2009-10-15
especial para G80

23.15 horas del día viernes 16 de octubre de 1998

Tenían una orden judicial de detención. Jean Pateras, intérprete oficial de Scotland Yard, un bobby y el inspector Andrew Hewitt pasaron a la habitación ubicada en el octavo piso de The Clinic London, en Devonshire Place; ahí dormita el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, quien había sido operado de una hernia discal por un connotado cirujano hindú. Lucia Hiriart se oponía a que su marido se operara fuera de Chile, pero sabemos que Pinochet le tenía miedo a la muerte y… a los fantasmas.

Nunca se quedó solo en sus oficinas del Palacio de La Moneda, el edificio que él ordenó bombardear sin piedad. Sentía que las puertas se habrían solas, que las ventanas se golpeaban sin que ningún viento las empujara. Escuchaba susurros que él pensaba podían ser voces. Se quedaba dormido con la luz encendida, luego de dedicar cinco minutos a la lectura de alguna publicación sobre la cocina chilena, tema que lo apasionaba.

Le atemorizaban los helicópteros, por lo cual su piloto personal de mayor confianza, fue quien acompañó al General Arellano Stark, en la gira de la Caravana de la Muerte. Dicho oficial piloteaba también en los vuelos de la muerte, esos dónde los detenidos luego de ser asesinados, eran lanzados al mar. La muerta accidental del general Bonilla era una cosa que le asustaba, y que trató de mitigar pidiendo se le hiciera una misa anual, en recuerdo del General, fallecido en un accidente en helicóptero.

Pinochet le temía al hospital militar, el olor a cloroformo le traía malos recuerdos de  su infancia, y a su vez no dejaba de recordar las extrañas circunstancias en las que murió su amigo, el general Augusto Lutz. En ese recinto hospitalario mataron a José Tohá –Ministro de defensa del gobierno de Salvador Allende- y con él salió a las calles de Santiago, para detener el conjuro del golpe militar del día 29 de junio de 1973. Ese día se hizo acompañar de igual manera por el Comandante en Jefe del Ejército, el General Carlos Prats, su asesinato también lleva la firma de Pinochet.

Lentamente el otoño vestía a Europa. Londres permanecía con sus calles siempre a medio construir. La histórica Torre de Londres, sus cuervos y la Reina vigilaban el ambiente. El juez Baltasar Garzón se preparaba para ir a una corrida de toros de Curro Romero.

Por esos días alguien escucha en las oficinas de la Audiencia Nacional en Madrid, que un juez enviaría un documento a Londres con algunas preguntas para que fueran respondidas por Pinochet. Se lo dicen al general Núñez, quien se apura para informar al entorno del ex general en Inglaterra. Se sabe que el ex dictador chileno se pasea por Londres, se ha dejado ver, no se esconde, visita el Museo Militar. El zorro está fuera de su madriguera, ha cenado en la casa de la baronesa Margaret Tachert, y hablado de negocios de armas con el hijo de ésta, un conocido traficante en este tipo de asuntos.    

- ¿Cómo dicen? ¿Yo detenido, yo arrestado? Eso no es posible… ¿quién se atreve a detenerme? ¿Un juez inglés?  

- Sí…, bueno la orden aunque la ha dictado un juez inglés, en origen es de un juez español.

Así comienza el mejor acto de la impecable pieza de teatro, donde queda en la mesa, la tragedia, lo absurdo y la comedia. La dignidad mantuvo siempre su altura, no obstante, uno a uno fueron cayendo algunos connotados y públicos próceres, con su dedo famoso incluido, los ternos y las corbatas comenzaron a escribir sus nombres en las marcadas hojas del Libro de la Infamia. Se fueron acumulando en la cuneta, palabras, gestos, cartas y llamadas telefónicas.

Por esos días Eduardo Frei se encontraba en la ciudad de Oporto y hace dos declaraciones muy desatinadas: “Los españoles tienen un millón de muertos de una guerra civil y los crímenes de lucha antiterrorista del Gal. ¿Qué dirían si otro país pretendiera juzgar estos hechos? José María Aznar le responde: “Nosotros tuvimos una guerra civil declarada, no clandestina: dos frentes abiertos, dos ejércitos contendientes, y muertos en los dos bandos beligerantes; fue una guerra odiosa y feroz, pero no fue una guerra sucia, no fue terrorismo de Estado en situación de paz, como en Chile o Argentina. Nos hubiera alegrado que cualquier país pidiera la extradición de Franco, en algunos de sus rarísimos viajes a Portugal.  

Desde Chile Ricardo Lagos hace llamadas hacia España y comenta que las Fuerzas Armadas están inquietas, agitadas, indignadas y presionando al gobierno para que retire embajadores, cancele contratos de compra de equipos, revise las condiciones de los inversores españoles acá, y se le pide a Felipe González para que interceda ante Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez, y se le haga saber al juez español, que las “cosas de Estado”, deben ser tratadas de manera delicada y con visión de futuro. Felipe González se queda solo, los dirigentes socialistas apoyan la extradición de Pinochet, ella se ajusta a derecho.

Eduardo Frei entra en escena. Logra hablar por teléfono con el rey Juan Carlos, y le dice: “Vuestra Majestad ha conducido un proceso de transición y sabe lo difícil que es salir de una dictadura militar sin violencias ni revanchas. Nosotros tenemos un pacto no escrito, pero moralmente suscrito por todas las fuerzas políticas, de no revisar la dictadura. Ahora, con este episodio desdichado los militares piden cuentas. Y bueno, la democracia chilena es muy joven, está dando sus primeros pasos y se puede ir al garete….”

Es decir, la Concertación suscribió un pacto con las FFAA, y nunca dijeron nada. Y en la Concertación están los socialistas, Escalona, Carlos Ominami y otros connotados. Del PDC no hablaremos, si ellos fueron los que llamaron a Pinochet, o ¿es que se les olvidó el paro de los camioneros, y los dineros de la CIA, y su alianza en el CODE con Sergio Onofre Jarpa y Patria y Libertad?

La democracia chilena no es joven, es madura y tiene su tiempo, y llegó a tanto que se pudo elegir un presidente Mason, y socialista, por lo tanto Eduardo Frei no sabe mentir y conoce muy poco la historia de Chile.

Hay que hacer recuerdos de lo sucedido en aquellos días, semanas y meses posteriores, como los ministros socialistas de la Concertación que salían a golpear todas las puertas de sus socios europeos, para salvar a Pinochet. El actual secretario de la OEA, José Miguel Insulza,  fue uno de los mayores impulsores de sostener que el proceso a Pinochet era un atentado a la dignidad de la patria, y de todos los chilenos.

Todos sabemos que pasó  más de un año preso, en jaula de oro, pero jaula al fin, y que cuando llegó a Chile, se levantó de su silla de ruedas y caminó al compás de Lily Marlen. Luego el mundo se enteró que había robado dinero público, y sus defensores se quedaron callados. Por estos días, esos mismos personajes han sacado la voz para pedir los votos….  

En fin por sus actos los reconoceréis.

Pablo Varas

La Nación.cl / UPI

Miércoles 23 de septiembre de 2009

 14 September, 2009 10:28:00 

Hector Guzmán Godoy, tras entregar la denuncia contra Chahuán

El subcomisario de la policía de Investigaciones de Chile, Héctor Guzmán Godoy, interpuso una denuncia criminal por los delitos de obstrucción a la justicia , amenazas, y omisión al deber de denunciar , en contra del Fiscal Nacional , Sabas Chahuán Sarrás, por hechos relacionados con la red de pedofilia de Valparaíso en que aparecen involucrados funcionarios públicos .

Así lo pudo constatar Crónica Digital, cuando fue citado por Guzmán para que cubriera en exclusiva la denuncia que presentó en la víspera en el la Fiscalía Centro Norte de Santiago.

El policía es conocido por la denuncia que hizo a través de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos de una red de prostitución infantil donde están implicados una cantidad no determinada de funcionarios de la policía civil de Valparaíso.

Al ser consultado por Crónica Digital sobre los fundamentos de la denuncia en contra del Fiscal Nacional, Héctor Guzmán sostuvo que "consta  que, desde  el 6 de marzo de 2009,  el Fiscal Nacional tenía o debía tener conocimiento de la denuncia, por violación de menores,   realizada por,  la entonces menor, Sabina Bustos Delgado, en contra de marinos de la operación UNITAS,  del año 2006".
  
Según explicó Guzmán las afirmaciones de su denuncia  derivan  de la declaración de Sabina Bustos Delgado, ante el ministro de turno, de la Corte de Valparaíso, en el contexto  de  las causas sobre amparos Rol : 110, de la Corte de Valparaíso ; y 2005 - 2009, ante la Excma. Corte Suprema, en que la Fiscalía Nacional compareció solicitando, expresamente, el rechazo del amparo, deducido por la Oficina de Derechos Humanos, de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de la menor afectada.   

En ese contexto, el policía civil, dijo que en la misma declaración de Sabina Bustos Delgado, que en los hechos se encontraría implicado "el  fiscal de Valparaíso,  José Uribe, en el pago de dineros para  omitir declaraciones en contra de Carlos Parra Ruz, único condenado de la red;  y por los eventuales servicios sexuales de la menor, en beneficio del fiscal antes mencionado".

ORDENES DE DETENCIÓN FALSAS, AMENAZAS Y "PENAS DEL INFIERNO"

El detective explicó que a mediados de Agosto de este año, cuando se encontraba todavía  en Argentina, fue amenazado, por el funcionario del departamento exterior de la Fiscalía Nacional,  Marko Magdic, con la orden de extraditarlo por existir una orden de detención de su contra.

"Dicha orden de detención nunca existió -reveló Guzmán- como lo estableció la Corte de Valparaíso, con fecha 12 de agosto de 2009, al  rechazar la extradición solicitada, en mi contra, por el Ministerio Público".  
 
Para el policía, por todo lo expuesto se puede advertir  -a modo de síntesis- que "el Fiscal Nacional, en conocimiento de  las declaraciones de Sabina Bustos Delgado, desde el 6  marzo de 2009, especialmente, en lo relativo a la intervención de marinos de la operación  UNITAS, en la violación de menores en Valparaíso y de la posible participación de un fiscal, que no realizó, en dicha fecha o en los días inmediatamente posteriores, la correspondiente denuncia obstruyendo, en consecuencia, la respectiva  investigación al omitir y ocultar los antecedentes que se encontraban en poder del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán"  . 
 
Según Guzmán, además se debe agregar a la denuncia la amenaza de extradición y de detención, en su contra, efectuada por instrucciones del propio Fiscal Nacional a través del funcionario Marko Magdic.

Abogados de derechos humanos indicaron que los delitos imputados contra el Fiscal Nacional están tipificados en varios artículos del Código Penal y en Código Procesal Penal.

En el documento presentado ayer por Guzmán ante la Fiscalía Centro Norte, este argumenta que en su articulo 269 tercer párrafo que: El fiscal del Ministerio Público, o el abogado asistente del fiscal, en su caso, que a sabiendas ocultare, alterare o destruyere cualquier antecedente, objeto o documento que permita establecer la existencia o inexistencia de un delito, la participación punible en él de alguna persona o su inocencia, o que pueda servir para la determinación de la pena, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo."

Además agrega que en el articulo 296 del mismo Código Penal que: "El que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho,..."

En tanto, el policía agrega en su denuncia que en relación a como señala el Código Procesal Penal en el Art. 177 "el Fiscal Nacional no cumplió con la obligación de denunciar a las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere."

BUSCO LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Al ser consultado sobre la denuncia, el subcomisario de la Policía de Investigaciones dijo que sólo busca la verdad y la justicia. "la verdad sobre todo los que están implicados en este turbio caso, pero además, justicia para las menores".

Guzmán explica que la denuncia contra Sabas Chahuán, es que nunca inició una investigación sobre la denuncia de la menor Sabina Bustos Delgado en contra del fiscal de Valparaíso, José Uribe quien es implicado en supuestos pago ser servicios sexuales a la menor y en el pago de dineros para que la niña omita emitir declaraciones en contra del fiscal denunciado.

"Lo que busco es que se la justicia actúe en contra del Fiscal Nacional por no iniciar ninguna acción investigativa ante la denuncia de una menor. En definitiva es verdad y justicia", finalizó Guzmán.

Por Iván Gutiérrez Lozano
Fotos: Jorge Zuñiga

Santiago de Chile, 17 de septiembre 2009
Crónica Digital

Etiquetas: Denuncia, Criminal, DD:HH, Pedofilia

Suprema autorizó retorno del “comandante Chele”

Lunes 14 de septiembre de 2009

La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió acoger el recurso de amparo presentada por la defensa del frentista Juan Gutiérrez Fischnmanm, alias el comandante Chele, quien se encontraba prófugo por el crimen de senador de la UDI, Jaime Guzmán.

Pasado el mediodía, la resolución fue comunicada al ministro Mario Carroza, a cargo del caso del asesinato del legislador, luego de lo cual envió oficio a la Policía de Investigaciones (PDI) dejando sin efecto la orden de detención que le impedía regresar al país.

El ministro Carroza indicó que “al acoger la Corte Suprema el recurso de amparo presentado por el señor Gutiérrez inmediatamente envié el oficio para que se cumpliera lo ordenado".

La investigación realizada en Chile, sindicó a Fischamn como uno de los autores intelectuales del crimen, cometido por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que lo esperó en las afueras del Campus Oriente, donde el ideólogo de la dictadura realizaba labores académicas.

A principios de los ’90, Juan Gutiérrez era uno de los máximos líderes del FPMR y tenía mando sobre Mauricio Hernández Normabuena, actualmente detenido en Brasil como responsable del secuestro de un publicista de esa nacionalidad.

Aunque el jefe máximo de la organización era Galvarino Apablaza, el “Chele” y Raúl Escobar Poblete (también prófugo) fueron identificados como presuntos líderes de la operación que terminó con la vida del senador.

El “Chele” era hasta hoy uno de los prófugos más buscados por la justicia chilena, junto con los cuatro rodriguistas que se fugaron desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) a fines de 1996.

La decisión de la Corte Suprmea deja abierta la puerta para que el resto de los prófugos soliciten también que se dejen sin efectos las detenciones.

La Nación

Foto: Ex director de la DINA y otros integrantes del ente represor fueron sentenciados por secuestro y homicidio del matrimonio compuesto por Sergio Pérez Molina y Lumi Videla Moya. Foto: La Nación

Viernes 4 de septiembre de 2009

EDITORIAL La Nación

La DINA y la CNI fueron organismos de la dictadura concebidos como maquinarias de aniquilamiento sistemático de opositores.

El domingo 30 de agosto, La Nación informó sobre un grupo de ex agentes de la DINA y la CNI que a través del mecanismo de los honorarios continúa trabajando en el Ejército prestando servicios de asesoría. Los antecedentes, obtenidos en el marco de las normas de transparencia de los actos del Estado, han causado conmoción en la opinión pública, en particular entre dirigentes políticos y representantes de organismos de defensa de los derechos humanos. El ministro de Defensa solicitó a todas las ramas castrenses que entregaran sus datos acerca de las personas contratadas. Según el balance, en las Fuerzas Armadas trabajan catorce procesados y un condenado. Esta distinción procesal abrió todo un campo de disputa en torno a la idea de la presunción de inocencia entre autoridades gubernamentales y líderes partidarios.

El diferente punto de vista se extendió a la proposición de establecer una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, iniciativa que concluyó rechazada al no lograrse el quórum necesario. Esta distinta apreciación del caso ha sido utilizada con el propósito de instalar un supuesto quiebre entre la administración y la coalición. Si bien es efectiva la disidencia anotada -la cual debe evaluarse a la luz de los roles institucionales desiguales que cumplen el Ejecutivo y los partidos-, ella no debe hacer perder de vista el nudo fundamental de la investigación de este diario: la anomalía que supone que personas ligadas a graves violaciones de los derechos humanos colaboren aún con las FFAA a casi veinte años de reinstalada la democracia.

En la inconveniencia de esta situación no caben matices. La DINA y la CNI fueron organismos de la dictadura concebidos como maquinarias de aniquilamiento sistemático de opositores y su función era eliminar de la sociedad chilena una cultura política representativa. Que ambos entes hayan sido creados dentro de una legalidad de excepción, no anula que su modo de funcionamiento los vincula a una praxis como verdaderas asociaciones ilícitas, que aplicaron su arbitrario poder a través de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales -incluso contra la propia juridicidad autoritaria- e incluso corrupción económica. Los informes Rettig y Valech, así como los avances consistentes en la acción de la justicia para esclarecer las operaciones de los aparatos de seguridad, son suficientemente esclarecedores de la forma en que golpeó la dictadura.

En este ámbito conviene que la divisoria de aguas sea clara: las FFAA deben cortar vínculos contractuales con quienes, por la naturaleza intrínseca de su actividad represiva, están per se ligados a la violación de derechos humanos. En las acciones de la DINA y la CNI no hubo atisbo de inocencia. Ni penal ni moral. Por lo mismo, no corresponde que con dinero público se financie a ex miembros. La democracia está madura como para que las instituciones armadas se pongan a la altura del mínimo ético de justicia y reparación que demanda la sociedad.

 120 ex DINA procesados en histórica resolución

Miércoles 2 de septiembre de 2009   

 Por J. Escalante / J. Rebolledo / La Nación 

Entre los encartados hay al menos 60 nuevos ex agentes que hasta ahora no habían caído en las redes de la justicia por delitos de lesa humanidad. Del total de procesados, todos en retiro, 50 son del Ejército y el resto de la FACh, Armada, Investigaciones y Carabineros.

Foto: El ministro Víctor Montiglio es el magistrado que más procesados por violaciones de los DDHH tiene a su haber.

El más masivo procesamiento en la historia de los juicios por violaciones de los derechos humanos, dictó ayer el juez Víctor Montiglio en contra de 120 ex agentes, todos de la DINA.

Entre los encausados hay cerca de 60 nuevos ex represores que hasta ahora no habían sido procesados en algún juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El magistrado resolvió los nuevos encartamientos por los crímenes cometidos en las llamadas operaciones Colombo, Cóndor y los episodios conocidos como Calle Conferencia I y II.

En estos dos últimos, en 1976, la DINA secuestró e hizo desaparecer a dos direcciones clandestinas completas del entonces encubierto Partido Comunista.

Aunque el juez Montiglio mantuvo la información lejos de la prensa, se conoció que de los 120 procesados, hay al menos 50 que pertenecen al Ejército y el resto a la Fuerza Aérea, Armada, Investigaciones y Carabineros.

Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González.

Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil, según el reportaje "La DINA a honorarios" publicado en la última edición de La Nación Domingo.

Esta vez el ministro Montiglio incluyó entre los procesados a varios ex agentes que montaron guardia en los recintos clandestinos de detención, pero que también fueron agentes operativos en el traslado de prisioneros para su exterminio y desaparición.

Incluso, no pocos de ellos integraron las brigadas operativas de la DINA deteniendo opositores y participando en las torturas o en golpizas.

El juez Montiglio explicó ayer este masivo encausamiento, manifestando que ello se debe a que "aquí estamos investigando a todos quienes han tenido participación en los cuarteles (de la DINA)".

El magistrado ordenó además el arresto preventivo de una gran parte de los procesados, y aquellos respecto de los cuales no lo decretó, se explica porque ya se encuentran encausados por otros casos y en situación de libertad provisional, esperando condena.

La Operación Cóndor, o Plan Cóndor, fue una coordinación de los servicios de inteligencia del cono sur para reprimir y eliminar a militantes de izquierda, y nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975.

A esa reunión, en la que se formó el acta de constitución, asistieron por Chile el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras; por Argentina el capitán de navío Jorge Casas; por Bolivia el mayor de Ejército Carlos Mena; por Uruguay el coronel de Ejército Jorge A. Pons, y por Paraguay el coronel de Ejército Benito Güanes Serrano.

La Operación Colombo fue un montaje preparado por la dictadura entre fines de 1974 y 1975, para hacer creer a la sociedad chilena y los países extranjeros que ya reclamaban por la represión tras el golpe militar de 1973, que los detenidos desaparecidos eran una mentira del "marxismo internacional".

Para ello, inventaron que 119 chilenos que se reclamaban como desaparecidos, habían muerto en Argentina y Brasil, enfrentados entre ellos por rencillas políticas o en intercambio de disparos con las policías o fuerzas militares de esos países.

EL CASO CONFERENCIA

Se conoció como Calle Conferencia, según el nombre de la calle de Santiago con el número 1587 donde se produjeron las primeras detenciones, al episodio por el cual la DINA secuestró e hizo desaparecer en mayo de 1976 a la primera dirección clandestina del Partido Comunista.

Entre ellos cayeron Víctor Díaz López, secretario general del PC en la clandestinidad, además de Jorge Muñoz Poutays, Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, y Jaime Donato Avendaño.

El capítulo conocido como Conferencia II se le llama también "El caso de los 13", por el secuestro y desaparición de 11 integrantes de la segunda dirección clandestina del PC junto a dos militantes del MIR, ocurrido entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976.

La investigación judicial estableció que tanto los miembros de la primera, como la segunda dirección del PC, fueron detenidos por integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, comandada por el capitán de Ejército Juan Morales Salgado, y por los integrantes de dos grupos operativos liderados por Ricardo Lawrence y Germán Barriga, capitán de Carabineros y Ejército, respectivamente.

Santiago Araya Cabrera (MIR) fue detenido el 29 de noviembre de 1976. El 13 de diciembre fue arrestado el dirigente PC Luis Lazo San Martín.

Dos días más tarde fueron secuestrados Horacio Cepeda Marinkovich, Lincoyán Yalú Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza y Waldo Pizarro Molina.

El 9 de diciembre fue detenido Armando Portilla, finalizando la operación el 18 de diciembre con Lisandro Cruz Díaz y Carlos Durán González (MIR), y el 20 de ese mes, con el secuestro de Edras Pinto Arroyo.

Sólo en 2007 se conoció judicialmente el infierno que vivieron los detenidos, porque ningún prisionero salió con vida desde el cuartel Simón Bolívar de la Brigada Lautaro.

Respecto del destino de los dirigentes, el testimonio del suboficial de Carabineros (R) Raúl Valdebenito Araya fue decisivo para abrir la causa.

Según él, por esos días, "tres o cuatro" detenidos, todos miembros del PC, fueron llevados hasta el gimnasio del cuartel, para ser interrogados.

No recuerda si fue ese día o al siguiente que vio a las personas "ya ensacadas", aludiendo a que habían sido eliminadas y puestas dentro de sacos paperos.

El mismo Valdebenito se encargó de conducir a la comitiva de automóviles hasta la cuesta Barriga, al poniente Santiago.

"Al llegar nos detuvimos y recuerdo que los vehículos que venían custodiándonos sacaron de sus maleteras unos tres o cuatro bultos, los que fueron trasladados hasta el interior de una cueva", declaró en el sumario.

Según recuerda, "pocos días después", llegaron cinco detenidos más al cuartel Simón Bolívar, también miembros de la dirección del PC, quienes habían sido detenidos por los equipos operativos de Lawrence y Barriga.

Otro agente entregó antecedentes trascendentales para probar la estadía en ese cuartel del profesor Fernando Ortiz, Reinalda Pereira y Lincoyán Berríos.

En el ojo del huracán Justo cuando el reportaje publicado por La Nación Domingo sobre los ex agentes de la DINA y la CNI, algunos procesados por derechos humanos, que estando en situación de retiro del Ejército, siguen recibiendo sueldos mensuales provocara gran impacto en el mundo político, el juez Víctor Montiglio, uno de los principales candidatos para ascender a la Corte Suprema, dio a conocer ayer este masivo procesamiento a ex agentes de la DINA. A los autos de procesamientos dictados en 2007 y 2008 por los casos Calle Conferencia I, consistente en la aniquilación de la primera dirección del PC, y el montaje criminal denominado Operación Colombo -ambos hechos ocurridos en 1975 y 1976-, el magistrado procesó ahora a 120 ex agentes de la DINA. Esta vez se trata del exterminio de los miembros de la segunda dirección del PC. Si bien hasta el cierre de la edición aún no se conocían los nombres de los agentes encausados que serán notificados hoy, se presume que muchos de ellos ya se encuentran procesados por los crímenes cometidos en los casos Calle Conferencia I y Colombo.

Los otros casos del juez En mayo de 2007, el ministro Víctor Montiglio procesó a 74 ex agentes de la DINA, la mayor parte de ellos hasta ese momento desconocidos, en lo que se conoció como el procesamiento más grande de la historia. De esta forma se daba a conocer la existencia del cuartel Simón Bolívar y de la mortal Brigada Lautaro. Un año después de ocurridos los crímenes relativos a la primera dirección del PC, se llevó a cabo la Operación Colombo o “Caso de los 119”. La acción perpetrada por la DINA en 1975 en contra de dirigentes del MIR, también fue investigada por Montiglio. Luego de un concienzudo trabajo, el ministro determinó algunos de los puntos por donde pasaron varios de los detenidos desaparecidos víctimas del montaje, entre los que se encontraba la Brigada Lautaro. Nuevamente dio un golpe. En mayo, pero esta vez de 2008, sometió a proceso a 98 agentes de la DINA.

La brigada de la muerte Asentados en Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, en 2007 la Brigada Lautaro se reveló como el último y más brutal hallazgo respecto de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Originalmente este grupo de agentes tuvo como tarea fundamental la seguridad del director de la DINA, el entonces coronel Manuel Contreras. Sin embargo, en 1975, cuando el PC se rearticuló, formando una dirección clandestina, esta mortal brigada cambió de rubro dedicándose por completo a la caza de los dirigentes partidistas. Hasta el lugar llegaron los entonces capitanes Ricardo Lawrence Mires y Germán Barriga. En el lugar también se experimentó con gas sarín sobre los detenidos, estando a la cabeza de este proceso Michael Townley. Además de darse las torturas más cruentas, nadie salió con vida de Simón Bolívar. La auxiliar de enfermería Gladys Calderón se encargaba de inyectarles una dosis mortal de veneno. Luego se quemaban los rostros y partes distintivas de los detenidos, se les quitaban las tapaduras de oro, se ensacaban para luego ser trasladados a las minas de cal de Lonquén o lanzados al mar.

 La memoria tiene dónde estar

Domingo 23 de agosto de 2009   

 Por Libio Pérez / La Nación Domingo 

Más de cinco mil metros cuadrados de construcción y otros ocho mil de espacios abiertos albergarán retazos de la historia del Chile bajo el régimen militar. Muestras del sufrimiento y también de las esperanzas y apuestas por la vida de quienes fueron víctimas de la represión, de quienes resistieron a la dictadura. Para no olvidar.

 Foto: Este manuscrito corresponde a un pañuelo firmado por los prisioneros del Estadio Nacional, 1973. Donación de Santiago Cavieres Korn.

"Mi hijo podrá ver y escuchar mi testimonio y el de muchos más y, por fin, creerá lo que yo viví", dice con los ojos humedecidos por la emoción el ex dirigente campesino y mapuche Mario Carril Huenumán, que estuvo un par de años encarcelado en el Regimiento Tucapel de Temuco, donde sufrió -como la inmensa mayoría de los presos políticos tras el golpe militar de 1973- torturas y vejaciones.

Pero durante su cautiverio también aprendió a leer y a escribir. Su nombre hoy está en la lista del Informe Valech, trabaja como taxista, y es uno de los testigos de cargo contra un ex fiscal militar que está preso en Italia por su responsabilidad en la desaparición del sacerdote Omar Venturelli.

El cura y el dirigente campesino compartieron celda en el regimiento temuquense; el primero desapareció, el segundo pudo dejar su testimonio que podrá ser visto y oído desde enero próximo en el Museo de la Memoria.

En el soleado domingo del Día del Niño, millares de familias paseaban por la Quinta Normal, pero pocas reparaban que frente a la estación del Metro está creciendo un enorme edificio que tendrá más de 5 mil 300 metros cuadrados de construcción y otros ocho mil de espacios abiertos y plazas, además de un estacionamiento subterráneo y acceso directo desde el Metro.

El Museo de la Memoria está emplazado en un eje de desarrollo cultural y barrial en la zona poniente de Santiago y albergará retazos de la historia reciente de Chile, aquella que partió con el bombardeo a La Moneda la mañana del martes 11 de septiembre.

Es una las obras más preciadas de la Presidenta Michelle Bachelet, que junto a su madre, Ángela Jeria, estuvo secuestrada en Villa Grimaldi en 1975.

La Mandataria y su madre ya hicieron sus donaciones: un cuadro repujado en cobre que hizo el general de la FACh Alberto Bachelet, fallecido mientras estaba encarcelado.

El diseño del Museo de la Memoria se lo adjudicó una firma de arquitectos brasileños -donde participa un chileno radicado en Sao Paulo desde niño- a través de un concurso público que recibió 406 inscripciones (60 de ellas extranjeras) y 57 proyectos (cuatro desde fuera de Chile), que destaca por el uso de estructuras de cobre y revestimientos de vidrio, que alojará una muestra permanente de objetos, arte carcelario, publicaciones (afiches, prensa clandestina, panfletos, colecciones de revistas opositoras a la dictadura), archivos de procesos judiciales, documentos oficiales, fotografías, películas y videos, así como espacios para muestras itinerantes de regiones o del extranjero.

Las obras de construcción están a cargo del Ministerio de Obras Públicas con un presupuesto cercano a los 6 mil 500 millones de pesos, en coordinación con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y bajo la dirección general de la Comisión Asesora Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos, que encabeza María Luisa Sepúlveda, que recibió el mandato de Bachelet para el desarrollo del proyecto a fines de 2006.

Desde septiembre de 2007, una quincena de profesionales de distintas disciplinas está desarrollando el diseño museográfico, que es dirigido por la periodista Marcia Scantlebury (ver recuadro).

La propuesta de crear un Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos ya estaba contenida en los informes Rettig (sobre ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura) y Valech (que documentó los casos de prisión política y torturas).

La Presidenta Bachelet materializó la idea el 10 de diciembre del año pasado, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, poniendo la primera piedra de la construcción.

Junto al escritorio que ocupaba al momento de ser acribillado el sacerdote André Jarlan durante una protesta antidictatorial en 1984 en la población La Victoria, Bachelet definió los objetivos del museo: "Para que la memoria de tanto dolor y el recuerdo de quienes jamás olvidaremos nunca más permita que el desprecio a los derechos humanos pueda imponerse. Para que esa memoria y ese recuerdo inspiren siempre a un Chile unido en el respeto a los derechos de las personas".

Y agregó: "Habrá distintas interpretaciones acerca de las causas del quiebre democrático. Habrá distintas interpretaciones acerca del legado del régimen autoritario. Pero sobre el costo humano que Chile pagó, no debería haber discrepancias. Debemos mirar de frente esa terrible realidad".

LA MUESTRA PERMANENTE

Para mirar de frente "esa terrible realidad" el proyecto del Museo de la Memoria ha comenzado a hurgar en los lugares más recónditos de Chile y el mundo para recoger un legado para los historiadores del futuro.

Carmen Garretón, que trabajó más de 20 años en la Vicaría de la Solidaridad, es una de las especialistas que está en contacto con las organizaciones de derechos humanos a lo largo de todo el país, para facilitar el acopio de materiales que albergará el museo, mientras la recepción y clasificación del acervo está a cargo de la bibliotecaria y documentalista María Luisa Ortiz.

El patrimonio del museo se ha ido formando desde distintas vertientes. Los primeros documentos provienen de los testimonios recogidos y plasmados en los informes Rettig y Valech.

También incluye el material entregado por la Casa de la Memoria que reúne a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee) y Teleanálisis.

La Unesco ya incorporó este acervo en el Programa Memoria del Mundo. Entre el material ya recolectado está una puerta de la Cárcel Pública, así como una torre de vigilancia que la CNI instaló en calle República.

También están algunas amarras con que fueron inmovilizados los prisioneros en La Moneda, que luego fueron trasladados al Regimiento Tacna, desde donde fueron sacados y después ejecutados.

A ello se agregan las donaciones, entregas en comodato o por legado testamentario, entre otras modalidades, entregadas por organizaciones o particulares.

Entre éstas están las cartas censuradas de los prisioneros, sus artesanías hechas en los campos de concentración, ropas o guantes usados en los trabajos forzados, diarios de vida, fotografías, pasaportes "válidos sólo para salir del país" que daban a los expulsados de Chile y "barretines" usados en las comunicaciones clandestinas desde las cárceles.

Un lugar destacado también está reservado para los afiches y publicaciones elaborados por la solidaridad internacional. No hay día en que alguien, a veces acompañado por su familia entera, llegue hasta las oficinas del Museo de la Memoria para entregar un objeto.

"Es un acto de gran desprendimiento, son cosas que han guardado hasta por más de 30 años y que ahora entregan; es emocionante", relata María Luisa Ortiz.

El periodista Claudio Garvizo coordina el proyecto "100 entrevistas", que realizan las productoras audiovisuales Midia, que dirige Gilberto Villarroel, y Nuevo Espacio, que encabeza Patricio Polanco.

Equipos de camarógrafos, sonidistas y productores han recorrido todo Chile recogiendo testimonios de ex presos y presas, familiares de desaparecidos o ejecutados, dirigentes sociales, abogados defensores en consejos de guerra, historiadores, artistas, campesinos, sobrevivientes de hechos represivos y activistas de derechos humanos, entre otros, que forman un mapa que abarca la memoria y registro de hechos desde Arica a Punta Arenas.

Los que entrevistan son periodistas que estuvieron en medios de prensa que resistieron a la dictadura.

El personal del museo también realiza una búsqueda activa en los Archivos Nacionales y en los centros de documentación de los servicios públicos. Ya tienen un sus manos decretos de expulsión de personas, firmados y timbrados en el Ministerio del Interior de la época.

También los registros de la Cancillería cuando enviaba instrucciones a las embajadas sobre cómo tratar las condenas y censuras de la comunidad internacional a la dictadura militar.

Así como los "decretos secretos" que promulgó el general Augusto Pinochet durante los 17 años de su régimen y que pronto serán públicos cuando el Congreso levante sus reservas. Todo eso y mucho más será parte del Museo Nacional de la Memoria, para que el hijo del campesino Mario Carril Huenumán -como muchos otros- le crea a su padre que vivió esta historia y pueda "mirarla de frente".

