No todo es playa en el verano chileno de 2011

Por Andrés Figueroa Cornejo

1. En los tiempos de la hegemonía mundial del liberalismo financiero y cuando el desarrollo de las fuerzas productivas permitiría organizar el inmenso excedente socialmente producido para beneficio de la humanidad si no fuera por su acaparamiento y apropiación privada por los pocos dueños de todo, en la Región Metropolitana de Chile, la Cámara Nacional de Comercio informó que los vendedores de artículos fundamentalmente de origen chino,  registraron un alza histórica de 17,6% en 2010, respecto de 2009, debido principalmente al mayor acceso al crédito plástico y de consumo (‘verdugo de esta cadena’). Los salarios siguen congelados –es decir, en concreto, a la baja debido al aumento proyectado del IPC o costo de la vida-, y la estrategia de financiarización y convencimiento multimediático del país de que las cosas no podrían ir mejor. Aunque la apreciación del peso  favorece las importaciones para el capital comercial y el consumo interno y termina por destruir las rémoras de industria nacional, las mercancías de procedencia oriental por muy baratas que estén no justifican el alza de las ventas a esos niveles. Sólo el aumento general de los salarios generales.  Pero como ello no es real, el crédito fácil es lo único que lo explica.

En tanto, se amplía el empleo por medio de sus formas más precarizadas, tanto en el bajo precio de la fuerza de trabajo, como en el tipo de empleo, precarias relaciones contractuales (cuando existen) y la multiplicación de los trabajadores a cuenta propia (en el paisito hay cada vez más taxis y microscópicos comerciantes, mini especuladores de golosinas y baratijas). Por eso, también según números oficiales, la cesantía se estancó en alrededor de un 8%. No así el subempleo, la tercerización y el trabajo informal. Ese crece como espuma.

Por otro lado, de acuerdo a proyecciones gubernamentales, el Estado recibiría por impuestos al cobre  US$ 9 mil millones por parte de la estatal Codelco (que concentra el 27% del la explotación del metal rojo), mientras que las mineras privadas pagarían US$ 8.500 millones (que concentran el 73% de la explotación cuprífera). ¿Cuánto desarrollo necesario en todos los ámbitos, tanto sociales, como de promoción industrial diversificada con irrestricta protección de la naturaleza finita,  podría propugnarse y beneficiar a las grandes mayorías, al pueblo trabajador, si el cobre fuera explotado únicamente por el fisco chileno?

Hace unas semanas se presentó en Santiago de Chile el anuario estadístico de CEPAL, donde la exportación de productos primarios en la Comunidad Andina aumento al 82,3% el 2009, y en el MERCOSUR llegó al 63,1%. Detrás de Bolivia, que ranquea este fenómeno generador de dependencia y fragilidad, está Perú, Ecuador y Chile.  CEPAL afirma que los indicadores de comienzos de 2010 ratifican la tendencia. Esta es la misma historia de siempre. Una clase dominante rentista y parasitaria dueña del Estado que obtiene utilidades a través de la venta de recursos naturales (privada o fiscalmente) que utiliza para comprar mercancías terminadas y nunca medios de producción y tecnología con el fin de de diversificar la economía. Por eso en el país el sector servicios y comercio a toda escala emplea a casi el 80% de los trabajadores asalariados, con o sin contrato. Mientras tanto, poco más de un 20% revienta yacimientos de cobre y minerales asociados, bosques, y pescado. Es  CEPAL y no la Internacional Comunista –que por lo demás no existe- la que indica que tras este añoso patrón económico dominante en América Latina y Chile, además de pulverizar con celeridad dramática los recursos naturales agotables hace imposible crear “estrategias de desarrollo endógenas y autónomas”.  Esto es, que vuelve a la Región más lejos de la independencia genuina, más lejos de la prosperidad; en fin,  más lejos de la igualdad básica para la libertad auténtica y la soberanía en todos los planos.

