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Justicia

Reconstituyen muerte de tres miristas en Concepción

Reconstituyen muerte de tres miristas en Concepción

La Nación.cl / UPI

Miércoles 23 de septiembre de 2009

El ministro especial en causas de Derechos Humanos, Carlos Aldana, encabezó este miércoles la reconstitución de escena de la llamada “Matanza de la Vega Monumental”, hechos registrados en 1984 donde fallecieron tres miristas en Hualpén y Concepción a manos de la CNI, en el marco de la Operación Alfa Carbón 1.

A 25 años de los crímenes peritos de la PDI y personal de Gendarmería se constituyeron para desarrollar el primer procedimiento pasadas las 15:00 horas en las calles Nápoles con Grecia en Hualpén donde falleció Luciano Aedo Arias (30).

Posteriormente se dirigieron al sector de la Vega Monumental de Concepción, donde murió Nelson Herrera Riveros y Mario Lagos Rodríguez, caso en el que hay seis personas procesadas, cuatro uniformados y dos civiles pertenecientes a la ex CNI.

“Es una reconstitución de escena que no se habría hecho, esta causa estaban en la Fiscalía Militar por años, estaba avanzada la investigación, pero ahora está en la justicia ordinaria. Esta reconstitución era muy importante para confrontar las declaraciones y adoptar nuevas diligencias en su curso, para ponerla pronto término”, sostuvo el juez Aldana.

El magistrado dijo además que “siempre en el juicio de la complejidad que tiene esta causa, hay algunas divergencias, pero eso es lo que estamos haciendo, tratando de aclarar con la reconstitución de escena….. La causa está en etapa de sumario de la investigación, y siempre existe esa posibilidad, para eso estamos investigando y que se aclaren todos los hechos y se determine a todos los responsables”.

De las 53 personas citadas asistió el 90%, sin embargo, Aldana indicó que “no vino don Álvaro Corvalán, porque fue citado, notificado, presentó parte de enfermo, pero los médicos dijeron que podía viajar y él se negó a hacerlo, así que va a afrontar las consecuencias... el aparece como imputado”.

EXCLUSIVO: INTERPONEN DENUNCIA CRIMINAL CONTRA FISCAL NACIONAL, SABAS CHAHUÁN SARRÁS.

 14 September, 2009 10:28:00 

Hector Guzmán Godoy, tras entregar la denuncia contra Chahuán

El subcomisario de la policía de Investigaciones de Chile, Héctor Guzmán Godoy, interpuso una denuncia criminal por los delitos de obstrucción a la justicia , amenazas, y omisión al deber de denunciar , en contra del Fiscal Nacional , Sabas Chahuán Sarrás, por hechos relacionados con la red de pedofilia de Valparaíso en que aparecen involucrados funcionarios públicos .

Así lo pudo constatar Crónica Digital, cuando fue citado por Guzmán para que cubriera en exclusiva la denuncia que presentó en la víspera en el la Fiscalía Centro Norte de Santiago.

El policía es conocido por la denuncia que hizo a través de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos de una red de prostitución infantil donde están implicados una cantidad no determinada de funcionarios de la policía civil de Valparaíso.

Al ser consultado por Crónica Digital sobre los fundamentos de la denuncia en contra del Fiscal Nacional, Héctor Guzmán sostuvo que "consta  que, desde  el 6 de marzo de 2009,  el Fiscal Nacional tenía o debía tener conocimiento de la denuncia, por violación de menores,   realizada por,  la entonces menor, Sabina Bustos Delgado, en contra de marinos de la operación UNITAS,  del año 2006".
  
Según explicó Guzmán las afirmaciones de su denuncia  derivan  de la declaración de Sabina Bustos Delgado, ante el ministro de turno, de la Corte de Valparaíso, en el contexto  de  las causas sobre amparos Rol : 110, de la Corte de Valparaíso ; y 2005 - 2009, ante la Excma. Corte Suprema, en que la Fiscalía Nacional compareció solicitando, expresamente, el rechazo del amparo, deducido por la Oficina de Derechos Humanos, de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de la menor afectada.   

En ese contexto, el policía civil, dijo que en la misma declaración de Sabina Bustos Delgado, que en los hechos se encontraría implicado "el  fiscal de Valparaíso,  José Uribe, en el pago de dineros para  omitir declaraciones en contra de Carlos Parra Ruz, único condenado de la red;  y por los eventuales servicios sexuales de la menor, en beneficio del fiscal antes mencionado".

