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Treinta y tres mineros, uno tras otro

Treinta y tres mineros, uno tras otro

Crimen de los dueños y el Estado en Mina San José

Chile: Treinta y tres mineros, uno tras otro

  • Mientras los medios de comunicación de los que mandan muestran a un Piñera cortando cabezas pequeñas y al ministro de Minería derramando lágrimas de cocodrilo, sospechosa y calculadamente, los propietarios de la mina se lavaron la cara en El Mercurio y La Tercera a 9 días de la catástrofe. Los familiares y dirigentes mineros piden castigo y responsables con nombre y apellido. Una vez más, Chile luce al mundo su condición de país desigual y empobrecido, sobre toda propaganda gubernamental.

Por Andrés Figueroa Cornejo

periodistafigueroa@yahoo.es

 “Las noticias que los obreros daban del accidente calmó un tanto aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces: sólo había tres muertos de quienes se ignoraban aún los nombres. Por lo demás, y casi no había necesidad de decirlo, la desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del Chiflón del Diablo, donde trabajaba ya hacía dos horas en extraer las víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de izar en el departamento de las máquinas.

Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones devorados por la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la suya esperanza sino certeza: de seguro él no estaba entre aquellos muertos. Y reconcentrada en sí misma con ese feroz egoísmo de las madres oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus ayes de desolación y angustia.”

El texto anterior no es parte de la crónica de la tragedia ocurrida en la mina San José el 5 de agosto pasado, a 45 kilómetros de Copiapó, en la Región de Atacama. Es el fragmento del cuento “El Chiflón del Diablo” escrito por  Baldomero Lillo hace 106 años.

LAS CIRCUNSTANCIAS Y LOS CRIMINALES

Los dueños de la Compañía Minera San Sebastián, de cuya órbita es la mina San José, son Marcelo Kemeny Füller (40 % de la propiedad) y Alejandro Bohn (60 %). El primero intentó vender infructuosamente el yacimiento de cobre y oro el año pasado. El fundador de la empresa fue su padre, Georges Kemeny Latay que, según miembros de la Sociedad Nacional de Minería, le dio “impulso” a la faena, cuya explotación tiene más de doscientos años. Ahora el directorio está formado por el  gerente de la empresa, Pedro Simonevic; vicepresidente ejecutivo, Marcelo Kemeny; el gerente general, Alejandro Bohn; subpresidente Planta Tierra Amarilla, Marcelo Rodríguez; subpresidente Planta Copiapó, Víctor Lamas; y el jefe de abastecimiento, Jaime Cerón. Sin embargo, uno de los dueños, Marcelo Kemeny no dio señales de vida hasta el viernes 13 de agosto, 9 días después de los hechos.. Al respecto, Rafael Peña, hermano de uno de los 33 mineros enterrados desde las 14:00 hrs. el 5 de agosto, señaló que  “Acá ni siquiera lo conocen, nunca aparece. Esto es para la risa, que el dueño no aparezca para nada”.

En una burda maniobra comunicacional –que debe estar muy bien pagada-, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny  el viernes 13 aparecieron al mismo tiempo y diciendo prácticamente lo mismo, en las portadas de El Mercurio y La Tercera. Sueltos de cuerpo y con casacas rojas iguales a las que visten las autoridades piñeristas, por una parte, Bohn  dijo lo que todo responsable de un accidente de estas proporciones debe decir correctamente: “…nuestra única prioridad han sido nuestros trabajadores y sus familias”, mientras, por otro lado, ante las sospechas de sus relaciones políticas para reabrir una mina inexplotable, Kemeny afirmó con inocencia que “Somos una hormiga, no tenemos capacidad para eso.” Sobre este dicho, la comunidad nacional, los familiares y los dirigentes mineros deben estar muy de acuerdo, pero en un sentido totalmente distinto. El lavado de imagen de los propietarios del yacimiento San José suena a pobre y desesperada estrategia mediática para procurar salvar ilesos de sus responsabilidades. Pero los trabajadores y la gente no son imbéciles.

Según el Ingeniero en Minas, Agustín Holgado, quien se desempeñó por más de 10 años en la zona de Copiapó, “Para nadie de la zona resultó una sorpresa el accidente, mucho menos para los fiscalizadores. Son innumerables los incumplimientos de la Minera San Esteban con la seguridad de los trabajadores, así como también con la legalidad ambiental. Baste decir que la reglamentación de seguridad que fiscaliza el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), obliga a la minería subterránea a contar con al menos dos accesos alternativos a todas las labores, pero al parecer hay autoridades y empresas que están por encima de la ley.” El ingeniero indicó que en 2004 la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por el sindicato en contra de la empresa y Sernageomin producto de la muerte del trabajador Pedro González Rojas, luego de un desprendimiento de roca en la mina San José. En julio de 2010, el minero Gino Cortés sufrió un grave accidente donde perdió una de sus piernas, una vez que un planchón (roca desprendida en la galería de acceso) le cayó encima cuando se desplazaba para almorzar. ¿Qué fuerzas permiten la apertura de un yacimiento extraordinariamente peligroso?

