MICHELLE BACHELET DA A CONOCER SU PROGRAMA DE GOBIERNO. II parte
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La candidata presidencial junto al Senador Alejandro Foxley.
Política de Competencia: Proponer que el Fiscal Nacional Económico (FNE) sea nombrado dentro del sistema de Alta Dirección Pública; establecer que los miembros del Tribunal de la Libre Competencia sean de dedicación completa y exclusiva; promover la declaración explícita de una política de fusiones que defina lineamientos a seguir en la determinación de conductas anticompetitivas en caso de fusiones y sustituir la actual multa máxima por multas iguales al cálculo de daños por violación de libre competencia e introducir el esquema de delación compensada en investigación de una acción colusiva.
Más Emprendimiento para Chile: Crear la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Industria en el Ministerio de Economía, a cargo de coordinar las políticas de fomento; las Agencias Regionales de Desarrollo en todas las regiones para coordinar los programas de apoyo a la PYME a nivel regional; perfeccionar el Impuesto de Timbre y Estampilla, eximiendo de su pago a reprogramaciones de cualquier tipo de crédito, independiente de que sea con otro banco o institución financiera; establecer un sistema simplificado de tributación para MIPES; simplificar los trámites para la creación, modificación y cierre de MIPES; instituir un Servicio País para MIPYMES y un Fondo Nuevos Emprendedores para egresados de educación superior que creen su empresa.
Mercado de Capitales: Crear una única superintendencia financiera, que agrupe las funciones de banca, valores, seguros y AFP.
Telecomunicaciones y Agenda Digital: Efectuar una revisión del régimen tarifario, focalizando esfuerzos regulatorios y tarifarios en los operadores con poder significativo de mercado y trasladar la SUBTEL al Ministerio de Economía.
Nueva Política Ambiental: Dar rango de Ministro al director de CONAMA; crear una Superintendencia Ambiental, para fortalecer funciones fiscalizadoras y sancionatorias; desarrollar un Plan Nacional de Protección de la Naturaleza con medidas institucionales y legales; proponer una ley corta de biodiversidad que defina las condiciones para el fomento del uso productivo del bosque nativo y el desarrollo de parques privados; establecer una Estrategia Nacional de Cuencas que identifique las cuencas que se podrán intervenir y las que es de interés nacional preservar, tomando en cuenta biodiversidad y pueblos originarios, por lo que se condicionará la aprobación de proyectos hidráulicos de gran escala a dicha estrategia; completar la aplicación de Transantiago y avanzar con Biovías y la reforma del transporte en el Gran Valparaíso.
Desarrollo Energético: Impulsar un Plan de Seguridad Energética que identifique distintas opciones de fuentes de energía, _evalúe su potencial de desarrollo, costos y consecuencias ambientales; continuar los esfuerzos por un entendimiento con nuestros países vecinos para construir un Anillo Energético en el norte, enfatizando mecanismos jurídicos que impidan que los países exportadores interrumpan arbitrariamente el suministro y revisar la estructura del impuesto específico a los combustibles para disminuir la asimetría entre el petróleo diesel y la gasolina.
Minería: Concordar una Agenda Minera para el Desarrollo. Fortalecer la innovación tecnológica en minería, desarrollar el cluster minero, apoyar la proyección internacional de las empresas proveedoras y mantener a Codelco en manos del Estado, perfeccionando su gestión.
Chile Potencia Alimentaria: Crear el Ministerio de la Agricultura y la Alimentación, que coordinará todas las políticas relativas a esta industria y que trabajará por hacer de Chile una potencia alimentaria e impulsar el crédito hipotecario agrícola para impedir la extrema fragmentación de la tierra y favorecer el acceso a ella a jóvenes emprendedores campesinos. Fortalecer el acceso a crédito, especialmente de capitalización y de largo plazo, vía BancoEstado.
Pesca y Acuicultura: Consolidar el Fondo de Fomento de la Pesca artesanal como articulador de las políticas públicas destinadas al fomento productivo de este sector y promover los seguros de vida para los pescadores artesanales y su acceso a sistema de salud y previsión social.
Turismo: Diseñar una Estrategia de Promoción y Marketing Integral para turismo nacional e internacional.
El tercer pilar Un nuevo trato para los ciudadanos apunta a profundizar la democracia de modo que incluya y represente a todos los chilenos; entregue más libertad e igualdad; evite las discriminaciones en todas sus formas e impulse un gobierno más participativo, inclusivo, transparente y equitativo.
