La transición de la justicia
LA NUEVA BALANZA DE LA CORTE SUPREMA
La transición de la justicia
Cuando el país está frente a una renovada y cambiante sociedad que se encamina al Bicentenario con temas valóricos emergentes y aún con heridas abiertas por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, conocer la composición y diversidad del máximo tribunal del tercer Poder del Estado es de gran relevancia para nuestro futuro.
Foto: El Pleno de la Suprema tiene tres vacantes por cubrir. Foto: José López.
-Quién es quién en la Suprema
Por Luis Narváez
Una paulatina pero constante renovación ha sufrido en los últimos años el máximo tribunal del país, que orienta y guía los pasos del Poder Judicial, el tercer pilar sobre el cual se sustenta el Estado de Chile. Jubilaciones, muertes prematuras, renuncias y acusaciones constitucionales provocaron la salida de todos los ministros que componían el Pleno del tribunal al término de dictadura de Pinochet, régimen avalado por la Suprema en 1973 y que declaró inconstitucional al Gobierno de Allende.
La Concertación ha nombrado –la mayoría con anuencia del Senado– a los 18 jueces que hoy la integran. Antes de fin de año, otros tres nombramientos completarán los 21 cupos.
A pesar que los supremos niegan la existencia de bandos cuyas posiciones morales, ideológicas o religiosas afecten sus resoluciones judiciales, históricamente han existido diferencias en las salas que forman la Corte Suprema. Hoy, una mayoría simpatiza con la Concertación, pero en los temas morales predominan los conservadores. En materia religiosa –tema tabú–, los jueces católicos han aumentado, en desmedro de los masones.
De estos temas se habla con reserva en los fríos pasillos del palacio de tribunales. Para conocer esta nueva configuración y cómo afecta las decisiones de la principal magistratura, LND conversó con diversos ministros, representantes de los magistrados y un ex ministro de Justicia. Pero la jerarquía vertical con que se estructura el Poder Judicial (los superiores nombran y califican) obliga a las fuentes consultadas a optar por el anonimato.
EL CAMBIO
Durante el régimen militar, la Suprema se vistió con el desprestigio de haber hecho la “vista gorda” ante los delitos de lesa humanidad. Cuando Pinochet abandonó el poder se preocupó de dejar en los pomposos sillones de madera a quienes miraron con buenos ojos su accionar desde La Moneda. De los 16 ministros que integraban las tres salas de la Corte Suprema, 14 habían sido nombrados por Pinochet.
Al asumir Patricio Aylwin intentó cambiar ese escenario con la llamada “ley caramelo” –120 millones de pesos por jubilar anticipadamente–, que terminó con sabor amargo cuando varios supremos optaron por jubilar sólo un día antes de cumplir los 75 años.
Pero otras reformas produjeron la necesaria renovación de un órgano fundamental de la República: a la Suprema se le integraron cinco ministros adicionales, cuyo requisito es ser abogado externo. Además, se creó una cuarta sala (Primera, Constitucional; Segunda, Penal; Tercera, Constitucional), de Laboral y Familia.
Muchos reconocen que el principal cambio es el término de la brecha entre jueces pro dictadura y pro democracia, cuya diferencia quedaba de manifiesto en los procesos por violaciones de los derechos humanos, especialmente si el protagonista era Augusto Pinochet.
El 2005, tras cumplir los 75 años, dejó su sillón el ministro Hernán Álvarez, el último de los nombrados en dictadura. Con él se alejó el liderazgo –para algunos– más potente de los supremos conservadoras. Pero, al mismo tiempo, Álvarez fue quien puso en el tapete la anhelada independencia económica e instaló un sui géneris tribunal propio –la Comisión de Ética– para sancionar la conducta de los jueces.
CONCERTACIONISTAS O DERECHISTAS
Desde la reforma al sistema realizada en 1997, para llenar las vacantes del Máximo Tribunal sus integrantes confeccionan una lista de cinco nombres, elegidos entre los ministros de las 14 cortes de Apelaciones del país. La Presidenta escoge uno y lo propone al Senado, que lo aprueba o rechaza. Antes, la cámara alta no tenía injerencia alguna. Once jueces han sido nombrados tras un acuerdo entre Concertación y Alianza. Así, de los 18 ministros en ejercicio, 10 se inclinarían hacia la Concertación, siete hacia la Alianza y uno es independiente (ver fichas).