LAS AUTORIDADES EN EL LUGAR EQUIVOCADO Y LA VOCACIÓN MEDIÁTICA DE PIÑERA

Por su parte, el ministro de Minería, Lawrence Golborne (ex gerente de sistemas de Esso Chile, filial de la petrolera norteamericana ExxonMobil; y ex gerente corporativo de Cencosud) aseguró la semana pasada que el miércoles 11 de agosto habría un primer contacto con los mineros atrapados en el refugio del yacimiento. Naturalmente ello no ocurrió. Y se explica, en parte, por su total inexperiencia en la industria del sector. Lo que, a su vez, se agrega al conjunto de irresponsabilidades gubernamentales en la materia. Sebastián Piñera, teatralmente se apersonó en la mina a casi tres días del ingreso de los trabajadores al yacimiento, y luego de hacerse de los antecedentes pidió “rezar por los mineros”. Días después Piñera cortó por lo más frágil, mediático y económico políticamente: destituyó al director de Sernageomin, Alejandro Vio, al subdirector de Minería y al director regional de Atacama de esa entidad, Rodolfo Díaz. Olvidó decir que Senageomin cuenta con sólo 17 fiscalizadores para alrededor de medio millar de minas del país. Por eso su anuncio de triplicar el presupuesto de la unidad fiscal suena bien, pero es ridículo para los requerimientos.

El ex director regional de Sernageomin –anterior al recientemente retirado de sus funciones-, Antón Hraste dijo que el gerente de la mina San José, Alejandro Bohn; el director expulsado de Sernageomin, Alejandro Vio, y el jefe del Departamento Nacional de Seguridad de ese servicio, Santiago Pinilla, “deben responder por qué se reabrió la mina. Ellos tomaron la decisión.”

Hraste abandonó su cargo el 30 de junio de 2007, y el 30 de mayo de 2008, el subdirector de Sernageomin, Patricio Leiva, autorizó “la reapertura de la mina San José”, luego de una largo historial de accidentes, muertos e irregularidades a granel.

LOS TRABAJADORES Y LA VERDAD DURA

Moisés Labraña, vicepresidente de la Confederación Minera de Chile y uno de los líderes históricos del sector, expresó que  “La mina jamás debió reabrirse porque tiene fallas estructurales. Un derrumbe en una mina no puede producirse porque existen mecanismos para evitarlo: hay clavos de anclaje, enmallado, chorroteo de cemento, lo que asegura los avances en la mina. En la San José no había nada de eso. Se hicieron avances en forma irracional”, y agregó respecto del mítico refugio del que tanto se habló los primeros días que “no hay lugar para que los mineros puedan guarecerse de un derrumbe: lo que debería existir es un refugio contra incendios, no contra derrumbes.”

Labraña informó que  los mineros venían exigiendo desde 1999 que se cerrara el yacimiento. El 2005 la Dirección del Trabajo decidió clausurarla porque no existía salida de emergencia, ni chimenea (para renovar el aire). Esto llegó a los tribunales de Copiapó y se lavaron las manos. Luego, y no se sabe por qué, la mina se reabrió el 2009. “¿Existen influencias políticas, gente importante involucrada? Eso tendrá que ser parte de la investigación. Puede que nos encontremos con más de una sorpresa” indicó el dirigente. El 30 de junio, en el marco de una reunión de trabajo de la comisión de minería donde estuvo el ministro Lawrence Golborne,  Javier Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Mina San José, le espetó al ministro que  “No se puede trabajar a cualquier costo. En la mina San José la situación es catastrófica. En cualquier momento se va  a producir un derrumbe, por lo tanto el gobierno debe tomar medidas.” Pero el ministro no tomó ni nota. Y el 5 de julio, a un mes del desastre, se le fue a dejar una carta para pedirle que la empresa, sino era cerrada, por lo menos fuera obligada a abrir la salida de emergencia y destapar la chimenea, porque el fondo de ella se había llenado de material estéril, lo que la volvía inoperante. El ministro no recibió a los dirigentes sindicales. “¿Qué esperanzas hay ahora? Pocas. Es muy difícil que estén con vida. Ya el primer día se optó como única vía de rescate, la chimenea. Y no ha habido ningún tipo de comunicación con los mineros enterrados. Aquí los empresarios tendrán que pagar por su responsabilidad criminal en el hecho, incluso si sobreviviera algún minero. También hay una responsabilidad de Estado, responsabilidades políticas. Sernageomín depende del ministro”, sentenció Labraña e ilustró que  “Aquí transitamos por la vereda del siglo pasado. Tantos los convenios, como las recomendaciones del convenio 176 y de las recomendaciones 183 de la OIT,  no han sido suscritas por el gobierno. De hecho, Chile no ha suscrito ninguna norma de seguridad, porque se tocan muchos intereses.”

-¿Y en qué consisten esas normativas no firmadas?

-“El convenio plantea tres principios: la participación de los trabajadores en materia de resguardo de la mina; el derecho a conocer e informarse plenamente del lugar y las condiciones en las cuales se labora; y el derecho a paralizar, que asume el sindicato, el comité paritario o el trabajador mismo cuando advierte una situación de peligro, sin perder la remuneración. Aquí está el temor de los dueños. Los trabajadores se accidentan y no son considerados como tales. Son enviados a una clínica particular y se busca la manera de esconder el accidente. Al respecto, existe una concomitancia entre la Mutual de Seguridad y las empresas.”

-¿Por qué?