Este eje incluye los siguientes ámbitos:
Sistema de inscripciones y votaciones: Promover un sistema de registro electoral automático para los mayores de 18 años y el voto voluntario y un mecanismo de votación electrónico. Insistir en la aprobación de un proyecto de ley que haga efectivo el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.
Sistema electoral: Diseñar y aprobar un sistema electoral que sustituya el sistema binominal y garantice la competitividad, representatividad y gobernabilidad.
Iniciativa Ciudadana: Crear la iniciativa popular de ley en todos los ámbitos que no sea de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, como las de gasto, materias tributarias o internacionales y exigir la rendición periódica de cuentas públicas a nivel central, regional, y comunal.
Servicios públicos de excelencia: Durante el primer año de gobierno deberá operar plenamente la institución del Defensor Ciudadano; durante el gobierno se creará una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, con capacidades, facultades y recursos para garantizar eficacia y transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
Empresas públicas: Promover directorios profesionales con representación de independientes y fortalecer el Sistema de Empresas Públicas con un Consejo nombrado por el Ejecutivo y con directores independientes.
. Transparencia y probidad: Impulsar el proyecto de ley que regula el lobby, que establezca un registro público de lobbistas y evite la interposición de intereses personales en procesos de toma de decisiones y eliminar la causal de reserva de buen funcionamiento de la actual normativa, que en la práctica limita el acceso a la información.
Financiamiento de la política y partidos: Impulsar una reforma que autorice donaciones electorales sólo si provienen de personas naturales y no de empresas, haciendo obligatoria la publicación en Internet de donaciones por grandes sumas de dinero y penalizando infracciones a la ley con la pérdida del subsidio estatal; centralizar en el Servicio Electoral la recaudación de aportes y el pago de prestaciones y facturas de los candidatos para limitar efectivamente el gasto electoral y promover una ley por la democracia interna de los partidos políticos que exija elecciones primarias para la definición de candidaturas locales, regionales y nacionales.
Participación ciudadana: Diseñar y aplicar un sistema de audiencias ciudadanas para que los ciudadanos puedan tener acceso a los ministros, jefes de servicios y otras autoridades; incentivar la opinión ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental y proyectos de alto impacto y establecer mecanismos de participación ciudadana en procesos de fijación tarifaria de servicios públicos.
Reformas a la justicia: Iniciar el proceso de reforma del procedimiento civil para generar una justicia civil más expedita, oportuna, comprensible y dinámica. Reformar el Código de Procedimiento Civil, para establecer juicios orales, expeditos y públicos con sistemas alternativos de resolución de conflicto; Cambiar el Código de Justicia Militar, que ha quedado superado por la nueva realidad jurídica; delimitar con precisión la competencia de la Justicia Militar; crear un sistema de Justicia Vecinal o Local y revisar el sistema de notarios y conservadores, de modo de asegurar un servicio transparente, eficiente y accesible a toda la ciudadanía.
La democracia en la puerta de la casa: Impulsar la elección directa de los Consejeros Regionales; desarrollar mecanismos de presupuestos participativos, que permitan que la voz de la ciudadanía se exprese y que incida sobre las prioridades en la asignación de recursos.
Municipalidades y regiones al servicio de la gente: Promover un Pacto Fiscal entre el gobierno, las municipalidades y la ciudadanía, orientado a ampliar los recursos, la eficiencia y la rendición de cuentas en las comunas y con exigencias de calidad de servicio a las municipalidades y traspasar a las regiones buena parte de las funciones públicas de fomento productivo. Las Agencias Regionales de Desarrollo se constituirán dentro de una alianza estratégica entre el sector público y privado en beneficio del de cada región.
Discriminación: Apoyar el proyecto de ley antidiscriminación y toda medida legislativa y administrativa que establezca recursos judiciales y/o administrativos eficaces para resolver reclamos por discriminación arbitraria; establecer un Código de Ética Pública para las reparticiones del Estado y promover la libertad de culto y el desarrollo de todos los credos en la sociedad.
Igualdad de Género: Conformar un gobierno paritario entre hombres y mujeres en cargos de designación presidencial e impulsar una Ley de Cuotas que corrija el déficit de representación política femenina; reforzar las sanciones en los juicios por pensiones de alimentos; proponer que el ocultamiento malicioso de información para estos efectos sea delito y erradicar la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los planes ofrecidos por las Isapres.
