Suprema visa desafuero de Pinochet por caso Caravana de la Muerte
17 de Julio del 2006
Aunque por este caso el mismo tribunal lo había sobreseído el 1 de julio 2002 por razones de salud, accedió a que fuera investigado por los homicidios de Wagner Salinas y Francisco Lorca, quienes no estaban incluidos en el primer proceso.
El Pleno de la Corte Suprema aprobó este lunes un nuevo desafuero del general retirado Augusto Pinochet Ugarte, por las violaciones a los derechos humanos registrados durante su dictadura (1973-1990).
La decisión se enmarca en el caso Caravana de la Muerte, como se conoció la comitiva militar que tras el golpe de Estado de 1973 recorrió el país acelerando los Consejos de Guerra, lo que se tradujo en ejecuciones y desapariciones de opositores.
Aunque por este caso el mismo tribunal lo había sobreseído el 1 de julio 2002 por razones de salud, accedió a que fuera investigado por los homicidios de Wagner Salinas y Francisco Lorca, quienes no estaban incluidos en el primer proceso.
El máximo tribunal no dio a conocer el detalle de la votación y se limitó a confirmar que la mayoría de los magistrados se había pronunciado por iniciar un juicio de reproche contra el ex uniformado.
Tras conocer la decisión, el abogado querellante Eduardo Contreras señaló que se trata de una posibilidad real para revocar el sobreseimiento definitivo dictado en 2002, y que se produzca un vuelco en la historia, en el sentido de que el ex jefe castrense no quede impune.
Casos se conocieron tras sobreseimiento
Salinas y Lorca, que antes del golpe de 1973 integraban un grupo de seguridad del presidente Salvador Allende, fueron detenidos el 30 de septiembre de ese año en Curicó, en la Séptima Región.
Según consta en el proceso, ambos fueron trasladados a Santiago y recluidos en el regimiento "Tacna", donde fueron vistos con vida por testigos hasta el 3 de octubre siguiente. Sin embargo, el 5 de octubre sus cadáveres, acribillados, fueron encontrados en Santiago.
Los querellantes sostenían que el desafuero de Pinochet procedía porque los casos de Salinas y Lorca se conocieron después del sobreseimiento definitivo de Pinochet, sobre la base de que el ex militar padecía una demencia "subcortical irreversible".
En enero de 2001, el jubilado juez Juan Guzmán Tapia, entonces a cargo del caso, procesó a Pinochet como autor de 57 homicidios y 18 secuestros calificados cometidos por la Caravana de la Muerte y ordenó su arresto.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones rebajó la calificación de los delitos a encubridor, a lo que siguió una larga batalla judicial centrada en la salud del ex dictador, que culminó con el sobreseimiento dictado por la Corte Suprema.
La investigación estuvo inicialmente centrada en hechos registrados en Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Linares y Cauquenes, las indagaciones permitieron constatar que los militares también se desplazaron hasta Curicó, San Javier y Valdivia.
Montiglio deberá notificarlo
Con la decisión de este lunes, el ministro Víctor Montiglio, que instruye el caso, deberá notificar al ex militar del desafuero y volver a interrogarlo, algo que ya ha hecho en el marco del proceso conocido como Operación Colombo, para determinar si lo procesa o lo sobresee.
En este caso, Montiglio aplicó la amnistía en el episodio "Arica" y determinó recalificar 16 casos de Calama y Copiapó de secuestro calificado al de homicidio calificado, aunque posteriormente la Corte de Apelaciones revocaría la última decisión.
Desde el punto de vista procesal, el secuestro permanente es un delito establecido en la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad y, en ese marco, no puede ser objeto de una amnistía o declararse prescrito.
En la actualidad, Pinochet está procesado por el juez Montiglio como autor de secuestros cometidos en la Operación Colombo, montada en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores, y también enfrenta cargos por fraude tributario en el caso Riggs, que instruye el juez Carlos Cerda.
Aunque por este caso el mismo tribunal lo había sobreseído el 1 de julio 2002 por razones de salud, accedió a que fuera investigado por los homicidios de Wagner Salinas y Francisco Lorca, quienes no estaban incluidos en el primer proceso.
El Pleno de la Corte Suprema aprobó este lunes un nuevo desafuero del general retirado Augusto Pinochet Ugarte, por las violaciones a los derechos humanos registrados durante su dictadura (1973-1990).
La decisión se enmarca en el caso Caravana de la Muerte, como se conoció la comitiva militar que tras el golpe de Estado de 1973 recorrió el país acelerando los Consejos de Guerra, lo que se tradujo en ejecuciones y desapariciones de opositores.
Aunque por este caso el mismo tribunal lo había sobreseído el 1 de julio 2002 por razones de salud, accedió a que fuera investigado por los homicidios de Wagner Salinas y Francisco Lorca, quienes no estaban incluidos en el primer proceso.
El máximo tribunal no dio a conocer el detalle de la votación y se limitó a confirmar que la mayoría de los magistrados se había pronunciado por iniciar un juicio de reproche contra el ex uniformado.
Tras conocer la decisión, el abogado querellante Eduardo Contreras señaló que se trata de una posibilidad real para revocar el sobreseimiento definitivo dictado en 2002, y que se produzca un vuelco en la historia, en el sentido de que el ex jefe castrense no quede impune.
Casos se conocieron tras sobreseimiento
Salinas y Lorca, que antes del golpe de 1973 integraban un grupo de seguridad del presidente Salvador Allende, fueron detenidos el 30 de septiembre de ese año en Curicó, en la Séptima Región.
Según consta en el proceso, ambos fueron trasladados a Santiago y recluidos en el regimiento "Tacna", donde fueron vistos con vida por testigos hasta el 3 de octubre siguiente. Sin embargo, el 5 de octubre sus cadáveres, acribillados, fueron encontrados en Santiago.
Los querellantes sostenían que el desafuero de Pinochet procedía porque los casos de Salinas y Lorca se conocieron después del sobreseimiento definitivo de Pinochet, sobre la base de que el ex militar padecía una demencia "subcortical irreversible".
En enero de 2001, el jubilado juez Juan Guzmán Tapia, entonces a cargo del caso, procesó a Pinochet como autor de 57 homicidios y 18 secuestros calificados cometidos por la Caravana de la Muerte y ordenó su arresto.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones rebajó la calificación de los delitos a encubridor, a lo que siguió una larga batalla judicial centrada en la salud del ex dictador, que culminó con el sobreseimiento dictado por la Corte Suprema.
La investigación estuvo inicialmente centrada en hechos registrados en Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Linares y Cauquenes, las indagaciones permitieron constatar que los militares también se desplazaron hasta Curicó, San Javier y Valdivia.
Montiglio deberá notificarlo
Con la decisión de este lunes, el ministro Víctor Montiglio, que instruye el caso, deberá notificar al ex militar del desafuero y volver a interrogarlo, algo que ya ha hecho en el marco del proceso conocido como Operación Colombo, para determinar si lo procesa o lo sobresee.
En este caso, Montiglio aplicó la amnistía en el episodio "Arica" y determinó recalificar 16 casos de Calama y Copiapó de secuestro calificado al de homicidio calificado, aunque posteriormente la Corte de Apelaciones revocaría la última decisión.
Desde el punto de vista procesal, el secuestro permanente es un delito establecido en la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad y, en ese marco, no puede ser objeto de una amnistía o declararse prescrito.
En la actualidad, Pinochet está procesado por el juez Montiglio como autor de secuestros cometidos en la Operación Colombo, montada en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores, y también enfrenta cargos por fraude tributario en el caso Riggs, que instruye el juez Carlos Cerda.
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