 Identifican a carabinero que golpeó a fotógrafo

Martes 18 de agosto de 2009   

 Por Andrea Chaparro / La Nación 

Imágenes de la yegua que montaba el cabo segundo Ivar Barría permitió su individualización. El fiscal militar de Valparaíso resolverá solicitud en los próximos días.

 Foto: Alfredo Morgado sostuvo que los avances se deben al trabajo de la PDI y a los aportes de los propios agredidos pues “los imputados no han colaborado y ha faltado rigor investigativo por parte de Carabineros”. Foto: EFE

Luego de un año y tres meses de investigación la Fiscalía Militar de Valparaíso cuenta con una serie de antecedentes que permitieron individualizar al funcionario de Carabineros que agredió al fotógrafo de la agencia española EFE Víctor Salas el 21 de mayo de 2008, cuando tomaba imágenes de las manifestaciones en los alrededores del Congreso Nacional. La agresión provocó que el reportero gráfico perdiera de la visión del ojo derecho.

La clave para identificar al funcionario policial fue la yegua que montaba, Altanera, dijo ayer el abogado Alfredo Morgado, quien solicitó el viernes recién pasado el procesamiento del cabo segundo Ivar Germán Barría Álvarez por el delito de violencia innecesaria causando lesiones graves a su representado.

Así, en el requerimiento al fiscal militar porteño Sergio Lagos, el abogado sostiene que consta en el proceso la declaración de la víctima, donde ésta se refiere en detalle el día, lugar y circunstancias del ataque.

También se cita el testimonio del reportero gráfico de la agencia Reuters Iván Alvarado, quien presenció los hechos y además tomó fotografías.

Estas imágenes así como las captadas por el mismo afectado -además del relato pormenorizado de ambos- permitieron identificar a la yegua y, posteriormente, dar con el nombre del carabinero, según lo establece el informe elaborado por los detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Niega participación

Con esta evidencia, se citó a declarar al cabo Barría, quien aunque niega su participación en los hechos se reconoce en las fotografías que el tribunal le exhibió.

A estos antecedentes se suma que el mismo fotógrafo, en un careo con el policía, lo señala como su agresor.

Consultado por los avances de la indagatoria, el abogado de Salas sostuvo que gracias al trabajo de la PDI, los testimonios y fotografías tomadas por los propios agredidos es que se logró establecer la identidad del agresor pues "los imputados no han colaborado para nada y ha faltado rigor investigativo por parte de Carabineros".

07 de Agosto de 2009

El Mostrador

El magistrado denunció que diversos vehículos han fotografiado su casa y también han recibido extrañas llamadas por teléfono.

El ministro de fuero Alejandro Madrid, quien investiga el secuestro y asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, pidió protección policial a la Policía de Investigaciones de Chile.

Según informó radio Cooperativa, el magistrado denunció que diversos vehículos han fotografiado su casa y también han recibido extrañas llamadas por teléfono, todo manejado bajo estricto secreto por el magistrado para proteger a su familia.

Para tales fines, la PDI dispuso a dos guardias en su hogar y también a su custodia personal.

Las extrañas circunstancias coinciden con la toma de declaraciones en el tribunal de los supuestos autores materiales e intelectuales del ex químico de la DINA. 

"Pinochet ordenó sacarlo del país"

El general retirado chileno Hernán Ramírez Rurange, uno de los procesados en el juicio, reveló que fue Augusto Pinochet el que en 1991 ordenó sacarlo del país para que no hablara.

Fuentes judiciales confirmaron una información del diario La Nación, de que Ramírez, ex director de Inteligencia del Ejército, hizo la revelación en la tarde del miércoles, durante una audiencia de la etapa probatoria del juicio por la muerte del químico, cuyo cadáver, atado con alambre y balazos en el cráneo, fue encontrado en 1995 en una playa uruguaya.

Ramírez dijo también en la audiencia, que encabezó el juez del caso, Alejandro Madrid, que la salida del país del químico se financió con fondos reservados de la Dirección de Inteligencia (DINE), que él dirigía.

Ramírez precisó que Pinochet, que además de gobernar Chile era el jefe del Ejército, en una reunión con todos los generales dijo que no era conveniente que Berríos declarara porque "sus declaraciones no eran confiables".

En 1991 el juez Adolfo Bañados, que instruía el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, entregó una citación para el químico Berríos a la policía de investigaciones, pero no se pudo dar con su paradero.

Eugenio Berríos, al que se le atribuye la fabricación de gas sarín utilizado por la policía secreta de la dictadura para eliminar opositores, fue llevado a Uruguay para evitar que declarara.

En 1995, su cadáver amarrado y con impactos de bala se encontró en una playa cercana a Montevideo.

Por el caso del asesinato de Berríos se encuentran procesados por asociación ilícita los coroneles del Ejército uruguayo Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, el primero retirado y los otros dos en actividad, que fueron extraditados a Chile y que hace tiempo recibieron la libertad provisional.

También los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los ex mayores del Ejército Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, estos últimos como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio.

Las audiencias de la etapa probatoria del juicio se prolongarán hasta la próxima semana, dijeron las fuentes.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Hoy, 26 de junio de 2009, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido por  Naciones Unidas en 1997, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), entrega en La Moneda el Segundo Informe de Derechos Humanos  dirigido a la Presidenta Bachelet, con la profunda convicción de que la tortura es la antítesis de la civilización y que la dignidad de la persona humana debe respetarse como un fin en sí misma.

Este informe, contiene las deudas pendientes del Estado Chileno sobre la tortura ejercida durante la dictadura; deudas relacionadas con las medidas de no repetición, la educación en derechos humanos; la denegación de Justicia que guarda por 50 años los datos de los responsables de tortura, prolongando la gravedad del crimen cometido; las deudas relacionadas con la reparación integral para los sobrevivientes de tortura, la reapertura de las instancias de calificación y la generación de una institucionalidad del Estado chileno en materia de derechos humanos, acordes con los Principios de Paris, que pueda efectivamente hacerse cargo de cautelar la vigencia y promoción de los derechos humanos en el país, así como también, resguardar el efectivo cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado ante la comunidad internacional en estas materias.

Este Informe también, documenta más de 50 casos actuales de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del que han sido objeto personas pertenecientes en su mayoría a comunidades mapuches o son de ese origen o relacionadas con sus organizaciones sociales; contiene un apartado especial sobre los montajes jurídicos y policiales que afecta a personas que son mantenidas con medidas cautelares y, detalla los casos donde se ejemplifica la carencia del real derecho a defensa y el establecimiento de juicios justos, que dejan traslucir la existencia de una estrategia represiva que hoy se ejerce sobre el pueblo mapuche.

En ese sentido, el Informe que se entrega confirma la validez de varias de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU a Chile en mayo recién pasado, donde hubo un total 72 recomendaciones, que demuestran que Chile no pasó incólume la "salida al pizarrón" en el plano de los Derechos Humanos en esa instancia internacional. Nuestro país debe comprender que la comunidad internacional ha establecido un sistema de derecho multilateral, comprometiendo a las naciones suscriptoras a aplicarlo. Entre las recomendaciones el Consejo estipuló que la definición legal de la tortura que señala la legislación chilena, no se ajusta a la Convención contra la Tortura firmada por Chile.

Además, se indica que la Constitución de nuestro país debe establecer "un sistema electoral más democrático", que incorpore los Derechos Humanos "en su plena dimensión", incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Se exige, también, la delimitación de la competencia de la justicia militar; el término de la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978; la anulación del principio de obediencia del Código Militar; se cuestiona la labor incompleta de las comisiones de verdad, que dejaron fuera a muchas víctimas; y se condena la aplicación la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche.

Por otra parte, la ONU explicita que el Estado de Chile aún no ha ratificado la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y contra la humanidad; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.  También se condenan las discriminaciones que padecen los pueblos originarios; los niños; los migrantes; las mujeres que carecen de derechos patrimoniales, sexuales, reproductivos, que sufren violencia doméstica e injusticias en los empleos y los ingresos.

Específicamente, en el Quinto Informe Periódico de Chile relativo al  cumplimiento de la Convención contra la Tortura se enfatiza la ausencia de instituciones de protección de las personas frente a las violaciones de los derechos humanos y al no reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

Finalmente, informamos que el Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura Internacional, está haciendo entrega de este mismo Informe en las representaciones diplomáticas chilenas de distintas capitales del mundo.

COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA

Santiago de Chile, 26 de junio de 2009.

Palacio La Moneda

Santiago, 1 de Junio de 2009

Señor

Contralor General de la República

Presente

Señor Contralor:

En Diciembre último pasado, me reuní con usted en representación de la organización de la cual soy Presidente, me acompañaron en aquella oportunidad, la parlamentaria doña Karla Rubilar, en su calidad de Presidenta  de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, y el parlamentario, don Marco Enriquez Ominami, además de don Humberto Brante, en representación del Partido Radical.

En la citada reunión, después de analizar la situación que afecta la aplicación de diferentes leyes sobre DDHH y concretamente la denuncia que formuláramos al país con fecha 25 de Noviembre pasado, usted señor Contralor nos solicitó la presentación formal ante esa institución de los requerimientos necesarios para someter a investigación los procesos de calificación y concesión de los beneficios reparatorios de las leyes sobre exoneración política, y las otras materias referidas al tema de DDHH.

A través del presente requerimiento, los informes y antecedentes que acompañamos, cumplimos con lo acordado en la reunión antes señalada, y formalmente solicitamos de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, se sometan a investigación, se aplique la normativa vigente y sea al mismo tiempo,  aplicada la jurisprudencia dictada por la institucionalidad  competente a las siguientes leyes:

A.- Proceso de calificación y proceso de asignación de los beneficios reparatorios de la ley 19234; 19350; 19582 y l9881.

B.- Se someta a investigación el proceso de aplicación de la ley 20134,sean auditados el total de los  recursos presupuestarios asignados, y se defina la nómina de beneficiarios legales no considerados en el pago del beneficio.

C.- Se someta a investigación y auditoria la aplicación de la ley 19992, titulo III, artículos 11 al 14.

Para comprender lo sucedido con la aplicación de las normas legales que solicitamos sean sometidas a investigación, es necesario conocer los efectos que la llamada política de Derechos Humanos, promulgada por el Estado chileno desde 1990, ha provocado en instituciones permanentes como la justicia, la verdad y la reinserción social de las victimas en el periodo 73-90, en nuestro país.

En un informe que acompañamos, y que forma parte integral del presente requerimiento, demostramos el carácter de esta política, la cual, es una reacción que tiene el Estado y cuyo objetivo es eludir las obligaciones que le impone la Constitución chilena y los Tratados Internacionales, de ahí, la denominación de inmoral que esta política tiene por parte de importantes sectores de la sociedad. En este informe llamado: "Chile país que involuciona", demostramos el alto grado de corrupción que ha motivado a los gobiernos a partir de 1990 en la aplicación de esta política. El caso de los retornados del exilio, un escándalo publico en su momento, cuya gravedad esta refrendada por dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados.

La situación de los ex presos políticos y torturados, agravada por la inconstitucionalidad de la ley 19992, y el manejo doloso que se hace del beneficio de educación superior, contemplado en esta ley, que pedimos investigar y que ha sido recurrentemente denunciado por nosotros, la periodista Maria O. Monckeberg en su libro sobre educación superior y el tratadista en materia de DDHH, Felipe Portales en su articulo "Extrema desinformación nacional" en el cual, asigna a este escándalo el carácter de noticia "sofocada" por el gobierno actual, además del completo reportaje que hace la revista "El Periodista" y que es acompañada en informe aquí referido.

Debemos puntualizar, que los gobiernos ante estas denuncias no han formulado desmentidos de ninguna naturaleza. Con el mismo rasgo de sustentabilidad hemos abordado en este informe el tema de la exoneración política, y el tema del sistema de salud que constituyen una afrenta para las personas que dicen proteger.

Indudablemente sorprende, que dado el tiempo transcurrido desde la promulgación de estas leyes y la gravedad de los hechos denunciados que lesionan cultural e ideológicamente a un concepto que involucra hoy día a un patrimonio de la humanidad, como son los derechos humanos: la institucionalidad  del  Estado chileno no haya cumplido su rol y haya detenido y castigado estas irregularidades y en muchos casos delitos graves.

La Contraloría General de la República, no ha estado ausente en pasadas administraciones, de este abandono del mandato constitucional. En el caso de la exoneración política, ha dictado una importante jurisprudencia, que permite aplicar, interpretando correctamente la ley, desgraciadamente, ha permitido que esta sea desacatada, y distorsionada: permitiendo privilegios, discriminaciones e injusticias inaceptables como lo que a continuación señalamos:

A.I.- Proceso de calificación de exonerados políticos

Con fecha 25 de Noviembre pasado, hicimos públicas las denuncias sobre lo que consideramos un escándalo de graves consecuencias para el país, las legitimas victimas y el patrimonio publico. Desde el año 2002 mediante la referencia 02160 nuestra organización en la Séptima Región, comienza a requerir a la Contraloría sobre la necesidad de investigar el abuso que se comete en el proceso de calificación, solicitud que posteriormente se extiende  todo el país. La Contraloría elude su responsabilidad en esa oportunidad argumentando falta de competencia, derivada de las facultades especiales que la ley otorga al Presidente de la República, olvidando que precisamente la irregularidad  o delito consiste en abusar arbitrariamente de estas facultades especiales que violan la ley y las disposiciones constitucionales, que obligan a la máxima autoridad del país a actuar siempre con apego al estado de derecho.

A nuestro juicio, es el Presidente de la República, el responsable del abuso de estas facultades, arbitrariedad que produce una violación de la ley y que debe ser investigado por la Contraloría, en razón a su potestad y al mandato constitucional.

La denuncia  antes referida, provoco impacto publico nacional e internacional, debido a su gravedad, a ella adhirieron públicamente, desde: José Zalaquet, experto y participe en el tema de DDHH; hasta: Ricardo Solari, ex Ministro del Trabajo y responsable de la aplicación de estas leyes por largo tiempo.

Los medios de comunicación hicieron su aporte, a través de reportajes de una destacable capacidad de investigación y denuncia, complementaron lo ya denunciado, destacando entre ellos, el reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy M., el cual, acompañamos y forma parte integral de esta denuncia y requerimiento.

En este tiempo, hemos querido fundamentar responsablemente lo denunciado, para lo cual consultamos a todo el país sobre los testimonios recibidos durante años, hemos evaluado detenidamente la lista entregada por el Gobierno después de 15 años en que estos antecedentes estuvieron ocultos, hemos consultado y re estudiado con nuestro equipo asesor la normativa legal y la jurisprudencia sobre el tema y hemos concluido: en ratificar en todas sus partes nuestra denuncia, en cuanto a: que la aplicación de la ley sobre exoneración política constituye un escándalo de la mayor significación para el país, por las ilegalidades cometidas, el daño a las legitimas victimas, los delitos de cohecho, concesión de privilegios, discriminación, instrumentalización electoral, y violación sistemática del espíritu de esta normativa.   

Un estudio evaluativo de la información entregada por el Gobierno con fecha 3.12.08, sobre el proceso de calificación, demuestra metodológicamente lo aseverado en nuestra denuncia, en este estudio, se contextualiza a la exoneración política dentro de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, esencia ideológica del método de aniquilamiento que vivió el país en el periodo 73-90. El estudio demuestra como el procedimiento de calificación se contradice con los hechos históricos reales, prueba de ello es que solo: 39.145 de un total de 145.549 personas calificadas hasta Noviembre pasado, pertenecen al periodo de represión masiva y tienen de acuerdo a la ley certeza jurídica en su calificación, de modo que 106.404 personas, tuvieron que demostrar el carácter político de su exoneración, lo que desde el punto de vista de los hechos objetivos, es imposible.

Al confrontar nuevamente estos antecedentes entregados con parámetros de indiscutible seriedad como son el informe Rettig y el informe Valech, el resultado que entrega el estudio evaluativo demuestra nuevamente la ilegitimidad de este proceso calificatorio. Este informe que se acompaña y que forma parte integral del presente procedimiento, además entrega testimonios documentales que prueban el manejo ilegal de la información por parte de la autoridad y que obligadamente determina una amplia investigación de los expedientes particulares, lo cual arrojara como conclusión la real magnitud de la irregularidad.

A.II.- El proceso de asignación de los beneficios reparatorios de la ley 19234 y sus modificaciones       

En el estudio evaluativo sobre la aplicación de estas leyes y que sustenta la presente denuncia, en su capitulo VII pagina 27, se describe el criterio jurídico marco que regula la aplicación de estas leyes, el cual, considera fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia de la Contraloría General de la República y resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social, lo cual por el carácter de estas instituciones resultan inapelables. Además, este criterio marco coincide con el carácter y objetivo de estas leyes y lo también importante con la voluntad del legislador. Desgraciadamente, este marco jurídico no es cumplido precisamente por la institucionalidad que lo define, es así como aspectos sustanciales de esta jurisprudencia no se cumplen como lo señalado en lo que a continuación describimos:

1.- No se respeta el carácter de excepcionalidad jurídica de la norma, que lo diferencia absolutamente del régimen de seguridad social y lo circunscribe al régimen especial que concede beneficios por gracia (Corte Suprema, Suceso, Contraloría).

2.- No se respetan los patrimonios de derechos que tenia el actor al momento de ser exonerado y que permite cumplir el carácter reparador de la ley (Contraloría 037353/00; 001924/96)

Con respecto al carácter de excepcionalidad jurídica  descrito mas arriba, resulta improcedente la aplicación del articulo cuarto de la ley 19260, puntualmente, conforme a la resolución 011903/01 de la Suceso, por lo cual, los derechos de la ley en análisis son imprescriptibles, dado que esta trata de beneficios por gracia  que se otorgan para reparar daño causado. Además, con respecto a la prescripción,se debe cuando la ocasión así lo indique, ser aplicada la resolución 27738/96 de Contraloría.

El legislador también así lo establece, en el Diario de Sesiones del Senado, sesión 52 ordinaria de 18 de Mayo de 1993, en el cual, se declaran imprescriptibles los derechos de los exonerados políticos que emanen de esta ley.

Otro aspecto que entra en contradicción con el carácter ya definido de esta norma, es el relativo al gravamen del 7 %, correspondiente a salud, con el cual se grava a las pensiones no contributivas, asumiéndolas como pensiones de régimen, no obstante toda la normativa que contradice esto. El Estado de Chile, promulgo la ley 19980, que crea un sistema de salud especial en el área de salud publica, para los beneficiarios de estas leyes especiales y que pertenecen a la realidad de los DDHH, por lo que resulta injusto e ilegal y contradice la voluntad de la sociedad expresada en la ley, mantener este gravamen.

Con respecto a los patrimonios de derechos que tenia el beneficiario de la ley al momento de la exoneración, el referido criterio marco determina claramente que estos deben formar parte integral del proceso interpretativo de aplicación y así cumplir el objetivo de esta ley cual es, el de reparar un daño causado (037353/00; 001924/96 Contraloría)

 Al efecto, la Contraloría ha dictado una extensa jurisprudencia que coincide con este propósito, desgraciadamente estas disposiciones no son cumplidas en los procesos de toma de razón, permitiendo el actuar irregular e ilegal del INP. Este procedimiento causa grave daño a las personas, discriminándolas con respecto a otras de igual naturaleza jurídica, privilegiando a unos sectores sobre otros de igual condición legal. Un antecedente de este grave procedimiento lo constituyen los ex parlamentarios y los ex miembros de las fuerzas armadas, en el cálculo de sus pensiones y en la determinación del tiempo computable para pensión, se le aplica integralmente el criterio marco señalado y la jurisprudencia definida por la institucionalidad ,con diferencia al resto de los sectores, a los cuales generalmente no se les respetan sus derechos.

El artículo cuarto y quinto de la ley, establecen la concesión de periodos impositivos por gracia, los cuales para este propósito, deben ser sumados al historial previsional de la persona y así constituir tiempo con imposiciones efectivas (articulo 13, reglamento 39) afirmar lo contrario, como se ha sostenido, es caracterizar a esta ley como inconstitucional,  ya que estaría violando el principio de igualdad ante la ley.

 Otro argumento que se ha esgrimido es el relativo al articulo 12 inciso 11 de la ley, esta disposición taxativamente se refiere al calculo del tiempo computable y no al tiempo con imposiciones efectivas, el cual para este caso, es la suma del tiempo con imposiciones efectivas y el abono por gracia del artículo 4 de la ley, lo que constituye el historial previsional (articulo 4 y 5 letra a y letra b, inciso tercero)

En el caso de los ex parlamentarios, se llega al extremo de no aplicar la asimilación a la E.U.S, en consideración a la alta renta que percibían al momento de la exoneración. Esta situación debe ser regularizada y terminar con esta discriminación oprobiosa para la mayoría de los beneficiarios legítimos de estas leyes, extendiendo este criterio interpretativo al resto de los beneficiarios que estén en esta situación.

Por tanto, solicitamos señor Contralor, sea aplicado en toda su extensión y profundidad, el criterio marco señalado, así como, la jurisprudencia dictada por la institucionalidad competente, a todas las personas beneficiarias legitimas de estas leyes, sin excepción alguna, principalmente en los siguientes aspectos ya dictaminados por esa Contraloría:

• - Perpetua memoria : Resolución: 31172/02; 62113/06
• - Ley 19350 : Resolución: 011199/00
• - Concepto de servidor publico: Resolución: 52682/76
• - Doctrina sector fiscal : Resoluciones: 16164/94; 16075 Bis/00

                                                                                            026241/07.

Es necesario hacer presente que la ley 19234 en su aplicación contempla el reconocimiento de diversas escalas de sueldos al 10 de Marzo de 1990, como es el caso: De la Escala Única de Sueldos; Escalas Municipales; Escalas de Médicos; Escala de las Fuerzas Armadas; Escalas de Codelco-Chile; Banco del Estado; Banco Central; Bancos Estatizados; Corporación de Fomento; Universidades Publicas; Fiscalizadores; Poder Judicial; Periodistas, además de un procedimiento especial sobre la dieta de los ex parlamentarios, todo esto, de acuerdo a la legislación vigente a la fecha de exoneración.

Con respecto al articulo 25 del reglamento 39 de la ley, que favorece a los ex parlamentarios, subsidiariamente a través de la potestad interpretativa de Contraloría y consecuente con el criterio marco antes señalado, sería justo y legal, aplicar este concepto a las empresas autónomas e intervenidas, por cuanto, estas nunca estuvieron regidas por la E.U.S, para los casos de rentas que argumenta el procedimiento del artículo 25, como es el caso de la banca estatizada propiedad de CORFO y Codelco Chile.

El concepto de servidor publico, contenido en el dictamen 52682/76, es de importancia trascendental, así como lo que hemos señalado como doctrina interpretativa para el sector fiscal, indicada mas arriba, y que esta compuesta entre otros, por los dictámenes: 16164/94; 16075 bis/00; 026241/07, todos pertenecientes a la jurisprudencia de ese órgano Contralor.

 A modo de complementación de nuestra base argumental, incluimos  como parte integral del procedimiento, tres facsímiles con los fundamentos jurídicos que masivamente presentaremos a esa institución, donde a partir de la ley, la jurisprudencia antes señalada y todo el sistema normativo vigente se sostiene la legalidad y la justicia de lo reclamado.

El carácter y la gravedad de las irregularidades presentes en la aplicación de estas leyes son graficadas por el siguiente hecho: la ley 19582 en su artículo segundo, inciso segundo, ordena actuar de oficio con respecto a las modificaciones que esta crea.

De esta forma, las presunciones de los artículos 27 bis y 28 del reglamento 39, debieron ejecutarse según mandata la ley con fecha 31.08.98; jamás esto ocurrió, el INP transgredió gravemente la ley, prueba de ello es la norma técnica de aplicación de este importante beneficio, la cual, fue propuesta, exigida y aprobada solo por imposición nuestra, con fecha, Septiembre del año 2005, siete años después de promulgada la ley, según dan cuenta los antecedentes que se adjuntan al presente, consecuencia de esta grave falta es el daño que han sufrido miles de personas a las cuales hoy se les declara prescrito el derecho.

A modo de símbolo de esta realidad que han enfrentado los exonerados políticos durante quince años, cuando exigen sus derechos como ciudadanos, presentamos el caso del procedimiento administrativo que se tramita hace mas de un año en esa Contraloría, bajo los números de referencia: 004169; 081356 y 000110, el citado procedimiento ha sido objeto de extravío en tres oportunidades de la documentación entregada, extravío de un periodo impositivo de siete años, desconocimiento del derecho que le asiste según la ley 19350, desconocimiento del derecho que le asiste según los artículos 910-912-913 del Código de Procedimiento Civil, informes erróneos con datos falsos entregados por el INP, destrucción de la solicitud original entregada al M. del Interior, etc., etc. situación que es extensiva a miles de personas que han exigido sus derechos ante la institucionalidad del Estado, responsable de aplicar conforme a derecho estas leyes.

B.- El proceso de aplicación de la ley 20134; se auditen los presupuestos asignados; se defina a los beneficiarios legales a los cuales no se les ha entregado el beneficio.

La ley 20134, promulgada el 22 .11.06, recién en Febrero del 2008 fue ejecutada, pagando el beneficio contemplado a 11.808 personas. Los presupuestos asignados por ley para su cumplimiento fueron: 22.866 millones de pesos, con la aprobación por parte del Parlamento; 11.300 millones de pesos, a través de la ley 20233, en Junio del 2008, posteriormente, con la ley de presupuestos del año 2009, se vuelve a aprobar un presupuesto suplementario de 12.000 millones de pesos, según informó el Ministro del Trabajo en Diciembre  del 2008.

Es el caso señor Contralor, que esta ley nuevamente como ya ha sido sistemático en esta política ya analizada en esta presentación, esta plagada de irregularidades,y violaciones a sus disposiciones, lo que sin duda nos hace presumir, que estamos ante un fraude de insospechadas consecuencias, por lo siguiente:

• - No se pagó el beneficio a los beneficiarios del artículo 27 del reglamento 39, contraviniendo lo resuelto por la ley y Contraloría en el dictamen 56141/08 y 002334/08 y otros.
• - No se pagó en beneficio a los exonerados calificados en la ley 19881, contraviniendo el dictamen 039671 N08 de Contraloría.
• - Se grabo ilegalmente al beneficio con un impuesto del 17%, el cual, ha sido manejado por el Estado en forma ilegal por espacio de más de un año, medida que ha tenido que ser derogada por su ilegalidad, obligando al INP a restituir los fondos a las personas, sin actualizarlos económicamente.
• - Se pagó prioritariamente a autoridades, jefes de partidos, y a personas relacionadas con autoridades, según lo destaca la prensa en su momento, como es el caso de: Viera Gallo; Barahona, Subsecretaria de Minería; Gazmuri, Avila, Montes, Pascal Allende, todos parlamentarios; Guillermo Teiller presidente del PC; Jorge Dávalos, ex esposo de la actual Presidenta y muchos otros, lo que constituye un privilegio y una discriminación inaceptable, cuando comprobamos que no se les pagó el beneficio a ex obreros viejos y enfermos, argumentando falta de recursos.

Por tanto: en razón a lo expuesto, a nuestro derecho, a la Constitución  y la ley 10336, solicitamos: se abra un amplio proceso de investigación de la aplicación de esta ley, se auditen los presupuestos recibidos, se defina la nómina de beneficiarios violados en sus derechos y se determinen a las personas responsables. Adicionalmente, se paguen y se restituyan los montos ilegalmente no pagados con la debida actualización económica por todo el periodo, hasta el pago efectivo.

C.- Ley 19992, titulo III, artículos 11 al 14, se verifique la ilegal aplicación de esta disposición, se determine la cuantía del daño al patrimonio público y se señale a los responsables. 

Del mismo modo, con esta ley se han cometido irregularidades incalificables,  lo que constituye como lo hemos comprobado, una constante de esta seudo política  de DDHH.

El beneficio instrumentalizado dolosamente y que solicitamos investigar, así como, determinar el daño al patrimonio público y los responsables de estos delitos, además de ser una obligación desde el punto de vista del mandato legal, pasa a ser una obligación ético moral.

La denuncia pública sobre este escándalo y que ratificamos, esta suficientemente argumentada en el estudio:  "Chile país que involuciona"; en el reportaje de la revista "El Periodista", que incluimos en este estudio; en el libro de la periodista María Olivia Monckeberg, llamado: "El negocio de las universidades en Chile" páginas 250 a 265; y el artículo de fecha 29.03.09 del sociólogo: Felipe Portales, miembro del centro de DDHH de la U. de Chile, que acompañamos.

Baste decir, ya que estos reportajes y el estudio citado lo dicen todo, que aquí estamos ante un plan premeditado para defraudar a partir de los DDHH, en el cual, participan autoridades públicas, universidades y además, dirigentes de ex presos políticos que actúan como promotores comisionistas de este fraude.

Por tanto: solicitamos se establezca un profundo proceso de investigación, que cumpla con lo señalado en el titulo del presente capítulo signado con la letra C.

En conclusión señor Contralor: En conformidad a la potestad y la jurisdicción que la Constitución y las leyes entregan a esa entidad Contralora, solicitamos se acceda a todos los aspectos requeridos en el presente procedimiento.

Es gracia

Raúl Celpa López

Presidente

Dirección: calle Dieciocho nº 45 Oficina 301 - Fono: 552 21 71 - Mail: raulcelpa@gmail.com

Martes 26 de mayo de 2009  | 13:38   

Por Luis Narvaez / Lanacion.cl 

Los dos ex conscriptos detenidos, cuya suerte debe decidir el magistrado Juan Fuentes, pertenecían a ese Regimiento de San Antonio.

A la espera de que el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar resuelva si procesa a los dos ex conscriptos detenidos por el asesinato del cantautor Víctor Jara, se supo hoy que el magistrado ha centrado las indagaciones en determinar la participación de un contingente del regimiento Tejas Verdes.

El juez Fuentes indaga el eventual rol de esa unidad militar de San Antonio en labores de custodia, tortura y fusilamiento de prisioneros al interior del Estadio Chile tras el Golpe Militar de 1973.

Los dos detenidos, José Adolfo Paredes Márquez (54) y Francisco Quiroz Quiroz (54), formaban parte de la segunda sección de una de las compañías de dicho regimiento.

Hasta ahora la participación de Tejas Verdes no se conocía por lo que el antecedente abre nuevas tesis sobre los autores intelectuales del homicidio, es decir los que dieron la orden de asesinar a Víctor Jara el 15 de 1973.

Paredes y Quiroz, que para el Golpe Militar tenían 18 años y cumplían servicio militar obligatorio, quedaron detenidos luego de extensos interrogatorios tras ser llevados ante el juez el viernes último.

Nadie conocía sus nombres porque no pertenecían a ninguna de las dotaciones militares que se había chequeado y que participaron en las detenciones ilegales de alumnos y académicos de la Universidad Técnica del Estado (UTE) y en la custodia de los prisioneros en el ex Estadio Chile.

En esta jornada, hasta el Palacio de Tribunales han llegado otros cuatro ex conscriptos citados por el magistrado para contrastar la versión sobre la responsabilidad de las dos personas que están detenidas.

Lunes 25 de mayo de 2009   

Por Jorge Escalante / La Nación 

Inauguran el Campo Militar del General Carlos Prats González

 En la ceremonia, que se efectuará a las 11:20 horas del 5 de junio en San Bernardo, se reactivará también el Regimiento Tacna. Asistirán la familia y los amigos del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, y la actividad la encabezará la Presidenta Michelle Bachelet. El matrimonio fue asesinado por la DINA en 1974 en Buenos Aires.

Foto: El frontis del nuevo Campo Militar del General Carlos Prats González que se ha instalado en la comuna de San Bernardo.  

La más grande muestra de reconocimiento al asesinado comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats González, rendirá la institución el viernes 5 de junio. A las 11:20 horas de ese día, en una ceremonia solemne, esta rama castrense reactivará oficialmente el Regimiento Nº 1 de Artillería Tacna e inaugurará el Campo Militar San Bernardo del General Carlos Prats González.

El acto, al que asistirán la familia del general Prats, sus invitados personales y la Presidenta Michelle Bachelet, se efectuará en la Avenida San José 0450, en la comuna de San Bernardo. La dirección corresponde al lugar de ingreso donde funcionará ahora el Tacna, compartiendo espacio junto al Regimiento Granaderos, conocido también como de Escolta Presidencial.

Ambas unidades conformarán el Campo Militar que llevará el nombre de quien fuera en dos ocasiones ministro (Interior y Defensa) del Presidente Salvador Allende.

El último mando de tropa que tuvo el general Prats con el grado de coronel a mediados de la década de los 60 fue precisamente el de comandante del Tacna.

Si bien la decisión del Ejército con su actual comandante en jefe, general Óscar Izurieta, estaba tomada desde hacía algún tiempo, ella no estuvo ajena a conflictos, no dentro de la institución, sino con la oficialidad en retiro que, en general, no comparte el gesto y permanece aún adscrita a la figura del dictador Augusto Pinochet.

El Ejército quiere con esta demostración "no dejar ninguna duda" de que la institución repudia el doble crimen del general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires por agentes de la DINA, manifestó a La Nación una alta fuente militar.

Esta importante manifestación de reconocimiento a la persona del general Prats sucederá semanas antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema se pronuncie acerca de las altas condenas a los nueve autores y cómplices del doble homicidio, dictadas primero por el ministro Alejandro Solís, y luego ratificadas en enero de 2009 por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se presume que la Sala Penal no aplicaría esta vez su criterio "rebajista" de penas a militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura y, por tanto, se espera que mantenga las penas que incluyen presidio perpetuo y condenas de veinte y diez años.

En julio de 2008, días después de que el juez Solís pronunció la sentencia condenatoria, el general Izurieta había manifestado que "el Ejército realizará todos los gestos que amerite el caso", aclarando que ello no ocurriría antes de que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada por la Corte Suprema.

