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CAPAJ: DENUNCIA A LUIS CHAVEZ POR DEFICIENTE TRABAJO EN LA ONU , QUE PERJUDICO DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos "CAPAJ", calificó de deficiente el Trabajo del diplomático Peruano Luís Enrique Chávez Ex-presidente del Grupo de Trabajo encargado de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

  

El mencionado Diplomático Peruano, prefirió dejar atrás el Proyecto de Declaración aprobado por la Sub Comisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, para elaborar un texto distinto, bajo su responsabilidad. Ese Texto, reduce algunos de los Derechos consagrados por la Sub comisión, pero logró ser aprobado por el Nuevo Consejo de Derechos humanos, bajo consentimiento de algunos delegados indígenas, en aras de no romper la unidad del coucus Indígena y facilitar el proceso.

En Cambio, cuando la Declaración fué elevada a la Asamblea General , surgió una cuestión de procedimiento, que el diplomático gubernamental Chávez debió preveer, y no lo hizo, dejando a su suerte su propio texto. Lo cual ha originado que la Declaración quedará entrampada, y ahora envuelta en un laberinto que reduce a cero todos los esfuerzos que hicieron por 12 años los delegados indígenas que participaron con valiosos aportes a ese proceso.

A estas conclusiones Arribó el presidente de CAPAJ Tomás Alarcón en su ponencia sobre "Estado y Ayllu-Marka" sostenida el 8 de diciembre en Tacna PERU en el marco del Aniversario institucional de dicha entidad consultiva Especial del ECOSOC de las Naciones Unidas "CAPAJ".

"CAPAJ" es miembro Oficial del Directorio de la CUMBRE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LAS AMERICAS, que este 18 y 19 de diciembre 2006, habrá de reunirse en Buenos Aires- Argentina, para dar seguimiento a las Resoluciones de dicha Cumbre Indígena, Donde todos los Pueblos indígenas de las Américas exigieron la Aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

LA ESTACION DE TELEVISION DE CAPAJ FUE ASALTADA POR DESCONOCIDOS.

1.- CAPAJ el 4 de noviembre de 2005, en su intención de difundir los derechos de los pueblos e informar sobre los riesgos de la Minería en Tacna, solicitó al Ministerio de Transportes y comunicaciones de Perú (MTC) en Lima, autorización para operar una estación de TV UHF en Tacna, es decir para salir al aire por televisión local.

2.- A casi año de transcurrido, y luego de cumplir todos los requisitos de la licencia, el MTC notificó a Tomás Alarcón Presidente de CAPAJ negando su pedido de frecuencia. Tomás Alarcón, amparado en el derecho a la libertad de expresión,  apeló de dicha resolución ante el propio Ministro de Comunicaciones.

3.- Como quiera que en las comunidades puede operar nuestro canal de TV sin restricciones legales, el 12 de octubre del presente, CAPAJ decidió instalar la estación de TV UHF en la comunidad campesina de Ticaco, provincia de Tarata, en los andes, a dos horas de recorrido desde Tacna.

4.- El canal comenzó funcionar a manera de prueba, con el fin de informar a la población de los andes los riesgos de la minera y los derechos de los pueblos indígenas. El canal estuvo a cargo de los jóvenes campesinos del lugar.

5.- El día 24 de noviembre, que subimos a Ticaco a ver el funcionamiento del canal nos dimos con la sorpresa que el transmisor de la Estación , había sido forzado y le han arrancado las piezas importantes, para evitar su salida al aire.

6.- Esto es un robo, un asalto a nuestra estación de TV de que hemos sido victimas. el asaltante ha obrado con el deliberado propósito de impedir nuestra campaña informativa a las comunidades sobre sus derechos y los riesgos de la minería en los andes.

7.- Resulta injusto que el Estado peruano nos niegue el derecho a instalar nuestro canal de TV en Tacna y luego cuando fuimos a operar en las comunidades, seamos objeto de un asalto, no parece mera casualidad esta persecución justo a escasos días de la audiencia para que las mineras comiencen a explotar el oro en los andes.

