La guerra de las AFP: Episodio I

LA PRIMERA SEMANA DE LA COMISIÓN MARCEL
En el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional quieren escuchar todas las opiniones antes de elaborar propuestas para modificar el agotado sistema actual. Han comparecido desde pescadores artesanales, mujeres indígenas, futbolistas, hasta académicos y centros de estudios. Mientras, los empleados de las AFP se organizan para hacer frente a los abusos, el hostigamiento, las amenazas y el colapso nervioso.

Por Felipe Saleh La Nación Domingo www.lanacion.cl

Su primera semana de trabajo en terreno cumplió el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional –más conocido como Comisión Marcel–, que tiene por misión elaborar propuestas para cumplir la promesa de campaña y sacar adelante la más emblemática y ambiciosa iniciativa impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet: modificar (tanto como sea posible) el actual sistema de pensiones para que los chilenos puedan contar con jubilaciones, al menos, dignas.

Una bandera electoral que, a pesar de haber sido enarbolada por los cuatro candidatos presidenciales, no es compartida de la misma manera por todos los sectores de la sociedad; especialmente aquellos que han sido directamente beneficiados por la poderosa industria previsional, cuya rentabilidad promedio entre 1998 y 2003 superó el 50%, según un estudio de la Universidad Católica, y que sólo en el ejercicio de 2005 obtuvo utilidades por 174 millones de dólares.

Los defensores del actual sistema de capitalización individual –impuesto por la dictadura de Pinochet en 1980 mediante el Decreto Ley Nº 3.500– argumentan que las AFP son un aporte para el dinamismo económico de Chile, porque al año mueven unos tres mil millones de dólares que se recaudan de la obligada cotización del 12,5% de la remuneración y renta imponible mensual de cada trabajador dependiente. En su sitio en Internet, José Piñera, considerado el progenitor del sistema, asegura que de cada tres casas que se construyen en Chile, dos son financiadas con los dineros que administran las AFP.

Ante estos atisbos de resistencia, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, salió a la palestra el jueves pasado. Aunque con tono moderado, golpeó la mesa al criticar la falta de competencia y excesivas rentabilidades (“superiores a las de otros actores financieros”) que obtienen las AFP, entregando así un nítido respaldo al trabajo de la Comisión Marcel y dando una clara señal de que el Gobierno de Bachelet está decidido a sacar adelante la mentada reforma. (La Presidenta Bachelet había dicho el viernes 17 de marzo, cuando presentó a la comisión, que “la reforma previsional será lo suficientemente importante para el presente y futuro de los trabajadores chilenos, como para que sea una reforma ciudadana, capaz de incorporar los aportes de diversos sectores”).

Las AFP se defendieron de la arremetida de Velasco, más reposada que las críticas de Eyzaguirre: “Un servicio caro con utilidades monopólicas”, y más diplomáticas que las del senador Guido Girardi: “Ladrones de cuello y corbata”, argumentando que no existen barreras legales a la entrada de nuevos competidores y que las utilidades de todas las administradoras en 2005 fueron 12% de lo registrado por la banca, que logró 1.513 millones de dólares.

PILAR SOLIDARIO

No es una tarea sencilla la que tiene por delante la transversal comisión de 15 expertos en el tema y que preside el ex director nacional de Presupuestos Mario Marcel, quien junto a Alberto Arenas –su reemplazante en el manejo de las finanzas públicas– escribió en 1993 un documento titulado “Proyecciones de gasto previsional 1992-2038”, informe en el que se adelantaban, casi tímidamente, muchas de las críticas que hoy se le hacen a viva voz al sistema.

Lo complicado no sólo es superar las renuencias de quienes estiman que el problema es del afrecho (el empleo precario) y no del chancho (las AFP), sino que lograr satisfacer las enormes expectativas de los chilenos, que esperan contar con recursos esa época que en otras latitudes llaman años dorados.