En todo caso, la Sala Penal no resolvería la situación condenatoria en este juicio antes de fines de julio, por lo extenso del expediente que el relator de ese tribunal debe estudiar para exponer los hechos a los cinco magistrados de la instancia judicial.

Entre los invitados de honor está el nieto del general Prats e hijo de la actual embajadora en Grecia, Sofía Prats, Francisco Cuadrado, quien en diciembre de 2006 escupió el féretro de Pinochet en la Escuela Militar. Pero se sabe que la familia del general no tiene hoy conflictos con el actual Ejército, y el acto de repudio de Francisco Cuadrado fue a quien estuvo directamente vinculado al doble asesinato.

El matrimonio Prats-Cuthbert tuvo tres hijas, Sofía, Angélica y Cecilia. La pareja estuvo unida hasta el trágico final en Palermo en Buenos Aires.

El primer hito orientado a demostrar que con el transcurso del tiempo el Ejército comenzaba a admitir que la muerte del general Prats y su esposa fue un crimen de Estado cometido bajo el amparo del mando militar de aquel tiempo, sucedió en 2002 cuando se cumplieron 28 años del atentado.

Esa vez, el entonces comandante en jefe, general Juan Emilio Cheyre, encabezó una misa en su honor y el de su esposa en la Escuela Militar. El hecho fue ampliamente comentado en la prensa y la familia Prats-Cuthbert se sintió honrada, aunque sus hijas manifestaron que aún tenían "sentimientos encontrados", porque todavía en Chile no se hacía justicia por la trágica muerte de sus padres.

Antes, en 2001, el entonces jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, había realizado un primer acercamiento a la familia, invitando a las hijas, Sofía, Angélica y Cecilia, al lanzamiento de un libro sobre los comandantes en jefe de la institución.

Después, el 11 de marzo de 2002, la familia fue invitada al cambio de mando institucional cuando asumió el general Cheyre.

Al cumplirse los 30 años del atentado, en septiembre de 2004, Cheyre encabezó un acto litúrgico y una romería a la tumba de Prats y su esposa en el Cementerio General. LN

El destierro y el atentado Horas después del golpe de Estado, Augusto Pinochet ordenó el destierro del general Prats a Argentina. Prats fue incluso conducido hasta la frontera el 15 de septiembre de 1973 en el propio helicóptero Puma de Pinochet por su piloto favorito, Antonio Palomo, quien días después sería uno de los pilotos de la Caravana de la Muerte. En horas posteriores a la asonada militar, corrió el rumor de que el general Prats avanzaba desde el sur a la capital, con fuerzas leales al Gobierno de Allende para oponerse al golpe. Instalado en Buenos Aires con su esposa, Prats comenzó a recibir amenazas cada vez más frecuentes, hasta que el 20 de septiembre de 1974, nueve días antes del doble crimen, una voz lo despertó a las cuatro de la madrugada en su departamento del barrio de Palermo, advirtiéndole que si no declaraba públicamente que no realizaba “actos en contra del Gobierno militar de Chile, usted va a morir”. El domingo 29 de septiembre, Prats y su esposa asistieron a un asado campestre en compañía del ex cónsul en esa ciudad, Eduardo Ormeño. Por la tarde, el matrimonio fue el cine junto al ex embajador de Allende, Ramón Huidobro, y su esposa. Después comieron en casa de Huidobro. “Cómo irá a ser esto, Ramón, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil”, le dijo Prats. A las pocas horas, el día 30, los agentes Mariana Callejas y Michael Townley detonaron la bomba instalada bajo el auto del general. Los condenados y sus penas De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras; Pedro Espinoza y el ex jefe del departamento exterior del organismo, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann. Contreras fue condenado a dos presidios perpetuos y a 20 años de prisión como jefe de una asociación terrorista para cometer los dos homicidios. Espinoza fue sentenciado a tres castigos de 20 años cada uno, por los dos homicidios y como jefe de asociación terrorista. Eduardo Iturriaga recibió dos condenas de 15 años por los crímenes y 541 días como miembro de asociación terrorista. Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger (dos condenas de 10 años y un día por los dos homicidios y 541 días por asociación terrorista), los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado (ambos dos condenas de 10 años y un día por los dos homicidios y 541 días por asociación terrorista), el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón (dos condenas de 541 días por los dos crímenes en calidad de cómplice), y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley, que hizo estallar la bomba junto a Callejas, sentenciada a dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio) y Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Eduardo, que recibió dos penas de 5 años y un día como cómplice del doble homicidio.

Los primeros gestos

1.- Tamus Pobletti Maria Eugenia,

2.- Castillo Zolezzi Marianela del Pilar,

3.- Zeledón Fernandez Roberto Antonio,

4.- Nuñez Nuñez Maria Mercedes,

5.-Delmar Valerio Manuel Sepulveda,

6.-Vallesteros Hilda Cristina,

7.- Astudillo Gómez Juan Bautista,

8.-Aravena Valenzuela Adriana,

9.-Diaz Pistone Maria Lucia.

10.-Briones Gallegos Victor Alberto.-

LA lista es de 64 chilenos, algunos estan ejecutados otros desaparecidos, sin que a la fecha se halla logrado en Argentina descubir sus cadáveres.

Se convocarón a las Fuerzas de SEguridad y Armadas de Argentina en un Hábes Corpus, oportunidad en que el Teniente General Roberto Bendini, destituido más tarde, se negó a declarar de oficio y personalmente ante la Juez Willma López de Capital Federal el año 2003.

La nómina es auténtica según se desprende de las declaraciones al Tribunal por parte del Director Nacional de migraciones Argentina. El laudo consta de casi 50 páginas.

Si alguna de esta persona existe y o Ud., tiene información favor remitirlas a juanjosesotovargas@hotmail.com

habría sido asesinado por agentes de la dictadura sino por sus propios compañeros de armas. Luis Eduardo Arriagada Toro fue acusado de traicionar al jefe máximo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y a su pareja, Raúl Pellegrin y Cecilia Magni. Su nombre es prácticamente desconocido pero su apodo –Bigote- es una leyenda entre sus antiguos compañeros por su participación en el asalto al cuartel Los Queñes y el secuestro al coronel Carreño, entre otros. A veinte años de su desaparición, su ex esposa vino desde Suecia para entablar una denuncia por presunta desgracia. Los testimonios apuntan a Ramiro, alias de Mauricio Hernández Norambuena, preso en Brasil. Qué pasó con él y por qué lo mataron son algunas de las preguntas que hoy se hace Alejandra, la última hija que Bigote tuvo en Chile y a la que no alcanzó a conocer.

Por Cristóbal Peña, CIPER

A mediados de enero, que resultó ser un martes 13, Estrella Morán se decidió después de 20 años. Llegó hasta la fiscalía local de Viña del Mar y preguntó ante quién podía interponer una denuncia. Su ex marido, un alto dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, está desaparecido desde 1989 y es muy probable que haya sido asesinado. Se llama -o llamaba- Luis Eduardo Arriagada Toro y en la organización lo conocían por Bigote.

En la denuncia, que ha conducido a la primera investigación policial por este caso, la mujer dijo que su ex marido habría sido ejecutado por sus propios compañeros de armas, que lo acusaron de ser infiltrado y responsable de la muerte del jefe máximo del FPMR y su pareja, Raúl Pellegrin y Cecilia Magni. Luego de juzgarlo por alta traición, lo habrían matado y hecho desaparecer.

Ese fue el punto de partida de una intrincada trama policial. La denuncia fue derivada al Primer Juzgado del Crimen de Viña del Mar y éste asignó la investigación a la PDI de esa ciudad.

Luis Arriagada Toro no era cualquier combatiente. Participó del secuestro al coronel Carlos Carreño, del frustrado atentado dinamitero al ex fiscal militar Fernando Torres Silva y del asalto al cuartel Los Queñes, donde murieron Pellegrin y Magni, además de un carabinero. Al momento de su desaparición formaba parte de la Dirección Nacional del FPMR.

Bigote es una leyenda para sus ex compañeros de armas. Un figura desmesurada que anima historias formidables de antes y después de su desaparición.

Uno de sus subalternos recuerda que acostumbraba a andar armado, con un revólver al cinto, y no se tomaba la molestia de disimularlo. Decía que jamás lo capturarían vivo. Yo me enfrento, amenazaba, y no se quedaba en eso. Bigote era bueno con los puños y, dicen, mejor con un arma en la mano. También era diestro con la guitarra y su vozarrón hizo fama en peñas folclóricas de Valparaíso, Viña del Mar y San Felipe. Eso, unido a lo anterior, hace de él un personaje de leyenda.

Pero ya después de 1989, una vez que se le perdió el rastro, la leyenda de Bigote tomó otro rumbo. Varios de sus antiguos compañeros de armas, muchos de los cuales ni siquiera lo trataron ni de cerca, se referirán a él como el infiltrado del FPMR. El traidor. En buenas cuentas, el responsable de muchos de los errores que derivaron en una feroz derrota política y militar.

TESTIGO PRESENCIAL

No es fácil entonces desentrañar el misterio que se esconde tras la desaparición de Bigote. Han transcurrido 20 años desde la última vez que lo vieron con vida, un tiempo prudente para alimentar el silencio, la indiferencia y los rumores. Pero pese a ello, unas pocas semanas después de asumir el caso, los detectives a cargo recogieron un testimonio relevante.

La última pareja de Bigote, una militante del FPMR con quien tuvo una hija, apuntó al comandante Ramiro como responsable de la desaparición de su compañero de armas. Ramiro es Mauricio Hernández Norambuena y cumple una condena de 30 años en una cárcel de Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto.

Ella fue testigo del momento en que Bigote y Ramiro se perdieron un 10 de enero de 1989 tras una esquina de Viña del Mar, donde el segundo había citado de urgencia al primero para una reunión que tomaría un par de días. Fue la última vez que Carolina, su pareja, vio a Bigote.

En su reciente declaración a la policía, Carolina dijo que acompañó a su pareja a un encuentro con Ramiro, a quien conocía de antes. También declaró que hacia mediados de los ’90, una vez que Ramiro fue detenido por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, fue a visitarlo a la cárcel de San Miguel. Y fue entonces que Ramiro le confirmó lo que ella ya había escuchado por otros relatos: Bigote había sido ejecutado por traidor.

En rigor, aunque no lo consigna ningún informe o memorial, aunque legalmente esté vivo, se trata del último desaparecido político en dictadura. Un caso único del que nadie se había hecho cargo. Ni siquiera su familia.

CONTACTO EN SUECIA

De Bigote supe por sus compañeros de armas. Indagando para un libro que se llamó Los fusileros (Debate, 2007) y trata sobre los orígenes y destinos de los autores del atentado a Augusto Pinochet, surgió la figura de un supuesto infiltrado que había ocupado un alto cargo en la dirección del FPMR. Algunos habían escuchado hablar de sus hazañas guerrilleras y también de su ajusticiamiento; otros lo suponían en Cuba, El Salvador o Nicaragua. De Bigote se dicen muchas cosas. El caso es que nadie sabía cómo se llamaba ni quién era realmente. Esa es precisamente la idea en una guerra librada desde la clandestinidad. Operar desde el anonimato.

Más tarde, a través de una de sus hermanas, surgieron nuevos datos concluyentes. El hombre se llamaba Luis Eduardo, había nacido en 1950 en San Felipe en una familia modesta y no era común que se desapareciera por mucho tiempo, aun en los tiempos más duros de la guerra subversiva. Su familia albergaba la esperanza de que un buen día apareciera, de que al menos alguien le informara del lugar donde estaba el cuerpo. También albergaba miedo y no poca inseguridad. Un temor que fue creciendo ya que cada vez que preguntaban por él, ya sea en el Partido Comunista o entre viejos amigos, les respondían que mejor no siguieran preguntando.

Finalmente la historia de Bigote, con la parcialidad propia de una vida clandestina, quedó expuesta en el libro como un capítulo accesorio. Otra muestra de la violencia política de esos años. La historia ya era pública pero aún quedaban muchos vacíos que fueron despejándose con testimonios que permanecían dispersos. El primero llegó desde Suecia, vía mail:

Hola, soy la esposa/viuda de Bigote. He leído el libro con la esperanza de que alguien contase algo o aliviara su conciencia. He constatado también que hay versiones que no se ajustan a la realidad.

VIDA EN CHUCUYO

Legalmente Estrella Morán sigue siendo la esposa de Bigote pero hace tiempo que se asume viuda: ya no tiene dudas de que el hombre que conoció a mediados de los ’70 en casa de sus padres en Viña del Mar, y con el que tuvo dos hijos, Pavel y Valentina, está muerto. La última vez que lo vio con vida fue a comienzos de 1988, justo un año antes de su desaparición, cuando llegó de sorpresa a la casa de Fågelfors, Suecia, donde ella vivía con sus hijos. Hacía tres años que no se veían pero ya estaba acostumbrada a eso. Desde un comienzo todo entre ambos resultó urgente, súbito, incierto.

En 1975, cuando llegó a Viña del Mar buscando refugio, Bigote demoró dos semanas en pedirle matrimonio a la hija del dueño de casa. A los seis meses, pese a la oposición inicial de los padres de ella, ya estaban casados.

A Estrella varias cosas le atraían de él. Las cartas de amor, las canciones románticas y de protesta que interpretaba con guitarra y un vozarrón a lo Zitarrosa. Eso y el compromiso político que demandó cada vez más tiempo. Formaba parte de la directiva de las Juventudes Comunistas de Viña del Mar y recibía un pequeño sueldo del partido. Más bien algo simbólico, porque aunque trabajó de obrero de la construcción, asistente de un casino de comidas y regente de un taller de rebobinado de motores, entre muchas otras cosas, quien solía mantener la casa en pie era ella con lo que ganaba como matrona.

Comparado con lo que vino después, los primeros años fueron más o menos convencionales. Hacían vida social, iban a peñas, cuidaban hijos. Las cosas comenzaron a cambiar de manera drástica desde 1980, especialmente una vez que Bigote fue detenido en una protesta de un Primero de Mayo y enviado bajo régimen de relegación a Alto Jahuel y, después, a Chucuyo, un pequeño poblado del altiplano chileno, cercano a Putre.

Mal-mal no lo pasó ahí. Aunque permaneció tres meses y diariamente tenía que caminar siete kilómetros de ida y siete de vuelta para firmar en el retén más cercano, aunque no estuvo para el nacimiento de su hija Valentina, Bigote se construyó una actividad social nada de despreciable para su condición de relegado en una zona aislada. Las cartas le llovían y era frecuente que lo visitaran desconocidos de Chile y el extranjero que habían escuchado de su caso. Bigote era muy dado a conversar, y cuando ya no había tema siempre tenía su guitarra a mano. De esa época existen fotos y registros de canciones que conserva Estrella.

Estrella cree que ese fue el momento en que su esposo se volcó de lleno a las tareas subversivas. Recién un año antes el Partido Comunista había proclamado su política de rebelión popular de masas, que admitía todas las formas de lucha, y ya de vuelta de Chucuyo comenzó a ausentarse por semanas de su casa, a veces por meses. El no decía en lo que andaba ni ella le pedía detalles. Simplemente lo suponía.

El asunto ya fue definitivo desde 1983. Ese año anunció que viajaría a España por “motivos de trabajo”. No era una completa mentira. Efectivamente estuvo en Madrid, envió postales y volvió con souvenirs de esa ciudad. Pero antes de eso, según supo después Estrella, había estado en Cuba siguiendo un curso de instrucción militar. A su regreso, que coincidió con el inicio de las acciones armadas del FPMR, asumió la jefatura de Viña del Mar y le pidió a su mujer que volviera a casa de sus padres en Forestal. A partir de entonces, le dio a entender, la vida de ella también corría peligro. Y estaba en lo cierto.

En marzo de 1985, Estrella fue raptada por agentes de la CNI y conducida a un cuartel en Santiago donde la interrogaron sobre su esposo. Sabían quien era él y qué cargo tenía en la organización, pero ella, pese a las torturas, no pudo ayudarlos. Sabía de él tanto como sus captores.

Unas semanas después, sin alcanzar a despedirse, Estrella Morán partió junto a sus hijos rumbo a Suecia, donde sigue viviendo hasta hoy.

MORIR A LOS 38

Por tres años, hasta que apareció de sorpresa en Fågelfors, no volvió a tener noticias de su esposo. Constantemente enviaba postales a una profesora del antiguo colegio de sus hijos en Viña del Mar, con la esperanza de que de esa forma él se enterara de su paradero exacto. Con el correr del tiempo, al no recibir respuesta, comenzó a temer lo peor.

Bigote, sin embargo, estaba a salvo y había escalado en la organización. De Viña del Mar ascendió a la jefatura de la Región Metropolitana, uno de los cargos de mayor confianza. Después, en septiembre de 1987, tomaría parte -junto a Ramiro- del secuestro al coronel de Ejército Carlos Carreño, quien fue liberado en diciembre de ese mismo año en Sao Paulo, Brasil. Para fines de ese año estaba de vuelta en Cuba como parte de un plan de repliegue ante la ruptura entre el FPMR y el Partido Comunista.

Fue en el viaje de regreso a Chile, que por regla general se hacía siguiendo un periplo por países europeos de modo de borrar el paso por la isla, que Bigote llegó a tocar la puerta de Estrella.

Desde siempre, quizás por qué razón, Bigote le dijo a Estrella que él no viviría más allá de los 38 años. No sólo a ella. También se lo dijo a su última mujer. El hecho es que en ese marzo de 1988, cuando precisamente cumplía 38, de entrada, antes de cruzar la puerta, le dijo a Estrella que había llegado a despedirse.

Esos cuatro días que Bigote permaneció en Fågelfors fueron intensos, una oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Pasearon por bosques nevados junto a sus hijos, cantaron canciones folclóricas y hablaron del futuro. Sin entrar en detalles, él le anunció que volvía a Chile para retomar la lucha armada. Y aunque no tenía mucho que ofrecerle, le pidió que volvieran a su país y ella se negó. Ya tenía una vida hecha en Suecia, hijos que habían olvidado el español, un amor en vistas. No tenían mucho más que decirse.

CARTA DESDE CHILE

Un par de meses después, ya de regreso en Chile, Bigote le entregó a su madre una carta dirigida a Estrella. Está fechada el 24 de mayo de 1988 y en ella intuye una tragedia:

Estrella:

Esta será la carta más triste de tu vida y la de nuestros hijos, el hecho de recibirla ha significado que te la envía otra persona para anunciarte algo fatal. Sí, será terrible, mas espero que aflore tus fuerzas, esas que sacas de flaqueza, esa gran reserva moral.

Llenaste un espacio de mi vida, ese de la loca aventura, del sueño imposible, de liberar otras tierras, de criar muchos hijos, de llevarnos de montaña, campo y mar, y viajar y viajar, conocer los siete mares y de haberme llenado de ti.

Gracias por darme los mejores años de tu vida, gracias por darme hijos que me quieren y me recordarán siempre.

Atendiendo al momento en que fue fechada, es probable que esa carta haya estado animada por los nervios previos al atentado al fiscal Fernando Torres Silva en que participaría a fin de ese mismo mes. Bigote tenía la misión de conducir la motocicleta que transportaría a la persona que puso una plancha cargada con explosivos sobre el auto del fiscal militar. También es probable que sus aprensiones lo hayan llevado a instalar en la moto un grueso respaldo de acero.

Según se constata en los diarios de la época, el último viernes de mayo de 1988, aprovechando una luz roja de la esquina de Eliodoro Yánez con Los Leones, dos hombres a bordo de una motocicleta posaron una plancha cargada con dinamita sobre el auto del fiscal. La plancha se fue al suelo y no explotó. Mientras la moto se daba a la fuga, los escoltas del fiscal alcanzaron a dispararle.

Lo que no dicen los diarios es que el hombre que acompañaba a Bigote recibió un balazo en el brazo, y por muy poco, de no ser por el respaldo de acero, las balas también alcanzan al conductor.

Cuatro meses después, cuando el asunto de Torres Silva había pasado al olvido, Bigote volvió a escribir una carta. Esta vez iba a dirigida a su hijo Pavel y en ella, aparte de recodar momentos en común y decir que “te echo mucho de menos, con tu separación he arrebatado un pedazo de mi vida”, le pide que “ayudes y comprendas a tu mamá”, quien ha encontrado una nueva pareja a la que Bigote llama “El Patas Negras”.

Está próximo a tomar parte del asalto al cuartel de Los Queñes, que será el comienzo de su tragedia. Pero así y todo, a diferencia de la otra carta, no hay temor ni fatalismo, más bien lo contrario: “Algún día tal vez podremos estar juntos y podremos saldar esa enorme deuda de amor y cariño que nos debemos”.

Bigote se despide de su hijo diciéndole “hasta la próxima vez”. No sabe que será la última.

VIDA SUBVERSIVA

Poco después del primer contacto que tuve con Estrella, cuando ya parte de la historia de Bigote se había dado a conocer a través del libro Los fusileros, apareció Alejandra, otra hija de Bigote. Alejandra es la hija que tuvo con Carolina, su última pareja, y en ese entonces, al tomar contacto con ella, estaba pronta a terminar el colegio. El año anterior había sido dirigente del movimiento pingüino y quería estudiar Derecho o Periodismo.

De entrada dijo dos cosas: que su padre estaba muerto y que no era ningún traidor.

Alejandra no alcanzó a conocerlo. Cuando ella nació Bigote ya había desaparecido. Así y todo supo detalles de su vida por medio de su madre, que militaba en el FPMR y conoció de cerca la vida subversiva de su pareja.

Cuenta Alejandra que Bigote era hombre de confianza de Raúl Alejandro Pellegrin, uno de sus más cercanos. Por algo ella se llama Alejandra y su segunda hermana, fruto de una relación que tuvo su padre con una profesora de Talca, Tamara: es el nombre que adoptó Cecilia Magni, la pareja del líder del FPMR a quien llamaban José Miguel.

José Miguel tenía una relación paternal con sus subalternos. Fueran o no mayores que él. Por eso, una vez que Bigote regresó de Madrid, lo reprendió con cariño por no haber visitado el Museo del Prado. Bigote se justificó diciendo que no se podía permitir gastarse la plata de la organización en esas cosas. José Miguel retrucó que justamente en esas cosas valía la pena gastarse la plata.

Según el mismo testimonio, la relación con Ramiro era muy distinta. Aunque se conocían de mucho antes y coincidieron en múltiples operaciones, “mi papá sentía que Ramiro lo discriminaba por su origen social: lo encontraba picante porque era de pueblo”.

De cualquier modo, de haber habido algo de eso, Ramiro no era el único en la organización que no congeniaba con Bigote. Era algo compartido entre no pocos combatientes a los que les resultaba fanfarrón. Esa imagen pudo haber tenido matices.

Cuenta Alejandra que su padre y Ramiro coincidieron en La Habana, y que en una reunión social en esa ciudad, Ramiro se puso a cantar canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez sin despertar demasiada atención. Después fue el turno de Bigote, y como su formación era otra y sabía canciones del folclore chileno, sacó aplausos entre los cubanos. “Recién ahí, según le contó a mi mamá, mi papá sintió que Ramiro empezó a tomarle respeto”.

Pero no por mucho tiempo. Tras el capítulo del asalto al cuartel Los Queñes, las cosas con Ramiro se pusieron feas.

POBLACIÓN ESTIBADORES

En octubre de 1988, durante el asalto al cuartel Los Queñes, Bigote cumplió un papel estelar. Quienes participaron de esa acción y sobrevivieron para contarla, recuerdan que el hombre entró al retén en llamas y volvió arrastrando a dos carabineros que amarró a un árbol. Para acentuar la actuación, se había ceñido a la cabeza la gorra de unos de los carabineros.

Después de una huida de tres días, en medio de un operativo de uniformados que peinaban la zona, el grupo se dividió en dos: José Miguel y Tamara a cargo de uno; Bigote del otro. Tenía a su cargo a cuatro subalternos y los cuatro cayeron detenidos. El logró salir sano y salvo de la zona pero no fue el único: en el otro grupo hubo otros que también corrieron la misma suerte.

Según contará Carolina, Bigote huyó por la precordillera de la VI Región y encontró refugió en casa de un campesino de la zona. El 27 de octubre, ya en Rancagua, se reunió con su pareja y ésta se sorprendió por el estado en que lo encontró. “Nunca lo había visto tan a mal a traer”, cuenta Alejandra.

También cuenta que en esos días había acordado reunirse con el jefe del FPMR en un punto al que éste nunca llegó: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consignó que José Miguel y Tamara fueron muertos por agentes del Estado.

Tres meses después, cuando las aguas todavía no se aquietaban, Bigote tuvo otro punto de encuentro en Viña del Mar. Era el 10 de enero de 1989 y había sido citado por Ramiro, quien había iniciado una investigación interna para determinar lo ocurrido tras el asalto al cuartel Los Queñes. Hasta esa esquina lo acompañó Carolina, la mamá de Alejandra. Por eso, años después, cuando Carolina llegó a la Cárcel de San Miguel a visitar a Ramiro, ella lo encaró: ¿Dónde está? A ti te lo entregué.

De acuerdo con el relato de ex combatientes que fueron citados a entregar su testimonio, el juicio se llevó a cabo en una casa de la población Estibadores de Viña del Mar. Entre los convocados hubo quienes no sólo dudaron del modo en que Bigote habría salvado de la experiencia de Los Queñes, sino que derechamente manifestaron antiguas sospechas sobre su condición de infiltrado. “Donde caía alguien estaba Bigote rondando”, fue una de las frases que se escuchó en esos días y que terminó de sellar su suerte.

LARGO ADIOS

Desde un café del centro de Santiago, pocos días antes de volver a Suecia tras unas vacaciones en que aprovechó de presentar la denuncia por presunta desgracia, Estrella Morán plantea que su marido fue víctima de una pugna de poder al interior del FPMR. Ni por un momento esta mujer de unos 50 años, morena y pelo corto y entrecano se ha planteado la posibilidad de que el padre de sus hijos haya sido un infiltrado de los servicios de seguridad de la dictadura.

“El siempre dijo que no iba a vivir más de 38 años y que jamás se entregaría a la policía con vida”, dice. “Alguna vez me dijo que si se veía rodeado, trataría de quitarse la vida, porque no podía verse expuesto a la posibilidad de delatar bajo tortura. Eso no lo podía aceptar”.

Con la denuncia, Estrella no sólo persigue que se haga justicia y se determine el lugar en que se encuentra el cuerpo. También quiere despejar las sospechas que se han instalado sobre su ex marido. Limpiar su nombre y despedirse de una vez por todas de él. Aunque años atrás, una madrugada en Fågelfors, tuvo la sensación de verlo aparecer tras una ventana de su departamento. Ah -le dijo ella-, eres tú, estás muerto, ¿no?

Documentos Multimedia:
Revise la galería fotográfica de Luis Eduardo “Bigote” Arriagada Toro
Canciones de Luis Eduardo “Bigote” Arriagada I
Canciones de Luis Eduardo “Bigote” Arriagada II
Canciones de Luis Eduardo “Bigote” Arriagada III

Documentos:
Carta dirigida a Estrella, su ex esposa
Carta dirigida a Pavel, su hijo

Etiquetas: Derechos, humanos, bigote, FPMR, murieron

martes 23 de diciembre de 2008

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Foto: El ex fiscal militar chileno Alfredo Podlech preso en Roma. / Autor: CANAL 13 - Chile

La médica chilena Ruth Kries Saavedra regresó reconfortada a su casa en “un pueblito modesto y tranquilo, en medio de la Europa congelada” tras su tercera visita a Italia en tres semanas. "La historia que me llevó hasta allí, desgraciadamente no tuvo nada que ver con turismo", explicó.

La pedíatra de Concepción concurrió a un tribunal de Roma para declarar ante un fiscal italiano y enfrentarse por fin cara a cara con el ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech, quien en 1973 participó en Temuco –700 km al sur de Santiago– en el asesinato de su esposo, el médico Hernán Henríquez, y también en la muerte del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli.

Presumiblemente, el Dr. Henríquez fue asesinado horas antes que un bando militar consignara un pretendido “intento de fuga” el 5 de octubre de 1973.

También se sospecha que muchas otras víctimas de la región araucana fueron detenidas y desaparecidas por órdenes de Podlech, tras el golpe militar que le costó la vida a Salvador Allende ese mismo año y frustró por enésima vez las esperanzas de un pueblo.

Justicia en Italia

Podlech, de 74 años, está en la cárcel de Rebibbia, Roma, desde que fue extraditado a Italia el 13 de agosto desde España, después de su arresto el 27 de julio en el aeropuerto de Barajas, Madrid, mientras se aprestaba a abordar un vuelo a Praga.

La detención fue ordenada por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, acogiendo un pedido de captura dispuesto para toda la Unión Europea por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, quien investiga su participación en el asesinato y desaparición del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, también en Temuco en septiembre de 1973.

La acción judicial contra Podlech fue activada en Italia por la viuda de Venturelli, la chilena Fresia Cea, con el abogado Giancarlo Maniga. La justicia italiana ahora podría formular nuevos cargos incluyendo el asesinato del Dr. Henríquez y, probablemente, por muchos otros crímenes.

El fiscal sometió a interrogatorio y a careos a Podlech en una cárcel especialmente habilitada para estos trámites judiciales, a la vez que escuchó testimonios de testigos y familiares de las víctimas. El 17 de diciembre, la agencia estadounidense The Associated Press (AP) ofreció una cobertura sobre este proceso, despachada desde Roma por el periodista chileno Jorge Piña.

Por orden del fiscal Capaldo, Ruith Kries fue careada el martes 16 de diciembre con el ex fiscal Podlech. “A 35 años y a casi 12.000 kilómetros, Ruth Kries por fin pudo enfrentarse en un tribunal con el hombre a quien acusa de haber matado a su esposo durante la dictadura de Augusto Pinochet”, escribió Piña. "Había esperado durante 35 años para decirle en su cara que es el asesino y responsable de la desaparición y la tortura de miles de chilenos en la zona de la Araucanía", dijo Kries.

La viuda del Dr. Henríquez, quien reside en Alemania, dijo que en Temuco abordó a Podlech en numerosas ocasiones para recabar información sobre su esposo detenido. En uno de esos encuentros en septiembre y octubre de 1973, el entonces fiscal le dijo que su marido seguramente se había ido a Argentina con otra mujer, pero después repitió la versión oficial castrense de muerte a tiros cuando intentaba escapar en un helicóptero.

Kries manifestó que en el careo le propuso a Podlech –en nombre suyo y de Fresia Cea– que revelara el lugar exacto en que se encuentran los restos de de su esposo, Venturelli y los desaparecidos a cambio del desistimiento de las acciones legales en su contra.

Sin embargo, el ex fiscal chileno insistió en no tener responsabilidad en las muertes de Henríquez/Venturelli y que no había participado en ningún tipo de atropello a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), indicó Piña.

El reportero vaticina que Podlech podría ser condenado a prisión perpetua, la pena que solicitará el abogado italiano de Fresia Cea, Giancarlo Maniga, por el homicidio de su marido, Venturelli. Tanto el abogado Maniga como el fiscal Capaldo anunciaron que en la próxima audiencia –prevista para el 12 de enero de 2009– pedirán el máximo castigo que existe en Italia.

El abogado Maniga también se opondrá a que Podlech reciba arresto domiciliario, por temor a que se escape a Chile, donde disfrutaría impunidad. La justicia chilena exhibe escasa predisposición a castigar crímenes de lesa humanidad y, además, existe una red mafiosa que protege a los miliares involucrados, construida por oficiales en retiro que aún gozan de simpatías y apoyo de las fuerzas armadas chilenas.

Probablemente el 12 de enero Ruth Kries tenga que viajar de nuevo a Roma y otra vez, por motivos ajenos al turismo: está dispuesta a luchar sin tregua por la justicia.

Entrevista a Ruth Kries

Ruth Kries resumió su tragedia con estas palabras: "Todo comenzó hace más de 35 años en Temuco. Mis cuatro hijos –Hernán, Paula, Daniel y Marcelo– y su padre, mi amado compañero Hernán, vivíamos en una linda y acogedora casita cerca del cerro Ñielol de Temuco. Éramos profunda y concientemente felices”.

–¿Cómo ocurrieron los hechos?

–“Todos conocen lo que sucedió en esos mil días del gobierno del Dr. Salvador Allende. Entre 1970 y 1973 fuimos protagonistas entusiastas de un proyecto único en la historia e hicimos lo posible por lograr cumplir un programa de gobierno popular que pretendía instalar las bases de una sociedad más justa. Hernán luchó incansablemente por mejorar las condiciones de salud de los más pobres, entre ellos, los campesinos mapuches.

Lo que ocurrió después también es conocido. Fuimos castigados inhumanamente por las bestias amaestradas que obedecían las órdenes de los dueños del dinero y del poder de dentro y fuera de Chile. Al segundo día del golpe del 11 de septiembre, Hernán fue detenido por Carabineros y militares, entre ellos el ex fiscal castrense Alfonso Podlech.

Fue conducido a la cárcel y más tarde se le dejó en arresto domiciliario, pero en vísperas de una nueva comparescencia ante la fiscalía militar, fue detenido de nuevo por Carabineros, el 24 de septiembre de 1973, tras un nuevo allanamiento a nuestro hogar ordenado por Podlech. Desde entonces no volví a ver a Hernán.

Desde el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre lo busqué día a día por todos los lugares imaginables de Temuco. Recurrí a todas las personas que me pareció que podrían ayudarme a encontrarlo. Fui al Regimiento Tucapel, a Carabineros, a la Fuerza Aérea, a la Intendencia, al Obispado, etc. Hablé con decenas de personas y aunque siempre supe que los militares mentían cuando negaban tenerlo en sus cárceles secretas, donde lo estaban torturando, les supliqué a estos ‘valientes soldados’ que me lo entregaran”.

–¿Conoció a Podlech?

