Es un drama social de una envergadura inconmensurable (Parte I)

Opinión
El informe de la UNICEF y Derechos Humanos de la Nación muestra que casi 20.000 niños, niñas y adolescentes están privados de su libertad…

Por Elena Luz González Bazán

Las cifras oficiales arrojadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, luego de su relevamiento con grandes dificultades para capturar los datos y realidades de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad, arroja que 19.579 seres humanos menores de 18 años viven en situación de privación de la libertad.

Las cifras son escalofriantes, muestran un país desestructurado, desintegrado, que puede tener un gran crecimiento macro económico, mayor superávit fiscal y más recaudación, pero a la hora de mostrar la realidad de los niños encerrados, se dibuja como contraste, una verdad sobre este drama que es incontrastable. Este, es un brutal déficit humanitario, no se ha diseñado ni maneras ni políticas para desandar ese camino perverso y siniestro.

Los problemas de falta de seguridad y robos de todo tipo no se solucionan encarcelando o privando de su libertad a los niños, niñas y adolescentes. Es cierto por otro lado que el Estado nacional y sus diferentes gobiernos firmaron y reafirmaron tratados internacionales sobre los derechos de los niños, pero a la hora de develar la verdad, ella se torna ensombrecida, no hay una luz que alumbre esta tragedia nacional. No coloca negro sobre blanco las consecuencias de la destrucción masiva de la familia trabajadora, ni quienes fueron sus responsables y los continuadores de esas políticas. Cambiar de políticas para favorecer a la familia trabajadora desintegrada es desnudar responsabilidades y sincerar las actuales.

Hoy desde los distintos estratos sociales que fueron favorecidos, quedando fuera de la devastación del Tsunami argentino, sienten que la criminalidad toca duramente sus puertas, y claman, despiadadamente, por la aplicación de leyes represivas para encarcelar a la pobreza culpable de todos los males que los acechan. Son las propuestas aberrantes que se hacen cuando aparecen las figuras emblemáticas, para ellos, de los Blumberg y Bragnanolo, sin importar los antecedentes de ambos.

Esta realidad incontrastable y cotidiana asusta a la hora de pensar que las cifras extraoficiales, aquellas que no han brindado las provincias y municipios arrojan, seguramente, que más de 20.000 niños, niñas y adolescentes viven con su libertad talada. Son seres penados, primero por la pobreza, luego, por las injustas o ausentes políticas de Estado para terminar con la marginación.

La realidad queda atrapada y si bien se ha dado número de ley a la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con fuerte apoyo por parte del PEN, esta ley, la 26.061 no garantiza las injusticias a que fueron arrojados las víctimas de este desguace nacional.

Con esta ley se inicia, según el informe el 'proceso de adecuación de la normativa interna a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicha norma se complementa con el dictado de los decretos 415/2006 y 416/2006, reglamentarios de Ley de Protección'.

Por otro lado sostiene que este estudio que se ha dado a publicidad el pasado 13 de julio del 2006 está referido a la situación de: “Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en la Argentina”, es decir que ha sido objeto de institucionalización. Se trata de un estudio, que nos permite valorar el estado práctico de la cuestión al 31 de diciembre de 2005. Es decir paralelo al cambio normativo que implica el dictado de la ley Nº 26001 y la creación de la Secretaría de Estado de Niñez, el Consejo Federal y el Defensor Nacional y sus decretos reglamentarios que han establecido normas que incidirán necesariamente en la reducción de la cantidad de niños, niñas y adolescentes privados de libertad'.

¿Cómo se puede digerir que en nuestro país haya 757 centros o establecimientos penales o no penales donde se alojan estos 20.000 niñas, niños y adolescentes? las cifras de por sí son parte de la Argentina arrasada. A pesar de estos claros guarismos, se dice, a modo de justificación, que no se han podido comprobar la sobrepoblación de los chicos y adolescentes. Tal aseveración, es cuestionable, decenas de notas periodísticas muestran a los adolescentes y chicos quejándose por las pésimas condiciones carcelarias o no que sufren a diario. Basta solamente mostrar la situación de los centros en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires del último año y veremos las quejas de los adolescentes por el mal trato, la situación de hacinamiento que padecen y las refriegas como estallidos por la inhumanidad que sufren.