ORDENES DE DETENCIÓN FALSAS, AMENAZAS Y "PENAS DEL INFIERNO"

El detective explicó que a mediados de Agosto de este año, cuando se encontraba todavía  en Argentina, fue amenazado, por el funcionario del departamento exterior de la Fiscalía Nacional,  Marko Magdic, con la orden de extraditarlo por existir una orden de detención de su contra.

"Dicha orden de detención nunca existió -reveló Guzmán- como lo estableció la Corte de Valparaíso, con fecha 12 de agosto de 2009, al  rechazar la extradición solicitada, en mi contra, por el Ministerio Público".  
 
Para el policía, por todo lo expuesto se puede advertir  -a modo de síntesis- que "el Fiscal Nacional, en conocimiento de  las declaraciones de Sabina Bustos Delgado, desde el 6  marzo de 2009, especialmente, en lo relativo a la intervención de marinos de la operación  UNITAS, en la violación de menores en Valparaíso y de la posible participación de un fiscal, que no realizó, en dicha fecha o en los días inmediatamente posteriores, la correspondiente denuncia obstruyendo, en consecuencia, la respectiva  investigación al omitir y ocultar los antecedentes que se encontraban en poder del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán"  . 
 
Según Guzmán, además se debe agregar a la denuncia la amenaza de extradición y de detención, en su contra, efectuada por instrucciones del propio Fiscal Nacional a través del funcionario Marko Magdic.

Abogados de derechos humanos indicaron que los delitos imputados contra el Fiscal Nacional están tipificados en varios artículos del Código Penal y en Código Procesal Penal.

En el documento presentado ayer por Guzmán ante la Fiscalía Centro Norte, este argumenta que en su articulo 269 tercer párrafo que: El fiscal del Ministerio Público, o el abogado asistente del fiscal, en su caso, que a sabiendas ocultare, alterare o destruyere cualquier antecedente, objeto o documento que permita establecer la existencia o inexistencia de un delito, la participación punible en él de alguna persona o su inocencia, o que pueda servir para la determinación de la pena, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo."

Además agrega que en el articulo 296 del mismo Código Penal que: "El que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho,..."

En tanto, el policía agrega en su denuncia que en relación a como señala el Código Procesal Penal en el Art. 177 "el Fiscal Nacional no cumplió con la obligación de denunciar a las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere."

BUSCO LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Al ser consultado sobre la denuncia, el subcomisario de la Policía de Investigaciones dijo que sólo busca la verdad y la justicia. "la verdad sobre todo los que están implicados en este turbio caso, pero además, justicia para las menores".

Guzmán explica que la denuncia contra Sabas Chahuán, es que nunca inició una investigación sobre la denuncia de la menor Sabina Bustos Delgado en contra del fiscal de Valparaíso, José Uribe quien es implicado en supuestos pago ser servicios sexuales a la menor y en el pago de dineros para que la niña omita emitir declaraciones en contra del fiscal denunciado.

"Lo que busco es que se la justicia actúe en contra del Fiscal Nacional por no iniciar ninguna acción investigativa ante la denuncia de una menor. En definitiva es verdad y justicia", finalizó Guzmán.

Por Iván Gutiérrez Lozano
Fotos: Jorge Zuñiga

Santiago de Chile, 17 de septiembre 2009
Crónica Digital

 

 

 

 

Suprema autorizó retorno de ex frentista

Suprema autorizó retorno de ex frentista

Suprema autorizó retorno del “comandante Chele”

Por Luis Narvaez / lanacion.cl

Quedó sin efecto orden de detención contra el ex frentista Juan Gutiérrez Fischman, prófugo por crimen de Jaime Guzmán.

Lunes 14 de septiembre de 2009

La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió acoger el recurso de amparo presentada por la defensa del frentista Juan Gutiérrez Fischnmanm, alias el comandante Chele, quien se encontraba prófugo por el crimen de senador de la UDI, Jaime Guzmán.

Pasado el mediodía, la resolución fue comunicada al ministro Mario Carroza, a cargo del caso del asesinato del legislador, luego de lo cual envió oficio a la Policía de Investigaciones (PDI) dejando sin efecto la orden de detención que le impedía regresar al país.

El ministro Carroza indicó que “al acoger la Corte Suprema el recurso de amparo presentado por el señor Gutiérrez inmediatamente envié el oficio para que se cumpliera lo ordenado".

