Ángela Jeria: “Dejar que los perros ladren, que es señal que galopamos”

Jueves 22 de octubre de 2009

Foto: Una cita con mujeres sostuvo ayer el senador Eduardo Frei, que en la foto aparece junto a Ángela Jeria, Laura Albornoz y la alcaldesa subrogante de Lo Prado, Claudia Miralles. Foto: Álvaro Inostroza

Con una frase destinada a la derecha, inauguró ayer su participación en el comando del abanderado de la Concertación, senador Eduardo Frei, la madre de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, Ángela Jeria. Frente a las críticas surgidas desde RN y la UDI por el despliegue de ministros en la campaña del candidato oficialista, afirmó que “hay que dejar que los perros ladren, Sancho, que es señal que galopamos”.

La de ayer, fue la primera actividad del equipo compuesto por Jeria (antropóloga) y la ex ministra del Sernam, Laura Albornoz, a quienes Frei nombró para ir tras el voto femenino en la campaña. De manera que el propósito del encuentro fijado en el Centro Cultural de la comuna de Lo Prado estaba más que claro: constituir la Coordinadora de Mujeres por Frei (ver recuadro). Y así fue, pero el centro de la atención inevitablemente lo acaparó la madre de la Presidenta Bachelet, quien tuvo su primer cara a cara con la prensa.

Poco antes de viajar a la Décima Región del país, el senador Frei, junto a Jeria, Albornoz y la secretaria ejecutiva del comando, Paula Narváez, se reunieron con un grupo aproximadamente de 60 mujeres, jefas de hogar de Lo Prado.

Durante el encuentro, en el que Frei debió retirarse por el viaje al sur, la antropóloga habló brevemente a las dueñas de casa, sin antes aclarar que lo suyo no son los discursos en público y se limitó a decir que “me siento muy orgullosa de las mujeres chilenas y me comprometo a trabajar por lograr todo lo que sea posible para mejorar la condición de ustedes”. Sus palabras fueron retribuidas con un prolongado aplauso.

Ahí no terminaron las intervenciones de Ángela Jeria. En momentos en que terminó la reunión y se dirigía a su automóvil, fue abordada por la prensa, quien le consultó sobre las críticas de la derecha, quien acusó un masivo despliegue de ministros en la campaña de Frei.

Su respuesta fue breve, pero consistente. “Yo me recuerdo de una frase del Quijote: Deja que los perros ladren, Sancho, que es señal que galopamos”. Luego de esta frase no hubo más preguntas a la madre de la Presidenta Bachelet.

“LA FUERZA DE LA CONCERTACIÓN”

La vocera del comando freísta, Paula Narváez, justificó plenamente la presencia de ministros en la campaña del abanderado oficialista e indicó que después del horario de trabajo tienen todo el derecho a participar en las actividades que estimen conveniente.

“Esto tiene que ver con mostrar la fuerza que tiene la Concertación, que ha gobernado 20 años y eso significa que existen ministros y funcionarios del Estado que tienen un compromiso político y es legítimo que lo expresen”, afirmó Narváez.

Para la ex ministra Albornoz, la presencia de secretarios de Estado en la campaña de Frei no debe llamar la atención de nadie, ya que al igual que cualquier ciudadano tienen derecho a tener una posición política. “Los ministros de Estado son ciudadanos y éstos tienen el derecho a ejercer la garantía establecida en la Constitución”, destacó la ex titular del Sernam.

Jueves 22 de octubre de 2009

Prácticamente en todos los comandos y partidos políticos está gatillada la convicción de que se encara una elección presidencial con alta dosis de competitividad que instala incertidumbres y pone en estado de tensión a las huestes de los cuatros candidatos al sillón de la jefatura de Estado.

Lo anterior se reforzó después de conocerse las encuestas electorales de CERC e Ipsos donde las muestras confirman una dura batalla entre los aspirantes de la Concertación y de la Coalición por el Cambio -Eduardo Frei y Sebastián Piñera, respectivamente-, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami marcando porcentajes calificados de “muy buenos” dentro de su comando, sobre todo por el empate -según Ipsos- que alcanzaría con el aspirante de la derecha, en una hipotética segunda vuelta juntos. En tanto, en las filas de la izquierda aumenta la expectativa de crecimiento electoral de Jorge Arrate que dejó atrás el uno por ciento para situarse en el 3-3,7 por ciento.

Con este panorama y a ocho semanas de la elección presidencial, ningún comando ni abanderado declara la batalla ganada. Por el contrario, todos hablan de intensificar las campañas para asegurar, en primer lugar, una buena votación el 13 de diciembre y entrar bien posicionados a una eventual segunda vuelta en enero.

No es menor la importancia que se le está atribuyendo al balotaje, porque prácticamente ninguno de los contendores piensa triunfar en la primera vuelta.

Nadie, en definitiva, está en paz. Ni interior ni exterior.

LAS TAREAS DE CAMPAÑA

Desde el comando de Piñera se tienen programados varios actos masivos, un reforzamiento en provincias, trabajar el voto juvenil, femenino, de adultos mayores y emprendedores. Un objetivo no reconocido públicamente, pero planteado en las filas de la derecha, es buscar la manera de elevarse hacia el 50 por ciento, algo de enorme utilidad tanto en primera como en segunda vuelta. En ese camino, lograr “la mayor distancia posible” con Frei en la votación del 13 de diciembre.

En las filas de Eduardo Frei hay un convencimiento de que la jugada definitoria será en segunda vuelta. Pero al mismo tiempo se apuesta a una “buena votación” en la primera, que deje al candidato concertacionista lo más cercano a Piñera.

En estos días, en el escenario de competitividad, se produjo una inyección al comando y a la campaña con el despliegue anunciado por los alcaldes de la Concertación, la integración al comando de la ex ministra, Laura Albornoz, y de la madre de la Presidenta, Ángela Jeria, la salida a terreno del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y la presencia de ministros en un acto en San Miguel.

En las filas marquistas se estima que “seguimos sin topar techo” en las adhesiones y lanzan ofensivas políticas y comunicacionales como la visita de Enríquez-Ominami a dos presidentes latinoamericanos (ver nota) y las giras anunciadas por todo el país para las próximas semanas.

En el equipo de Jorge Arrate se indicó que seguirán los contactos sectoriales y regionales y se intensificarán su posicionamiento comunicacional.

Vienen semanas de dura pelea electoral Es un hecho de la causa la incidencia de las encuestas en la carrera electoral por La Moneda. Pero junto a ese factor también se va haciendo notorio que los comandos de los abanderados ponen sus esfuerzos y creatividades en función de captar el voto ciudadano a través del despliegue territorial, del contacto con sectores y actores de la sociedad, de la promoción eficaz de propuestas de mejora de la situación del país y de capitalizar las apariciones comunicacionales. Nada parece estar acotado a un nicho determinado, en una carrera presidencial que se antoja apretada, tensa, intensa y con grados de incertidumbre que nadie realmente serio se atreve a romper. Lo que viene en los próximos meses es una dura confrontación electoral. Todo de cara a los ciudadanos.

Ascenso constante de Michelle Bachelet Tanto en la CERC como la Ipsos, se consolidó el escenario de ascenso en el respaldo que entrega la ciudadanía a la Presidenta Michelle Bachelet, que registra aumento desde diciembre de 2008 a la fecha, superando ya el 70%. En la medición realizada por la CERC, la Mandataria registra un 71% de respaldo aumentando en seis puntos la adhesión que logró en ese mismo estudio efectuado en julio. El sondeo telefónico que dio a conocer ayer Ipsos mostró que el 83% de la población evalúa positivamente el desempeño de la Presidenta, subiendo casi 6% respecto por sobre la medición de agosto donde alcanzó los 77,5 puntos.