–“Con Podlech me entrevisté por lo menos en 4 oportunidades. Según este fiscal y sus secuaces, Hernán podía estar en cualquier parte, menos en un recinto militar. ‘Seguramente, me dijo, está raptado por guerrilleros que él mismo ha formado’ o ‘debe haberse arrancado a Argentina con otra mujer’, etc. Éstas mismas mentiras también fueron dichas a otras mujeres que preguntaban por sus compañeros detenidos y hechos desaparecer, encontrándose ellas en las mismas condiciones en que yo estaba. Además, los militares invocaban a cada instante el mito del Plan Zeta1”.

–¿Cómo llegó a la convicción de asesinato?

–“Cuando, desesperada, me dirigía a seguir buscando ayuda, escuché por la radio el bando militar que el 5 de octubre dio cuenta del cobarde asesinato de mi marido. Según ese bando, Hernán intentó escapar en helicóptero desde un recinto militar, secundado por Alejandro Flores. Por eso les dispararon y mataron. Al querer recuperar su cuerpo para acariciarlo por última vez antes de entregárselo a la tierra, el fiscal Podlech me lo negó, aduciendo que ‘los enemigos de la patria no tienen derecho a una tumba’, con su acostumbrada prepotencia omnímoda.

Hernán sobrevivió diez días a las más horribles torturas, como recuerdan algunos sobrevivientes. Fue trasladado a diferentes lugares de la región Araucanía. Luego, al arribar a Temuco el general Sergio Arellano Stark con su fatídica ‘caravana de la muerte’, Podlech y los demás asesinos terminaron con su vida en una orgía de sangre y eliminaron su cuerpo malherido en algún rincón de la región, lugar que no nos ha sido revelado hasta el día de hoy”.

–¿Recurrió a la justicia en Chile?

–“Hace 20 años que inicié un proceso judicial en Chile. No sólo conocemos la responsabilidad de este ex-fiscal en la muerte de Hernán. También sabemos quiénes lo mataron. A pesar de todo eso, la causa nada avanza”.

–¿Por qué Podlech fue detenido en España y no en Chile?

–“En Chile tuvo impunidad total. Fresia Cea ha sido la heroína de esta historia. Venciendo las dificultades que le provoca una triste enfermedad, ha tenido éxito en su incansable lucha por encontrar a su marido Omar Venturelli, ex sacerdote ítalo-chileno detenido desaparecido a fines de septiembre de 1973 en Temuco y víctima también de este mismo criminal”.

Y es que Podlech creyó que en Europa podría moverse libremente, al igual que en Temuco, sin temer que la Justicia pudiese tocarle un solo pelo. Se equivocó. Aquí no tiene los compadres poderosos de allá en Chile. Aquí será juzgado por lo que es: un multi criminal común y corriente”.

–¿Cuál es su participación en el juicio de Italia?

–“Fui convocada por el fiscal Giancarlo Capaldo para comparecer en un careo con Podlech, en Roma, el martes 16 de diciembre de 2008. Este fiscal instructor de la causa de Omar Venturelli intenta demostrar que no es verdad lo que afirma el ex fiscal militar chileno, quien afirma que en esos días no estaba en funciones dentro del aparato represivo. Pero existimos cientos de personas que sufrimos todo su poder omnímodo desde el mismo día del golpe. ¿Cuántos fuimos interrogados por él en la fiscalía militar que funcionaba en unas oficinas del Regimiento Tucapel? ¿Cuántos fuimos testigos de que Podlech estaba incluso en condiciones de ‘regalarle’ la vida a un condenado si es que lo deseaba?”.

–¿Cómo fue su re-encuentro con Podlech en Italia?

–“En el careo yo conté lo mismo que digo ahora en este relato, pero Podlech aseguró no conocerme y negó haber hablado conmigo alguna vez antes de ese día en Roma. Sin embargo, yo tenía en mis manos una entrevista que él mismo le ofreció en 1990 a El Diario Austral de Temuco, donde reconoce conocerme, por lo que quedó en evidencia que de nuevo estaba mintiendo”.

–¿Intentó “negociar” con él?

–“Durante el careo me dirigí al fiscal, al señor Capaldo, para decirle que en nombre de Fresia Cea y mío le proponía a Podlech que nos entregara la información acerca del paradero exacto de nuestros compañeros desaparecidos y que a cambio, nosotras desistiríamos de seguir actuando legalmente en su contra. Pero Podlech replicó: ‘No sé nada, yo no tuve nada que ver con eso’.

En un momento en que no estaba presente el fiscal Capaldo, tuve la oportunidad de espetarle en su cara qué clase de individuo es él: un criminal, un cobarde que asesinó, torturó e hizo desaparecer a nuestros compañeros; que es responsable, junto a otros, de miles de crímenes cometidos en la Araucanía y que mucha gente está dispuesta a declarar en su contra”.

–¿Cuál fue la reacción de Podlech?

–“Obviamente, negó toda responsabilidad. Dijo que entonces él sólo estaba ocupado como "asesor legal", preparando los consejos de guerra. Respondí: "¿Qué guerra?, si ustedes mataron a gente desarmada y encadenada. ¿No le da vergüenza? También le mostré la foto de Hernán que siempre llevo conmigo y le dije que pensara en él en las muchas noches que le quedan por estar en prisión. Le aconsejé que al menos se arrepintiera, para que algún día quizás pueda lograr paz en su conciencia… Aunque creo que este personaje no tiene moral, ni tampoco conciencia del bien y del mal, porque si no ¿cómo? Otra cosa que me dijo fue que yo “estaba llena de odio". Respondí: "Ud. está absolutamente equivocado; lo desprecio, ¡sí!; pero ¿odio?, ¡no! Lo que me lleva a actuar es amor y lealtad, el amor por Hernán y por mis hijos, y mi sentido de la lealtad, que es lo que me ha llevado a no olvidar y a seguir indagando su historia y continuar la búsqueda de sus restos”.

En un momento quiso hacerse el olvidadizo y fingió desorientación ante mis palabras. Pero entonces le espeté de frente: ‘No se olvide que estamos en Italia. Aquí no le servirá fingirse loco, como lo hicieron sus compinches Pinochet y Arellano Stark. En Chile se puede simular locura, allá les perdonan las penas de inmediato, pero aquí ¡no! A lo mejor, apenas conseguiría que lo manden a un hospital psiquiátrico’”.

–¿Qué estado de ánimo exhibía Podlech?

–“El individuo llegó bien vestido, de pantalón claro, camisa y chaqueta oscura. Se veía bien de salud, ni gordo ni flaco. Permaneció tranquilo hasta el momento en que tuvo que desdecirse. Lo trajeron y llevaron de vuelta varios gendarmes uniformados, quienes nunca se movieron de las puertas de la oficina en que nos encontrábamos. Estaban presentes: el fiscal Capaldo, el actuario, la traductora, el abogado de Alfonso Podlech, con una joven asistente, el acusado y yo. Todos los presentes firmamos el protocolo que redactó el actuario. Todo esto acaeció en una cárcel de Roma, no en la prisión que ahora cobija al ex-fiscal, sino en otra, una especialmente destinada para estos careos e interrogatorios”.

–¿Cuál fue su reacción emocional al ser careada?

–“Pude entregar mi testimonio en forma coherente y clara. Estuve muy serena y sólo al comienzo me tembló la voz. Sólo más tarde, cuando se habían llevado ya al criminal, debo reconocer que lloré amargamente un ratito. Felizmente, estaba allí una amiga de Fresia y ahora también mía, Leonor, quien me sostuvo y me ayudó a terminar con las lágrimas”.

–¿Cuáles serán las próximas etapas del juico?

–“Primero, pienso que hay que continuar y aumentar los esfuerzos para asegurar que se haga justicia al menos en este caso. O sea, la gente que padeció a Alfonso Podlech en los primeros meses después del golpe y pudo comprobar que él sí tenía poder, lo usaba y abusaba de él, esta gente debe testimoniar ahora mismo, lo antes posible, porque todo testimonio sirve. Toda información verdadera vale. Se puede dar un testimonio allá mismo en Chile. Si hay personas que deben viajar a testimoniar a Italia, porque podría ser necesario hacerlo aquí, y no pueden pagar su pasaje y estadía, habría que organizar cómo ayudarlas a costear ambas cosas”.

–¿Sirvió para estos efectos el “Informe Valech”?

–“Si tuviéramos la información que entregaron los compañeros ex presos políticos ante la Comisión Valech2, naturalmente no tendríamos ningún problema en demostrar quiénes fueron aquellos que terminaron con las vidas de nuestros compañeros. Desgraciadamente, el señor Ricardo Lagos3 ordenó mantener esos datos en secreto durante 50 años, decisión que protege a los malhechores y prolonga nuestros sufrimientos perpetuamente, al favorecer que la verdad quizás jamás salga a la luz.

Como es muy posible que el próximo gobierno de Chile sea aún más de derecha y aún menos amigo de la verdad y de la justicia, tenemos que aprovechar los pocos meses que restan hasta las próximas elecciones para acelerar los procesos pendientes y obtener también un poco de justicia en otros casos”.

–¿Qué ayuda le pediría a los familiares, testigos y activistas de DDHH?

–“Llamó a los familiares de las víctimas y a los activistas de derechos humanos a concentranos con todas nuestras fuerzas a estos asuntos. Debemos conversar con todos los afectados y con quienes no fueron directamente perjudicados, pero sienten –como nosotros– la misma necesidad de avanzar en el conocimiento de la verdad y la aplicación de justicia.

Pienso que sólo la verdad y la justicia permitirán hacer más llevadera la ausencia de nuestros seres amados y el conocimiento que ya tenemos sobre los sufrimientos a que fueron sometidos. Sólo la verdad y la justicia pueden abrir paso al perdón y a la reconciliación de nuestra sociedad. ¡Neguémonos al olvido! El olvido es la muerte definitiva, es la negación de la historia, es la pérdida de la memoria, un atributo entre los más importantes del ser humano”.

–¿Seguirá recabando información?

“Fundamentalmente invito a la gente a que entregue información sobre la suerte de nuestros seres queridos. Desde siempre me paro en cualquier lugar y pido esto en voz alta, pero no puedo decir que hasta ahora haya tenido éxito, quizás a causa del miedo, la indiferencia, no sé… Me he encontrado siempre con una muralla de acero que sólo esta vez en Roma se empieza a trizar. Quisiera publicitar de la manera más destacada: "se ruega información". Creo que hay una canción que dice así…

–¿Qué les pediría a los ex presos políticos?

–“Mi mayor interés en este momento es obtener concretamente la información que los ex-presos políticos le entregaron a la Comisión Valech y que, probablemente, habría permitido encausar a muchos criminales, condenar a otros tantos y con ello, disminuirnos, quizás en un mínimo, esta tremenda carga de lágrimas que llevamos por el mundo. ¿Me entiende lo que quiero decir con esto?: No se trata sólo de mi dolor; somos cientos de miles. Esta es una tarea para el futuro 2009”.

Comentario del redactor:

El 13 de agosto de 2008, mi amiga Ruth Kries me comentó por correo electrónico que “la detención del facineroso ex fiscal Alfonso Podlech, el Eichmann de Cautín, me ha producido una enorme satisfacción. Ahora –dijo entonces– ¡a impedir que sus amigos de Chile, incluida la Concertación y su gobierno, lo traigan a ‘juzgar’ a su patria”.

La detención de Podlech en Madrid fue una noticia internacional ampliamente difundida, pero entonces Ruth se hallaba de vacaciones en Concepción y yo ignoraba por completo su vinculación personal con el tema y mucho menos que su marido y ella misma, habían sido víctimas directas de Podlech en Temuco, casualmente donde nací. Sólo atribuí su reacción al natural deseo de justicia de cualquier militante antifascista o de cualquier ciudadano que sufrió el golpe y éste lo aventó al exilio, situación que justifica sobradamente cualquier interés porque se juzgue a los criminales de derechos humanos y no se burle la ley, como suele ocurrir en Chile con asesinos y torturadores de todos los pelajes, pero principalmente cuando se trata de altos oficiales, como ocurrió con Pinochet, Arellano y tantos otros, y de abogados civiles que actuaron como “fiscales militares”.

El 5 de diciembre, Ruth me escribió escuetamente desde Roma, diciéndome “estoy aquí, cumpliendo con mi obligación, apoyando a la justicia en el juicio contra el ex fiscal Alfonso Podlech”. De nuevo pensé que simplemente cumplía una obligación de testigo o de “militante de DDHH”, porque ella es médica y no abogada. Jamás me imaginé que estaba involucrada como víctima. Cuando el 18 de diciembre me envió este exhaustivo informe bajo la forma de una carta personal, privada y con la advertencia de no difundirla, dirigida más bien a su familia y a algunos amigos, le sugerí que la hiciera pública porque me pareció un documento valioso para estimular la continuación de la investigación sobre el paradero de los desaparecidos y, a la vez, dejar un registro para la memoria histórica de los derechos humanos, no solo de valor en Chile, sino en América Latina y todo el mundo. En buenas cuentas, le pedí autorización para dar a conocer su testimonio. Y aceptó, me parece...

Notas:
1) El “Plan Zeta” fue una pueril faramalla fabricada por la CIA y la inteligencia militar chilena para hacer creer a la opinión pública chilena y mundial que los partidarios de Allende tenían supuestas listas de militares y figuras derechistas a quienes se les quitaría la vida. La amenaza fue inventada para justificar asesinatos y exacerbar la criminalidad de los uniformados y del fascismo civil.
2) “Comisión Valech” se denomina la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada en 2003 como órgano asesor del Presidente de la República y presidida entonces por monseñor Sergio Valech Aldunate, obispo emérito Auxiliar de la Iglesia Católica de Santiago. Antes de disolverse, y tras escuchar miles de testimonios, en noviembre de 2004 la Comisión evacuó un informe con los nombres de 27.255 víctimas de la represión.
3) Ricardo Lagos fue Presidente de Chile en 2000-2006.

Ernesto Carmona Ulloa, periodista y escritor chileno, es también Consejero Nacional del Colegio de Periodistas de Chile y Coordinador del Departamento de Derechos Humanos de esa organización. Asimismo, Secretario Ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), miembro de las redes Voltaire, Axis for Peace y En Defensa de la Humanidad.

Cómo los servicios de inteligencia de Pinochet intentaron financiarse a sangre y dinamita

Sebastián Minay

CIPER  / Rebelión

El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos -tal como en las mejores historias de espías- para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por los propios mandos CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica. El factor común: la temible Brigada Mulchén, hasta ahora intocable, la que siguió operativa años después de su disolución en 1977.

La historia oficial dice que la penúltima vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 22 de octubre de 1982. Ese día fueron fusilados los agentes de la CNI Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez. Ambos robaron $45 millones de la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado luego de dispararle en la nuca a dos ejecutivos de esa oficina y dinamitarlos en pleno desierto el 9 de marzo de 1981. Detenidos en junio de ese año, fueron condenados y -contra todo pronóstico de la época- finalmente fusilados en la cárcel de Calama. Un cómplice de ambos, Francisco Díaz Meza, fue condenado a presidio perpetuo y hace cuatro años obtuvo el beneficio de la salida diaria. El jefe del grupo y de la CNI de Arica, el mayor Juan Delmas, apareció muerto en el desierto. Suicidio, concluyó la justicia. Con esos datos, el caso quedó cerrado.

Pero 27 años después, una nueva investigación judicial revela que éste fue mucho más que un robo y homicidios impactantes. Con un botín equivalente a $ 830 millones de pesos de hoy, fue el primer y frustrado intento de una cadena de asaltos que planificó la CNI para financiar la represión y la ampliación de sus operaciones al exterior. En momentos que la economía se derrumbaba y la oposición comenzaba a organizar las primeras protestas y un paro nacional, asegurar financiamiento para mantener el miedo fue prioritario.

La nueva pista asomó cuando rastreando el uso que hizo del mortal gas sarín la Brigada Mulchén de la DINA, se investigó -esta vez de verdad- el extraño suicidio del mayor de Ejército y jefe de la CNI en Arica en 1981, Juan Alberto Delmas Ramírez, quien quedó caratulado como el jefe del estremecedor robo. La trama oculta indica que, como sus autores fueron descubiertos, la CNI decidió eliminar a quienes podían destapar el plan de "financiamiento". El primero de la lista fue Delmas. El ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, no se suicidó: fue asesinado de un tiro en la cabeza. En los días y meses siguientes también fueron ultimados al menos otras tres personas -entre ellas el cuñado de Delmas, que también era agente de la CNI- en diversos puntos del país.

Esto fue lo que descubrió en una exhaustiva investigación el juez Alejandro Madrid al develar la masiva cacería humana contrarreloj ordenada por los altos mandos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) apenas se enteraron de que Hernández y Villanueva -los dos asesinos de Calama y agentes de la CNI- habían confesado actuar por órdenes de Delmas, su jefe zonal. Tres días después de que se hiciera pública dicha confesión, Delmas apareció con el cráneo perforado en pleno desierto. La versión del "suicidio" dejó las cosas hasta ahí, nada más se sabría sobre el Caso Calama. Un fleco quedó para el misterio: los cerca de $15 millones del botín que nunca aparecieron.

Lo que ocurrió entre el día de la desaparición de Delmas (12 de junio de 1981) y el hallazgo de su cadáver (15 de junio), es la historia no contada de una operación secreta en la que aparecen como protagonistas algunos de los más connotados represores de la dictadura: Francisco Ferrer Lima (Caso Tucapel Jiménez y caso Berríos), Marcelo Moren Brito (Caravana de la Muerte y Villa Grimaldi, entre otros), Carlos Parera Silva (ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Caso Boinas Negras de Peldehue) y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Brigada Mulchén y Purén, Casos Prats, Leighton, Dagoberto San Martín; por este último estuvo prófugo casi dos meses el año pasado). El reparto de una historia de terror.

El deportivo rojo de dos puertas

Cuando Delmas llegó a Arica como jefe de la CNI, después de disolverse la DINA en 1977, iba acompañado de una leyenda. Experimentado comando de elite, experto en inteligencia y en manejo de explosivos, en 1976 fue uno de los ejecutores del crimen de Carmelo Soria junto a sus compañeros de la Brigada Mulchén. Una noche de julio salió desde el cuartel de la DINA en Lo Curro, donde vivían Michael Townley y Mariana Callejas, disfrazado de carabinero y a bordo de un vehículo -en el que iba el cadáver de Soria- junto al hoy ex brigadier Jaime Lepe, quien escalaría alto al convertirse a comienzos de los ’90 en secretario privado de Augusto Pinochet y secretario general del Ejército.

La Mulchén adquirió experiencia en muertes que no dejan huella por el uso del letal gas sarín. El veneno ya había sido "probado" en los asesinatos del conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y del cabo Manuel Leyton (1977), ejecutado por violar el pacto de silencio y ventilar los crímenes de la DINA. La marca registrada de la Brigada Mulchén tuvo como otra de sus víctimas al propio Delmas, al químico Eugenio Berríos (1993) y al coronel Gerardo Huber (1992). La lista sigue sumando nombres.

Pero en Arica muy pocos sabían el verdadero nombre de Delmas. Operando bajo la identidad falsa de "Carlos Vargas Casella" se hizo conocido en la zona. La chapa era un guiño al hoy retirado teniente coronel del ejército uruguayo Tomás Casella Santos, involucrado en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos en Uruguay.

Muchos de sus subordinados han declarado que "Carlos Vargas" contaba con múltiples contactos en la frontera y en Perú y tenía un alto ascendiente en las filas. Incluso algunos han dicho -más de veinte años después- que lo consideraban su "formador" y "un líder al que todos seguían". Bajo su mando, hicieron cursos de comando, buzo táctico y entrenamiento para operaciones de infiltración y combate, dada la cercanía con Perú.

"Carlos Vargas" no pasaba inadvertido. Se desplazaba por Arica y sus alrededores en su deportivo Mazda 929 rojo de dos puertas. Y los ojos se centraron en sus desplazamientos cuando se supo que dos de sus subordinados -Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez- eran los autores del robo al Banco del Estado de Chuquicamata. Ambos convencieron al jefe y cajero de la sucursal de que iban a simular un asalto ya que un reciente robo les obligaba a aumentar las medidas de seguridad.

En una declaración judicial hoy olvidada, Hernández Anderson declaró el 3 de agosto de 1982 -poco más de dos meses antes de morir fusilado-, que Delmas lo visitó en Calama en enero de 1981, para ordenarle que participara "en una importante misión en beneficio y ayuda para el servicio". La explicación que según Hernández le dio Delmas fue clara: "La CNI se encontraba desfinanciada a nivel nacional, porque todo el envío de agentes del servicio, tanto de oficiales, personal de planta y empleados civiles a las embajadas del extranjero en distintos países debieron ser canceladas por el mismo servicio, siendo que esto correspondía hacerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores". También hizo mención a que se habían suspendido "las contrataciones de personal, reencasillamiento y otras medidas atingentes al orden económico".

La declaración de Hernández no fue considerada ni por jueces ni policías. Y ello, a pesar de que a comienzos de 1981 todo indicaba que la economía tambaleaba. El recorte fiscal se generalizó, pero no alcanzó a la CNI. Cuando en 2007 la ministra Amanda Valdovinos investigó los flujos y usos de gastos reservados que manejaba la dictadura, descubrió que sólo en el ciclo 1979-1984 se asignaron al organismo represor unos 13 mil millones de pesos, según declaró el ex ministro Sergio de Castro. Informes oficiales incautados en distintos procesos indican que tanto Pinochet como los altos mandos de la CNI sabían que a mayor crisis económica, más importante sería la rebeldía que ya se empezaba a palpar en las calles. Con la cesantía en alza, no había presupuesto que alcanzara para pagar a informantes y agentes suplementarios que la CNI requería con urgencia para bloquear el paro nacional que en esos días organizaba el líder sindical Tucapel Jiménez.

La necesidad de reforzar la represión determinó que Pinochet sacara del mando de la CNI al general Odlanier Mena, quien reemplazó a Manuel Contreras luego de los coletazos del caso Letelier (consumando así una lucha a muerte entre ambos), y en su lugar nombrara al frío y obediente general Humberto Gordón. Para los sucesos de Calama, Gordón ya le había dado un nuevo impulso a la acción represiva, sepultando la interdicción que pesaba sobre los hombres más duros de Contreras.

Lo anterior abre nuevas interrogantes para el juez titular del 2° Juzgado de Letras de Arica, Julio Aguilar, que deberá concluir ahora el proceso. Y la más importante es el destino de los entonces $15 millones del botín del banco de Chuquicamata que nunca aparecieron, unos $278 millones de hoy. La pista que podría probar cuán institucional fue la decisión de allegar fondos en forma ilícita a la CNI, o si se trató de una pantalla para encubrir actos de corrupción. Sobre eso, Madrid adelantó en gran parte el camino.

La sangrienta "Teletón" de la CNI

Hernández Anderson y Villanueva Márquez siguieron al pie de la letra las instrucciones de Delmas. El día del crimen se hicieron acompañar por el taxista Francisco Díaz, quien sólo la jornada anterior se había incorporado a la CNI, aceptando una vieja oferta. Luego de dinamitar al jefe de la sucursal del banco (Luis Martínez Araya) y al cajero de la misma (Sergio Yáñez Ayala), se repartieron una pequeña fracción del botín: $200 mil para Díaz, $100 mil para el ex CNI Juan Arenas Cortés y $300 mil para Delmas. Los dos homicidas también se dejaron montos menores para cada uno, le entregaron unos $8 millones al hermano de Villanueva y escondieron el grueso del dinero en distintos lugares, usando bidones.

El grupo alcanza a disfrutar poco más de tres meses del secreto y de la plata. En ese período Delmas incluso recibe en Arica a Augusto Pinochet, quien llega de visita unos 15 días antes de que se descubra el crimen: junto con personal de la CNI, el mayor forma el segundo anillo de seguridad durante los tres días que el dictador permanece en la ciudad.

La versión más conocida dice que Hernández y Villanueva cayeron por los típicos errores: Villanueva gastaba en regadas fiestas en las que incluso pagaba a músicos para que le cantaran "El Rey", la misma canción que tanto le gustaba a Pinochet. Además, el rumor de música fuerte y una orgía con prostitutas en el empobrecido poblado de Chiu Chiu corrió rápido. Pero en su pesquisa, el equipo del juez Madrid se encontró con la sorpresa que el crimen fue resuelto casi por casualidad.

Son policías civiles de Calama los que detienen a comienzos de junio al taxista Díaz por un asunto menor y ajeno al crimen. Al registrar su auto, aparecen gruesos fajos de billetes, cuyos números de serie coinciden con los que ya estaban encargados tras el robo al banco. Al poco rato, el detenido confiesa y pone los nombres de sus nuevos jefes sobre la mesa.

Hasta ese momento, los empleados bancarios llevaban casi tres meses desaparecidos, al igual que los $ 45 millones. Y según la prensa partidaria de la dictadura eran los responsables del robo. Con la confesión de Díaz, los policías tenían a dos cadáveres dinamitados por encontrar y una bola de fuego en las manos que les podía costar la cabeza. Deciden telefonear al entonces prefecto Víctor Lillo Monsalve a Arica, y soltar la bomba recurriendo al viejo truco de "Jefe, le tenemos una noticia buena y una mala". Eran casi las 4 de la mañana y al otro lado del teléfono el prefecto elige saber primero la buena.

- La buena es que tenemos resuelto el robo al Banco del Estado.- Excelente. ¿Y la mala?- Es que fueron los "Charlies" (clave para "CNI").

Lillo dispone terminar la investigación en la más completa reserva: sólo avisaría a la CNI cuando tuviera todo amarrado. Para eso basta que Díaz aparente cumplir las órdenes que le habían dado: que cada 15 días cambiara la plata en Perú por soles, y de regreso al lado chileno de la frontera la volviera a cambiar por pesos para hacer entrega del botín saneado. Vigilado de cerca por Investigaciones, el taxista llega al "punto" y ahí cae Hernández Anderson, jefe de la CNI en Calama. Después es el turno de Villanueva.

Sólo entonces Lillo da aviso al entonces director de Investigaciones, general Fernando Paredes, y éste a su vez al general Humberto Gordon. La alarma es total.

¿Delmas o Vargas? Un gol de media cancha

Apenas enterados del desastre, los mandos en Santiago ordenan un amplio despliegue. Gordon instruye a Paredes para que disponga dos aviones de la policía civil que trasladen a personal de la CNI al norte. A las pocas horas aterriza en Arica el coronel Héctor Bravo Letelier (ex DINA), jefe de las Brigadas Regionales del organismo, acompañado de otros efectivos. Bravo llega con la misión de intervenir la oficina CNI de Calama y hallar el botín. Sobre la marcha también llega el capitán Juan Vidal Ogueta, jefe de la Contrainteligencia de la CNI. El espía de los espías.

Como zonas fronterizas, tanto Arica como Calama son centro de múltiples unidades de espionaje castrense, a las que se suman los "corresponsales" que cada alto oficial de Santiago tiene apostados allí. Así, al momento de ser "intervenida", el área ya era monitoreada por la CNI y por el Destacamento Especial de Inteligencia (DEI), con base en Arica; repartición de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). A toda la red descrita se sumaron varios agentes del Servicio Secreto de la DINE que reportaban a Santiago.

Si por el tiempo transcurrido se ha hecho difícil saber exactamente quién actuó primero, sí hay constancia de los hechos gruesos. Uno de los primeros en tomar medidas es el capitán Vidal Ogueta. Adelantándose a los interrogatorios de Investigaciones, visita al entonces recién detenido Hernández Anderson. El Jefe de la Contrainteligencia CNI llevaba dos tareas: que le dijera qué sabía y había dicho; y ordenarle callar para siempre. Suicidarse.

Pero Hernández Anderson, hijo de un connotado juez de Arica, no obedece la instrucción de Vidal Ogueta. Y apreta play. Su padre juega un rol principal en esa decisión. Y declara que fue su superior quien le ordenó todo (más de un año después diría que el mayor le había garantizado que la detención y los primeros interrogatorios eran parte del show y que todo saldría bien). Sólo se guarda una munición: dice que su superior era "Carlos Vargas". En tiempos en que era casi imposible que un juez consiguiera el nombre real de un agente, no es un olvido pequeño.

Enterado de la confesión de Hernández, Vidal Ogueta telefonea a Santiago: hay un mayor experto en inteligencia involucrado en varias operaciones secretas anteriores, directamente acusado en el robo. Al otro lado escucha el general Gustavo Rivera Toro, segundo jefe nacional de la CNI, quien al instante transmite la orden "detenga a Carlos Vargas". Quien la recibe, según varias versiones es nada menos que el coronel Marcelo Moren Brito, jefe del DEI en Arica.

Moren, más conocido como el "Ronco" o "El Coronta", le transmite la misma orden al prefecto Lillo: "Hay que detener a Vargas".

En 1981, Moren arrastraba un amplio prontuario como ex alto mando de la DINA y hombre de confianza de Contreras (fue cabeza de la Brigada Caupolicán y jefe de la Villa Grimaldi). Después se confirmaría en los tribunales su brutal rol en los crímenes de la Caravana de la Muerte, Calle Conferencia, casos Alfonso Chanfreau, Lumi Videla y Alberto Bachelet, entre varios otros.

Sólo ahora -y gracias a la confesión de varios protagonistas de la época- se sabe que fue una de estas dos llamadas telefónicas, o ambas, lo que le permitió huir a Vargas/Delmas. Los detalles de cómo se entera Delmas de la orden de captura, difieren. Una de ellas es hasta graciosa: cuando el prefecto Lillo recibe en su oficina la llamada de Moren Brito, se encuentra precisamente acompañado de Delmas, quien lo visitaba constantemente para informarse de los avances de la diligencias y ofrecer su ayuda. Pero Lillo no sabía que Delmas y Carlos Vargas eran uno solo. El hecho cierto es que el coronel Moren dispone el cierre de la frontera para evitar que Delmas aproveche sus contactos en Perú.

Como quiera que sea, el viejo juego de las "chapas" le ha pasado un golazo a medio aparato de inteligencia, en plena dictadura militar, y en la zona más vigilada del país: Delmas se esfuma. Toma un alto de vales de bencina, instruye a la telefonista del cuartel de la CNI de Arica para que lo mantenga conectado con las llamadas entrantes y salientes, se sube a su Mazda rojo y se va. Pasadas las 8 AM del 12 de junio de 1981, el ex escolta de Pinochet desaparece para siempre.

Nadie sabe para quién trabaja

En Santiago las alarmas siguen encendidas. Que Delmas sea el jefe del robo le indica a Gordon que cualquier esfuerzo por capturarlo es poco. Y despacha a otro enviado especial. Tan urgido está el director de la CNI que incluso saca de sus vacaciones al jefe del aparato ultra secreto para que se una a la cacería. Nadie tiene idea cómo ni cuándo llega a la zona el entonces mayor Francisco Maximiliano Ferrer Lima, recién llegado de Buenos Aires, donde había estado operando con la Secretaría de Inteligencia del Estado trasandina (SIDE).

Ferrer Lima, alias "Max Lerou" entonces era un oficial experto en espionaje, capacitado en Brasil y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), además de haber integrado la Brigada Caupolicán de la DINA. Meses después, ordenaría el asesinato de Tucapel Jiménez -lo que le costó una condena a 8 años de presidio- y luego llegaría a ser jefe del Servicio Secreto Exterior de la DINE, tras haber sido instruido en el MI-5 en Inglaterra como recompensa por los servicios prestados por Pinochet durante la guerra de Las Malvinas. Entre 1983 y 1992, fue el motor del "despacho" al extranjero de agentes comprometidos en juicios.

Luego de aterrizar en Arica en un vuelo comercial, Ferrer se mueve por su cuenta y se instala en una habitación con vista al mar en el Hotel "La Lisera". Al día siguiente interviene la unidad CNI local. Su misión: encontrar a Delmas y el dinero. Para eso se hace ayudar, entre otros, por el suboficial José Aqueveque Pérez, ex compañero de Delmas en la escolta de Pinochet y en la Brigada Mulchén, a quien Ferrer le tiene plena confianza desde los tiempos del Curso de Paracaidistas.

"Max Lerou" se reúne con su viejo conocido Moren Brito a cotejar datos y luego su pista se pierde por completo. Después, Ferrer declarará que regresa a los pocos días a Santiago, lo que varios otros contradicen.

Arica se ha convertido en la "zona cero" de la dictadura. Allí se ha dado cita la selección nacional de la represión: Moren Brito (DEI), Ferrer Lima (DINE), Vidal Olgueta, Bravo Letelier y Aqueveque (los tres CNI) además del capitán Jorge Camilo Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica). Con los días se agregan el capitán Manuel Pérez Santillán (Cuartel "Las Machas", de dotación del Regimiento "Rancagua" de Arica, también ex miembro de la Mulchén), el coronel Carlos Parera Silva (Regimiento de Artillería "Dolores") y varios otros.

La misión es contra el tiempo: el mismo día de la confesión de Hernández y Villanueva, se hace público que hay gente de la CNI involucrada en el crimen de Calama. Se filtran tantos datos, que en Santiago, Gordon tiene que optar por algo insólito: sacar un comunicado de prensa con "la mala" noticia, estableciendo que Delmas era cómplice y cerebro del crimen, y que tanto él como los dos agentes comprometidos han sido expulsados de las filas.

Cada uno de los oficiales involucrados indaga por su cuenta qué pasó, qué se sabe y qué corre riesgo de quedar al descubierto. Casi todos operan en forma compartimentada. Nadie confía en nadie. Ferrer Lima y Vidal Ogueta se han alojado en el mismo hotel ariqueño, donde se topan brevemente y apenas se confiesan estar trabajando en la zona, sin especificar en qué. El suboficial Aqueveque se suma a las pesquisas sin que se sepa claramente para quién trabaja: mientras algunos lo sitúan colaborando con "Max Lerou", otros lo muestran operando por cuenta propia o para alguien más.

Las pesquisas recientes establecen que muy pocos o ninguno de los involucrados sabe qué hizo exactamente el capitán de contrainteligencia CNI Vidal Ogueta en los tres días que duró la búsqueda de Delmas. Las mismas dudas corren respecto de Aqueveque y Ferrer Lima.