La investigación realizada en Chile, sindicó a Fischamn como uno de los autores intelectuales del crimen, cometido por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que lo esperó en las afueras del Campus Oriente, donde el ideólogo de la dictadura realizaba labores académicas.

A principios de los ’90, Juan Gutiérrez era uno de los máximos líderes del FPMR y tenía mando sobre Mauricio Hernández Normabuena, actualmente detenido en Brasil como responsable del secuestro de un publicista de esa nacionalidad.

Aunque el jefe máximo de la organización era Galvarino Apablaza, el “Chele” y Raúl Escobar Poblete (también prófugo) fueron identificados como presuntos líderes de la operación que terminó con la vida del senador.

El “Chele” era hasta hoy uno de los prófugos más buscados por la justicia chilena, junto con los cuatro rodriguistas que se fugaron desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) a fines de 1996.

La decisión de la Corte Suprmea deja abierta la puerta para que el resto de los prófugos soliciten también que se dejen sin efectos las detenciones.

 

 

Condenan a Contreras por caso Lumi Videla

Condenan a Contreras por caso Lumi Videla

La Nación

Martes 8 de septiembre de 2009 | | País

Foto: Ex director de la DINA y otros integrantes del ente represor fueron sentenciados por secuestro y homicidio del matrimonio compuesto por Sergio Pérez Molina y Lumi Videla Moya. Foto: La Nación

La Corte Suprema dictó ayer sentencia definitiva en la indagatoria por el secuestro calificado de Sergio Pérez Molina y el homicidio calificado de Lumi Videla Moya, hechos ocurridos en septiembre de 1974 y el 3 de noviembre del mismo año, en la Región Metropolitana.

En fallo dividido los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal del país Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller condenaron al director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras a cinco años de cárcel por su autoría en el secuestro de Pérez Molina, y a 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla, ambas penas sin beneficios. Asimismo, igual sentencia sufrió el retirado brigadier Miguel Krassnoff Martchentko por su responsabilidad en ambos hechos.

En tanto, los coroneles en retiro Cristoph Jimiquee Floel y Marcelo Moren Brito; y el teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, fueron sentenciados a 10 años y un día de reclusión por su responsabilidad como autores en el homicidio de Lumi Videla.

A su vez, los jueces decretaron cinco años de prisión para el suboficial en retiro Basclay Zapata Reyes por su complicidad en el homicidio de Lumi Videla. Para el oficial (R) Ciro Torre Sáez, en tanto, se le condenó a igual cantidad de años tras las rejas por su responsabilidad como autor en el secuestro de Sergio Pérez, concediéndose el beneficio de la libertad vigilada. Tanto el ministro Segura como el juez Ballesteros fueron partidarios acoger el principio de la prescripción de la acción penal.

Lumi Videla y su esposo Sergio Pérez Molina fueron secuestrados por la DINA el 21 de septiembre de 1974. Mientras ella falleció en el centro de detención José Domingo Cañas, su cónyuge desapareció desde ese mismo lugar. El cuerpo de Lumi Videla fue arrojado al jardín de la embajada de Italia, en Providencia.

Hasta ahora, Contreras suma más de 360 años de cárcel y dos presidios perpetuos por condenas relacionados con casos de derechos humanos.

 

 

Ex agentes de la represión recontratados en las FFAA

Viernes 4 de septiembre de 2009

EDITORIAL La Nación

La DINA y la CNI fueron organismos de la dictadura concebidos como maquinarias de aniquilamiento sistemático de opositores.

El domingo 30 de agosto, La Nación informó sobre un grupo de ex agentes de la DINA y la CNI que a través del mecanismo de los honorarios continúa trabajando en el Ejército prestando servicios de asesoría. Los antecedentes, obtenidos en el marco de las normas de transparencia de los actos del Estado, han causado conmoción en la opinión pública, en particular entre dirigentes políticos y representantes de organismos de defensa de los derechos humanos. El ministro de Defensa solicitó a todas las ramas castrenses que entregaran sus datos acerca de las personas contratadas. Según el balance, en las Fuerzas Armadas trabajan catorce procesados y un condenado. Esta distinción procesal abrió todo un campo de disputa en torno a la idea de la presunción de inocencia entre autoridades gubernamentales y líderes partidarios.

