Organizaciones de DDHH piden a Bachelet reconsiderar salida de Castillo

7 de Noviembre de 2007

por  Leslie Ayala Castro

"Lamento que la Presidenta no valorara la labor de Castillo. Y me preocupa que haya un retroceso en la unidad y en las causas de derechos humanos”, afirmó la dirigenta.

Conocida la marginación de Rafael Castillo, jefe de la Brigada de Asuntos Especiales de la Policía de Investigaciones, del alto mando de la policía civil 2008, la sorpresa y el malestar se impuso entre abogados y organizaciones de derechos humanos.

La titular de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, lamentó la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet, al tiempo que la instó a reconsiderar la salida del efectivo policial.

“Nosotros como organización lamentamos profundamente la decisión por la labor que ha demostrado la unidad a cargo de los casos de derechos humanos el señor Castillo. Hay que recordar que nos tocó lidiar con miembros de las más alta calificación de inteligencia a quienes el señor castillo debió investigar”, sostuvo Pizarro.

"Es lamentable esta decisión sobre todo por las denuncias que existieron de las presiones de director de Investigaciones para favorecer a un general en retiro, donde para ellos no fue fácil anteponer la ética ante las presiones incluso a riesgo de su vida. Lamento que la Presidenta no valorara la labor de Castillo. Y me preocupa que haya un retroceso en la unidad y en las causas de derechos humanos”, relató.

El abogado Hugo Gutiérrez, otro histórico en la defensa de los derechos humanos y quien logró el primer procesamiento en contra del ahora fallecido Augusto Pinochet, tuvo una opinión similar.

“Me parece la más soberana tontera haber dejado fuera uno de los mejores funcionarios que investigaciones. El logró enormes avances en los casos donde se indagaron crímenes de lesa humanidad y luchó así contra la impunidad. No tengo la menor sospecha de que se experimentará un importante retroceso en las causas de derechos humanos”, afirmó Gutiérrez.

“La Presidenta debe asumir la responsabilidad de su decisión. Quiero creer que ella no estuvo bien informada de la consecuencia que traerá el retiro de Rafael Castillo. Sin duda se hace indispensable que esta decisión se evalúe. Y si existe un mecanismo legal para reconsiderar esta medida y volver al señor Castillo a su cargo”, insistió.

Por su parte, el también abogado de DD.HH. Eduardo Contreras dijo que la salida de Castillo es un "duro golpe", pero que esperaba que la institución no viera mermado su trabajo en esta materia.

"Como abogado de derechos humanos el llamado a retiro de Rafael Castillo me parece un duro golpe, ya que se trata de una persona que dirigió con éxito un noble trabajo", dijo.

"Espero que la Dirección de Investigaciones sepa mantener el equipo que ha hecho posible extraordinarios avances en materia de derechos humanos”, agregó.

Rafael Castillo pasa a retiro en Investigaciones con el pago de Chile

7 de Noviembre de 2007

Pesquisó casos de DDHH

por  Jorge Molina Sanhueza

Con la conformación del nuevo alto mando, Ejecutivo dio espaldarazo a director, Arturo Herrera, y puso fin a una pugna de poder entre ambos. Disputa data de 2006, por las supuestas presiones para cambiar un informe que vinculaba al ahora retirado general del Ejército Miguel Trincado a la remoción de restos de detenidos desaparecidos.

Dicen que se llama el pago de Chile. Rafael Castillo, el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) y quien llevara los casos más importantes de la transición democrática, fue pasado a retiro por el director de Investigaciones, Arturo Herrera, lo cual fue ratificado por la Presidenta Michelle Bachelet al aprobar el nuevo alto mando institucional para el próximo año.

Este solo hecho pone fin a una pugna de poder interna que comenzó en 2006, por un supuesto intento de Herrera de cambiar un informe que le imputaba la participación en la Operación Retiro de Televisores –remoción de cuerpos de detenidos desaparecidos- al entonces general activo del Ejército Miguel Trincado, en un proceso en Calama.

El puesto de Castillo será ocupado por el jefe nacional de Homicidios, Raúl Molina, un hombre que viene de la misma unidad donde el primero comenzó su carrera como detective.

Aunque la salida era un hecho para algunos esperable, en otros causó desazón, sobre todo por el ascendente que generaba en su personal a cargo y la mística que le impregnó a sus detectives, que lograron establecer hechos, algunos impensados, ocurridos durante el régimen militar.