Desde ya, el presidente de los trabajadores de la salud, Ricardo Ruiz, le restó credibilidad a la Comisión Marcel, señalando que no tenía esperanzas que avanzaran en la dirección correcta, que sólo pretendía “blanquear” el proceso que nació “en la dictadura” y criticó la participación de Martín Costabal (ex ministro de Hacienda de Pinochet) y de Guillermo Arthur, actual presidente de las AFP y ex subsecretario de Trabajo en la dictadura.

A pesar de esos serios cuestionamientos provenientes de sectores ligados a la izquierda dura, los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fueron los primeros en ser recibidos por el Consejo de la Reforma en las oficinas que ocupaba Luisa Durán en el Palacio de la Moneda.

Arturo Martínez, presidente de la multisindical, señaló que la propuesta incluía tres premisas básicas: un pilar solidario –que financie las pensiones mínimas y la jubilación básica para quienes no alcancen 240 cotizaciones, las que, según él, deben bajar a 120–, mayor participación activa del Estado y un aporte obligatorio de los empresarios, equivalente a un tercio de la cotización del trabajador.

La Fundación Chile 21 también propuso un sistema de financiamiento tripartito, basado en el aporte del trabajador, los empleadores y la ayuda del Estado para los que perciben menores ingresos. El diagnóstico del think tank concertacionista no es nuevo. “Junto con un alto nivel de exclusión, el porcentaje de la pensión respecto a la última remuneración es muy bajo, además de los altos costos de administración”, sostuvo Jorge Leiva, expositor de Chile 21 ante la comisión.

Tras la CUT, las audiencias continuaron con una serie de agrupaciones laborales, académicas, autoridades, como el actual director de Presupuestos, Alberto Arenas, la Superintendenta de AFP, Solange Bernstein, y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), entre otras organizaciones.

De acuerdo con trascendidos y declaraciones de los participantes, habría coincidencia entre quienes han expuesto y los integrantes de la Comisión Marcel en que el Estado debe fortalecer su rol en la previsión social. “Hay preocupación por la baja cobertura del sistema y que el Estado debería participar más y tener mayor regulación, que se necesita más competencia y que el sistema es un poco más caro de lo que debería ser”, señaló a LND Harald Bayer, integrante del consejo, quien agregó: “Estamos mirando técnicamente el tema, he notado bastante amplitud”.

Una duda que persiste se refiere al financiamiento de la reforma destinada a subir el monto de las pensiones. Entrevistado por Canal 13, el ministro Velasco no descartó un alza tributaria: “Luego de recibir la propuesta veremos la manera de abordarla como país”, dijo.

Sin embargo, para Alejandro Ferreiro, integrante del consejo, “el Estado puede mantener la misma carga fiscal porque se van a liberar recursos públicos en la medida que los fondos para pagar bonos de reconocimiento, pensiones mínimas y asistenciales van a ir disminuyendo”.

Más allá de consideraciones puntuales sobre el mejor camino para implementar la reforma, lo cierto es que el sistema previsional creado hace 25 años ha sido una pesada carga fiscal, además de los problemas de cobertura y densidad. Según expuso ante la comisión el director de Presupuestos, Alberto Arenas, “el efecto fiscal del sistema fue subestimado. Entre 1981 y 2004 representó 5,7% del producto interno bruto”. De este porcentaje, 75% se destinó a pagar las obligaciones legales del Estado, es decir las pensiones asistenciales y mínimas.

Solange Bernstein, superintendenta de AFP, que acompañó a Arenas en su exposición, afirmó que “el sistema previsional muestra niveles de cobertura similares a los que había antes de la reforma, y el número de cotizaciones está muy por debajo de lo que se esperó hace 25 años”.