“La seguridad es un negocio. Las mutuales gastan apenas un 6 % en prevención de accidentes y un 21 % en gastos administrativos. El Estado no tiene una sola política de seguridad. La política la improvisa “el guaripola” de turno. Si al ministro le interesa la inversión, como es el caso actual, Sernageomin actúa según ese criterio. Debe terminar la irracionalidad. Aquí los empresarios deben pagar con cárcel. Y el Estado debe responder. 60 días se demoraron en ratificar a las autoridades de Sernageomin. Después se pone un ministro que no tiene idea de minería, y que sólo quiere promover la inversión. Ahora bien, hasta hace poco había una mina clausurada en Las Pataguas, en la V Región, y volvió a estar en funciones, ¿Quién lo ordenó? En la II, III y V regiones debe  haber un resguardo superior a la vida de los trabajadores.”

Néstor Jonquera es presidente de la Confemin. Expresó que los mineros bajo la mina derrumbada son socios del sindicato Mina de los Trabajadores de la Compañía San Esteban y afimó que “Según los supuestos, hubo un acuerdo político con los propietarios para reabrir la mina. Aquí hay corrupción, paleteada o favor político. Con qué sector político, es un misterio.”

Jonquera manifestó que “El gobierno ha apoyado a la empresa a no dar la cara como corresponde. Y cuando, en otra situación, están involucrados los trabajadores, el Estado nos ataca.”

-¿Quiénes son los responsables de la tragedia?

“El primer responsable es el empresariado, los dueños de la mina. Y luego el Estado, Sernageomin, la Inspección del Trabajo,  el Ministerio de Salud, y la Asociación Chilena de Seguridad, empresa que lucra administrando la ley 16.794 que tiene que ver con enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. La ley dice que tiene que prevenir; para eso se le paga una prima todos los meses. Y los responsables son parte de este gobierno y del anterior. Todos tendrán que pagar.”

El máximo representante de la Confederación  certificó que “Los mineros quieren seguridad. Para el empresario, el trabajador es un simple perno, una pieza cambiable rápidamente por otra. No importa que se muera o que se enferme, porque hay otro que hará la pega. Esto ocurre entre las 400 a 700 minas que existen.”

-¿Qué exigen y qué harán?

“Si los trabajadores entraron vivos a esa mina, tienen que salir vivos. El viernes 13 nos reunimos todos los dirigentes sindicales relacionados con la minería de todo el país. Aquí construiremos una política común, primero, asegurando el bienestar de las familias de los trabajadores de la mina San José y exigiendo su cierre total. Queremos ofrecer un mensaje a las otras industrias de la producción y al conjunto de los trabajadores de Chile  respecto de la importancia de la unidad. Aquí los únicos que actúan unidos son los empresarios con el apoyo del Estado. En cambio, los trabajadores estamos dispersos. A nuestros compañeros enterrados bajo toneladas de roca y tierra no se les preguntó su color político. Por eso deben unirnos nuestros intereses comunes. Los dirigentes sindicales, el martes 9 de agosto, bajo el sol vertical del desierto, hicimos un juramento de que debemos juntarnos. Ya no hay tiempo que perder.”

-¿Y cómo evalúa la actuación de las autoridades?

“Piñera y el ministro de Minería han dicho  que esa mina no está en condiciones de trabajar hoy día, pero si el empleador le hace alguna modificación en torno a la seguridad, puede seguir explotándose. Esa mina tiene más de doscientos años. Es muy rica en oro, y por eso es tan codiciada. Pero sus condiciones geológicas están formadas durante miles de años. Tendría que invertirse muchísima tecnología si se quisiera abrir. Pero aquí quedó demostrado que en Chile no existe tecnología de punta.”

Diario Uno tomó contacto con un minero de la zona, quien por razones de estabilidad laboral solicitó mantener su nombre en el anonimato. El trabajador, con amargura y rabia, aseguró que “lo más probable es que los compañeros murieron el mismo jueves 5 de agosto, en el primer derrumbe. El sábado, cuando los rescatistas llegaron al famoso refugio, ese ya no existía. Y las primeras faenas de rescate se hicieron con gente que no conocía la mina. Uno siempre guarda una esperanza, pero a esta altura ¿Cómo podrían estar vivos? Hasta el jueves 12, por lo menos, estaban excavando al “achunte” no más. Yo creo que la pega de encontrar a los “niños” va a tomar un mes, por lo bajo. Esto es muy duro. Pero todos  saben la verdad y la callan.”

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ANEXO ACTUALIZADO

MÁS DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTA RESPONSABILIDADES DE DUEÑOS DE MINA SAN JOSÉ

A menos de un mes de la tragedia de la Mina San José, el 9 de julio se realizó una fiscalización de la Inspección del Trabajo de Copiapó por el funcionario Herman Mery Véliz a ese yacimiento. Según la Resolución de Multas Nº 6279 / 10 / 42 a la que tuvo acceso D1, el fiscalizador documentó un conjunto de graves irregularidades en la mina.

Primero, el hecho de que el empleador –Alejandro Bohn- no haya suprimido en los lugares de trabajo los siguientes factores de peligro: “Nivel 60 N/E: no realizar la fortificación del techo, habiéndose constado que no existía fortificación, razón por la cual ocurrió el desplome del planchón. No evaluar una situación de riesgo, dada la falsa sensación de estabilidad por un buen resultado obteniendo después de haberse realizado una operación de acuñadora mecanizada del sector y aplicación de pernos lechados existentes. Tal hecho constituye incumplimiento de las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud, y en general, la integridad física de los trabajadores”.