Mientras algunos interrogan infructuosamente a los familiares de Delmas, otros se dedican a "peinar" la zona desde una o más avionetas militares, buscando en el desierto el famoso Mazda 929 rojo del mayor. En este punto tampoco hay coincidencias. Según personal de la CNI local, el agente Carlos Ortega León -especialista en infiltración al otro lado de la frontera- sobrevuela la zona acompañado de un piloto y forzosamente acompañado por Aqueveque. Otra versión dice que había una sola aeronave y que ésta fue utilizada para los mismos fines por Moren Brito, quien dice haber viajado a Iquique para rendir cuentas. Lo importante es que la o las avionetas eran indispensables para cubrir rápidamente los puntos críticos de Arica, Calama, Iquique y sus alrededores.

Entre el 12 y el 15 de junio el destino de Delmas es un misterio. Sólo ahora se sabe, por algunas declaraciones y otros indicios, que es altamente probable que se haya refugiado en la unidad "Solo de Saldívar", del Regimiento "Rancagua" de Arica. Más conocida como "Cuartel Las Machas", es un reducto en la salida norte de la ciudad, pero disimulado entre las dunas y la playa. En apariencia inocente, terminará siendo clave en la historia.

Mientras el "Rancagua" estaba bajo el mando del coronel Carlos González Coderch, el comandante de "Las Machas" era el capitán Manuel Pérez Santillán, otro ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, y por tanto viejo conocido de Delmas. Hay versiones que dicen que desde el mencionado cuartel lo sacan en horas de la madrugada hacia la Parcela del Lluta, que dependía del "Rancagua".

Las sospechas también apuntan al Coronel Carlos Parera Silva, entonces muy amigo de Delmas y comandante del Regimiento "Dolores". Entre los últimos testimonios algunos sostienen que Delmas fue a refugiarse a su lado y luego se pierde su pista. Parera se libró por el pacto de silencio de ser involucrado en el caso Letelier y se haría famoso en 1990, cuando como comandante de la guarnición de Santiago se negó a pedirle la venia al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la primera Parada Militar en democracia.

La tesis de la justicia es que Delmas debió haber sido ubicado por alguien de su confianza, con similar preparación y perfil y que la misma persona lo eliminó. Dichos parámetros dejan en la lista de sospechosos a Vidal Ogueta (quien si no lo mató, en último caso habría ordenado su asesinato), José Aqueveque y Manuel Pérez Santillán (ambos ex compañeros suyos en la Brigada Mulchén de la DINA). También se menciona a Ferrer Lima -tanto él como Aqueveque se culpan mutuamente en sus declaraciones judiciales- y a Raúl Iturriaga Neumann, también ex alto mando de la DINA y de la Mulchén, a la fecha comandante de la guarnición de Putre.

Sobre este último, ninguno de los involucrados sabe o recuerda qué hizo. Una de las pistas es que la bitácora de operaciones aéreas militares de esa zona muestra que el día 9 de junio -dos días antes que se sepa públicamente el rol de la CNI en el robo y doble homicidio- un avión despega precisamente con destino a Putre, llevando nada menos que a Augusto Pinochet.

Sobre el resto del botín, las pesquisas apuntan a Moren Brito. Hay testimonios que aseguran que el "Ronco" se quedó con una bolsa con dinero que habría sido ocultada en un basural por un suboficial del "Rancagua", quien a su vez la recibió de Delmas. Moren declaró que nunca vio los billetes. Pero no le creen: a pesar de los múltiples testimonios y pruebas que lo incriminan, también ha dicho siempre que nunca torturó ni hizo desaparecer a nadie.

Un último dato respecto del dinero. Si bien las declaraciones de Aqueveque son contradictorias en lo que toca a su actuación, sí entrega un antecedente clave sobre las platas robadas. Dice que en 1981 estaba en Los Andes y Delmas lo llamó para que lo fuera a buscar al Aeropuerto de Pudahuel: allí le entregó un maletín lleno de dólares, que "provenía de un operativo de drogas y que debía entregárselo al Jefe de la DINA en calle Belgrado, lo dejé ahí y me retiré". Aqueveque agrega que al día siguiente Delmas le ofreció irse a trabajar con él a Arica, lo que aceptó y "al mes salió mi destinación". Finaliza contando que al tercer día de su llegada al cuartel ariqueño se enteró de lo que habían hecho Hernández y Villanueva.

Aunque dicho testimonio tiene un error -la DINA fue disuelta en 1977 y reemplazada por la CNI-, lo cierto es que muchos de sus antiguos agentes siguieron llamándola así. Y en cuanto al fondo, lo declarado por Aqueveque indicaría que Delmas llevó el dinero a Santiago alrededor de un mes antes de recibir un tiro en la cabeza. El viaje es confirmado por la viuda del mayor, quien declaró que "unas tres semanas" antes de su muerte "él tuvo que viajar a Santiago, vía aérea, sin darme explicaciones, fue todo rápido y como a los tres días regreso".

"Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet"

La insólita cacería termina la tarde del 15 de junio. Una mujer y su hijo entran y salen de Arica por el camino a Ticnamar. En ambos trayectos les llama la atención un destello rojo bajo el sol. Se acercan y avisan a la prensa local: es el Mazda 929 de Delmas.

¿Quién se enteró primero? Hernández Anderson, en su declaración de 1982 da a entender que fue el corresponsal de La Tercera y director del diario La Defensa de Arica, Juan Carlos Poli, "que también es informante de la CNI de esa ciudad".

Los primeros en llegar son el capitán Jorge Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica), acompañado de dos suboficiales, más el jefe del OS-7 ariqueño, teniente Juan Ortega. Ninguno cumple con la norma de avisar al juez y Mandiola hasta se da tiempo para revisar el auto y abrir el portamaletas, sin hallar nada de importancia, según él. Al atardecer de ese día se dejan caer en el lugar personal de Investigaciones, de la CNI, del DINE, del DEI, además del fiscal militar de la guarnición local, Sergio Rodríguez Moraleda y el juez Humberto Retamal Arellano.

Mandiola también es el primero que ve una serie de frases escritas sobre el vaho del parabrisas del Mazda: "Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet. Perdón, Rosita". Con el correr de las horas, en torno al vehículo se arma un tumulto compuesto al menos por el juez, el fiscal militar, el prefecto Lillo, los inspectores Juan Barrera y Zvonco Tocigl, el capitán Vidal Ogueta, el coronel Moren Brito, el suboficial Aqueveque y el agente CNI Carlos Ortega. Las distintas declaraciones colocan nombres de más o de menos, especifican distintas horas de hallazgo y condiciones del sitio y hasta expresan disímiles sospechas respecto de los otros presentes.

Ferrer Lima sólo aparecerá por ahí conducido por Aqueveque cuando no quede ni el auto. Según su versión, su conspicuo acompañante le indicará excavaciones que se hicieron allí mismo en busca del botín.

En lo que todos coinciden es en lo que sale al día siguiente en la prensa: Delmas se hallaba inclinado en el asiento del conductor, con un balazo en su sien derecha y salida de proyectil por la izquierda. En su mano derecha estaba su pistola con otra bala pasada en la recámara -que los que llegaron primero se apuraron en disparar al aire-, y una vainilla en el asiento trasero. El cuerpo estaba hinchado y recién comenzando a despedir hedor. Uno de ellos atestigua en las recientes pesquisas que Delmas tenía una de sus piernas quebradas.

Bastaba observar su cadáver para que asomaran numerosas dudas, varias de las cuales se filtraron inmediatamente a los medios. Un auto rojo como ese era fácilmente visible desde la carretera con luz de día; en pleno desierto, la carrocería estaba impecable y sin polvo. En el asiento trasero había una parka salpicada de sangre, que nunca fue periciada. Lo más grave es que la bala no aparece por ninguna parte y que los primeros peritajes indican que el disparo se produjo desde unos 65 centímetros de distancia (la autopsia después dirá que fue a quemarropa). Para colmo, Delmas era zurdo hasta para disparar.

En pocos días, hasta la prensa oficialista dirá que el oficial ha sido asesinado. Un trascendido paraliza los comentarios: el recién sepultado cadáver había sido misteriosamente retirado del cementerio de Arica. La CNI se ve obligada a sacar un nuevo comunicado: el mayor era ambidiestro, el clima del lugar impedía la formación del polvillo que todos echaban de menos, Delmas se había suicidado y no había nada más que investigar.

Las diligencias forenses no aportaron mucho. Los policías que llegaron al sitio ahora reconocen que no examinaron el cadáver y ni siquiera practicaron el básico examen de detección de residuos de nitratos en las manos, necesario para confirmar o descartar si alguien disparó o no un arma. La explicación: "carecían de laboratorio".

Tampoco se puede hablar de autopsia. El médico legista que la hizo, Carlos Villavicencio, recordó recientemente que tampoco examinó restos de pólvora en las manos porque el juez Retamales no sólo no se lo indicó, sino que además le ordenó que "todo debía realizarse rápidamente". El certificado de defunción fija la data de muerte el 13 de junio, es decir, dos días antes de su "hallazgo" y al día siguiente de su misteriosa desaparición.

Todos los antecedentes recabados por el equipo policial que trabaja con el juez Madrid han formado la convicción de que el mayor CNI fue asesinado y luego dispuesto en un sitio fabricado para que pareciera un homicidio. El magistrado derivó el caso Delmas a la Corte de Apelaciones de Arica, y ésta dejó la causa en manos del titular del 2° Juzgado de Letras de dicha ciudad, Julio Aguilar. Éste ha hecho varias diligencias, entre ellas, diversos exhortos que en octubre pasado envió al resto del país para recabar nuevos testimonios; ya ha recibido cuatro.

La sangre sigue corriendo

Las muertes no pararon ahí, y en su momento sólo fueron mencionadas y relacionadas por la Revista Cauce, opositora a la dictadura. Una de las primeras queda al descubierto cuatro días después del hallazgo de Delmas. Ese día fue hallado flotando en el mar Mario Barraza Molina, uno de los informantes más cercanos al mayor.

El 31 de octubre de ese mismo año, José Rienzi Zumaeta Dattoli, gerente de una distribuidora avícola local, muere asesinado de un balazo en la frente a la entrada de su casa. La nueva víctima también era muy cercana a Delmas.

A esas alturas, el pánico se había apoderado de los funcionarios menores de la CNI en Arica y Calama. Algunos fueron trasladados. Uno de ellos fue el segundo de Delmas en la CNI de Arica, el capitán Sergio Saldivia Millar: fue destinado a Puerto Montt como jefe de la CNI local. La noche del 26 de octubre de 1982 salió en su vehículo oficial y horas después murió en un extraño accidente de tránsito que hoy se investiga.

Pero el caso más oscuro es el del cuñado de Delmas, Gonzalo Fort Arenas, agente de la CNI en Arica y trasladado a Antofagasta y más tarde a Osorno, contra su voluntad. Sus cercanos han declarado que su nueva destinación fue producto de fuertes presiones del suboficial José Aqueveque. En el sur, Fort se empecinó en averiguar qué había sucedido realmente con Delmas y también oyó -entre otras- las historias que vinculaban a su fallecido cuñado con el coronel Parera.

No pudo seguir con su investigación. El 27 de abril de 1984, Fort se encontraba en su casa. Entre las 2 y las 2.30 AM, su esposa lo encontró tendido en una cama, con un balazo en el pecho y sobre éste una foto arrugada de Juan Delmas; en sus manos había un papel y un lápiz. Los teléfonos de la casa estaban cortados. El caso fue etiquetado como suicidio. Años más tarde, el caso del agente CNI fue propuesto a la Comisión Rettig, que luego de investigarlo lo declaró "sin convicción".

Hasta allí, parte de la oscura trama que descubrió el equipo policial que trabaja bajo las ordenes del juez Alejandro Madrid. El magistrado logró determinar que, pese a la disolución de la DINA en 1977, la Brigada Mulchén siguió operativa varios años después. Su última operación fue el acoso y apremio ejercido sobre uno de sus integrantes, Remigio Ríos San Martín, hasta obligarlo a cambiar su testimonio judicial en el que había revelado los detalles del asesinato de Carmelo Soria, para eludir la prisión. Y tuvieron éxito porque el crimen fue amnistiado. Un crimen que involucró al grupo de escoltas mas selectos de Pinochet, hombres que conocían todos sus secretos. Como el brigadier Jaime Lepe, quien fue también escolta de Lucía Hiriart y que muy probablemente ahora no podrá escapar de la prisión.

El poder oculto y los crímenes de la Brigada Mulchén

Pocas unidades represivas de la dictadura han permanecido tanto tiempo secretas, aún preservan crímenes ocultos y seguirán dando tanto que hablar. Conocida como uno de los dispositivos letales más selectos de la DINA, el historial de la Brigada Mulchén -bautizada con este nombre de origen mapudungún, al igual que la Caupolicán y la Lautaro- inició su amarga fama con el asesinato del funcionario de la Cepal y diplomático español Carmelo Soria (1976).

En la tortura y homicidio de Soria participaron también miembros de la célula Quetropillán, "el diablo que mata" en idioma mapuche, aunque otros la traducen como "Dios volcán", posiblemente en referencia al inactivo cráter de 2.360 metros ubicado en el límite de las regiones de Araucanía y los Ríos.

Como apéndice de la Mulchén, la Quetropillán operaba básicamente en manos de Michael Townley y Eugenio Berríos ("Hermes") en la casa de la DINA que habitaba el primero, en Vía Naranja # 4275, Lo Curro. Allí funcionaba un laboratorio químico en el que ambos desarrollaron la versión chilena del gas sarín y otros venenos, como las toxinas botulínicas. En la fría formalidad del papel, la agrupación figuraba como "Centro de Investigación y Desarrollo Técnico Quetropillán".

La sola mención de Townley y Berríos vincula a la Mulchén con los asesinatos de Orlando Letelier (Washington, 1976), del general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, 1974), y del propio Berríos (Uruguay, 1993). Otra de sus agrupaciones -"Alacrán"- eliminó usando el sarín al conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y al cabo Manuel Leyton (1977). Hasta hoy, uno de sus principales jefes, el alto oficial de Ejército Guillermo Salinas, se mantiene lejos de cualquier presidio. Pero será por poco tiempo.

No ha sido fácil para ningún juez confeccionar la nómina de los integrantes de la Brigada Mulchén. Lo que sí es un hecho cierto es que lo peor que le puede pasar hoy a un oficial activo del Ejército es que lo pongan en la lista. Es lo que le sucedió al general Eduardo Ludovico Aldunate Hermann cuando se encontraba al mando de la misión militar en Haití. Al final, resultó que Aldunate no pasó por la Mulchén, pero sí por el grupo escolta de Pinochet que estuvo en su origen. También sirvió en la CNI. Aldunate se fue a retiro recientemente.

La importancia de determinar sin margen de error si el ex Presidente Eduardo Frei Montalva fue eliminado con sustancias toxicas fabricadas por la DINA, obligó al ministro en visita Alejandro Madrid a profundizar en el historial de la Mulchén y en sus crímenes. Con esa base, se sabe hasta ahora que entre quienes pasaron por sus filas figuran los entonces oficiales Guillermo Salinas Torres (su primer comandante), Pablo Belmar Labbé, Jaime Lepe Orellana, Raúl Eduardo y Alfredo Iturriaga Neumann, Patricio Quiloth Palma, Manuel Pérez Santillán, Juan Delmas Ramírez, Rolf Wenderoth Pozo y los suboficiales José Remigio Ríos San Martín, José Aqueveque Pérez, Jorge Hernán Vial Collao y Bernardino del Carmen Ferrada Moreno ( en servicio activo en 1992). Con el tiempo varios de sus integrantes terminaron siendo ascendidos y obtuvieron la amplia confianza de Augusto Pinochet, a quien prestaban seguridad en los anillos más cercanos al general.

Sólo de la lista anterior, cuatro miembros de la Mulchén aparecen implicados de una u otra forma en el crimen de Calama: Delmas, Iturriaga, Pérez Santillán y Aqueveque.

A Madrid le interesa determinar si después de la disolución de la DINA (1977) la Mulchén siguió o no operativa. Además del Caso Calama, hay otros hechos que demuestran que los viejos compañeros siguieron por lo menos hasta bien entrados los ’90 borrando huellas, obstruyendo pesquisas judiciales -para lo cual contaban con el fiscal Torres Silva, que tuvo un sillón en la Corte Suprema como auditor del Ejército hasta fines de esa década- y asegurándose que nadie los pusiera como acusados frente a un tribunal.

Así ocurrió precisamente con el caso Soria en 1993, cuando los ex Mulchén se enteran por uno de sus infiltrados en Investigaciones que uno de ellos, José Remigio Ríos San Martín, había confesado los detalles del crimen ante dos detectives. Sabiendo que para que la declaración fuera válida debía ser ratificada ante el juez, iniciaron la cacería dirigida por el brigadier Jaime Lepe, desde su privilegiada posición de secretario general del Ejército. Tanto Lepe como Patricio Quiloth, entonces en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), debieron ocupar todos los medios a su alcance para encontrarlo y presionarlo para que cambiara su testimonio. Sólo no lo mataron porque habría sido muy evidente la mano de sus autores.

Había urgencia. No solo porque implicaba al anillo más cercano a Pinochet, sino también por un párrafo de la confesión de Ríos: "El mismo día que detienen y matan a Soria el comandante Guillermo Salinas me presentó a un visitante en la casa de Lo Curro, posteriormente el señor Quilot me informó que se trataba del cubano Virgilio Paz (asesinó a Orlando Letelier en Washington). Conozco a Eugenio Berríos alias "Hermes". Yo utilizaba la chapa ALBERTO ARROYO QUEZADA hasta mediados del ’82 cuando era su escolta".

En un restaurante en Ñuñoa se produjo finalmente el encuentro entre Ríos y sus ex compañeros. Afuera vigilaban los escoltas de Pinochet. Cada detalle fue como una película de espías. De allí salió Ríos con una nueva camioneta y una pensión. Días más tarde cambiaría su versión judicial sobre el crimen de Soria. Aunque Ríos después lo reconoció ante un juez, eso no logró cambiar el destino del Caso Soria: se aplicó la Amnistía en 1996. Pero Lepe no pudo llegar a integrar el cuerpo de generales, como era su sueño. El Presidente Eduardo Frei se negó a ascenderlo y se fue de baja como brigadier.

03 de Diciembre de 2008 El Mostrodor

La historia del torturador que fue incluido como víctima en el Informe Valech

 El ex detective Arturo Eugenio Garay González fue sindicado por testigos como uno de los torturadores de un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano en 1974. Hoy aparece registrado como víctima de torturas en el Informe sobre Prisión Política y Tortura, y recibe los beneficios correspondientes, entre ellos una pensión mensual.

Por Miguel Paz

Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, figura inscrito en el Informe Valech con el número 9.481. Se trata de uno de los 27.255 casos acogidos por la Comisión creada por Ricardo Lagos para determinar quiénes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura.

Su caso, sin embargo, tiene una peculiaridad: entre 1974 y 1975 integró un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano y -según consta en diversos testimonios judiciales- participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido por ex prisioneros de la base naval como uno de sus torturadores.

La historia parte en los primeros meses de 1974, el día en que Garay flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura. Ese día, el joven detective se convirtió en agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región. Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos, según ex presos que lo recuerdan.

"Él fue uno de mis torturadores"

El siquiatra Luis Peebles es uno de ellos. Peebles era secretario general del MIR en Concepción y fue detenido y llevado a la Base Naval en diciembre de 1974. "Él fue uno de mis torturadores directos", dice Peebles, sobre Garay y recuerda que al principio de su detención "no sabía quién era".

"Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo ví", agrega el psiquiatra, aludiendo a que Garay era uno más de los integrantes del grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D’Arcangelis; los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic).

Luego de su período de detención en la Base Naval, Peebles fue enviado a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi y Tres y Cuatro Álamos. Fue expulsado del país en julio de 1975 y se exilió en Bélgica. Tres décadas después, el 21 de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. Dice que no lo reconoció hasta que empezó a hablar.

El encuentro ocurrió en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución de escena del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, también reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: Hugo González, José Cáceres, Víctor Donoso, Osvaldo Harnisch y Conrado Sesnic.

En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por efectivos de la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato, en febrero de 1975, de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del Golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay, quien participó en la reconstitución de escena en calidad de testigo.

La versión que dio a la Comisión Valech

En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y pasó a retiro en septiembre de 1986.

Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del agente represivo que evocan los ex presos de la Base Naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina. Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.

Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los "Valech": una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada por el Informe Valech, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros de Pinochet.

Renato Czischke y Roberto Arriagada, dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción, cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él no fue apresado el 11 de septiembre y que nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Lo dicen porque ellos estaban en la prefectura el día del Golpe de Estado, siendo apresados y llevados a la Isla.

Según el relato de Czischke, en la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla.

"En la época, Garay no estaba en la prefectura. Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría," asegura Czischke. El relato de Arriagada, quien alcanzó a estar tres días en la Isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, es similar: nunca vio a Garay en el lugar.

"¿Podría haber otros más?"

La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano. Radicado en Austria, Zott vino a Chile el año 2006 para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. "Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción", dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975.

"Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?", se pregunta Zott.

Imposible saberlo, explicó la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda, en una entrevista realizada en 2007 sobre este tema. Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda dijo que desconocía qué documentos presentó Garay al Informe Valech y descartó que su caso ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003.

"No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención", explicó y aseguró que "los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el Informe".

Sepúlveda detalló que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales.

De todas formas, se manifestó abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. "El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas".

01 de Diciembre de 2008 El Mostrador

"Detenido aparecido" fue inscrito con huellas dactilares de otra persona

La situación de Germán Cofré no deja de sorprender. El protocolo de autopsia hecho por la ex jefa de la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal en 1995 que lo ubicó como víctima en el Patio 29 del Cementerio General, revela que se usaron las huellas de Armando Muñoz Catrileo, nacido en Lumaco en 1944, quien hasta el cierre de esta nota figuraba como vivo, cuestión que el Registro Civil está reverificando para no cometer nuevos errores.

Por Jorge Molina Sanhueza

Germán Cofré Martínez, conocido como el "detenido aparecido", fue inscrito, por un error en el protocolo de autopsia hecho por el Servicio Médico Legal (SML), con huellas de otra persona en el Registro Civil.

La información la obtuvo El Mostrador en una alta fuente de esta última repartición, quien indicó que el informe fechado en 1995 y realizado por la perito Patricia Hernández, entonces funcionaria del SML, usó las huellas de Armando Muñoz Catrileo, nacido en Lumaco en 1944, para integrarlas a la identidad de Cofre.

Este hecho se suma a la cadena de errores y anomalías que salieron a la luz pública con la llegada a Chile de Cofré hace algunas semanas a la casa de su esposa, que recibía una pensión estatal, ya que figuraba como detenido desaparecido, luego de haber sido identificado como víctima. Sus restos estaban supuestamente enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. Cofré, en todo caso, vivió los últimos 30 años en Argentina.

La labor del SML desde mediados de los 90’ ha sido duramente cuestionada, ya que tuvo una serie de errores de identificación, entregando en algunos casos, restos cambiados a los deudos.

Este hecho quedó al descubierto hace algunos años, cuando este medio publicó el llamado informe de la Universidad de Glasgow  cuyos resultados fueron escondidos durante siete años por las autoridades de Justicia por varios años, lo que derivó en la renuncia de Hernández y en la exoneración del ex jefe del SML, Jorge Rodríguez a principios de 2006.

Muñoz Catrileo, según los registros de Dicom está vivo, aunque el Registro Civil indaga, para evitar un nuevo error, si ello es efectivo.

La investigación

La historia de Cofré como un sujeto en el servicio de identidades, comenzó en 1968 cuando pidió por primera vez su cédula.

Años más tarde, en 2004, solicitó en Mendoza, ya figurando como desaparecido, un carné, el cual le fue rechazado, ya que para los efectos legales figuraba muerto. En todo caso, el documento le fue entregado el 30 de mayo de 2008.

De hecho, en abril de este año el Registro Civil presentó una denuncia al Ministerio Público, entidad que se declaró incompetente pues los hechos son anteriores a la vigencia de la reforma en Santiago y los derivó al 22 Juzgado del Crimen de Santiago.

El caso no ha estado exento de polémica. Incluso el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en un informe al subsecretario del ramo, Felipe Harboe, culpó al Registro Civil por las anomalías.

Harboe debiera entregar una versión final esta semana, donde se verificarán las responsabilidades políticas y funcionarias relativas a este caso.

Familia de fusilado gana histórica batalla judicial

- Fallo condena al Estado a pagar la suma de 100 millones de pesos a la madre y al hijo del fallecido.

Por Poly Raín /  La Prensa Austral / prayn@laprensaaustral.cl

Treinta y cinco años después de que el profesor Carlos Raúl Baigorri Hernández fuera fusilado por militares, en el Regimiento Caupolicán de Porvenir, un fallo judicial ordena al Estado de Chile a pagar la suma de 100 millones de pesos al hijo y a la madre del occiso.

Baigorri, de 31 años, era maestro de la Escuela Coeducacional F-39 de Porvenir, y secretario regional del Partido Comunista. Este fue ejecutado junto al empleado de Socoagro, Germán Simón Carrasco, de 24 años, y al empleado de Impuestos Internos, Ramón González Ortega.

Según consta en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, estas tres personas habían sido detenidas en forma separada en sus respectivos domicilios en fechas anteriores y luego de pasar por otros recintos, fueron conducidas al Regimiento Caupolicán de Porvenir.

El día 30 de octubre de 1973 en la madrugada, los afectados fueron sacados del lugar en que dormían y llevados por unos suboficiales al polígono del regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte.

Según testimonios confiables presentados ante esta Comisión, los detenidos habrían sido fusilados en el polígono a las 4 de la madrugada del 30 de octubre, con el objeto de efectuar una medida ejemplarizadora.

FALLO

En un fallo reciente, de fecha 14 de noviembre, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió la demanda civil respecto de los familiares de Carlos Baigorri. La acción indemnizatoria fue interpuesta por Dieter Baigorri Kuvacic, hijo, y María Hernández Ponce.

En voto dividido, los ministros resolvieron que, "en relación con el daño moral sufrido por el hijo y la madre de la víctima Carlos Raúl Baigorri Hernández, esto es, los demandantes civiles señor Dieter Franz de Jesús Baigorri Kuvacic y la señora María Gregoria Hernández Ponce, es un hecho evidente que al haber sufrido el primero la muerte de su padre cuando solamente tenía cuatro años de edad, quedando sólo junto con su madre, la cual debió afrontar su cuidado y mantención, sin poder éstos, como también la madre de la víctima recurrir al derecho básico de exigir el oportuno esclarecimiento del crimen a la justicia, permite constatar la existencia del daño moral que se reclama de su parte, y, apreciando el Tribunal prudencialmente su monto se determina el mismo en la cantidad de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, más reajustes desde la fecha de la demanda e intereses desde la fecha en que el presente fallo se encuentre ejecutoriado".

De este modo, el fallo revocó lo resuelto en primera instancia por el ministro de fuero Joaquín Billard, quien no dio lugar a la demanda civil.

El fallo, en su parte civil, podría ser objeto de apelación por parte del Consejo de Defensa del Estado ante la Corte Suprema.

La Nación 

Viernes 10 de octubre de 2008   

Por Jorge Escalante

Abuelas de Plaza Mayo y jueza Servini de Cubría buscan saber si es hijo de desaparecidos chilenos

La mujer que se lo apropió, una uruguaya esposa de un militar de esa nacionalidad, le confesó antes de morir: "Tu verdadera madre es una guerrillera". La verdad le cambió su vida y partió a refugiarse a Canadá.

 Foto: La justicia argentina busca antecedentes que prueben que Pablo G. sería hijo de los chilenos Ángel Athanasiu Jara y Frida Elene Lascham, quienes fueron hechos desaparecer en Buenos Aires el 15 de abril de 1976.

En la Avenida Artigas 896 de la ciudad de Piedras, Uruguay, el apartamento número 2 se ve vacío y en oferta de alquiler. Un vecino del edificio de cuatro pisos cuenta que Pablo se fue a Canadá hace unos meses.

"Su vida cambió mucho desde que hace unos tres años murió su madre, con quien vivía aquí" dice uno de los habitantes del edificio. Pablo se tornó extraño, comenzó con fiestas hasta la madrugada, líos con los vecinos y la policía, peleas, y se puso un tanto agresivo. "Como que se aisló de todo el mundo", relata a La Nación otro de los vecinos.

En los primeros meses de 2007, Pablo tomó sus cosas y partió una mañana "sin retorno", dijo otro de los moradores. Hoy es Pablo G.C. pero no es el mismo Pablo.

Eso fue lo que le trastornó la vida al joven hoy de 33 años, y hasta hace pocos años deportista, alegre, amigo de sus amigos, y sano como una lechuga bien regada con agua pura.

Cuando la uruguaya que decía ser su mamá murió de una enfermedad incurable, le contó a Pablo la verdad: "yo no soy tu madre, tu verdadera madre es una guerrillera" le dijo.

A Pablo, que acababa de cumplir los 30 años, la noticia lo golpeó fuerte, porque siempre creyó que el militar uruguayo Asdrúbal G. era su verdadero padre. Y la moribunda mujer apellidada C., su madre. (La Nación conoce ambos apellidos, pero no los publica en respeto a Pablo).

NIÑO SECUESTRADO

El joven comenzaba entonces a vivir la historia dramática de aquellos niños secuestrados junto con sus padres que desaparecieron asesinados por la dictadura argentina. Y ellos -algunos de sólo meses de edad, otros de uno o pocos años más- fueron a parar a las manos de los apropiadores, constituyéndose todo en una operación que se volvió muy cercana al tráfico de niños.

Hasta Uruguay llegaron varios. El punto de arribo fue frecuentemente la ciudad de Colonia, y desde allí a sus nuevos destinos, a otros brazos, la mayoría con brazaletes, galones y estrellas, medallas al mérito por los crímenes que cometieron como en todas las dictaduras militares.

Hoy no se sabe científicamente quién es Pablo. Lo claro es que no es ni G. ni C., porque su madre apropiadora se lo confesó antes de la muerte.

La jueza argentina María Servini, a solicitud legal de las Abuelas de Plaza de Mayo, trata de constatar si efectivamente Pablo es el hijo de los militantes del MIR chileno detenidos y hechos desaparecer en Buenos Aires el 15 de abril de 1976, Miguel Ángel Athanasiu Jara y Frida Elena Laschan Mellado.

Aunque el Informe Rettig da a Miguel Angel como "estudiante argentino", no es así. Dos de sus hermanas nos cuentan parte de la historia en Los Angeles, VIII Región.

Buscando la confirmación mediante el ADN, en octubre de 2007, la jueza Servini de Cubría ordenó la exhumación desde el cementerio de Mulchén de Constantino Athanasiu Inostroza, padre de Miguel Angel.

Las piezas óseas viajaron después hasta Buenos Aires custodiadas por personal del Servicio Médico Legal chileno. Ahora la magistrada ordenó nuevas pericias a realizarse en Chile, las que dicen también relación con la confirmación por ADN de la verdadera identidad del joven.

Pablo en principio estaba dispuesto a someterse a un examen de sangre, pero por alguna razón cambió repentinamente su parecer y se fue a Canada. Coincidentemente, en ese país vive una hermana de su madre apropiadora.

En nuestro viaje a Uruguay logramos saber que Pablo estableció lazos estrechos de cariño con ella y, en menor grado, con el militar que conoció como su padre. Buscamos a Asdrúbal G. en Montevideo en una dirección obtenida, pero nadie contestó en el departamento después de varios intentos.

El militar, adscrito en aquel tiempo al Ministerio de Interior de la dictadura uruguaya, habría trabajado conformando un equipo especial en la represión.

La Nación

Lunes 29 de septiembre de 2008  | 11:08   

Los chilenos detenidos en Argentina accedieron al sistema de juicio abreviado luego de reconocer que incurrieron en el delito de porte ilegal de armas. Los condenados están imputados en Chile por el crimen del cabo Moyano.

 A tres años y seis meses de cárcel por el delito de porte ilegal de armas de guerra fueron condenados los dos ex lautaristas Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla.

Durante el juicio abreviado que duró una hora se revisó los detenidos en la Cárcel de Neuquén se declararon culpables de los ilícitos imputados, facilitando así la rapidez del trámite.

El fiscal Héctor Trobba solicitó tres años y seis meses de cárcel contra Fuentevilla y 3 años y siete meses para Villarroel, lo que fue acogido por los magistrados.

Mientras que el abogado de los detenidos indicó que "están en la Cárcel de Neuquén, en la U-11, que es una cárcel provincial. Supongo, no hay nada que indique lo contrario, que van a cumplir su pena ahí". No obstante el jurista solicitó que sus representados accedan a mejor trato pues aseguró que han pasado veinte días encerrados en celdas de alta seguridad..

Los reos fueron aprehendidos luego de protagonizar un incidente con los guardias de un bar de la ciudad de Junín de Los Andes.

Tanto Fuentevilla como Villarroell están imputados de participar en el crimen del cabo Luis Moyano, ocurrido en octubre del año pasado en Santiago.

29 de Septiembre de 2008

En el marco de la Operación Cóndor

El exhorto enviado por la jueza María Servini de Cubría revela que el menor, nacido de la pareja de los militantes del MIR, Frida Laschan y el trasandino Miguel Athanasiu, está inscrito en Uruguay con otro nombre. El ahora hombre de 33 años ha mantenido contacto con autoridades vecinas y reconoció que sus padres actuales no son los biológicos.

Jorge Molina Sanhueza

La jueza argentina María Servini de Cubría envió un exhorto a Chile para obtener una muestra de ADN que permita identificar al hijo de una pareja de ex militantes del MIR: la chilena Frida Laschan y el trasandino Miguel Athanasiu, quienes figuran como detenidos desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor.

El menor nació con la identidad de Pablo Athanasiu Laschan, pero actualmente vive en la localidad de Piedras en Uruguay, donde ya fue ubicado Claudia Petrakos, hija de una pareja detenida desaparecida argentina, que también tiene una hermana nacida en cautiverio y que desconoce su destino.