Esta semana será el turno de nuevas organizaciones sociales, pero sobre todo de representantes de las cuestionadas administradoras y defensores del sistema previsional. Entre ellos asistirá José Piñera, quien seguramente dirá con orgullo a los miembros del Consejo: ¡Yo soy el padre! Es decir, el imperio contrataca... LND

Trampas y contratos Desde diciembre del año pasado existe la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (Fenatrass). En esta organización, amparada por la Confederación de Empleados Particulares, se agrupan cinco sindicatos: tres de AFP (ING-Santa María, Plan Vital, Bansander) y dos interempresas (Sintrass-Sintrapress). En contraste, con las millonarias utilidades de la industria previsional, los trabajadores del rubro tienen ingresos más restringidos. “Hace diez años, cualquier vendedor ganaba un 15% de la venta y hoy ING paga 0,1% de comisión. Si el vendedor cambia a una persona que gana un millón cien mil pesos, recibe 1.100 pesos. En Plan Vital están ofreciendo pagarle 3% de comisión para que el trabajador gane máximo 300 mil pesos”, dice Manuel Valdés, dirigente de Sintrass. La industria previsional chilena reducida a seis participantes (Cuprum, Habitat, Plan Vital, BBVA-Provida, ING-Santa María y Bansander) sabe que entre los probables cambios que traerá la reforma estará la entrada de nuevos competidores. Aunque entre ellos la pugna por captar clientes ya está al margen de las reglas, Boris Perovich, del Sindicato de ING-Santa María, señala que al resto de los bancos “no les gustaría saber que Bansander y BBVA usan a los mismos trabajadores para vender seguros y créditos hipotecarios, aunque la ley prohíbe la interrelación de servicios”, y agrega que la compañía de capitales holandeses “en forma dolosa nos hizo firmar anexos de contrato para que vendiéramos seguros, a pesar del dictamen de la Superintendencia (de Valores y Seguros) de que tenemos exclusividad de giro. Es decir, podemos vender AFP y no otra cosa”. El inquieto devenir del mercado ha provocado diversos casos de insanidad mental entre los trabajadores. “En ING se realiza un sumario, pues en los últimos ocho meses el hostigamiento laboral, los despidos y cambios de contrato han provocado que casi la mitad de los 120 trabajadores esté bajo tratamiento por problemas de salud mental”, dice Perovich. Este fin de semana, la Fenatrass hará públicas sus demandas en el congreso de la Confederación de Empleados Particulares. Como invitado especial estará el senador Guido Girardi, quien ayer sábado amenazó con recurrir a la Fiscalía Nacional Económica para denunciar a las administradoras por prácticas monopólicas.   HITOS HASTA EL 30 DE JUNIO La reforma del sistema de pensiones forma parte de los objetivos centrales de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet. El pasado 17 de marzo se constituyó el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, que tiene como objetivo elaborar un conjunto de propuestas para enmendar las carencias del sistema de pensiones vigente, establecido durante la dictadura por medio del DL N° 3.500. El consejo, de carácter asesor, lo integran 15 miembros –cuyo trabajo no será remunerado– nombrados por la Presidenta. Está presidido por el ex director de Presupuestos Mario Marcel, y con una secretaría ejecutiva, encargada de que se cumpla con el cronograma de trabajo, el registro y sistematización de las audiencias y deliberaciones. Las propuestas del consejo serán puestas en consideración de las autoridades políticas, que darán forma a las iniciativas de la reforma, fijarán prioridades y conducirán las reformas –de caracteres administrativo y legal– para su implementación. El Congreso Nacional analizará la iniciativa legal de modificación que presente el Ejecutivo en el curso del proceso legislativo. El consejo presentará el 30 de junio próximo un informe con su diagnóstico, análisis y planteamientos a la Presidenta Bachelet. El documento deberá contener todo el material recibido en las audiencias. En el transcurso de la primera quincena de junio, el consejo entregará un borrador del informe final al Comité de Ministros constituido por los titulares del Trabajo, Osvaldo Andrade, quien lo presidirá; Hacienda, Andrés Velasco; la secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, y la directora del Sernam, Laura Albornoz.