"El fin último de las acciones terroristas de los militares era atentar contra el obispo Tomás"

HABLA ABOGADO QUERELLANTE DEL CASO FATIMA

-El profesional Luis Díaz Coñuecar presenta hoy el recurso de casación para intentar invalidar ante la Corte Suprema, el fallo de la Corte local que declaró prescrita la acción penal y sobreseyó a los tres procesados.

 Por Poly Raín

[e-mail]

Durante la jornada de hoy, el abogado querellante en el caso Fátima, Luis Díaz Coñuecar, formalizará la presentación ante la secretaría de la Corte de Apelaciones, del recurso de casación para invalidar ante la Corte Suprema, el fallo de segunda instancia que declaró prescrita la acción penal y que trajo como consecuencia el sobreseimiento de los tres ex militares procesados.

El profesional magallánico representa los intereses del Obispado de Punta Arenas en este proceso penal que tuvo su origen en el atentado dinamitero que en octubre de 1984 destruyó la parroquia Fátima del barrio 18 de Septiembre y que terminó con la vida del teniente Patricio Contreras Martínez, quien a raíz de la detonación del artefacto explosivo, murió despedazado.

En un fallo acordado por dos de los tres ministros, la Corte de Apelaciones, acogió la tesis invocada por las defensas de los tres procesados, dejando establecido así que el atentado dinamitero fue un delito terrorista y no de lesa humanidad, por lo que debido al largo tiempo transcurrido el hecho había prescrito y por consiguiente había extinguido la responsabilidad de los autores.

Ocurridos los hechos, el año 1984, el Obispado asume un rol activo en esta causa a partir de su papel de querellante. Luego de un sobreseimiento que se mantuvo vigente por largos años, el año 2002, en el marco de la investigación por el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, a cargo del ministro en visita Sergio Muñoz, surgen nuevos antecedentes del caso Fátima, aportados por uno de los inculpados por la muerte de Jiménez, Humberto Olmedo, situación que en definitiva produjo la reapertura del sumario por el atentado con explosivos en Punta Arenas.

-¿A qué atribuye el hecho que la investigación se haya dilatado por tanto tiempo?

-"Una vez que la causa fue retomada por el ministro Renato Campos, la investigación, en un principio, no arrojó mayores antecedentes y volvió a ser sobreseída, con expresa oposición de la parte querellante. La Corte Suprema nos dio la razón en el sentido que faltaban por realizarse una serie de diligencias. Es así, como se siguió investigando y tuvimos la suerte que empezaron a aparecer algunas personas que quisieron declarar y que efectivamente aportaron antecedentes importantes, que no hicieron más que confirmar la tesis planteada por el inculpado Humberto Olmedo. Eran antecedentes sumamente graves y así se lo hice saber al padre obispo Tomás González en su oportunidad, quien me dio las instrucciones que había que seguir con este proceso hasta las últimas consecuencias. Esta persistencia se tradujo en el procesamiento de tres ex militares, entre ellos un general en retiro. Pero, sin duda, ha quedado de manifiesto una evidente falta de colaboración por parte de los involucrados durante todo este tiempo".

-¿Pero, hay claridad respecto de los autores materiales?

-"Los antecedentes que constan en el proceso arrojan que existe participación culpable de todo este grupo de personas, incluso un cuarto, que tan sólo por ahora figura como inculpado. El hecho material se consumó y está constituido como una conducta de carácter terrorista. Igualmente está establecida la participación de la institución, el Ejército, por cuanto el resultado de la investigación interna ordenada en su oportunidad por el entonces comandante del Departamento Especial de Inteligencia, Gonzalo Jara Padilla, también procesado en la causa, hasta el momento no ha sido aportada al juicio. El Ejército no ha tenido ninguna cooperación activa respecto de esta situación. Más bien ha tenido una participación pasiva, en el sentido que si se requiere información puntual, la entrega, pero los datos de fondo para esclarecer los hechos tal cual acontecieron, no los ha dado. Podría darlos, pero por lo visto es un tema sensible o debe ser muy delicado para ellos. Creo que sería un buen gesto si ellos podrían abrirnos las puertas para entregarnos la totalidad de los antecedentes. Tanto al padre Tomás González como al actual obispo Bernardo Bastres no les interesa llevar a la horca a nadie, ni que tampoco los condenen; sólo les interesa esclarecer los hechos, un poco saldar la honra y el recuerdo que los parientes tienen del fallecido teniente Contreras, y por último, la necesidad que tiene la comunidad de Fátima de sentirse reivindicada frente a estos hechos. En todo caso si hay condena, es bueno, porque son las reglas que tiene todo juicio penal".

-¿Cuál era el objetivo final de estas acciones terroristas?

-"Todo el equipo ejecutor (militares) que participó en estos hechos, tales como el bombazo de Fátima y los atentados explosivos contra la antena de transmisión de Radio Minería, de un taxi colectivo frente a la Parroquia San Miguel y otro episodio de igual naturaleza ocurrido en el sector sur, al tiempo después fue desarticulado y destinado a otras ciudades. Estamos hablando de agentes del Estado que organizaban una asociación ilícita, utilizando el aparato del Estado para delinquir, perseguir y hostigar a civiles. Según las declaraciones que constan en el proceso, se había hablado de la presunta eliminación de la figura del padre obispo Tomás González. Esto fue planteado en una de las conversaciones previas y así lo señaló uno de los testigos que participa en los hechos. Estos atentados cometidos por el ACHA (Acción Chilena Anticomunista), que eran ellos mismos (los militares), tenían como fin último en definitiva, atentar contra la persona del padre obispo, por su reconocido rol de defensor de los derechos humanos. También se menciona al ex senador José Ruiz, en esa época activo opositor al régimen militar, desde su cargo de dirigente del petróleo".

-¿Qué expectativas se ha cifrado con este recurso de casación ante la Corte Suprema?

-"El recurso de casación tiene por finalidad anular el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, fundado en que existe una infracción de ley, por una errónea interpretación de la ley penal, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución respecto en contra de la cual se interpone el recurso de casación. De ahí, que creemos que la Corte Suprema va a interpretar correctamente la ley penal, tal cual lo están haciendo otros tribunales del país. Es decir, no existe prescripción para este tipo de delitos. Estamos hablando de delitos cometidos por agentes del Estado, que actuaron como una asociación ilícita, que atentaban contra la población y que tenían por finalidad infundir temor, amedrentar y eventualmente aniquilar a elementos opositores que estaban activos en aquella época. No nos cabe ninguna duda de que es un delito de lesa humanidad y no nos cabe ninguna duda que es un delito que no prescribe".

La Prensa Austral ©

Edición Internet

Waldo Seguel 636 - Punta Arenas - CHILE