Etiquetas: Elecciones, Candidatos, Debate, Adherentes

 Cómo financiaron los parlamentarios su campaña 2005

Por Sebastián MInay, CIPER

Corrida ya la cortina oficial sobre el financiamiento de la última campaña parlamentaria por parte del Servicio Electoral, los ingresos de los candidatos a diputados del 2005 arrojan sorpresas, partiendo por las primeras grandes empresas que admiten haber donado fondos durante dicha contienda: Córpora Tres Montes, Colmena Golden Cross y Echeverría Izquierdo Ingeniería. Fuera de ello, la gran mayoría de los congresistas y sus financistas prefieren mantener la discreción: de los 120 que hoy ocupan la Cámara, en 71 casos prevalecieron los aportes anónimos y reservados, y sólo en 49 de ellos se identificó a algún donante distinto del partido político correspondiente. Muchos registraron el uso de bienes de terceros y otros dineros provenientes de familiares, amigos o cercanos suyos; incluso de otros parlamentarios, funcionarios públicos y empresas proveedoras en su misma zona.

Nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis millones, novecientos doce mil doscientos cuarenta y seis pesos ($ 9.446.912.246). Esa interminable cifra fue la que confesaron haber recibido los cientos de postulantes a la Cámara de Diputados en las elecciones del 2005, de acuerdo a los registros que acaba de publicar el Servicio Electoral (Servel), en base a lo que los propios candidatos declararon como ingresos y gastos de campaña en sus rendiciones respectivas.

Tal como ocurre en el caso de los candidatos presidenciales de ese mismo año, el registro de platas de la mencionada elección parlamentaria, aunque impresionante por su extensión -sólo el de ingresos cabe en una planilla en formato Excel de 20 columnas y más de cinco mil filas [link]-, arroja más dudas que certezas. Pese a que el manual de rendición de ingresos electorales en teoría apunta a develar el viejo misterio de quién financia a los políticos, muy pocos benefactores se atreven a revelar su identidad, ya sean personas o empresas, con nombre, apellido y RUT.

Las reglas para declarar dineros de campaña incluyen trece formas distintas de catalogar los ingresos. De ellas, sólo una, llamada “aportes privados de carácter público” o “aportes públicos”, implican que el candidato identifique a los donantes en forma precisa. Eso sería lo más cercano a derribar el tabú, porque el resto de los dineros que entran sólo se clasifican como aportes del partido político del candidato; préstamos o comodatos de vehículos o inmuebles por parte de terceros; créditos o intereses de los mismos contraídos con la banca; anticipos, reembolsos, y los masivos aportes reservados y anónimos.

De los 120 diputados que hoy se sientan en la Cámara, apenas 49 declararon entre sus ingresos al menos un “aporte público” el 2005. Buena parte de ellos incluyeron bajo esa glosa préstamos de vehículos y otros enseres, otros “confesaron” que hubo parientes o amigos que les aportaron dinero, y muy pocos indicaron que hubo personas o empresas ajenas a ellos que los financiaron.

Los financistas de los 71 diputados restantes optaron por no entregar tanta información (ver listado). Los parlamentarios se limitaron a declarar que su campaña se financió con platas de sus partidos, créditos, reembolsos, muchísimos aportes reservados o anónimos y una nada despreciable dosis de “trabajo voluntario”. Precisamente, una de las particularidades de la ley es que les permite a los candidatos registrar como ingreso hasta la labor de desinteresados brigadistas que supuestamente trabajan gratis, con tal de que el postulante lo “valorice” como mejor estime. Desde esta perspectiva, una mirada a muchas de las plantillas de ingresos podría explicar por qué, al final, las cuentas –ingresos versus gastos- siempre cuadran.

Muy pocas empresas “grandes” muestran sus cartas

Así y todo, los detalles de los ingresos arrojan por primera vez empresas conocidas que habrían aceptado ser mencionadas como financistas de la campaña parlamentaria 2005. Tres destacan. Una es Córpora Tres Montes S.A., dueña de Lucchetti y vinculada al grupo Ibáñez. Uno de los beneficiados fue un miembro de esta última familia: el entonces diputado Gonzalo Ibáñez (UDI). Aunque perdió la reelección, declaró haber recibido $ 7 millones de Córpora Tres Montes. Poco en contraste con los $54 millones que dijo haber puesto él mismo.

Córpora Tres Montes también registra el mayor “aporte público” hecho por una empresa: el senador RN Andrés Allamand declaró haber recibido de la misma empresa $20 millones. Algo que podría entenderse a partir de la cercanía de algunos miembros de del clan Ibáñez con el histórico dirigente opositor, quien tras su regreso a Chile luego de su “travesía por el desierto”, se instaló en otro de los estandartes de la familia: la Universidad Adolfo Ibáñez, donde llegó a ser Decano de la Escuela de Gobierno. Lo sabroso del asunto fue que su fichaje académico provocó más de algún roce entre el diputado Gonzalo Ibáñez -a quien no le gustó la aparición de Allamand- y sus parientes.

Aunque con montos menores, hubo otras empresas conocidas que quedaron registradas como donantes. La Isapre Colmena Golden Cross S.A., por ejemplo, figura aportando $2 millones a la campaña de la hoy diputada Denise Pascal (PS), menos de un mes antes de la elección. Ese fue el único “aporte público” que declaró Pascal.

Cerrando la breve lista –y registrando un aporte aún menor- se encuentra Echeverría Izquierdo Ingeniería: $800 mil para la campaña del diputado PPD Patricio Hales, según lo indicó este último.

Fuera de esta nómina, el resto de empresas mencionadas corresponden a sociedades menos conocidas. No pocas están vinculadas de uno u otro modo a los mismos candidatos, lo que refleja otro aspecto interesante de estas rendiciones: la tendencia a declarar como ingresos –y no como gastos- dinero o bienes propios, de la respectiva familia o de su mismo equipo de campaña. Son sólo algunos de los bocadillos que arrojan los datos del Servel.

La familia, los amigos y el bolsillo propio

Son muchos los diputados que dijeron haberse metido la mano al bolsillo y lo declararon como ingreso. Entre ellos figura la diputada Carolina Goic (DC), que en su rendición incluyó el usufructuo de su propio vehículo para ser usado en la campaña, lo que valorizó en $ 1.500.000. Algo similar hizo el también falangista Eduardo Saffirio, al estimar el uso que le dio a su propia camioneta como un insumo de $2.250.000. Lo mismo hizo Patricio Walker (DC) con una camioneta y un jeep suyos, cuyo uso tasó en $1.600.000.

Otros recurrieron a la familia. El RN Joaquín Godoy –que hoy postula a la reelección - declaró muy pocos ingresos plenamente identificados. Uno de ellos fue lo que declaró como un aporte de su madre, la entonces también diputada RN Carmen Ibáñez: como le permitió usar su sede parlamentaria para la campaña, entonces Godoy estimó que eran $ 600 mil más a favor. Lo que no se dice, es si dicha sede era pagada con la asignación parlamentaria de la diputada.

Un poco más de ayuda familiar dijo haber recibido la RN Ximena Valcarce. Declaró que su padre, el polémico ex alcalde de Arica Carlos Valcarce, le entregó $720 mil, más un vehículo valorizado en $300 mil. La diputada también declaró haber recibido $4.521.980 de la empresa Enfasis Publicidad Visual Limitada, que opera en el norte del país postulando a contratos y licitaciones.

Descontando una donación de la UDI por $ 2 millones, el diputado de ese mismo partido Marcelo Forni sólo declara un aporte público proveniente de privados: el comodato de un letrero caminero de la empresa Publivía S.A., por $600 mil. Fuera de ello, Forni documentó ingresos por un total de $51.299.510.

