TIRO POR LA CULATA

Por Manuel Guerrero Antequera

A propósito de las movilizaciones que han desarrollado los estudiantes secundarios chilenos, con el objeto de hacerle ver a la sociedad adulta que el problema de la calidad de la educación requiere de medidas urgentes y concretas pues se encuentra hipotecado el futuro de las grandes mayorías del país, un conjunto de Municipalidades, a través de sus corporaciones educacionales, han notificado a decenas de escolares que se les cierra el año escolar y cancela su matrícula por su actitud “contumaz” de paralizar las actividades académicas y ocupar pacíficamente sus liceos.

Al respecto, llama la atención que sea precisamente el sector más cuestionado de la educación en Chile, el municipalizado, el que ahora es
capaz de adoptar “medidas correctivas” ante una contigencia con tan alto grado de celeridad, unidad de propósitos y eficacia. Lo irónico es que al parecer son más eficientes  en practicar la coerción más que la educación, ámbito en que sus resultados han sido nefastos, que es lo que ha motivado la protesta de los estudiantes. Así, tenemos una situación donde es la educación municipalizada le que les ha fallado a los jóvenes, sin embargo cuando éstos visibilizan socialmente el problema rápidamente son convertidos en los responsables a sancionar.

Pero no hay que llevarse a engaño. Aunque las medidas punitivas han sido revestidas discursivamente como “situación de aprendizaje” – los jóvenes deben aprender desde temprano a asumir las consecuencias de sus actos, afirmó un alcalde de pasado militar vinculado a la dictadura-, es claro que se trata de la puesta en acto de un mecanismo de defensa de la autoridad cuestionada que, a falta de autocrítica, culpa de los fracasos y las frustraciones a los demás o a la situación. Este no es más ni menos que el rostro archiconocido de la impunidad nacional que acostumbra cobrar revancha sobre el más débil.

Algo semejante ocurre cuando vemos a las fuerzas de orden y seguridad detener a jóvenes okupas como responsables de los desmanes callejeros que la autoridad no estuvo en condición de controlar. Okupas cuyo único pecado hasta ahora ha sido intentar vivir en forma alternativa al modo dominante a partir de la autogestión cultural. Como el orden social aparentemente se ha visto alterado –cosa que curiosamente no ha afectado ni al precio del cobre, a las ganancias de los bancos, las firmas de tratados de libre comercio, o las proclamaciones tempranas de candidatos a la presidencia, etc.- se han hecho circular discursos que criminalizan al anarquismo con el que se identifican muchos jóvenes como responsable de los peores males de la sociedad, invisibilizando que desde tal corriente de pensamiento crítico y acción social se desarrolló no solo la prensa obrera nacional, que cumplió una función importantísima de autoeducación de los sectores marginados, sino que nos ha dado a exponentes brillantes de la cultura popular como Manuel Rojas. A ello se suma la prohibición de efectuar marchas autorizadas por el acceso lateral de la casa de Gobierno, como si una bomba incendiaria aislada lanzada en contra de una ventana de La Moneda fuese equivalente al bombardeo de los Hawker Hunter de la FACH, por lo que se pone bajo sospecha a cualquier joven que haya transitado por ahí a propósito del 11 de septiembre.

Esta reacción de la “sociedad adulta”, acompañada de un sintomático silencio de la clase política que suele estimular en su retórica la importancia de que la juventud se interese por la política, hace evidente que existe una incomprensión y distancia hasta ahora infranqueable entre lo que motiva y demanda la subjetividad juvenil contemporánea, que forma parte de una nueva era de mutaciones culturales, y el diagnóstico que de ella realizan quienes ejercen el poder en sus distintos niveles. Es así como se ha optado preferentemente por la represión de las expresiones juveniles en vez de hacerla partícipe de la construcción del país como actores y sujetos políticos portadores de identidad, iniciativas y proyectos de transformación e innovación. La postdictadura, en este sentido, ha sido egoísta con la juventud, pues a diferencia de lo que ha ocurrido con los empresarios, las fuerzas armadas y la Iglesia, no se les ha reconocido su condición de protagonistas e interlocutores fundamentales para la progresiva democratización de la sociedad. Que en Chile, hasta la fecha, no exista la inscripción automática y el voto voluntario es una prueba más de esta realidad.

Los jóvenes “están ahí” y lo seguirán estando a pesar de que se les eche de sus liceos. Bastaría que autoridades y políticos hicieran el clásico “tour” al que invita el grupo Sol y Lluvia y descubrirán una infinita cantidad de colectivos desde donde los jóvenes practican la solidaridad y la humanización de sus territorios y ámbitos de vida: anarcopunks, vegetarianos protectores de los animales, rastafaris, hip-hoperos, okupas, pacifistas agrupados en Ni cascos ni uniformes, promotores de los derechos humanos desde la Funa, preuniversitarios populares y de las barras bravas, agrupaciones cristianas de base, radios comunitarias, movimientos feministas y por un desarrollo sustentable, sindicatos de trabajo infantil, en fin, una pleiade de organizaciones que nos muestran que más allá de lo que transmite la telebasura que acostumbra a etiquetar a lo juvenil como conducta desviada, hay un movimiento social lleno de dinamismo, memoria y proyección.

Aplicar medidas criminalizantes a la protesta juvenil organizada solo aumentará la brecha de incomprensión e incomunicación entre sectores de la sociedad que de otra forma se potenciarían mutuamente. Ejercer la violencia, aunque sea aplicada desde el aséptico lugar de los reglamentos, genera más violencia, descontento y frustración. No hay que ser futurólogo para saber eso. Es una verdad tan sencilla de asimilar que hasta un alcalde con pasado militar lo debiera poder entender.

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