8.- Hacemos un llamado a la solidaridad, para reponer las piezas robadas de nuestro Transmisor de TV UHF, y seguir operando en las comunidades, así como también para lograr que el Estado peruano nos autorice operar en la capital de la Región.

9.- Por el momento la Estación de TV ha sido  trasladada a Tacna, por medidas de seguridad.

Hoy se reúne en el local de Artesanos el frente de Defensa del medio ambiente de Tacna, con todo el Pueblo Tacna, para informar sobre la campaña informativa y de sensibilización sobre los Derechos de aguas y protección del agro frente a las minería.

Refugiado peruano va a CIDH contra Estado chileno

Refugiado peruano va a CIDH contra Estado chileno

Extraño episodio ayer en la Corte Suprema

El peruano residente en Chile Víctor Paiba, quien tiene estatus de refugiado reconocido por la ONU, dijo que el juicio para su extradición a Perú iniciado por la Corte Suprema de Chile “es ilegal” y se negó ayer a pagar una fianza.

Por Jorge Escalante
www.lanacion.cl

Foto: Víctor Paiba, a la derecha, fue primero notificado del proceso de extradición, luego que iba a quedar detenido con los presos comunes, luego que tenía que pagar una fianza de 500 mil pesos, aunque finalmente nada de eso sucedió, quedando en libertad.

El ciudadano peruano radicado en Chile Víctor Paiba Cossios recurrió a través de sus abogados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando una “medida cautelar urgente” en contra del Estado chileno a raíz de su situación procesal verificada ayer ante la Corte Suprema de Chile.

A solicitud de la Corte Suprema de Perú, la justicia chilena inició un proceso de extradición a ese país en contra de Paiba por delitos imputados de “terrorismo”. El peruano tiene el status de refugiado de Naciones Unidas reconocido por Chile. Paiba fue uno de quienes interpuso en Chile una querella por genocidio en contra del actual Presidente peruano Alan García, a raíz de ejecuciones múltiples de prisioneros políticos durante su anterior mandato.

La Corte Suprema chilena acogió la petición peruana para detener preventivamente a Paiba “con fines de extradición”, mientras Perú formaliza la solicitud de extradición en los próximos dos meses de plazo que tiene para ello. A cargo del juicio se nombró al nuevo magistrado de ese tribunal, Patricio Valdés, quien citó a Paiba para ayer con el fin de decretar las primeras diligencias.

En contra del ciudadano peruano, el juez decretó una medida de arraigo que le impida salir de Chile y le impuso la sanción de firmar una vez al mes en la secretaría de esa corte. Sin embargo, lo que causó mayor sorpresa fue que el juez lo obligó además a pagar una fianza de 500 mil pesos, amenazándolo que “si no la paga va preso”, como el mismo Paiba y su abogado Hugo Gutiérrez lo informaron a la prensa.

Resistencia

Se asumió que el juez, como lo pidió Perú, ordenó su arresto preventivo con fines de extradición, pero a su vez le otorgó la libertad provisional y por ello le cobró la fianza de 500 mil pesos.

Paiba y Gutiérrez sostuvieron que el juez nunca les dijo por qué le cobraba la fianza por esa suma, y agregaron que “nos parece muy raro” que esa fianza sea para garantizar la permanencia en Chile “porque para ello decretó el arraigo”. Manifestaron que, más bien, la figura de la fianza “se corresponde con una detención preventiva ordenada previamente”.

El hecho es que, luego de conversar con su abogado, Paiba dijo al juez que se resistía a pagar los 500 mil pesos, porque le parecía ilegal todo lo que se había decretado en su contra “pues yo soy una persona que tiene el estatus de refugiado reconocido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y ese estatus está reconocido por el Estado de Chile”.

Como Paiba se negó a pagar, se ordenó su arresto y sus colaboradores comenzaron los trámites para ingresarlo en la guardia de Gendarmería del palacio de tribunales, para trasladarlo a la cárcel pública.