Rafael Castillo, un ex estudiante de actuación que derivó en policía, dejará la institución con más de 30 años de servicio y secretos que dan para escribir un libro con la “cuerda separada” de la transición democrática.

Causas como el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, que terminó con la condena del ex jefe de la DINA Manuel Contreras y su segundo -el brigadier Pedro Espinoza- en 1995, los hallazgos de detenidos desaparecidos, el descubrimiento de la brigada de eliminación de prisioneros del servicio represivo, la Operación Albania, el homicidio del periodista José Carrasco ocurrido después del atentado a Pinochet, el caso Degollados, entre muchos otros, dan cuenta de su trayectoria.

Fuentes institucionales explicaron que Castillo ya tendría ofertas para trabajar en otros organismos, ya que su experiencia sería bien valorada en instituciones como la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) o el Ministerio Público.

En cualquier caso, su partida también marca el fin de una época que estuvo también marcada por los intentos de las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos de intentar terminar con el tema derechos humanos.

Por esta razón, no hay duda de que habrá un sentido adiós entre su “tropa” y quizás una regada fiesta, de ésas que nunca se olvidan, en la cual hasta los menos antiguos aprovecharán la oportunidad de decirle "chao, Cabezón".

Cámara rechaza convención sobre desaparición forzada de personas

7 de Noviembre de 2007

Pese a cinco apoyos en la Alianza

por  Alejandra Araya Brañes

Proyecto requería de 68 votos para lograr su aprobación, uno menos de los que finalmente consiguió, y la mayoría de los diputados de la derecha optó por abstenerse. Mientras en la Concertación calificaron lo ocurrido como una ''vergüenza'', el opositor Alberto Cardemil justificó la postura por su ''trasfondo político''.

En medio de los gritos de los parlamentarios de la Concertación vociferando "¡¡¡vergüenza!!!", la Cámara de Diputados declinó por 67 votos a favor y 31 abstenciones ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El proyecto requería de 68 votos para lograr su aprobación, pero la mayoría de los diputados de la oposición optó por abstenerse.

Al contrario de la postura sectorial, la aprobaron el representante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Joaquín Godoy y sus colegas de Renovación Nacional (RN) Ximena Valcarce, Francisco Chahuán, Cristián Monckeberg y Karla Rubilar.

En el Gobierno y las filas oficialistas lamentaron que este rechazo, justo en vísperas de la realización de la Cumbre Iberoamericana en Santiago.

En este contexto el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, calificó esto como "un traspié" e indicó que "el gobierno persiste en su voluntad de hacer ratificar por parte del parlamento este tratado, tendremos que esperar un año, pero apenas se cumpla un año de nuevo estará el tratado para ser votado una vez más en el Congreso".

Agregó que es "muy negativo que una parte del parlamento reste sus votos a aprobar una convención que sanciona un crimen tan abominable como la desaparición forzosa de personas. Más grave todavía si la coyuntura se da cuando se inaugura una Cumbre Iberoamericana el día de mañana"

Viera-Gallo puntualizó que "hay una voluntad permanente de la oposición de no aprobar este tratado".

Por su parte, el diputado Gabriel Ascencio (DC) señaló que "hoy hemos visto el rostro de la derecha tal como es, una derecha desnuda, una derecha que no le importa que nosotros incluyamos en nuestro ordenamiento jurídico el delito de desaparición forzada de personas".

Asimismo, calificó la actitud de sus pares de oposición como "cobarde", argumentando que "no son capaces ni siquiera de votar en contra, si no que se abstienen, pero el efecto es el mismo. Esta derecha nos hace pasar vergüenza internacional. Ellos son la vergüenza de este país".

Su colega Antonio Leal (PPD) dijo al respecto que este "es una día negro" tanto para los defensores de los derechos humanos, los familiares de detenidos desparecidos. "Lo que ha hecho la derecha que ha votado en contra de la aprobación de la Convención, es colocarse detrás de Manuel Contreras, detrás de Herrera, detrás de los grandes violadores de los DD.HH.", enfatizó.

Y agregó que "esto demuestra que esta derecha no es capaz de gobernar, porque es una derecha que está aislada del mundo".