El diferente punto de vista se extendió a la proposición de establecer una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, iniciativa que concluyó rechazada al no lograrse el quórum necesario. Esta distinta apreciación del caso ha sido utilizada con el propósito de instalar un supuesto quiebre entre la administración y la coalición. Si bien es efectiva la disidencia anotada -la cual debe evaluarse a la luz de los roles institucionales desiguales que cumplen el Ejecutivo y los partidos-, ella no debe hacer perder de vista el nudo fundamental de la investigación de este diario: la anomalía que supone que personas ligadas a graves violaciones de los derechos humanos colaboren aún con las FFAA a casi veinte años de reinstalada la democracia.

En la inconveniencia de esta situación no caben matices. La DINA y la CNI fueron organismos de la dictadura concebidos como maquinarias de aniquilamiento sistemático de opositores y su función era eliminar de la sociedad chilena una cultura política representativa. Que ambos entes hayan sido creados dentro de una legalidad de excepción, no anula que su modo de funcionamiento los vincula a una praxis como verdaderas asociaciones ilícitas, que aplicaron su arbitrario poder a través de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales -incluso contra la propia juridicidad autoritaria- e incluso corrupción económica. Los informes Rettig y Valech, así como los avances consistentes en la acción de la justicia para esclarecer las operaciones de los aparatos de seguridad, son suficientemente esclarecedores de la forma en que golpeó la dictadura.

En este ámbito conviene que la divisoria de aguas sea clara: las FFAA deben cortar vínculos contractuales con quienes, por la naturaleza intrínseca de su actividad represiva, están per se ligados a la violación de derechos humanos. En las acciones de la DINA y la CNI no hubo atisbo de inocencia. Ni penal ni moral. Por lo mismo, no corresponde que con dinero público se financie a ex miembros. La democracia está madura como para que las instituciones armadas se pongan a la altura del mínimo ético de justicia y reparación que demanda la sociedad.

 

Juez Montiglio encausó por crímenes de Colombo, Cóndor y Conferencia

Juez Montiglio encausó por crímenes de Colombo, Cóndor y Conferencia

 120 ex DINA procesados en histórica resolución

Miércoles 2 de septiembre de 2009   

 Por J. Escalante / J. Rebolledo / La Nación 

Entre los encartados hay al menos 60 nuevos ex agentes que hasta ahora no habían caído en las redes de la justicia por delitos de lesa humanidad. Del total de procesados, todos en retiro, 50 son del Ejército y el resto de la FACh, Armada, Investigaciones y Carabineros.

Foto: El ministro Víctor Montiglio es el magistrado que más procesados por violaciones de los DDHH tiene a su haber.

El más masivo procesamiento en la historia de los juicios por violaciones de los derechos humanos, dictó ayer el juez Víctor Montiglio en contra de 120 ex agentes, todos de la DINA.

Entre los encausados hay cerca de 60 nuevos ex represores que hasta ahora no habían sido procesados en algún juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El magistrado resolvió los nuevos encartamientos por los crímenes cometidos en las llamadas operaciones Colombo, Cóndor y los episodios conocidos como Calle Conferencia I y II.

En estos dos últimos, en 1976, la DINA secuestró e hizo desaparecer a dos direcciones clandestinas completas del entonces encubierto Partido Comunista.

Aunque el juez Montiglio mantuvo la información lejos de la prensa, se conoció que de los 120 procesados, hay al menos 50 que pertenecen al Ejército y el resto a la Fuerza Aérea, Armada, Investigaciones y Carabineros.

Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González.

Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil, según el reportaje "La DINA a honorarios" publicado en la última edición de La Nación Domingo.

Esta vez el ministro Montiglio incluyó entre los procesados a varios ex agentes que montaron guardia en los recintos clandestinos de detención, pero que también fueron agentes operativos en el traslado de prisioneros para su exterminio y desaparición.

Incluso, no pocos de ellos integraron las brigadas operativas de la DINA deteniendo opositores y participando en las torturas o en golpizas.

El juez Montiglio explicó ayer este masivo encausamiento, manifestando que ello se debe a que "aquí estamos investigando a todos quienes han tenido participación en los cuarteles (de la DINA)".

El magistrado ordenó además el arresto preventivo de una gran parte de los procesados, y aquellos respecto de los cuales no lo decretó, se explica porque ya se encuentran encausados por otros casos y en situación de libertad provisional, esperando condena.

La Operación Cóndor, o Plan Cóndor, fue una coordinación de los servicios de inteligencia del cono sur para reprimir y eliminar a militantes de izquierda, y nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975.

A esa reunión, en la que se formó el acta de constitución, asistieron por Chile el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras; por Argentina el capitán de navío Jorge Casas; por Bolivia el mayor de Ejército Carlos Mena; por Uruguay el coronel de Ejército Jorge A. Pons, y por Paraguay el coronel de Ejército Benito Güanes Serrano.

