Chile al margen de las políticas energéticas en América del Sur

Economía

Por: Hugo Fazio

 www.argenpress.info

El acuerdo suscrito entre los presidentes de Argentina y Bolivia, Néstor Kirchner y Evo Morales, que establece un nuevo precio para la venta de gas natural desde el país altiplánico repercutió, además, en Chile, Uruguay y Brasil. El origen de la situación proviene de que en los hechos Bolivia exportaba su gas a precios subsidiados, por debajo de su cotización en los mercados internacionales. Por tanto, su incremento era esperado. Otro tanto sucede con el gas exportado desde Argentina a Chile.

Desde el 15 de julio hasta fines de año, Argentina cancelará U$S 1,8 más por millón de BTU, lo cual lógicamente incide en sus precios internos -aunque se adopten medidas para amortiguar sus efectos sobre la población- y en definitiva en las naciones a las cuales exporta, entre las cuales se cuenta Chile. En el mercado interno trasandino el precio es de U$S 1,5 el millón de BTU. Argentina registró en el primer semestre una inflación de 4,9%, inferior al año anterior, gracias a los esfuerzos del gobierno Kirchner por controlar las alzas de precios. Argentina procederá a cancelar U$S 5 por millón de BTU (British Thermal Unit, aproximadamente 251,9 calorías), en vez de los U$S 3,20 pagados con anterioridad, registrando así un incremento de 56%, lo cual significará un egreso adicional de U$S 110 millones anuales.

Argentina en promedio exporta diariamente 16 millones de metros cúbicos, de los cuales la gran mayoría se dirige a Chile. El precio de venta a nuestro país ha sido muy inferior al cobrado a Brasil y Uruguay, proporcionándose así un trato muy favorable, de lo cual Chile se benefició durante varios años. En Argentina se mencionaron varias alternativas producida el alza del gas proveniente de Bolivia para definir su costo de exportación. Una de ellas fue licuar el aumento en el precio como se hará internamente, en el marco de la política antiinflacionaria del gobierno Kirchner.

Al comenzar julio el precio de venta a Chile era aproximadamente de U$S 2 a U$S 3,5 por millón de BTU. El diario argentino Clarín informó que dicho aumento será en promedio de 35%, porcentaje inferior al incremento a cancelar por el país trasandino a Bolivia. A la ministra de Minería y Energía chilena Karen Poniachik se le propuso una decena de alternativas diferentes para materializar el alza, todas ellas -según declaró- “vía retenciones o impuestos a las exportaciones” (08/07/06). Estas diferentes variantes tienen en cuenta la estacionalidad en que se produzcan las ventas, el volumen real enviado, si el gravamen es variable o fijo y el tipo de contrato que tenga suscrito cada una de las empresas importadoras.

Paralelamente al precio, el otro gran tema a resolver es la estabilidad de los suministros. A pesar del alza, el gas natural seguirá constituyendo la fuente energética de menor costo. El gas licuado está en los mercados internacionales en cerca de U$S 7 el millón de BTU. Karen Poniachik señaló antes de viajar a Buenos Aires para aclarar estos temas “que el gobierno de Michelle Bachelet espera que se cumplan los contratos y que, si llega a haber un efecto de este aumento de tarifas, éste sea el mínimo posible para los chilenos” (07/07/06). En la reunión realizada entre los personeros de ambos gobiernos se buscó -según expresaron representantes de La Moneda- distintas fórmulas y mecanismos para “reducir el impacto” del ajuste (08/07/06).

La vía elegida por las autoridades trasandinas es una “retención adicional” a la aplicada hasta el momento que comience a regir el incremento, que alcanza hasta ahora a un 20% del precio. El recargo a Uruguay y a Brasil será inferior dado que venían cancelando un monto más elevado. “Argentina -expresó el ministro de Planificación del vecino país Julio De Vido- maneja sus políticas impositivas, es decir el manejo de las retenciones a los productos que exporta, en forma autónoma y soberana, lo que no indica que uno… y más en el marco de la relación de amistad que hay con Chile explique anticipadamente qué medidas se van a tomar y el otro ministro diga en qué le afecta en mayor o menor grado las medidas por tomarse”.