Su colega Fulvio Rossi (PS) puntualizó que lo importante es que este proyecto contara con los votos de todos los parlamentarios y no sólo de la Concertación. Indicó que justo cuando se inaugura la Cumbre Iberoamericana "tenemos que pasar por este bochorno, por esta vergüenza".

Agregó que esto "es una bofetada" para las familias de los detenidos desaparecidos. En este contexto, sostuvo que "esta derecha es incapaz de gobernar porque no pasa la prueba de blancura".

Cardemil: Hay una trasfondo político

El diputado opositor Alberto Cardemil (independiente pro RN) rechazó que durante la discusión en la sala el ministro Viera-Gallo apelara a la responsabilidad de los parlamentarios. Dijo "que fue un exceso" que afectó al proyecto.

Argumentó su abstención señalando que "esta no es una cuestión jurídica, hay una trasfondo político, yo no estoy por darle más herramientas, más instrumentos a toda esta corte de jueces internacionales que más que jueces son políticos y que los temas de los DDHH lo usa como escalones para recibir premios, para recibir distinciones internacionales".

El legislador dijo en este línea que "la izquierda ha sido maestra en usar estos legítimos asuntos y aspectos jurídicos (de DDHH) para el combate político".

E indicó que "paremos ya de ingenuidad, paremos ya de ley del embudo que la parte más ancha siempre es para la izquierda y la parte más delgada es para los que no son de la izquierda".

Si bien todos los diputados de la Concertación votaron a favor del proyecto, no estaba presente esta mañana la diputada Alejandra Sepúlveda (DC).

Sin embargo, entre sus colegas oficialistas se desdramatizó su ausencia, argumentando que la propuesta había sido despachada por unanimidad por la comisión de Derechos Humanos, por lo que se esperaba el respaldo de la sala.

Heridos a bala en choque entre chavistas y opositores en universidad

Miércoles 7 de noviembre de 2007  | 18:47   

 Lanacion.cl / Agencias 

Las versiones sobre el origen de la violencia son discordantes. Según la estatal Radio Nacional, el ataque fue obra de grupos identificados con el "NO" a la reforma constitucional de Chávez. En cambio, autoridades de la Universidad que son contrarias al gobierno atribuyeron la agresión a manifestantes oficialistas.

Foto: Imagen del enfrentamiento entre estudiantes oficialistas y opositores al interior de la Universidad Central de Venezuela. Foto: AP

 Estudiantes heridos a bala dejó un confuso enfrentamiento protagonizado por estudiantes chavistas y opositores al interior de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

De acuerdo a medios venezolanos, estudiantes atacaron con bombas caseras, armas de fuego, piedras y otros objetos un edificio de la Escuela de Trabajo Social, donde estaban otros alumnos.  

El choque dejó varios heridos. Rodolfo Tapa, decano de la Facultad de Medicina, informó a Globovisión canal opositor- que hasta el hospital universitario llegaron dos personas con impacto de bala y además se contaron varios politraumatizados. Descartó asimismo, por el momento, que haya algún fallecido producto del enfrentamiento.  

Las versiones sobre el origen de los hechos son discordantes. Según Radio Nacional, que es estatal, el ataque fue obra de grupos identificados con el "NO" a la reforma constitucional que impulsa el Presidente, Hugo Chávez. En cambio, autoridades de la Universidad que son contrarias al gobierno atribuyeron la agresión a manifestantes oficialistas.  

El ministro de Educación Superior de Venezuela, Luis Acuña, admitió que es "peligrosa" la situación dentro de la universidad, y atribuyó el ataque a una "escalada de violencia en el país", debido a la polarización política entre chavistas y opositores.

MARCHA

El enfrentamiento se produce en una jornada en que estudiantes universitarios marcharon pacíficamente desde la sede la UCV, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, hasta la sede del Supremo, donde entregaron un recurso de amparo que busca el aplazamiento del referendo sobre la reforma constitucional, previsto para el 2 de diciembre próximo.

Ayer, también se registraron hechos de violencia estudiantil, que dejaron seis universitarios heridos y unos 36 detenidos en diferentes protestas en tres regiones venezolanas.

 

Sobrino de Bachelet consigue millonaria indemnización de canal de Piñera

Miércoles 7 de noviembre de 2007   

Por Sergio Benavides / La Nación 

Justicia favoreció al trabajador

 Luego de un juicio por un supuesto despido injustificado que comenzó en diciembre del 2004, Chilevisión deberá pagara a Igor Contreras todos los sueldos desde su despido hasta la fecha y las imposiciones correspondientes reajustadas. La cifra asciende prácticamente, según el abogado demandante, a los 25 millones de pesos.