A través del correo electrónico y llamadas telefónicas, el joven de 33 años reconoció que sabía que sus padres actuales no eran los biológicos, lo que aumentó las sospechas.

Se trata del primer caso del hijo de una chilena nacido mientras estaba detenida por los organismos represivos transandinos que se conoce en Chile y del cual hay algunas pistas concretas.

La información aparece en el informe de tres páginas que preparó la fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado -que publica íntegramente El Mostrador.cl, el cual fue aprobado el 22 de septiembre por la Segunda Sala (Penal) del máximo tribunal, por la unanimidad de sus cinco miembros.

La tramitación de este exhorto fue tratada con discreción tanto por la Cancillería -que envió los antecedentes el pasado 13 de agosto- como por los tribunales. De hecho en el listado de fallos en el que diariamente se conocen las resoluciones, sólo podía leerse N.N. al referirse a las partes, respecto al delito de sustracción de menores.

En Chile la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) señala que existen al menos nueve casos similares, pero nunca se ha podido probar que los hijos de las mujeres embarazadas hubieran sido regalados a los militares que las mantuvieron detenidas. La diferencia con Argentina es significativa, ya que en el país trasandino existen al menos 500 casos acreditados, lo que ha dado pie a películas y libros, como también a la creación de la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), con sedes en todo el país. La pareja Athanasiu-Laschman fue detenida por Carabineros el 13 de Septiembre de 1973 -a dos días del Golpe- en la ciudad de Lautaro, Novena Región, donde esta última trabajaba en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA).

Aunque se le tramitó un proceso en su contra, es sobreseída, cruzando con Athanasiu a San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, Argentina. Allí se enteran que son vigilados desde Chile y se trasladan a Buenos Aires.

A través de una carta a la familia, se informa que el matrimonio y el niño han sido detenidos en Buenos Aires el 15 de abril de 1976. Desde esa fecha se les perdió el rastro a todos. La magistrada, la misma que llevó el proceso por el atentado de la DINA, al general Carlos Prats, solicitó a las autoridades chilenas que se realice la exhumación de Laura Mellado Garrido, madre de la mujer, quien fue sepultada hace algunos años en el cementerio general, para tener una muestra de ADN, con el fin de cruzarla con la del joven que vive en Uruguay.

Respecto a la pareja desaparecida la Comisión Rettig, en Chile, reconoció que fueron víctimas de desaparición forzada en el país vecino, pero no pudo sostener "sin margen de error, la responsabilidad de agentes del Estado chileno en estos hechos".

Lea el exhorto completo (En formato PDF)

El Mostrador

Lanacion.cl 

Martes 23 de septiembre de 2008  | 11:04   

Por Jorge Escalante

La ministra Eliana Quezada de Valparaíso procesó por el secuestro y desaparición del sacerdote Miguel Woodward a al menos una decena de oficiales y suboficiales (r).

Funcionarios de la Brigrada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones procede en estos momentos a detener en Valparaíso a cerca de una decena de oficiales y suboficiales en retiro de la Armada por orden de la ministra Eliana Quezada, quien dictó hoy un nuevo procesamiento por el secuestro y desaparición del sacerdote Miguel Woodward.

La magistrada amplió de esta manera los encausamientos que dictó en abril de este año cuando encausó a tres vicealmirantes, dos capitnes de navío y un teniente de la Armada, todos en retiro, como coautores y encubridores del crimen del religioso.  

Los nuevos procesados están siendo conducidos hasta el palacio de tribunales de valparaiso donde la jueza tiene su despacho, para ser notificados del auto de reo. Se desconoce hasta ahora si alguno de ellos pudiese aún estar en servicio activo, lo que es poco probable.  

La resolución de la ministra afecta a quienes tuvieron participación directa en la detención y traslado de Woodward alrededor del 21 de septiembre de 1973 en su domicilio en el cerro Placeres del puerto.

El religioso que era militante del Mapu fue primero llevado hasta dependencias de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, y allí recibió la primera golpiza. Luego lo llevaron a la Academia de Guerra Naval en el cerro Playa Ancha, donde fue torturado hasta quedar moribundo.

Por su estado grave fue conducido hasta el buque escuela Esmeralda donde existía un hospital de campaña, pero Woodward no resistió y murió presumiblemente a bordo del mismo barco, o en el trayecto cuando desde esa nave lo llevaron hasta el Hospital Naval, entonces ubicado en el cerro Playa Ancha. 

A esta hora integrantes del grupo de amigos de Miguel Woodward se informan de la situación en el palacio de tribunales de Valparaíso. Esta es una información en desarrollo, y lanación.cl desconoce hasta ahora las identidades y la cifra exacta de los procesados, lo que se tendrá alrededor del mediodía.

Eventualmente la magistrada también podría haber conectado estos nuevos procesamientos por Woodward con las otras causas que investiga por los delitos de tortura en dependecias de la Armada a prisioneros que sobrevivieron.

Lanacion.cl 

Miércoles 6 de agosto de 2008  | 09:32   

Expulsada rumana Nutica Raia está en manos de la PDI luego de cumplir condena por asalto en que murió su pareja. El delincuente fue acusado en crimen de Jaime Guzmán.

Foto: Nutica Raia al salir de la cárcel. Foto: TVN

 El tiempo que sea necesario para resolver su solicitud de viajar junto a su hijo, permanecerá en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) la ciudadana rumana Nutica Raia (31), viuda de Sergio Olea Gaona.

Para ejecutar la expulsión dictada en su contra, la mujer fue detenida anoche a su salida del Complejo Penitenciario de Valparaíso, al cumplir los tres años y un día de cárcel por su participación en el asalto en que falleció su pareja.

"Estoy bien, porque me voy a ir a mi casa", dijo en escuetas declaraciones a la prensa que esperaba el trámite a la salida del penal. Consultada por su hijo, aseguró: "me voy con él".

De acuerdo al subprefecto jefe del Departamento de Extranjería, Patricio Ulloa, detalló que "el tiempo que ella esté con nosotros es netamente hasta que terminemos todo el proceso administrativo que ella se pueda regresar con su hijo sin ningún problema a su país".

Se informó que mientras se prepara la expulsión, y se espera una resolución de un tribunal de familia con la finalidad de viajar con su hijo menor, quien está con custodia de la madre de Olea, permanecerá en el cuartel San Francisco de la PDI.

Raia cayó presa por colaborar en el asalto en un asalto a la sucursal del BancoEstado en Algarrobo, el 29 de julio de 2005, que planificó Olea, quien se hizo conocido en 1991 cuando se le vinculó erróneamente con el crimen del senador (UDI) Jaime Guzmán. Éste falleció baleado en el atraco al igual que el guardia Marco Valdivia.

Podlech y su trato a detenidos y torturados después del Golpe

Lanacion.cl / Agencias 

Miércoles 30 de julio de 2008  | 12:53   

 Juez español que logró detención de Pinochet en Londres tiene en sus manos al ex uniformado capturado en Madrid. Desde Chile, la Cancillería aseguró "protección consular".

 Foto: Garzón, el lunes último, durante una actividad universitaria. Foto: EFE

 El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, a la espera de que se resuelva en ese país una eventual entrega a Italia, fue quien decidió enviar a prisión al ex fiscal militar durante la dictadura de Chile, Alfonso Podlech Michaud, detenido el domingo en ese país.

Así se dio a conocer en esta jornada en medios hispanos con lo que se confirma una nueva actuación en un caso relacionado con crímenes de  Derechos Humanos en Chile del mismo magistrado que mantuvo detenido al ex dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998.

Garzón, en su calidad de titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, adoptó dicha medida después que el chileno compareciera en la Audiencia Nacional el domingo último cuando fue identificado y detenido, mientras se tramita una orden de extradición a Italia.

En Santiago, en tanto, el canciller (s), Alberto van Klaveren, informó que el consulado en Madrid dará protección al ex uniformado."Estamos averiguando la situación procesal en que se encuentra y nuestro consulado en Madrid ha recibido instrucciones muy claras en el sentido en otorgar la protección consular que corresponde a todo ciudadano chileno que se encuentra en esas circunstancias", explicó.

Podlech Michaud fue capturado en el aeropuerto de Barajas en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades italianas por su presunta relación con la desaparición del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli Leonelli, en 1973.

La Fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar (1973- 1990), entre ellos el religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía arresto político.

En julio de 2006, su familia presentó en Chile una querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese mismo año, y contra Podlech, quien cuando se produjo la desaparición ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.

Venturelli, ex cura que había colgado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento "Tucapel", de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.

Entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro. Un documento firmado por el hoy detenido señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

Lanacion.cl 

Jueves 17 de julio de 2008  | 11:53   

El otrora hombre fuerte de Augusto Pinochet y ex senador institucional fue procesado junto al ex general Hugo Prado y al coronel en servicio activo Marcos Bustos por la muerte de cinco frentistas en 1987.

 El ministro Mario Carroza procesó al coronel en servicio activo Marcos Bustos y a los ex generales Hugo Prado y  Santiago Sinclair  por el delito de homicidio calificado referente a la desaparición de cinco integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ocurrido en septiembre de 1987.

El proceso conocido como causa de los cinco es considerado emblemático por la  comunidad de derechos humanos pues se trata de uno de los últimos crímenes  de la dictadura.

En el caso, el magistrado indaga las causas que rodearon el asesinato de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, investigación en que también están procesados otros 18 militares en retiro, entre los que figura el ex jefe de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) general (r) Hugo Salas Wenzel.

Destaca en la resolución, el nombre del general Sinclair,  considerado como mano derecha en su momento de Augusto Pinochet y quien incluso ostentó el grado de vicecomandante en jefe del Ejército.

Sinclair fue designado senador institucional en representación del Ejército hasta 1997.

Lanacion.cl 

Lunes 30 de junio de 2008  | 21:07   

Se trata del teniente coronel Juan Loyola Villarroel, con 29 años en la institucíón, quien fue contactado por el abogado de la banda, Hernando Marín, para dejar sin efecto una infracción de tránsito.

 Carabineros resolvió dar de baja este lunes al teniente Coronel Juan Loyola Villarroel, luego que se comprobara que tuvo contacto con el abogado de la banda Los Cavieres, Hernando Marín.

Según informó el jefe de Seguridad y Orden Público de la institución, Samuel Cabezas, el oficial con 29 años en la institución, quien se desempeñaba como comandante de la Dirección de Fronteras y Cargos Especializados, se escucha en unas grabaciones telefónicas dialogando con Marín.

"Este contacto consistió en que el comandante intercedió ante personal subalterno para evitar que se cursara una infracción al tránsito", explicó, añadiendo que hasta ahora ésa sería la única vinculación de Loyola con los "Carejarro", aunque se mantienen las indagaciones.

La Nación

Lunes 30 de junio de 2008   

El ministro Solís, luego de años de investigación, estimó que el ex jefe de la DINA es el máximo responsable de este crimen, dictando cadena perpetua por los homicidios además de veinte años de presidio por asociación ilícita. Lista de condenados incluye a Pedro Espinoza, Raúl y Eduardo Iturriaga Neumann, Mariana Callejas, José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike.

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert.

En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

La Nación 

Lunes 30 de junio de 2008   

 Por Jorge Escalante  

La querella será interpuesta esta semana por el abogado Hugo Gutiérrez

 La acción penal afecta a Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Vicente Pérez, Roberto Araya y Manfredo Mayol. Es la primera vez que llevan a tribunales a periodistas por crímenes de lesa humanidad.

Una querella por la participación penal que les cabría en el encubrimiento del asesinato por agentes de la DINA de seis militantes de izquierda -en noviembre de 1975- en el caso conocido como Rinconada de Maipú, será interpuesta en el curso de esta semana por el abogado Hugo Gutiérrez en contra de los periodistas Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita, Roberto Araya Silva y Manfredo Mayol.

El abogado Gutiérrez dijo a La Nación que "luego que el tribunal de ética del Colegio de Periodistas sancionó a estos profesionales, considerando que les cupo responsabilidad ética en su conducta por estos crímenes -incluso el Colegio pidió perdón público-, creemos que la justicia debe pronunciarse respecto de la culpabilidad penal que les pueda corresponder".

Gutiérrez manifestó "nosotros sostenemos que a ellos les cupo responsabilidad como cómplices de estos delitos, pero eso deberá establecerlo el ministro Alejandro Solís que instruye el proceso por estos hechos".

Para el abogado querellante, "una parte importante de la ciudadanía siente que estas personas deben enfrentar un tribunal y que éste decida si son o no culpables".

Hasta ahora, Sánchez, Pérez y Mayol no han prestado declaración en el proceso, lo que tras la presentación de esta querella, deberían hacer "en calidad de inculpados", como lo pedirá Gutiérrez. Sí lo han hecho Julio López y Roberto Araya.

Sería la primera vez que en una causa por violaciones a los derechos humanos se busca que un tribunal establezca si profesionales de la prensa tuvieron o no responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad.

En el sumario ético que abrió el Colegio de Periodistas, Julio López reconoció que concurrió hasta Rinconada de Maipú junto a agentes de la DINA, al igual que Roberto Araya, que además integraba esa organización. En esa investigación, quedó establecido que agentes pasaron a buscarlos a TVN, donde ambos trabajaban entonces junto a Vicente Pérez y Manfredo Mayol.

En el caso de Claudio Sánchez, canal 13 -lugar donde trabajaba en 1975- confirmó en una carta al Colegio que Sánchez aparece informando del suceso en un video, material que no entregaron por "asuntos laborales" pendientes con el periodista.

Los cinco mencionados fueron sancionados con suspensión de sus colegiaturas y censura pública, excepto Araya que fue expulsado. Sánchez recibió su sanción por negarse a declarar. Éste recurrió a la Corte de Apelaciones en contra del fallo que lo sentenció, pero perdió por unanimidad en la Novena Sala de ese tribunal.

El falso enfrentamiento de Rinconada de Maipú consistió en difundir a través de esos medios la información de que los seis opositores de izquierda murieron enfrentados con agentes de la DINA.

Sin embargo, el ministro Solís acreditó que las seis personas fueron torturadas y acribilladas en el centro clandestino de Villa Grimaldi y que el supuesto enfrentamiento fue un montaje para justificar los crímenes. Las víctimas fueron Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Manuel Reyes, Alberto Gallardo, Luis Ganga y Pedro Cortés. LN

Domingo 29 de junio de 2008  | 21:18   

Por Jorge Escalante / Lanacion.cl 

A las 10.00 de mañana el ministro Alejandro Solís dará a conocer la sentencia por la que condenó a seis oficiales, un suboficial (todos en retiro) y dos civiles, todos  ex agentes de la DINA, por el doble homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en el barrio de Palermo en Buenos Aires.

A esa hora el magistrado citó a las hijas del general Angélica y Cecilia, y a la abogada querellante Pamela Pereira, dado que el otro abogado demandante Hernán Quezada se encuentra en Washington.

Luego el juez notificará de su fallo a los abogados de los sentenciados (ver nota aparte).

Con esta resolución se cierra el primer capítulo en la justicia chilena de este doble crimen ejecutado por agentes DINA bajo la supervisión y anuencia del dictador Augusto Pinochet.

Las condenas consideran altas penas de presidio, y hasta ahora no se ha podido confirmar si existe alguna pena de presidio perpetuo.

Recibirían penas de cárcel el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras Sepúlveda y el brigadier y ex segundo hombre del organismo, Pedro Espinoza Bravo. Ambos fueron acusados "en calidad de autores, como jefes, en el delito de asociación ilícita en el concurso real con el doble homicidio calificado" del general Prats y su cónyuge.

Además serían condenados a penas similares el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, el brigadier (R) José Zara, y el coronel (R) Christoph Willikie Flöel, en calidad de autores "como miembros en el delito de asociación ilícita, en concurso real con el doble homicidio calificado".

Estos tres últimos ocuparon cargos de jefatura en el departamento exterior de la DINA, organismo que decidió, planificó y ejecutó el doble crimen con la anuencia del dictador Augusto Pinochet.

La condena también afectaría al coronel Juan Morales Salgado, en calidad de autor "como miembro en el delito de asociación ilícita, en concurso real con el doble homicidio calificado". Morales tuvo una activa participación en el seguimiento de Prats en Buenos Aires para preparar el atentado, lo que quedó registrado en un documento "confidencial" firmado por él y dirigido a Contreras en junio de 1974.

Aquel documento lo entregó Pedro Espinoza al juez Solís, cuando en el Penal Cordillera de Peñalolén -donde ya cumplen condena por otros crímenes Contreras, Espinoza y Raúl Iturriaga- la enemistad entre ellos hizo crisis.

La ex agente Mariana Callejas sería también condenada como la única autora material, mientras el suboficial de inteligencia Reginaldo de la Cruz y el ex agente civil Jorge Iturriaga Neumann, recibirían sus condenas en calidad de cómplices.

Quedó con arraigo nacional.

Con gran marco de público, se realizó en la mañana de ayer el control de detención en contra de tres personas: Hector España, Sandra Rojas y el abogado y ex fiscal militar, Marcos Ibacache.

España fue formalizada por traslado y distribución de droga. Rojas por haber facilitado sus vehículos para el traslado de ésta y el financiamiento para comprar la droga en Argentina. En tanto Ibacache, porque en distinto distintos días y horas se comunicó vía teléfono con Rojas y con Sebastián Soplán, quien se encuentra detenido desde mayo de 2008, proporcionándoles información con respecto a la investigación que se seguía por el delito de tráfico de droga, lo que obstruyó a la justicia en el proceso de pesquisa de los involucrados en el ilícito.

Durante la formalización de cargos, el fiscal Eugenio Campos, para ratificar la acusación en contra del ex Fiscal Militar, dio a conocer grabaciones telefónicas de Ibacache con Rojas y Soplán.

El fiscal encargado del caso, solicitó al juez que los tres imputados quedaran con la medida cautelar de prisión preventiva, la que sólo fue aceptada para España. Ibacache, en tanto, quedó con arraigo nacional y Rojas, permanecerá detenida a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva que medida cautelar que va a decretar.

A la salida de la formalización de cargos, Ibacache expresó que encuentra importante la decisión del juez de no dejarlo en prisión preventiva y le agradeció a su abogado defensor, Francisco Cárdenas, por el apoyo entregado.

Se dio un plazo de 60 días para investigar lo ocurrido.

Francisca Zúñiga

Radio Polar 

 Lanacion.cl 

Viernes 27 de junio de 2008  | 09:56   

Ministro Goñi informó baja del jefe de la fiscalía militar de Punta Arenas, Marcos Ibacache, quien hoy dijo haber firmado renuncia voluntaria por investigación en su contra.

Los eventuales nexos con una red de narcotráfico que operaba en Punta Arenas, en la que están involucrados chilenos y argentinos, dejaron fuera del Ejército al hasta ayer Fiscal Militar de Magallanes, mayor Marcos Ibacache.

El ex uniformado, que encabezó casos emblemáticos como el mortal accidente de miltares en la Antártica o el espionaje en el consulado de Argentina, afirmó hoy que desconoce haber sido dado de baja como informó el Ministro de Defensa, José Goñi

"La verdad es que esta noticia de la destitución me he enterado por ustedes y el único documento que he visto yo es la renuncia voluntaria que yo firmé ayer. Yo solicité el retiro voluntario, si se decidió otra cosa yo no he sido notificado", dijo el abogado esta mañana a radio Cooperativa.

Este jueves, el titular de Defensa, comentó que en el caso "obviamente las autoridades del Ejército reaccionaron de inmediato como corresponde a una situación de esta naturaleza y ya ha sido solicitada y concedida la baja del funcionario".

Respecto de estos dichos, el aludido comentó: "yo dialogué telefónicamente, con el General de la Quinta División, Luis Torres y le hice saber mi decisión por esa vía, él lo entendió y acogió a tramitación" .

En la última jornada, Ibacache fue formalizado y sometido a arraigo nacional por el Juzgado de Garantía de esa ciudad por supuesto tráfico de drogas en un proceso en que también fueron imputados esta semana Héctor España y Sandra Rojas.

Su nexo en el caso surge de su relación con el argentino Sebastián Solán, quien en mayo último fue formalizado por el mismo caso junto a la también trasandina Pamela Díaz y los chilenos Pablo Morales, Vladimir Ayamante y Claudio Hernández.

El fiscal antidrogas Eugenio Campos le atribuyó al hoy ex Fiscal Militar la responsabilidad de "obstaculizar y encubrir la justicia" investigación en el delito de tráfico lo que expuso mostrando grabaciones a diálogos telefónicos suyos con los otros involucrados.

Ibacache aseguró que sólo asesoraba a Solán en trámites de extranjería. "Yo presté mi asesoría particular, fuera del servicio, porque a la fecha había solicitado 6 meses de licencia, sin goce de sueldo, para trabajar en mi oficina particular, por ello y dentro de este ejercicio, asumí esta representación".

"En virtud de esto y luego de la detención de esta persona, se llegó a mi vinculación por unas llamadas telefónicas, donde yo le hacía ver los momentos donde el podía venir a Chile", aclaró.

El ex jefe investigador militar del extremo sur fue duramente cuestionado en la investigación por la muerte de un capitán y dos suboficiales el 28 de septiembre de 2005 en que, por ejemplo, concedió libertad al ex comandante de la Base O’Higgins, el teniente coronel Armando Ibáñez, lo que fue objetado luego por la Corte Marcial.  

Además, la defensa de las familias de los fallecidos en esa ocasión apuntaron en su contra por negarse a citar a declarar al ex comandante en jefe el Ejército, Juan Emilio Cheyre, y por pronunciar una opinión sobre el fondo del proceso luego que rechazara recalificar el procesamiento de cuasi delito de homicidio a homicidio contra el teniente coronel Mauricio Toro.

La Nación 

 Martes 17 de junio de 2008   

 Imputado de abusos sexuales contra nana peruana (24) y su pequeña hija de sólo dos años de edad

El hecho se conoció dos meses después de ocurrido, cuando la víctima sufrió un ataque de sicosis al ver a uniformados armados. Carlos Parera Silva fue el oficial que desairó al Presidente Aylwin en la Parada Militar de 1990.

Foto: El general (R) Carlos Parera Silva fue formalizado en 2006 por los delitos de violación y abuso sexual. Ayer comenzó el juicio en La Serena.

En el Tribunal Oral Penal de La Serena comenzó ayer el juicio en contra del general (R) de Ejército Carlos Parera Silva por el delito de violación y abusos sexuales en contra de Alejandrina Janampa Quispe y su hija menor de edad, hechos denunciados en 2004 en la capital de la IV Región.

La mujer, de nacionalidad peruana, se desempeñaba como asesora del hogar del uniformado que se hizo conocido al desairar al ex Presidente Patricio Aylwin en la Parada Militar de 1990.

El ultraje ocurrió el 31 de julio de 2004, pero la afectada contó lo sucedido dos meses después, pues estaba atemorizada por el ex boina negra, también procesado por violaciones de los derechos humanos.

Al iniciarse el proceso, el fiscal Adrián Vega, especialista en delitos sexuales, recordó que la mujer mantuvo silencio hasta que en un supermercado se le perdió su hija, por lo que llamó a Carabineros y al ver a efectivos armados sufrió un ataque de nervios que hizo sospechar a la policía.

"La víctima sufrió una sicosis reactiva provocada por los hechos que pudo denunciar recién dos meses después de ocurridos", aseguró Vega. Además, debió permanecer 15 días en el Hospital Siquiátrico de Putaendo.

Vega afirmó que el general (R) Parera intentó en tres oportunidades abusar de su empleada, desde que llegó a trabajar en julio de 2004. Sin embargo, su intención se concretó el 31 de ese mes, cuando encañonándola con su pistola, la violó en la habitación de servicio que compartía con su hija, de quien también abusó.

PEDIRÁN 10 AÑOS DE CÁRCEL

El general (R) Parera, comando y paracaidista, fue formalizado el 22 de junio de 2006 por violación y abuso sexual.

A pesar de la gravedad de la pena asignada a los delitos, el juez de Garantía de La Serena, Carlos Jorquera, rehusó dejarlo en prisión preventiva y tampoco ordenó medidas cautelares, por lo que Parera Silva estaba en libertad. La Fiscalía presentará 22 testigos que acreditan los hechos y pedirá una condena de 10 años.

El ex uniformado aseguraba que al momento de los hechos no se encontraba en La Serena, pero el Ministerio Público echó por tierra su coartada tras indagar su flujo de llamadas telefónicas.

TRAYECTORIA

Parera Silva asumió en 1976 la jefatura del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), para perseguir a los opositores de la dictadura en el extranjero.

Fue sometido a proceso por el homicidio y secuestro de siete comandos del Regimiento Peldehue -caso conocido como Boinas Negras- asesinados por sus camaradas de armas por tener vínculos con la izquierda.

En 1980, en su calidad de juez militar de Santiago, aplicó la Ley de Amnistía en 70 casos de detenidos desaparecidos.

Santiago, 16 de Mayo de 2008.

  Señora:

MICHEL BACHELET JERIA

Presidenta de la Republica

                                                                Por la presente yo VICTOR ROSAS VERGARA, Abogado, cedula de identidad Nº 4.189.433-4, con domicilio en Phillips Nº 16, piso 5º, departamento Y, comuna Santiago, ciudad de Santiago, teléfono 664 36 76,  y en mi calidad de Presidente de la "Unión de Ex Presos Políticos de Chile", Personalidad Jurídica D.S. 3.057, del Ministerio de Justicia, del 6 de octubre de 2005, www.unexpp.cl,  que en base a mi "Derecho Legal de Petición" y amparado  en la Constitución Política de la República de Chile en su artículo 19  Nº 14, el cual señala que: "La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes", vengo en solicitar a usted:

1.- El tener a bien, conceder a la "Unión de Ex Presos Políticos de Chile", antes individualizada, una audiencia con usted, con el fin de plantearle nuestras principales preocupaciones en el tema de los Derechos Humanos y en particular de los ex prisioneros políticos y torturados.

 Conozco, Señora Presidenta, su sensibilidad sobre el tema de los Derechos Humanos, por ser lamentablemente una de las victimas, pero permítame indicar un pequeño ejemplo, de la forma en que maneja el Consejo de Defensa del Estado, los hechos acaecidos, entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Marzo de 1990, y que fundamenta una demanda presentada contra el Estado de Chile, como ejemplo permítame citar lo contestado, por dicho Consejo, y que a lo menos demuestra, o una falta de conocimiento histórico o una negación de los hechos, en causa "ABARZUA RIVADENEIRA, EDUARDO Y OTROS con FISCO DE CHILE", Rol: Nº 9.-2007,  a través de su abogada María Teresa Muñoz Ortúzar, quien señala que: "En consecuencia, el demandante deberá acreditar todos los hechos en que fundamenta su demanda, en particular, la pretendida calidad de ex presos políticos de cada uno de sus representados, acreditando de manera precisa las fechas y circunstancias en que habrían adquirido y dejado de tener tal calidad, los lugares en que habrían permanecido prisioneros, así como los padecimientos que dice habrían experimentado todos ellos" , sobre esto sólo me queda decir una sólo cosa todos y cada uno de mis representados aparecen en el listado de la "Comisión  sobre Prisión Política y Tortura",  entiendo, como abogado, la función que debe cumplir el Consejo de Defensa del Estado, pero ello no da, en mi modesto entender, derecho a negar la existencia de horribles  hechos históricos y políticos, que asolaron nuestra querida Patria, de la cual me enorgullezco que usted dirija.

2.- Lamentablemente señora Presidenta, ya con fecha 25 de Mayo de 2007, le solicitamos una entrevista, de la cual acompaño copia, solicitud  de la que "suponemos, que por un mal entendido", se nos contesto, de la cual también acompaño copia, que "Sobre el particular, informo a usted que en la actualidad no es posible volver a acceder a su solicitud, ya que la Comisión  sobre Prisión Política y Tortura, ente facultado para ello, cesó en sus funciones en el año 2005, según disponía la ley que la regulaba";  Señora Presidenta, como se colige de la copia que acompaño, jamás en ninguna parte de la carta, solicite el que se nos califique de  "victimas  prisión y tortura por motivos políticos" , por lo que la respuesta dada ni siquiera satisfizo lo solicitado, para bien o para mal, ya  que nos contesto sobre lo cual nada hemos solicitado.

Esperando, Señora Presidenta, una respuesta pronta y positiva a lo solicitado, saluda a usted,

VICTOR ROSAS VERGARA

C.N.I: Nº 4.189.433-4

Presidente de la

"Unión de Ex Presos Políticos de Chile",

Personalidad Jurídica D.S. 3.057.

ANTECEDENTES            

La Constitución Política en su artículo 38, inciso 2, dispone: "Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos, podrá reclamar ante los Tribunales....".  La Ley 18.575 establece: "El Estado será responsable por los daños de los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones,.....". La reforma constitucional de 1988 modificó el artículo 5° de la Constitución dejando a nivel privilegiado los Pactos de Derechos Humanos, en términos que constituyen verdaderas directrices constitucionales de la actuación de todo órgano del Estado, siendo un deber del Estado promover y respetar dichas obligaciones.    En 1988 se ratificó y promulgó por Chile la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, tratado internacional de derechos humanos.  Cabe destacar el artículo 14 de la Convención que ordena: "Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización".  

 Las obligaciones contenidas en la Convención no han sido adecuadamente acogidas en nuestro ordenamiento legal interno, siendo necesario impulsar las medidas legislativas y administrativas que se ajusten a las obligaciones internacionales contraídas en tal Pacto. No se ha dictado la Ley que garantice a las víctimas de prisión política y tortura el derecho a una Indemnización justa y adecuada. Esto es un imperativo ético y jurídico. En cambio, el Consejo de Defensa del Estado opone la excepción de prescripción ante las demandas de las víctimas.  

La pensión reparatoria otorgada por la ley 19.992 constituye sólo una precaria rehabilitación en materia de previsión social. Por eso, no es posible que subsista impaga la deuda principal y que todavía nuestra legislación no garantice a las víctimas "el derecho a una indemnización justa y adecuada". Tal obligación constituye un verdadero principio general del Derecho, preexistente en un rango constitucional y legal, de modo que su exigibilidad es indiscutible.

La obligación de una adecuada reparación moral y económica, se entiende como un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado, en un proceso orientado a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para los ex prisioneros políticos, que tras la tortura y prisión han quedado en la mayoría de los casos en una muy desmedrada situación económica o en extrema pobreza.

Es urgente que el Ejecutivo patrocine una ley modificatoria de la Ley 19.992 de manera que corrija sus imperfecciones e inequidades. La paz social requiere de una ley reparatoria más digna, que incluya una Indemnización justa y adecuada a favor de las víctimas de prisión política y tortura y otras medidas para su rehabilitación lo más completa posible.   Los beneficios reparatorios no deben estar condicionados a que la víctima directa siga con vida.  Se requiere un proyecto de Ley de Indemnización que conceda  beneficios económicos que compensen los daños producidos por la privación arbitraria de libertad, la tortura y sus secuelas, la estigmatización social y los costos económicos de ella derivados.     La siguiente propuesta sigue el modelo de la Ley No.24.043 promulgada en 1992 por Argentina, que establece la indemnización por cada día que duró la medida represiva; pero a diferencia de la ley argentina se contempla un mínimo razonable, general para todos, atendiendo  al daño moral y a las secuelas de la tortura. Sobre ese mínimo, además,  se da un incremento por cada día de prisión que exceda los noventa días de privación de libertad. La indemnización debe ser proporcional al daño, como se dispone en la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, de 21 de marzo de 2006.

Propuesta de la Unión de Ex prisioneros Políticos de Chile:

PROYECTO DE LEY*

ARTÍCULO 1°.    Las personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, hayan o no iniciado juicio contra el Estado por daños y perjuicios, podrán acogerse a los beneficios de esta ley.

ARTÍCULO 2°.   El beneficio básico que establece la presente ley será de dos mil unidades de fomento (2.000 UF). La indemnización será incrementada con diez unidades de fomento por cada día que exceda de los 90 días de privación de libertad en forma de detención, arresto domiciliario, prisión preventiva, reclusión o presidio, relegación o extrañamiento. Además, cuando las referidas personas, durante el lapso que duró la medida represiva, hubiesen sufrido violación sexual o recibido lesiones graves de las que produzcan invalidez o, peor aún, que hayan sido determinantes de su fallecimiento posterior, el beneficio se fijará en la forma indicada precedentemente, más un incremento por tal hecho de un cincuenta por ciento

ARTÍCULO 3°.   Los derechos otorgados por esta ley podrán ser ejercidos por las víctimas directas o, en caso de fallecimiento, por sus herederos. La recepción del pago del beneficio importa la renuncia a todo derecho contra el Estado de Chile por indemnización de daños y perjuicios en razón de la privación de libertad y tortura. 

ARTÍCULO 4º.  Los beneficiarios a que se refiere el artículo 13 de la ley 19.992, podrán traspasar el beneficio de la beca a uno de sus descendientes hasta de segundo grado de consanguinidad en línea recta, quienes podrán postular a cualquiera de las becas de las letras a),b),c) y e), bajo las condiciones que establezca el reglamento. En caso de fallecimiento del beneficiario, presentándose más de un descendiente que postule a la beca, el Ministerio de Educación asignará la beca a aquel que tenga mayor mérito académico.

ARTÍCULO 5º.  La pensión establecida en el artículo 2º de la Ley 19.992 será compatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, tampoco afectará a los que hayan sido beneficiarios de las pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975. En caso de fallecimiento del beneficiario, la pensión será recibida en un 100% por el cónyuge sobreviviente.

ARTÍCULO 6º.  Los beneficiarios del programa PRAIS serán adheridos a FONASA, quedando exentos de cotizar por la pensión.

ARTÍCULO 7º.    Aquellas personas que fueren posteriormente incorporadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura a la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, tendrán derecho a todos los beneficios indicados en la Ley 19.992 y en la presente ley, según corresponda, a contar del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que se produzca la señalada incorporación.''.