Sin embargo, a pesar de la inclinación política de cada uno, este cuerpo colegiado actúa según la circunstancia. Así, hace tres años el Pleno desaforó a cinco diputados oficialistas por el caso Coimas. A partir de 2004, el Pleno desaforó en cinco oportunidades a Pinochet. El apoyo al ex dictador disminuyó notablemente entre los ministros más conservadores tras descubrirse su fortuna oculta en el extranjero. En el capítulo por falsificación de pasaportes, Pinochet obtuvo cero votos.
CONSERVADORES VS. PROGRESISTAS
Entre las décadas del ’40 y del ’80, en la Suprema existía un “empate técnico” entre católicos y masones y colisionaban al discutir temas valóricos o designar cargos. Hoy, sólo cinco ministros son masones, 12 son católicos y uno es de religión judía. Tal vez por ello grupos como el Porvenir de Chile o el Movimiento Pro Vida han hecho pesar sus puntos de vista al recurrir a la Tercera Sala, integrada por jueces afines a sus principios. Sin embargo, pese a la irrupción de los temas valóricos en la sociedad chilena, en los últimos años la Corte Suprema ha enfrentado pocos casos de estas materias.
El sondeo realizado por LND arrojó que 11 ministros pueden ser considerados conservadores y siete serían progresistas (ver fichas). Respecto a las opciones sexuales, una fuente de la Corte advierte: “Los ministros no husmean la vida privada de los magistrados, porque iría en detrimento de todos ellos. Pero, por ejemplo, saben perfectamente quiénes son homosexuales”. Aunque la discriminación no sea evidente, en el proceso de calificaciones algunos hacen notar su molestia hacia quienes tienen una orientación sexual distinta.
RASGOS DE CARÁCTER
Quienes saben como funciona el segundo piso del palacio de los tribunales reconocen que hay ministros que son líderes de opinión en sus salas y en el Pleno. Así como magistrados que participan poco –e incluso dormitan durante las discusiones– y adhieren a las mayorías. Se habla de supremos “influyentes” e “influenciables”. Al tratarse de una generalización obviamente arbitraria, hemos preferido adoptar las categorías “opinante” y “reservado” para calificar los rasgos de carácter. La consulta interna realizada por LND coloca entre los opinantes a Ricardo Gálvez, Alberto Chaigneau, Jorge Rodríguez, Urbano Marín, Sergio Muñoz, Hugo Dolmestch y Milton Juica.
Una alta fuente testigo de la situación señala que “en cada Pleno se analizan diversas materias y suelen hablar siempre los mismos. El resto guarda silencio y sólo opinan al votar”. Otro miembro del Poder Judicial asegura que son frecuentes los “encontrones entre Gálvez y Marín en materias administrativas internas”. Hay acuerdo en que Gálvez es muy absoluto, con tendencia a imponer sus ideas. Todos los ministros coinciden en encargar a Marín una buena parte de los acuerdos sobre estas materias, porque su paso anterior por la Contraloría le otorgó un gran dominio del tema.
Tanto Gálvez como Chaigneau han manifestado interés por presidir la Suprema en el período 2008-2010. Por tradición, la prioridad la tiene el más antiguo. Costumbre rota sólo en dos ocasiones. Así, el conservador Gálvez tendría la opción en detrimento de Chaigneau, cuestionado por su presunto “mal trato” hacia sus pares y sus continuos roces en la Sala Penal.
Hace pocas semanas, la Corte Suprema hizo saber al Congreso su rechazo a ser incorporados en el proyecto de ley que regula el lobby. Aseguran que esto vulneraría la independencia de los jueces, puesto que el Poder Judicial ya tiene sus propias normativas al respecto. Además, se coincide en el máximo tribunal que han disminuido las visitas a ministros o funcionarios que tramitan internamente las causas de conocidos abogados lobbystas, como Juan Agustín Figueroa (radical), Carlos Figueroa (DC) o Miguel Otero (RN). “La creación de la Comisión de Ética provocó un importante cambio y hay una actitud más vigilante para evitar el lobby de antaño”, afirma una fuente del Poder Judicial.