Desde luego, el alza debe reflejarse en Chile en los precios internos de la electricidad y el gas natural. Las dos situaciones no son similares. La electricidad tiene tarifas reguladas que se reajustan cada seis meses, correspondiendo efectuarse la próxima modificación en octubre. El aumento del gas debe reflejarse en el cálculo de los precios nudos, qué son los cobrados por las empresas generadoras a las distribuidoras, representando aproximadamente un 50% en las tarifas pagadas por los consumidores. En el caso del gas residencial las empresas tienen libertad para fijar sus precios, los cuales ya tienen un recargo apreciable con relación a su costo de adquisición.

Los hechos vuelven a evidenciar las precarias relaciones del país en la región y el efecto negativo que se produce por las tirantes relaciones que subsisten con Bolivia, que definitivamente deben hacerse esfuerzos concretos por superarlas. Chile no participa en ninguno de los grandes proyectos regionales para alcanzar la integración energética . El país debe privilegiar las relaciones con los países sudamericanos en forma real, más allá de las declaraciones de buenas intenciones, aprovechando situaciones coyunturales que le creen posibilidades de hacerlo en forma constructiva, al contar con elevados superávit fiscales acumulados, para lo cual es claro debe dejar de privilegiar el ahorro presupuestario como objetivo supremo e inmodificable.

El suministro de gas natural es especialmente importante -además del consumo residencial- en el Norte Grande, por las elevadas necesidades de recursos energéticos de las empresas mineras y el mayor costo que significa no disponer de gas natural en la magnitud esperada. En los primeros días de julio, las empresas eléctricas del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que tienen capacidad para producir sobre la base de diésel, efectuaron pruebas utilizando dicho combustible para enfrentar cualquier emergencia de falta de suministro de gas. Es una medida apropiada, pero sin duda, se precisa enfrentar soluciones de fondo y a un menor costo para lo cual ya no son suficientes las determinaciones que adopten empresas por separado, como Edelnor y Gas Atacama, sino se requiere la acción del Estado. La demanda en el SING es cercana a los 1.650 MW. A los actuales precios del cobre en los mercados internacionales cualquier desabastecimiento energético tendría un efecto adverso particularmente elevado. Las soluciones parciales pasan porque las compañías mineras estén dispuestas a pagar el mayor costo que tenga el suministro de energía eléctrica.

El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se ha limitado a minimizar los riesgos subrayando que las bases de la economía chilena son sólidas, estando -en su opinión- “blindada” ante cualquier evento externo negativo. Dejando de lado que las vulnerabilidades de la economía chilena son muy grandes, actuando con este criterio no se enfrentan las limitaciones que se tiene en el plano energético. Se requiere una política activa, que considere lograr soluciones regionales con una perspectiva más larga en el tiempo y tenga en cuenta las necesidades mutuas.

El acuerdo entre Kirchner y Evo Morales potencia la presencia de la empresa estatal Enarsa en el mercado trasandino, ya que será la adquirente del gas suministrado desde Bolivia. Con los 7,7 millones de metros cúbicos diarios importados se coloca inmediatamente detrás de la española YPF (que a fines de 2005 producía 39 millones de metros cúbicos), la francesa Total Austral (35 millones), la norteamericana Pan American (19 millones), la argentina privada PlusPetrol (13 millones) y la estatal brasileña Petrobras (11 millones). Se incrementa así el papel de la compañía estatal, que se reforzará aún más al construirse el Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA), que tendrá una capacidad de transporte de veinte millones de metros cúbicos diarios, alcanzándose así a los 27,7 millones suministrados desde Bolivia. Esta decisión se coloca en la dirección prevaleciente en varios países de la región de reforzar las empresas estatales en el sector energético.

En la perspectiva de financiar obras como el gasoducto del nordeste argentino, que tendrá un costo de unos U$S 1.000 millones, los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez anunciaron formalmente en Caracas, pocos días después de decidirse su construcción por los mandatarios de Bolivia y Argentina, la creación de un bono binacional a colocar en los mercados internacionales, para lo cual instruyeron a sus equipos económicos para que se pongan de acuerdo en su implementación en un plazo de noventa días. Hugo Chávez señaló que su emisión -iniciativa del gobierno argentino- es el “preinicio” de la formación de un Banco del Sur. Esta institución financiera surge como posibilidad en el nuevo contexto financiero internacional, en que países sudamericanos comienzan a reunir importantes montos de reservas internacionales. La idea fue lanzada inicialmente en una reunión de los bancos centrales de Brasil, Argentina y Venezuela, efectuada en marzo de 2006.