“La persona que estaba con el juez me dijo usted va a ir a la cárcel donde están los presos comunes”, dijo Paiba.

Pasado un momento, un secretario dijo a Paiba que ya permanecía retenido en una oficina “oiga, vimos recién en la televisión que su abogado está diciendo que usted ha quedado detenido, y usted no está detenido”. Momentos después, Paiba fue dejado en libertad y, curiosamente, el juez levantó la fianza que le obligó a pagar.

El abogado Gutiérrez dijo “yo verdaderamente no comprendí qué quiso hacer el ministro”.

Otras fuentes de tribunales afirmaron que, probablemente, el juez desconoce como actuar en estos casos “o bien recibió un llamado advirtiéndole que meter preso a alguien que está respaldado por Naciones Unidas y que no ha cometido un delito en Chile, podría transformarse en un lío internacional”.

El hecho es que fuentes de tribunales expresaron que, extrañamente, el juez hizo lo que ningún magistrado hace: cedió ante alguien que se rehusó a pagar una fianza, sosteniendo que la medida era ilegal. LN

Privación de libertad

En la presentación ante la CIDH, Víctor Paiba y sus abogados manifiestan que “la arbitrariedad” de las decisiones adoptadas ayer por el ministro Patricio Valdés “priva a la víctima de su libertad ambulatoria, dejándolo excluido de la posibilidad de interponer un habeas corpus, lo que agrava su situación”.

Explican que el recurso de amparo no prosperaría, pues Valdés es “el superior jerárquico” de los jueces de Apelaciones que deberían resolver este recurso.

“Por ello, el único recurso eficaz que nos queda es esta petición ante la CIDH”, afirman.

Valdés fue recientemente nombrado como ministro de la Corte Suprema.

De corte conservador dentro del máximo tribunal, fue elegido por el Gobierno y confirmado por el Senado y pertenece a la camada de abogados “extraños” al poder Judicial, es decir, lo que entran por sus experiencia, mas no por su carrera judicial.

Caravana contra la impunidad solicita que Fujimori sea extraditado

Caravana contra la impunidad solicita que Fujimori sea extraditado

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En medio de ritmos altiplánicos y consignas contra Alberto Fujimori, la caravana contra la impunidad solicitó ayer al máximo tribunal que dé curso a la extradición del ex Mandatario para que enfrente a la justicia peruana por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gobierno.

Los familiares de las víctimas de la masacre de Barrios Altos y La Cantuta entregaron una carta al titular de la Corte Suprema, Enrique Tapia, dándole cuenta de la demora que ha tenido el proceso en estos diez meses.

Pedro Vega, vocero de la comitiva, declaró que es necesario que Fujimori enfrente los tribunales limeños para que se haga justicia “de una vez por todas”. Sin embargo, aclaró que existe un gran preocupación de que el otrora Jefe de Estado no cruce la frontera.

“Fujimori debe ser enviado al Perú para que sea enjuiciado por los crímenes cometidos. Una mala señal fue que le dieran la libertad provisional pese a su ingreso irregular a Chile, a todo eso se suma que sigue gozando de ciertos privilegios”, dijo Vega.

El abogado Hugo Gutiérrez y Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas, entregaron la misiva al presidente del tribunal supremo sin dejar de manifestarle sus aprehensiones sobre el curso del proceso.

Citación

El ministro instructor del proceso de extradición de Fujimori, Orlando Álvarez, citó en una resolución dictada el lunes pasado a uno de los colaboradores del ex Mandatario peruano. El asesor declara por primera vez en el proceso a eso de la una de la tarde de hoy. Según trascendidos, el peruano no posee ninguna proceso de extradición en su contra y estaría vinculado a los casos de corrupción por los que es juzgado el ex Mandatario.

En julio pasado, La Corte Suprema peruana resolvió desistir de la solicitud de extradición que enfrentaba el ex asesor de Alberto Fujimori y publicista argentino, Edgardo Borobio. Álvarez dejó constancia del dictamen y consignó en su resolución que “se tiene por desistido al Estado requirente del aludido pedido” y ordenó devolver el expediente de extradición junto con su cuaderno separado al país vecino por la vía diplomática.