Tal como se ha señalado profusamente, una de las características sustantivas del capitalismo en Chile se expresa en el movimiento compuesto por la concentración del capital y la desigualdad social aguda. Al respecto, cuatro cadenas de supermercados condensan prácticamente el 90% del mercado a agosto de 2010. Sólo Wal-Mart (que en el país se llama Líder) posee el 33,4%. Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) tiene el 30,5%; el grupo Saieh el 17%; y Southern Cross (Supermercados del Sur) poco más del 7%. La concentración funciona imponiendo los precios de venta a los demandantes, y los precios de compra a los proveedores de los supermercados sobre todo de frutas y verduras. Se trata de las llamadas micro y pequeñas empresas condenadas a las condiciones determinadas por los gigantes de la venta al detalle. Su alternativa son las ferias libres, cada vez más castigadas jurídicamente, pese o  porque en más ocasiones que las convenientes para los monstruos del sector, venden productos más baratos al público. Aquí los gobiernos municipales han ordenado la destrucción concreta de ferias enteras en la Región Metropolitana. Es decir, se manifiesta una colusión entre los intereses de los grandes supermercados y los gobiernos locales contra los feriantes. Mucho de los empleos con los cuales engorda las cifras el gobierno, se trata de trabajadores feriantes, puro y duro mal trabajo informal.

 2. En la política de los de arriba, ante la crisis de la componenda que cogobierna con la derecha tradicional y gatillada por la reforma educacional privatizadora de Joaquín Lavín (hasta la vista, todavía pre candidato de la ultraderecha UDI) aprobada con los votos de la Concertación en el Congreso, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dijo sobre la proposición de recrear esa alianza que “Estoy disponible para revisar el nombre de la marca”. Por otro lado, ex concertacionistas como Jorge Arrate y Sergio Aguiló se empeñan en formar una Asamblea de Izquierda, donde en lo central se plantea que  “rechaza las alternativas neoliberales y su marco institucional, que fue dado por la dictadura. Somos partidarios de una nueva constitución, participativa, democrática, que surja de una Asamblea Constituyente”. Uno de los aspectos inquietantes de la iniciativa es la composición de su conducción, toda vez que se trata de ex personeros de la propia Concertación y de otros que colaboraron de una u otra forma en distintos momentos con ella. Por lo demás, en las últimas elecciones, el ex candidato de la izquierda tradicional, Jorge Arrate, pasó a la historia por llamar en la segunda vuelta presidencial a votar  “todos contra la derecha”, y muchos años antes, por capitanear desde el exilio europeo la “renovación socialista”, que en buenas cuentas, facilitó la salida pactada de la dictadura, manteniendo el régimen económico dominante intacto durante los 20 años que administró el Estado la Concertación, tanto como la imposibilidad de procesar a Pinochet en Chile o en el extranjero,

¿Qué fuerza progresiva en el país no querría transformar la Constitución? Lo que ocurre es que el movimiento es inverso. La Asamblea Constituyente y el producto de una nueva Constitución pro popular es la hija jurídica de las fuerzas sociales hegemónicas del pueblo trabajador que todavía no son, pero que comportan el desafío para que sean. ¿Dónde, cuándo y cómo ha habido asambleas constituyentes pro populares en América Latina? En los países donde, sustentados sobre fuerzas sociales genuinas y severas crisis de gobernabilidad, primero se ha accedido al Ejecutivo. De acuerdo a las relaciones de fuerzas actuales, con fortuna, una Asamblea Constituyente podría matizar  la regente. Simplemente porque la hegemonía del liberalismo financiero y la clase mandante domina poderosamente todavía las relaciones sociales, y las fuerzas populares progresivas recién amanecen. Naturalmente una nueva Constitución es un horizonte. Pero aún se mantiene en un limbo superestructural. Si no se tuvo la fuerza para crear una AFP del Estado que compitiera con las privadas, o un Banco del Estado que realmente basculara la usura extraordinaria del sistema financiero privado y transnacional que opera en Chile, ¿cómo se realiza una Asamblea Constituyente para modificar la carta de navegación que enmarca y expresa el predominio objetivo del capital sobre el trabajo, de los intereses de la minoría por sobre los de la mayoría? Un misterio. Como un misterio es que la nueva formación no termine colaborando con el retorno de la Concertación al Ejecutivo. Lo cierto,  es que más allá de los prejuicios (por muy justificados que resulten), hay que observar y evaluar con serenidad el curso que tome. Aquí no sobra izquierda. Por el contrario. El problema llano es quién lleva el pandero, el contenido de clase de su dirección, y cuáles son sus objetivos estratégicos independientemente de la radicalidad o no de su programa hoy. De lo contrario los intereses históricos del pueblo trabajador una vez más serán postergados o empleados como moneda de canje para cuestiones distintas a un proyecto y alternativa verdaderamente independiente de la Concertación o la “marca” que eventualmente adopte. El derecho a la sospecha no es sectarismo o maximalismo o extremismo o gusto malsano por la denominada “marginalidad política” o miedo al poder o una mirada conspirativa de la historia y la política. Es sólo eso.  Derecho a la sospecha de acuerdo, en este caso, a la composición de quienes encabezan y coordinan la iniciativa.