Los datos sostienen que el 82 por ciento de las niñas, niños y adolescentes están encerrados por causas no penales, ergo, el problema es social, la base está en la destrucción de la familia trabajadora, la de un presente perverso y la de un futuro incierto y lúgubre. Es bueno preguntarse que pasa en estos 757 centros o establecimientos todos los días del año, que hacen los chicos, que estudian, que contención tienen, que futuro se les ofrece, que presente se les ofrece para que vayan sintiéndose libres en medio de su encierro. No hay posibilidades de pensar que esto suceda, el encierro acarrea indignación, rebeldía y bronca y la única forma de modificar esto es lograr entregarles objetivos de vida que les mitiguen en parte lo que les han arrancado: en primer lugar sus familias.

Volviendo a este informe que tiene 126 páginas y está dividido en tres partes, las cuales iremos analizando y reflexionando en este trabajo, que entre las dificultades estuvo la heterogeneidad de criterio de los informantes, principalmente, dice, referido a lo que se entiende por cuestiones tales como “privación de libertad” o “institucionalización”, cuando nos referimos a las personas menores de 18 años de edad. 'Esta heterogeneidad encuentra su fundamento a partir de la confusión que genera el modelo basado en “la doctrina tutelar”, ideológica y prácticamente aún vigente, según el cual la internación en instituciones cerradas o “semiabiertas” es concebida como el recurso prioritario para abordar cualquier situación que involucre a los niños y adolescentes, tanto cuando son víctimas o posibles causantes de algún delito, como cuando se hallan en situación de pobreza e integran familias que se evalúan como “desintegradas” o “disfuncionales”. En tales casos, la internación y el encierro en instituciones frecuentemente son percibidos como una medida válida y positiva, dirigida a “protegerlos”, y no como una acción violatoria de sus derechos fundamentales'.

Para homogeneizar de alguna forma este objetivo se entregó, sostiene el informe, una cartilla con indicaciones más precisas sobre el tema de PRIVACION DE LA LIBERTAD: 'En este sentido, se subrayó especialmente el alcance del término “privación de libertad”, que a los efectos de este estudio asume el sentido expresado por la Regla 11.b) de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, donde se establece que se refiere a: “toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita al menor salir por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”.

Por otro lado, y como cierre a esta introducción del Informe, pensar en los problemas que encontró la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en dicho relevamiento, por falta de organismos determinados en todas las jurisdicciones: 'Esta tarea demandó un tiempo considerable debido a que los establecimientos destinados a la institucionalización de niños, niñas y adolescentes no dependen de los mismos organismos en las diferentes provincias. Por ejemplo, en algunas de ellas, todos los institutos u hogares destinados a niños, niñas y adolescentes dependen de la Secretaría o Dirección de Niñez y Familia. En otras, en cambio, sólo dependen de este tipo de organismos los institutos u hogares que albergan niños, niñas y jóvenes con causas no penales, mientras que los destinados a una población con causas penales dependen de otra Dirección, en general denominada “Niños en conflicto con la ley penal”, o bien, directamente del Servicio penitenciario'.

Estos aspectos esenciales muestran a las claras que, en estas décadas, no hubo, ni hay por ahora, políticas de Estado para asistir, simplemente, a la problemática de las niñas, niños y adolescentes pobres, los encarcelados, los privados de su libertad por otras razones y para implementar y hacerse cargo de un problema esencial y vital: el presente no existe, el futuro es la cárcel.

El 80 por ciento de los delincuentes de todo tipo y características pasó por instituciones de estas características, su paso dejó el pos grado de la delincuencia futura porque no hay en nuestro país un planteo veraz y cierto para contener y mitigar el dolor de los chicos. Por el contrario se sigue criminalizando la pobreza y encarcelando los sueños…