El regreso de Alan García

Alan García se tercia por segunda vez la banda presidencial peruana.

Con la promesa de combatir la "catástrofe social" del país, asumió por segunda vez la presidencia del Perú Alan García, cuya postura plantea ahora un claro contraste con la retórica populista de Hugo Chávez.

 

El gran ausente en el cambio de mando en Perú fue el presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero lo más probable es que Alan García no haya echado mucho de menos su presencia en la ceremonia, en la que se hicieron presentes ocho jefes de estado y múltiples autoridades de la región. De hecho, el mandatario venezolano, que se ha convertido en una especie de tribuno de la izquierda latinoamericana, no es santo de su devoción, aunque indirectamente le deba a él su segunda oportunidad de dirigir los destinos de la nación Andina. Porque, a juicio de diversos analistas, fue precisamente la intromisión de Chávez en la campaña peruana, a favor del candidato indigenista Ollanta Humala, lo que ayudó a inclinar la balanza a favor del moderado aprista.

 

Los modelos

 

Atrás quedaron los años de su primer mandato, turbulento y económicamente desastroso, en que llegó a cesar el pago de la deuda externa y la inflación alcanzó a empinarse a una tasa estratosférica de cuatro dígitos. Alan García asegura haber aprendido la lección de los años 80. Y, esta vez, se juega a favor de una nueva izquierda, moderada y pragmática, como la que representan Michelle Bachelet e Ignacio "Lula" da Silva, ambos presentes en la ceremonia de investidura. En una entrevista publicada por el diario francés Le Monde, afirmó que "Chile y Brasil son ejemplos de países pragmáticos, que han comenzado un desarrollo social, abiertos al exterior y con buenos resultados".

 

Para García, ésos son los modelos a seguir. En este contexto, se distanció de aquella parte de la izquierda latinoamericana que, a su juicio, mantiene ideas propias de "mayo del 68" y se aferra al proteccionismo económico. En cambio, abogó por "aprovechar los flujos comerciales internacionales para hacer avanzar la justicia social y crear más empleos en el país".

 

Palabras tranquilizadoras

 

Evo Morales no pierde la esperanza de que García haga las paces con Chávez.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Evo Morales no pierde la esperanza de que García haga las paces con Chávez.Son palabras que suenan bien en Europa, donde se observa con cierta inquietud la posibilidad de que la línea de Chávez haga escuela y cobre más adeptos. Tras la elección de Evo Morales en Bolivia, que los europeos vieron como una confirmación de esa tendencia, la toma de posesión de un presidente peruano con el discurso de Alan García tranquiliza. Pero, de ahí a que éste logre alzarse como una figura de contrapeso para frenar la corriente chavista, hay un gran trecho. Porque, antes que nada, tendrá que demostrar que sí es capaz de gobernar con éxito su país.

 

Las condiciones en que asume el poder parecen favorables, con una economía estable y buenas perspectivas de crecimiento. No obstante, la deuda social sigue siendo inmensa en el Perú, donde casi la mitad de la población vive en la pobreza. Paliarla será también uno de los mayores desafíos de su segundo mandato. Si no lo consigue, seguirá creciendo la presión y también las posibilidades de triunfo de opciones populistas, en la línea de Hugo Chávez.

 

Emilia Rojas Sasse

FALLO HABLA DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL
Jueza abre caso contra Alan García y pide antecedentes

La magistrada Romy Rutheford estableció la condición de que, en un plazo de 30 días a contar de ayer, los querellantes demuestren que los hechos de violaciones de los derechos humanos imputados a García “no hayan sido juzgados (en Perú) por medio de un debido proceso”.

www.lanacion.cl J. E. / C. M. 
 

Foto: El electo Presidente aprista peruano, Alan García, estuvo en junio en Santiago y se reunió con la Mandataria Michelle Bachelet, que se comprometió a asistir a la ceremonia de transmisión del mando el 28 de este mes en Lima.

La jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Romy Rutheford, abrió la posibilidad de investigar en Chile al Presidente electo de Perú, el aprista Alan García, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país durante su primer mandato entre los años 1985 y 1990 en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. No obstante, la magistrada estableció la condición de que, en un plazo de 30 días a contar de ayer, los querellantes demuestren que los hechos de violaciones de los derechos humanos imputados a García “no hayan sido juzgados (en Perú) por medio de un debido proceso”.

La jueza resolvió que los delitos de “tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y homicidio frustrado”, atribuidos a García en una querella interpuesta en su contra por peruanos refugiados en Chile y patrocinada por los abogados Hugo Gutiérrez (PC) y Roberto Ávila (PS), corresponden a aquellos “contra la humanidad” que pueden ser investigados y sancionados por cualquier país, no importando quién los cometió y dónde ocurrieron.

El fallo sostiene que “frente a cierto tipo de delitos tan graves y oprobiosos, resulta razonable que cualquier Estado ejerza su jurisdicción para sancionarlos, aún cuando éstos se hayan perpetrado en territorio extranjero, por extranjeros y contra víctimas también extranjeras”.

Rutheford argumentó que “el elemento determinante del ejercicio extraterritorial de la jurisdicción es la protección de valores comunes” a la comunidad internacional “y no la simple invocación de la soberanía de un Estado, de tal forma que el principio de la justicia universal autoriza la persecución extraterritorial, precisamente de aquellos delitos que revisten las características de crimen contra la humanidad, como serían los que se denuncian en estos autos”.

En este mismo sentido, la resolución abundó en fundamentos al plantear que “cualquier tribunal, nacional o internacional, goza de jurisdicción para juzgar delitos constitutivos de violación de los derechos humanos, sin importar dónde ni quién los cometió, dando paso en consecuencia a la jurisdicción universal”.

Sin embargo, la jueza advierte que tal jurisdicción universal para este tipo de delitos sólo entra a operar cuando efectivamente se trata de delitos de lesa humanidad y “además, el hecho incriminado no haya sido causa de un debido proceso ante cualquier tribunal, sea nacional, extranjero o internacional, por cuanto el principio de la territorialidad debe prevalecer en los casos en que el Estado donde ocurrieron los crímenes internacionales tenga la voluntad de llevarlos a juicio y ofrezca garantías del debido proceso de los presuntos responsables”.

De hecho, al visitar Santiago hace un par de semanas para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet, García advirtió que sus acusadores –a quienes definió como minoritarios- ignoraban que él fue investigado en Perú y que la justicia lo absolvió, decisión que le permitió postular en las recientes elecciones presidenciales.

A su turno, el canciller Alejandro Foxley aseguró ayer que al Gobierno no le corresponde comentar las determinaciones que adopten los tribunales. “Lo que el Poder Judicial chileno o de otro país haga en estas materias, no nos corresponde pronunciarnos; si decir que nosotros tenemos la voluntad de tener la mejor relación política con el Perú a través del Presidente (Alan) García en el futuro y ya pusimos las bases, los fundamentos para que eso ocurra”, afirmó Foxley.

En este sentido, recordó que con el Mandatario electo “tuvimos un estupendo encuentro bilateral” durante la visita que realizó a Chile, donde se abordó “una agenda preliminar de materias que vamos a discutir en conjunto”.

En la cumbre se acordó que la Presidenta Bachelet asistirá a la transmisión del mando, que se realizará el 28 de julio, y que el propio Foxley visitara Perú en agosto con el objetivo de “poner en blanco y negro la agenda cuyos temas comenzamos a delinear en el encuentro bilateral de los presidentes acá”.