3. Después de todo, con las alzas del precio del transporte colectivo (Transantiago y el metro); la vuelta en marzo de estudiantes y profesores y su reacción movilizadora y antiprivatizadora ante el acuerdo sin más sujeto que los congresistas de las dos variantes en el Legislativo; y la sonada visita del presidente norteamericano a Chile en el mismo mes, marzo se advierte como un otoño donde ya se oye el crujir de las hojas secas bajo el calzado de los luchadores sociales en la calle. De los luchadores sociales que están y de los que se agregan silenciosa y diariamente.

Enero 27 de 2010 

 

 

USA está perdiendo la Guerra Fría con China simplemente por pretender que no existe

Por Steven W. Mosher

Foto: Hu Jintao

Una China económicamente poderosa, y contraria al “establishment” de las políticas de Washington, no está resultando ser una nación libre. Pero mientras sigamos creyendo en el mito de la “evolución pacífica” de China, vamos a ser incapaces de defendernos ante el comportamiento cada vez más abusivo de Beijing.

Existe una creencia en Occidente muy popular, incluso aplicada por presidentes de Estados Unidos a partir de Nixon, que postula que más riqueza significa más libertad. El presidente George W. Bush en el año 2005 formuló una típica opinión de Washington aplicando esta creencia a la situación de China: “A medida que China reforma su economía, sus líderes descubren que una vez que se abren las puertas a la libertad, aunque sea un poco, éstas ya no se pueden cerrar. Mientras el pueblo de China va prosperando, sus demandas por libertades políticas también crecen. Cubriendo las demandas legítimas de libertad y apertura de sus ciudadanos, los líderes de China ayudan a su país a convertirse en una nación moderna, próspera y segura”.

Suena muy bonito pero la realidad es muy diferente.

Las corporaciones multinacionales que buscan ganancias en China continúan promoviendo esta creencia. Sus “lobbys” continuamente promocionan entre los parlamentarios electos y los burócratas del gobierno de USA que China cada vez más se parece a su país. Todo lo que necesitan hacer es esperar el momento oportuno.

Esto tiene mucho sesgo etnocéntrico. La realidad es que a medida que el régimen de Beijing se hace más rico, se vuelve más dictatorial internamente y agresivo en el exterior. Los disidentes que deberían haber sido liberados por las solicitudes de clemencia de Occidente todavía permanecen en prisión. Las frágiles democracias de África, Asia y Latinoamérica están cada vez más corrompidas por ricachones de la política exterior de China.

Los líderes de China rechazan lo que ahora públicamente ridiculizan como valores "occidentales”. En su lugar, siguen promoviendo su propia concepción del hombre como subordinado al Estado y que no posee derechos inalienables. Es evidente que están convencidos de que China puede ser rica y poderosa, sin dejar de ser una dictadura.

¿Y por qué no habrían de creer esto, teniendo en cuenta el espectacular desempeño de su modelo económico durante las últimas décadas?  Con un sistema confuso de barreras comerciales y su moneda subvaluada artificialmente han manipulado el juego del “libre comercio” a su favor. No hacemos nada mientras que Beijing aplica una política industrial que se centra en el desarrollo de las llamadas industrias “pilares” y utiliza los subsidios de la exportación y otras tácticas desleales para darles una ventaja competitiva en los mercados mundiales. Con el fin de seguir compitiendo, las corporaciones multinacionales ahora se sienten tan obligadas a ceder a las demandas de Beijing que transfieren sus tecnologías de producción más avanzada a China, comprometiendo sus propios futuros

Los líderes de China se han convencido de la superioridad de su sistema aún más, por la forma como China ha escapado de las peores consecuencias de la actual recesión y ha continuado creciendo.