Una lógica distinta aplicó el UDI Darío Paya para los donantes que identificó. En vez de pedirle dinero a los suyos, registró como un ingreso de $900 mil el uso en comodato de la camioneta de su entonces jefa de campaña, Carol Bown Sepúlveda. Esta última fue después candidata a alcaldesa por Quilicura y es hija del presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), Ronald Bown. Paya no declaró ningún otro tipo de aporte “público”.

Otros diputados fueron más allá, al anotar como ingresos ya no sólo aportes de sus cercanos, sino dinero en efectivo que colocaron ellos mismos: muchos figuran entregando parte de su dieta parlamentaria o liquidaciones de sueldo. Un ejemplo es Claudia Nogueira (UDI), hoy investigada por irregularidades en el manejo de sus gastos parlamentarios y cuyo marido, Gonzalo Cornejo, no fue a la reelección como alcalde de Recoleta por su rol en el bullado caso GMA. La diputada dijo haberse aportado a sí misma poco más de $10 millones. Pero también declaró como ingreso una suma de $21.745.000 lo que calificó como “trabajo de voluntarios” en su campaña.

Nicolás Monckeberg (RN), por ejemplo, no anotó ningún aporte de terceros con nombre y apellido, pero declaró haberse “donado” a sí mismo $3 millones. Claro que eso es una cifra pequeña al lado de los “aportes reservados” que recibió y que alcanzaron a $45.517.442.

Reservados y anónimos

Es precisamente bajo el rótulo de aportes “reservados” donde se encuentra registrado el grueso de los ingresos de las campañas del 2005: nadie sabe quién puso cuánto y a quién. Corresponde a dineros canalizados a través del Servicio Electoral, y que en las planillas aparecen muchas veces agrupadas bajo una cifra global. Es decir, en el papel no hay límites. La diputada Marcela Cubillos (UDI), por ejemplo, declaró haber recibido en forma reservada $80.248.768, y no identificó a ninguno de sus financistas, descontando los fondos provenientes de su mismo partido.

Otro caso es el ex diputado RN Maximiano Errázuriz, expulsado de su partido, cuestionado e investigado por la Contraloría y el Ministerio Público a raíz de gruesas irregularidades en sus sedes distritales. En su momento sólo declaró tres aportes: uno propio por algo más de $1 millón, un reembolso solicitado por poco más de $ 30 millones, y un solitario aporte reservado de $69.055.473. A diferencia de la gran mayoría de los casos, en su planilla no se especifica la fecha ni otros detalles de ninguno de sus ingresos.

Varios diputados que prefirieron dejar en el anonimato a sus financistas no sólo anotaron aportes “reservados” sino que también “anónimos”. La diferencia es que estos últimos sólo son en dinero y en conjunto no pueden superar el 20% del límite de gastos; además, cada uno de los “aportes anónimos” tiene un límite de 20 UF.

El resultado fue que varios parlamentarios ingresaron estos dineros sin remitente al límite de la norma, armando extensas listas de aportes, todos por el mismo monto. El diputado Roberto Sepúlveda (RN), por ejemplo –quien no identificó a ninguno de sus financistas-, fue casi simétrico: declaró 100 “anónimos” por $100 mil y otros 72 por $200 mil, hasta completar $24.400.000 por esa vía.

Otro diputado cuyos ingresos se mantuvieron en la discreción máxima fue Rodrigo González (PPD), quien salvó de ser procesado en el juicio por los “empleos brujos” de la Quinta Región. Los aportes anónimos y reservados que declaró alcanzan a $57.274.081.

Y aunque las normas estaban claras, hubo quienes las pasaron por alto. No resultó electo, pero el ex diputado y actual subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros (DC), declaró un “aporte anónimo” por $3.774.780, sobre el cual no entrega ninguna fecha. Como ya se dijo, el monto excede lo permitido para ese tipo de ingresos: 20 UF. Al 1 de diciembre del 2005, 20 UF eran $359.520

De compromisos y apuestas fallidas

Entre los ingresos de los candidatos también pesaron, en algunos casos, lo que puso cada partido: eso refleja qué tan fuerte se apostó por tal o cual abanderado. Los que recibieron “poco” registraron aportes de su colectividad por 1 ó 2 millones, cifra notoriamente superior en otros casos. Claro que no siempre los gestos se devuelven.

Así pasó, por ejemplo, con el diputado Eduardo Díaz (PRI). Ex UDI, ex DC, ex independiente y hoy militante del partido de Adolfo Zaldívar, el 2005 fue electo por la DC. Los entonces dirigentes de la Falange probablemente habrían reconsiderado la decisión de donarle $12 millones a su campaña si hubiesen sabido lo que venía después. Díaz declaró además, haberse aportado poco más de $10 millones, a lo que sumó el uso de una camioneta suya, avaluado en $1.350.000.

¿Dirá lo mismo el senador Guido Girardi del actor y diputado Álvaro Escobar? Este último fue electo por el PPD, pero luego renunció criticando duramente a sus dirigentes, entre ellos al polémico Girardi. Resulta que este último le aportó a la campaña de Escobar $525 mil para financiar un evento en Cerro Navia, según señalan las planillas de ingresos. El diputado, que hoy apoya entusiastamente a Marco Enríquez-Ominami, también declaró como aporte el uso del vehículo de su pareja, Paulina Aguilar.

Pese a que el hoy subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete (PRSD) perdió la elección en el 2005, su partido no parecía tenerle poca fe, pues le aportó $33 millones.

Algo parecido ocurrió con Sergio Espejo (DC). Antes de llegar al Ministerio de Transportes para inaugurar el Transantiago –cuyo fracaso le costó la salida del cargo- postuló a la Cámara el 2005. Aunque perdió, la Democracia Cristiana de todas formas le aportó $15 millones.

También perdió, pero el hoy presidente del Metro y yerno del ministro Edmundo Pérez Yoma, Clemente Pérez (DC), estuvo a punto de romper el doblaje RN-UDI en Las Condes el 2005. Entre sus donantes identificó a Alwyin Abogados Ltda con $500 mil y a Inversiones y Desarrollo Alfil Limitada con $300 mil. Esta última cuenta entre sus socios al ingeniero civil Luis Elías Arze Cyr, quien fue director de la sanitaria Esval durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Pero si de donaciones políticas y compromisos se trata, uno de los casos más curiosos es el del diputado Gabriel Silber (DC). De partida, es casi el único que identifica a la mayoría de sus financistas: 8 de 12 de los ingresos que certificó. Segundo, la mayoría eran funcionarios públicos o lo serían poco después de la elección, partiendo por su madre y entonces alcaldesa de Quilicura, Carmen Romo, que le donó $8 millones.

En tanto, Alejandro Smythe Etcheber, que fue director de la Conama Metropolitana entre enero de 2006 y marzo de este año, le entregó a Silber $ 2 millones. La misma cifra le aportó Isidoro Guitilitz Assael, gobernador provincial de Chacabuco entre junio de 2008 y enero de este año. Con el mismo monto se puso Marcel Méndez, entonces administrador municipal de Quilicura. El mismo Silber se aportó $ 3 millones.

Pero Silber además declaró haber recibido $18 millones de la empresa Aridos Quintay S.A. Lo curioso es que dicha empresa tuvo posteriormente numerosos problemas con el mismo municipio de Quilicura y con la Conama –en la época que Smythe estaba en el cargo- a raíz de diversas irregularidades e infracciones ambientales que culminaron cuando la Corema Metropolitana sancionó a la empresa en enero de 2008, ordenando la paralización de obras de su proyecto “Regularización de áridos cantera Cerro Portezuelo y Planta de Procesamiento”.