* Requiere Iniciativa del Poder Ejecutivo

Redacción del Abogado Víctor Rosas Vergara, presidente de la UNExPP de Chile

                  El tortuoso camino que siguen las demandas judiciales de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.  La amarga realidad es que los juicios se eternizan y el Consejo de Defensa del Estado juega un papel indigno en esto. Cuando se demanda al Estado el procedimiento establecido es el del juicio de hacienda, de lato conocimiento, ordinario, con toda clase de privilegios para el demandado Fisco de Chile. En estos últimos años ha estado apareciendo la noticia de sentencias de segunda instancia que acogen la demanda, pero que luego el CDE presenta recurso de casación a la Corte Suprema. 

                      Lo que rara vez se informa es que esos juicios llevan alrededor de quince años de tramitación, por las artimañas de que hace gala la mañosa defensa del Estado para dilatar indebidamente las causas.    Ello va contra toda Ética y Moral.    Contraviene los buenos deseos de toda la comunidad internacional que se ha expresado categóricamente en contra de esas innobles prácticas. 

                Concretamente, las víctimas deben tener acceso a una justicia rápida y efectiva como dispone la Resolución 60-147 de 2006, de la Asamblea General de la ONU:     "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones".

              Sin embargo, esas disposiciones siguen siendo "letra muerta" en nuestro país.    El Estado debe asumir un rol activo para propiciar un acceso  real y efectivo a una justicia rápida, en materia de reparaciones, a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. 

               Lo más paradójico es que fue Chile uno de los principales impulsores de este tema en la Comisión de DD.HH. de la ONU, en Ginebra, donde se trabajó años con expertos internacionales en elaborar esos "Principios y Directrices Básicos...", al punto que el representante chileno (Alejandro Salinas) presidió la Comisión y fue Relator del tema ante  el Consejo Económico y Social. 

               Ahora, se ve como absurdo que Chile haga "vista gorda" en este importante tema. Para remediar esto, esperamos que el Ejecutivo impulse la propuesta de reforma procesal civil que hemos preparado y asuma la iniciativa para sacarlo adelante con suma urgencia. El proyecto de ley también puede ser iniciado por parlamentarios.

                 Se hace necesario reformar el procedimiento civil a fin de agilizar las causas y no se eternice la espera por reparación, además, que se establezca categóricamente la imprescriptibilidad de dichas acciones civiles. 

                Frente a las legítimas expectativas de las víctimas por "una indemnización justa y adecuada", cobra mucho valor se impulse medidas alternativas de carácter permanente que garanticen un acceso real a una justicia rápida y efectiva.   Por ello, es necesario exceptuar estas causas de la tramitación de excesiva preferencia al Fisco, contenida en el lato procedimiento de los Juicios de Hacienda (Libro III, Título XVI del Código de Procedimiento Civil).

                  Nuestra propuesta introduce modificaciones al artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  

                     El texto definitivo del artículo 4º de la ley 18.575 quedaría del siguiente tenor:

 "Art. 4. º  El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado".

 En el caso que la acción u omisión constituyese una violación grave a los derechos humanos, la responsabilidad civil del Estado será imprescriptible y el procedimiento aplicable será el del juicio sumario. Será admisible la demanda colectiva

El Consejo de Defensa del Estado podrá avenir en el juicio. En este procedimiento el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo.

 Las Cortes darán preferencia a la vista de estas causas en los recursos que se interpongan. Las apelaciones interpuestas en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, y demás recursos que se interpongan, gozarán de preferencia para su vista en las Cortes de Apelaciones, en los términos que establece el inciso segundo del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. 

Se considerarán violaciones graves a los derechos humanos aquellas que afecten gravemente la vida, la integridad psíquica y física y la libertad personal. "

                             SI LOGRAMOS HACER REALIDAD ESTA REFORMA PROCESAL CIVIL, ESTAREMOS ABRIENDO LAS ANCHAS ALAMEDAS.  

                            Víctor Rosas Vergara, abogado y presidente de la ONG de Desarrollo "Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile".  Phillips 16, piso 5º Y, teléfono 6643676, Santiago.

                  El tortuoso camino que siguen las demandas judiciales de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.  La amarga realidad es que los juicios se eternizan y el Consejo de Defensa del Estado juega un papel indigno en esto. Cuando se demanda al Estado el procedimiento establecido es el del juicio de hacienda, de lato conocimiento, ordinario, con toda clase de privilegios para el demandado Fisco de Chile. En estos últimos años ha estado apareciendo la noticia de sentencias de segunda instancia que acogen la demanda, pero que luego el CDE presenta recurso de casación a la Corte Suprema. 

                      Lo que rara vez se informa es que esos juicios llevan alrededor de quince años de tramitación, por las artimañas de que hace gala la mañosa defensa del Estado para dilatar indebidamente las causas.    Ello va contra toda Ética y Moral.    Contraviene los buenos deseos de toda la comunidad internacional que se ha expresado categóricamente en contra de esas innobles prácticas. 

                Concretamente, las víctimas deben tener acceso a una justicia rápida y efectiva como dispone la Resolución 60-147 de 2006, de la Asamblea General de la ONU:     "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones".

              Sin embargo, esas disposiciones siguen siendo "letra muerta" en nuestro país.    El Estado debe asumir un rol activo para propiciar un acceso  real y efectivo a una justicia rápida, en materia de reparaciones, a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. 

               Lo más paradójico es que fue Chile uno de los principales impulsores de este tema en la Comisión de DD.HH. de la ONU, en Ginebra, donde se trabajó años con expertos internacionales en elaborar esos "Principios y Directrices Básicos...", al punto que el representante chileno (Alejandro Salinas) presidió la Comisión y fue Relator del tema ante  el Consejo Económico y Social. 

               Ahora, se ve como absurdo que Chile haga "vista gorda" en este importante tema. Para remediar esto, esperamos que el Ejecutivo impulse la propuesta de reforma procesal civil que hemos preparado y asuma la iniciativa para sacarlo adelante con suma urgencia. El proyecto de ley también puede ser iniciado por parlamentarios.

                 Se hace necesario reformar el procedimiento civil a fin de agilizar las causas y no se eternice la espera por reparación, además, que se establezca categóricamente la imprescriptibilidad de dichas acciones civiles. 

                Frente a las legítimas expectativas de las víctimas por "una indemnización justa y adecuada", cobra mucho valor se impulse medidas alternativas de carácter permanente que garanticen un acceso real a una justicia rápida y efectiva.   Por ello, es necesario exceptuar estas causas de la tramitación de excesiva preferencia al Fisco, contenida en el lato procedimiento de los Juicios de Hacienda (Libro III, Título XVI del Código de Procedimiento Civil).

                  Nuestra propuesta introduce modificaciones al artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  

                     El texto definitivo del artículo 4º de la ley 18.575 quedaría del siguiente tenor:

 "Art. 4. º  El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado".

 En el caso que la acción u omisión constituyese una violación grave a los derechos humanos, la responsabilidad civil del Estado será imprescriptible y el procedimiento aplicable será el del juicio sumario. Será admisible la demanda colectiva

El Consejo de Defensa del Estado podrá avenir en el juicio. En este procedimiento el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo.

 Las Cortes darán preferencia a la vista de estas causas en los recursos que se interpongan. Las apelaciones interpuestas en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, y demás recursos que se interpongan, gozarán de preferencia para su vista en las Cortes de Apelaciones, en los términos que establece el inciso segundo del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. 

Se considerarán violaciones graves a los derechos humanos aquellas que afecten gravemente la vida, la integridad psíquica y física y la libertad personal. "

                             SI LOGRAMOS HACER REALIDAD ESTA REFORMA PROCESAL CIVIL, ESTAREMOS ABRIENDO LAS ANCHAS ALAMEDAS.  

                            Víctor Rosas Vergara, abogado y presidente de la ONG de Desarrollo "Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile".  Phillips 16, piso 5º Y, teléfono 6643676, Santiago.

La Nación 

Viernes 16 de mayo de 2008   

 Por Jorge Escalante  

El único procesado, jefe del Estadio Chile, fue ubicado en 2004 por otro magistrado

 El ministro Juan Fuentes Belmar fracasó en la tarea de ubicar a los oficiales que lo torturaron y al autor material de los disparos que le dieron muerte. La Corte podría ordenar al juez que reabra las indagaciones.

 Foto: El crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973, podría quedar impune si la Corte Suprema no ordena reabrir las indagatorias, como lo solicitará la parte querellante. Foto: Archivo La Nación

Con apenas un procesado, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar cerró el sumario (fase indagatoria) del juicio que se instruye por el crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973.

Sin embargo, es probable que la Corte de Apelaciones obligue al magistrado a reabrir la investigación, pues la parte querellante apelará por el cierre.

La viuda, Joan Jara, se mostró ayer "impactada" por la decisión de Fuentes, mientras el abogado querellante Nelson Caucoto expresó que aún falta por identificar a otros oficiales que participaron en las torturas y posterior asesinato del mítico artista, como también al autor material del crimen. (Ver página 34).

En el ambiente judicial creció ayer la convicción sobre la falta de profundidad y dedicación del ministro Fuentes para indagar los crímenes de lesa humanidad en las causas que tiene en sus manos, actitud que los querellantes le han imputado también en otros procesos.

Una alta fuente de tribunales comentó ayer que "si esto lo tuviera el ministro Víctor Montiglio, ya habría identificado hasta el gato que se paseaba por el techo del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara".

El único encausado es hasta ahora en calidad de autor (no material) es el coronel (R) de Ejército Mario Manríquez Bravo, que era el comandante del Estadio Chile cuando fue usado como centro de detención en las horas posteriores al golpe de Estado de 1973. No obstante, el procesamiento fue dictado en diciembre de 2004 por el juez Juan Carlos Urrutia, quien tenía entonces la investigación a su cargo.

Si bien en ese recinto hubo varios oficiales jóvenes que se ensañaron con los detenidos y en especial con Víctor Jara, el ministro Fuentes no logró identificar a ninguno, a pesar de numerosos testigos que le han aportado información.

Entre los que falta por conocer y detener es al oficial apodado "El Príncipe" que, de acuerdo a prisioneros sobrevivientes, habría sido quien mató a Víctor Jara disparándole varios tiros. Se sospechó que este podría ser el oficial retirado Edwin Dimter Bianchi, pero Fuentes Belmar no pudo acreditarlo.

CONTRERAS V/S ESPINOZA

En otro plano, producto de las rencillas internas al interior del Penal Cordillera entre el ex jefe de la DINA Manuel Contreras y el segundo Pedro Espinoza Bravo, el Mamo acusó a Espinoza de ser el autor de la muerte del cantautor, pero Espinoza lo negó y replicó a Contreras imputándole otros delitos. La rencilla por estas acusaciones cruzadas fue publicada por LND el 24 de junio de 2007.

Víctor Jara fue detenido junto a otras personas el 12 de septiembre de 1973 al interior de la Universidad Técnica del Estado en Estación Central, y conducido al Estadio Chile que hoy lleva su nombre. Allí sufrió el odio de sus represores al saber de quién se trataba.

Luego de ser literalmente masacrado según quienes lo vieron y han declarado en la causa, entre el 15 o 16 de septiembre de ese año lo mataron con varios tiros y su cuerpo fue abandonado junto a otros cinco cadáveres cerca del Cementerio Metropolitano.

Lanacion.cl 

Sábado 10 de mayo de 2008   

 El Ejecutivo confirmó que se presentará un recurso de nulidad tras el fallo del Ciadi. "No es un problema de dos lucas más o cinco lucas menos", dijo el ministro Vidal, pese al riesgo de ir a un juicio que se puede extender por dos años y que podría resultar más caro para el Estado que pagar los US$16,6 millones fijados de indemnización.

  Una cuestión de principios es para el gobierno su  estrategia de buscar la nulidad del fallo del Ciadi que obliga a pagar a Joan Garcés y Víctor Pey una indemnización de US$16,6 millones, por la expropiación del diario Clarín a manos de la Junta Militar en 1973.

El concepto fue utilizado tanto por el ministro de Economía, Hugo Lavados, como por el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, para explicar la toma de posición del Ejecutivo. “Un punto fundamental para el gobierno de Chile es que los principios son lo más importante”, dijo Lavados.  

El titular de Economía explicó que “vamos a recurrir con el recurso de nulidad, lo que significa impugnar el fallo", pese a que admitió que se corre el riesgo de ir a un juicio que se puede extender por dos años más y que podría resultar más caro para el Estado que pagar la cifra de la condena.  

Pero esto no inmovilizará al gobierno, según las palabras del vocero Vidal. “No es un problema de dos lucas más o cinco lucas menos”, espetó. “Cuando uno está convencido de un concepto, de un principio, esto independientemente de los dólares, sean 500 o sean los que fueron, la decisión del gobierno es pedir la nulidad, porque no está de acuerdo con el juicio, no está de acuerdo con el concepto”, remarcó.

"El tema de lo que sale un poco más barato o un poco más caro no es la consideración más importante", aseguró a su turno el titular de Economía, quien explicó que en este caso el Gobierno está defendiendo dos ideas fundamentales.

 "Un principio es que una persona que tiene la ciudadanía chilena (Víctor Pey), no puede plantearse como inversionista extranjero; un segundo principio es que no puede existir retroactividad respecto de distintas normas o convenios internacionales firmados. El tema es que uno recurre de un fallo de los tribunales, porque considera que no es correcto, que es injusto o que es erróneo. Si no existiera esa convicción no se plantearía el recurso", aseveró  

El plazo para presentar el recurso ante el Ciadi es de 120 días, y un acuerdo extrajudicial se ve lejano. “Las probabilidades de transar en este momento no las divisamos dad la manera cómo se ha llevado adelante el juicio y los argumentos que ambas partes, particularmente los demandantes han entregado”, dijo Lavados.

LEA ADEMÁS:

Herederos de Volpone: “Nos gustaría joderle la pita a Pey”

La inminente reaparición de “Clarín”

La Nación 

Martes 29 de abril de 2008   

 Por Andrea Chaparro

En fallo unánime, la Octava Sala dispuso que un juzgado del crimen quede a cargo de la causa

El tribunal de alzada dispuso que se realizaran diligencias que pudieran estar pendientes, como judicializar la declaración del ex miembro de Patria y Libertad, Guillermo Claverie Bartet, quien ha aportado nuevos antecedentes del crimen.

Foto: Según la versión de Guillermo Claverie Bartet, el edecán Araya fue asesinado por un fusilero apostado en un edificio al frente domicilio del marino.

En un fallo unánime, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó ayer reabrir la investigación por el homicidio del edecán naval del Presidente Salvador Allende, Arturo Araya Peters, ocurrido en calle Fidel Oteíza, comuna de Providencia, el 27 de julio de 1973.

El dictamen da curso a la solicitud de sus familiares respecto de realizar nuevas diligencias en la causa, como judicializar la declaración del ex miembro de Patria y Libertad, Guillermo Claverie Bartet (62), condenado en 1980 por la fiscalía naval a tres años de presidio como autor material del crimen, quien en su testimonio legalizado ante notario- asegura que él no disparó al fallecido edecán.

Esta confesión de Claverie permitió a los hijos de Araya pedir la reapertura del caso luego de que el 18º Juzgado del Crimen decretara el sobreseimiento tras estimar que se había agotado la investigación.

Los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Carlos López dispusieron que la causa sea remitida al tribunal correspondiente, ya que el antiguo juzgado que instruía el proceso se fusionó.

AUTOPSIA

Los antecedentes aportados por Claverie, y que han resultado clave para seguir la investigación, concuerdan con los peritajes balísticos realizados por la Policía de Investigaciones, así como con los resultados de la autopsia que hizo en el Hospital Militar el médico Tomás Tobar.

Claverie explicó -en entrevista con LND- que él se encontraba abajo del balcón por donde se asomó el edecán y que ninguna de las balas de su arma pudo provocarle la muerte, pues cuando escuchó una ráfaga se ocultó y sólo después de unos segundos hizo unos disparos que no habrían alcanzado a Araya.

Según los informes balístico y forense, los disparos que provocaron la muerte al edecán impactaron de manera frontal su cuerpo. De hecho, respecto de la bala que mató a Araya impactándole en el pecho, el informe forense del doctor Tobar establece: "La trayectoria intracorporal seguida por el proyectil estando el cuerpo en posición normal [de pie], es de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, y ligeramente de arriba hacia abajo. El disparo corresponde a los llamados de larga distancia en medicina legal y es de tipo homicida".

Lo anterior se condice con la versión de Claverie y hace presumir que pudo haber un sujeto apostado frente al domicilio del edecán y que las balas provenían de allí.

Asimismo, el ex miembro de Patria y Libertad sostuvo -en conversación con LND- que él se encontraba a unos cuatro metros y medio del balcón y que sus balas tuvieron una trayectoria inversa a la descrita en los informes.

En el proceso judicial aún no está claro quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen pero -de acuerdo a los antecedentes contenidos en la causa- se presume que se trató de una operación para apurar el golpe de Estado, y se pretendía atribuir a grupos de izquierda.

Por La Nación Domingo 

Domingo 20 de abril de 2008   

Foto: Guillermo Claverie, condenado como autor del crimen del edecán de Allende

Su historia es de novela. Sostiene que fue torturado y dopado para arrancarle una confesión, y que en la Fiscalía Naval firmó sus declaraciones a punta de pistola. Los hijos del edecán, que ya no creen que él haya sido el asesino de su padre, son hoy su única luz de esperanza. Por primera vez cuenta su drama.

Abre la puerta de su casa con una sonrisa, aunque dice que para él su existencia está destrozada. Cigarrillo en mano, chal al cuello y bien peinado, su saludo amable no logra disimular un rictus de sufrimiento. Pero una luz, que parece salida de un buen guión de cine, se enciende ahora al final del negro túnel que cruza ya por 35 años.

"¡Yo no maté a su padre, yo no asesiné al edecán Araya, créanme por favor!", clama Guillermo Claverie Bartet (62 años) con voz desgastada por el tiempo que lo ha tratado con rigor. Acechado por fantasmas que nunca se han rendido para seguir recordándole las horas y los disparos de aquella noche del 26 de julio de 1973 en calle Fidel Oteiza, en Providencia. La noche del crimen del edecán naval del Presidente Salvador Allende, Arturo Araya Peeters.

"Me golpearon, me torturaron, me amenazaron con la muerte y perdí a mi familia y las ganas de vivir, pero jamás lograron que confesara el crimen que no cometí, aunque la justicia naval me condenó como el autor material", afirma mirando a los ojos.

Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como el asesino oficial del edecán de Allende, después de que a los instigadores del complot para apurar el golpe de Estado un grupo de ultraderecha y algunos altos oficiales en servicio activo de la Marina de 1973 se les derrumbó la trama que habían planeado para culpar del crimen a un grupo de izquierda, incluidos algunos miembros de la guardia personal de Allende.

Escuchar el relato de Claverie sobrecoge. Es primera vez que cuenta su historia y no resulta fácil convencerlo que hable con LND, porque todavía siente miedo.

"Nunca pude leer mis declaraciones que me hicieron firmar en la Fiscalía Naval. Y un día que me puse a leer una de ellas, después de un interrogatorio, el secretario del fiscal naval Aldo Montagna, el oficial Jorge Garretón Iturra, se metió la mano a la chaqueta del uniforme y sacó una pistola. Y me dijo: ‘¡Oye, huevón, que leís tanto, agradece que todavía estái vivo y firma ahí!’. Y por supuesto que así siempre firmé todo".

Sus confesiones confirman lo que los hijos del edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la justicia naval y que culminó en 1980 con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche: "Es que esa investigación está plagada de vicios", sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado.

Los hijos buscan desde hace casi cinco años que un nuevo juicio establezca la verdad del crimen de su padre y se conozca al o a los verdaderos autores, materiales e intelectuales. Pero se han encontrado con "situaciones extrañas" que los hacen sospechar que todavía hay manos que quieren tapar más de algo.

Con estas confesiones de Claverie, los hijos del edecán pretenden que la Corte de Apelaciones de Santiago ordene reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que hace unos meses fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.

Aquella noche

El recuerdo de Guillermo Claverie de lo que sucedió aquella noche aún está nítido. Cuando entran por la calle Fidel Oteíza, donde vivía el edecán, era cerca de la medianoche.

"Vi a un señor que se asomó a un balcón y le gritamos que se entrara. Poco antes habíamos estado creando caos por los alrededores, como nos ordenaron. De repente sentí unos disparos aislados y al poco rato una ráfaga de ametralladora que salió desde el balcón. Entonces vi al señor que con su mano izquierda sostenía una ametralladora, y apuntaba hacia el frente y no hacia abajo, por donde pasábamos nosotros".

Acto seguido, dice Claverie, vio cuando la persona del balcón se inclinó hacia abajo como doblándose. "Yo todavía no había disparado", aclara.

Afirma que la luz artificial de la calle le permitió vislumbrar que el hombre del balcón vestía una bata "medio de color verde, como con unos dibujos en el pecho que me parecieron manchas. Hoy creo que eran manchas de sangre, porque se veía que la persona estaba herida".

Todavía Claverie no disparaba, pero lo hizo instantes después de escuchar la ráfaga que disparó el edecán hacia el frente. "Lo hice cuando ya no lo tenía a la vista, porque cuando escuché la ráfaga me agaché y busqué refugiarme debajo del balcón apegándome hacia el muro, dejé de verlo y entonces recién hice unos disparos. Es imposible que mis disparos ni siquiera hirieran a la persona del balcón que estaba a 4,5 metros sobre el nivel de la calle, porque yo ya no lo veía para nada".

Los imposibles

Todos estos detalles, que Claverie ha ido aportando a los hijos del edecán y que ahora accedió a contar a LND, coinciden plenamente con las pericias balísticas realizadas por la Policía de Investigaciones para el proceso iniciado en 1973 por la justicia naval. Y ratifican el resultado de la autopsia realizada al edecán Araya en el Hospital Militar por el doctor Tomás Tobar Pinochet, considerado una eminencia por sus pares y el mismo que practicó la autopsia al Presidente Allende.

Respecto de la bala que mató al edecán impactándole en el pecho, el informe forense del doctor Tobar establece: "La trayectoria intracorporal seguida por el proyectil estando el cuerpo en posición normal [de pie], es de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, y ligeramente de arriba hacia abajo. El disparo corresponde a los llamados de larga distancia en medicina legal y es de tipo homicida".

La precisa descripción científica derriba cualquier posibilidad de que los disparos de Claverie, como él también afirma, pudieran dar muerte o herir al edecán. A no ser que se profanen las leyes de la física y la balística, o interesadamente se quiera alterar las circunstancias del crimen.

La definición del doctor Tobar de que el disparo que causó la muerte del comandante Araya correspondió "a los llamados de larga distancia en medicina legal" coincide con la versión de Claverie respecto de su ubicación esa noche: casi pegado al muro de la casa y 4,5 metros por debajo del balcón donde estaba el comandante. Tal como está registrado en el expediente del juzgado naval. Vale decir, estaba casi al lado de la víctima.

Las huellas de la verdad

Los peritajes balísticos detectaron cinco impactos de bala en los muros de la casa del capitán de navío. "Tres adyacentes a la ventana del dormitorio, uno en el borde superior de la persiana de la ventana [del dormitorio], y uno en las inmediaciones del lugar donde fue herido el comandante Araya [inmediatamente debajo del borde del balcón]".

Pero las vainillas halladas frente a la casa sólo fueron cuatro. Con el proyectil que hirió de muerte al edecán, y que entró directo sin antes rebotar en alguna parte, los disparos suman seis. Pero nunca se hallaron las otras dos vainillas. Y las pericias balísticas establecieron que ninguna de las vainillas halladas en la calle, correspondientes a los disparos hechos por Claverie, pertenecen al proyectil encontrado en el cuerpo del edecán.

Eso significa que al edecán lo asesinaron con un arma distinta, y le dispararon desde otro lugar presumiblemente desde el frente de su casa , ligeramente desde arriba hacia abajo.

A pesar de todas estas evidencias, la investigación naval concluyó que el edecán de Allende murió por uno de los disparos de Claverie. ¿Quién hizo los dos disparos que varios testigos, según declararon en el proceso del Juzgado Naval, escucharon inmediatamente antes de que el edecán lanzara su ráfaga hacia el frente y minutos antes de que Claverie hiciera sus cuatro disparos?

Este antecedente cuadra con los seis disparos hechos esa noche hacia el balcón del edecán: cuatro vainillas halladas y dos no encontradas nunca.

¿Contrató el ex cadete naval Jorge Ehlers Trostel a un francotirador para que asesinara al comandante Araya, aprovechando el caos que el mismo Ehlers ordenó que el grupo de ultraderecha creara esa noche en las cercanías de la casa del edecán?

¿Por qué Ehlers literalmente huyó a Alemania días después de que los hijos del edecán interpusieron la querella en septiembre de 2003, refugiándose en ese país hasta hoy?

¿Por qué nadie tomó en cuenta la declaración de dos prostitutas que figura en el expediente de la justicia naval (cuyos nombres LND se reserva), afirmando que, paradas esa noche en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia y segundos después de escuchar disparos, vieron salir de un lugar a dos hombres corriendo, uno de ellos con un fusil en la mano, y que se subieron a una camioneta que tenía un disco que les pareció de vehículo fiscal?

Al estudiar las seis mil fojas del expediente del Juzgado Naval, como lo hizo LND, y analizar las declaraciones de los jóvenes ultraderechistas (algunos de Patria y Libertad) que actuaron esa noche, queda establecido que tres grupos coordinados actuaron a la espera de que el edecán llegara a su casa desde la Embajada de Cuba, donde había acompañado al Presidente Allende a una recepción por el aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Para hacer salir al comandante Araya al balcón, Juan Zacconi y Guillermo Necochea lanzaron una bomba frente a su casa. La llegada del edecán a su casa fue anunciada a éstos por otra bomba que explotó en las cercanías, lanzada por otro grupo. El segundo bombazo, el de Zacconi y Necochea, era la señal para que el tercer grupo, que debía entrar por la calle Fidel Oteiza, lo hiciera.

Torturas en la AGA

Estando Claverie detenido en la Cárcel Pública de Santiago, una mañana los gendarmes lo sacaron y condujeron a la oficina de la Fiscalía Naval. Allí, cuenta, lo recibió el oficial naval Germán Arestizábal, quien hacía de actuario. "Me sacó y me hizo subir a un Austin Mini, donde reconocí al oficial de la Fuerza Aérea de apellido Schindler, compañero de colegio". Le vendaron la vista y lo llevaron a la Academia de Guerra Aérea, en Las Condes.

"Ahí me amarraron a un catre y empezaron a golpearme en la planta de los pies con un palo o un fierro. Después me inyectaron en la vena lo que yo creo que fue pentotal, porque todavía no me sacaban mi propia confesión del crimen del edecán, como ellos querían. Nunca supe lo que respondí, pero no puedo haber dicho algo que era falso", expresa.

Cuando lo liberaron desde la cárcel, un año y medio después, cuenta que en su casa en Santiago se armó una pequeña fiesta que le dio el grupo con que actuó la noche del crimen. Pero durante el ágape se llevó más de una sorpresa.

"Esa tarde también llegaron el secretario de la Fiscalía Naval, Garretón Iturra, Arestizábal y otro oficial a quien no conocía, que dijo que venía en representación de la Armada. También llegó Jorge Ehlers, que extrañamente me regaló un queso entero, lo que en el lenguaje de la inteligencia significa que estás haciendo un regalo a un traidor".

Días después, al salir de una oficina donde había comenzado a trabajar, en la calle se le acercó un auto desde donde lo obligaron a subir.

"Era el Fifo Palma [César Palma Ramírez que después integró el Comando Conjunto] y en el auto vi como cinco metralletas. El Fifo me dijo. ‘¿Sabís que ahora te podemos matar por andar hablando, huevón?’. Le pregunté si era porque yo decía que no era el asesino del comandante Araya, y me contestó: ‘¡Ah, parece que te estái avispando, huevón! Vos sabís que en esto está metida gente que ahora es muy importante. Que no se te olvide’".

Un epílogo de emoción

Claverie se queda largo rato en silencio. Luego mira a Enrique, uno de los hijos del edecán presente en la conversación, y dice con tono sereno: "Haberlos conocido y hablar con ustedes ha significado para mí, después de 35 años, la desaparición de esa culpa que yo nunca tuve, pero que al final me grabaron en mi mente a golpes y amenazas. Ahora siento que con ellos, los hijos del comandante Araya, comparto un dolor y les he tomado tanto aprecio que cuando no los escucho por teléfono los echo de menos".

El indulto que Augusto Pinochet le otorgó a él y a todo el grupo el 22 de julio de 1981, "por servicios prestados a la patria", no logró sanar sus heridas. "¡Nunca he visto a tanto maricón junto!", expresa, como poniendo el sello a todo lo que después del crimen debió vivir.

Lanacion.cl 

Viernes 18 de abril de 2008     

Tras su procesamiento como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward el 16 de septiembre de 1973, los uniformados (r) ya están recluidos. La hermana de la víctima, Patricia Woodward, catalogó la resolución de la magistrada Eliana Quezada como un "paso adelante".

 En poder de la justicia y detenidos se encuentran ya los oficiales (r) de la Armada sometidos este viernes a proceso como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, en el marco de los crímenes cometidos a bordo de La Esmeralda tras el golpe militar de 1973.

A 34 años de su deceso y a seis de abierta la investigación, la ministra Eliana Quezada determinó la detención de los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío (r) Ricardo Riesco Cornejo, quienes fueron llevados al Cuartel de Infantería de Marina de Viña de Mar, mientas los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Weiber y Sergio Barra Von Kretschman quedaron bajo arresto domiciliario por su avanzada edad, ya que ambos superan los 80 años.

En tanto, el teniente primero (r) de Sanidad, Carlos Costa, procesado como cómplice de secuestro calificado, se refugió en una clínica de la Quinta Región para evitar ser arrestado.

La víctima más emblemática del caso que indaga la magistrada es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres en Valparaíso.

Desde allí fue conducido hasta la Universidad Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval para quedar finalmente prisionero en el buque escuela Esmeralda, utilizado para ese fin.

Un a vez ahí fue objeto de torturas junto a otros presos políticos, apremios que lo dejaron muy mal herido. Esta situación obligó a sus verdugos a llevarlo agónico al hospital Naval donde finalmente murió.

La autopsia de Woodward fue firmada por el teniente primero, Carlos Costa, quien en su calidad de médico visó la causa de fallecimiento.

Al momento del golpe militar de 1973, Adolfo Walbaum Wieber era contralmirante, Guillermo Aldoney Hansen y Sergio Barra Von Kretschmann eran capitanes de navío y Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo eran tenientes.

"UN PASO ADELANTE"

Tras conocer el procesamiento de los oficiales (r) de la Armada, la hermana del sacerdote víctima de la dictadura, Patricia Woodward, manifestó su satisfacción por la resolución de la magistrada y la calificó como "un paso adelante". 

"Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", expresó.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval.

Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos comandantes en jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

 Los ex subversivos Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla fueron capturados tras protagonizar una pelea en un bar de San Martín de Los Andes

La tercera on line

F. Díaz, G. Rodrigo, F. Palomera y P. Carrera

os ex subversivos Marcelo Villarroel Sepúlveda (35) y Freddy Fuentevilla Saa (37) fueron, durante cinco meses, los delincuentes más buscados del país, por su participación en el asalto al Banco Security el 18 de octubre del año pasado, donde fue asesinado el cabo Luis Moyano. Más de 150 carabineros se movilizaron para capturarlos, pero no aparecía ningún rastro de ellos.

Eso, hasta que en la madrugada del sábado intentaron ingresar ebrios a un conocido bar de la ciudad San Martín de Los Andes, en Argentina, se pelearon con los guardias y terminaron detenidos.

La gresca ocurrió cerca de las 2.30 del sábado, en el pub Down Town Matías. Villarroel (ex militante del Movimiento Lautaro) y Fuentevilla (ex miembro del MIR) llegaron hasta el lugar nocturno junto al estudiante universitario chileno David Eduardo Cid Aedo. Los tres intentaron ingresar al lugar, pero uno de los guardias de seguridad les prohibió el paso porque se encontraban ebrios. Eso motivó la furia de los ex subversivos, que comenzaron a increpar al personal del recinto.

En ese momento, Freddy Fuentevilla extrajo desde sus vestimentas una pistola calibre nueve milímetros, lo que motivó que los guardias se les abalanzaran y los redujeran. Los empleados llamaron a la policía de la ciudad -cuyo cuartel está a pocas cuadras- y detuvieron a los ex prófugos, que estaban tendidos boca abajo en la calle. Los policías, tras revisar la ropa de los ex subversivos, se dieron cuenta de que Villarroel también estaba armado con un revólver calibre .45.

Una vez en el cuartel policial, Fuentevilla dijo llamarse Juan Saavedra Salinas. Villarroel, por su parte, indicó que su nombre era Claudio Garrido Sepúlveda y Cid dijo que era Miguel Angel Prieto Chávez. Este último era único que andaba con algún tipo de identificación: un pase escolar adulterado.

AYUDA POLICIAL

Los policías transandinos se dieron cuenta de que las identidades no correspondían, por lo que se comunicaron con las autoridades chilenas.  Un equipo de Investigaciones viajó hasta la 23 Comisaría de la Policía Provincial de Los Andes y les tomaron las huellas dactilares. La pericia arrojó que se trataba de los ex prófugos.

Luego de la constatación de las identidades, los chilenos dijeron a la policía argentina que eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que ingresaron al país para participar en reuniones. Luego manifestaron que querían solicitar asilo político a la Presidenta Cristina Fernández, porque en Chile eran perseguidos por sus ideas.

Ayer, personal de Investigaciones  entregó al juez argentino Federico Somers, quien resolverá la situación de los tres chilenos, las órdenes de captura emanadas desde la fiscalía militar de Santiago.

Hoy los detenidos serán derivados al Juzgado Penal de Junín de Los Andes, acusados del delito de amenazas y porte ilegal de armas. En esta instancia se decidirá si se les sigue proceso en Argentina o son deportados a Chile en forma inmediata.

Los ex subversivos llevaban cerca de 30 días en Argentina y vivían en piezas arrendadas. Se presume que antes de su paso a la ciudad transandina estuvieron refugiados en la IX Región, con la ayuda de David Cid.