Así y todo, no es factible llevar un control de lo que sucede fuera de los tribunales, lo que ha quedado evidenciado en algunos casos, como el impasse de Libedinsky y la jueza Chevesich, o la reunión del ex ministro Daniel Calvo con dirigentes de la UDI, a propósito del caso Spiniak.
SALA CIVIL
En la Sala Civil se abordan juicios económicos, demandas e indemnizaciones y está integrada por Juan Araya, Margarita Herreros, Jorge Rodríguez y Sergio Muñoz. La opinión de este último –el magistrado más joven de la Corte Suprema– y la de Rodríguez son las que se hacen oír.
Una fuente consultada asegura que Rodríguez –abogado bancario cuando ejercía en el mundo privado– “tiende a aceptar los argumentos de las empresas financieras en los juicios de cobranzas”. Por su parte, Muñoz –que instruyó los casos Tucapel Jiménez, Spiniak y Riggs– es considerado por sus pares de la sala como un “juez impetuoso” y debió desacelerar sus ímpetus. Se recuerda cuando el magistrado, tras percatarse de una irregularidad, redactó la sanción a una filtración de un exhorto, pero los otros inconsultos integrantes de la sala ordenaron su archivo.
SALA PENAL
La Sala Penal, integrada por Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch (se integró hace pocos meses), sería el principal campo de batalla de las tendencias internas. Todo porque la especialidad les obliga a resolver materias de violaciones de los derechos humanos, interpretar la aplicación o no de la Ley de Amnistía dictada en 1978 y aceptar las normas internacionales sobre la desaparición forzada de personas o secuestro permanente.
En esta materia, el criterio cambió dramáticamente en 1998 tras la detención de Pinochet en Londres y su posterior retorno al país luego de que el Gobierno prometiera al mundo que en Chile se le podía juzgar. Hasta entonces sólo se había fallado por el atentado a Orlando Letelier, debido a la presión de Estados Unidos para sancionar un delito cometido en su territorio, pero nunca investigaron otros crímenes de la dictadura.
Las fuentes señalan que tras la salida de Enrique Cury y José Luis Pérez, la tendencia la marca el perfil católico y pro concertacionista de Alberto Chaigneau.
La revisión de causas de derechos humanos en la etapa de recursos de casación, Chaigneau, Segura, Rodríguez y Dolmestch se inclinan por mantener abiertos los procesos y condenar, sin aplicar la amnistía. Ballesteros, siempre ha estado en la posición contraria.
A Chaignau también se le atribuye una gran cercanía con la curia católica debido a su orientación schoenstattiana. Aunque la Sala Penal ratificó la condena a prisión por abusos sexuales contra el sacerdote José Andrés Aguirre, “El Cura Tato”, también optó por diferenciar la responsabilidad civil personal de la institucional, liberando al Arzobispado de pagar una millonaria indemnización a las víctimas.
SALA CONSTITUCIONAL
La Sala Constitucional (Ricardo Gálvez, Adalis Oyarzún, Jorge Medina y Milton Juica) revisa todos los recursos de protección que se interponen y que aluden a las garantías constitucionales de las personas.
Por años, la ha presidido Ricardo Gálvez –conservador en temas valóricos y de inspiración derechista– considerado el último baluarte de pasado, porque sus antiguos partners, los que facilitaron su carrera en el Poder Judicial, ya se acogieron a retiro.
Todas las mañanas, antes de dar inicio a las audiencias, Gálvez –diácono en Las Rocas de Santo Domingo y con vínculos en sectores integristas de la Iglesia–, invita a rezar a sus colegas, también católicos practicantes. Por ello no es extraño que esa sala haya prohibido la venta de la píldora del día después –en su fórmula Postinor-2– y la exhibición de la película “La última tentación de Cristo”.