La Operación Colombo fue un montaje preparado por la dictadura entre fines de 1974 y 1975, para hacer creer a la sociedad chilena y los países extranjeros que ya reclamaban por la represión tras el golpe militar de 1973, que los detenidos desaparecidos eran una mentira del "marxismo internacional".

Para ello, inventaron que 119 chilenos que se reclamaban como desaparecidos, habían muerto en Argentina y Brasil, enfrentados entre ellos por rencillas políticas o en intercambio de disparos con las policías o fuerzas militares de esos países.

EL CASO CONFERENCIA

Se conoció como Calle Conferencia, según el nombre de la calle de Santiago con el número 1587 donde se produjeron las primeras detenciones, al episodio por el cual la DINA secuestró e hizo desaparecer en mayo de 1976 a la primera dirección clandestina del Partido Comunista.

Entre ellos cayeron Víctor Díaz López, secretario general del PC en la clandestinidad, además de Jorge Muñoz Poutays, Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, y Jaime Donato Avendaño.

El capítulo conocido como Conferencia II se le llama también "El caso de los 13", por el secuestro y desaparición de 11 integrantes de la segunda dirección clandestina del PC junto a dos militantes del MIR, ocurrido entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976.

La investigación judicial estableció que tanto los miembros de la primera, como la segunda dirección del PC, fueron detenidos por integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, comandada por el capitán de Ejército Juan Morales Salgado, y por los integrantes de dos grupos operativos liderados por Ricardo Lawrence y Germán Barriga, capitán de Carabineros y Ejército, respectivamente.

Santiago Araya Cabrera (MIR) fue detenido el 29 de noviembre de 1976. El 13 de diciembre fue arrestado el dirigente PC Luis Lazo San Martín.

Dos días más tarde fueron secuestrados Horacio Cepeda Marinkovich, Lincoyán Yalú Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza y Waldo Pizarro Molina.

El 9 de diciembre fue detenido Armando Portilla, finalizando la operación el 18 de diciembre con Lisandro Cruz Díaz y Carlos Durán González (MIR), y el 20 de ese mes, con el secuestro de Edras Pinto Arroyo.

Sólo en 2007 se conoció judicialmente el infierno que vivieron los detenidos, porque ningún prisionero salió con vida desde el cuartel Simón Bolívar de la Brigada Lautaro.

Respecto del destino de los dirigentes, el testimonio del suboficial de Carabineros (R) Raúl Valdebenito Araya fue decisivo para abrir la causa.

Según él, por esos días, "tres o cuatro" detenidos, todos miembros del PC, fueron llevados hasta el gimnasio del cuartel, para ser interrogados.

No recuerda si fue ese día o al siguiente que vio a las personas "ya ensacadas", aludiendo a que habían sido eliminadas y puestas dentro de sacos paperos.

El mismo Valdebenito se encargó de conducir a la comitiva de automóviles hasta la cuesta Barriga, al poniente Santiago.

"Al llegar nos detuvimos y recuerdo que los vehículos que venían custodiándonos sacaron de sus maleteras unos tres o cuatro bultos, los que fueron trasladados hasta el interior de una cueva", declaró en el sumario.

Según recuerda, "pocos días después", llegaron cinco detenidos más al cuartel Simón Bolívar, también miembros de la dirección del PC, quienes habían sido detenidos por los equipos operativos de Lawrence y Barriga.

Otro agente entregó antecedentes trascendentales para probar la estadía en ese cuartel del profesor Fernando Ortiz, Reinalda Pereira y Lincoyán Berríos.

 

En el ojo del huracán

Justo cuando el reportaje publicado por La Nación Domingo sobre los ex agentes de la DINA y la CNI, algunos procesados por derechos humanos, que estando en situación de retiro del Ejército, siguen recibiendo sueldos mensuales provocara gran impacto en el mundo político, el juez Víctor Montiglio, uno de los principales candidatos para ascender a la Corte Suprema, dio a conocer ayer este masivo procesamiento a ex agentes de la DINA.

A los autos de procesamientos dictados en 2007 y 2008 por los casos Calle Conferencia I, consistente en la aniquilación de la primera dirección del PC, y el montaje criminal denominado Operación Colombo -ambos hechos ocurridos en 1975 y 1976-, el magistrado procesó ahora a 120 ex agentes de la DINA.