La campaña presidencial 2005 peso a peso

Por Francisca Skoknic, CIPER.

 El Servicio Electoral acaba de publicar las rendiciones de cuentas revisadas de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. De los datos se desprende que el candidato que más gastó fue Sebastián Piñera, quien obtuvo el 91% de sus fondos de un crédito del Banco Santander pero al que sólo le reembolsaron menos de un tercio. Marco Enríquez-Ominami declaró el usufructo de los vehículos de su esposa y de su productora y Eduardo Frei pidió un crédito de $50 millones y sólo declaró haber puesto $ 4.826 de su bolsillo. La enorme mayoría de las donaciones fueron reservadas o anónimas y sólo unos pocos se animaron a hacerlas públicas.

El debate presidencial de TVN volvió a poner en el centro de la polémica la necesaria transparencia de los gastos de campaña de los candidatos y la relación entre dinero, negocios y la política. CIPER analizó en detalle las "rendiciones revisadas" de los dineros utilizados por los candidatos en la campaña de la primera vuelta presidencial de 2005 que el Servicio Electoral (Servel) acaba de publicar en su página web. El registro oficial arroja datos sabrosos, pero también deja al descubierto los vacíos de la ley que permiten que información relevante sobre el origen de los aportes así como el monto real de las platas utilizadas permanezca en una zona oscura o en secreto.

La norma que desde 2003 regula y limita las platas de campaña, al menos obliga a los candidatos a hacer una rendición pública que entrega información relevante sobre el origen y destino de los fondos, pero si se analizan en detalle esas cuentas, el gasto electoral en Chile en muchos sentidos sigue siendo una caja negra.

En la última campaña, los aspirantes a La Moneda tenían un límite de $4.292.165.204 para sus gastos de campaña. Por primera vez los candidatos presidenciales recibirían fondos públicos -de acuerdo al número de votos obtenidos- y debutaba además la regulación a las donaciones. Una normativa que permite donar dinero en forma anónima para las campañas (menos de 20 UF, directamente al candidato), reservada (más de 20 UF, a través del Servel, pero sin revelar su identidad) o de manera pública.

En 2005, ninguno de los candidatos declaró haber gastado el máximo permitido. En la primera vuelta, Sebastián Piñera fue quien reconoció un mayor gasto -seguido de cerca por Michelle Bachelet-, y fue por lo tanto quien obtuvo mayores ingresos a su caja electoral: poco más de $3.900 millones.

Pese a las diferentes alternativas que ofrece la ley, el 91% de los ingresos de Piñera provinieron de créditos bancarios que le otorgó el Banco Santander ($3.578 millones). De acuerdo a la información entregada por el Servel -calculada según los votos que obtuvo en la primera vuelta-, sólo $927 millones le fueron reembolsados posteriormente como parte del financiamiento fiscal. Lo anterior arroja una pérdida de más de $2.500 millones que debió asumir el candidato de Renovación Nacional.

En el ítem aportes reservados, Piñera recaudó $297 millones. Sólo un donante privado, Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A, hizo público su aporte. La empresa es parte del grupo Aconcagua, consorcio en el que Piñera tenía en ese momento un 17,5% de la propiedad. Las cuentas del Servel también indican que además, el candidato puso de su bolsillo $18 millones.

Michelle Bachelet obtuvo créditos del Banco del Desarrollo por casi $2.000 millones, de los cuales el Servel sólo le reembolsó posteriormente $1.677 millones. Fue la única candidata presidencial que recibió aportes privados de carácter público, los que ascienden a $154 millones. Sin embargo, la información publicada por el Servel consigna que el detalle de los donantes está en un archivo adjunto que no figura en su página web y que aunque fue solicitado por CIPER, aún no ha sido entregado.

Sólo dos de los aportantes de Bachelet aparecen individualizados en la tabla del Servel: Eduardo Báez Faúndez, quien entregó $527 mil, y DyR Ltda., que aportó $3,1 millones en dinero y $3,5 millones en servicios de call center. Báez Faúndez es un militante PPD que fue candidato a concejal por Lo Espejo y DyR, de acuerdo al Diario Oficial, es propiedad de René Foncea Solís y Daniela Bitrán Israel, abogada del Ministerio Secretaría General de Gobierno durante la administración de Ricardo Lagos.

Además, Bachelet es la única candidata presidencial que registró aportes de partidos políticos, pero sólo del Partido Socialista. El PS destinó a la campaña de su militante $280 millones. De todos modos, el grueso de sus donantes fueron reservados: $1.142 millones.

Pero fue el actual candidato a senador por la Quinta Región Costa, Joaquín Lavín, quien obtuvo el mayor monto de aportes reservados en la última campaña presidencial: $1.419 millones, el 60% del total. Gran parte de la diferencia, $700 millones, provino de créditos con los bancos Security y BCI. Además, solicitó que le reembolsaran directamente $153 millones por pagos pendientes.

El cuarto competidor presidencial de 2005, Tomás Hirsch, sólo tuvo ingresos por $194 millones. Según su rendición, no obtuvo ningún peso a través de donaciones, y todo lo recibió gracias a créditos de los bancos del Desarrollo y Monex. Pidió reembolsos por poco más de $10 millones en gastos pendientes.

Los gastos de campaña

El gasto electoral fue uno de los protagonistas del primer debate de esta campaña. Marco Enríquez-Ominami le enrostró a sus contendores su falta de transparencia, diciendo que sólo él había dado a conocer sus gastos: $204 millones. Sebastián Piñera respondió que él también había publicado sus cuentas en su página web. Muchos corrieron a verla, pero el sitio estaba caído. En todo caso, su informe indica que en el mes previo al inicio formal de la campaña presidencial, es decir, antes de que la ley autorice a hacer propaganda y que los gastos sean considerados de campaña, el candidato de la Coalición por el Cambio había desembolsado $419 millones, el doble que Enríquez-Ominami. De Frei no hay registro, pues no ha transparentado sus gastos.

¿Cuánto cuesta la propaganda en campaña presidencial? En 2005, fue lejos el ítem en que más gastaron los candidatos. Piñera destinó a ello el 72% de sus recursos; Bachelet, el 54%; Hirsch el 52% y Lavín, el 60%. Medios de comunicación e imprentas se llevaron una importante tajada en pequeños y medianos pagos individuales.

Los cerebros de las campañas y sus franjas recibieron cheques cuantiosos. Mackenna y Armstrong S.A. estuvo a cargo de la "creación y difusión de la campaña política" de Piñera, por la que recibió un total de $181 millones. La franja televisiva corrió por cuenta de MCM Cine S.A., que facturó $58 millones. A eso se suma el trabajo de Jonathan Knuckey, quien recibió $6,6 millones por la dirección cinematográfica, lo mismo que cobró Dayane Vera por la dirección de arte. El encargado de la fotografía, Diego Manuel Medina, recibió $2,8 millones.

En el comando de Bachelet, la agencia de publicidad Aldea -la misma que trabaja ahora con Frei- cobró $71 millones por la campaña publicitaria y la franja. Sólo la mitad fue imputada a gastos de propaganda, mientras que el resto se cargó a servicios. A Aldea se suma Producciones de Diseño Felicidad -también fichada por Frei- que recibió $76 millones por la dirección creativa. Pero el mayor desembolso unitario de la campaña de Bachelet fue para la ahora quebrada empresa Cine Cien, que facturó $642 millones por la producción de cortos para la franja.

 Vista Films Producciones trabajó en la creación y producción de la franja política de Joaquín Lavín por $321 millones. A eso hay que sumar los $243 millones que cobraron Larraín y Compañía por el diseño y producción de la campaña del candidato de la UDI.

