FALLO HABLA DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL
Jueza abre caso contra Alan García y pide antecedentes

La magistrada Romy Rutheford estableció la condición de que, en un plazo de 30 días a contar de ayer, los querellantes demuestren que los hechos de violaciones de los derechos humanos imputados a García “no hayan sido juzgados (en Perú) por medio de un debido proceso”.

www.lanacion.cl J. E. / C. M. 
 

Foto: El electo Presidente aprista peruano, Alan García, estuvo en junio en Santiago y se reunió con la Mandataria Michelle Bachelet, que se comprometió a asistir a la ceremonia de transmisión del mando el 28 de este mes en Lima.

La jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Romy Rutheford, abrió la posibilidad de investigar en Chile al Presidente electo de Perú, el aprista Alan García, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país durante su primer mandato entre los años 1985 y 1990 en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. No obstante, la magistrada estableció la condición de que, en un plazo de 30 días a contar de ayer, los querellantes demuestren que los hechos de violaciones de los derechos humanos imputados a García “no hayan sido juzgados (en Perú) por medio de un debido proceso”.

La jueza resolvió que los delitos de “tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y homicidio frustrado”, atribuidos a García en una querella interpuesta en su contra por peruanos refugiados en Chile y patrocinada por los abogados Hugo Gutiérrez (PC) y Roberto Ávila (PS), corresponden a aquellos “contra la humanidad” que pueden ser investigados y sancionados por cualquier país, no importando quién los cometió y dónde ocurrieron.

El fallo sostiene que “frente a cierto tipo de delitos tan graves y oprobiosos, resulta razonable que cualquier Estado ejerza su jurisdicción para sancionarlos, aún cuando éstos se hayan perpetrado en territorio extranjero, por extranjeros y contra víctimas también extranjeras”.

Rutheford argumentó que “el elemento determinante del ejercicio extraterritorial de la jurisdicción es la protección de valores comunes” a la comunidad internacional “y no la simple invocación de la soberanía de un Estado, de tal forma que el principio de la justicia universal autoriza la persecución extraterritorial, precisamente de aquellos delitos que revisten las características de crimen contra la humanidad, como serían los que se denuncian en estos autos”.

En este mismo sentido, la resolución abundó en fundamentos al plantear que “cualquier tribunal, nacional o internacional, goza de jurisdicción para juzgar delitos constitutivos de violación de los derechos humanos, sin importar dónde ni quién los cometió, dando paso en consecuencia a la jurisdicción universal”.

Sin embargo, la jueza advierte que tal jurisdicción universal para este tipo de delitos sólo entra a operar cuando efectivamente se trata de delitos de lesa humanidad y “además, el hecho incriminado no haya sido causa de un debido proceso ante cualquier tribunal, sea nacional, extranjero o internacional, por cuanto el principio de la territorialidad debe prevalecer en los casos en que el Estado donde ocurrieron los crímenes internacionales tenga la voluntad de llevarlos a juicio y ofrezca garantías del debido proceso de los presuntos responsables”.

De hecho, al visitar Santiago hace un par de semanas para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet, García advirtió que sus acusadores –a quienes definió como minoritarios- ignoraban que él fue investigado en Perú y que la justicia lo absolvió, decisión que le permitió postular en las recientes elecciones presidenciales.

A su turno, el canciller Alejandro Foxley aseguró ayer que al Gobierno no le corresponde comentar las determinaciones que adopten los tribunales. “Lo que el Poder Judicial chileno o de otro país haga en estas materias, no nos corresponde pronunciarnos; si decir que nosotros tenemos la voluntad de tener la mejor relación política con el Perú a través del Presidente (Alan) García en el futuro y ya pusimos las bases, los fundamentos para que eso ocurra”, afirmó Foxley.

En este sentido, recordó que con el Mandatario electo “tuvimos un estupendo encuentro bilateral” durante la visita que realizó a Chile, donde se abordó “una agenda preliminar de materias que vamos a discutir en conjunto”.

En la cumbre se acordó que la Presidenta Bachelet asistirá a la transmisión del mando, que se realizará el 28 de julio, y que el propio Foxley visitara Perú en agosto con el objetivo de “poner en blanco y negro la agenda cuyos temas comenzamos a delinear en el encuentro bilateral de los presidentes acá”.

Entre los delitos imputados a García figura la muerte en 1986 de 300 prisioneros en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara estando esos recintos sometidos a control de las FFAA. Los querellantes recordaron que en 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los familiares de las víctimas, obligando al Estado peruano a investigar, sancionar a los culpables y devolver los cuerpos desaparecidos. LN