Esta vez se trata del exterminio de los miembros de la segunda dirección del PC. Si bien hasta el cierre de la edición aún no se conocían los nombres de los agentes encausados que serán notificados hoy, se presume que muchos de ellos ya se encuentran procesados por los crímenes cometidos en los casos Calle Conferencia I y Colombo.

 

Los otros casos del juez

En mayo de 2007, el ministro Víctor Montiglio procesó a 74 ex agentes de la DINA, la mayor parte de ellos hasta ese momento desconocidos, en lo que se conoció como el procesamiento más grande de la historia. De esta forma se daba a conocer la existencia del cuartel Simón Bolívar y de la mortal Brigada Lautaro.

Un año después de ocurridos los crímenes relativos a la primera dirección del PC, se llevó a cabo la Operación Colombo o “Caso de los 119”. La acción perpetrada por la DINA en 1975 en contra de dirigentes del MIR, también fue investigada por Montiglio.

Luego de un concienzudo trabajo, el ministro determinó algunos de los puntos por donde pasaron varios de los detenidos desaparecidos víctimas del montaje, entre los que se encontraba la Brigada Lautaro. Nuevamente dio un golpe. En mayo, pero esta vez de 2008, sometió a proceso a 98 agentes de la DINA.

 

La brigada de la muerte

Asentados en Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, en 2007 la Brigada Lautaro se reveló como el último y más brutal hallazgo respecto de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Originalmente este grupo de agentes tuvo como tarea fundamental la seguridad del director de la DINA, el entonces coronel Manuel Contreras.

Sin embargo, en 1975, cuando el PC se rearticuló, formando una dirección clandestina, esta mortal brigada cambió de rubro dedicándose por completo a la caza de los dirigentes partidistas.

Hasta el lugar llegaron los entonces capitanes Ricardo Lawrence Mires y Germán Barriga. En el lugar también se experimentó con gas sarín sobre los detenidos, estando a la cabeza de este proceso Michael Townley.

Además de darse las torturas más cruentas, nadie salió con vida de Simón Bolívar. La auxiliar de enfermería Gladys Calderón se encargaba de inyectarles una dosis mortal de veneno.

Luego se quemaban los rostros y partes distintivas de los detenidos, se les quitaban las tapaduras de oro, se ensacaban para luego ser trasladados a las minas de cal de Lonquén o lanzados al mar.

 

 

 

Museo será inaugurado en enero del año entrante

Museo será inaugurado en enero del año entrante

 La memoria tiene dónde estar

Domingo 23 de agosto de 2009   

 Por Libio Pérez / La Nación Domingo 

Más de cinco mil metros cuadrados de construcción y otros ocho mil de espacios abiertos albergarán retazos de la historia del Chile bajo el régimen militar. Muestras del sufrimiento y también de las esperanzas y apuestas por la vida de quienes fueron víctimas de la represión, de quienes resistieron a la dictadura. Para no olvidar.

 Foto: Este manuscrito corresponde a un pañuelo firmado por los prisioneros del Estadio Nacional, 1973. Donación de Santiago Cavieres Korn.

"Mi hijo podrá ver y escuchar mi testimonio y el de muchos más y, por fin, creerá lo que yo viví", dice con los ojos humedecidos por la emoción el ex dirigente campesino y mapuche Mario Carril Huenumán, que estuvo un par de años encarcelado en el Regimiento Tucapel de Temuco, donde sufrió -como la inmensa mayoría de los presos políticos tras el golpe militar de 1973- torturas y vejaciones.

Pero durante su cautiverio también aprendió a leer y a escribir. Su nombre hoy está en la lista del Informe Valech, trabaja como taxista, y es uno de los testigos de cargo contra un ex fiscal militar que está preso en Italia por su responsabilidad en la desaparición del sacerdote Omar Venturelli.

El cura y el dirigente campesino compartieron celda en el regimiento temuquense; el primero desapareció, el segundo pudo dejar su testimonio que podrá ser visto y oído desde enero próximo en el Museo de la Memoria.

En el soleado domingo del Día del Niño, millares de familias paseaban por la Quinta Normal, pero pocas reparaban que frente a la estación del Metro está creciendo un enorme edificio que tendrá más de 5 mil 300 metros cuadrados de construcción y otros ocho mil de espacios abiertos y plazas, además de un estacionamiento subterráneo y acceso directo desde el Metro.

El Museo de la Memoria está emplazado en un eje de desarrollo cultural y barrial en la zona poniente de Santiago y albergará retazos de la historia reciente de Chile, aquella que partió con el bombardeo a La Moneda la mañana del martes 11 de septiembre.

