General Schneider

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40 años del asesinato del general René Schneider, su hijo, el coronel de Ejército en retiro Víctor Schneider Arce, publica un libro testimonial y biográfico sobre su padre.

En la introducción de General Schneider. Un hombre de honor. Un crimen Impune, el hijo del militar y autor del libro plantea sus motivos:

“Quisiera que la historia del general René Schneider Chereau impactara el alma nacional para que, después de tantos años de olvido, podamos, como chilenos, integrarlo en nuestra memoria colectiva y ubicarlo en el sitial que merece junto a nuestros héroes, en reconocimiento a su obra.

“También quisiera que llegara a aquellas personas que aún viven con sus conciencias intranquilas, ya que no tuvo la justicia que correspondía. No solamente para recordarles que dejaron a una mujer sin marido y a cuatro hijos sin padre, sino que también causaron un grave daño moral a la institución del Ejército”.

Escrito desde la emotividad y la complacencia, el autor recorre con detención la carrera de su padre y traza, de paso, un perfil biográfico en el que se vislumbra un hombre “sobrio, sencillo, a veces hasta de bajo perfil (…) No le gustaba que lo alabaran, y tampoco alabar a otros”.

Acá está reseñado el alumno ejemplar y el oficial elegido para liderar al Ejército en uno de los momentos más sensibles de la historia del país: Salvador Allende había ganado la elección y la principal rama de las Fuerzas Armadas era objeto de fuertes presiones para que torciera la voluntad popular. En este contexto el asesinado general fue autor de la llamada Doctrina Schneider, que propuso un apego irrestricto del Ejército a la Constitución y la leyes. Este libro detalla ese proceso histórico y narra con detención el asesinato del que fue objeto el general en octubre de 1970 a manos de un comando apoyado por el grupo de extrema derecha Patria y Libertad y, de acuerdo con revelaciones recientes, digitado por la CIA.

“En la muerte del Comandante en Jefe del Ejército tuvieron responsabilidades civiles y militares coludidos con diferentes fines, pero con un solo hilo conductor: la ambición de poder, ya fuera en la esfera de la política o del dinero”, escribe el autor, acusando “crueldad, insensibilidad e inmoralidad de estas personas que hoy circulan libremente por nuestro país. Nunca han tenido la entereza moral para mostrar una cuota de arrepentimiento”.

*Lea la Introducción del libro General Schneider. Un hombre de honor. Un crimen Impune

 

 

Periodista Patricia Politzer: "Michelle. nuevos aires..."

Santiago, 1 Nov (Notimex).-                                                                                                

El sentido del deber y el valor que da a la lealtad hacen de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet una posible carta de la oposición para las elecciones presidenciales de 2014, aseveró la escritora y periodista Patricia Politzer.

La autora de la biografía no autorizada de la ex mandataria, titulada 'Bachelet en tierra de hombres', próxima a ser presentada en esta capital, dijo a Notimex que su sentido del deber viene de su pertenencia a la llamada 'familia militar'.

La pediatra y militante del Partido Socialista que gobernó a Chile entre 2006 y 2010 heredó sus valores de su padre, el general Alberto Bachelet, muerto a consecuencias de torturas sufridas a manos de sus compañeros tras el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Para Politzer, la lealtad es el otro componente de sus valores y carácter, forjado en los sufrimientos por la muerte de su padre, en sus días de prisión y tortura junto a su madre y años de exilio y después, de lucha clandestina por la recuperación democrática.

'Sin embargo, más allá de sus éxitos, de haber podido salir con su frente de mujer en alto, el poder sigue siendo un asunto de hombres. Michelle abrió una rendija, resquebrajó un poco la mole patriarcal, para que lentamente vayan entrando nuevos aires', escribió Politzer.

La escritora dijo a Notimex que cuando fue designada candidata presidencial en 2004, Bachelet sintió 'que estaba jugando un rol histórico clave, que va más allá de su persona, más allá de la Concertación'.

En ese sentido, indicó, Bachelet, aferrada al cumplimiento del deber, no se restará de las tareas que le depare el destino, y si se dan las condiciones políticas para ello podrá asumir una candidatura presidencial futura.

Señaló que si la Concertación de Partidos por la Democracia, que con su administración concluyó 20 años de gobierno consecutivos, se desarrolla de una manera que a ella se le pide volver a encarnar un liderazgo, ella podría asumirlo.

'Me cuesta imaginar que ella pudiera negarse a aceptarlo, si sigue siendo la figura que es hoy día, aunque es difícil saber qué va a pasar de aquí a dos años', dijo Politzer, para quien 'Bachelet en tierra de hombres' fue 'el más difícil de los siete que he escrito'.

'Es distinto cuando tu entrevistas personas sobre un gobierno que ocurrió hace 20 años, en que todo el mundo está dispuesto a contar cualquier cosa', mientras que ahora 'todos se preguntan si Bachelet va a volver a La Moneda. Y por lo tanto más vale portarse bien'.

 

 

 

Los fundamentos del paro nacional en Chile

Por Andrés Figueroa Cornejo

1. El capitalismo en Chile se resume en la hegemonía y concentración económica –y por extensión, política y militar- de los grandes propietarios nativos y extranjeros (intervinculados) versus la ampliación del trabajo precario, informal, flexible, rotativo, polifuncional y sin regulaciones. El capitalismo es el modo ordenador de la realidad de manera compleja, integral y contradictoria; y organiza el trabajo y la reproducción general de la vida de acuerdo a su movimiento y las demandas históricas –coyunturales y estratégicas- de sus intereses. La desigualdad social (el país está dentro de los 10 más inequitativos en la distribución de la renta del planeta) es sólo una de las formas en que se expresa la más brutal apropiación privada de la riqueza humana y natural, la soberanía, y los bienes y servicios generados socialmente por las mayorías productoras. Esto es, la desigualdad social, únicamente es el efecto de la liberalización extrema de la economía, devenida en paraíso para los inversionistas transnacionales, y la privatización general de todos los derechos sociales y recursos naturales (salud, educación, seguridad social, previsión, vivienda, minerales, agua, energía, territorio, aire). Si bien, en particular en Chile, la rectoría del capital financiero y la especulación sobre los otros momentos del capital (productivo, comercial) comenzaron a mediados de los 70 del siglo pasado, en plena dictadura militar, la tendencia se incrementó –incluso con mayor legitimidad y fuerzas- durante los gobiernos civiles post Pinochet.