De Polaroids a administradores de fondos

Entre los datos curiosos están los $53 millones que Lavín pagó a Latincolor por las fotos Polaroid que se tomaba con sus adherentes y que han sido uno de sus sellos de campaña. Otra herramienta que utiliza bastante es la propaganda mediante llamados telefónicos, por los que pagó $125 millones a Publicidad y Comunicaciones NE y otros $50 millones al Centro de Investigaciones Sociales.

En la rendición de Lavín también se registran los pagos hechos a su polémico ex asesor Iñaki Busto, con quien quebró relación luego de las acusaciones cruzadas con el yerno del presidenciable, Isaac Givovich, por el manejo de los dineros de la Municipalidad de Huechuraba. Durante la campaña, Busto cobró $12 millones como coordinador de las giras y su empresa FullCall otros $4,7 millones por llamados telefónicos.

En las cuentas de Michelle Bachelet llaman la atención los pagos realizados a EMETRES Ltda., que suman $342 millones por conceptos como la administración de los fondos de campaña, administración de terceros, servicios para la campaña presidencial y asesorías de campaña. Esta fue una de las empresas mencionadas por el Instituto Libertad -ligado a Renovación Nacional-, cuando en 2006 hizo cuestionamientos a las rendiciones de Bachelet.

EMETRES era el nombre de fantasía de la Sociedad de Marketing y Asesorías Molina y Morales Limitada, creada en julio de 2005 y desaparecida un año más tarde. Así había quedado establecido en su escritura, que define su objeto como "Asesoría financiera, económica, política administrativa y publicitaria de personas naturales y jurídicas; la realización de eventos culturales, deportivos, sociales y políticos; el desarrollo de colectas públicas; de campañas de recaudación de fondos; de actividades de promoción y marketing de marcas comerciales, de productos, de personalidades, de imágenes corporativas y afines; pudiendo administrar dichos fondos y destinarlos a la compra y/o arriendo de bienes y servicios que tengan por objeto la realización de cualesquiera de los objetos previamente enunciados". Uno de sus socios es Marcelo Morales Villarroel. Según El Diario, Morales fue asesor financiero de la campaña de Bachelet, quien luego lo designó director y vicepresidente del Metro.

La rendición de cuentas de Sebastián Piñera es la única en la cual no cuadran como debieran los ingresos y gastos: $3.902.539.996 v/s $3.902.540.035. La diferencia es de sólo $39. Según se explicó en el Servel, esto puede deberse a que la información publicada por el organismo no es exactamente la misma entregada en febrero de 2006 por los candidatos, sino que sólo contiene aquellos gastos que fueron aprobados como tales. Dado lo insignificante del monto, también podría tratarse de un error.

Lo que no cambió respecto a la rendición inicial de Piñera es la factura por $3.927.000 que entregó la cuestionada empresa Publicam por "arriendo de letreros en diferentes calles".

Encuestas presidenciales

De la rendición de Sebastián Piñera se concluye que no gastó un peso en encuestas. Obviamente sería inverosímil decir que no hizo sondeos de opinión. Durante la campaña se dijo que éstas eran realizadas por la Fundación Futuro, que él mismo preside y que dirige su hermana. Si así fuera, estaría lejos del objeto con el cual dicha fundación fue creada (Ver reportaje sobre la Fundación Futuro).

Sus contrincantes tampoco aparecen con excesivos gastos en sondeos. Bachelet sólo registra a la empresa de estudios de opinión Feedback como encuestadora, que facturó $46 millones. Pero en el item servicios, también hay un pago a Datavoz por $2,2 millones por un estudio cualitativo.

Lavín se mantuvo fiel a la encuestadora favorita de la UDI, Benchmark, a quien encargó estudios por $21 millones.

Los presidenciables 2009

Marco Antonio Enríquez-Ominami y Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei también tuvieron que informar de sus egresos y gastos al Servel el 2005, pero el primero como candidato a diputado y el segundo como aspirante a senador.

Enríquez-Ominami estuvo lejos de los $113.014.774 que permitía la ley de gasto electoral para el distrito 10 de la Región de Valparaíso. Sólo declaró haber recibido y gastado $78 millones.

De ese total, $15 millones correspondieron a aportes anónimos y $10 millones a aportes reservados. Registra además $13 millones en aportes públicos, los que no fueron entregados en dinero sino por el usufructo de distintos bienes. Los donantes son muy cercanos a él. Su actual gerente de campaña, Cristián Warner, le entregó en comodato un Mitsubishi Galant, su mujer Karen Doggenweiller, un Mitsubishi Montero, y la Sociedad Rivas y Rivas -de la que es dueño en un 99%-, le cedió dos vehículos. Su aporte patrimonial propio fue de $2,7 millones.

Un registro que de seguro esta vez Enríquez Ominami no tendrá en sus cuentas es el aporte que le hizo el Partido Socialista: $12 millones, a los que habría que sumar los $15 millones que el candidato pidió que le reembolsaran al partido por concepto de facturas. Para sí mismo pidió un reembolso de $8,6 millones.

Frei tampoco declaró haber gastado los $246.404.611 que le permitía la ley, sino sólo $195 millones. La gran mayoría ($145 millones) provino de aportes reservados, mientras que otros $50 millones los obtuvo de un crédito del Banco del Desarrollo. De acuerdo a la información publicada por el Servel, Frei sólo aportó de su bolsillo la insólita suma de $ 4.826.

*Asistente de investigación: Jorge Sullivan

 Enviado por ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

“Pacto histórico” para encarar las parlamentarias

Martes 15 de septiembre de 2009

Foto: Los máximos dirigentes de la Concertación por la Democracia y el Juntos Podemos Más, inscribieron su plantilla parlamentaria común para encarar la elección de diciembre. Foto: Esteban Garay

Por primera vez en 20 años de democracia posdictadura, la Concertación y la izquierda presentaron una lista parlamentaria conjunta para encarar la elección del 13 de diciembre próximo, lo que fue considerado por dirigentes de ambos sectores como un “pacto histórico”.

De esta manera, el oficialismo y el Juntos Podemos materializaron un acuerdo electoral que persigue romper con la exclusión en el Parlamento y doblarle la mano al sistema electoral binominal que deja sin representación a un porcentaje de electores.

Con la plantilla parlamentaria común ambas fuerzas esperan, como mínimo y en concreto, posibilitar la llegada al Congreso de representantes del Partido Comunista y aumentar la representación de diputados del conglomerado oficialista.

Ambos conglomerados señalaron, eso sí, que se trata sólo de un “pacto instrumental” y que no contempla apoyos mutuos de otro tipo como, por ejemplo, de gobernabilidad. De hecho, cada cual lleva su candidato presidencial.

En una imagen inédita, ayer dirigentes concertacionistas y de la izquierda extraparlamentaria llegaron a las oficinas del Servicio Electoral (Servel), nueve horas antes de que se venciera el plazo de inscripción, dando una señal de solidez del convenio electoral adoptado, que requirió de negociaciones para los cupos de candidatos.

A las 15:30 horas estaban inscribiendo el pacto denominado “Concertación y Juntos Podemos, Por Más democracia”, cuya gráfica está compuesta por un remolino con un arco iris de fondo, síntesis de los logos de ambos referentes.

En representación de la Concertación asistió el vocero, José Antonio Gómez (PRSD); el presidente del PS, Camilo Escalona; el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, y el presidente del PPD, Pepe Auth.

El Juntos Podemos estuvo representado por el presidente del PC, Guillermo Teillier, y Manuel Jacques, timonel de la Izquierda Cristiana.

“MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA”

Concluido el trámite, el senador Gómez no dudó en hablar de “un día histórico para Chile”, argumentando que el acuerdo Concertación-Juntos Podemos permitirá seguir trabajando por “más y mejor democracia”.