Fue uno de los que cayó en el bus mientras trabajaba en la campaña de Michelle Bachelet junto, entre otros, a integrantes del grupo Saiko. "En esa oportunidad hasta Fernando Paulsen me enviaba saludos desde el programa siendo que, cuando trabajamos juntos, nunca fue capaz de decir hola", recuerda un Contreras algo cansado y molesto después de tres años de juicio contra el mismo Chilevisión por "despido injustificado". Asegura que no tiene muchas ganas de hablar y que si lo hace es "solamente porque me parece que es importante para los trabajadores del país que no deben dejar que pasen a llevar sus derechos".

Contreras fue despedido de Chilevisión el 2004 (cuando el canal todavía no pertenecía a Sebastián Piñera). Luego de haber trabajado más de un año como diseñador, cumpliendo horario y dependiendo del jefe del departamento gráfico, Alejandro Sage, se le informó telefónicamente que desde ese día 11 de noviembre no seguía en el canal. "No me hubiera importado el despido, si me hubieran pagado el mes de aviso, y las imposiciones. Pero no quisieron hacerlo, y hoy los tribunales dijeron otra cosa", explica.

Y es que efectivamente el juzgado del trabajo de Santiago sentenció que a Contreras se le deberán pagar: "a) indemnización sustitutiva de aviso previo, b) indemnización por años de servicios, c) remuneración de 10 días trabajados del mes de noviembre de 2004, d) feriado proporcional, e) horas extraordinarias de todo el período trabajado, f) cotizaciones previsionales por todo el período trabajado, g) remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen entre el despido y la convalidación del mismo, todo con intereses, reajustes y costas", dice el fallo. La única petición que no se le concedió a los demandantes fue el tema de las horas extras, según el abogado, "porque es muy difícil demostrar su existencia en un juicio".

Sin embargo, ese elemento en contra no apagó el ánimo de los demandantes que claramente se mostraron contentos con la resolución. "En este caso, un sólo trabajador de Chilevisión, que trabajó para ellos un año y medio ganando 400.000 pesos, obtuvo una contundente sentencia a su favor, que estimo que bordeará los 25 millones de pesos", dice el abogado demandante Ernesto Artigas subrayando que es un fallo ejemplificador para los empleadores. Y agrega: "El mensaje implícito de este fallo a los empleadores, especialmente empresarios es: señor, cumpla la ley laboral, pues no hacerlo puede salir demasiado costoso Todo esto en momentos en que el país está inmerso en una discusión acerca de la justicia social, este fallo viene a aportar un grano de arena en la creación de un nuevo equilibrio, que junto a otros de esta naturaleza, puede tender a que disminuya la inmensa brecha de ingresos entre los mas ricos y los más pobres".

 

Violaciones de derechos en Chile

7 de Noviembre de 2007 

Por  Felipe Portales

Chile ha experimentado, luego de 1990, un notable mejoramiento en la vigencia de los derechos a la vida, integridad física y libertad personal; producto del fin del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura.

Sin embargo, en estos 17 años se ha mantenido una grave y sistemática violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto se ha debido a que los gobiernos de la Concertación han consolidado las principales instituciones políticas, económicas y sociales que el régimen militar dejó en herencia.

De este modo, la propia Constitución del 80 –si bien ha experimentado algunas reformas liberalizadoras- se ha mantenido vigente, con varios de sus elementos autoritarios y neoliberales esenciales. Es más, con la suscripción que de ella hizo el ex presidente Lagos en 2005, la Concertación la hizo suya en términos oficiales.

Lo mismo puede decirse del conjunto de la legislación que la dictadura impuso en la década de los 80, destinado a refundar la sociedad chilena en los marcos de un neoliberalismo extremo, y que la Concertación se ha contentado con hacerle pequeños retoques, en la medida que ha contado con el consenso de la derecha.

Así tenemos una grave violación de los derechos políticos de la sociedad chilena, con el antidemocrático sistema electoral binominal -¡único en el mundo!- que distorsiona significativamente la representación del pueblo en el Congreso, a favor de la derecha minoritaria.

