Gobierno envía con suma urgencia dos proyectos antidelincuencia

Un proyecto que pone mano dura contra la reincidencia y otro para liberar a Carabineros de las funciones administrativas, componen la Agenda Corta de seguridad ciudadana. Para su elaboración, el gobierno tomó en cuenta incluso mociones de la derecha.

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Dos proyectos de ley, para evitar la reincidencia de los delincuentes y liberar a Carabineros de funciones administrativas, fueron enviados por el gobierno al Congreso con “suma urgencia” –es decir, diez días de tramitación en cada rama legislativa- con el objetivo de combatir la delincuencia.

El paquete anunciado por el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, el subsecretario de la cartera, Felipe Harboe y el titular de Justicia, Isidro Solís, tomó en consideración el carácter de “política de Estado” que debe tener el tema de la seguridad ciudadana, según dijo el jefe de gabinete.

Ello se reflejó en que para la elaboración del proyecto que busca evitar los vacíos legales que permiten la reincidencia se tomaron en cuenta once mociones parlamentarias, presentadas incluso por congresistas de la opositora Alianza por Chile. Por ejemplo, se incluyeron ideas de iniciativas de los RN Alberto Espina, Andrés Allamand , Baldo Prokurica, Cristián Monckeberg y Alberto Cardemil, además de otras de autoría de los diputados DC Patricio Walker, Jorge Burgos y Gabriel Ascencio.

"Conciente que la delincuencia es un problema de Estado, y no corresponde a la disyuntiva política, el gobierno ha decido dar curso a una serie de modificaciones que persiguen reforzar los tres pilares básicos del combate contra la delincuencia: la prevención, represión y rehabilitación", indicó el jefe de gabinete.

De cara al trámite legislativo que viene, Zaldívar pidió a los parlamentarios que aporten con ideas para "enriquecer" las iniciativas, argumentando que la tarea de combatir la delincuencia es "una tarea que tenemos que hacerla todos y tenemos plena confianza que en el Congreso habrá trámite con dedicación especial".

El contenido del proyecto consta de cuatro artículos que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y consagran nuevas herramientas para el control preventivo que deben desarrollar las policías.

Mano dura a la reincidencia

Según el titular de Justicia, Isidro Solís, el objetivo de estas medidas es “hacer más eficientes las herramientas de persecución criminal con que contamos en la actualidad, poniendo especial énfasis en los delitos más graves".

En este sentido, se establecen dos cambios al Código Penal: la primera es que se agrega como delito grave que justifica la legítima defensa, la violación de menores de edad. Además, se endurecen las sanciones en materia de reincidencia en el caso de delitos graves, como el secuestro y sustracción de menores, la violación de menores, el parricidio y el homicidio, el robo con violencia o intimidación, y el robo con fuerza en lugar habitado, entre otros. Para ello, se fijan reglas diferenciadas de aplicación de las penas, que obligan a un castigo más severo a partir de la primera reincidencia en este tipo de delitos.

Dichos cambios van de la mano con lo expresado durante la semana por la Presidenta Michelle Bachelet, quien fue enfática a la hora de señalar que “la primera tiene que ser la vencida”, en alusión a un eslogan de campaña utilizado por el ex presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín.

Otras disposiciones

En el Código de Procedimiento Penal, en tanto, y para reforzar las labores del ministerio Público, se le otorga a las policías durante el control de identidad la facultad de revisar si hay detenciones pendientes; se establece un límite de doce horas como período legal de detención en caso de delito flagrante.

En este punto, Zaldívar aseguró que se seguirán respetando los derechos individuales de las personas. Dijo que se ha buscado “la forma de que por ningún motivo se desvirtúe lo que es la esencia misma del procedimiento penal que hoy tenemos, que parte sobre el principio de la inocencia. Pero por otro lado, queremos dejar en claro un derecho fundamental de la sociedad que es evitar que el delincuente quede exento de la aplicación de la justicia”.

Asimismo, los abogados del ministerio Público tendrán más facultades, y en el caso de las detenciones declaradas ilegales, se podrá apelar ante la Corte de Apelaciones.

También se introduce como norma cautelar la retención de la licencia de conducir, cuando se investiguen delitos en el que estén involucrados automóviles.

Asimismo, se restringe la solicitud de antecedentes para proteger a los testigos y víctimas durante los juicios y se creará una base de datos unificada entre las policías de las personas que hayan sido detenidas o tengan órdenes de detención y se permitirá el ingreso de la fuerza pública a recintos cerrados sin orden previa.