Es un drama social de una envergadura inconmensurable (Parte IV)

Opinión
El informe de la UNICEF y Derechos Humanos de la Nación muestra que casi 20.000 niños, niñas y adolescentes están privados de su libertad…

Por: Elena Luz González Bazán

La legislación actual

La ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se enmarca en la incorporación a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), esto se denomina el derecho positivo interno e inclusive se le da carácter constitucional a partir de la reforma de 1994.

Han pasado 11 años y recién se da esta ley que en la letra escrita supera a la ley de Patronato, la 10.903, pero queda incólume las leyes decretos de la última dictadura militar, o sea, el Régimen Penal de la Minoridad. Por otro lado, la democracia tiene una enorme deuda con los Niños, Niñas y Adolescentes ya que no ha cumplido con liquidar o derogar o desconocer leyes dictatoriales, esta democracia en esencia no puede ser disculpada por falta de perspectivas, tiempos u otras defensas, por el contrario, esta democracia tiene enormes responsabilidades. Aquellos niños que nacieron a fines de 1983 son hoy adultos, muchos de ellos sufrieron el perverso tiempo de los abandonos, nacieron empobrecidos o sus familias quedaron desocupadas, marginadas o excluidas, millones han continuado en esa brecha, la desocupación y la desestructuración de la familia trabajadora fue en ascenso, sus crisis, tal como lo afirma el informe, no fueron mejorando la realidad, a lo sumo se retrotrajo al instante anterior de dicha caída.

Esta ley 26.061 que tiene carácter universal no termina, lo dice el informe, con las políticas tutelares, con las injusticias, con la pobreza y la indigencia, agregamos. La ley es una ley, doctrina o implementación de políticas que deben llevarse a cabo, pero la práctica es diferente y requiere de un contexto general donde el Estado esté dispuesto a que dicha normativa sea implementada en toda su magnitud. El Sistema Tutelar no se termina con una ley, por el contrario hay que llevar adelante un sistema de tareas para finalizar con este sistema tutelar y con las leyes de minoridad. Lo que sostienen es que “la nueva ley otorga el marco normativo necesario para realizar las reformas profundas que deben emprenderse, para empezar a poner al país a la altura de lo que las nuevas generaciones demandan y para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas al ratificar los instrumentos de derechos humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño”.

No cabe duda que la democracia argentina tiene una deuda enorme con la Niñez y Adolescencia, aún, a pesar de esta ley, se sigue con la política represiva, por eso hay casi 20.000 niños, niñas y adolescentes privados de su libertad, sufriendo los castigos de un sistema social que implementó un modelo económico de desindustrialización, expulsando millones de trabajadores a las brasas de la desocupación, la droga, el alcohol y la destrucción integral del hombre.

La ley establece en su artículo 1 que tiene por finalidad la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En el artículo 3 “se desarrolla el principio rector del interés superior del niño, entendido éste como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos. Este punto reviste vital importancia, ya que en reiteradas ocasiones el concepto de interés superior ha sido muy criticado por su carácter ambiguo, indeterminado e impreciso. En tal sentido, estas imprecisiones han dado lugar a numerosas interpretaciones judiciales. Algunas de ellas incluso han restringido derechos reconocidos, lo cual resulta contrario a lo establecido en la CDN”.

Podemos decir que las interpretaciones judiciales no hacen al tema esencial de cómo atender la problemática infantil y adolescente. ¿Por qué? Simplemente porque es una razón de Estado, hace a la esencia humana, necesita de POLITICAS DE ESTADO PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, donde las leyes ambiguas sean cubiertas por la actitud del Estado que piensa y ejecuta estrategias para solucionar la situación social y política de los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido sostiene el trabajo: “la polémica giraba en torno a la difícil relación entre el Estado, las familias y los “menores”, que la ley puede “menoscabar el ejercicio de la patria potestad. Sin embargo, actualmente se ha tomado conciencia que, de hecho, eran precisamente las leyes de “patronato” las que permitían que los jueces interfirieran con absoluta discrecionalidad en el ejercicio de la patria potestad, la suspendieran de hecho y hasta la suprimiera sin respetar el derecho de los padres a ser parte en el proceso, ni de apelar las medidas adoptadas”. Por ende las leyes sirven, acompañan, pero no son la solución final a la hora de discutir las políticas sobre la niñez y adolescencia.

