Soberanía y derecho a la información
ANTONIO ELÍAS (*)
Las frecuencias de radio y televisión son un recurso limitado de propiedad pública e interés social que debe ser regulado por el Estado para evitar que las empresas que comercializan sus espacios abusen de su posición dominante en detrimento del derecho a la información. Cuando un gobierno soberano, dentro del estado de derecho, actúa enfrentando a los súbditos locales de los imperios mediáticos todos aquellos que apuestan al mantenimiento de la hegemonía ideológica del gran capital rasgan sus vestiduras y estallan en lamentos, acusaciones y amenazas en defensa de la "libertad de expresión".
Uno. La licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), expiró el 27 de mayo pasado y no fue renovada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel). La decisión del gobierno venezolano busca cumplir con el interés público y permitir el uso del espectro radioeléctrico, por naturaleza limitado, a otras empresas operadoras que se apeguen a los principios y estándares establecidos en las leyes.
El gobierno decidió que la concesión de RCTV no sería renovada porque la empresa no cumplió sus obligaciones y responsabilidades con el interés público. Se cuestiona, a título de ejemplo, que haya utilizado sus ondas para apoyar la acción subversiva de un grupo de alzados que por medios violentos abolió los poderes legalmente constituidos.
A su vez y como contrapartida prohibió a sus reporteros transmitir información alguna sobre el fracaso del golpe (1). Al tomar esta determinación, RCTV no solo negó al pueblo de Venezuela su derecho a ser informado, sino que actuó directamente contra la institucionalidad democrática.
Por lo tanto, la decisión soberana de no renovar la concesión de RCTV buscaría incrementar la democracia en el espectro radioeléctrico de Venezuela, tanto en el acceso a este espacio, como en el contenido que se transmite.
Dos. En auxilio de los opositores venezolanos han ido la CNN , la Sociedad Interamericana de Prensa, que es una asociación de propietarios de periódicos, Reporteros Sin Fronteras, el Partido Popular español de Aznar, y hasta una declaración ambigua de la OEA , todos ellos tratando de crear un consenso internacional para proteger a los medios vinculados al poder y preservar su hegemonía mediática. Esta decisión fue criticada en nuestro país, entre otros, por el Partido Nacional "es una violación a los derechos humanos", el colorado Julio María Sanguinetti: "demuestra un deterioro de la democracia" (2) . El argumento de todos los opositores es que esta medida es un ataque a un valor fundamental: la libertad de expresión, dejando en un lugar absolutamente secundario el legítimo derecho a la información.
El PIT-CNT, la FEUU , Fucvam y Contenido Comunitario rechazaron "rotundamente la fraudulenta vinculación de esta legítima decisión con la violación a la libertad de expresión, ya que a partir del 27 de mayo no será un grupo económico sino el pueblo venezolano en pleno quien se expresará de ahora en más a través de esa señal".
La posición oficial de nuestro gobierno en concordancia con el principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano: "Es un asunto interno de Venezuela y los otros estados no tienen derecho a intervenir". (3)
Las posiciones críticas pretenden ignorar que el 80% de los canales de televisión abierta de Venezuela y emisoras de radio son operados y pertenecen al sector privado, así como el sistema de televisión por cable y satélite. Una gran parte de los mismos pertenece a un reducido número de corporaciones con múltiples intereses económicos y políticos. Esta concentración de la propiedad ha limitado el acceso de la ciudadanía a la diversidad de puntos de vista, dando a los dueños de los medios un poder desproporcionado para estructurar la agenda política y económica de Venezuela en defensa de los intereses y privilegios de una minoría oligárquica y en desmedro de la soberanía del país.
Pese a que el gobierno de Hugo Chávez enfrenta una dura oposición de los medios de comunicación, no se conoce que haya clausurado periódicos, canales de televisión o emisoras de radio por sostener esas posiciones. Tampoco se conoce que haya periodistas en prisión, castigados por hacer su trabajo, desaparecidos o asesinados, contrariamente a lo que ocurre con frecuencia en "democracias" tan elogiadas por el imperio mediático como las de Colombia o México.
Tres. Los afectados por las medidas del gobierno de Venezuela son los dueños de aquellos medios, como RCTV, que pretenden mantener el dominio y el control de la información. Para ellos la "libertad de expresión" es su libertad para defender sus intereses, sus patrones de cultura, ideológicos y de consumo, promoviendo que los usuarios sean consumidores pasivos de entretenimientos y espectadores desinformados de la política. Transmiten una visión acotada y alienante del mundo tratando de limitar la capacidad crítica de la gente. Son ellos, los dueños de los medios, quienes deciden qué se debe escuchar y qué se debe ver en un esfuerzo denodado por controlar la opinión pública.
Los pasos que ha dado el presidente Hugo Chávez tienden a romper ese predominio, a sentar nuevas pautas en el quehacer político, ideológico y cultural. Se encaminan a presentar la vida venezolana por una senda que asusta y cuestiona a los poderes tradicionales en la medida que busca reducir sus instrumentos de poder. Para la tríada poder económico, poder político, poder mediático todo aquello que afecte lo que consideran un terreno propio e intocable da pie para la confrontación. "El control de los grandes medios corporativos de información está coludido con las cúpulas de las grandes transnacionales y ciertos protagonistas de la clase política y... se expande como el cáncer, desde EEUU a América Latina y al resto del planeta". (4) Cómo no considerar que AOL/Time Warner Inc., una de las más poderosas empresas tiene una incidencia fundamental en América Latina a través, entre otros, de CNN. La arrolladora concentración de la propiedad ha hecho desaparecer numerosos medios locales, en particular radios comunitarias, periódicos pequeños y empresas periodísticas familiares, cerrando fuentes de trabajo y limitando, ahí sí, la libertad de expresión.
En nuestro país los que defienden hoy la "libertad de expresión" son los mismos que se asociaron con los dueños de los canales abiertos, los que hicieron un acuerdo oligopólico para controlar la televisión por cable, los que mediante chicanas legales impidieron durante años el acceso a la televisión satelital para evitar que los dueños de los tres grandes canales privados perdieran algún segmento del mercado. Son los que han hecho campaña contra las radios comunitarias y los que callaron el cierre de CX 44 Radio Panamericana, clausurada en el marco de un enorme atentado contra las libertades civiles, como lo fue la represión sangrienta en los alrededores del Hospital Filtro (24-08-94).
Allá y acá es el gran capital, a través de sus medios, quien manipula las contiendas electorales tratando de inclinar la balanza a su favor ungiendo y santificando candidatos. En ese sentido no se entiende que un gobierno progresista no abra un espacio para que los uruguayos podamos tener acceso a un medio de prensa alternativo, como TeleSur, del cual inclusive somos propietarios de una parte de las acciones. ¿Cómo se explica este contrasentido? ¿O es que quizás habrá quienes crean que TeleSur, por su contenido, constituye un peligro para su predominio? Los uruguayos tenemos derecho a toda la información y a escuchar todas las voces, lo que implica también terminar con el oligopolio de los canales de transmisión por cable creando mecanismos para incorporar nuevos canales a nivel nacional. *
(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)
1) Andrés Izarra, "El golpe desde la cabina 12 de RCTV" en Chávez y los medios de comunicación social, Marineáis Tremamunno, edit.; Alfadil Ediciones, 2002, p. 84.
2) Brecha, 1-06-2007.
3) LA REPUBLICA , 31-05-2007.
(4) Ernesto Carmona, "Los amos de la prensa II", ALAI, América Latina en Movimiento, 24-05-2007Publicado en la contratapa de La República, 3 de junio de 2007.
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