Cuando se habla de la hegemonía del capital financiero, quiere señalarse un estadio concreto del devenir del capitalismo donde regenta el momento financiero de la economía capitalista encargado de reciclar la parte del capital (que es puro trabajo acumulado) que, a causa de la sobreproducción, no le es posible revalorizarse en la producción concreta de bienes y servicios. El sistema financiero por sí solo no crea valor nuevo. Es decir, es puro capital ficticio y especulativo no productivo, y, en general, renta respecto de un interés en relación a un crédito, a una deuda, a una promesa de pago. El cambio realizado por la economía norteamericana a inicios de los 70, al liberar al dólar de su respaldo en oro, incrementó de manera sideral el rol del capital financiero sobre la producción real, e inició un nueva fase signada por la mundialización financiera y comercial del mercado, la destrucción cada vez menos creativa de fuerzas productivas (síntesis de una dinámica contradictoria), la deslocalización, y el gobierno de la bolsa. Ello no significa que se termina el capital productivo y su momento de distribución o comercialización, sino que el capital financiero subordina la producción y comercialización mismas del capital como nunca antes en la historia de la humanidad.  En Chile este proceso fue facilitado por la dictadura militar (victoria contundente en las relaciones de fuerza del capital sobre el trabajo) y se manifiesta, por ejemplo, en las formas de capitalización individual del antiguo sistema de previsión social, y en la creciente colocación de la riqueza producida por la exportación de cobre en activos e instrumentos financieros  contra intereses en el gran casino planetario. Este fenómeno ha intensificado el carácter rentista e interdependiente de la fracción del capital antes llamado “nacional”, pero en la realidad sometido por la tasa de ganancia del gran capital mundial cada vez más concentrado. Esta es la misma naturaleza  de la clase dominante que opera en el país.

Por otra parte, pero siempre en el mismo sentido, los Tratados de Libre Comercio, por ejemplo, firmados por el democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el socialista Ricardo Lagos Escobar, sólo han rubricado formalmente la destrucción de lo que quedaba de industria criolla –incapaz de competir con los gigantes mundiales-, y consolidado la situación de Chile como una nación condenada a la exportación de materias primas no elaboradas, como el cobre, la madera (en un lejano segundo lugar), y el pescado (en un todavía más distante tercer lugar). Las arcas fiscales (aval del capital y en las últimas décadas, subvencionadora de los programas sociales asistencialistas de los gobiernos de turno) están sometidas al precio del cobre, en un contexto donde únicamente el 27% continúa en propiedad del Estado, mientras un 73% es explotado por el capital privado y extranjero que, por lo demás, paga impuestos insignificantes y cuyas ganancias son convertidas en activos financieros e inversiones fuera de Chile.

2. ¿Cómo en un país que tuvo una clase trabajadora ejemplarmente organizada entre los años 50 hasta el golpe de Estado de 1973, la relación capital / trabajo se encuentra tan descompensada cuando termina la primera década del siglo XXI? Naturalmente, la represión criminal de las FFAA al servicio del capital es una de las razones sustantivas. No sólo fueron demolidos los partidos y destacamentos políticos populares más importantes que alcanzaron su apogeo en la Unidad Popular, sino, de igual o peor forma, fueron exterminados los líderes, cuadros y sectores más voluntariosos y concientes de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Esa es una razón. Otra, no menos relevante, corresponde a incontables militantes de la izquierda, a niveles de dirección e intermedios, que durante la década de los 80 hipotecaron el ideario socialista a cambio de “un mejor pasar” y adquirieron las expresiones ideológicas provenientes de los intereses de la clase dominante, minoritaria y gran propietaria. Esos fueron los que negociaron la salida pactada de la dictadura –ya inútil para el propio imperialismo-, manteniendo intacto el proyecto económico impuesto por la  Escuela de Chicago, y estableciendo las maneras de una democracia encorsetada, puramente formal y reproductora incesante de los mismos intereses de clase que reinaron en el período anterior. Además de estas dos razones poderosas que explican en gran medida las dificultades para la recomposición del movimiento popular en el país, se encuentra el refinamiento de los dispositivos de alienación y consenso empleados por la clase en el poder para postergar y amañar la conflictividad social. Aquí no sólo es preciso apuntar la ya tradicional concentración de todos los medios de comunicación de masas, los programas escolares, las leyes antipopulares, la cooptación política, la promoción de la delincuencia a través de la industria de la droga, la exclusión de la juventud popular, la ignorancia premeditada, y la profusión de religiones que, en conjunto, constituyen una estrategia general de domesticación, normalización, fatalidad, racismo, patriarcalismo y legitimación del actual orden de cosas como “el único posible”. Un aspecto adicional, gravitante y relativamente novedoso en el plano de la alienación social digitado desde el Estado-corporativo o gran empresarial, es el endeudamiento extraordinaria –o acceso sin regulaciones al dinero para consumo- de los trabajadores y el pueblo, único medio que explica el doble movimiento del micro crédito fácil. Esto es, por un lado engorda las utilidades de las casas comerciales y bancos que venden crédito a intereses leoninos; y por otra parte, mantiene a los endeudados, en especial a los trabajadores, esclavizados respecto de las cuentas impagables, a expensas del fetiche de la mercancía, e inmovilizados a la hora de pelear por sus derechos debido al temor a perder el empleo –ya malo- y acabar incapacitados de renegociar sus deudas, con las consecuencias jurídicas y penales que ello comporta.

3. Políticamente, los partidos tradicionales de la minoría dominante y sus fracciones –en crisis permanente, pero con mucho tiempo para recrearse a causa de la inexistencia de un movimiento popular constituido y de alta frecuencia- se distribuyen bajo la lógica formal de la alternancia en la administración del Estado (Concertación /Coalición por el Cambio), y estratégicamente representan el mismo proyecto de clase como se ha probado objetivamente en innumerables análisis e ilustraciones (de todo color) sobre las relaciones sociales hegemónicas en el país,  y ante todo, a través de la realidad dura y  mala vida de la mayoría de los chilenos. Los matices de las componendas políticas, hoy oficialista y ayer oposición, no impactan estructuralmente en la existencia cotidiana de los trabajadores y el pueblo. Por eso los trabajadores y el pueblo están mandatados a construir su propia alternativa política, y ella será hija del movimiento real de la lucha social. Sólo de allí saldrán las pistas cardinales para cambiar la vida y la nueva conducción política de las grandes mayorías explotadas y oprimidas. Y, por otro lado, la superación del capitalismo, como no funciona como necesidad histórica predeterminada, será fruto, ante todo, de la relación dinámica de la voluntad de lucha y organización, como de las propias condiciones materiales de la población malograda.