La familia es el lugar primero del niño, de su espacio de contención y de vida en el marco de la comunidad, del barrio, del espacio geográfico y de identidad social, cultural y humano. Pero la destrucción de la familia, la comunidad, por ende, la identidad de las comunidades en forma particular, general y total dejó a la familia sin posibilidades de freno de la niñez y adolescencia. Esta desarticulación tiene directos responsables: los grandes capitales, los denominados nacionales y los monopólicos extranjeros que han sido beneficiados por leyes, decretos y políticas para conservar, continuar y mantener in eternun la injusticia. Al no tener contención los niños han quedado a la deriva y deben pagar con sus sufrimientos estas aberraciones.

“En la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que la familia es el ámbito propicio para el desarrollo del niño y, por lo tanto, la separación de los padres debe ser una medida de último recurso, solo aplicable excepcionalmente, en forma subsidiaria, limitada en el tiempo, reservada para los casos de graves violaciones de sus deberes parentales y dictada con absoluto respeto de los derechos y garantías de los progenitores”.

“El rol del Estado es, entonces, el de ser garante de los derechos del niño, ya que en materia de Derecho Internacional de los derechos humanos, el Estado es quien garantiza y reconoce los derechos de los individuos. El cumplimiento de este principio implica que los dispositivos creados a través de la ley de protección se activarán subsidiariamente, de forma complementaria y en apoyo de los padres, con el fin de reforzar y velar por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el seno de su familia siempre que sea posible”.

¿Qué va a garantizar el Estado? Si la garantía tiene que ver con leyes y proclamas se puede continuar indefinidamente con la privación de la libertad de la niñez y adolescencia. Porque hasta el presente, luego de casi 23 años de democracia, el Estado debiera garantizar los derechos de los ciudadanos pero, hasta aquí, la franja más dañada sigue su paso inexorable hacia el abismo.

Por otro lado se crean las siguientes instituciones: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esencialmente el Defensor cumplirá las funciones que tienen los actuales defensores del pueblo, las otras instituciones son organismos estatales que deberán demostrar que su organización es efectiva.

El objetivo del informe supone un aporte para motivar el proceso de cambio, convertirse en un sistema inclusivo de la niñez y adolescencia. Al “abandonar el régimen tutelar de la infancia excluida y transformarlo en un sistema de protección integral de derechos para toda la infancia implica una verdadera revolución cultural, puesto que exige un nuevo enfoque desde el cual las garantías constitucionales se convierten en el punto de partida de la inclusión social y política”.

Hace más de siete meses que se sancionó la ley 26.061, la reclusión de los niños no se ha resuelto, el tiempo para ellos son esenciales, sus vidas transcurren entre rejas o privados de su libertad, no son los períodos de quienes tienen la movilidad y la libertad de manejarse sin impedimentos. Los informes y las cifras sirven para aclarar la realidad social, pero si quedan en números y trabajos especiales sin vida, sin entender que de quienes se habla son seres humanos con emociones, alegrías y dolores, quedarán sumergidos en enormes carpetas y expedientes. Testimonios que en otro momento histórico serán recogidos por quienes intentarán dilucidar los efectos de la crisis política, ideológica, social, económica y cultural Argentina. Aparecerán ellos, 19.579 niñas, niños y adolescentes encerrados en 757 instituciones públicas y privadas, con acuerdos o no, subsidiadas por el Estado Nacional, provinciales y otros.

Seguramente quienes en otro tiempo histórico muestren preocupación por esta niñez y adolescencia se preguntarán a donde fueron a parar con sus sueños y sus huesos…

Mientras esto siga su curso inexorable, continuarán encarcelando los sueños de nuestra niñez y adolescencia. No hay pájaros para ellos, no hay sueños, no hay alegrías, están en libertad vigilada. Siguen esperando… porque ellos no tienen vacaciones de invierno, ni cine, ni títeres, ni teatro. No tienen padres y madres que los saquen de paseo, les falta, esencialmente, que son iguales a todos, pero las leyes y el Estado, la in-justicia los ha transformado en los rehenes de este presente infame.