Segundo, “No contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicado sector sin cobertura de malla en nivel 60 NSE donde ocurrió la caída de la roca. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general, la integridad física de los trabajadores”.

Y tercero, “No cumplir el Comité Paritario de higiene y seguridad las funciones de su competencia, consistentes en investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, en relación a lo ocurrido el día 03 / 07 / 2010 a las 00:15 hrs. por accidente ocurrido en interior de Mina San José de empresa Minera San Esteban Primera, que afectó al trabajador Sr. Gino Cortés Calderón. Tal hecho en un incumplimiento a las obligaciones legales sobre funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la mina, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa”.

TAMBIÉN LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Por otra parte, la Asociación Chilena de Seguridad aseguró que en junio de este año, emitió el informe 227, en el que advertía a los propietarios de la Minera San Esteban sobre el riesgo de derrumbe en la Mina San José, y le pidió a la empresa que asegurara los procedimientos de fortificación, poniendo a los equipos de trabajo en lugares seguros de riesgo. “Lo que pedíamos era que la empresa afirmara la mina”, señaló Alejandro Pino, gerente de la mutual.

La investigación se habría efectuado luego de la caída de un planchón que provocó la herida contusa en la zona lumbar del trabajador Jorge Galleguillos el 1 de junio, un mes antes de otra caída de roca -3 de julio- que terminó con la pierna de Gino Cortés.

LOS ANTECEDENTES DE MARÍA ESTER FERES

Por su parte, la ex directora del Trabajo, María Ester Feres, indicó en un programa radial que en 2001 no se pudo cerrar el yacimiento San José por presiones del sector minero.

Feres dijo que "en la mina se hicieron trabajos menores, pero la percepción de los funcionarios de la Dirección del Trabajo era que esa mina era una bomba, no había por dónde, no tenía salidas de escape".

Las presiones empresariales y políticas argumentaron hace 9 años que el yacimiento  "generaba empleo, porque no había fuentes (de trabajo) de alternativa. Entonces, otra vez poniéndonos contra la espada y la pared: o queremos crecer y eso tiene costos en vida humana o priorizamos derechos fundamentales y eso nos replantea el crecimiento"

Respecto de la seguridad, Feres fue vehemente al afirmar que  "Yo tengo estadísticas que pueden demostrar que en el año 2009 murieron más personas en Chile, en el lugar de trabajo, por accidentes predecibles más que los que murieron en el maremoto y terremoto".

Por otra parte, pese a que el jueves 19 de agosto la sonda empleada en la mina llegó a los 726 metros de profundidad, no se encontró el refugio del cual se habla desde el principio de la tragedia. Y las protestas de las familias de los trabajadores han motivado la vocación represiva del mal gobierno piñerista mediante el traslado de un fuerte contingente de carabineros y fuerzas especiales a la zona del desastre. Fuertes rumores señalan en Copiapó que podrían ser más de 33 los mineros enterrados debido a una cantidad no calculada de trabajadores que laboraban ilegalmente en el yacimiento.

 

 

Trabajadores protestan por crimen en Mina San José

Trabajadores protestan por crimen en Mina San José

Por Andrés Figueroa Cornejo

periodistafigueroa@yahoo.es

 El Frente Amplio de Trabajadores –agrupación de trabajadores bancarios (Confederación Bancaria), del cobre (Fenatracimm), empresas privadas (CEPCH) y call center (Sindicato Unísono)- protestó frente al Ministerio de Minería y del Trabajo el 17 de agosto debido a las responsabilidades políticas y criminales que le caben al gobierno y a los dueños de la Mina San José, por el derrumbe del yacimiento que tiene enterrados, por lo menos a 33 mineros.

El Presidente de la Federación de Trabajadores de CIMM (empresa asociada al metal rojo de administración estatal) Ramón López, señaló que “que a los empresarios no les importa la vida de los trabajadores. El abuso es tan mayúsculo, que los propietarios del sector no trepidan en hacernos laborar en condiciones pésimas. Los que no mueren o no son mutilados, viven en altísimas situaciones de estrés. Por eso exigimos a la justicia y al gobierno que meta a la cárcel a Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, dueños de la mina. Y que renuncie la ministra del Trabajo  (Camila Merino) porque ya sabemos que la Dirección de esa repartición tenía antecedentes de que el yacimiento estaba en tan malas condiciones, que debía cerrarse. Y también existe una responsabilidad directa del ministro de Minería (Laurence Golborne) debido a que Sernageomin depende de él”.

La delegación del Frente Amplio de Trabajadores (FAT) hizo un llamado a “todos los dirigentes sindicales, a los trabajadores, porque hay que decir basta ya. La unidad de los trabajadores es la consigna: unidad para defender y unidad para reconquistar nuestros derechos. Debe efectuarse una gran movilización por los hermanos mineros de San José. Esa es nuestra bandera.”

En la misma línea, los trabajadores de la construcción y del montaje (Sintec), del Sindicato de la Gran Minería (Siteco) y la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera  (Fetracoma), denunciaron que “es una aberración que tengamos que esperar muertes masivas de trabajadores para que se ponga en el tapete la problemática que vivimos a diario los obreros de este país. Al parecer, las altas tasas de accidentabilidad son para muchos, hechos normales y cotidianos” y convocaron a “las organizaciones sindicales a aumentar los niveles de organización y coordinación que permitan hacer frente a estas problemáticas, denunciando y comunicando a los demás trabajadores sus asuntos, sus avances y sus proyecciones con el objeto de articular un movimiento sindical que de una vez por todas diga basta a las actuales condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo”.