China se mantiene firmemente ligada a una perspectiva totalitaria de Estado. Hu y sus colaboradores están decididos no sólo a permanecer en el poder indefinidamente, sino que la República Popular de China reemplace a Estados Unidos como hegemonía reinante a nivel mundial. Todo lo que tiene que hacer, como Deng Xiaoping dijo una vez, es "ocultar sus capacidades y tomarse su tiempo".

Mientras los demás no hacemos nada.

Steven W. Mosher es el Presidente de Population Research Institute..

Steve Mosher es el Presidente del Instituto de Investigación en Población (Population Research Institute), una organización sin fines de lucro dedicada a desmontar la falacia de la sobrepoblación en el mundo.

 

 

Pueblos Originarios y Derechos humanos

Por Darío Aranda

Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios. “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público” Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente.

 El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009.

 Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.

“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.

Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menem, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.

Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.

La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.

En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.

 

Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.

Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.

Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.

Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.

Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.

En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.

Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.

Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.

La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.

El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.

Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”. www.ecoportal.net

Darío Aranda, 27 de noviembre de 2010. Argentina

 

 

En el conflicto con la Philip Morris está en juego la soberanía uruguaya

Por Sergio Ferrari

Uruguay está hoy considerado en el concierto internacional como líder mundial en el combate contra el tabaco. A la trasnacional Philip Morris le interesan solamente sus derechos comerciales y le importa muy poco el derecho de la gente a vivir dignamente. Si a causa de enfermedades provenientes del tabaco pierden algunos de sus clientes que mueren prematuramente, apuntan a tener otros. Por todo esto, estoy convencido que esta tabacalera con su querella contra Uruguay busca lanzar una advertencia a todos los países que avanzan en su lucha contra el tabaquismo. Y decirles: "atención que lo que le pasa a Uruguay les puede suceder también a ustedes"…, dice Tabaré Vazquez

 Los gobiernos de Suiza y Uruguay deben llegar a un acuerdo político para evitar que la trasnacional tabacalera Philip Morris International (PMI) siga adelante con la querella que inició contra el país sudamericano. "Lo que está en juego es el derecho soberano de nuestro país a proteger la salud de nuestro pueblo", enfatizó el expresidente uruguayo Tabaré Vazquez en entrevista exclusiva. Vazquez, quien dirigió el gobierno del país sudamericano entre 2005 e inicios del 2010 es médico oncólogo y destacado promotor de la lucha contra el tabaquismo. Philips Morris, que considera que sus intereses están siendo amenazados presentó su querella en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia dependiente del Banco Mundial.

P: La Philip Morris ha iniciado un proceso contra Uruguay argumentando que sus intereses económicos son amenazados por decisiones del Gobierno uruguayo que le restringe su libertad de acción comercial. ¿En qué situación se ubica hoy dicho proceso?

R: Ha iniciado una demanda internacional a través del CIADI, un organismo del Banco Mundial. Ya se han nombrado los representantes de las dos partes. Y debe comenzar la discusión sobre las políticas públicas anti-tabaco que impulsa Uruguay. Pienso que al año próximo se va avanzar en este proceso. Tengo absoluta confianza sobre el derecho y las razones que motivan a mi país a proteger la salud de su gente.

P: ¿Cómo se explica realmente esta querella?

R: No se trata de la disputa del mercado local de venta de cigarrillos, ya que hablamos de un mercado pequeño de un país con apenas 3 millones y medio de habitantes. A la Philip Morris le podría significar entre 20 o 30 millones de dólares, monto insignificante si se consideran sus beneficios totales mundiales.

No debemos olvidar también que en Uruguay la industria tabacalera es muy pequeña y emplea poca mano de obra. Sólo el 0.4% de la superficie cultivable se destina al tabaco. Y en la época pico de zafra da trabajo a un poco más de 1000 trabajadores, lo que es insignificante.

En sí, lo más importante ligado al tabaco es lo que proviene del contrabando. Algunos hablan del 12% y otros del 25% del total de este rubro.

