En el Día de la Prensa

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 Por Juan Luis Sommers  Fecha edición: 13-02-2006
   
La aparición, el 13 de febrero de 1812, de un pequeño impreso, "La Aurora de Chile", dirigido por Camilo Henríquez, fue el comienzo de una actividad determinante en el desenvolvimiento social, político, cultural y económico del naciente país. El primer periódico chileno no sólo influyó en el conocimiento y en la difusión de los principios de la organización republicana, sino que proveyó a los chilenos de un nuevo lenguaje, el que correspondía a la institucionalidad que se estaba bosquejando.

Pero la aparición del periodismo escrito tuvo otras consecuencias: enseñó a las personas a expresar opiniones, por una parte, y a confrontar ideas contrapuestas, por la otra. El periodismo contribuyó, pues, a formar una cultura cívica hasta entonces inexistente.

Junto con los numerosos y fugaces periódicos de trinchera del decenio de 1820, aparecieron algunos medios que se constituyeron en verdaderos modelos en la época. A "El Mercurio" de Valparaíso, cuyo principal énfasis estaba puesto en la información comercial, se agregaron otros, como el oficial "El Araucano", con Andrés Bello a la cabeza, o, más tarde, "El Progreso", el primer diario de factura moderna con que contó Santiago, en cuya redacción destacaron los argentinos Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre.

Pero la prensa cumplió otro importante papel: contribuyó con la creación de una sólida conciencia regional. En efecto, así como en Valparaíso y en Santiago se multiplicaron los proyectos editoriales, otro tanto ocurrió en todas las ciudades de nuestro país. La proliferación de estos medios permitió el surgimiento de opiniones, de críticas y de polémicas en las provincias, y mantuvo vivo el sentimiento de lo local, en contraposición al papel cada vez más preponderante de Santiago.

El siglo XX encontró a los diarios convertidos en campos de batalla en que se enfrentaban con violencia, pero incruentamente, las más variadas ideas en torno al régimen político, a las medidas económicas, a la enseñanza, a los problemas de la salud, a la burocratización del Estado, a las reformas sociales. La Iglesia Católica, los partidos políticos y las sociedades de personas fundaron y editaron diarios y periódicos para defender sus posiciones y para informar. Después de la crisis de 1973 los diarios propiamente políticos desaparecieron y hoy el problema no radica en la competencia entre los medios escritos, sino en la necesidad de enfrentar con éxito a los audiovisuales.

La aparición de la prensa periódica llevó muy pronto a la dictación de medidas regulatorias sobre la labor informativa. A la primera, que es de 1813, siguieron muchas más, como las leyes de 1846, de 1872, de 1925, de 1967. La última, la Ley 19.733, de 4 de junio de 2001, sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, fue un paso importante, aunque insuficiente en la modernización de la normativa sobre dicha materia.

Recientemente se ha avanzado con la derogación de ciertas normas de la Ley de Seguridad del Estado contrarias a tales libertades; con la eliminación del desacato y, sobre todo, con fundamentales reformas constitucionales en materia de acceso a las fuentes públicas y de protección de la privacidad.

Pero quedan aún muchas cosas pendientes. Es indispensable hacer operativo el sistema de acceso a las fuentes, lo que supone un trabajo conjunto de los poderes colegisladores para determinar los actos y resoluciones de los órganos del Estado que deban ser declarados reservados o secretos en virtud de una ley de quórum calificado. Está pendiente el despacho del proyecto de ley de protección civil de la privacidad y la honra de las personas, cuya actual redacción es técnicamente inaceptable. Y ha surgido un nuevo problema, con numerosas y complejas aristas, relativo a las informaciones económicas. La ANP, entidad que agrupa a las empresas editoras de diarios y revistas, está consciente de la necesidad de abordar estas materias con seriedad y profesionalismo, pues de ellas, más que de las grandes declaraciones de intenciones, dependen aspectos sustanciales de las libertades de expresión e información.