 

 

Codelco-Sinami-Consorcio BCF deja a 750 trabajadores en la calle

Subcontratistas del cobre

Chile: Confabulación Codelco-Sinami-Consorcio BCF deja a 750 trabajadores en la calle

Por Andrés Figueroa Cornejo

periodistafigueroa@yahoo.es

 El Secretario del Sindicato de Trabajadores Mineros, Sintramin, Iván Tapia, de la empresa Consorcio Bcf- Icafal, denunció graves prácticas antisindicales cometidas por Codelco Chile, y la nula protección otorgada por la Inspección Del Trabajo de Melipilla ante la Contraloría General de la República.

En dirigente informó que en la obra Carén 5ª etapa, ubicada en el sector de Alhué, comuna de Melipilla, donde se levanta un embalse que sirve de contención y purificación de material de relave proveniente de la mina EL Teniente (Codelco), y ejecutada por el Consorcio BCF-ICAFAL, “se han producido una serie de graves violaciones y atentados a los derechos de los trabajadores.”

En la práctica existe una suerte de acuerdo tácito de gestión operativa entre Codelco y  el Sindicato Nacional de Minería (Sinami), organización que reúne a todas las empresas subcontratistas que ejecutan proyectos para la Vicepresidencia Corporativa de Proyectos, área de Codelco especializada en administrar contratos mayores de 5 millones de dólares. Ese convenio implícito coarta toda posibilidad de los trabajadores que le prestan servicios de unirse para reclamar por sus derechos, atentando en definitiva en contra la libertad sindical. El Sinami tiene nula capacidad de reclamar o discutir mejoras laborales ante Codelco.

Al respecto, el dirigente Iván Tapia aseguró que “Por el contrario, el Sinami muestra una irritante actitud pasiva, más complaciente con los intereses de la empresa que con los de sus trabajadores, provocando abiertas violaciones a la legislación laboral”.

EL CONFLICTO

En el “Embalse Carén 5ta. Etapa”, a partir de Septiembre de 2009, se comenzó a contratar masivamente mano de obra. En Enero de 2010, se firmó en obra un convenio colectivo a puertas cerradas entre Codelco, Sinami, y la empresa contratista (el ConsorcioBcf-Icafal). El convenio otorgó a los trabajadores de la obra los mismos beneficios contemplados en el acuerdo marco de 2007. Uno de ellos era el piso de remuneraciones, es decir pagar un sueldo mínimo para todas las obras subcontratadas. Se pactó, además, que todas las diferencias que se produjeran para cumplir el convenio serían  pagadas por Codelco.

Iván Tapia indicó que “un convenio alcanzado en estas circunstancias despertó muchas desconfianzas para los trabajadores involucrados. Sentíamos  que algo no funcionaba bien, pues no reflejaba los múltiples beneficios ofrecidos, adicionales a los contemplados en el acuerdo marco de 2007 y dudamos de la actitud pasiva y complaciente del Sindicato Sinami el cual argumentaba que los beneficios ya otorgados eran suficientes. Nuestras sospechas se confirmaron una vez que a los delegados del Sindicato Sinami, siendo además  trabajadores de la obra embalse Carén se les impidió toda gestión para la defensa y mejora de nuestros derechos laborales ante la empresa Contratista (el Consorcio Bcf- Icafal), Situación que no estábamos dispuesto a aceptar”.

Entonces, los trabajadores de la obra Embalse Carén 5ª etapa, en abril de 2010 formaron el Sintramin. Ello marcó un hito, ya que puso en duda  y salió al paso a la forma de gestión operativa existente entre Codelco y DINAMI, y las empresas Sub-contratistas vigente en Chile desde 1970. La formación del Sintramin contó con la afiliación voluntaria de gran parte de los trabajadores del Sindicato Sinami del cual se retiraron por no estar de acuerdo con su política poco comprometida con los trabajadores.

El dirigente Iván Tapia explicó que  “a raíz de una movilización pacífica ocurrida el 24 de Junio recién pasado, y estando en plenas negociaciones con el Consorcio BCF-ICAFAL a fin de superar el conflicto, Codelco decide terminar unilateralmente el contrato con el Consorcio, dejando cesantes a 750 trabajadores, por el sólo hecho de exigir el cumplimiento de nuestros derechos laborales, produciéndonos un daño irreparable a los trabajadores y nuestras familias. Hacemos responsables directos de esto a Mario Piro, Vicepresidente VCP; Miguel González, Representante Legal de DINAMI; Iván Gutiérrez, Consorcio, Delegado impuestos; Julio Echeverría, Gerente de proyectos; Alfredo Achondo, Administrador de proyecto Consorcio Bcf-Icafal.; y a Mario Gómez;  Intendente de Terreno Consorcio Bcf-Icafal.”