Es una las obras más preciadas de la Presidenta Michelle Bachelet, que junto a su madre, Ángela Jeria, estuvo secuestrada en Villa Grimaldi en 1975.

La Mandataria y su madre ya hicieron sus donaciones: un cuadro repujado en cobre que hizo el general de la FACh Alberto Bachelet, fallecido mientras estaba encarcelado.

El diseño del Museo de la Memoria se lo adjudicó una firma de arquitectos brasileños -donde participa un chileno radicado en Sao Paulo desde niño- a través de un concurso público que recibió 406 inscripciones (60 de ellas extranjeras) y 57 proyectos (cuatro desde fuera de Chile), que destaca por el uso de estructuras de cobre y revestimientos de vidrio, que alojará una muestra permanente de objetos, arte carcelario, publicaciones (afiches, prensa clandestina, panfletos, colecciones de revistas opositoras a la dictadura), archivos de procesos judiciales, documentos oficiales, fotografías, películas y videos, así como espacios para muestras itinerantes de regiones o del extranjero.

Las obras de construcción están a cargo del Ministerio de Obras Públicas con un presupuesto cercano a los 6 mil 500 millones de pesos, en coordinación con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y bajo la dirección general de la Comisión Asesora Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos, que encabeza María Luisa Sepúlveda, que recibió el mandato de Bachelet para el desarrollo del proyecto a fines de 2006.

Desde septiembre de 2007, una quincena de profesionales de distintas disciplinas está desarrollando el diseño museográfico, que es dirigido por la periodista Marcia Scantlebury (ver recuadro).

La propuesta de crear un Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos ya estaba contenida en los informes Rettig (sobre ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura) y Valech (que documentó los casos de prisión política y torturas).

La Presidenta Bachelet materializó la idea el 10 de diciembre del año pasado, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, poniendo la primera piedra de la construcción.

Junto al escritorio que ocupaba al momento de ser acribillado el sacerdote André Jarlan durante una protesta antidictatorial en 1984 en la población La Victoria, Bachelet definió los objetivos del museo: "Para que la memoria de tanto dolor y el recuerdo de quienes jamás olvidaremos nunca más permita que el desprecio a los derechos humanos pueda imponerse. Para que esa memoria y ese recuerdo inspiren siempre a un Chile unido en el respeto a los derechos de las personas".

Y agregó: "Habrá distintas interpretaciones acerca de las causas del quiebre democrático. Habrá distintas interpretaciones acerca del legado del régimen autoritario. Pero sobre el costo humano que Chile pagó, no debería haber discrepancias. Debemos mirar de frente esa terrible realidad".

LA MUESTRA PERMANENTE

Para mirar de frente "esa terrible realidad" el proyecto del Museo de la Memoria ha comenzado a hurgar en los lugares más recónditos de Chile y el mundo para recoger un legado para los historiadores del futuro.

Carmen Garretón, que trabajó más de 20 años en la Vicaría de la Solidaridad, es una de las especialistas que está en contacto con las organizaciones de derechos humanos a lo largo de todo el país, para facilitar el acopio de materiales que albergará el museo, mientras la recepción y clasificación del acervo está a cargo de la bibliotecaria y documentalista María Luisa Ortiz.

El patrimonio del museo se ha ido formando desde distintas vertientes. Los primeros documentos provienen de los testimonios recogidos y plasmados en los informes Rettig y Valech.

También incluye el material entregado por la Casa de la Memoria que reúne a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee) y Teleanálisis.

La Unesco ya incorporó este acervo en el Programa Memoria del Mundo. Entre el material ya recolectado está una puerta de la Cárcel Pública, así como una torre de vigilancia que la CNI instaló en calle República.

También están algunas amarras con que fueron inmovilizados los prisioneros en La Moneda, que luego fueron trasladados al Regimiento Tacna, desde donde fueron sacados y después ejecutados.

A ello se agregan las donaciones, entregas en comodato o por legado testamentario, entre otras modalidades, entregadas por organizaciones o particulares.

Entre éstas están las cartas censuradas de los prisioneros, sus artesanías hechas en los campos de concentración, ropas o guantes usados en los trabajos forzados, diarios de vida, fotografías, pasaportes "válidos sólo para salir del país" que daban a los expulsados de Chile y "barretines" usados en las comunicaciones clandestinas desde las cárceles.