4. Una de las formas de gatillar el prólogo de un nuevo ciclo de lucha social, es el paro nacional. Esto es -lejos de cualquier consignismo-, la articulación premeditada de la unidad de los más amplios sectores de los trabajadores y el pueblo por demandas tanto históricas, como la renacionalización del cobre –fuente principal del crecimiento real de la economía nacional y, por tanto,  base insoslayable para una eventual industrialización y auténtica soberanía bajo paradigmas asociados al cuidado de la naturaleza y al desarrollo sustentable y a largo plazo-; como de las reivindicaciones y derechos sociales elementales, hoy inexistentes. Esto quiere decir, salud, educación, vivienda y seguridad social públicas de excelencia y acceso universal; salario adecuado, empleo estable (para frenar, tanto el endeudamiento plástico, como las enfermedades y accidentes laborales); posibilidad de créditos productivos de bajo precio y alta regulación del sistema financiero. Asimismo, y de manera distintiva, se agregan en el mismo estadio, las reclamaciones territoriales, políticas y culturales del pueblo mapuche. Naturalmente, cada sector de los trabajadores y los pueblos tiene como punto de arranque demandas propias que, voluntaria y premeditadamente deben sintetizarse en una plataforma de lucha de sentido inmediato y urgente.  El paro nacional es, por un costado, un inicio tendiente a romper el inmovilismo general y las luchas parciales, y por otro, un punto de llegada táctico con indudable unidad de sentido. Se trata de la política necesaria para un período (por ejemplo, el tiempo que comprende el actual gobierno). Es decir, el paro nacional es producto de un proceso de construcción de condiciones y concertación de fuerzas. Y, si bien Piñera no es Pinochet, el aprendizaje político que dejó la lucha contra la dictadura militar, indica que para el llamado airoso a un paro nacional –que en Chile primero será mucho más el marco indispensable para una protesta nacional que una huelga general en términos clásicos- debe realizarse la reunión –al menos suficiente cualitativamente- de la autoridad histórica y legítima de las grandes mayorías: los trabajadores. Claramente, la militancia popular debe abocarse no sólo a la propaganda o a testimoniar las injusticias del capitalismo. Su tarea prioritaria debe ser la concentración en particular de la unidad, primero de los más organizados. La convocatoria a un paro nacional que provoque las condiciones ampliadas de la protesta social multisectorial y multicultural, tiene que llevarse a cabo por los asalariados de los territorios estratégicos de la economía chilena. Esto es, los trabajadores del cobre, la banca, los forestales, la pesca, el comercio, el transporte y el cuentapropismo organizado. El horizonte táctico de un paro nacional –de acuerdo a las formas descritas- no demanda una alineación política de alta densidad ni pactos ideológicos. De acuerdo a la propia realidad, las agrupaciones de trabajadores de las áreas estratégicas de la economía deben convenir una plataforma básica, inclusiva, amplísima, plástica y práctica, legible e incuestionable.  El objetivo es que en las formas y los contenidos, los llamados a convocar al paro nacional den cuenta de las demandas más sensibles de las mayorías nacionales. Eso resultaría más que suficiente para desatar, de menos a más,  el malestar social todavía agazapado de los populares. Aquí se propone una forma determinada por el descontento de los muchos, que privilegia la lucha por abajo y en los espacios públicos hoy empapelados por la publicidad y la vigilancia. Aquí se propone los pasos primeros para devastar el fatalismo y la paz de cementerios que exige la superexplotación laboral, el despojo de los recursos naturales, el castigo a la disidencia. Aquí se propone una forma para comenzar la demolición a largo plazo de una sociedad inhumana y estructuralmente desigual. Se trata de ofrecer, a través de luchas dispersas, pero existentes, una respuesta a cómo, lo más concertadamente posible, inaugurar un nuevo ciclo del movimiento social en Chile con sentido.

Noviembre 6 de de 2010

 

 

Salud y accidentes laborales: la realidad dramática de los trabajadores chilenos

A propósito del fabuloso y feliz rescate de los 33 mineros en Copiapó, Sebastián Piñera anunció un llamado Nuevo Trato con los trabajadores del país en materia, sobre todo, de salud laboral y accidentabilidad. Sin embargo, hasta la fecha no existen medidas concretas al respecto, salvo el rimbombante titular presidencial. Lo que sí abunda son los atropellos y abusos del empresariado con feroces consecuencias para la salud y vida de los asalariados.  

Por Andrés Figueroa Cornejo

 “La mayoría de los conductores del Transantiago sufre de estrés laboral y depresión. Hay choferes que manejan bajo el consumo de psicotrópicos. Muchos trabajadores son agredidos y no pasan a la mutual. Como la frecuencia del transporte es irregular, se junta mucha gente en las paradas y los usuarios descargan su ira contra los conductores que son la cara visible del sistema, cuando la programación de las rutas y su recurrencia es una decisión del empresario”, relata Fernando González, presidente de la Federación Nacional Unión de Trabajadores del Transporte que agrupa en su mayoría a trabajadores del Transantiago;  exactamente a 5 empresas de las 10 de la industria. Se trata de la zona H, la Milenium (máquinas verdes), Transaraucaria (color naranja), Alsacia (línea 100), y Express (línea 400).

Fernando González añade que “aquí funciona el terrorismo laboral contra nosotros. Legalmente nos correspondería trabajar 7,5 horas diarias, y tener un descanso a las 4 horas, de acuerdo al artículo 26 del Código del Trabajo. Sin embargo, cuando hay recorridos que son circunvalaciones y el chofer llega al terminal, y no hay relevo, es obligado a seguir conduciendo sin pausa. Es decir, pasan hasta 6 horas continuas sin bajarse del bus, sin siquiera ir al baño. Por eso muchos conductores trabajan con pañales. A la empresa Express de Santiago, por ejemplo, le hemos interpuesto demandas sólo para que cumpla lo estipulado en la ley. Además, como no nos pagan las horas extras, se ahorran o ganan 6 millones de dólares más sólo por este concepto.”