La reunión Chávez-Kirchner, al mismo tiempo, acordó que la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA colabore con Enarsa en la materialización de los compromisos suscritos entre Argentina y Bolivia. De esta manera, los procesos de integración en la región van alcanzando una gran profundidad. Tiene razón Kirchner cuando al hablar ante la Asamblea Nacional venezolana enfatizó que “soplan fuertes vientos de cambio en América Latina” (06/07/06), de los cuales Chile permanece al margen.

Al incorporarse Venezuela oficialmente al Mercosur, el tratado de integración en un proceso no lineal da un salto. El mercado común pasa a representar el 75% del producto sudamericano. Lula da Silva subrayó que la ampliación del Mercosur “permite intercambiar experiencias, tecnologías y productos con los venezolanos. Nosotros (los de la región) -añadió- tenemos un fuerte compromiso con la democracia y los preceptos del pluralismo político. Y por eso, tenemos el derecho de exigir -concluyó, haciendo una alusión muy clara a la Casa Blanca- que no haya ningún tipo de ingerencia en nuestra región” (06/07/06). La tranformación de Bolivia de país asociado a integrante del Mercosur también se ve cercana, mientras Chile -que tiene igual carácter de país asociado- se mantiene alejado. En la cumbre del Mercosur, realizada en Caracas, Uruguay, Paraguay y Bolivia se sumaron al proyecto de Gasoducto del Sur promovido por Brasil, Venezuela y Argentina. El gasoducto a construirse tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros. El costo del proyecto se estima en U$S 20.000 millones. A su vez, Colombia y Venezuela inauguraron el 9 de julio la construcción de un gasoducto en la frontera, con un costo de U$S 335 millones, que estará listo en 2007. Los mandatarios de ambos países expresaron su intención de extender el gasoducto a Panamá y otras naciones centroamericanos.

Alejandro Foxley, frente al alza en el precio del gas se limitó a solicitar a Argentina una “solución económica que asegure el abastecimiento domiciliario, pero que sea razonable en términos de precios de gas” (5/7/06). “En la actualidad -señaló a comienzos de julio la ministra de Minería y Energía Karen Poniachik- los precios del gas natural residencial son alrededor de 25% más bajos que el sustituto, que es el gas licuado”. Chile debería tener una política activa para enfrentar los problemas energéticos de la región.

Los problemas en el suministro de recursos energéticos son mundiales. En la Unión Europea, según cifras de su oficina estadística Eurostat, en 2005 el alza promedio del gas industrial fue de 33,3%, registrando sus mayores incrementos en España (54,7%) y el Reino Unido (48,3%). La pugna entre países por los precios ha provocado situaciones conflictivas. A comienzos de año Rusia y Ucrania recurrieron a medidas mutuas de presión frente al paso por el territorio del segundo de gas procedente del primero, afectando el suministro a otros países europeos. Incluso Moscú suspendió transitoriamente el abastecimiento a Ucrania, mientras que Kiev se apropió del gas que se encontraba en ese momento en tránsito hacia occidente. El presidente de la empresa rusa Gazprom, Alexei Miller, ha señalado que Ucrania es el “eslabón débil” en el suministro de gas en la posición dominante que mantiene en el tránsito del gas centroasiático hacia naciones europeas occidentales.

Al comenzar julio se produjo un nuevo conflicto por precios entre Rusia y Turkmenistán. Este último Estado demandó que se aumentase en un 33% los montos que cobra actualmente por el gas que Moscú le adquiere para cumplir con sus contratos de exportación. Rusia rechaza esta alza, como declaró el presidente de Gazprom, al tiempo que desea incrementar los suministros desde el país asiático. La falta de dicho gas provocaría un déficit en el abastecimiento a Ucrania, que a su vez no acepta alzas en las tarifas. La posición de Rusia se apoya en que Turkmenistán no cuenta con vías alternativas para la exportación de su gas. Por su parte Gazprom, que abastece la cuarta parte del consumo de gas de la Unión Europea, tiene su producción estancada y para aumentarla requiere de elevadas inversiones.

En el mundo actual disponer de recursos energéticos o contar con un adecuado suministro constituye un tema crucial. Chile requiere de una política energética que tenga en cuenta sus potencialidades y debilidades y cómo construir una acción conjunta con los países de la región, muchos de los cuales ya dan importantes pasos entre ellos.