Añadió que “trabajaremos por terminar con la exclusión”, un objetivo buscado por el oficialismo y la izquierda.

Teillier planteó que el inscribir una lista conjunta con la Concertación fue efecto del rechazo reiterado de la derecha a modificar el sistema binominal por uno proporcional.

Así, explicó, la izquierda se jugó por entero para ingresar al Parlamento y para impedir una eventual victoria de Sebastián Piñera.

Ayer por la mañana fue la última reunión de ajuste que sostuvieron representantes de la Concertación y el Juntos Podemos, para terminar de definir nombres y distritos donde se sellaría el “pacto instrumental”.

APOYO A CANDIDATOS COMUNISTAS

Finalmente, la izquierda se quedó con doce distritos y el arco iris cedió a las peticiones del PC por reforzar ciertas candidaturas que no estarían logrando el doblaje.

Específicamente, los comunistas requieren de más apoyo en el Distrito 5 (Copiapó) y el 46 (Lota).

Y se apunta no sólo a contar con altos dirigentes de la Concertación para “sacarse la foto”, sino contar con “operadores políticos” para trabajo en terreno.

En esa línea, por ejemplo, se ha planteado más respaldo de la DC a Cristián Cuevas en Lota y “más pega” en apoyo a Lautaro Carmona.

Arturo Martínez y Cristian Cuevas ya son candidatos Desafiando los amarres de la dictadura, ayer dos dirigentes sindicales inscribieron sus candidaturas en la lista parlamentaria de la Concertación y el Juntos Podemos: el presidente de la CUT, Arturo Martínez (PS) y el dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas (PC). Con una batucada y banderas antiexclusión, organizaciones sociales y de trabajadores se abrieron paso por calle Esmeralda para apoyar a sus representantes. “Esperamos que el pueblo nos ayude para representar a la gente humilde, a los trabajadores, mujeres, ancianos y jóvenes, para que logremos de una vez por todas una democracia de verdad”, aseguró Martínez. Cuevas aludió al fin de la exclusión, lo que aseguró llevará “36 años después, a los hombres y mujeres de trabajo al Parlamento, para construir una nueva mayoría que posibilite que el día de mañana los trabajadores gobernemos Chile”.

Escenario de disputa En lo formal quedó prácticamente definido el escenario de la quinta elección presidencial y de la batalla parlamentaria. Los ciudadanos ya tienen a la vista a cinco aspirantes a La Moneda y cuatro listas de candidatos a senadores y diputados. Si bien se mantiene la pelea electoral entre los dos conglomerados hegemónicos (Concertación y Alianza), se materializó ayer un hecho que puede tener efectos novedosos en materia de correlación de fuerzas y el proceso político nacional. El “pacto instrumental” sellado entre el oficialismo y el Juntos Podemos, que pone por primera vez en riel común a los concertacionistas con un amplio sector de la izquierda liderado por el Partido Comunista. De inicio, se abre la posibilidad de romper de hecho con el sistema electoral binominal, un anhelo democrático de hace años. De paso, otras fuerzas políticas podrán a prueba su promesa de representatividad -en las presidenciales y parlamentarias- en una elección que será disputada.

La amenaza rubia que complica a Rodrigo Álvarez

17 de Agosto de 2009

 Con una sonrisa acogedora y el peso de su apellido, Marcela Sabat, la hija del alcalde de Ñuñoa, está dándole dura batalla en el distrito 21 a uno de los diputados más sobresalientes y reconocidos de la bancada gremialista. Ella es sólo egresada de Derecho y él doctorado en Harvard y Presidente de la Cámara. Pero en esta democracia plebeya y televisiva, ya sabemos que los pergaminos intelectuales sirven de bien poco.

Por Claudia Rivas Arenas

Aunque en la derecha la principal tensión política se ha centrado claramente en las campañas de la Quinta Región, lo cierto es que habrá otras que también le quitarán el sueño a la los máximos dirigentes de la UDI. El caso del distrito 21 -Providencia Ñuñoa- es emblemático en ese sentido, ya que sólo unas semanas duró la tranquilidad en Suecia 286, post bajada de Nicolás Monckeberg. Porque cuando se creía que Rodrigo Álvarez tenía ganada la elección para, por fin, ubicarse en la Región Metropolitana después de tres períodos de "servicio militar" en el distrito más austral del país, apareció una reemplazante del diputado fiscalizador que podría llegar a ser más peligrosa aún para el presidente de la Cámara Baja: Marcela Constanza Sabat Fernández, hija del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat.

Tan complicada podría llegar a ser esta elección que en junio pasado, cuando en RN aún no se definía el nombre de Marcela Sabat para enfrentar a Álvarez, un sondeo de Direct Media le daba al diputado sólo un punto de ventaja sobre la desafiante: 22 por ciento para el primero y 21 para la hija del alcalde. Y aunque tanto el propio afectado como su partido le restaron méritos al estudio, lo cierto es que en los hechos está quedando en evidencia que pese a la presión de Pablo Longueira sobre el comando de Sebastián Piñera para que sus socios bajaran a Monckeberg, la tarea de Álvarez es igualmente difícil.

Y mientras al candidato gremialista se le podría hacer cuesta arriba enfrentar a la joven promesa de Renovación, entre otras cosas porque su padre es considerado un caudillo en la zona; Marcela Sabat debe afrontar críticas internas. A sus 33 años está egresada de Derecho tras pasar por las universidades del Desarrollo y Finis Terrae, pero en su partido algunos la definen como una "niñita", imagen que contrasta con la forma como la hija del caudillo de Ñuñoa está encarando la elección, pues advierte que "me siento muy segura. Estoy segura que vamos a ganar y estoy trabajando para eso. No estoy haciendo esto sólo para darme a conocer".

Mateo versus modelo

Eso le debe haber quedado más que claro a su adversario la semana pasada, cuando Álvarez y Sabat compartieron un acto con el abanderado de la derecha Sebastián Piñera en Ñuñoa y el primero debió ingresar al centro cultural de la comuna desbordado de propaganda a favor de Sabat. Pese a que, según aseguran en la UDI, minutos antes Marcela se había acercado a Rodrigo para asumir un compromiso mutuo de fair play. Sin embargo, en el gremialismo no faltan los que le ven más parada de "modelo" que de candidata a diputada. Lo que también podría ser tomado como la típica actitud machista de los hombres respecto de las mujeres que ingresan a la política.

Pero cuando de hacer comparaciones se trata, en la UDI sacan a relucir en un dos por tres las cualidades profesionales de Álvarez, que estiman le sacan un amplia ventaja a su adversaria. Ciertamente el legislador se ha destacado por una trayectoria intachable, reconocida por moros y cristianos en la Cámara Baja. Sus pares lo distinguen como un diputado inteligente, mateo, trabajador y responsable. Y, aunque no quieren ni ponerse en el escenario de que el presidente de la Cámara fuera derrotado, subrayan que "esa sí que sería una gran pérdida para el Congreso". Ahora, si hay algo claro es que la influencia de ser la hija de Pedro Sabat le da a la joven un peso que no deja de ser considerable.

En todo caso, la candidata de RN no se amilana frente al currículo de su contrincante. Y afirma que "no me subestimo para nada frente al señor Álvarez". Agrega que ambos tienen fortalezas y entre las de ella está el hecho de que "he vivido toda mi vida acá, por lo que tengo empatía y comprendo perfectamente los problemas de la gente (del distrito). Además, destaca que "soy de una generación diferente a la de Álvarez, represento la renovación".

¿Nepotismo?