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La candidata presidencial junto al Senador Alejandro Foxley.
Política de Competencia: Proponer que el Fiscal Nacional Económico (FNE) sea nombrado dentro del sistema de Alta Dirección Pública; establecer que los miembros del Tribunal de la Libre Competencia sean de dedicación completa y exclusiva; promover la declaración explícita de una política de fusiones que defina lineamientos a seguir en la determinación de conductas anticompetitivas en caso de fusiones y sustituir la actual multa máxima por multas iguales al cálculo de daños por violación de libre competencia e introducir el esquema de delación compensada en investigación de una acción colusiva.
Más Emprendimiento para Chile: Crear la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Industria en el Ministerio de Economía, a cargo de coordinar las políticas de fomento; las Agencias Regionales de Desarrollo en todas las regiones para coordinar los programas de apoyo a la PYME a nivel regional; perfeccionar el Impuesto de Timbre y Estampilla, eximiendo de su pago a reprogramaciones de cualquier tipo de crédito, independiente de que sea con otro banco o institución financiera; establecer un sistema simplificado de tributación para MIPES; simplificar los trámites para la creación, modificación y cierre de MIPES; instituir un Servicio País para MIPYMES y un Fondo Nuevos Emprendedores para egresados de educación superior que creen su empresa.
Mercado de Capitales: Crear una única superintendencia financiera, que agrupe las funciones de banca, valores, seguros y AFP.
Telecomunicaciones y Agenda Digital: Efectuar una revisión del régimen tarifario, focalizando esfuerzos regulatorios y tarifarios en los operadores con poder significativo de mercado y trasladar la SUBTEL al Ministerio de Economía.
Nueva Política Ambiental: Dar rango de Ministro al director de CONAMA; crear una Superintendencia Ambiental, para fortalecer funciones fiscalizadoras y sancionatorias; desarrollar un Plan Nacional de Protección de la Naturaleza con medidas institucionales y legales; proponer una ley corta de biodiversidad que defina las condiciones para el fomento del uso productivo del bosque nativo y el desarrollo de parques privados; establecer una Estrategia Nacional de Cuencas que identifique las cuencas que se podrán intervenir y las que es de interés nacional preservar, tomando en cuenta biodiversidad y pueblos originarios, por lo que se condicionará la aprobación de proyectos hidráulicos de gran escala a dicha estrategia; completar la aplicación de Transantiago y avanzar con Biovías y la reforma del transporte en el Gran Valparaíso.
Desarrollo Energético: Impulsar un Plan de Seguridad Energética que identifique distintas opciones de fuentes de energía, _evalúe su potencial de desarrollo, costos y consecuencias ambientales; continuar los esfuerzos por un entendimiento con nuestros países vecinos para construir un Anillo Energético en el norte, enfatizando mecanismos jurídicos que impidan que los países exportadores interrumpan arbitrariamente el suministro y revisar la estructura del impuesto específico a los combustibles para disminuir la asimetría entre el petróleo diesel y la gasolina.
Minería: Concordar una Agenda Minera para el Desarrollo. Fortalecer la innovación tecnológica en minería, desarrollar el cluster minero, apoyar la proyección internacional de las empresas proveedoras y mantener a Codelco en manos del Estado, perfeccionando su gestión.
Chile Potencia Alimentaria: Crear el Ministerio de la Agricultura y la Alimentación, que coordinará todas las políticas relativas a esta industria y que trabajará por hacer de Chile una potencia alimentaria e impulsar el crédito hipotecario agrícola para impedir la extrema fragmentación de la tierra y favorecer el acceso a ella a jóvenes emprendedores campesinos. Fortalecer el acceso a crédito, especialmente de capitalización y de largo plazo, vía BancoEstado.
Pesca y Acuicultura: Consolidar el Fondo de Fomento de la Pesca artesanal como articulador de las políticas públicas destinadas al fomento productivo de este sector y promover los seguros de vida para los pescadores artesanales y su acceso a sistema de salud y previsión social.
Turismo: Diseñar una Estrategia de Promoción y Marketing Integral para turismo nacional e internacional.
El tercer pilar Un nuevo trato para los ciudadanos apunta a profundizar la democracia de modo que incluya y represente a todos los chilenos; entregue más libertad e igualdad; evite las discriminaciones en todas sus formas e impulse un gobierno más participativo, inclusivo, transparente y equitativo.