Por todo esto, estoy convencido que esta tabacalera con su querella contra Uruguay busca lanzar una advertencia a todos los países que avanzan en su lucha contra el tabaquismo. Y decirles: "atención que lo que le pasa a Uruguay les puede suceder también a ustedes"…

P: ¿Puede comprenderse la actitud de la tabacalera como una reacción directa a la política global que en este rubro ha venido implementando desde hace años el Gobierno?

 R: Sin duda alguna. Uruguay está hoy considerado en el concierto internacional como líder mundial en el combate contra el tabaco. La Philip Morris intenta entonces, insisto, frenar o impedir que otros países se sumen oficialmente y decididamente a esta lucha. Intentan darnos un escarmiento… A ellos sólo les interesa las ganancias, los beneficios, sin importarle los efectos. Muy parecido a lo que pasa, a otro nivel, con la gran industria bélica.

P: ¿Cómo implica a Suiza esta tensión entre la Philip Morris y su país?

R: Esta multinacional que tenía su sede en los Estados Unidos de Norteamérica, se instaló desde el punto de vista operativo, financiero y económico en Suiza. Y en ese contexto quiere impulsar su querella en el marco del Tratado de Inversiones Bilaterales suscrito y vigente entre Suiza y Uruguay. A la trasnacional le interesan solamente sus derechos comerciales y le importa muy poco el derecho de la gente a vivir dignamente. Si a causa de enfermedades provenientes del tabaco pierden algunos de sus clientes que mueren prematuramente, apuntan a tener otros. Y por eso apuestan especialmente a los jóvenes con una publicidad agresiva que intenta ampliar su mercado.

Es importante recordar que Suiza cuenta con una ley anti-tabaco y promueve restricciones muy fuertes en este tema, quizás incluso más severas que las que nosotros mismos aplicamos en Uruguay. Y por eso tenemos confianza que Suiza va a apoyarnos en este problema.

P: ¿Qué espera en concreto Uruguay de Suiza, de sus autoridades, de su parlamento, de la sociedad civil helvética?

R: Los dos países deben asociarse activamente en la lucha contra el trabado. Y esta situación les ofrece una oportunidad espléndida. Lo más importante a corto plazo sería introducir un adendo (ndr: anexo, agregado) al actual tratado de protección de inversiones que excluya del mismo aquellos productos nocivos para la salud. Esta modificación podría ser un ejemplo significativo incluso para otros tratados. En el sentido de proteger no sólo las inversiones y el comercio sino también y sobre todo la salud de la población.

Esta modificación del Tratado debería ser aceptada a nivel de los dos gobiernos. De nuestra parte hemos hecho ya hecho la sugerencia a la cancillería uruguaya y al propio presidente de la república. Pienso que deben de iniciarse de inmediato gestiones de las embajadas de uno y otro país así como de los ministerios de relaciones exteriores. Este adendo que estamos planteando, según mis propias informaciones, es absolutamente factible de ser introducido. Podemos aprobar esa modificación del Tratado a corto plazo ya que estoy convencido de la real voluntad política de ambos gobiernos de luchar contra el tabaquismo. En un segundo momento podríamos imaginar el cambio del convenio mismo e instalar la salud de la población como centro de cualquier tratado internacional de inversiones. Pero este segundo paso puede llevar más tiempo.

P: ¿Una simple modificación del actual acuerdo puede resolver la querella que la Philip Morris ha presentado contra Uruguay?

  R: En efecto. El Tratado de Inversiones que tiene un valor importante a nivel financiero, comercial y económico, no puede estar por encima de los derechos soberanos de un país y de la obligación de su Gobierno de defender la salud de la población. No cabe la menor duda que Uruguay tiene el derecho y debe ejercer su soberanía de asegurar la salud de su pueblo tal como lo mandata nuestra Constitución en varios de sus artículos.

En Uruguay hay laboratorios médicos que tienen su sede central en Suiza. El Ministerio de Salud Pública autoriza a esos laboratorios a vender sus productos teniendo en cuenta las normas de salud vigentes.

Supongamos hipotéticamente, que no es el caso real, que hubiera uno de esos medicamentos dañino para la salud y que puede incluso matar a un paciente. En ese caso el Ministerio lo retiraría de inmediato de la plaza y se acabó la historia. Pero no es el caso actual con el tabaco.

