MASACRE EN PERU
ALAN GARCÍA: COLETAZO DEL NEOLIBERALISMO
Carlos Iaquinandi Castro.
10 de junio de 2009
Servicio de Prensa Alternativa
Enviado por SERPAL
"La gente ha abandonado sus trabajos, sus huertas y sus animales
para ir a los paros de forma pacífica y nadie les ha escuchado".
"Aquí no se habla de eso. Solo se habla de los policías muertos
y de los salvajes que son los indígenas."
Rebeca Izquierdo, profesional española que trabaja en Iquitos.
"Los indígenas - a los que el gobierno llama 'salvajes y terroristas' -
están por perder sus tierras porque la mayoría de los decretos cambian
el marco jurídico de propiedad en Perú".
Adda Chuecas, directora del Centro Amazónico de Antropología.
Estimados amigos,
La tragedia en la Amazonia peruana enluta y sobrecoge a ese pueblo hermano, a la vez que conmueve e indigna porque pudo haberse evitado.
Para muchos desprevenidos la información de la violencia y las muertes fue la primera noticia de una confrontación de intereses en esa rica región selvática. Pero como todo conflicto, tiene su origen, sus raíces y actores visibles e invisibles.
El origen es el compromiso asumido por el presidente Alan García al suscribir en enero pasado el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, y los decretos que aprobó con facultades especiales para implementar ese acuerdo. Entre ellas, las facilidades para la explotación petrolera y gasífera en la Amazonia, y la eliminación de aranceles sobre más de las dos terceras partes de los productos industriales y de consumo, incluyendo los productos agrícolas norteamericanos.
Esa perspectiva, ya puso en marcha hace más de un año la protesta de las comunidades indígenas, pero también de sectores de la producción campesina o a los mineros artesanales. Alan García y George Bush firmaron el TLC a mediados de enero pasado y el acuerdo entró en vigencia en febrero. Las comunidades indígenas denunciaron que los decretos oficiales "abrían las puertas a la explotación y al control de sus tierras ancestrales por grandes empresas transnacionales, y al deterioro de los cursos de agua y de la biodiversidad amazónica".
Reclamaban no haber sido jamás consultados como prescribe el convenio 169 de la OIT. Alan García llevó a la práctica su discurso habitual de menosprecio por los indígenas y promulgó los decretos sin ese diálogo y consulta previa. Su actitud fue más la de un testaferro de los intereses de las grandes compañías que la de un defensor de los derechos, la soberanía y el bienestar de todos los peruanos.
Tras casi dos meses de movilizaciones de las comunidades indígenas que rechazaban los decretos y exigían una negociación, Alan García dio la orden de reprimir. Y en la madrugada del 5 de junio cientos de policías fueron enviados para dispersar por la fuerza a miles de indígenas. Una actitud autoritaria e irresponsable, sino perversa, porque el presidente sabía que esas acciones iban a generar resistencia y seguramente víctimas entre ambas partes enfrentadas. Ahora, con la complicidad de los grandes medios de comunicación peruanos e internacionales, Alan García pretende ser la encarnación del "orden y el progreso" para su país, y utiliza a los muertos como prueba de que "con estos salvajes no se puede negociar". Y para ello exhibe los cuerpos de las víctimas policiales, embarcados por "orden superior" en un combate de pobres contra pobres, para beneficio de los intereses de las transnacionales.
Alan García, junto con Álvaro Uribe en Colombia y Felipe Calderón en México, son las "fichas" con las que todavía cuenta el neoliberalismo en América Latina. Y no es únicamente un modelo económico. Como las dictaduras y las dictablandas posteriores que sostuvieron esas políticas en el continente, también apelan a la violencia, a la represión y al miedo para imponer el control social.
Pero es posible que esta acción irresponsable y criminal de Alan García, tenga el efecto contrario al que buscaba el presidente. Ya no son los indígenas los únicos que reclaman por el avasallamiento de su tierras ancestrales y de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos. Otros sectores se suman a las protestas y desnudan las verdaderas intenciones del gobierno de Alan García, de abrir las puertas a los depredadores que ya fueron expulsados por los movimientos populares en otros países hermanos del continente.
Por eso es fundamental no dejar la información en las manos de los amanuenses de la globalización excluyente y colonialista. Que no nos cuenten ellos nuestra propia historia y nuestra propia realidad. Tejamos red con nuestra gente, con sus relatos, sus experiencias, sus testimonios. Desde y con sus luchas.