Pero como muchas veces ocurre en política, las críticas más fuertes hacia Sabat provienen desde su propia tienda. Se dice que "nunca ha participado activamente en el partido" y que si es candidata se debe "sólo a que es la hija de Sabat". Una fuente sostiene incluso que la actual lista parlamentaria "es la peor de Renovación en mucho tiempo, porque se han preocupado de poner a hijos de, sobrinos de, y parientes de" y que como nunca ha quedado en evidencia un alto grado de "nepotismo" en su confección.

Argumentos que la aludida rebate enérgicamente. Sostiene que milita "desde hace años" y que es "una mentira" que no ha participado en política, ya que asegura haber trabajado en las campañas de Joaquín Lavín, Alberto Espina y, por supuesto, en las de su padre.

Respecto a la acusación de nepotismo, Marcela Sabat refuta que "en este caso sería un nepotismo bien democrático", porque dice contar con el respaldo de mucha gente del distrito que es lo que la llevó a tomar la decisión de presentarse como candidata. Distinto sería, añade, si "mi nombre estuviera siendo propuesto para Intendente o algo así".

Sin embargo, reconoce que el hecho de que su padre sea un caudillo en la zona es también una ventaja. "Para qué andamos con cosas, Sabat es una marca registrada y, claramente, tiene que darme alguna base, pero no por eso me voy a relajar", advierte, asegurando que le sacará partido a la experiencia adquirida en las campañas.

COMUNICADO PROCLAMACIÓN CANDIDATA A DIPUTADA POR EL DISTRITO 22 SANTIAGO: SANDRA BELTRAMI MONTERO

 Frente a la Plaza Yungay en la comuna de Santiago fue la proclamación de la candidata por el Movimiento Amplio Social -MAS- en el distrito 22 Sandra Beltrami Montero.

El Secretario General del MAS Francisco Bucat Oviedo, junto a Edison Gutiérrez miembro de la Comisión Política Nacional del mismo partido, dirigentes de la Dirección Política Metropolitana del MAS y de su comunal, además de dirigentes de organizaciones sociales y culturales proclamaron a la candidata. También asistieron al acto político apoyando dicha candidatura académicos y estudiantes de la Universidad ARCIS  y el dirigente social reconocido nacionalmente Juan Cuevas.

La joven candidata a diputada, realizó tres propuestas que serán puntos centrales durante su campaña, sin perjuicio de las que dará a conocer posteriormente con un carácter más bien local.

El cambio constitucional  vía una asamblea constituyente popular originada desde las bases sociales  fue el punto principal, al que también  agregó en su propuesta un cambio radical en el poder legislativo inspirado en el proyecto constitucional  que el Presidente Salvador Allende quería llevar a La Moneda. Beltrami quiere mantener un congreso bicameral compuesta por la cámara de Diputados, y reemplazar el Senado por la "Cámara del Pueblo", que consistiría en la elección de dirigentes sindicales, de organizaciones sociales, estudiantiles, vecinales, dueñas de casa etc; que integraran dicha cámara. De esta forma la iniciativa y la promulgación de la misma se realizaría con la amplia participación de la sociedad en su conjunto, "para que así cada persona tenga el derecho a decidir como es el Chile en el que quiere vivir".

La nulidad de la ley de Amnistía también fue un tema importante, pues la candidata a Diputado por Santiago menciona que es difícil  la reconstrucción de la izquierda chilena sin que se haya hecho justicia en forma efectiva, juzgando y condenando los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet.  "Anulando la ley de Amnistía, la ley se retrotrae a su estado anterior a su promulgación, es decir, esta ley nunca habría existido por lo tanto no habría impunidad, y los crímenes contra el pueblo y sus victimarios tendrían que ser juzgados y condenados"- afirmó Beltrami.

Por último, se refirió también a la re-nacionalización de nuestras riquezas básicas y específicamente del cobre, haciendo una propuesta muy similar a la del Juez Guzmán que también fue proclamado por el Secretario General del MAS Francisco Bucat como candidato a Senador por la V costa; refiriéndose a la utilización de los excedentes del cobre para el financiamiento de salud y educación pública gratuita de calidad en todos sus niveles preescolar, escolar y universitario.

Posteriormente, no faltaron los números musicales, entre ellos el guitarrista Claudio Ríos quien también será candidato por el MAS por el distrito 31, Juan José, Álvaro Figueroa, Pablo Flores  y el grupo de música Andina Hijos del Sol quienes acompañaron a la candidata en su proclamación.

                                           Comando Electoral Sandra Beltrami Diputada

Enviado por COSAL (cosal@asmarsl.com) 

El Domingo, 12 de julio de 2009 05:26:55 p.m.

A G U S T Í N   E D W A R D S   E A S T M A N

Manuel Cabieses Donoso

Editorial de"Punto Final"

Edición Nº 689, 10 De Julio, 2009

Los candidatos presidenciales dieron examen ante el consejo consultivo de la Fundación Paz Ciudadana que preside Agustín Edwards Eastman. Nada les obligaba a entregar en ese lugar sus propuestas en materia de seguridad pública. Pero lo hicieron -y a juzgar por sus sonrisas- con muchísimo agrado. Tal como hacen los empleados de Edwards en los aniversarios de El Mercurio, a los que suele asistir el presidente de la República de turno y/o sus ministros.

Este 1º de julio, en el exquisito local de CasaPiedra, ante 200 invitados que degustaron croissants, frutas y café, un lamentable espectáculo tuvo protagonistas de alto calado político. Eran los candidatos presidenciales Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Adolfo Zaldívar, Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami y Alejandro Navarro. Sebastián Piñera envió desde Europa sus proyectos, coincidentes -¡era que no!- con los de Paz Ciudadana. Todo fue manejado patriarcalmente por Agustín Edwards, gestor del golpe de Estado de 1973, y cuyos oscuros antecedentes en materia de ética, moralidad comercial y conocimientos sobre delincuencia, son vergonzantes.

Los candidatos se comportaron como dóciles carneros en el ara de sacrificios de El Mercurio. La mesa del rastrerismo político la presidía el orejero de Nixon y Kissinger, el malnacido que vendió a su patria en Washington, el progenitor del golpe militar de 1973, o sea Edwards, que se abanicó con unos candidatos presidenciales de pacotilla.

¿Por qué los candidatos acudieron sumisos al llamado de Edwards y su Fundación Paz Ciudadana? ¿Por qué ninguno de los candidatos de Izquierda -Jorge Arrate y Alejandro Navarro- ni tampoco Marco Enríquez-Ominami, tan díscolo cuando no desafía al verdadero poder, se atrevieron a denunciar la farsa, ni pusieron en evidencia el papel que juega Paz Ciudadana en proporcionar fundamento ideológico a la derecha y los poderes fácticos en materia de seguridad y delincuencia?

Esta Fundación fue creada por Agustín Edwards en 1992, poco después del comienzo de la "transición a la democracia". En Paz Ciudadana convergen malandrines de toda calaña, corsarios de los negocios, parlamentarios amamantados desde su más tierna infancia por millonarias cajas electorales, lobbystas sin fronteras, rábulas de las transnacionales, publicistas y magos del marketing, arrenquines prostibularios de los servicios de seguridad y otros especimenes parecidos. En su directorio cohabitan Agustín Edwards con Sergio Bitar, ministro de Obras Públicas y alto dirigente -y mecenas- del PPD; Bernardo Matte, cabeza de uno de los grupos económicos más poderosos de Chile, con la senadora Soledad Alvear, ex presidenta de la DC, y cuyo marido -Gutenberg Martínez- se especializa en "vacunar" donantes para las campañas del PDC; Paola Luksic, del grupo económico que manejan Andrónico, Guillermo (miembro del consejo consultivo de Paz Ciudadana) y Jean Paúl Luksic, padrinos de todos los partidos de la Concertación y de la Alianza, sostenedores de parlamentarios que reciben dádivas en efectivo y en maletines a prueba de investigaciones bancarias; el senador UDI, Jaime Orpis; Edmundo Pérez Yoma, empresario y ministro del Interior; Eugenio Tironi, lobbysta de las peores causas, hasta hace poco escudero de una de las cadenas de farmacias que se coludieron para apuñalar la salud de cientos de miles de chilenos. En Paz Ciudadana se hermanan la ministra de Educación, Mónica Jiménez, consejera de confianza de  la Iglesia Católica, el ex pobretón Enrique Correa, hoy millonario lobbysta y remero de piraguas de derecha, centro e izquierda; y el no menos afortunado empresario Oscar Guillermo Garretón, socialista hoy, mapucista ayer, caradura siempre. Paz Ciudadana es hoy otro negocio de Edwards, como los caballos, los botes a vela o la cadena de periódicos que le permiten modelar corrientes de opinión... y acumular influencia que abre las puertas a nuevos negocios. Su Fundación recibe financiamiento de Farmacias Ahumada, Enersis, Lan, de las principales cadenas de retail, D&S y Cencosud, etc.