A Fuentevilla se le sindica como la persona que manejaba la motocicleta, donde escapó junto a Juan Aliste, aún prófugo, y quien le efectuó tres disparos al cabo Luis Moyano. El otro implicado, Carlos Gutiérrez, sigue prófugo. Estos dos ex subversivos también eran buscados ayer en San Martín de Los Andes.

El selecto pub donde cayeron

El pub al cual fueron a pasar la noche Fuentevilla y Villarroel, es un lugar para ser visto. Se trata de uno de los locales nocturnos más conocidos de San Martín de Los Andes. El Down Town Matías es un bar irlandés que existe desde 1973 en Argentina y que tiene locales en seis ciudades del país, donde van turistas, políticos y empresarios.

No es un "boliche" cualquiera. Es un bar que figura en las listas de bares celtas e irlandeses del mundo, y que en San Martín parece una cabaña alpina. Tiene estacionamiento propio y un exclusivo servicios de lockers para whisky destinados a sus clientes preferenciales.

Los errores que cometieron los ex subversivos capturados

No caracterizados
De acuerdo a las fotografías difundidas ayer, los prófugos prácticamente no andaban caracterizados. Estaban con poco dinero y arrendaban piezas.

Lugar no apropiado
Los ex subversivos concurrieron al bar Down Town Matías, un conocido lugar en la ciudad, frencuentado por autoridades  locales y turistas. Donde no era difícil que los identificaran.

Sospechas
Hace pocos días, según algunas fuentes, habían protagonizado otro escándalo, pero por el cual no fueron detenidos en San Martín de Los Andes.

Gobierno realiza gestiones para que ex subversivos sean expulsados

En la madrugada del domingo el gobierno obtuvo la confirmación de que dos de los tres chilenos detenidos en la ciudad de San Martín de Los Andes eran ex subversivos que habían participado en el violento asalto al Banco Security y en el crimen de Moyano.

El subsecretario de Interior, Felipe Harboe, indicó ayer que "se han realizado las gestiones correspondientes, a través del embajador Luis Maira, con el objetivo de lograr su pronta expulsión. Para esto se invocarán una serie de normas internacionales".

Maira ordenó la mañana de ayer que el cónsul de la provincia de Río Negro, Hernán Mena, acudiera hasta San Martín de Los Andes para que recabara los antecedentes respecto a la detención de Fuentevilla y Villarroel. Harboe indicó que Mena "hará las gestiones pertinentes ante la autoridad jurisdiccional y provincial correspondiente, con el objetivo de traerlos prontamente al país".

El cónsul Mena dijo a La Tercera que hay que esperar la audiencia de hoy para saber la suerte que correrán los chilenos. Si hoy el juez Federico Somers decide abrirles proceso en Argentina, la vuelta de los ex subversivos podría verse retrasada. En el año 2004 fue detenido en ese país Sergio Galvarino Apablaza, fundador del FPMR y autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, pero su extradición todavía no se concreta.

A primera hora del domingo, la fiscalía militar envió a Argentina el requerimiento contra los tres chilenos detenidos. El único que tenía orden de detención internacional vigente, emitida hace una semana, es Freddy Fuentevilla Saa, implicado directamente en el homicidio del policía.

En el caso de David Cid, está requerido por encubrir a los ex subversivos. La policía argentina indaga si los ex subversivos cometieron otros delitos en el país. Este antecedente es clave para determinar la expulsión.

Carabineros, por su parte, envió ayer a dos oficiales al país transandino en un avión institucional, para coordinar el eventual traslado a Chile. La diligencia fue autorizada por el fiscal militar Hernán Herrera, quien realiza las indagaciones por el crimen de Moyano. Fuentes vinculadas al caso señalaron que los ex subversivos abandonaron Chile por un paso clandestino y ayudados, aparentemente, por militantes del MIR-EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) que opera principalmente en el sur del país.

Por el asalto al Banco Security, está preso Víctor Hugo Jerez, imputado de robo con intimidación.

Juan Aliste, el homicida del cabo, continúa prófugo

El autor material del homicidio del cabo Luis Moyano, Juan Aliste Vega (36), todavía no ha sido ubicado por la policía y también es buscado en Argentina.

El ex subversivo perteneció al Movimiento Juvenil Lautaro y en 1991 fue detenido por el asesinato de otro uniformado, mientras planeaba asaltar una farmacia.

Estuvo recluido por 10 años en la Cárcel de Alta Seguridad, donde convivió con otros ex subversivos que también participaron en el atraco al Banco Security.

En 2004 fue indultado y realizó estudios de Periodismo. En el asalto en que falleció el cabo Moyano estaba sentado detrás de la motocicleta en que huyó junto a Freddy Fuentevilla Saa.

El otro autor del atraco que todavía no ha sido detenido es Carlos Gutiérrez Quiduleo (35). Ingresó al Lautaro cuando el movimiento estaba en decadencia y su cúpula encarcelada.

En 2003 participó en el asalto a un banco Santander en Ñuñoa, delito por el cual fue condenado a cinco años de presidio, pena que no ha cumplido.

Los informes del OS-9 de Carabineros indican que Gutiérrez estaría escondido en la zona de Temucuicui, en la IX Región.

En el asalto al Security estuvo disfrazado con una peluca color canosa y contaba el tiempo cada 10 segundos. También se encargó de intimidar a los clientes.

Diario Electronico El Mostrador

4 de Marzo de 2008

Defensa del ciudadano alemán condenado en primera instancia por abuso de menores e infracción a la ley de armas pidió peritajes físicos y psiquiátricos.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el ministro que agrupa las causas de Colonia Dignidad, Jorge Zepeda, realice peritajes físicos y psiquiátricos a Paul Schaefer.

La decisión del tribunal de alzada apunta a evaluar un sobreseimiento definitivo por razones de salud del jerarca de la Villa Baviera en todos los procesos abiertos en su contra.

Este dictamen es un duro golpe al magistrado, como también a los querellantes, que por años han perseguido la responsabilidad del ciudadano alemán.

La resolución, inspirada en una solicitud de la defensa, fue unánimemente visada por los ministros Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich, además del abogado integrante Carlos López.

Schaeffer fue detenido el 10 de marzo de 2005 en las afueras de Buenos Aires, luego de permanecer casi ocho años como prófugo de la justicia, tanto en los procesos abiertos en Talca como en Santiago.

Debido a su ingreso ilegal a Argentina, fue expulsado en un rápido trámite para responder por abuso sexual de menores y las desapariciones del militante del MAPU Juan Maino y el estadounidense Boris Weisfeiler.

Una vez en Chile, en 2006 fue condenado a 20 años de presidio por 20 delitos de abusos deshonestos y cinco por violaciones a niños, para posteriormente recibir otra por siete años por infracción a la ley de control de armas.

Lanacion.cl / Martes 4 de marzo de 2008   

Por Jorge Escalante 

Diligencias fueron resueltas ayer por el juez Montiglio

Las citaciones están siendo coordinadas entre la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército. El juez Montiglio debe resolver si lo procesa.

oto: El general (R) Gonzalo Santelices era ex comandante de la guarnición militar de la Región Metropolitana, cuando debió alejarse de las filas del Ejército. Foto: A. Infante

El general (R) Gonzalo Santelices Cuevas será interrogado y careado con otros oficiales (R), que estuvieron presentes cuando efectivos de la Escuela de Blindados de Antofagasta (19/10/1973) asesinaron a 14 prisioneros en el lugar del desierto conocido como la Quebrada del Way.

La diligencia fue resuelta ayer por el ministro Víctor Montiglio, que instruye el proceso por las víctimas de la Caravana de la Muerte que, días después del golpe militar, comandó por el sur y norte del país el general Sergio Arellano Stark.

El juez dio curso así a una solicitud interpuesta por el abogado querellante en esa causa, Hugo Gutiérrez, quien pidió que Santelices sea indagado en calidad de inculpado y no como testigo, como antes lo interrogó el juez Juan Guzmán.

Santelices abandonó el Ejército en febrero pasado, luego de que LND dio a conocer sus declaraciones procesales en este juicio.

En ellas, el general (R) admitió ante el juez Juan Guzmán que la noche del 19 de octubre sacó a los prisioneros desde la cárcel de Antofagasta, los condujo en dos camiones hasta la Quebrada del Way y los formó delante de los vehículos con las luces encendidas.

FUSILAMIENTO

Luego, los hombres de Arellano y oficiales de Antofagasta los hirieron con cortes de corvo y los acribillaron con fusiles automáticos de alto calibre.

Santelices reconoció que recogió los cuerpos y los condujo hasta la morgue de la ciudad, "donde nos estaban esperando".

Con su salida del Ejército, sin estar procesado ni condenado por violaciones a los derechos humanos, se rompió el principio de "presunción de inocencia".

En este caso el Gobierno consideró que el general, independientemente de su destino judicial, tenía una responsabilidad política y ética que le impedía seguir en las filas del Ejército y más aún en el alto mando.

CAREO

Trascendió que Santelices sería interrogado en calidad de "inculpado" y no como testigo. Entre quienes enfrentará en los careos, estarían el general (R) Adrián Ortiz Gutmann, su comandante en la Escuela de Blindados en 1973, y el oficial (R) Pablo Martínez Latorre.

Fue junto a este último con quien Santelices retiró a los prisioneros de la cárcel, según quedó registrado en el libro de guardia. El libro fue periciado en 1986 por un juez del crimen de Antofagasta, diligencia que consta en el expediente que maneja Montiglio.

Lanacion.cl

Jueves 28 de febrero de 2008   

 Por Jorge Escalante 

Corte Suprema aceptó analizar un recurso de revisión de la sentencia naval

El recurso de revisión que será debatido por la Sala Penal en los próximos días, fue interpuesto por el abogado Rafael Urquieta, en representación del civil Hugo Maldonado que estuvo cinco años en prisión.

Foto: Gran parte del proceso de la escuadra de 1973 se desarrolló aquí. Foto: Rodrigo Garrido

Un recurso de revisión que busca anular la sentencia dictada en 1976 por la justicia naval de Valparaíso en la causa conocida como "Sedición y motín" en contra de efectivos de la Armada y civiles dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, será visto en los próximos días por la Sala Penal de la Corte Suprema.

El recurso fue interpuesto por el abogado Rafael Urquieta, en representación del ex funcionario de la Corporación de Vivienda de Valparaíso, dependiente del ministerio del ramo, y ex militante del MAPU, Hugo Maldonado Alvear.

Maldonado cumplió cinco años en prisión, condenado en el proceso que se abrió un mes antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en las fiscalías navales de Talcahuano y Valparaíso, radicado finalmente en esta última ciudad.

En los días previos a la asonada militar, fueron también acusados de instigar una infiltración en la Armada los secretarios generales del partido Socialista, Carlos Altamirano, del MAPU, Oscar Guillermo Carretón, y del MIR, Miguel Enríquez.

A partir del 5 de agosto de 1973, en Talcahuano y Valparaíso fueron detenidos al menos cien marineros y cabos que servían a bordo de los barcos de la escuadra y otras escuelas y reparticiones navales. El único suboficial arrestado y luego también condenado a una pena de prisión, fue Juan Cárdenas Villablanca.

Revisar la historia

Según los recurrentes, si la Sala Penal falla favorablemente el recurso, significaría "el derrumbe" de todo ese proceso durante el cual los detenidos fueron sometidos a brutales torturas, incluso antes que se produjera el golpe de Estado.

En la presentación los reclamantes mencionan los pronunciamientos que la Corte Suprema ha tenido en años anteriores respecto de Garretón y Altamirano, favoreciéndolos en sus presentaciones de acciones similares (pero que no apuntaron a la revisión de fondo del proceso) dejándolos libres de imputación en esta causa.

"Los hechos nuevos para recurrir de revisión es la historia, que probó que quienes cometieron delitos fueron los acusadores en 1973", dijo Urquieta.

El origen del proceso de la escuadra de 1973, fueron las denuncias que tras el fracasado intento golpista del 29 de junio de 1973 (Tancazo y/o Tanquetazo) formularon a Altamirano, Garretón y Enríquez miembros de la Armada. Estos informaban acerca de los planes que se gestaban al interior de la oficialidad para derrocar al gobierno de Allende.

Estos marineros formaron una red clandestina a bordo de los barcos con el fin de apoderarse de ellos una vez ocurrido el golpe militar, para resistir y apoyar a Allende.

La Nacion.cl Domingo 24 de febrero de 2008   

Por Jorge Escalante 

Ante 80 almirantes (R) defendió diligencia judicial a bordo de la Esmeralda

El máximo responsable de la Armada ordenó el despido del almirante (R) Kenneth Gleiser Joo, del Hospital Naval de Talcahuano, quien había atacado al alto mando por no proteger a los oficiales investigados por la desaparición del sacerdote Miguel Woodward. La reunión entre el comandante en jefe y los almirantes (R) no tiene precedentes en democracia.

Los 80 almirantes retirados llegaron puntuales a la cita. Uno de ellos, Kenneth Gleiser Joo, quemaba las naves rebelándose con una declaración cuero de diablo.

La reunión, convocada con premura por el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, no tenía precedentes en la Marina desde el reinicio de la democracia.

El corazón del conflicto volvía a ser la Esmeralda, usada como buque-prisión después del golpe de 1973. Y Gleiser era uno de los cinco altos oficiales retirados que la jueza Eliana Quezada citó a declarar a bordo de la nave el pasado 12 de diciembre.

Las torturas a los detenidos en el buque-escuela y la muerte y desaparición del sacerdote Miguel Woodward eran los espectros que esa mañana acechaban en cubierta.

El 30 de enero de 2008, día del encuentro de los 80 marinos en retiro con el almirante Codina, había transcurrido ya más de un mes desde la diligencia judicial en el molo de abrigo porteño. Pero la bola seguía rodando, arrastrando más nieve y barro a su paso.

Porque si bien Gleiser se allanó ese día a subir a bordo, demandado por la magistrada, no perdonó lo que consideró una ofensa y abrió los fuegos.

El lugar de la reunión, la antigua Escuela Naval, frente al Paseo 21 de Mayo del Cerro Playa Ancha, brindaba ese día el nostálgico paisaje de la bahía de Valparaíso. Pero ninguno reparó en él, pues la convocatoria era "para que volaran plumas", según uno de los asistentes.

El almirante Gleiser, médico neurocirujano de profesión en la Marina todos se nombran almirantes cuando integran ese cuerpo, a pesar de que hay contraalmirantes, vicealmirantes y un solo almirante, que corresponde al comandante en jefe , había ido muy lejos.

Terminada la indagatoria, se fue a su casa y redactó la denuncia que envió por e-mail al resto de los almirantes en retiro. Sus iracundas palabras las publicó el diario "El Observador", de Viña del Mar, el 19 de enero pasado.

El texto llegó a ese diario a través de un tercero que dijo ser "enviado" por Gleiser, cuestión que éste después negó a través del mismo medio, pero sin desconocer el contenido.

"Se han atropellado las más rancias tradiciones y reglamentos de la Armada. Un buque fue abordado por otro poder del Estado y su comandante se quedó sin mando por siete horas. La Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió", escribió Gleiser.

Unos párrafos antes también dijo que, cuando le tocó su turno y la jueza le ordenó subir a cubierta junto a los otros cuatros capitanes de navío retirados, "subí a un buque fantasma". Y a continuación lanzó otro flechazo: "El comandante [del barco] y el abogado Figari [de la Fiscalía Naval] estaban escondidos".

Por ello su frase de "la Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió". El comandante de la Esmeralda era en ese momento el capitán de navío Humberto Ramírez Navarro, que hoy se desempeña como jefe de gabinete de la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría.

El ex jefe de Sanidad Naval de la Armada y ex director del Hospital Naval de Talcahuano dijo también en su denuncia que esa mañana "a este almirante y a los cuatro oficiales superiores se nos hizo esperar en el vehículo a pleno sol por tres horas ( ). Ningún oficial se presentó a ofrecernos un vaso de agua ( ). Se le informó [de la situación] al almirante Millar [Cristián, comandante entonces de la Primera Zona Naval], y éste contestó que no podía intervenir".

ADHERENTES Y ACOMPAÑANTES

El correo electrónico, medio que usó Gleiser para difundir el texto de su protesta al interior del cuerpo de almirantes en retiro, comenzó a circular masivamente, recibiendo comentarios tanto o más incisivos contra la jefatura naval.

El abogado y dirigente gremial camionero Mauricio Cordaro Dougnac afirmó: "He recibido con estupor e indignación el e-mail. Daré a conocer públicamente estos insólitos hechos en el programa radial que mantengo en Portales de Valparaíso".

Un tal "Carlos Contador" que sería un coronel (R) de Ejército, asiduo escritor en las páginas nostálgicas de la dictadura que circulan en la red se sumó en la red electrónica a las críticas: "Es increíble que pase esto y especialmente en la Armada, que siempre defendió a los suyos y que su mayor valor ha sido la caballerosidad y el honor. Me puse en la situación del almirante y de los navíos, y me puse rojo de rabia y vergüenza".

Esa mañana, Gleiser estuvo acompañado en el molo por los capitanes de navío (R) Ricardo Riesco, Eduardo Barison, Humberto Santamaría y Tomás Ilich.

En 1973, Riesco era instructor de los guardiamarinas recién egresados de la Escuela Naval que cumplían su instrucción a bordo de la Esmeralda, y desde allí pasó a integrar el grupo de oficiales prácticamente todos infantes de Marina que se encargaron de la represión en los principales centros de detención de Valparaíso los primeros meses después del golpe militar: la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma en el Cerro Playa Ancha.

Barison era el segundo jefe de la Esmeralda, al mando del comandante Jorge Sabugo, ya fallecido. Y Santamaría e Ilich eran los oficiales de guardia el día en que Woodward llegó al barco, entre el 16 y el 20 de septiembre de 1973.

HABLA CODINA

Pero aquel 30 de enero, en la antigua Escuela Naval del Cerro Artillería, el almirante Codina golpeó la mesa. Las cosas habían llegado muy lejos, teniendo en cuenta que los ataques se debían a que se había cumplido con las disposiciones de una jueza que investigaba tan delicados y dramáticos asuntos.

Lo primero que hizo fue ordenar que Gleiser, a causa de sus dichos, fuese despedido del Hospital Naval de Talcahuano, donde prestaba sus servicios como médico.

A pesar de estar de vacaciones en Puyehue, el comandante en jefe de la Armada contestó la llamada de LND. "Efectivamente, esa reunión la cité porque las cosas estaban yendo muy lejos y se estaba maltratando a la institución y su mando. También ordené que se despidiera al almirante Gleiser por desleal, porque alguien que ofende así no puede seguir trabajando para la Armada", dijo Codina, relajado.

"Para le fecha en que fue la reunión, el 30 de enero, llegaron muchos, alrededor de 80 almirantes en retiro. Recibí el apoyo de la gran mayoría, e incluso el almirante Douglas Aschcroft, que inicialmente había apoyado a Gleiser, me ofreció públicas disculpas", afirmó.

El almirante Codina fue más allá y desmintió a Gleiser: "No es verdad que ese día se les mantuviera encerrados en un vehículo por tres horas en el molo, porque todos se pudieron bajar mientras esperaban que la magistrada los llamara, e incluso caminaron por el molo y subieron a otros barcos de la institución". Por tanto, sostiene que decir que no les dieron ni un vaso de agua "es falso", porque lo pudieron tomar en cualquier parte.

"Hay que entender que la Armada tiene que cumplir con las disposiciones judiciales en un Estado de derecho y en una democracia, y ello no significa pasar por encima del honor de nadie ni denigrar a la institución", manifestó. Para el comandante en jefe, quien retoma sus funciones los primeros días de marzo, el problema "está resuelto".

Y para fijar su posición ante la Marina y la oficialidad en retiro redactó un comunicado que envió internamente (ver texto completo en lanacion.cl).

"Este almirante reitera que, con la misma intensidad con que seguirá velando por los mejores destinos de todo el personal en retiro, no aceptará actos o conductas que atenten contra el prestigio, dignidad y honor de nuestra institución. Esto, en la convicción de que la lealtad para con la Armada y el mando naval es una obligación irrenunciable, siendo su preservación y práctica el único camino para mantener en alto los valores trascendentes de nuestra institución. En esto, el compromiso es de todos los oficiales, tanto en servicio como en retiro, y debemos asumirlo con el máximo de acuciosidad y rigurosidad", dice el párrafo final de la "Posición institucional respecto a críticas expresadas por el contraalmirante (R) Kenneth Gleiser, vía correo electrónico", que firmó el almirante Codina.

EN EL PUNTO PENAL

El contraalmirante (R) Kenneth Gleiser está en duros aprietos, y no precisamente porque lo despidieran del hospital donde trabajaba o porque el almirante Codina lo llamase a terreno. Gleiser es uno de los candidatos a ser procesados por el crimen de Woodward, al menos como encubridor, en la resolución que la jueza Quezada dictaría en marzo.

Aunque inicialmente negó todo, al final reconoció ante las evidencias, como varios de los oficiales (R) de la Armada indagados en esta causa.

Gleiser no sólo vio a Woodward moribundo cuando llegó a la Esmeralda, sino que subió con él a bordo para examinarlo y ordenó que lo trasladaran de urgencia al Hospital Naval, entonces en Playa Ancha, en cuyo trayecto murió y su cuerpo desapareció para siempre.

La bitácora de la nave, entregada por la Armada a la jueza, y testigos, señalan al médico que llegó a integrar el cuerpo de almirantes. "Venía con los órganos internos destrozados y no tenía posibilidades de sobrevivir", fue la cuenta que Gleiser dio ese día a su comandante en el crucero Latorre, capitán Carlos Fanta, hoy fallecido. Desde ese barco bajó el médico a examinar al sacerdote.

La magistrada también debe resolver si, por distintos niveles de participación, encausa a otros oficiales (R). Entre ellos está el almirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, que en 1973 era jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval de Valparaíso, y supo del estado en que el sacerdote llegó al barco e hizo las gestiones para que Gleiser llegara a la Esmeralda desde el Latorre.

"Tenía una pulmonía", declaró Aldoney en el proceso, mientras que a la Comisión Rettig dijo el 22 de octubre de 1990: "Lo de Woodward fue un accidente". Y agregó: "Por este hecho no se inició una investigación".

Se estableció judicialmente que Woodward fue llevado primero a la Academia de Guerra Naval, donde habría sido duramente torturado, y desde allí conducido a la Esmeralda. La comandancia de esa academia la asumió tras el golpe de Estado el capitán de navío Sergio Barra von Kretschmann, un relevante hombre de la Armada que participó en la DINA y está procesado ya en otras causas.

El mando operativo de ese centro de tortura, bautizado irónicamente por los detenidos como "El palacio de la risa", lo tenía el entonces capitán de corbeta Juan Mackay Barriga, que también llegó después al cuerpo de almirantes. Por ello, Barra y Mackay están en la "lista de espera" de la magistrada Quezada. Mackay es el vicepresidente del cuerpo de almirantes en retiro, que preside Rigoberto Cruz-Johnson.

La indagatoria identificó asimismo al jefe de la patrulla naval que apresó al sacerdote y lo condujo a la Academia de Guerra de quien mantendremos en reserva su identidad para no entrabar la investigación , que también podría tener responsabilidades penales.

11 de Febrero de 2008

La audiencia por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses cuenta entre los imputados al general (r) Manuel Contreras y al fundador de Colonia Dignidad, Paul Schaefer.

El juicio contra 17 ex colaboradores del fallecido general (r) Augusto Pinochet por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura militar tendrá lugar en mayo próximo en el Tribunal de lo Criminal de París.

El juicio, el primero de este tipo, se celebrará entre el 19 y el 23 de ese mes, indicaron fuentes judiciales, y cuenta entre los imputados al ex director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras, y el fundador de la Colonia Dignidad, Paul Schaefer.

Los acusados, que previsiblemente serán juzgados en rebeldía, son todos chilenos, salvo un argentino, y casi todos militares, y están imputados por arresto y secuestro arbitrarios acompañados de torturas o actos de barbarie, o por complicidad en estos delitos.

El agravante de torturas o actos de barbarie conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Además de ser el "juicio póstumo de Augusto Pinochet" será también "el único del conjunto del sistema de represión puesto en marcha por la dictadura chilena", afirmaron los cuatro abogados de las familias de los franceses desaparecidos en un comunicado.

Indicaron que junto a las familias "se felicitan vivamente" de que "después de 10 años de instrucción" se abra en la citada fecha el juicio a "los miembros de la junta militar chilena".

Las audiencias permitirán que se escuche a "varios testigos históricos", señalaron los letrados Sophie Thonon, Claude Katz, William Bourdon y Benjamin Sarfati, sin dar más precisiones.

El anuncio de la vista se produce casi un año después de que la juez instructora del sumario, Sophie Clément, ordenara que los acusados fueran juzgados por el Tribunal especial de lo Criminal.

Este juicio concierne a los responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) u otros cuerpos que secundaron a Pinochet en su "labor de eliminación de la oposición", indicaba entonces la magistrada.

Clément no había hecho caso de la petición de la Fiscalía de sobreseer la causa contra varios de los 19 imputados iniciales, incluido el otrora líder de la Villa Baviera.

Augusto Pinochet y el general Javier Palacios Ruhman, que figuraban entre los 19 procesados contra los que la justicia francesa emitió órdenes internacionales de arresto en 2001 y 2005, fueron retirados del procedimiento, ya que murieron en 2006.

Palacio Ruhman había dirigido el asalto al Palacio de la Moneda en el golpe de estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende.

Completan la lista Rafael Ahumada Valderrama, Enrique Arrancibia Clavel, Herman Brady Roche, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy García, Raul Iturriaga Neumann, Miguel Krasnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, Andrés Rigoberto Pacheco Cardenas, Luis Joachim Ramirez Pineda, Osvaldo Enrique Romo Mena. Emilio Sandoval Poo, Humberto Zapata Reyes, José Zara Holger, y el argentino José Osvaldo Riveiro.

Dos de ellos, Pachecho Cardenas y Romo Mena, han muerto desde que la juez instructora ordenó el juicio, y su fallecimiento será "constatado" al abrirse la vista, dijeron a Efe las fuentes.

Los cuatro franceses desaparecidos son Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández. Los tres primeros fueron detenidos por agentes de la DINA entre 1973 y 1975, y el último lo fue durante un viaje a Argentina, a petición también de la DINA.

La investigación judicial de estas desapariciones fue abierta en Francia en 1998, tras las denuncias cursadas por sus familiares.

Aunque Pinochet ha sido retirado del procedimiento, debido a su muerte, está mencionado en el voluminoso documento, de casi 200 páginas, elaborado por Clément y que sitúa en su contexto la causa.

Si bien hasta el momento ha habido juicios, eran individuales, en los que los juzgados no aparecían como parte de "una cadena de jerarquía", perdiéndose "la noción de conjunto de que fue una política sistemática de represión puesta en marcha a raíz de un golpe de Estado, es decir, una ruptura total del orden constitucional democrático para imponer por la fuerza un gobierno de facto", dijo a Efe la letrada Thonon.

Señaló que, además, el juicio de París tratará sobre "el destino de víctimas que cada una representaron una forma particular de la dictadura: el ataque a la Moneda con Klein, la represión del medio estudiantil y Colonia Dignidad a través de Chanfreau, la reforma agraria a través de Pesle y el plan Condor a través de Claudet".

"Es un juicio muy emblemático y simbólico", sentenció la letrada.

EFE

La nacion.cl  Por Jorge Escalante / 

Tensión por las indagaciones del juez Héctor Solís

En un oficio, la institución negó al magistrado toda la información respecto del Comando de Aviación del Ejército en 1978, año de la exhumación y lanzamiento al mar de los 22 cuerpos de detenidos desaparecidos en dicha localidad. Los querellantes van al pleno de la Corte Suprema para que exija la entrega. 

Foto: Héctor Solís

Verano caliente en Santiago, no sólo por las altas temperaturas, sino también en el alto mando del Ejército. El termómetro "Paine" sigue y sigue subiendo, poniendo sabor a salado a las vacaciones de muchos.

La otra cara de la masacre masiva de 22 campesinos el 16 de octubre de 1973 (el desentierro de sus cuerpos en 1978 para lanzarlos al mar) golpeó fuerte el portón de calle Zenteno.

El juez Héctor Solís, que instruye el proceso, quiso saber ahora quiénes integraron el Comando de Aviación del Ejército (CAE) el año de esta exhumación. El Ejército le respondió que la información la tiene, pero es "secreta por seguridad nacional". Para la parte querellante, el problema es que aquí se trata de investigar un delito común, y más aún de un crimen de lesa humanidad, que nada tiene que ver con la seguridad nacional.

La negativa al magistrado le llegó por oficio N 595/967 de fecha 19 de diciembre de 2007, firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Alfredo Ewing Pinochet. El fundamento del rechazo a entregar la información fue el Artículo 436 del Código de Justicia Militar.

Pero ahora se trabará una contienda que puede calentar todavía más el estío castrense y perturbar el sueño de su alto mando. Los querellantes, abogados Luciano Foullioux y Pamela Pereira el primero representa legalmente a la segunda en la causa donde su padre fue uno de los asesinados y arrojados al mar , irán a la Corte Suprema solicitando que el pleno de este tribunal obligue al mando militar a entregar toda la información requerida por el juez.

Lo que el ministro Solís quiere saber no es poco, y resulta fundamental para empezar a abordar ahora la segunda parte del doble crimen de Paine, la operación desentierro y el destino final de las víctimas al fondo del océano.

El coronel (R) Andrés Magaña Bau fue el subteniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo que comandó entonces la masacre, junto a otros dos subtenientes. Se sospecha que estos dos oficiales pueden estar hoy en servicio activo y ocupando altos cargos en la institución, y por ello el misterio y la protección de sus identidades por parte de los que actuaron en el exterminio.

Hace tiempo que Magaña admitió en el proceso que en 1978 "la inteligencia del Ejército" lo contactó para mostrar el lugar donde en 1973 escondieron los cuerpos, deshechos por los centenares de disparos, para desenterrarlos y hacerlos desaparecer para siempre.

PILOTOS, COPILOTOS Y MECÁNICOS

Solís quiere conocer la nomina completa de los oficiales, suboficiales y clases que en 1978 servían en el CAE, donde estaban radicados los escuadrones de helicópteros Puma que participaron en la Operación Retiro de Televisores. En ella, a partir de 1978 y a través de todo el país, se tiraron al mar los cadáveres de prisioneros exhumados desde fosas clandestinas por orden del dictador Augusto Pinochet, como quedó establecido en varias causas que se instruyen.

Al juez también le interesa conocer la lista de todos los pilotos que comandaron ese año los Puma, y la información acerca de los copilotos y mecánicos que viajaron con ellos.

Igualmente, Solís requirió al Ejército los libros con las rutas de vuelo de ese año. Con esto último pretende identificar si existe algún tramo aéreo que arroje un trayecto entre el noreste del lago Rapel, en la VI Región donde se ubica la quebrada Los Arrayanes que es el lugar donde los mataron, enterraron y desenterraron , y la dirección hacia algún punto de la costa donde los lanzaron.

El informe de las Fuerzas Armadas de enero de 2001 dando cuenta del destino final de 200 prisioneros, producto de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos realizada en 2000, confirmó que las víctimas de Paine fueron lanzadas al mar.

Se estima que difícilmente el pleno de la Corte Suprema podría declarar improcedente esta solicitud, puesto que los querellantes sostienen que, con el secreto impuesto por el Ejército a la información demandada por el juez Solís, la institución estaría obstruyendo el actuar de la justicia, protegiendo identidades que también podrían ser llevadas al banquillo en el Operativo Dos, como en el proceso se conoce la exhumación de 1978.

EL CASO CASTRO

A raíz de la citación a declarar ante el juez Solís, el pasado lunes 14 de enero, del general activo Guillermo Castro, comandante de la II División del Ejército y juez militar de Santiago, en las últimas horas se han producido reuniones y "conversaciones" entre integrantes del mando militar y algunas autoridades. El comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, ha estado en los últimos días fuera de Chile. Se sabe que a su arribo en las próximas horas asumirá el conflicto "con la profundidad y gravedad que tiene", según informaron diversas fuentes a LND.

En 1973, el general Castro tenía el grado de subteniente, al igual que Magaña, y ambos servían en la Escuela de Infantería de San Bernardo. A esta repartición pertenecía el pelotón que participó en el Operativo Uno, vale decir, la detención, asesinato y escondite de los cuerpos de los 22 campesinos de Paine.

Existen indicios no concluyentes hasta ahora en la investigación judicial de que Castro podría haber formado parte aquel Operativo Uno. LND

La Nacion.cl / Viernes 11 de enero de 2008   

Por Jorge Escalante 

Suboficial (R) Letelier cumplió condena de 8 años

El ex agente Miguel Letelier Verdugo recuperó su libertad el viernes pasado desde Punta Peuco. Nunca se arrepintió del crimen que cometió junto al mayor (R) Carlos Herrera y al suboficial (R) Manuel Contreras, indultado por el ex Presidente Lagos.

Foto: A Letelier Verdugo le fue computado el tiempo que estuvo detenido previo a la confirmación por la Corte Suprema de la sentencia dictada por el juez Sergio Muñoz en 2002, por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez (en la foto).

En libertad salió el viernes pasado desde el penal de Punta Peuco el suboficial (R) de Ejército Miguel Letelier Verdugo, coautor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez cometido el 25 de febrero de 1982 en una operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Letelier obtuvo el beneficio luego de cumplir su pena de ocho años a la que fue condenado en el proceso que instruyó el juez Sergio Muñoz, último magistrado que tuvo a cargo esta causa.

Nunca mostró arrepentimiento del crimen, como sí lo hizo el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, indultado en 2005 por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Su decisión fue en aquel momento duramente criticada por el actual diputado independiente Tucapel Jiménez, hijo del dirigente.

Ambos suboficiales hoy en retiro fueron junto al mayor Carlos Herrera Jiménez los tres autores materiales del homicidio. Herrera cumple por ello presidio perpetuo en el penal Punta Peuco. Gendarmería confirmó a La Nación la salida d