Entre los delitos imputados a García figura la muerte en 1986 de 300 prisioneros en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara estando esos recintos sometidos a control de las FFAA. Los querellantes recordaron que en 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los familiares de las víctimas, obligando al Estado peruano a investigar, sancionar a los culpables y devolver los cuerpos desaparecidos. LN

PERU: POR LA PRENSA LIBRE

Fuente: AVE CRITICA

En defensa de la libertad de opinión y del rol fiscalizador de la prensa, favor de enviar el siguiente texto al periodista Raul Wiener:

CARTA DE APOYO

Los suscritos, creyentes en la libertad de opinión y en la necesidad de que en el Perú se desarrolle un periodismo fiscalizador serio y realmente independiente, reconocemos la labor que por muchos años ha venido desarrollando el periodista independiente Raúl Wiener Fresco, autor de numerosos libros de investigación de la realidad peruana e incansable participante de los principales debates nacionales.

Nos preocupa, por ello, seriamente, la intención contenida en la demanda por difamación agravada planteada por el propietario y director del diario "Expreso" contra el citado hombre de prensa por haber señalado la, por lo menos, extraña conexión, entre la campaña de dicho medio para la inmediata concesión del Aeropuerto de Pisco a postores privados, y el hecho que uno de los precalificados para la apertura final de sobres, sea una empresa de la que el propio señor Luis García Miró Elguera fue presidente de directorio, cargo que hoy ocupa uno de sus hijos.

El país reclama que los vínculos entre el Estado, los medios y los negocios privados sean transparentes y fiscalizables, por lo que no puede aceptarse que se quiera penalizar la investigación independiente, máxime si el requerimiento de dar a conocer los descargos del señor García Miró se cumplió ampliamente cuando se publicó por el mismo medio en que habían aparecido los artículos iniciales, las rectificaciones pertinentes, en su integridad, sin menoscabo del derecho de insistir en los asuntos de fondo de la investigación periodística.

Estamos en conocimiento que la pretensión del demandante García Miró Elguera es una reparación civil de 3 millones 500 mil soles, el embargo de los bienes del periodista Wiener hasta por ese monto, la imposición de un impedimento de salida del país y la prohibición para seguir opinando sobre la concesión del Aeropuerto de Pisco y los intereses que se mueven en torno a ello. Indudablemente se trata de un intento de silenciamiento e intimidación, que rechazamos de manera categórica.

Es inaceptable que los periodistas no puedan fiscalizar a los propietarios de los medios, que se consideran intocables, a pesar de la oscura trama de sus intereses entrecruzados con el poder económico, que se ha hecho tan evidente en la última campaña electoral.

Nos solidarizamos a su vez con el periodista Raúl Wiener Fresco y llamamos a adherirse a este pronunciamiento de afirmación en los principios de que sin libertad de opinar y sin derecho a fiscalizar, no existe democracia en el Perú, ni en ninguna parte.

Sin mayores expectativas de un cambio, peruanos votaron en Chile

Sin mayores expectativas de un cambio, peruanos votaron en Chile Comicios se realizaron en Santiago con tranquilidad y masiva asistencia
La disminución del desempleo y la pobreza son los principales problemas que los ciudadanos del vecino país consideran deben preocupar al próximo Presidente. Sin embargo, la mayoría siente que ninguno de los candidatos representa una solución concreta para ellos.

GIANNINA MOYANO

El buen clima que acompañó la jornada hizo que los 34.178 peruanos residentes en Chile con derecho a voto, se acercaran de forma masiva a los centros de votación acompañados, en muchos casos, de sus familias.

Asimismo los comerciantes no quisieron desaprovechar la ocasión y se acercaron a lugares de sufragio con sus productos de origen peruano, entre ellos comida típica, dulces, bebidas y una que otra revista, lo que lograban crear un ambiente de cercanía a los cientos de inmigrantes.

Dentro de los cuatro centros de votación se encontraba el colegio Luis Campino, en donde sufragan cerca de 12 mil peruanos. De acuerdo al encargado de dicho local, Julio Álvarez, las elecciones se llevaron a cabo “con tranquilidad, sólo seis mesas demoraron en constituirse, pero después de ello todo continuó normal”.

