El quilombo gasífero
¿QUIÉN PAGA LA CRISIS DEL GAS?
Contra la lógica del modelo de que los mayores costos de una industria deben traspasarse al consumidor, el incremento de precios del gas argentino ha obligado a las autoridades a mirar con atención a las empresas que operan este negocio, las que se han constituido en verdaderos monopolios naturales y sus ganancias parecen elevarse más allá de lo prudente. ¿Llegó la hora de regular las tarifas?
Por Hugo Arias V.
Se veía venir y vino. Argentina –que gasta millones de dólares en subsidiar el precio de los combustibles a sus ciudadanos– optó por traspasar a Chile sus mayores costos (al tener que pagar más por el gas boliviano) y encendió con ello nuevamente las alarmas en un mercado que en los últimos tres años le ha deparado dolores de cabeza a los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y reclamos a posteriori al de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
La medida de Bolivia es justa, por cierto, ya que antes prácticamente regalaba su gas. E incluso el presidente de la Sofofa, Bruno Philippi, reconoce que Argentina tiene también el derecho de elevar sus precios: “Nos molestará la forma en que se hizo, pero, por favor, vean cuánto pagan por ese gas en Europa o Estados Unidos. El precio nuestro sigue siendo mucho más bajo”.
¿Dónde está el drama, entonces? En que en 1995, al desatarse la guerra de los gasoductos –cuando José Yuraszeck cayó derrotado y se impuso la fórmula de Juan Claro– se “vendió” la llegada del gas natural como el non plus ultra de los combustibles, como el salvavidas de la matriz energética chilena, como el producto que iba a evitar nuevas Ralco y como una ganga que prometía precios bajos casi por siempre. Y, además, con un vendedor (Argentina) que sería mucho más que eso, sería un “aliado estratégico” y, por lo tanto, no podía salir con sorpresas como las que comenzaron a gestarse en abril de 2004, cuando se iniciaron los primeros cortes y los tironeos por el precio.
A principios del invierno de ese año, el gas natural pasó de ser el ángel de la guarda a convertirse en el peor de los fantasmas de la economía chilena, y comenzaron a llover las críticas por haberse volcado por completo al gas natural, dejando de lado otras fuentes de energía, lo que ponía en riesgo la estabilidad energética del país. La ex secretaria de Energía Vivianne Blanlot (hoy ministra de Defensa) lo advirtió un año antes, pero su informe no pasó de eso. Pero a partir de ese momento, la idea de diversificar la matriz energética se transformó en una de las tareas más importantes para las autoridades y las empresas que actúan en el negocio. Las hidroeléctricas desempolvaron proyectos y hasta sacaron un as bajo la manga este año (con una asociación entre Endesa y Colbún) para promover la instalación de centrales en Aysén (con una inversión de tres mil millones de dólares). Las termoeléctricas volvieron a la carga con el carbón (de hecho, Gener le anunció a los inversionistas extranjeros la construcción de dos plantas de este tipo). El Gobierno, a través de Enap, impulsó el proyecto de traer gas natural licuado de ultramar e instalar una planta de regasificación en Quintero, V Región, la que debe comenzar a operar en 2008. Y hasta los ecologistas entraron al ruedo llamando a invertir en geotermia y generación eólica.
MIRANDO A LAS EMPRESAS
En eso estaba el país cuando Argentina obligó a todos a volver a preocuparse del día a día, de la cuenta del gas de fin de mes, porque el alza del combustible importado de ese país se transformó de inmediato en amenaza de reajustes tarifarios. Así lo dicta la lógica implacable del mercado que sigue operando sin grandes contrapesos en Chile: si el costo del insumo sube, lo pagan los consumidores. Pero esta vez el escenario es distinto.
Tal vez porque el Tribunal de la Libre Competencia encendió durante el último año un chip que las autoridades y los chilenos parecían tener dormido o porque la prensa ya había puesto el ojo en las ganancias de las distribuidoras de gas y el alza de las tarifas residenciales, esta vez la mirada se volvió hacia las empresas, que con el correr de los años se han ido transformando en verdaderos monopolios naturales, además de la integración vertical con que nacieron al negocio (Gasco, por ejemplo, es socio de Metrogas y del gasoducto Gas Andes, en la zona central, y en el sur, Gasco y Enap son dueños de las distribuidoras Gas Sur e Innergy, además del gasoducto del Pacífico).
