid., p. 31.
[19] Ricardo Alarcón de Quesada, «El Mein Kampf de Bush», Granma, 13 de julio de 2006.
[20] Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, op.cit., pp. 34-85.
[21] Lisa Ferdinando, «Miami Cubains Praise US Efforts for Democracy in Cuba», Voice of America, 11 de julio de 2006.
[22] Wayne S. Smith, «New Cuba Commission Report: Formula for Continued Failure», Center for International Policy, 10 de julio de 2006.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Ibid.
[27] Foreign Relations of the United States 1961-1963, volume X-XI (Washington: Department of State, 1997).
[28] El Nuevo Herald, «Alarcón amenaza disidentes para que no acepten fondos de Washington», 12 de julio de 2006.
[29] Ricardo Alarcón de Quesada, «El Plan de Bush de ‘asistencia a una Cuba libre’. Crónica de una guerra anunciada», Granma, 5 de julio de 2006.
El francés Salim Lamrani es investigador de la Universidad Denis-Diderot en París y está especializado en las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Colabora habitualmente en Rebelión. La traducción al español es suya y ha sido revisada por Caty R., miembro de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción es copyleft y se puede reproducir libremente, a condición de mencionar al autor-traductor, a la revisora y la fuente.