Lo mismo ocurrió en el colegio Argentino Sagrado Corazón de Jesús, donde no se registró ningún incidente y de acuerdo al coordinador del lugar, Elvis Tuesta los cambios en los lugares de votación, por la toma de algunos liceos, “no trajo problemas, ya que se habían anunciado de la manera más amplia posible a través de los medios de comunicación y asociaciones peruanas los nuevos centros”.

Rodolfo Mendoza, es uno de los tantos peruanos que trabajan en el país. Lleva cerca de siete años en Chile y considera que lo más importante de los comicios es “que se elija a un buen Presidente, que logre un cambio político y social, que se acabe la desocupación, porque la falta de trabajo es la que obliga a la inmigración”.

Según Mendoza, Alan García, que era su candidato, es quien lograría el mayor porcentaje en las elecciones, mientras que Ollanta Humala tiene un lado negativo “ser más izquierdista y su relación con Chávez, y Fidel (Castro)”.

De distinta forma opina Daly López, que siente que ambos candidatos son lo mismo. “Uno no sabe por quién votar”, argumentaba ayer la mujer.

Para López, lo principal es mejorar las condiciones sociales, porque “salga quien salga, hay mucha gente que quiere regresar a su país, y no puede por las actuales condiciones de pobreza”.

Esta opinión la comparten las amigas Ayleen Sánchez y Aura Sandoval, que llevan ocho años residiendo en Chile y sienten que el tema de la pobreza y el desempleo es fundamental. Sin embargo, Sánchez cree que “no se puede esperar mucho de la elección, ya que los dos candidatos son malos. Uno es antichileno y el otro se robó tanto dinero que aún estamos con una deuda externa enorme, que va a continuar”. Sandoval agrega: “Siempre se quiere que el país surja, pero en esas condiciones es difícil”.

En cuanto a las relaciones con Chile, la mayoría considera que se van a mantener igual, pero que uno de los temas delicados es la presencia de Alberto Fujimori en el país, quien tuvo que seguir las votaciones desde su residencia, pues no tenía derecho a votar. LN



Keiko Fujimori pide al futuro Gobierno no interferir en extradición

“Mi padre está pasando un proceso de extradición autónomo en Chile, el futuro Gobierno de Perú no puede ni debe intervenir en este proceso; la única que debe intervenir es la justicia chilena”. Así se manifestó la congresista electa e hija del ex Presidente peruano Alberto Fujimori, Keiko, tras cumplir con su deber cívico ayer en Lima.

Su padre, en libertad provisional en Chile mientras espera la resolución judicial sobre su extradición a Perú, no pudo participar en el proceso electoral y no se manifestó explícitamente sobre el candidato de su preferencia.

Al respecto, la hija del destituido Mandatario (1990-2000) recordó que Alianza por el Futuro (AF), la colectividad a la que representó en las elecciones legislativas (donde resultó ser la candidata más votada) que se realizaron en paralelo a la primera vuelta presidencial, el 9 de mayo, “ha decidido mantener una posición neutral” durante la segunda vuelta de ayer.


Chile: “Trabajaremos con el Mandatario que elijan en Perú”

Aun cuando las autoridades chilenas no se pronuncian sobre los procesos políticos que se viven en otros países, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, expresó ayer la disposición de La Moneda para trabajar con el próximo Gobierno de Perú, independientemente de quién resulte elegido Presidente en la segunda vuelta electoral.

“El Gobierno de Chile está preparado siempre para trabajar con cualquier Mandatario que los pueblos elijan. En consecuencia, estamos esperando con optimismo lo que ocurra en Perú”, afirmó el vocero gubernamental.

Y el hecho de que en Chile votaron más de 30 mil peruanos, dio pie a Lagos Weber para expresar su esperanza de que “ojalá los chilenos algún día puedan hacer lo mismo: pronunciarse sobre quién quiere que sea el próximo Presidente de Chile, vivan en Suecia o Australia”, en alusión a la imposibilidad de los connacionales que viven en el extranjero de participar en las elecciones presidenciales chilenas.