Un lugar destacado también está reservado para los afiches y publicaciones elaborados por la solidaridad internacional. No hay día en que alguien, a veces acompañado por su familia entera, llegue hasta las oficinas del Museo de la Memoria para entregar un objeto.

"Es un acto de gran desprendimiento, son cosas que han guardado hasta por más de 30 años y que ahora entregan; es emocionante", relata María Luisa Ortiz.

El periodista Claudio Garvizo coordina el proyecto "100 entrevistas", que realizan las productoras audiovisuales Midia, que dirige Gilberto Villarroel, y Nuevo Espacio, que encabeza Patricio Polanco.

Equipos de camarógrafos, sonidistas y productores han recorrido todo Chile recogiendo testimonios de ex presos y presas, familiares de desaparecidos o ejecutados, dirigentes sociales, abogados defensores en consejos de guerra, historiadores, artistas, campesinos, sobrevivientes de hechos represivos y activistas de derechos humanos, entre otros, que forman un mapa que abarca la memoria y registro de hechos desde Arica a Punta Arenas.

Los que entrevistan son periodistas que estuvieron en medios de prensa que resistieron a la dictadura.

El personal del museo también realiza una búsqueda activa en los Archivos Nacionales y en los centros de documentación de los servicios públicos. Ya tienen un sus manos decretos de expulsión de personas, firmados y timbrados en el Ministerio del Interior de la época.

También los registros de la Cancillería cuando enviaba instrucciones a las embajadas sobre cómo tratar las condenas y censuras de la comunidad internacional a la dictadura militar.

Así como los "decretos secretos" que promulgó el general Augusto Pinochet durante los 17 años de su régimen y que pronto serán públicos cuando el Congreso levante sus reservas. Todo eso y mucho más será parte del Museo Nacional de la Memoria, para que el hijo del campesino Mario Carril Huenumán -como muchos otros- le crea a su padre que vivió esta historia y pueda "mirarla de frente".

 

El abogado que representa a Víctor Salas pidió el procesamiento del uniformado

El abogado que representa a Víctor Salas pidió el procesamiento del uniformado

 Identifican a carabinero que golpeó a fotógrafo

Martes 18 de agosto de 2009   

 Por Andrea Chaparro / La Nación 

Imágenes de la yegua que montaba el cabo segundo Ivar Barría permitió su individualización. El fiscal militar de Valparaíso resolverá solicitud en los próximos días.

 Foto: Alfredo Morgado sostuvo que los avances se deben al trabajo de la PDI y a los aportes de los propios agredidos pues “los imputados no han colaborado y ha faltado rigor investigativo por parte de Carabineros”. Foto: EFE

Luego de un año y tres meses de investigación la Fiscalía Militar de Valparaíso cuenta con una serie de antecedentes que permitieron individualizar al funcionario de Carabineros que agredió al fotógrafo de la agencia española EFE Víctor Salas el 21 de mayo de 2008, cuando tomaba imágenes de las manifestaciones en los alrededores del Congreso Nacional. La agresión provocó que el reportero gráfico perdiera de la visión del ojo derecho.

La clave para identificar al funcionario policial fue la yegua que montaba, Altanera, dijo ayer el abogado Alfredo Morgado, quien solicitó el viernes recién pasado el procesamiento del cabo segundo Ivar Germán Barría Álvarez por el delito de violencia innecesaria causando lesiones graves a su representado.

Así, en el requerimiento al fiscal militar porteño Sergio Lagos, el abogado sostiene que consta en el proceso la declaración de la víctima, donde ésta se refiere en detalle el día, lugar y circunstancias del ataque.

También se cita el testimonio del reportero gráfico de la agencia Reuters Iván Alvarado, quien presenció los hechos y además tomó fotografías.

Estas imágenes así como las captadas por el mismo afectado -además del relato pormenorizado de ambos- permitieron identificar a la yegua y, posteriormente, dar con el nombre del carabinero, según lo establece el informe elaborado por los detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Niega participación

Con esta evidencia, se citó a declarar al cabo Barría, quien aunque niega su participación en los hechos se reconoce en las fotografías que el tribunal le exhibió.

A estos antecedentes se suma que el mismo fotógrafo, en un careo con el policía, lo señala como su agresor.

Consultado por los avances de la indagatoria, el abogado de Salas sostuvo que gracias al trabajo de la PDI, los testimonios y fotografías tomadas por los propios agredidos es que se logró establecer la identidad del agresor pues "los imputados no han colaborado para nada y ha faltado rigor investigativo por parte de Carabineros".