Antecedentes del conflicto
En realidad el proceso que dio origen a estos enfrentamientos, nace con la decisión del gobierno peruano de firmar el TLC (Tratado de Libre Comercio) con el gobierno norteamericano a pesar de la fuerte oposición de diversos sectores productivos del país que temen por las consecuencias del pacto. Luego, Alan García solicitó al Congreso permiso para legislar (emitir decretos para implementar el TLC). En agosto y septiembre del año pasado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana -AIDESEP -que agrupa a 1.350 comunidades nativas, inicia una movilización denunciando medidas oficiales que "abrirían las puertas a la explotación de los territorios amazónicos" y dispone las primeras movilizaciones. A pesar de los pedidos de diálogo, en el Congreso las promesas de formar comisiones especiales se reiteran pero no llegan a concretarse. Y en abril pasado, las comunidades indígenas amazónicas, se declaran en estado de alerta ante algunos decretos que a su juicio, ponen en riesgo las regiones naturales donde están asentados y abren las puertas a las transnacionales madereras, mineras, etc.
El Comité de Lucha Provincial Condorcanqui - Amazonas, publica a mediados de mayo una "carta abierta al gobierno central" que en uno de sus párrafos expone: "El bosque amazónico es parte de nuestra existencia y desarrollo, ahí construimos nuestro Buen Vivir: es nuestra despensa, nuestro campo productivo, nuestra biblioteca, nuestra farmacia, nuestro banco de semillas y de crianzas, nuestra escuela. En resumen es nuestro sentido y cosmovisión como Pueblo Indígena. Y ahora está amenazada porque los decretos que demandamos su derogatoria están hechos de tal modo que asegurarán que las concesiones mineras y petroleras sigan adelante, destruyan parte del bosque y contaminen las fuentes de agua. Por eso nuestra lucha forma parte de la defensa de la supervivencia de la humanidad ahora que el planeta está en crisis de cambio climático." Más adelante, el mismo documento planteaba al gobierno de Alan García que humanizara sus políticas "anteponiendo los derechos humanos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, antes que los intereses privados de pequeños grupos de poder económico cuyo único afán es maximizar sus ganancias a todo costo."
El presidente afirmó que "400.000 indígenas no pueden decidir sobre recursos que pertenecen a millones de peruanos". Y añadió que derogar el decreto 1090 "atentaría" contra el acuerdo firmado con Estados Unidos. El hecho de que Alan García se ampare en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos para justificar sus decretos que ponen en riesgo los recursos naturales de la Amazonia, ha encendido los reclamos de amplios sectores sociales peruanos. El mes pasado, dos abogados de los movimientos que defienden el medio ambiente y los recursos naturales en la provincia amazónica de San Martín, lograron un inesperado fallo de la Corte Constitucional que suspendió tareas de exploración petrolera por una empresa transnacional.
La concesión de explotación petrolera en la región que tiene el tamaño de Puerto Rico, le pertenece a un consorcio transnacional, conformado por la compañía canadiense Talismán Energy, que cuenta con la mayoría accionaría con el 40% ; la española Repsol y la brasileña Petrobrás tienen 30% cada una. La Amazonia es una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta. Y más del 70% de esa superficie está dividida en concesiones otorgadas para exploraciones y explotaciones petrolíferas y gasíferas. Hay en Perú aproximadamente un centenar de compañías mineras y extractivas y 600 proyectos.
También en mayo, miles de mineros artesanales tomaron varias carreteras del país y paralizaron las avenidas de Lima. La movilización fue en rechazo del Decreto Supremo 005-2009 donde se criminalizaba la actividad de los mineros artesanales. Estos denunciaron el decreto como una de las leyes promovidas por las transnacionales, y vinculadas también con las exigencias del TLC firmado con Estados Unidos. El gobierno pidió una "tregua" y el levantamiento de las medidas. La organización nacional que les agrupa, dio un plazo de 30 días al gobierno para que rectificar esas leyes.
Por su parte, la vigilia y las movilizaciones pacíficas de los pobladores amazónicos se prolongaron durante más de 50 días. En su transcurso las comunidades hicieron bloqueos de carreteras y reclamaron insistentemente que el gobierno cumpliera sus compromisos de estudiar la derogación de algunos de los decretos objetados por ser lesivos al entorno natural de los pueblos indígenas.
Las cartas y mensajes al Congreso no tuvieron una respuesta efectiva. Los reclamos estaban cargados de argumentos, pero también de razones legales. Las comunidades denunciaban el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que oportunamente fuera ratificado por Perú y que obliga a consultar con los pueblos indígenas cualquier legislación o decisión gubernamental que afecte sus intereses. Incluso algunos legisladores peruanos calificaron de inconstitucionales los decretos aprobados por Alan García. Esos congresistas afirmaron que los decretos favorecen la "extranjerización" de la tierra y de sus recursos.
En el transcurso de esas casi nueve semanas, no hubo más que dilaciones y ningún gesto efectivo del gobierno hacia las demandas indígenas que pacíficamente seguían esperando ser escuchados.
