CAZA DE BRUJAS CONTRA EX LAUTARINOS

Escribe Arnaldo Pérez Guerra

La Fiscalía Militar y los medios de comunicación acusan a cuatro ex presos políticos lautarinos de participar en el asalto del 18 de octubre al Banco Security, donde fue asesinado el carabinero Luis Moyano Farías. Se trata de Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Freddy Fuentevilla Saa y Carlos Gutiérrez Quiduleo.

A partir de este hecho, la derecha y sectores de la Concertación han cuestionado hasta la histeria el "indulto" aprobado el año 2004 que benefició a los presos políticos en el gobierno de Ricardo Lagos. Monseñor Alfonso Baeza Donoso, impulsor de la Ley de Indulto, ha puntualizado con toda razón que 'ninguno de los ex lautarinos acusados del asalto y crimen fue indultado'.

Ninguno de los lautarinos criminalizados por los medios de comunicación y acusados por el fiscal Reveco y las policías fue beneficiado con el indulto aprobado ese año en el Congreso tras largas luchas y huelgas de hambre de familiares, organizaciones de derechos humanos y presos políticos.

A pesar de eso, los medios de comunicación siguen repitiendo histéricamente una información falsa, en un show mediático horroroso. Incluso la presidenta Michelle Bachelet se ha hecho eco del coro: "Esas personas son delincuentes y como delincuentes tienen que responder, el resto fue una decisión parlamentaria y lo importante es que hoy cada uno tiene que responsabilizarse de sus actos", señaló.

El líder de la derecha, Sebastián Piñera, asegura que el indulto a los presos políticos fue "un tremendo error". El asunto llega a extremos en que incluso algunos senadores que aprobaron la iniciativa hoy se muestran "arrepentidos".

Pero eso no es todo. Profusamente se acusa a Juan Aliste Vega, ex preso político lautarino, de haber participado 'en asaltos a bancos en los años 2002 y 2003'. Otra falsedad, que los medios instalan sin contrapeso y sin ética.

Lo cierto es que las Fiscalías Militares condenaron a Juan Aliste por la muerte de un carabinero en 1991, aunque nadie dice que fue el único detenido, procesado y sentenciado por ese hecho, y que a pesar de no existir pruebas de su participación concreta en el crimen se le condenó:

Algo que sucedió con decenas de presos políticos acusados y condenados por Fiscalías Militares y bajo leyes especiales aprobadas por la dictadura de Pinochet.

El 2003, Juan Aliste fue sindicado por Carabineros - junto a otros ex presos políticos-, de participar en "5 ó 6 asaltos a bancos" - lo que hoy repiten los medios, autoridades policiales y políticas-. En esa oportunidad, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros basó sus "pruebas" en los dichos de un narcotraficante convertido en "informante" para acogerse a la Ley de Delación Compensada.

Finalmente, se acusó a Juan Aliste de "participar en un asalto ocurrido el 12 de mayo de 2003". Pero ese día, en el momento en que se producía el asalto, Juan Aliste se encontraba al interior o saliendo del Patronato de Reos, donde cumplía reclusión nocturna tras obtener beneficios carcelarios. El abogado de derechos humanos de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas [FASIC], Alberto Espinoza Pino, llevó el caso:

"En la prensa se le acusó de participar en más de 6 asaltos y de ser jefe de una banda compuesta por ‘ex presos políticos'. Efectivamente, Juan Aliste se encontraba en el interior del Patronato de Reos a la hora en que estaba ocurriendo el asalto, a lo sumo él estaba recién saliendo del Patronato a un local donde trabajaba. Aliste trabajaba y estudiaba en la Universidad ARCIS Periodismo y Comunicación Social", nos señaló en esa oportunidad el abogado que, por "razones procesales", fue impedido de conocer el sumario durante meses.

Alberto Espinoza alegó la "revocación del auto de procesamiento" en la Corte de Apelaciones, pero la jueza que llevaba el proceso mantuvo un "cuaderno secreto" por meses. Finalmente, el procesamiento de Juan Aliste fue revocado: Nunca debió ser acusado ni encarcelado. Ningún medio de comunicación oficial escribió la noticia. Ningún medio de comunicación pidió disculpas a Juan ni a sus familiares por el "error"; la policía y las autoridades de gobierno, tampoco lo hicieron.

En enero 2004, Juan Aliste fue puesto en libertad luego de 7 meses de injusta prisión, a pesar de ser completamente inocente. Arbitrariamente, Gendarmería le trasladó a la Cárcel de Buin desde donde recuperó su libertad a un mes de la resolución absolutoria pues se negaban a restituirle el beneficio del que gozaba. Ningún medio de comunicación oficial informó del hecho.

Ya no era "noticia".

Hoy, el padre de Juan, Luis Aliste, ha presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago respaldado por la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial para "proteger la integridad física y sicológica de su familia", ante acusaciones similares a las del año 2003.

¿Si otra vez acusaciones tan graves quedan en nada, quién pedirá disculpas a las familias de estos ex presos políticos? ¿Qué medios de comunicación y autoridades informarán la verdad? ¿Y si alguien muere en un operativo como resultado de la histeria a la que nos someten los medios de comunicación y las autoridades, quién asumirá su responsabilidad?

12/11/07