¿Por qué no pueden asumir ellas el mayor costo del gas?, fue la pregunta que comenzó a rondar en el Gobierno. En un principio, pareció un llamado basado sólo en el sentido común, pero esta semana la saliente ministra de Economía, Ingrid Antonijevic, lo puso en el centro de la discusión con argumentos, al advertir que estaba en marcha un estudio para medir la rentabilidad de estas compañías y determinar si cabe, como dice la ley, que se comiencen a regular sus tarifas en la medida que su rentabilidad sobrepase en 5% la tasa de costo de capital de esta industria. Y ojo, no fue el Gobierno el que dio inicio al estudio, sino el Tribunal de la Libre Competencia, que a fines del año pasado hizo el encargo a la Comisión Nacional de Energía (CNE).
¿Qué vio el tribunal en el mercado para solicitar esta evaluación? Quizás que en menos de seis años las tarifas del gas domiciliario se han casi duplicado en Santiago y regiones, o bien que, por ejemplo, Metrogas –la distribuidora de la Región Metropolitana, que en los últimos cuatro año registra utilidades promedio de 3.800 millones de pesos al año– compra el gas argentino en tres dólares (1.617 pesos) el millón de BTU (unidad térmica británica) y lo vende a los consumidores residenciales a más de 24 dólares (unos 13 mil pesos).
¿Cómo se explica la diferencia, que se repite de manera casi idéntica en otras regiones del país? No puede ser el transporte, porque en Argentina, por ejemplo, el precio a boca de pozo es cercano a un dólar y medio, y el traslado lo eleva sólo a los tres dólares que paga Metrogas en la frontera. La Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN) llamó la atención sobre las inversiones por casi mil millones de dólares que las compañías han hecho en este período. Pero ante ello surge una nueva pregunta: ¿las tarifas bajarán cuando las compañías recuperen esa inversión?
El Tribunal de la Libre Competencia parece poner en duda esta posibilidad, y por ello encargó el estudio a la CNE. Los distribuidores retrucan, entonces, que el gas natural sigue siendo más barato que otras fuentes de energía alternativas. Pero la pregunta clave es si las tarifas que hoy se cobran por este combustible son adecuadas o excesivas y generan para las compañías ganancias exageradas.
EL ROL DE FERREIRO
Pasó inadvertido tras las primeras horas de su nombramiento, pero el rol que podría jugar el nuevo ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, en este escenario es clave. ¿Por qué? Porque, aunque es la CNE la que debe analizar la rentabilidad que obtienen las distribuidoras de gas natural, la ley establece que es el Ministerio de Economía el que define el otro punto clave de esta ecuación: la tasa de costo de capital de la industria. A Ferreiro le corresponderá entonces informar al Tribunal de la Competencia el dato clave para saber si las compañías están rentando más allá de lo que establece la ley y si se requiere, entonces, de una regulación de tarifas. Una idea que pone al empresariado muy nervioso y que saca de quicio a los economistas más ortodoxos, pero que entusiasma a muchos parlamentarios, que durante la semana aprovecharon el espacio para pedir al Gobierno actuar en este sentido.
“Aquí nadie ha hablado de fijación de precios; la fijación de precios arbitraria no es lo que ocurre en un país serio como Chile”, dijo el viernes el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Y, más allá del tono de comparación con lo que ocurre al otro lado de la cordillera, el jefe de las finanzas públicas es certero cuando apunta a que no habría ninguna arbitrariedad en la determinación de tarifas para las distribuidoras de gas, sino un modelo de fijación que les asegure un nivel adecuado de rentabilidad, como ocurre hoy en sectores como la distribución eléctrica, las sanitarias o la telefonía fija, pero que también resguarde a los consumidores.
¿Y no existe otra posibilidad? Según el secretario ejecutivo de la CNE, Pablo Serra, la opción en otros países ha sido la de establecer una suerte de “multicarrier”, permitiendo que diversas compañías puedan inyectar su gas en la red de otras, lo que ayudaría a la competencia. Pero eso exige, entre otras cosas, definir de un sistema de peajes que permita tarificar el uso de las redes.
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