Este eje incluye los siguientes ámbitos:
Sistema de inscripciones y votaciones: Promover un sistema de registro electoral automático para los mayores de 18 años y el voto voluntario y un mecanismo de votación electrónico. Insistir en la aprobación de un proyecto de ley que haga efectivo el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.
Sistema electoral: Diseñar y aprobar un sistema electoral que sustituya el sistema binominal y garantice la competitividad, representatividad y gobernabilidad.
Iniciativa Ciudadana: Crear la iniciativa popular de ley en todos los ámbitos que no sea de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, como las de gasto, materias tributarias o internacionales y exigir la rendición periódica de cuentas públicas a nivel central, regional, y comunal.
Servicios públicos de excelencia: Durante el primer año de gobierno deberá operar plenamente la institución del Defensor Ciudadano; durante el gobierno se creará una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, con capacidades, facultades y recursos para garantizar eficacia y transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
Empresas públicas: Promover directorios profesionales con representación de independientes y fortalecer el Sistema de Empresas Públicas con un Consejo nombrado por el Ejecutivo y con directores independientes.
. Transparencia y probidad: Impulsar el proyecto de ley que regula el lobby, que establezca un registro público de lobbistas y evite la interposición de intereses personales en procesos de toma de decisiones y eliminar la causal de reserva de buen funcionamiento de la actual normativa, que en la práctica limita el acceso a la información.
Financiamiento de la política y partidos: Impulsar una reforma que autorice donaciones electorales sólo si provienen de personas naturales y no de empresas, haciendo obligatoria la publicación en Internet de donaciones por grandes sumas de dinero y penalizando infracciones a la ley con la pérdida del subsidio estatal; centralizar en el Servicio Electoral la recaudación de aportes y el pago de prestaciones y facturas de los candidatos para limitar efectivamente el gasto electoral y promover una ley por la democracia interna de los partidos políticos que exija elecciones primarias para la definición de candidaturas locales, regionales y nacionales.
Participación ciudadana: Diseñar y aplicar un sistema de audiencias ciudadanas para que los ciudadanos puedan tener acceso a los ministros, jefes de servicios y otras autoridades; incentivar la opinión ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental y proyectos de alto impacto y establecer mecanismos de participación ciudadana en procesos de fijación tarifaria de servicios públicos.
Reformas a la justicia: Iniciar el proceso de reforma del procedimiento civil para generar una justicia civil más expedita, oportuna, comprensible y dinámica. Reformar el Código de Procedimiento Civil, para establecer juicios orales, expeditos y públicos con sistemas alternativos de resolución de conflicto; Cambiar el Código de Justicia Militar, que ha quedado superado por la nueva realidad jurídica; delimitar con precisión la competencia de la Justicia Militar; crear un sistema de Justicia Vecinal o Local y revisar el sistema de notarios y conservadores, de modo de asegurar un servicio transparente, eficiente y accesible a toda la ciudadanía.
La democracia en la puerta de la casa: Impulsar la elección directa de los Consejeros Regionales; desarrollar mecanismos de presupuestos participativos, que permitan que la voz de la ciudadanía se exprese y que incida sobre las prioridades en la asignación de recursos.
Municipalidades y regiones al servicio de la gente: Promover un Pacto Fiscal entre el gobierno, las municipalidades y la ciudadanía, orientado a ampliar los recursos, la eficiencia y la rendición de cuentas en las comunas y con exigencias de calidad de servicio a las municipalidades y traspasar a las regiones buena parte de las funciones públicas de fomento productivo. Las Agencias Regionales de Desarrollo se constituirán dentro de una alianza estratégica entre el sector público y privado en beneficio del de cada región.
Discriminación: Apoyar el proyecto de ley antidiscriminación y toda medida legislativa y administrativa que establezca recursos judiciales y/o administrativos eficaces para resolver reclamos por discriminación arbitraria; establecer un Código de Ética Pública para las reparticiones del Estado y promover la libertad de culto y el desarrollo de todos los credos en la sociedad.
Igualdad de Género: Conformar un gobierno paritario entre hombres y mujeres en cargos de designación presidencial e impulsar una Ley de Cuotas que corrija el déficit de representación política femenina; reforzar las sanciones en los juicios por pensiones de alimentos; proponer que el ocultamiento malicioso de información para estos efectos sea delito y erradicar la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los planes ofrecidos por las Isapres.
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