Paz Ciudadana, desde sus comienzos, ha agitado la bandera del miedo, del temor a la delincuencia, de la inseguridad de las personas. Son fenómenos reales pero que amplifica y manipula. Convirtió la seguridad en un factor ligado a la mano dura, añoranza soterrada del pinochetismo. Y, luego, en una pesadilla que esconde los reales problemas que originan la delincuencia: la miseria, la explotación y la discriminación. Si el enemigo interno para la dictadura militar y El Mercurio eran el comunismo y la Izquierda, desde hace diecisiete años es el muchacho(a) que no encuentra trabajo ni puede estudiar, el poblador, la gente pobre.

El remedio es el mismo: la represión, nuevas cárceles concesionadas, la seguridad privada (que mueve cientos de millones de dólares), el aumento interminable de las dotaciones policiales, en fin, todo aquello que contribuye a fortalecer la plataforma instrumental del fascismo. Los gobiernos de la Concertación no se han atrevido -quizás ni siquiera lo han pensado- a quitarle legitimidad a Paz Ciudadana, porque esa Fundación es El Mercurio y sus 24 periódicos. El temor reverencial que inspira ha hecho de Edwards un monstruo de la impunidad. En esto le ha sido útil Paz Ciudadana, que ampara con su silencio los delitos de cuello y corbata, las estafas bursátiles por miles de millones de pesos, las maniobras empresariales que destruyen el medioambiente o que causan la muerte al modificar las fórmulas de medicamentos para rebajar costos, y otros delitos millonarios que son el pan de cada día de los muchísimos Edwards que ha prohijado el neoliberalismo en nuestro país.

Nada de esto era novedad para los candidatos presidenciales de Izquierda, Jorge Arrate y Alejandro Navarro, cuando aceptaron manosearse con Edwards, el asesino intelectual de Allende y de miles de chilenos. Prefirieron callar para ganar indulgencias con El Mercurio. Con mayor razón procedió así Enríquez-Ominami, que encuentra amplia y cotidiana cobertura en la cadena mercurial. No obstante que él se declara transversal y pragmático, no tiene impedimentos ideológicos ni políticos para compartir desayuno y sobajeos con Edwards, el golpista.

Los otros candidatos -Frei, Zaldívar y Piñera- siempre han seguido las aguas de Paz Ciudadana y pertenecen a la tropilla corralera de El Mercurio en la política nacional. Arrate y Navarro, en cambio, pudieron negarse a asistir a CasaPiedra. O mejor, pudieron desenmascarar allí la turbia naturaleza de Paz Ciudadana y la catadura de Agustín Edwards. Sin embargo, aceptaron el besamanos... a cambio de una pizca de publicidad mercurial. En este caso, el oportunismo indigna.

La sumisión es cobardía; el acomodo es una vergüenza. Y hay que decirlo.

XENTILEZA DO:   COSAL   A CORUÑA

Junto a abogados Briones y Bosselin se reúne con Superintendenta de Pensiones:

Navarro: "SP debe preocuparse más de los cotizantes que de las AFP"

Su "más profunda preocupación" respecto de diversos problemas que enfrentan los trabajadores chilenos ahorrantes en el sistema de AFP, "especialmente debido a la dificultad para adoptar las decisiones más convenientes por la falta de información accesible y sobre todo por la complejidad de lenguaje con que se abordan los temas por parte de la SP y que hace que aún accediendo a ella, sea de difícil comprensión para los usuarios del sistema", le manifestó el senador Alejandro Navarro junto a los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselin a la Superintendenta de Pensiones Solange Berstein.

Navarro dijo que "además le planteamos nuestra particular y urgente preocupación por aquellos miles de chilenos que están próximos a cumplir los requisitos para jubilar, pero que debido a las cuantiosas pérdidas sufridas en los últimos años, especialmente el último, no podrán hacerlo. Lo mismo respecto de los casos de los chilenos y chilenas que igual tuvieron que jubilar asumiendo millonarias pérdidas".

"Además -agregó- nos interesa saber qué medidas adoptará la SP de ahora en adelante no sólo para resolver dudas y problemas surgidos debido a la crisis financiera actual, sino frente a futuras situaciones similares, ya que está claro que en esta ocasión los afiliados no tuvieron información adecuada y oportuna de parte del ente que debiera ser su principal orientador. Ya es tiempo de que la SP deje de preocuparse tanto de las AFP, hacia quienes tiene una actitud demasiado condescendiente y pasiva, y se preocupe más de los chilenos que trabajan toda una vida para tratar de lograr una jubilación digna".

El presidenciable del MAS, expresó además, su molestia "debido a la actitud exageradamente pasiva y con poca iniciativa de parte del Estado frente al sistema previsional, que se ha traducido en que las AFP son administradas sólo bajo las reglas del mercado, dejando al azar el futuro de miles de chilenos que no han podido jubilar, debido a las perdidas que han tenido en sus fondos. Gravedad similar que deben enfrentar los chilenos que se encuentran en edad de jubilar, quienes han cumplido 60 o 65 años de edad y lo han tenido que hacer con los fondos que tenían, asumiendo la perdida de sus ahorros, lo que trae como consecuencia que reciban pensiones miserables, sin ningún tipo de respuesta por parte de las administradoras y menos del Estado".

En ese sentido, el Senador dijo que "los trabajadores sufrieron un abuso y luego quedaron al desamparo de las AFP, y ante la crisis del sistema es obvio que se requiere más Estado ".

El legislador recordó que "ante esta denuncia-que viene denunciando desde el año pasado-no hemos tenido ninguna respuesta de parte de las instituciones responsables, quienes incluso no han cumplido con lo que señala el DL 3.500, respecto a la obligación que tienen las AFP de informar a sus afiliados, la forma cómo se debe entregar esta información y la responsabilidad que le cabe en esta materia a las administradoras", ni con los objetivos de las inversiones, que de acuerdo a lo que señala el mismo DL, que establece que las inversiones que se efectúen con los recursos de un fondo de pensiones tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones se considera contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de las administradoras".

El parlamentario indicó que "en todo caso, el Estado a través de la Superintendencia de Pensiones tampoco se ha hecho cargo del problema de la falta de información. Sería bueno que fuera la SP quien informara adecuadamente a los trabajadores que cotizan en las AFP que es lo que está pasando con sus ahorros, especialmente cuando se han perdido más de 41 mil millones de dólares desde enero de este año y la SP como si no pasara nada, haciéndose cómplice de aquellos que sólo proponen como fórmula la resignación, el no cambiarse de fondo y esperar".

Más informaciones:

www.yomecambio.cl

www.nomepuedojubilar.cl