Por otro lado, vemos que Chile sufre –de acuerdo a las mediciones de los organismos internacionales especializados- una de las distribuciones del ingreso más desiguales e injustas del mundo; con lo que se vulneran los derechos económicos, sociales y culturales de la generalidad de la población.

Asimismo, la mercantilización de los servicios de salud, educación y seguridad social destruyen la propia noción de derechos humanos en esos ámbitos. Y se traduce en el notable encarecimiento de ellos para una minoría; o en la provisión de una mala calidad de ellos, por parte del Estado, para la mayoría.

Igualmente, las legislaciones y prácticas severamente restrictivas de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, hacen que los derechos específicos de los trabajadores se vean también gravemente violados.

Para que hablar de los pueblos indígenas, que ni siquiera gozan de un reconocimiento constitucional ni, menos aún, de las disposiciones que establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Y que –pese a algunas leyes y políticas desarrolladas en su favor desde 1990- continúan sufriendo una especial situación de miseria, represión y discriminación; como lo han constatado en diversos informes el Relator Especial de la ONU en la materia, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Los derechos civiles se ven también fuertemente vulnerados, producto de leyes y políticas destinados a favorecer a los “poderes fácticos” de la sociedad chilena; o como atávicas herencias del pasado. Así, el derecho a la justicia está gravemente violado por la mantención del aberrante decreto-ley de autoamnistía de 1978 (¡pese a los compromisos programáticos de la Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció su anulación hace ya más de un año!) y por la igualmente aberrante ley aprobada en 2004 que establece una virtual impunidad judicial, moral y administrativa a favor de los victimarios de tortura denunciados ante la Comisión Valech; en la medida que los ampara con un secreto de 50 años y con la inconstitucional prohibición para que el Poder Judicial tenga acceso al conocimiento de sus delitos.

A su vez, el derecho a la libre información y expresión se ve también gravemente vulnerado en la práctica por una concentración de la propiedad de medios de comunicación que, quizá con la sola excepción de Cuba, es la mayor de América Latina. De tal manera, que se ha llegado en esta materia a una situación mucho peor que la de los últimos años de la dictadura. Y con políticas de destrucción efectivas de casi todos los diarios y revistas de centroizquierda, a través del bloqueo de aportes financieros externos; de la discriminación del avisaje estatal; y de la negativa a devolver periódicos confiscados por la dictadura; todo lo que ha sido denunciado –sin ser desmentidos- por varios Premios Nacionales de Periodismo.

El derecho a la libertad de reunión en lugares públicos se ve también seriamente afectado en la medida que su reglamentación deja su aplicación entregada a la total discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. Asimismo –y sin ánimo de ser exhaustivo- el derecho a la libre asociación, respecto a las organizaciones sin fines de lucro, queda completamente supeditado a los gobiernos de turno. Estos, de acuerdo a disposiciones legales vigentes desde el siglo XIX, deben autorizar su existencia y aprobar sus estatutos; ¡y pueden disolverlas si, a su juicio, atentan contra la seguridad del Estado o dejan de corresponder al objeto de su institución

Llaman a senadores a rechazar proyecto que beneficia a violadores de derechos humanos

 *Iniciativa será votada esta semana por la sala de la Cámara Alta.

*"Es una infracción grave a la Constitución y a todos los tratados internacionales, especialmente el pacto de San José de Costa Rica", dijo Senador Ominami.

* "Existe un doble estándar de la derecha,  en el que hay una mano dura respecto a la delincuencia, pero realmente,   mano blanda contra el terrorismo de Estado", dijo senador.

*"Este proyecto de ley lo que hace en definitiva, es crear la impunidad en el país, lo que atenta contra todos los tratados internacionales" , dijo el diputado Tucapel Jiménez

Enviado por Pedro Alejandro Matta [e-mail] 

SANTIAGO.- Un llamado para que la Cámara Alta vote en contra un proyecto de ley que concede beneficios a violadores de derechos humanos hicieron el senador Carlos Ominami   y el diputado Tucapel Jiménez. El proyecto de ley será definido por la sala este próximo miércoles.

La moción patrocinada por los senadores Arancibia, Larraín y Prokurica y por los ex senadores Boeninger y Silva Cimma, concede a las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren procesadas actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal, cometidos por agentes del Estado, entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990, el beneficio de cumplir una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, salvo que la pena impuesta por los tribunales fuese inferior a ésta.