El gobierno ordena reprimir
El pasado viernes 5, cumpliendo órdenes del gobierno, unos 600 efectivos de la DINOES (Dirección Nacional de Operativos Especiales) - fuertemente pertrechados -intervinieron a las cinco de la madrugada contra miles de miembros de las comunidades indígenas que cortaban la carretera panamericana en la zona conocida como Curva del Diablo en proximidades de la población de Bagua. En las operaciones se utilizaron también tanquetas y el apoyo de un helicóptero, desde el cual -según relataron dirigentes indígenas y pobladores - se hicieron disparos contra los manifestantes. Estos, como se advierte en las fotos y en las secuencias filmadas, estaban en su mayoría armados con lanzas y flechas.
La confrontación fue violenta, e inicialmente dejó un saldo de 15 indígenas y 7 policías muertos. Pero otros sucesos, como el secuestro de un grupo de una treintena de policías por cientos de indígenas derivaron en nuevos enfrentamientos. Las cifras oficiales y las que manejan las comunidades indígenas son muy diferentes. Todos admiten que los muertos superarían el medio centenar, aunque no todos los cuerpos han aparecido. El gobierno decretó el toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba.
Hay comunidades que han denunciado que fuerzas especiales han retirado cadáveres e incluso se han llevado heridos que estaban en los hospitales de las localidades próximas. Hay indígenas desaparecidos que podrían haber sido víctimas de traslados extrajudiciales a la Base Militar "El Milagro", próxima a Bagua.
Es difícil encontrar cifras fiables, pero hay al menos 169 heridos, y decenas de detenidos. Amnistía estima que hay 79 detenidos que no se sabe que trato están recibiendo, que cargos se les imputan y si tienen asistencia médica o letrada. La misma organización internacional indica que dispone informes "del uso excesivo de la fuerza por la policía y de casos de agentes secuestrados y muertos por miembros de las comunidades indígenas." Mientras tanto, Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica que representa a 1.350 comunidades amazónicas, pidió y obtuvo asilo político en la embajada de Nicaragua en Lima. Varios de los dirigentes de las comunidades indígenas son buscados por la policía y actúan en la clandestinidad. La región ha sido militarizada, incluso hay áreas que han sido cercadas y vedadas a la prensa o a representantes de organismos de derechos humanos.
Condenan la masacre
Diversas organizaciones sociales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, expresaron su rechazo a la intervención policial, y condenaron lo que califican de "matanza ordenada por el gobierno del presidente Alan García". Desde movimientos, sindicatos y diversas corrientes políticas se exige al Congreso de la República, la derogación inmediata de los decretos que califican de inconstitucionales" y reclaman que se retome el diálogo. El presidente dice que era imprescindible "restituir el orden en la zona", y al menos en principio, insistió en que no se modificarán ni la Ley Forestal ni otros decretos que abren la Amazonia a la explotación de las transnacionales.
El gobierno ha intentado contrarrestar las protestas con un video publicitario que recuerda a los de las dictaduras militares de los años 70. Allí, con imágenes de violencia y locución solemne, se proclama que los indígenas "son subversivos y van contra los intereses de la mayoría de los peruanos." "Así actúa el extremismo contra Perú" es la frase inicial, mientras muestra la imagen de los policías muertos en los enfrentamientos. El locutor define a los nativos amazónicos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo". Este aviso sostiene que no hubo represión policial ni enfrentamiento, sino un "asesinato salvaje de policías humildes". La propaganda oficial, reiteradamente difundida por los medios públicos y privados, generó numerosas protestas, no solo de las comunidades amazónicas, sino de diversas organizaciones de la sociedad civil. Incluso, fue el detonante para la renuncia de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, quien no ocultó sus diferencias con los métodos represivos con los que Alan García afrontó el conflicto amazónico y comunicó su inmediato abandono del gobierno.
Por su parte, Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos ( APRODEH ) afirmó que el gobierno peruano tiene la mayor responsabilidad en los sucesos del viernes 5 de junio en Bagua. Dijo que el primer ministro Yehude Simon y la ministra del interior, Mercedes Cabanillas deberían renunciar a sus carteras como lo hizo Carmen Vildoso, para "ir calmando las aguas". Definió que la represión ordenada por el Ejecutivo, podía calificarse "como una intención genocida y una actitud dictatorial y criminal".
Y añadió: "pero mas allá de la calificación técnica jurídica, acá hay un desprecio por la vida de las personas". Seguidamente afirmó que la actitud gubernamental no es sólo contra "las comunidades indígenas amazónicas o de los civiles, sino de los propios policías". "Llevarlos a una zona que no conocen, aunque ellos pueden estar armados, pero hay miles de personas que están allí y que obviamente reaccionan y no tienen miedo a las balas y las bombas, que están en su hábitat y defienden sus derechos hasta con la vida", agregó. El defensor de los DD.HH exhortó al gobierno a suspender de forma inmediata los decretos que permiten la privatización de las tierras amazónicas que son rechazados por las comunidades originarias. Y concluyó afirmando: " la situación sigue siendo tensa, todavía no hay una resolución clara de lo que va a pasar con los decretos legislativos, creo que ese es el centro de las protestas y el centro del problema", manifestó Jugo.