Agosto de 2010

 

A CODO CON LOS MAPUCHE Y ESTUDIANTES

A CODO CON LOS MAPUCHE Y ESTUDIANTES

EL MPT ANTE LA COYUNTURA DE AGOSTO DE 2010: CODO A CODO CON LOS MAPUCHE Y ESTUDIANTES

El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores –federación anticapitalista cuyo horizonte de sentido es colaborar con la construcción de la alternativa política de los intereses históricos de los asalariados y los pueblos, independientemente de la Concertación y la Alianza-, expresa su más irrestricta solidaridad con los más de 30 prisioneros mapuche en las cárceles del Estado chileno, que ya llevan tres semanas en huelga de hambre.

El MPT considera que la actualización de  lucha centenaria del principal pueblo originario del territorio es necesaria, justa y plena de sentido. Con modestia, adherimos a sus demandas territoriales; con rabia, denunciamos la opresión estatal contra los mapuche en disposición de combate; y llenos de convicción, nos ponemos al servicio de la causa profunda de los mapuche.

Asimismo, y ante la apertura de un nuevo ciclo de luchas protagonizado por los jóvenes escolares reunidos en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) tras las reivindicaciones de la defensa y fortalecimiento de la Educación Pública Estatal, la gratuidad del pasaje escolar y congelamiento del pasaje adulto del transporte público, el MPT se agrega como una fuerza que coopera y promueve  el movimiento de los jóvenes chilenos, genuina conciencia social y reserva inquebrantable de la dignidad y la razón.

Estimamos que ambas movilizaciones y demandas son resultado de un mismo capitalismo que en Chile se despliega de manera especialmente violenta y expoliadora. Tras la ofensiva estatal contra el pueblo mapuche y los estudiantes en lucha, se encuentra, por un lado, la acumulación por despojo del gran capital que va sobre los recursos naturales de nuestros pueblos, y por otro, busca la privatización absoluta del sistema educacional chileno. El comportamiento de la administración Piñera no ha sido estructuralmente distinto al de los gobiernos de la Concertación , simplemente, porque ambas componendas políticas manifiestan formalmente los mismos intereses estratégicos de la clase social minoritaria que manda en Chile. Y ese puñado de grandes propietarios es pura extensión de los intereses de las corporaciones y Estados transnacionales e imperialistas.

Cuando las estadísticas del oficialismo revelan un Chile aún más pobre y desigual que hace una década, el MPT, desde el seno de las luchas del siglo XXI, convoca al conjunto de los trabajadores y los pueblos a convertirse en actores centrales de las demandas sociales y populares. Sin esa unidad amalgamada desde abajo, resultará imposible crear las fuerzas suficientes para enfrentar con posibilidades de éxito cualquier transformación que favorezca al campo de las grandes mayorías.

Secretariado Ejecutivo

Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores - MPT

Agosto 2 de 2010

 

Trabajadores de Liceo Nuestra Señora de la Paz de Viña del Mar en huelga legal

Trabajadores de Liceo Nuestra Señora de la Paz de Viña del Mar en huelga legal

El establecimiento pertenece a Congregación de los Sagrados Corazones

Chile: Trabajadores de Liceo Nuestra Señora de la Paz de Viña del Mar en huelga legal

·Religiosas no se han portado como Dios manda con profesores, administrativos y auxiliares.

Por Andrés Figueroa Cornejo

periodistafigueroa@yahoo.es

El Sindicato de Empresa Docentes, Paradocentes, Administrativos y Auxiliares del Liceo Nuestra Señora De la Paz  de Viña del Mar, que está  bajo la dirección de la Congregación Sagrados Corazones, está en huelga legal desde el 26 de julio.

La organización de profesores, administrativos y auxiliares solicitan   a las directivas responsables del establecimiento, la reverenda Madre María Antonieta y la hermana Carmen Gloria, un aumento remuneracional de $ 25 mil pesos (48 dólares). Las monjas sólo ofrecen $ 2.208 pesos (4 dólares).

La presidenta sindical, Claudia Zamora, indicó que las religiosas han manifestado “una actitud injustificadamente cerrada y una predisposición negativa no sólo a nuestras demandas, sino a todo el proceso de negociación colectiva”.                                            

Actualmente el liceo cuenta con 1055 alumnos. Durante los últimos 6 años ha obtenido la Excelencia Académica y el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), si bien se ha mantenido, es igual o superior al promedio de establecimientos en iguales condiciones socioeconómicas, destacando que en 2º medio los alumnos se ubican en el lugar número 13 de  100 instituciones similares.    

Claudia Zamora dijo que han ocurrido situaciones que “nos hacen dudar de la buena fe que existe por parte de nuestro empleador. Se nos hizo entrega de información financiera controvertida y puesta en duda por la propias religiosas en la mesa de negociación y se recurrió frecuentemente al amparo de la reciente creación de la "Fundación Liceo Nuestra Señora de la Paz ", en circunstancias que fue reconocido por la propia comisión negociadora que aquella tenía sólo una existencia formal para cumplir con los requisitos de la nueva ley de educación y, lo que nos pareció más grave y decepcionante, para proteger el patrimonio de la Congregación SS.CC. frente a sus acreedores incluidos sus propios trabajadores por sus eventuales derechos a indemnización por años de servicio”.

Asimismo, la representante de los trabajadores señaló que la dirección del liceo particular subvencionado y con financiamiento compartido (pagan una buena parte los padres y apoderados) “el  9 de Julio pasado, horas antes de la asamblea fijada para votar la última oferta del empleador, yo fui requerida por personal de carabineros en el establecimiento para interrogarme sobre el proceso de negociación”.