Si se estableciera en el Tratado que deben exceptuarse del mismo aquellos productos nocivos o que atenten contra la salud de la gente, entonces la actual querella de la Philip Morris caería de inmediato y perdería todo valor jurídico. www.ecoportal.net

Sergio Ferrari, desde Montevideo, Uruguay - Entrevista con Tabaré Vazquez, ex-presidente uruguayo.

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Apuntes de un conflicto

Cada paquete de cigarrillos que se vende en Uruguay lleva por ley en ambas caras principales, una gran foto ilustrativa de los efectos nefastos del tabaco para la salud. Dedos quemados, enfermos entubados…. Normalmente imágenes fuertes, por no decir chocantes y hasta casi horrendas. No debe faltar tampoco, en gran tamaño, la advertencia del efecto mortal de la nicotina. Es ilegal, también, en el país sudamericano, utilizar denominaciones como “Suave” o “Light” para distinguir ciertos productos como se hace en otros países. El Estado prohíbe, además, fumar en lugares públicos.

Estas disposiciones llevaron a la Philip Morris a considerar sus derechos comerciales amenazados. Y motivaron la querella de dicha multinacional presentada en el CIADI del Banco Mundial.

Lejos de un simple litigio comercial, la pulseada entre Uruguay y la Philip Morris alcanza ya una repercusión máxima en el país mismo, en la región e incluso a nivel internacional.

La última quincena de noviembre, la Corte Suprema de Justicia del Uruguay, ratificó la validez jurídica de las leyes vigentes para confrontar el tabaquismo.

La reciente Conferencia de las partes (COP4) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de Salud, suscrito por 170 países, constituyó un apoyo internacional precioso para el país sudamericano en su pulseada con la trasnacional. La misma, realizada en la tercera semana de noviembre en Punta del Este, Uruguay, subrayó que las grandes tabacaleras constituyen un enemigo muy peligroso. Principal voz discordante, la de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA), a quien no se le permitió participar del evento y quien subrayó que la mayoría de los delegados presentes eran “ministros de salud que poco saben de agricultura”. (Sergio Ferrari)

La pulseada Uruguay - Philip Morris al rojo vivo

Portavoces de las Philip Morris reaccionaron ante las afirmaciones del Dr. Vazquez. El primer viernes de diciembre, en entrevista con SWISSINFO, Anne Adwards, directora externa de Comunicaciones de Philip Morris, afirmó en Lausana que, en el terreno práctico, las tres regulaciones concretas impuestas por el gobierno de Uruguay han sido extremas e ineficaces. Contra ellas, señaló a la periodista Andrea Ornelas, se inconforma el grupo tabacalero. Estamos a favor de que se adviertan en las cajetillas los riesgos que el tabaco inflige contra la salud, pero aumentar un 80% la talla de dichas leyendas elimina el espacio necesario para desplegar, por ejemplo, la información legal de toda marca registrada, dice Adwards. Tampoco nos oponemos a la publicación de imágenes sobre los riesgos del tabaquismo, pero las publicaciones actuales no corresponden fidedignamente a la realidad, no es necesario echar mano de imágenes repulsivas o grotescas como un bebé desfigurado. A la pregunta de si mediante la demanda a Uruguay Philip Morris lanza un mensaje de advertencia a otros mercados, Adwards respondió que el reclamo está puntualmente dirigido al mercado uruguayo. En la lógica de la trasnacional, controlar o “dañar” las inversiones constituye un camino errado para enfrentar el tabaquismo.

La guerra entre Uruguay y la Philip Morris no hace más que comenzar… (Sergio Ferrari)

 

 

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Fracasó mesa negociadora y el paro sigue en Magallanes

Nación.cl

Subsecretario del Interior acusó “intransigencia” por parte de sectores de la Asamblea Ciudadana y confirmó que el gobierno puso sobre la mesa un incremento del gas sólo de 3% y no el de 16,8% inicial que gatilló la protesta.

Viernes 14 de enero de 2011

Foto: Mesa de dialogo

A fojas cero quedó la negociación entre el gobierno y la Asamblea Ciudadana de Magallanes, luego de fracasar la mesa de diálogo instalada por el conflicto del alza del gas, bajo la mediación del obispo puntarenense Bernardo Bastres.

El propio religioso, los voceros de las organizaciones de la zona austral y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmaron que no hubo acuerdo.

