Ley de Amnistía y paz social

Cada vez que en el Chile postdictatorial se hace alusión, por parte de algún personero de la derecha chilena con representación política, a la “paz social”, uno quisiera alegrarse y convenir en que por fin quienes apoyaron alguna vez a la dictadura que tuvo como rostro público a Augusto Pinochet se han puesto en el lugar de las mayorías nacionales que no han cejado nunca en su esfuerzo por construir una comunidad nacional donde realmente impere el derecho de vivir en paz. Sin embargo, tal compromiso intempestivo con la “paz social”, por parte de esta minoría política de ultra derecha, lamentablemente sólo suele emerger cada vez que los intereses particulares de quienes se sienten fieles representantes -los militares y civiles que participaron activamente en la violación sistemática, con recursos de todos los chilenos y chilenas, de los derechos humanos-, se perciben como amenazados. Así, en una especie de déja vu permanente, volvemos cada cierto tiempo a oír advertencias acerca de la necesidad de no investigar y sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad a nombre del valor supremo de la “paz social”. De este modo, quienes precisamente reclaman justicia para los casos de prisión política, tortura, ejecución, desaparición forzada de personas, exilio y una triste lista de derechos humanos violados durante el periodo del terrorismo de Estado, se convierten en los agentes opositores a la “paz social”, y, por defecto, en “violentistas” y “antipatriotas”.

Gracias a esta inversión de roles, a partir de la cual el ser humano que se encontraba indefenso, degradado e impotente ante las circunstancias que lo fijaron durante la dictadura en calidad de víctima inerme frente a un Estado, que a través de sus agentes, civiles y militares, lo torturaron o ejecutaron por ser “agente de poderosas fuerzas extrañas” o herramienta de “conspiraciones internacionales”, hoy nuevamente es objeto de un atentado a su dignidad humana: “no solo te violamos tu cuerpo y tus derechos, sino que ahora tienes que colaborar en mantener la impunidad para que sigamos viviendo en tranquilidad”.

La violencia criminal de la dictadura, de esta forma, se ubica en un nivel “defensivo” y no “ofensivo”. Antes era el torturador el que defendía a la patria torturando, y quienes valiente y generosamente arriesgaron su vida para poner fin a tal estado de cosas eran los “enemigos internos”, los “subversivos”, blancos favoritos para las operaciones de exterminio. Para legitimar tales actos se hizo creer a parte de la población, que quien era castigado con la tortura, lo era porque “algo habría hecho”, “en algo andaba”. Como milagro, entonces, a través de este mecanismo de inversión de causas y consecuencias, el propio torturado resultaba responsable de la existencia de la tortura que se le aplicaba.

Con la conquista de la democracia, tal estado de inversión de roles no puede constituir la normalidad. Una dictadura sangrienta fue derrocada con enorme sacrificio precisamente para recobrar el sentido de pertenencia de todos y todas a un país que repone, como fundamento de su vivir en sociedad, la defensa y promoción del derecho individual y colectivo a una vida digna, uno de cuyos componentes esenciales es la oportunidad de acceder a la justicia y sanción de los crímenes de lesa humanidad.

Por ello los distintos poderes del Estado, que tienen su legitimidad en la voluntad soberana del pueblo que ha escogido vivir en democracia, no pueden reproducir, por acción u omisión, las arbitrariedades que dejó instaladas la dictadura. Todo lo contrario: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen la obligación de derogar la Ley de Amnistía, que es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado chileno que debe investigar la suerte corrida por todas las personas torturadas, ejecutadas y desaparecidas durante el periodo de gobierno militar (1973 – 1990), y enjuiciar y castigar a quienes resulten responsables de estos crímenes, que como crímenes de lesa humanidad, no están sujetos a ningún tipo de prescripción.

En la medida que se observen señales concretas en tal sentido podremos realmente señalar con tranquilidad que vivimos en democracia, que el sacrificio no fue en vano, y alegrarnos sinceramente de la voluntad política y humana de quienes de tiempo en tiempo nos recuerdan con su pasional llamado lo importante que es que todos nos hagamos parte de la cruzada por la paz.

Manuel Guerrero Antequera. Sociólogo - http://manuelguerrero.blogspot.com