Claudia Zamora aseguró que el Sindicato se mantiene firme es sus demandas y huelga.

En tanto, las reverendas monjas han adoptado una conducta muy distante a la que Dios manda. Mala cosa.

 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL SINTEC - Chile

¡TODO NUESTRO APOYO A LAS LUCHAS DEL PUEBLO PANAMEÑO!

 

 Ante los lamentables hechos de sangre y represión ejercidos por el gobierno de Panamá de Ricardo Martinelli hacia el pueblo panameño y en específico las persecuciones, asesinatos y encarcelamientos a los dirigentes de Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales (FRENADESO) y el Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares (SUNTRACS), Manifestamos nuestro total repudio al gobierno Panameño y nuestro incondicional apoyo a nuestros compañeros de clase.

 En esta ola de represión van 6 muertos, más de 150 heridos y cientos de detenidos, a esto se suma los arrestos selectivos de compañeros como Jaime Caballero, Sub Secretario General del SUNTRACS, el cual fue arrestado en Chiriquí, para ser trasladado a la capital, (Caballero se mantiene recluido en el Centro Penitenciario de La Joya). Al mismo tiempo han sido encarcelados los compañero del FER-29, dirigente juvenil kuna y miembro del equipo de FRENADESO Noticias, Ronaldo Ortiz, y Alexis Garibaldi del SUNTRACS.

 Los dirigentes del SUNTRACS Genaro López y Saúl Méndez, se encuentran en la clandestinidad, junto a otros compañeros, debido a la orden de arresto que se ha levantado en su contra. Se ha sabido que la intención es enviarlos a los Centros Penitenciarios de La Joya y La Joyita para que una vez allí sean asesinados por delincuentes comunes bajo las órdenes de los estamentos de seguridad del Estado.

 Se estima según informaciones oficiales que son casi 20 los dirigentes con órdenes de arresto. Además de los ya mencionados, se habla de los compañeros Andrés Rodríguez, Mario Almanza, Marco Andrade, Gabriel Castillo, Dalia Morales, Yaritza Espinoza, Juan Saldaña, Ariel Rodrígurez, Gloria Castillo, Juan Carlos Salas, Carlos Obaldía, Marco Andrade, David Niño, Eustaquio Méndez, Marco Guzmán, Maribel Gordón, Cristian Díaz, Cle Osvaldo Gómez, Juan Ramón Herrera, Juan Jované, David Niño, entre otros.

 Todo los acontecimientos antes mencionados se encuentran en el marco de una serie de movilizaciones que han llevado adelante los trabajadores y el pueblo panameño, contra las arremetidas patronales materializadas por el gobierno de Ricardo Martinelli, como son las modificaciones al código del trabajo, tendientes a coartar la sindicalización y la huelga, por medio de la promulgación de tres decretos y la Ley 30 o “ley chorizo”, así también el alza en los impuestos de los consumidores de casi un 40%, la cual ha encarecido violentamente el costo de vida del pueblo panameño y la promulgación de la ley Carcelazo que tiene la finalidad de criminalizar la protesta social.

 En este escenario es fundamental el apoyo y solidaridad de clase al pueblo panameño y a los luchadores sociales, conscientes de que estos abusos de la autoridad no pueden quedar impunes, por lo cual exigimos la liberación de todos los presos políticos y juicio y castigo a los verdugos del pueblo.

 ¡Por la unidad y organización de los trabajadores!

¡Arriba los que luchan!

 sintec.construccion@gmail.com

 

 

 

SUBE LA TASA DE DESEMPLEO EN CHILE A UN 8.8%

 Por Paola María Berríos Ramírez El 30 de junio
La tasa de desocupación para el trimestre marzo-mayo llegó al 8,8%, lo que es superior al 8,6% registrado en el trimestre inmediatamente anterior, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Esta alza se explica por el nulo aporte del sector de la construcción y una disminución en la actividad inmobiliaria. Por otro lado, los efectos del terremoto sumados a la estacionalidad agrícola continuaron siendo particularmente sensibles en las regiones del Biobío y del Maule, donde el incremento de la desocupación fue mayor al promedio del país, aseguró el INE.

En ambas regiones, hubo una baja trimestral en la fuerza de trabajo, caracterizada por la pérdida de empleos, lo que sumado al alza en el número de cesantes se tradujo en descensos, tanto en la tasa de desocupación como en la de participación.

Por otro lado, los nuevos indicadores analíticos muestran un aumento de los ocupados a tiempo parcial y de los ocupados que buscan empleo.

OCUPACIÓN
La variación trimestral de desocupados aumentó 2,6%, equivale a 17.010 personas, lo que se debió solamente al aumento de 4,2% de cesantes, es decir, 600 mil personas.

Este incremento representó 23.930 personas y se concentró mayormente en hombres (12.040 personas), quienes representaron el 54,3% del total. Mientras tanto, los que buscan trabajo por primera vez disminuyeron en 6.920 personas en el mismo lapso (-8,5%), lo que se observó sólo en mujeres, que en suma representan el 61,6% del total.