Clima de tensión y protesta
Los graves sucesos en Bagua, han conmovido e indignado a la sociedad peruana y parecen derivar en la posibilidad de que se conforme en Perú un frente popular contra las medidas neoliberales y las acciones represivas del gobierno de Alan García. Las comunidades mantienen su movilización y bloquean carreteras. Han recibido respaldo y solidaridad de diversas organizaciones sociales, tanto peruanas como de los países vecinos.
Los pueblos indígenas de la Selva Central: (Ashaninka, Asheninka, Yine, Yanesha, Kakinte, Nomatsiguenga y Matsiguenga) y los Pueblos Andinos y Organizaciones Sociales de la Selva Central, responsabilizaron de los sucesos al gobierno de Alan García. En un extenso documento recuerdan que "vulneró el orden constitucional al aprobar una serie de normas que incluso violan tratados internacionales con el claro fin de despojarnos de nuestros territorios ancestrales y entregar los recursos naturales a las transnacionales." Le reprochan también haber silenciado en los medios de comunicación a la voz indígena en su defensa de sus territorios y de los recursos naturales como los bosques, las aguas y la vida. También le acusan "de haber negado de hecho el diálogo expresa y largamente esperado por nuestra organización representativa AIDESEP, y por el contrario declaró el estado de emergencia suspendiendo las libertades personales y los derechos políticos en las regiones donde estaba la protesta indígena." Más adelante y refiriéndose siempre al gobierno de Alan García expresa el documento: "lo que sí hizo evidente a lo largo de estos 55 días de paro amazónico es que su opción es por la defensa de intereses petrolíferos y mineros transnacionales en contra de los de nuestro país y de los derechos de nuestros pueblos, aunque ello le haya significado provocar la masacre con el derramamiento de sangre inocente y las muertes de policías y de hermanos indígenas que no hacían nada más que defender heroica y pacíficamente la vida de nuestros pueblos frente a los atentados contenidos en las normas institucionales de este gobierno que hoy se ha convertido en asesino". Recuerdan luego otros casos similares que se produjeron durante el primer gobierno de Alan García, como el caso Accomarca, en 1985, donde se produjo el asesinato de 62 comuneros incluyendo mujeres, ancianos y niños por una patrulla del ejército; o el caso de las ejecuciones en los penales de El Frontón y Lurigancho en el que perdieron la vida más de 200 internos por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra reclusos amotinados, una vez rendidos. Exigen el cese de la campaña del gobierno y de algunos medios de comunicación donde se les identifica como "terroristas".
"Señalamos -dicen- que nuestras acciones son en defensa de nuestra vida y nuestra dignidad como pueblos". Concluyen exigiendo la derogación de los decretos legislativos que les afectan, y afirman que "lo único que logrará este gobierno con sus medidas represivas y sus asesinatos es multiplicar nuestra lucha". Comunican que los pueblos indígenas de la selva central iniciarán una jornada de resistencia permanente por la defensa de su territorio ancestral.
Por su parte, la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, decidió por unanimidad realizar un paro indefinido a partir del lunes 15 de junio contra el decreto oficial que otorga facilidades a las empresas transnacionales. La Federación que representa a 300.000 mineros, expresó también su solidaridad con los indígenas de la región selvática.
Los últimos acontecimientos
Para las próximas horas, se gestaba una huelga general de protesta en la región amazónica y actos en las principales ciudades del país.
Sobre el cierre de esta crónica, el gobierno estudiaba la posibilidad de tratar en el Congreso la derogación o modificación de algunos de los decretos cuestionados y adoptar medidas que pudieran descomprimir una situación social que puede poner en riesgo la propia continuidad de la gestión de Alan García.
Una gran mayoría del pueblo peruano rechaza el rumbo que lleva el gobierno, y parece crecer la resistencia al TLC firmado en enero pasado con Bush (una de sus últimas "firmas" como presidente de los Estados Unidos). A la luz de los acontecimientos que se han vivido en los dos últimos meses, otros sectores ciudadanos advierten los riesgos que entraña ese acuerdo para los intereses de los peruanos.
Mientras Alan García pretende "vender" la fábula de la "modernización" como ya lo hicieran antes Sánchez de Losada en Bolivia, o Menem en Argentina, la gente percibe que Perú puede sufrir daños irreparables en su estructura económica, social y productiva y afectar gravemente sus tierras, sus ríos y su selva. Motivos más que suficientes para decir basta y frenar este postrero espasmo neoliberal en el continente.
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