Gálvez, junto a Marín, es quien mejor domina los temas administrativos y fue el principal impulsor de la Academia Judicial, encargada de la formación de los futuros integrantes del Poder Judicial. También es partidario de que los jueces mantengan un bajo perfil y le molesta que tengan cercanía con fiscales y defensores en los Tribunales de Garantía.
SALA LABORAL
Esta sala, que ve los temas laborales y de familia, aún tiene una vacante por llenar. La dirige el ex presidente de la Suprema Marcos Libedinsky, y lo secundan Orlando Álvarez, Urbano Marín y el abogado Patricio Valdés. Quienes usualmente litigan allí reconocen que tras dejar el mando del Poder Judicial y ser acusado de presionar a la jueza Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Gate, el liderazgo de Libedinsky se ha visto ensombrecido por la fuerte influencia de Marín y Álvarez. En 2004, por su condición de lesbiana, esta sala negó la tuición de sus hijas a la jueza Karen Atala, con los votos de Marín, Medina y José Luis Pérez. Este último fue reemplazado por Valdés, quien –según sus conocidos– mantendría la votación de su antecesor, de repetirse un caso similar.
RUMBO AL BICENTENARIO
Cuando el 2010 el país celebre el Bicentenario, el Poder Judicial tendrá una cara aún más renovada. Por estos días, el Gobierno negocia los tres cupos que restan por llenar. Ya cuenta con dos quinas para reemplazar a Eleodoro Ortiz (fallecido) y José Luis Pérez (jubilado).
Aunque sorprendió la inclusión de la ministra Dobra Lusic, se estima que la Alianza y la Concertación buscarían consenso entre Héctor Carreño (San Miguel) y Gabriela Pérez (Santiago), quien ya ha integrado otras cuatro quinas y simpatiza con la derecha. De ser nombrada acompañaría a Margarita Herreros como las únicas dos supremas mujeres.
La vacante dejada por José Luis Pérez, en tanto, será ocupada por una quina de abogados externos a la carrera judicial. Allí suenan con fuerza el nombre del abogado del Consejo de Defensa del Estado Pedro Pierry, y los abogados integrantes Óscar Herrera y Carlos Kunsemüller.
En los últimos dos años fueron nombrados cinco nuevos ministros. Según la edad de quienes están en ejercicio, dos deberán retirarse el 2007 y cuatro el 2008. Por tanto, es probable que para el Bicentenario el sillón más importante del Poder Judicial sea disputado entre Urbano Marín y Orlando Álvarez, quienes cumplen 75 años en ese período.
De estos nuevos nombramientos dependerá el ritmo de las reformas que están en curso sobre la justicia laboral y civil y otras destinadas a acelerar la tramitación de causas y transparentar la toma de decisiones.
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Diego Simpertegui, presidente de los Magistrados: “Debemos transparentar las actuaciones”
–¿Existe algún cambio en el plano valórico?
–Los jueces, como cualquier ciudadano, tienen derecho a tener pensamientos religiosos o filosóficos, pero eso no les impide ejercer su función como la ley manda.
Desde la perspectiva de gremio, se necesitan otros elementos para evaluar. Con la asociación no solamente ha habido una apertura de la Corte Suprema e incluso respeto a lo que realizamos, ha habido también apertura para aceptar nuestras opiniones.
–¿Y el secretismo?
–Hay toda una cultura en torno al secretismo, a la reserva de ciertas decisiones. Pero están contempladas en la ley y eso no es fácil de cambiar. Sí le puedo decir que debemos hacer esfuerzos para transparentar todas las actuaciones.
–¿Qué trasformaciones hay que hacer?
–Hemos planteado silenciosamente la modernización en todos los ámbitos. Hemos avanzado en cuanto a procedimientos. Pero hay otras áreas muy atrasadas, porque no existen estudios. Algunos llaman a una autonomía del Poder Judicial, pero eso es una parte. También es importante la modernización del Código Orgánico de Tribunales. En cuanto al trabajo que realizan los tribunales, que se incorporen profesionales expertos en otras áreas que colaboren con la administración.
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