Un chofer del Transantiago es pasado a buscar por una band a su casa alrededor de las 02:30 horas de la madrugada, para recién empezar a conducir a las 06:00 horas. El trabajador llega a la “bodega” a las 04:00 horas, lo que es contabilizado por el empleador como “tiempo pasivo” a cargo del trabajador. Normalmente hace hasta tres recorridos, para recién a la 10:00 horas, pasar por primera vez al baño. Después el funcionario da una vuelta más y termina a las 16:00 horas. Es decir han transcurrido 12 horas desde que fue recogido a su hogar por la empresa. Esto ocurre 6 días a la semana.

 “La salud mental de los trabajadores es pésima”, sentencia González y agrega que “cuando trabajábamos en las micros amarillas uno llegaba al paradero y todos los choferes compartían, teníamos muy buenas relaciones y había un buen ambiente. Se comía bien y se nos pagaba bien. Hoy uno llega a un depósito y la gente está sentada, no hay conversación, todos están amargados. Hay muchos conductores con familias destruidas producto de las largas jornadas, los controles excesivos, las presiones, casi todos los días hay choques, y por el hecho de haber ganado $800 mil pesos mensuales o más antes y ahora percibir menos de la mitad. En el último tiempo se han ahorcado tres conductores.”

EN EL CAMPO

Alicia Muñoz es la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, y dice que “lamentablemente cada año, más que evaluar avances, continuamos sumando víctimas producto de las condiciones en las que trabajamos, no solamente las mujeres de la agro exportación, las trabajadoras del campo, los trabajadores del campo y la ciudad, los mineros. Cada temporada debemos lamentar la muerte o accidentes graves, que pudieron ser prevenidos, si los empresarios con sus gigantescas ganancias, hubiesen invertido en mejorar las condiciones de seguridad”.

Según las últimas investigaciones del Centro de Estudios de la Mujer (CEDEM), las condiciones en que se realiza el trabajo asalariado agrícola, en particular de las mujeres, está ligado directamente a la calidad de vida y la salud, por tanto, los factores de riesgos “no sólo son físicos, ambientales o químicos, sino que están vinculados a la forma que adquiere la contratación de la fuerza de trabajo”.

La principal representante de ANAMURI lamenta que “Sigue siendo normal aplicar plaguicidas estando las y los trabajadores en los huertos; no respetar los períodos de reingreso, y el criterio de la ganancia prima por sobre la vida y la salud de las trabajadoras”. En ese contexto, Alicia Muñoz relata el caso de “Cecilia Ortiz, trabajadora agrícola de la región de Atacama, quien sufrió un grave accidente con resultado de pérdida de vida. Y hasta el momento, la empresa “ La Ruta ” de Copiapó sigue negando tener cualquier responsabilidad en su muerte, pese al informe forense. El caso continúa en los tribunales de justicia, y hasta ahora no existe ningún pronunciamiento”.

Casos como “el de Cecilia, de Victoria en Talca, Cristiana en la novena” se convierten en cifras que siempre quedan en lo oscuro, incluso cuando en la región del Maule, en la temporada 2009 se constataron “más de 50 accidente con consecuencias fatales o sea 50 pérdida de vidas humanas y más de 130 lesionados gravemente. En la actualidad, van a la fecha 94 accidentes, por accidentes laborales en esta región, quedando los y las trabajadoras en la más absoluta indefensión”, concluye Alicia Muñoz.

EN EL MAR

“El Presidente Sebastián Piñera ha planteado la necesidad de un nuevo trato para los trabajadores de nuestro país. Es de esperar que no sólo sean buenas intenciones, sino más bien sirva para colocarse a la altura del desarrollo productivo que ha alcanzado nuestra patria y la retribución y redistribución justa para los trabajadores de nuestro pueblo”, manifiesta el máximo dirigente de la Confederación de la Gente del Mar (CONGEMAR), Jorge Bustos.

El dirigente señala que en la industria donde se desempeña “carece de regulación  en la competencia y para qué decir de la relación capital-trabajo, es decir tipos de contrato, donde producto de la falta de regulación se cometen atropellos, todos ellos denunciados a cuanta autoridad hemos podido, así como también a los representantes de los partidos políticos”.

Jorge Bustos afirma respecto de las autoridades que “no pueden decir que no saben que nuestros representados con suerte tendrán pensiones solidarias, pues carecen de continuidad y densidad previsional. No pueden decir que no saben  que el artículo 142 del código laboral autoriza un contrato que no es contrato y que no tiene validez jurídica”.

Sobre el ámbito de la salud laboral del sector, Bustos informa que cuentan “dos muertos anuales, aplastados por 35 toneladas varias veces; decapitados en cubierta; atropellados en los puertos. Es el costo del estrés  por la mayor producción en el turno, por la reducida mano de obra, con el único fin de mejorar las ganancias de la empresa. Es impresentable que esto siga siendo aceptado, considerando la promesa última que hiciera el Presidente, a propósito de las inhumanas condiciones de seguridad de nuestros hermanos mineros.”

EN LA MINA

Eduardo Rocco es vicepresidente de la Federación Minera de Chile que reúne a los sindicatos del sector privado de la materia prima cardinal del país. El dirigente explica en relación a la accidentabilidad y salud laboral de los trabajadores mineros que  “el 6 de septiembre pasado pedimos una entrevista

con el presidente Piñera. Sin embargo, el gobierno sólo se ha limitado a responder con una carta por intermedio de sus asesores,  sin pronunciarse sobre lo medular. Interpretamos esto como simple ausencia de voluntad política para recibirnos.”

Rocco estima lamentable que, en cambio, “sí se generen los espacios para los empresarios que son los menos y no se abra un espacio de participación para los trabajadores que somos la mayoría. Es claramente un indicador de que  si hoy se pretenden generar cambios para mejorar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores, ellos se construirán sin la participación activa nuestra. Es decir, seguirán con su ideas de ‘Trabajar para la gente, pero sin la gente’”. 

Respecto de la accidentabilidad, el representante minero comunica que “tenemos 18 fallecidos en lo que va corrido del año 2010. Gran parte de ellos en la pequeña y mediana explotación,  donde las condiciones de seguridad son inferiores en relación a los sectores de mayor producción”.

Interesante resulta la relación que establece Eduardo Rocco entre productividad y accidentabilidad laboral cuando ilustra que “uno de los factores que detonan el crecimiento de los accidentes, está íntimamente relacionado con el alza del precio del cobre,  donde el rubro en general  eleva su producción para lograr un mejor negocio,  lo que afecta directamente a la seguridad.”

Por otra parte, el dirigente afirma que “sobre las jornadas laborales en gran parte de la industria minera fueron autorizadas las 12 horas de trabajo, lo que impacta con un 50% de recarga de trabajo, un 50% de mayores posibilidades de accidentes del trabajo, un desarrollo en menor tiempo de enfermedades profesionales o laborales y una disminución de vida útil laboral evidente con respecto a las empresas con  jornadas de 8 horas que es la que tienen los países desarrollados.”

Asimismo, Rocco aclara que “los índices de accidentabilidad aparentemente bajos, son en parte, producto de un excesivo ‘celo’ con los accidentes, ya que aquellos que llegan a tener atención en las mutualidades son los casos más graves, pero existen otros menos graves que terminan siendo incidentes con tratamiento médico y posteriormente con trabajos restringidos para evitar que estos lleguen a considerarse como tiempo perdido. Lo más importante para algunas empresas es conservar un índice bajo de accidentabilidad. Ello les permite por un lado, reducir o conservar los valores de la prima y por otro, generar  una imagen de producción limpia”. Suma que “de hecho existen reconocimientos a nivel nacional para aquellas empresas que logren obtener ‘excelencia en seguridad’. Lo preocupante de ello, es que por un tema de ‘imagen empresa’ o un ahorro visible en el pago de prima, estos reconocimientos se han transformado en incentivos perversos  y en un círculo vicioso  donde los más perjudicados son los trabajadores y sus familias, ya que si no existe registro en la mutualidad y aparecen secuelas de este ‘incidente’, se considera para todo efecto como enfermedad común y es de costo del  trabajador su tratamiento a futuro. Las enfermedades producto del trabajo son raras. Por ejemplo, un trabajador podrá salir de la empresa con tuberculosis, pero en muy pocos casos por silicosis, aunque años después se compruebe que era esto último lo que sufría.”

Finalmente, Rocco señala que “toda vez que aparecen casos de afectados con secuelas de salud, son considerados improductivos y despedidos por exceso de licencias médicas.  Con respecto a esto último, aparece un fenómeno llamado “presentismo”. Se trata de mineros que se presentan a trabajar en un estado de salud precario, con tal de no presentar licencias médicas, perjudicando aún más su salud y potenciando la accidentabilidad.”

NO SE CUMPLE NI SIQUIERA LA LEY

El presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Manuel  Ahumada, en cuya organización se constelan sindicatos principalmente del sector servicios, reconoce que “en el trabajo sindical tenemos claro que el principal capital de la organización es el trabajador. Un trabajador será mas activo, participativo y comprometido con su organización en la medida que su entorno laboral sea adecuado, que sus aspiraciones económico- sociales vayan siendo satisfechas, que se encuentre protegido contra los imponderables que pudieran afectarlo durante el desarrollo de su trabajo”, y sobre el denominado Nuevo Trato –que todavía no presenta sus medidas concretas- gatillado por el caso de los 33 mineros rescatados de la mina San José, dice que “pareciera que nunca antes hubo accidentes de esta magnitud, nunca antes los patrones violaron la ley de la forma que aparece denunciado y nunca antes los organismos encargados de fiscalizar habían hecho mal su trabajo. Desde ahora, partiendo por el gobierno y el parlamento, todos están preocupados de la seguridad laboral ignorando que esta no es posible de cambiar para mejor, si no se cumple con una serie de elementos básicos que son obligación de la sociedad”.

Ahumada asegura que toda la accidentabilidad y sus consecuencias se miden por informaciones oficiales, ya sea del gobierno o de las mutuales. Por eso el presidente de la CGT propone “crear equipos que profundicen sobre este problema en las organizaciones y generar un instrumento que las transforme en estadísticas para conocimiento de la población”.

Desde otro lugar, el Doctor Manuel Parra, especialista en el tema y que ha desarrollado trabajos para la Oficina Internacional del Trabajo en Chile, expresa los ejes de la salud en el trabajo, definiendo que “ la salud laboral se preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los planos, físico, mental y social” y añade que “el nivel de salud laboral posible de alcanzar en un momento determinado va a depender en gran medida de otras situaciones dentro de la sociedad: el nivel de empleo y desempleo, las condiciones de vivienda, la disponibilidad de infraestructura de transporte, el acceso a la educación y a la salud, las instituciones promotoras de la salud y las instituciones fiscalizadoras, el grado de organización sindical, entre otros aspectos”.

Parra enfatiza que “la historia del trabajo muestra ejemplos de cómo a veces la principal medida para mejorar la salud de un grupo de trabajadores ha sido un aumento de sus remuneraciones, la prohibición de un material peligroso o un cambio favorable en la jornada de trabajo. Lamentablemente también abundan los ejemplos de medidas que, tomadas con una finalidad económica, terminan por afectar negativamente la salud de los trabajadores”.

Es decir, la salud laboral y niveles de accidentabilidad están determinados por el  desarrollo de un país, por  relaciones sociales distintas a la búsqueda incesante del lucro y la explotación humana. Eso es hablar, definitivamente, de otro Chile.

Noviembre 5 de 2010

 

 

Negociación de los Empleados Públicos:

Chile: Un noviembre caliente

• El viernes 29 de octubre fue presentado el pliego de reivindicaciones de los trabajadores del sector público en La Moneda. Y Raúl De la Puente es el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) que cuenta con 60 mil afiliados de 85 mil funcionarios públicos de los ministerios (200 asociaciones). El penúltimo mes del año se viene duro para Piñera.

La ANEF es una de las fuerzas centrales de la Mesa de Negociaciones del Sector Público, donde también están los trabajadores municipales, de las universidades estatales, el Colegio de Profesores, los paradocentes, los gremios de la salud, y los funcionarios de los consultorios traspasados a los municipios.

Existen tres negociaciones en el sector público. Una supranacional que involucra a 600 mil funcionarios, tanto civiles como uniformados. Luego está la Mesa del Sector Público -380 mil empleados-; y hay una tercera escala de negociación que corresponde a servicios o localidades en particular.

 “Desde 1990 nosotros realizamos anualmente una negociación nacional de hecho, que rompe el concepto de empresa. Esa es la mayor, y sirve de orientación para las negociaciones colectivas de todos los trabajadores. Es una referencia para los patrones. Además la unidad de financiamiento escolar (Asignación de Subvención Escolar) por alumno se reajusta en el mismo porcentaje que el reajuste nuestro. Es decir, tiene un fuerte impacto en la educación pública.”, explica el líder de la ANEF.

¿Quiénes y cuánto demandan?

 “Hoy negocia la Mesa del Sector Público, constituida por 13 organizaciones. Luego de dos semanas hemos llegado a un porcentaje de petición de reajuste basado en el IPC (alrededor de un 3%) y las proyecciones del crecimiento del país (alrededor de un 6%). Por eso es un 8,9%. A ello se agrega un adicional de un 30% de reajuste más para aquellos trabajadores que ganan menos.”

¿Qué otras reivindicaciones económicas contempla el petitorio?

 “Estamos solicitando un aguinaldo de navidad de $60.500 pesos (US$ 121) para todos. La misma cifra para el aguinaldo de Fiestas Patrias, y un bono de escolaridad de $66.000 pesos (US$ 132) para las personas que tengan niños de 2 o más años. Asimismo, reivindicamos aportes para el servicio de bienestar de $110.000 pesos (US$ 220), y un bono de vacaciones de $220.000 pesos (US$ 440). También solicitamos incentivos para el retiro, asignaciones de zona e igualdad de oportunidades en lo correspondiente a género. Demandamos aquí un postnatal de 6 meses compartido entre la mujer y el hombre, dejando que sea la mujer la que dé el consentimiento al respecto. Queremos derecho a sala cuna para todas las formas contractuales del área, y derecho a jardín infantil, sin externalizaciones.”

¿Y en el plano del empleo?

“El segundo pilar de la negociación tiene que ver con la estabilidad laboral. ¿Qué sacamos con obtener buenos reajustes si nos quedamos sin trabajo? Y el trabajo con este gobierno se ha flexibilizado. Sólo en la administración central hemos perdido más de 3 mil empleos (7% de la dotación total agremiada en la ANEF).”

¿Cuál es la composición contractual de los empleados?

“En los ministerios hay cerca de 100 mil trabajadores a contrata y 90 mil de planta. Y nosotros estimamos que el empleo en la administración pública no puede estar sujeto a los cambios de gobierno. Sólo los funcionarios de cargos de confianza que están establecidos en la Ley 19.882, son los que pueden cambiarse. Se trata de 2 mil a 2.500 personas, y ahí nosotros no nos metemos. Sin embargo, el actual gobierno ha querido suprimir a mucha gente que está a contrata, es decir que duran hasta el 31 de diciembre de este año, y cargos a honorarios que son precarios, sin previsión ni salud, y  que corresponden a 10 mil funcionarios. Queremos que se regularice esta situación y los empleados no estén sometidos a los cambios en el Ejecutivo.”

TRABAJO DECENTE

¿Cuál es el cursor de la negociación?

 “El reajuste va de la mano con el empleo. Nosotros planteamos que en la administración pública debe primar el concepto de Trabajo Decente. Eso, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), significa empleo estable, remuneraciones dignas y con protección social.”

¿Y qué formula plantean?

 “Queremos que los trabajadores a honorarios pasen a contrata, y que, si obtienen buenas calificaciones, los trabajadores a contrata pasen a planta en base al mérito y la probidad. En la administración pública no pueden usarse criterios políticos al respecto, como lo ha hecho la Intendenta de Copiapó, Ximena Matas, quien solicitó a todos los secretarios ministeriales que les diera los nombres de los funcionarios públicos con sus militancias políticas. No pidió currículo, ni calificación, sino el partido al que pertenecen.”

¿Lo que piden es una modificación legal al respecto?

 “La idea es que los trabajadores a contrata pasen a planta y se les respete el Estatuto Administrativo, el cual contempla que en la administración pública no puede haber más de un 20% de personas temporales. Hoy más del 50% de los empleados son temporales. Sólo deseamos que se respete la ley. No podemos ser el botín de guerra de los que ganan las elecciones.”

¿Y cuál es el argumento de fondo?

 “Para que exista calidad en las políticas públicas debe haber continuidad laboral. De lo contrario paga el costo de un servicio deficitario la ciudadanía, el usuario, porque entra gente por su situación partidaria, por nepotismo, compadrazgo, y no por su mérito.”

NOVIEMBRE CALIENTE

¿Cuáles son los tiempos de la negociación?

 “Las dos primeras semanas de noviembre se realizan las negociaciones, y la tercera semana debe estar la propuesta en el Congreso.”

¿Qué estrategia usarán?

 “La ANEF va a combinar en la negociación, el diálogo con la movilización.”

Dos semanas es poco tiempo.

 “Nuestros asociados están alertas. La primera semana de noviembre realizaremos una movilización informativa sobre el curso de las conversaciones. Y la segunda semana, de no caminar bien las cosas, paralizaremos el sector. Y no descartamos realizar movilizaciones en Valparaíso, en el propio Congreso. Será un noviembre intenso.”

Cuando estén movilizados, ¿qué le solicitarían a la ciudadanía?

 “Nosotros le pedimos a la gente comprensión y solidaridad con los derechos de los trabajadores del Estado. Como nos vaya a nosotros les va a ir a los demás asalariados. Y les pedimos que entiendan que también estamos peleando por la educación de sus hijos, porque los escolares tendrán un mejor financiamiento si nos va bien en la negociación. De todos modos, en materia de salud, se mantendrán los turnos éticos.”

 

 

[e-mail]

                                           Perfil  Curricular:   

  16-4-1945

                                                  Dr. Augusto V. Ramirez.

Miembro  American Psichological Ass. Member# 6360-3283

American  Sociological  Ass. Menber # 4650MB 

Flacso. Investigador Asociado

Doctorado en Psicología Clínica.

Universidad  de  La Habana, Cuba 1968

Tesis de Grado. 12 niños  homicidas. Bajo la Supervisión de los Doctores Alfonso Bernal del Riego Universidad de la Habana. Dr. Erich Fromm  Univ. Autónoma de México.

Post Grado en Psicoanálisis Infantil.

Bajo la dirección de los Doctores. Gabriel Casuso y  José Gurri 1970 Instituto Psicoanalítico de Londres

Maestría en Criminología Social. 

Instituto de Criminología  de la URSS. 1974

Director del Dep. de Psicología Clinica de Conducta de la Habana  1970

Director de la Sala de Psiquiatría de la Prisión del Combinado Cuba 1980-85

Emigra a Estados Unidos en 1987.

Revalida el Doctorado en Psicología Clínica en Estados Unidos 1988

Consultor del Gobierno de Sur África 1988 

Consultor del Gobierno de México 1994

Director  de Psichodiagnostic Center. Miami, Fla  1988-1998

Director del LatinAmerican Study Center of  Florida. 1988-1999

Director del National Institute of Early Education.  USA.1988-2000

Director del Instituto Internacional de Educación Familiar. Republica Dominicana. 2000-

Director del Dept. De Criminología Social PP P.N. 2003-06  Republica Dominica

Profesor de Post Grado de la Univ UTE. Republica Dominicana  2003-04  R.D.

Profesor de La Escuela Nacional del Ministerio Publico 2006  R.D.

Profesor de la UASD. F. de Humanidades 2004- Actualidad

Profesor de INTEC. 2008- Actualidad

Consultor de las Naciones Unidas –PENUD- 2007-

Libros Publicados:

Tesis de Grado: Doce Niños Homicidas. Ass de Psicólogos La  Habana, Cuba  1968 

Teoría General de la Necesidades  La Habana, Cuba. Ed- El Sol  1970

 Revolución y Conciencia de Clase. Ensayo. 1972. Imp. La Moderna. 1972

 La Octava Puerta. Antología. Imp Fernández. Miami, FL 1988

 El Suicidio  en Cuba  USIA. Washington D. C.  USA  1989

 The Castrisme: Social Economit Condition. Univ.  de Pretoria. Sur A.  1989

 Miami, Colonialismo y  Contrarrevolución.  Ed. Barricada. Nicaragua 1992

 Miami, Colonialismo y Contrarrevolución. Segunda Edición  Ed. Buho. R. Dominicana 1995

 El Carisma y el Caos. CIBEPRESS 1997  R. Dominicana

 Manual de Auto Defensa: La violencia domestica. Ed: FME  Miami, Fla. 1999

 La  Familia Hispana.  Ed.  FME,  Miami, Fl 2000

 Consumismo, Familia  y Sociedad.  Ed  Cibe Press  2006

 La Familia Dominicana Ed CibePress. Republica Dominica 2007 

Entre la Miseria y el Miedo. Editorial Cibepress 2008 Republica Dominicana

 Referencias:

 General Manuel Tomas Taveras Rodríguez  809- 482 2168

  Lic. Henry Santos. Escuela de Psiclogia de la UASD  809- 686 0193 Ext 310

  Dr. Mario Holguín. Movil- 809-2246691

  Email: [e-mail]

  Telefonos  Movil: 829-445-6527  Oficina: 809-686-0193 ext: 310   

 

 

Se nos fue un grande de latinoamerica

Néstor Kirchner

Estimados reciban mis sinceras condolencias por irreparable pérdida de una gran personalidad política argentina tan reconocido en el mundo entero y tan cercana a nuestra compartida geografía austral.

Atte.,

Eduardo Pesce Villarroel

Comunicador, Gestor y Difusor Cultural

Radio Magallanes de Punta Arenas

CHILE

Néstor Kirchner

Político argentino. Néstor Carlos Kirchner Ostoic nació en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz (Patagonia), el 25 de febrero de 1950, hijo de Néstor Carlos, descendiente de inmigrantes alemanes y funcionario de Correos, y de María Ostoic, de una familia de origen croata instalada en Punta Arenas (Chile).

Miembro de la Juventud Peronista, estudió derecho en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se casó con la también militante justicialista Cristina Fernández.

Ambos formaron parte de la corriente izquierdista que apoyó a los Montoneros en los años turbulentos que precedieron al golpe de estado militar que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Néstor Kirchner

En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río Gallegos para ejercer la profesión, junto con su esposa, en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue designado presidente de la Caja de Previsión Social de Río Gallegos. Durante los siete años tenebrosos de dictadura militar (1976-1983) se mantuvo aparentemente alejado de la política, aunque fue encarcelado en una ocasión por motivos que no especifica su biografía oficial.

Gobernador de Santa Cruz

En las elecciones municipales de septiembre de 1987, como candidato peronista, fue elegido intendente (alcalde) de Río Gallegos. Dado el éxito de su gestión, fue promovido por el Partido Justicialista a candidato para la gobernación de la provincia, cargo para el que fue elegido con el 61 % de los votos el 8 de septiembre de 1991.

Como gobernador aplicó una política neokeynesiana expansionista, de fuertes inversiones públicas, en contraste con la estrategia neoliberal y antiinflacionista del presidente de la república, el también peronista Carlos Saúl Menem, por lo que se ganó una reputación de político de centroizquierda dentro del variopinto conglomerado justicialista.

Reformó en dos ocasiones la Constitución provincial para que el gobernador pudiera ser elegido sin límite de mandatos. También aumentó el número de jueces del Tribunal Supremo provincial y sus protegidos se jactaron de haber amordazado a la prensa local. Mientras sus partidarios ensalzaban su eficaz gestión, sus adversarios lo acusaban de haber gobernado la provincia como un feudo, en el que todas las fuentes de riqueza y trabajo estaban en manos del gobernador y su clientela (más del 40% de los trabajadores son empleados públicos).

Cuando fue elegido gobernador, en 1991, Kirchner recibió 630 millones de dólares de indemnización del gobierno federal, tras un juicio sobre los royalties financieros, a los que se añadieron otros 420 millones de dólares procedentes de las plusvalías generadas por la venta de las acciones que la provincia poseía en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), adquirida por la española Repsol.

Durante varios años, los legisladores de Santa Cruz reclamaron inútilmente precisiones sobre el montante exacto de ese patrimonio o botín provincial. Presionado por la prensa en la campaña electoral, Kirchner informó el 13 de mayo de que 531 millones de dólares se encontraban depositados en varias cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo.

Carrera hacia la presidencia

El presidente Eduardo Duhalde se decantó explícitamente por Kirchner como candidato peronista y logró que el congreso del partido aprobara su estrategia de suspender la elección primaria y trasladar la liza de todos los aspirantes a la misma elección presidencial. Una maniobra destinada a impedir que Menem se alzara con la candidatura, pese al fallo de un juez federal con competencia electoral que prohibió la reforma de los estatutos del Partido Justicialista.

En sus proclamas electorales, Kirchner se presentó como adalid del ala izquierda del peronismo, reformista sin ambages y resuelto adversario del sistema neoliberal de sus predecesores. También prometió mantener en el cargo al ministro de Economía, Roberto Lavagna, al que se atribuía la ligera mejoría económica de los primeros meses de 2003.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 27 de abril, el gobernador de Santa Cruz quedó en segundo lugar, con el 22% de los votos, detrás del también peronista Carlos Saúl Menem, que logró el 24%. Tras los de la provincia de Santa Cruz (60%), Kirchner obtuvo sus mejores resultados en la provincia de Buenos Aires (40 % de la población), gracias al apoyo decidido del presidente Duhalde y del poderoso aparato del justicialismo.

Ante unas encuestas que le eran muy desfavorables, Menem anunció el 14 de mayo su retirada de la carrera presidencial, lo que decidió la inmediata proclamación de Kirchner como presidente electo. La teatral capitulación de Menem, al abortar el proceso electoral, no sólo perjudicó la legitimidad del nuevo jefe de Estado sino que amenazó las instituciones democráticas ya duramente afectadas por la violenta revuelta popular, alentada por los peronistas, que derrocó ilegalmente al gobierno del radical Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.

Antes de tomar posesión, el nuevo presidente visitó Brasilia y Santiago de Chile, donde obtuvo el respaldo de los presidentes Luiz Inácio, Lula, da Silva y Ricardo Lagos, respectivamente, para lograr la recuperación económica continental con una base social de centroizquierda.

Primeros meses de gestión

En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el papel central del Estado en el desarrollo económico, prometió una lucha «implacable» contra la corrupción y abogó por un reforzamiento del Mercado Común del Sur (Mercosur), que asocia a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Tratando de afirmar su autoridad y superar la crisis institucional y de confianza provocada por la retirada de Menem, con sus primeras medidas como jefe de Estado sorprendió a los argentinos al decretar el retiro de la mitad de los generales y almirantes, proceder a una amplia purga en la policía federal, sospechosa de corrupción, y abrir los archivos secretos sobre el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que causó la muerte de 95 personas e hirió a varios centenares en julio de 1994. También anunció su propósito de jubilar a varios de los jueces del Tribunal Supremo.

Los dos problemas esenciales, sin embargo, eran la renegociación de una deuda pública de 144.400 millones de dólares y el combate contra una pobreza que afectaba al 60% de los 37 millones de ciudadanos. Sus primeras palabras sobre los planes económicos fueron mal recibidas en los círculos financieros internacionales, pues aseguró que los acreedores del Estado argentino deberían aceptar una pérdida de su capital, una reducción de los tipos de interés y una prolongación de varios decenios en los plazos del reembolso.

El horizonte político distaba mucho de estar despejado. Si Menem parecía haber cavado su propia fosa política, Kirchner podría tropezar con las ambiciones y los intereses del ex presidente Duhalde, su padrino político, que mantenía intactas sus redes caciquiles en el Gran Buenos Aires. En respuesta a los que lo presentaban como un mero delegado de su predecesor en el fracturado partido peronista, aseguró que tenía las manos libres y que no haría «ningún pacto con el pasado».

Tras asistir a la Cumbre del Mercosur en Asunción, el 18 de junio, Kirchner realizó una gira en julio por varias capitales europeas. En Londres asistió a la conferencia cumbre de la Tercera Vía auspiciada por el primer ministro, Tony Blair, y en Madrid mantuvo una controvertida reunión con los empresarios españoles, a los que reprochó su comportamiento tras la privatización de las empresas públicas en la época de Menem.

Los responsables de las empresas de los servicios públicos, por su parte, se quejaron de la espectacular caída de las tarifas, debido al fin de la paridad del peso con el dólar, y reclamaron un alza del 65%, requisito imprescindible para mantener y ampliar las inversiones que necesitaba el país para recuperarse de cuatro años de recesión.

Tras la decisión de un juez federal que ordenó la detención de 46 militares y civiles acusados de delitos de lesa humanidad en otros países y reclamados por el juez español Baltasar Garzón, el presidente Kirchner derogó en julio de 2003 un decreto firmado por el presidente De la Rúa en diciembre de 2001 que prohibía la extradición de los militares nacionales reclamados por otros países y acusados de crímenes de lesa humanidad. Luego presionó y consiguió en agosto que las dos Cámaras del Congreso anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986 y 1987) y sus secuelas de impunidad para los autores y cómplices de las atrocidades del régimen militar.

Fallecimiento

El peronista Néstor Kirchner, esposo de la presidenta Cristina Fernández y ex mandatario argentino (2003-2007), ha fallecido este miércoles 27 de octubre 2010, a los 60 años por una afección cardíaca aguda que le produjo un episodio de "muerte súbita", confirmó su médico, Luis Buonomo.

El deceso se produjo a las 8.30 horal local (11.30) en la villa turística El Calafate, 2.787 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. "La presidenta Cristina Fernández se encontraba junto a su esposo cuando éste se descompuso y fue trasladado de urgencia al hospital municipal" de la ciudad patagónica de El Calafate, informó la Casa Rosada.

Era el tercer problema serio de salud en los últimos nueve meses que padecía el diputado nacional, jefe del gobernante partido justicialista (peronista), y secretario general de la Unión de Naciones del Sur (Unasur).

El pasado 11 de septiembre, Kirchner fue sometido con éxito a una cirugía cardiovascular para desbloquear una arteria coronaria, en la clínica porteña 'Los Arcos'.

Y el 7 de febrero fue trasladado de urgencia a la misma clínica e intervenido después de que los médicos advirtieron que tenía una placa ulcerada que le obstruía la arteria carótida derecha.

En 2004, siendo presidente argentino, debió ser hospitalizado de urgencia en la provincia de Santa Cruz a raíz de una indisposición estomacal. En medio de un fuerte hermetismo, la oficina de prensa de la Casa Rosada dijo que sólo se trató de una gastroduodenitis, pero pasó cinco días ingresado en ese centro médico.

Al año siguiente, la entonces primera dama cometió una infidencia y reveló que en verdad el presidente había sufrido "una úlcera perforada y realmente estuvo muy mal". Desde entonces Kirchner dejó de fumar y comenzó a hacer dieta alimenticia.

Pero el enloquecido ritmo de vida del 'hombre fuerte' de Argentina y el consiguiente estrés debido al exceso de actividad atentaban contra su salud, según subrayaban los médicos y especialistas consultados por estas horas en las emisoras de radio y televisión de Buenos Aires.

Kirchner concentraba cuatro trabajos a la vez: era secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), candidato 'presidenciable' en las elecciones generales de 2011, jefe del gobernante partido Justicialista (peronista), y diputado nacional.

Con tanto pluriempleo y las recaídas de su estado de salud, en los mentideros políticos de Buenos Aires circulaban interrogantes sobre si Kirchner estaba en condiciones de afrontar la campaña electoral de 2011 y una eventual segunda presidencia hasta 2016.