La autoridad de gobierno acusó “intransigencia” por parte de sectores de la Asamblea Ciudadana, señalando que “hay gente que no quiere el diálogo”.

“Lamentamos la intransigencia, creemos que la gente de la región de Magallanes, podría haber evitado y podría haber terminado el día de hoy con estas protestas”, sostuvo Ubilla en un caótico fin de las conversaciones.

Y reforzó la idea de que el Ejecutivo hizo una buena oferta para acabar con el conflicto que seguía siendo un aumento, pero ya no del 16,8 por ciento como determinó en primera instancia la ENAP, y que ella ya estaba sobre la mesa desde la tarde del jueves. “Creemos que el esfuerzo de aumentar sólo en un tres por ciento, es decir sólo el IPC (para el precio del gas), es un esfuerzo generoso del gobierno para darle solución a este tema”.

Añadió que el gobierno estará siempre abierto al diálogo “porque creemos que la forma en que la gente debe entenderse es a través de la conversación y no a través del cierre de las calles la quema de neumáticos o los cortes de carretera”.

"HOY VOLVEMOS ATRAS"

Pero una visión distinta señaló la diputada DC Carolina Goic, para quien hasta último minuto existía un acuerdo amplio para solucionar el tema y que la única discrepancia que se mantenía era la idea gubernamental de subir de todos modos el precio, aunque en menor medida.

“Con el cambio de ministro tuvimos la impresión de que había un nuevo interlocutor que iba a permitir que este último punto, que era bastante menor ya con respecto a todo el acuerdo, era posible (solucionar)”, sostuvo.

“Hoy volvemos atrás”, afirmó y recalcó que el gobierno conoce las propuestas para dar finalización al conflicto.

“Ahora está en manos del nuevo ministro, está en manos del presidente (Piñera) buscar una salida”, finalizó.

Con este panorama, la paralización indefinida en la zona -que comenzó la madrugada del pasado miércoles- seguirá adelante, pese a los problemas que ya ha ocasionado en especial a turistas extranjeros y a ciudadanos argentinos que deben utilizar el territorio magallánico para viajar desde y hacia Tierra del Fuego.

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Participa en la revista de Dicoex 2011

Si te gusta escribir, esta es tu oportunidad. Dicoex invita a todos los chilenos en el exterior a ser parte de su revista mensual “Chile Somos Todos”, dirigida a la comunidad  de compatriotas en el extranjero.

¿Cómo participar? Sólo tienes que enviarnos un relato  en letra Times New Roman, número 12, con una extensión de una carilla, sobre cualquier temática, ya sea fútbol, arte, cine, ámbito científico, educación, academia, vivencias en el exterior que merezcan ser contadas, entre otros.

El equipo editorial de la revista Dicoex “Chile Somos Todos”, leerá los textos y  elegirá los mejores, de acuerdo a redacción, ortografía y relato. Asimismo, se reservará el derecho de publicar los mejores trabajos, en cada número,  de acuerdo a la temática de estos y la línea editorial del medio.

Los interesados deben enviar sus relatos a [e-mail]

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Resultados del Concurso Literario: Bicentenario Aquí y en la Quebrada del Ají

Con la participación de más de 50 compatriotas residentes en diversos países del mundo, quienes reafirmaron nuevamente su vínculo con Chile, concluyó el concurso de relatos cortos “Bicentenario Aquí y en la Quebrada del Ají”, convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con motivo de los 200 años de vida republicana.

Ante la gran variedad de temáticas y estilos, el jurado tuvo un duro trabajo para elegir a los mejores. Sin embargo, luego de un fallo unánime, se determinó a los 3 primeros lugares de la competencia.

Con el primer lugar se quedó la obra “Pasado a Chile”, firmada por el pseudónimo Valentina Vida a secas, que corresponde a la joven chilena residente en Corea del Sur, Vanessa Vallejos. En tanto, el segundo y el tercer lugar se los llevaron las obras “Al Norte” está firmada por Chilengo, cuyo nombre real es Jorge Paredes, compatriota residente en México y la obra merecedora del tercer lugar fue presentada por Corazón Chileno, pseudónimo de Demetrio Muñoz, quien vive en Suecia.

La organización tomará contacto con los ganadores, para coordinar la premiación de cada uno de ellos.

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