La fuerza de trabajo, en tanto, creció 0,3%, con un aumento del empleo de sólo 0,1%. El aumento de los desocupados se explicó por los cesantes (4,2%), puesto que el número de quienes buscan empleo por primera vez disminuyó. Aumentó la ocupación en hombres, donde también se registró el mayor aumento de desocupados (3,6%), principalmente cesantes. Con esto, se observó un incremento de la tasa de participación masculina (a 71,6%) como de la tasa de desocupación de hombres (0,2 puntos porcentuales), que alcanzó a 7,6%.

Las mujeres, en tanto, incrementaron en mayor magnitud la fuerza de trabajo (0,2%) que las inactivas (0,1%), traduciéndose en una histórica participación femenina de 44,5%. El aumento de desocupadas en el período (1,5%) se debió al 4,5% de cesantes, puesto que por primera vez disminuyó el número de quienes buscan trabajo por primera vez (13,4%). Ante esto, la tasa de desocupación femenina ascendió a 10,7%.

La tasa de ocupación nacional no presentó variación (52,7%), aún cuando se registró una leve disminución en hombres (66,1%), mientras que en mujeres se mantuvo (39,7%).

REGIONES Y TERREMOTO
Si bien el incremento trimestral de la ocupación fue leve, se registraron aportes significativos en algunas regiones, principalmente en la Metropolitana y en la de Los Lagos. Por el contrario, las únicas incidencias negativas provinieron del Maule, O’Higgins y Biobío.

Los sectores donde hubo un impulso positivo del empleo nacional fueron enseñanza, transporte y comunicaciones y administración pública, especialmente en la Región Metropolitana, mientras que la industria manufacturera destacó en Los Lagos.

A pesar de lo anterior, la tasa de desempleo aumentó en distintas regiones, con excepción de Arica y Parinacota, Coquimbo, Metropolitana y Los Ríos.

Los efectos del terremoto en las regiones afectadas se materializaron en aumentos trimestrales de las tasas de desempleo durante marzo-mayo, además de disminuciones en participación y ocupación.

La Región del Maule experimentó una baja trimestral de la fuerza de trabajo de 3,1%, producto de la fuerte disminución de ocupados (-3,5%). Los inactivos habituales y Potencialmente activos impulsaron el aumento de 3,8% en el total de éstos.

La tendencia del empleo nuevamente registró la principal incidencia negativa en agricultura, caza y silvicultura, además de hoteles y restaurantes e industria manufacturera. La disminución de empleo en esta región representó la mayor incidencia negativa a nivel país. En contraste, la principal incidencia positiva se observó en administración pública, al igual que en otras regiones.

Por su parte, la Región del Biobío presentó resultados similares a los del trimestre anterior, aunque en magnitudes menores, debido a que registró una disminución trimestral en los ocupados (0,9%) y un aumento de los desocupados (3,0%), lo que implicó que la fuerza de trabajo anotara una disminución de 0,5%. Con esto, los inactivos aumentaron en 0,7% impulsado por las razones de habitualidad que varió 1,7%.

Respecto a la disminución de empleo en esta región, las mayores incidencias negativas se registraron en construcción, hogares privados con servicio doméstico, agricultura, caza y silvicultura; y pesca. La principal incidencia positiva se observó en administración pública.

 

 

 

LA CUT CUESTIONA DESPIDOS DE TRABAJADORES

 
 El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, objetó desde Ginebra el informe del Gobierno que apareció hoy en El Mercurio sobre despidos de empleados públicos en los primeros meses de la administración de Sebastián Piñera.

Según lo aparecido en el medio de prensa, el Gobierno ha desvinculado hasta ahora a 1.373 personas, lo que representa el 0,7% de la dotación de funcionarios públicos del país, y que hasta el 31 de mayo no se renovó a 1.255 personas que estaban a contrata o a honorarios.

Martínez manifestó desde Ginebra a Radio Cooperativa que “no concuerdo con la cifra, pero tampoco se concuerda con un dato. La contrata termina el 31 de diciembre y no el 31 de mayo ni de abril. Si no se va a renovar a las personas a contrata deben haberlo hecho cuando vence la contrata”.

“La mayoría de las personas que han sido despedidas es gente muy antigua, profesional, no son funcionarios del gobierno anterior. Hay una diferencia entre los que son la gente de confianza del gobierno anterior, que indudablemente se entiende que podía ser despedida, con las personas que se están despidiendo ahora, por tanto El Mercurio no tiene todos los antecedentes para estar argumentando esas cosas”, agregó el dirigente.

El presidente de la CUT informó que, según sus informes, “son 1.800 despedidos y se ha anunciado que cuando llegue el fin de año, cuando las personas a contratas terminen, va a salir el 20% de los empleados públicos”.

“Sería bueno que el Gobierno, en cada uno de los ministerios, explicara, diera los nombres, las fechas y todos los antecedentes para que El Mercurio no siga hablando en términos generales”, añadió.

Con respecto a la denuncia realizada ayer ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Martínez explicó que “acabo también de presentar una queja formal para que el consejo administración de la OIT convoque al Gobierno de Chile para preguntarle porque está ocurriendo la ola de despidos en la administración pública”.

El dirigente aclaró que el organismo no tiene facultades para sancionar al Gobierno, “pero sí tiene una tremenda autoridad moral cuando un país es denunciado y recomendarle enmendar la situación”

“La OIT debe tomar los antecedentes y hacer alguna recomendación a Chile para que enmiende lo obrado en algún momento. Se va a demorar algún tiempo, pero esto será acogido para que el consejo de administración convoque al Gobierno”.