El proyecto además concede el beneficio de la remisión condicional establecido en la ley Nº 18.216 a los sentenciados que, durante la pena impuesta, alcancen la edad de setenta años o que sufran una enfermedad grave o incurable, siempre que hayan cumplido la mitad de aquella.

"Nosotros pensamos que es una iniciativa de la mayor gravedad. Es una infracción grave a la Constitución a todos los tratados internacionales, especialmente el pacto de San José de Costa Rica. Por este proyecto se beneficiarían responsables de crímenes atroces, como el de Tucapel Jiménez, entre otros", dijo Ominami.

El senador consignó que nuestro país ya fue castigado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del caso Almonacid, por lo que "esta iniciativa dejaría en un muy mal pie la política internacional de Chile, que busca poner a los derechos humanos en el centro de su atención".

El parlamentario indicó que existe un doble estándar de la derecha,  "en el que hay una mano dura respecto a la delincuencia, pero realmente,   mano blanda contra el terrorismo de Estado. En el caso de la  ley de responsabilidad penal juvenil se estableció que debiera cumplir por lo menos 5 años de reclusión un joven que comete un delito grave, Aquí un violador de derechos humanos, que tiene más de 70 años, también debiera cumplir una pena de 5 años. Hay un tema moral muy importante", recalcó.

Ominami sostuvo que "el Gobierno tendrá que reaccionar y dar su punto de vista" respecto al proyecto en cuestión. "Espero que el   día miércoles reaccione con vigor, de manera que la Concertación pueda rechazar este proyecto", enfatizó el senador.

Por su parte el diputado Tucapel Jiménez Fuentes hizo un llamado a los senadores oficialistas y también de la oposición a rechazar la moción el próximo miércoles. "Personalmente he estado en contra de todo indulto y amnistía. Esto le hace un tremendo daño a las sociedades. De cierta manera se trata un indulto, al rebajar las penas a diez años", dijo.  

El diputado sostuvo que "los violadores de derechos humanos han tenido todo tipo de beneficios. Cuando fueron procesados lo hicieron en Punta Peuco dos; a la hora de ser condenados se le aplica siempre la media prescripción o prescripción, por lo que reciben condenas muy bajas".

"Creo que ellos ya cuentan con los beneficios habidos y por haber. Este proyecto de ley lo que hace en definitiva, es crear la impunidad en el país, lo que atenta contra todos los tratados internacionales, y más aún en un momento en que Chile está postulando al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", recalcó el diputado.

Prensa Parlamentaria

Ma. Verónica Rivera Mendez - Periodista Bancada Senadores PS

09-2182138  Mail: comiteps@ senado.cl

 

Enviado de Fidel Castro llegó recordando a Allende

Miércoles 7 de noviembre de 2007  | 17:27   

Lanacion.cl / Agencias 

Además de su participación en la Cumbre Iberoamericana, el vicepresidente cubano Carlos Lage estará en la "Cumbre de los Pueblos", junto a Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, el sábado en el Velódromo del Estadio Nacional.

Foto: Lage recibe honores militares a su llegada a Chile. Foto: EFE 

Recordando a Salvador Allende, arribó a Chile el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, para representar a la nación caribeña en la XVII Cumbre Iberoamericana que se inicia mañana en Santiago.

A su llegada al aeropuerto de Pudahuel, Lage expresó su reconocimiento por “pisar la tierra del Presidente Salvador Allende”, el líder de la Unidad Popular y cercano a Fidel Castro, fallecido durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 encabezado por Augusto Pinochet.  

Igualmente, el vicepresidente manifestó que “le deseamos al gobierno de Chile y a su Presidenta Michelle Bachelet los mayores éxitos en la organización de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica”, que se extiende hasta el sábado en la capital.  

Entre las propuestas de Cuba en la Cumbre se encuentra un documento para que se adopten medidas de apoyo a la lucha contra el terrorismo y una declaración especial para que los 22 jefes de Estado y de Gobierno se pronuncien contra el bloqueo económico de EE.UU. y la aplicación de la ley Helms-Burton.  

Durante su estadía en Chile, Lage también participará de la "Cumbre de los Pueblos", acto que se celebrará el sábado en el Velódromo del Estadio Nacional, junto a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa.