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Gobierno envía con suma urgencia dos proyectos antidelincuencia

Gobierno envía con suma urgencia dos proyectos antidelincuencia

Un proyecto que pone mano dura contra la reincidencia y otro para liberar a Carabineros de las funciones administrativas, componen la Agenda Corta de seguridad ciudadana. Para su elaboración, el gobierno tomó en cuenta incluso mociones de la derecha.

www.lamacion.cl

Dos proyectos de ley, para evitar la reincidencia de los delincuentes y liberar a Carabineros de funciones administrativas, fueron enviados por el gobierno al Congreso con “suma urgencia” –es decir, diez días de tramitación en cada rama legislativa- con el objetivo de combatir la delincuencia.

El paquete anunciado por el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, el subsecretario de la cartera, Felipe Harboe y el titular de Justicia, Isidro Solís, tomó en consideración el carácter de “política de Estado” que debe tener el tema de la seguridad ciudadana, según dijo el jefe de gabinete.

Ello se reflejó en que para la elaboración del proyecto que busca evitar los vacíos legales que permiten la reincidencia se tomaron en cuenta once mociones parlamentarias, presentadas incluso por congresistas de la opositora Alianza por Chile. Por ejemplo, se incluyeron ideas de iniciativas de los RN Alberto Espina, Andrés Allamand , Baldo Prokurica, Cristián Monckeberg y Alberto Cardemil, además de otras de autoría de los diputados DC Patricio Walker, Jorge Burgos y Gabriel Ascencio.

"Conciente que la delincuencia es un problema de Estado, y no corresponde a la disyuntiva política, el gobierno ha decido dar curso a una serie de modificaciones que persiguen reforzar los tres pilares básicos del combate contra la delincuencia: la prevención, represión y rehabilitación", indicó el jefe de gabinete.

De cara al trámite legislativo que viene, Zaldívar pidió a los parlamentarios que aporten con ideas para "enriquecer" las iniciativas, argumentando que la tarea de combatir la delincuencia es "una tarea que tenemos que hacerla todos y tenemos plena confianza que en el Congreso habrá trámite con dedicación especial".

El contenido del proyecto consta de cuatro artículos que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y consagran nuevas herramientas para el control preventivo que deben desarrollar las policías.

Mano dura a la reincidencia

Según el titular de Justicia, Isidro Solís, el objetivo de estas medidas es “hacer más eficientes las herramientas de persecución criminal con que contamos en la actualidad, poniendo especial énfasis en los delitos más graves".

En este sentido, se establecen dos cambios al Código Penal: la primera es que se agrega como delito grave que justifica la legítima defensa, la violación de menores de edad. Además, se endurecen las sanciones en materia de reincidencia en el caso de delitos graves, como el secuestro y sustracción de menores, la violación de menores, el parricidio y el homicidio, el robo con violencia o intimidación, y el robo con fuerza en lugar habitado, entre otros. Para ello, se fijan reglas diferenciadas de aplicación de las penas, que obligan a un castigo más severo a partir de la primera reincidencia en este tipo de delitos.

Dichos cambios van de la mano con lo expresado durante la semana por la Presidenta Michelle Bachelet, quien fue enfática a la hora de señalar que “la primera tiene que ser la vencida”, en alusión a un eslogan de campaña utilizado por el ex presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín.

Otras disposiciones

En el Código de Procedimiento Penal, en tanto, y para reforzar las labores del ministerio Público, se le otorga a las policías durante el control de identidad la facultad de revisar si hay detenciones pendientes; se establece un límite de doce horas como período legal de detención en caso de delito flagrante.

En este punto, Zaldívar aseguró que se seguirán respetando los derechos individuales de las personas. Dijo que se ha buscado “la forma de que por ningún motivo se desvirtúe lo que es la esencia misma del procedimiento penal que hoy tenemos, que parte sobre el principio de la inocencia. Pero por otro lado, queremos dejar en claro un derecho fundamental de la sociedad que es evitar que el delincuente quede exento de la aplicación de la justicia”.

Asimismo, los abogados del ministerio Público tendrán más facultades, y en el caso de las detenciones declaradas ilegales, se podrá apelar ante la Corte de Apelaciones.

También se introduce como norma cautelar la retención de la licencia de conducir, cuando se investiguen delitos en el que estén involucrados automóviles.

Asimismo, se restringe la solicitud de antecedentes para proteger a los testigos y víctimas durante los juicios y se creará una base de datos unificada entre las policías de las personas que hayan sido detenidas o tengan órdenes de detención y se permitirá el ingreso de la fuerza pública a recintos cerrados sin orden previa.

Encuesta de victimización lleva alivio al Gobierno al revelar una baja en tasa de hechos delictivos

EL MINISTRO DEL INTERIOR PIDE A LA DERECHA NO POLITIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA

Se advierte la disminución en el nivel de denuncias, pero se mantiene estable la sensación de situación de riesgo de la ciudadanía sobre ser víctima de delitos, y baja la victimización en regiones con excepción de la Octava Región, donde 41,1% de los entrevistados declaró haber sido objeto de algún delito.

Por Carolina Miranda  -  www.lanacion.cl

Los resultados que reveló ayer la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana elaborada por el INE dieron un respiro a La Moneda en materia de lucha contra la delincuencia. En la práctica, el sondeo –aplicado a 19 mil 875 entrevistados- muestra una baja de 4,7 puntos porcentuales en la tasa de victimización (ser objeto de un acto delictual) y precisa que ningún delito ha aumentado respecto de la investigación realizada en 2003. Asimismo, se advierte la disminución en la tasa de denuncias, pero se mantiene estable la sensación de situación de riesgo de la ciudadanía sobre ser víctima de delitos y baja la victimización en regiones con excepción de la Octava Región, donde 41,1% de los entrevistados declaró haber sido víctima de algún delito.

“Creo que el camino que se está siguiendo va en la línea correcta, sin perjuicio de que queda un tramo muy largo por recorrer. Lo que tenemos que hacer es represión, prevención y rehabilitación. Son tres temas pilares en los cuales tenemos que trabajar”, afirmó el ministro del Interior, Andrés Zaldívar. La idea, agregó, es desarrollar “una política que llegue a la gente, para que la delincuencia no sea la que predomine, sino que lo que predomine sean la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”.

No obstante, el sondeo -aplicado en 92 comunas- revela que para 41,6% de la población la delincuencia es el principal problema del país y 48,6% considera que la falta de trabajo es la principal causa del delito. Un 45,7% afirma que las débiles sanciones que se aplican a los antisociales también incide en los niveles de delincuencia.

La  inseguridad de la gente es asimismo mucho mayor que la realidad objetiva del riesgo. De hecho, la encuesta -efectuada entre noviembre y diciembre de 2005- revela que un 48,6% de las personas creen que serán víctimas de un delito en los próximos 12 meses, pero sólo 20,8% ha experimentado situaciones así.

Aunque la pesquisa se realizó el año pasado, en plena campaña electoral -donde la cuestión de la seguridad fue parte sustantiva de la agenda pública-, la cifra es coherente con la sensación térmica de la población tras la espectacularidad y violencia de delitos que ha habido en las últimas semanas.

De ahí que el jefe de gabinete -en compañía del subsecretario del Interior, Felipe Harboe- señalara que si bien las cifras son “positivas”, porque “no ha habido retroceso, el país no puede estar conforme, ni el Gobierno ni nadie pueden estar conformes”.

“Este es un tema en el cual tenemos que seguir trabajando para disminuir esta situación de sensación de riesgo y la tasa de delitos que tiene el país. Tenemos que insistir en todo el instrumental que sea necesario, tanto jurídico como de prevención, para poder lograr un buen resultado”, agregó.

Respecto de la llamada ‘sensación térmica’ de inseguridad, es decir, el desfase entre la realidad y lo que la ciudadanía cree, el jefe de gabinete expresó que si bien ésta existe, “no es bueno que haya una sensación de temor, como tampoco es bueno que la gente tenga más temor del que corresponde. Lo importante es que vean al país tratando de evitar que esto sea una realidad”.

CRÍTICA A ESTRATEGIA

Zaldívar también postuló que la delincuencia es un tema país y, por lo tanto, nadie puede intentar sacar dividendos políticos. “Podríamos decir perfectamente como Gobierno, ‘llevamos tres meses, no nos traigan a nosotros la mochila’, pero no. Este es un tema de país, de todos: de Gobierno, porque es el que tiene que llevar adelante las políticas; del Ministerio Público, los jueces, el Parlamento, la oposición… Aquí nadie puede pretender sacar beneficios políticos en este debate. Ni el Gobierno va a tratar de sacarlos y espero que tampoco lo haga la oposición”, afirmó.

La Alianza se ha empeñado en acusar al Gobierno de ser ineficaz en la lucha contra la delincuencia y no considerar los múltiples proyectos que sobre seguridad ciudadana ha presentado la derecha en el Congreso.

En esta línea, Zaldívar explicó ayer que prefiere no entrar en “una competencia de quién presentó o no presentó” y reiteró que su plataforma -que sería confirmada hoy- es una batería de medidas que recogerá “las proposiciones que sean compatibles con las tesis que nosotros queremos llevar adelante para que sean ley en el próximo tiempo”.

Respecto de las críticas opositoras que apuntan a que el Gobierno se preocupa de la delincuencia sólo cuando está con la soga al cuello, el jefe de gabinete no dudó en señalar que La Moneda está permanentemente pendiente del problema. A su juicio, las críticas obedecen a que “de repente a la oposición le falta discurso, entonces se recurre a un discurso que es más bajo. Indiscutiblemente la delincuencia es un tema que rinde muchos frutos y creo que no es un buen camino”.

“Llamo a la oposición a tener una posición coherente. A la gente lo que le interesa es que haya acción para poner coto a la delincuencia, después la opinión pública determinará quién lo hizo bien o mal”, argumentó. LN

CORTE SUPREMA

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia Witting, dijo compartir la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet, en cuanto a impulsar una normativa que impida a los delincuentes reincidentes acceder a la libertad provisional. Sostuvo que concuerda con el proyecto que propondrá el Gobierno referido a que “la primera es la vencida”. Tapia Witting señaló que “hay que distinguir cuando se trata de una sentencia definitiva, donde la reincidencia constituye un agravante, y en ese caso sí corresponde, porque el reincidente es aquél que ha sido condenado anteriormente”.

En cuanto a las críticas al rol de los jueces de garantía, explicó que la Corte Suprema no puede dar instrucciones a los magistrados respecto de los procedimientos legales que ocupan a diario. “Ellos tienen independencia en ese sentido” y, por tanto, a su parecer la solución sería la jurisprudencia para uniformar los criterios que se invocan en esta materia.

Encuesta de victimización lleva alivio al Gobierno al revelar una baja en tasa de hechos delictivos

EL MINISTRO DEL INTERIOR PIDE A LA DERECHA NO POLITIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA

Se advierte la disminución en el nivel de denuncias, pero se mantiene estable la sensación de situación de riesgo de la ciudadanía sobre ser víctima de delitos, y baja la victimización en regiones con excepción de la Octava Región, donde 41,1% de los entrevistados declaró haber sido objeto de algún delito.

Por Carolina Miranda  -  www.lanacion.cl

Los resultados que reveló ayer la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana elaborada por el INE dieron un respiro a La Moneda en materia de lucha contra la delincuencia. En la práctica, el sondeo –aplicado a 19 mil 875 entrevistados- muestra una baja de 4,7 puntos porcentuales en la tasa de victimización (ser objeto de un acto delictual) y precisa que ningún delito ha aumentado respecto de la investigación realizada en 2003. Asimismo, se advierte la disminución en la tasa de denuncias, pero se mantiene estable la sensación de situación de riesgo de la ciudadanía sobre ser víctima de delitos y baja la victimización en regiones con excepción de la Octava Región, donde 41,1% de los entrevistados declaró haber sido víctima de algún delito.

“Creo que el camino que se está siguiendo va en la línea correcta, sin perjuicio de que queda un tramo muy largo por recorrer. Lo que tenemos que hacer es represión, prevención y rehabilitación. Son tres temas pilares en los cuales tenemos que trabajar”, afirmó el ministro del Interior, Andrés Zaldívar. La idea, agregó, es desarrollar “una política que llegue a la gente, para que la delincuencia no sea la que predomine, sino que lo que predomine sean la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”.

No obstante, el sondeo -aplicado en 92 comunas- revela que para 41,6% de la población la delincuencia es el principal problema del país y 48,6% considera que la falta de trabajo es la principal causa del delito. Un 45,7% afirma que las débiles sanciones que se aplican a los antisociales también incide en los niveles de delincuencia.

La  inseguridad de la gente es asimismo mucho mayor que la realidad objetiva del riesgo. De hecho, la encuesta -efectuada entre noviembre y diciembre de 2005- revela que un 48,6% de las personas creen que serán víctimas de un delito en los próximos 12 meses, pero sólo 20,8% ha experimentado situaciones así.

Aunque la pesquisa se realizó el año pasado, en plena campaña electoral -donde la cuestión de la seguridad fue parte sustantiva de la agenda pública-, la cifra es coherente con la sensación térmica de la población tras la espectacularidad y violencia de delitos que ha habido en las últimas semanas.

De ahí que el jefe de gabinete -en compañía del subsecretario del Interior, Felipe Harboe- señalara que si bien las cifras son “positivas”, porque “no ha habido retroceso, el país no puede estar conforme, ni el Gobierno ni nadie pueden estar conformes”.

“Este es un tema en el cual tenemos que seguir trabajando para disminuir esta situación de sensación de riesgo y la tasa de delitos que tiene el país. Tenemos que insistir en todo el instrumental que sea necesario, tanto jurídico como de prevención, para poder lograr un buen resultado”, agregó.

Respecto de la llamada ‘sensación térmica’ de inseguridad, es decir, el desfase entre la realidad y lo que la ciudadanía cree, el jefe de gabinete expresó que si bien ésta existe, “no es bueno que haya una sensación de temor, como tampoco es bueno que la gente tenga más temor del que corresponde. Lo importante es que vean al país tratando de evitar que esto sea una realidad”.

CRÍTICA A ESTRATEGIA

Zaldívar también postuló que la delincuencia es un tema país y, por lo tanto, nadie puede intentar sacar dividendos políticos. “Podríamos decir perfectamente como Gobierno, ‘llevamos tres meses, no nos traigan a nosotros la mochila’, pero no. Este es un tema de país, de todos: de Gobierno, porque es el que tiene que llevar adelante las políticas; del Ministerio Público, los jueces, el Parlamento, la oposición… Aquí nadie puede pretender sacar beneficios políticos en este debate. Ni el Gobierno va a tratar de sacarlos y espero que tampoco lo haga la oposición”, afirmó.

La Alianza se ha empeñado en acusar al Gobierno de ser ineficaz en la lucha contra la delincuencia y no considerar los múltiples proyectos que sobre seguridad ciudadana ha presentado la derecha en el Congreso.

En esta línea, Zaldívar explicó ayer que prefiere no entrar en “una competencia de quién presentó o no presentó” y reiteró que su plataforma -que sería confirmada hoy- es una batería de medidas que recogerá “las proposiciones que sean compatibles con las tesis que nosotros queremos llevar adelante para que sean ley en el próximo tiempo”.

Respecto de las críticas opositoras que apuntan a que el Gobierno se preocupa de la delincuencia sólo cuando está con la soga al cuello, el jefe de gabinete no dudó en señalar que La Moneda está permanentemente pendiente del problema. A su juicio, las críticas obedecen a que “de repente a la oposición le falta discurso, entonces se recurre a un discurso que es más bajo. Indiscutiblemente la delincuencia es un tema que rinde muchos frutos y creo que no es un buen camino”.

“Llamo a la oposición a tener una posición coherente. A la gente lo que le interesa es que haya acción para poner coto a la delincuencia, después la opinión pública determinará quién lo hizo bien o mal”, argumentó. LN

CORTE SUPREMA

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia Witting, dijo compartir la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet, en cuanto a impulsar una normativa que impida a los delincuentes reincidentes acceder a la libertad provisional. Sostuvo que concuerda con el proyecto que propondrá el Gobierno referido a que “la primera es la vencida”. Tapia Witting señaló que “hay que distinguir cuando se trata de una sentencia definitiva, donde la reincidencia constituye un agravante, y en ese caso sí corresponde, porque el reincidente es aquél que ha sido condenado anteriormente”.

En cuanto a las críticas al rol de los jueces de garantía, explicó que la Corte Suprema no puede dar instrucciones a los magistrados respecto de los procedimientos legales que ocupan a diario. “Ellos tienen independencia en ese sentido” y, por tanto, a su parecer la solución sería la jurisprudencia para uniformar los criterios que se invocan en esta materia.

Bachelet pide no dramatizar el caso Venezuela

Bachelet pide no dramatizar el caso Venezuela

DE LA REPÚBLICA SALIÓ AL PASO DE DIFERENCIAS ENTRE LA DC Y EL PS

Una iniciativa contra Hugo Chávez en el Senado fue rechazada por 16 votos en contra y 15 a favor. La impugnación unánime del oficialismo obedeció -según explicó el senador DC Jorge Pizarro- a que el proyecto no correspondía, ya que La Moneda no ha adoptado ninguna posición oficial sobre la candidatura de Caracas.

Foto: En una actividad con microempresarios en La Pintana la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, se refirió a la situación planteada con la DC por postulación de Venezuela
C.M. / I.D. 

La polémica suscitada por el voto que en octubre emitirá Chile para escoger qué país ocupará la vacante que dejará Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU, obligó a la Presidenta Michelle Bachelet a quitarle presión al debate que tiene dividida a la Concertación. “No hay que ni dramatizar ni exagerar una situación. En una coalición, como en todas, puede haber distintas opiniones sobre distintas situaciones y yo he dicho una cosa clara: ésta es una decisión que Chile tiene que expresar en el mes de octubre de este año y voy a tomar una decisión que vaya en el interés del país. Eso ténganlo seguro y puedan estar tranquilos”, afirmó tras participar en el lanzamiento de un portal de Internet del emprendimiento de microempresarios en La Pintana.

De esta forma, Bachelet salió al paso de la disputa que ha surgido en el oficialismo respecto de apoyar o no la opción del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, candidatura que se enfrenta con Guatemala, que es apoyada por Estados Unidos.

Según ha trascendido, Washington habría hecho ver al canciller Alejandro Foxley la conveniencia de no votar a favor de Caracas. El Gobierno ha descartado que la Casa Blanca haya presionando a Santiago. Incluso éste no fue tema específico del encuentro que hace unas semanas sostuvo Bachelet con su homólogo norteamericano, George W. Bush.

No obstante, el fin de semana el titular de RREE levantó la tesis de buscar un candidato de consenso que permita sortear con éxito la votación de octubre.

El debate incluso motivó a la Alianza a presentar ayer un proyecto de acuerdo que señalaba que el Senado respaldaba la posición sustentada por la Cancillería chilena y recomendaba a La Moneda rechazar la candidatura del Gobierno de Venezuela, con miras a obtener el “máximo consenso regional” para determinar al país que reemplazará a Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La iniciativa, sin embargo, fue rechazada por 16 votos en contra y 15 a favor. La impugnación unánime del oficialismo obedeció -según explicó el senador DC Jorge Pizarro- a que el proyecto no correspondía, ya que La Moneda no ha adoptado ninguna posición oficial sobre la candidatura de Caracas.

  Mientras la DC rechaza respaldar a Chávez, argumentando que esta candidatura “no representa los intereses de todos los países de América Latina”, en el PS si bien hay voces que instan a apoyar a Caracas, otras apuntan a confiar en la decisión que adopte la Presidenta Bachelet.

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En este contexto, La Moneda optó por bajar el perfil al debate partidario, señalar que las discrepancias son propias de una coalición heterogénea y que finalmente la Concertación estará alineada con la determinación que adopte el Ejecutivo.

“La Concertación puede tener opiniones diversas, no solamente entre sus partidos, sino que al interior de cada uno de ellos hay visiones distintas, (pero) la Concertación está perfectamente ordenada”, afirmó el ministro portavoz Ricardo Lagos Weber. Agregó que “lo importante es que la Concertación cuenta con un número importante de parlamentarios, parlamentarios responsables que -al final del día- siempre han interpuesto los intereses de Chile y del Gobierno por sobre algún otro tipo de interés y eso estamos confiados que va a ocurrir así”.

  El senador PS Ricardo Núñez, en tanto -en cuya colectividad hay voces a favor y en contra de apoyar a Venezuela-, instó ayer a los partidos a no ejercer presiones sobre Bachelet en torno a la decisión que adoptará el Gobierno para el reemplazo de Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU. En este sentido, el parlamentario explicó que si bien los partidos pueden expresar su opinión, “la decisión última es de la Presidenta y esperemos con calma y tranquilidad, no generemos presiones de ningún tipo sobre quien tiene la responsabilidad máxima de dirigir los asuntos del Estado y la política exterior del país”.

En todo caso, el ex timonel socialista comprometió el respaldo de su colectividad para que la Cancillería busque un candidato de consenso en la región aunque advirtió que –debido al panorama que se vive en América Latina- es difícil lograrlo.

“Chile es un país que tiene intereses. ¿Con qué países tiene más intereses: con Venezuela o con Guatemala? Creo que la respuesta es obvia. Que tenemos diferencias con el Gobierno de Chávez, sí, es posible, pero las políticas de Estado se rigen por líneas de larga trayectoria, de modo que los temas de coyuntura, que no me gusta tal partido que está gobernando allá, no debe ser lo que determine en la posición de un país”, afirmó, sugiriendo alinearse con Argentina y Brasil, que ya se han comprometido con Venezuela.

Al respecto, precisó que aun cuando su opinión sobre la administración de Chávez no es “óptima”, se debe considerar que es un Gobierno elegido democráticamente, que no está acusado en materia de derechos humanos y que tiene un política de acercamiento energético con los países del cono sur. LN



Los efectos en la cooperación militar

Las consecuencias que podría tener para Santiago, a nivel de cooperación militar y de seguridad, la eventual determinación de La Moneda de respaldar a Caracas ha sido uno de los aspectos centrales de la polémica. Y aunque hay versiones que apuntan a que Estados Unidos –por ejemplo- no entrenaría pilotos chilenos si La Moneda no se alinea con la Casa Blanca, la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, desestimó que Washington sancione a Chile si vota favorablemente por la incorporación de Venezuela como miembro no-permanente al Consejo de Seguridad de la ONU.

“Esto fue desmentido por Relaciones Exteriores, por la Presidenta (Michelle Bachelet) y es así, no hay ninguna relación entre un tema y otro, no ha habido presiones respecto de ese tema”, aseveró Blanlot.

Las palabras de la ministra de Defensa son coincidentes con lo afirmado -el martes- por el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Adam Ereli, quien señaló que “la historia acerca de los chilenos y los F-16 es simplemente falsa”, en alusión a la posibilidad de que Estados Unidos no capacite a pilotos nacionales.

Sin embargo, Blanlot confirmó que Estados Unidos sanciona, en diferentes formas, a los países que ratifican el Tribunal Penal Internacional (TPI), sin que los ciudadanos o fuerzas militares norteamericanos queden excluidos de esta instancia.

En esta línea, la titular de Defensa explicó que en Estados Unidos existe una ley que se aplica específicamente para los acuerdos de cooperación para entrenamientos y la facilitación de financiamiento preferencial para la compra de armamentos en ese país. “Automáticamente hay una ley que establece sanciones para aquellos que no le dan tratamiento excepcional frente al tema de la corte penal internacional a los efectivos americanos”, precisó.

 

AVANCE DEL VETO

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer, en forma unánime, el veto presidencial a la ley sobre subcontratación y Empresas de Servicios Transitorios (EST), por lo que el texto quedó en condiciones de ser votado por el pleno del Senado, probablemente en la primera semana de julio.

Al terminar la sesión, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, se mostró conforme con la votación, porque “es lo que esperábamos y lo que estaba previsto. Confiamos en que el siguiente trámite también será de fácil despacho”.

Respecto del anuncio de la Alianza de recurrir al Tribunal Constitucional por el concepto de empresa -que no fue modificado por el veto presidencial-, Andrade explicó que es un derecho que cualquiera puede ejercer.

No obstante, advirtió que los requerimientos “no se anuncian, se hacen” y que sólo cuando esa presentación se haga efectiva, su cartera preparará una defensa del concepto contenido en la ley. Agregó, además, que los gremios empresariales no le han hecho reparos a este tema en las reuniones que ha sostenido con sus representantes recientemente.

Bachelet:: La tarea está cumplida

Bachelet:: La tarea está cumplida

La Presidenta descartó las críticas de la derecha acerca de que muchos de los 36 compromisos son solamente proyectos de ley. Así son las cosas en democracia, replicó la Mandataria. Últimas iniciativas ingresaron ayer al Congreso.


Angelica Meneses

Lanacion.cl

Michelle Bachelet tiene práctica en plazos ajustados. Cuando fue ministra de Salud, el ex Presidente Ricardo Lagos le impuso terminar con las colas en los consultorios en 3 meses. Puso todo el empeño y al cumplirse el tiempo reconoció no haber completado la titánica tarea, poniendo su cargo a disposición, lo que no fue aceptado. Ahora –como Jefa de Estado- tiene sólo cuatro años de gobierno, períodos establecido en las reformas constitucionales. Y mañana se completan los cien primeros días, período en que ella misma se comprometió a cumplir 36 medidas.

Claro que esta vez se adelantó. Ayer estuvo lista para hacer las cuentas y anunciar el cumplimiento de ese paquete de promesas que hizo poco antes de la segunda vuelta electoral. “La tarea está cumplida”, dijo la Presidenta.

Dieciocho de las promesas necesitan tramitación legal y de hecho están así enunciadas en el documento de compromiso fechado el 27 de diciembre de 2005, por lo que la Mandataria rechazó las críticas de la derecha señalando que no bastaba con enviar las iniciativas al Congreso.

“En un gobierno democrático lo que un gobierno puede hacer es mandar un proyecto de ley para que el Parlamento lo apruebe. En una dictadura, un Presidente toma una decisión y en 100 días la implementa”, sentenció.

Acotó que además “nadie en su sano juicio pudiera haber imaginado que alguien hubiera creído –y no fue lo que nosotros planteamos jamás- que en 100 días íbamos a tener un sistema electoral distinto ni tampoco un ministerio. Hay ministerios que se demoran años, lo que nosotros hemos hecho es asumir el compromiso que hemos tenido con eso y hemos enviado los proyecto de ley”.

Precisamente esos proyectos fueron de los últimos que ingresaron al Parlamento. Ayer entró a trámite una iniciativa para crear el ministerio de Seguridad Pública y otra para establecer la objeción de conciencia como causal para no hacer el servicio militar obligatorio y en cambio plantea un servicio ciudadano alternativo.

Sistema electoral

Un día antes, ingresó a trámite el proyecto de reforma constitucional para abrir la ruta al cambio del sistema binominal por uno proporcional corregido. La idea desde ya es rechazada por la derecha que, a pesar de haber tenido candidatos presidenciales que se comprometieron al tema en sus programas, ahora considera que el cambio implica un “traje a la medida” de la Concertación.

La Mandataria no dejó pasar la negativa de la oposición y llamó a ese sector a la coherencia, señalando que espera que “claramente al momento que haya que votar haga lo que tiene que hacer y apruebe la reforma de un sistema que claramente no es justo, no es equitativo, no es representativo y por ende tampoco da toda la gobernabilidad necesaria, nosotros nos vamos a aplicar con fuerza a esto y los chilenos verán quien es quien, quien en período electoral dice que está de acuerdo con reformar algo y luego cuando hay que votar a lo mejor no hace lo mismo”.

Otras de las medidas no requirieron largos trámites legales, como ocurrió por ejemplo con el primer compromiso cumplido, correspondiente al aumento de las pensiones más bajas y la automatización del ingreso al sistema para los adultos mayores beneficiarios de pensiones asistenciales, o con el aumento de la dotación de carabineros en las calles, entre otros.

Con el plazo ad portas, la Presidenta se reunió con todo su gabinete y dio cuenta de todos los avances. “Lo hemos hecho en el tiempo definido y en la manera especificada. Cumplimos y lo hemos hecho gracias al trabajo sin tregua de mis colaboradores más directos, los ministros, subsecretarios, directivos y una gran cantidad de personal subalterno", manifestó, destacando de la misma forma el trabajo de los parlamentarios que han respaldado sus iniciativas.



Crítica de la derecha

Desde la oposición se criticó el hecho que los compromisos sólo se hayan materializado con el envío de proyectos de ley. El vicepresidente de RN, Cristian Monckeberg, consideró “poco serio” dar por cumplido el paquete de anuncios, señalando que “esto es como la crónica de una muerte anunciada, pues difícilmente era posible poder cumplir las 36 medidas los cien primeros días”.

Apuntó que “van a haber miles de disculpas, pensar que las 36 medidas o las promesas que se le hizo a la gente se van a cumplir con el mero trámite de presentar un proyecto en el Congreso yo lo tildaría de poco serio”.

Según la secretaria general de la misma tienda, Lily Pérez, “está claro que el Ejecutivo no cumplió con su palabra”, porque el gobierno habría concretado apenas un tercio de sus anuncios.

"Nosotros tenemos un informe técnico del Instituto Libertad el cual señala que sólo un 33 por ciento de las medidas se ha cumplido”, indicó.

Pérez agregó que dar por cumplidos los temas por el solo hecho de enviar un proyecto, “es casi como los subsidios, porque una cosa es el subsidio cuando se anuncia y la otra es cuando se tiene las llaves en mano de la casa propia ".

Por su parte, el secretario general de la UDI, Patricio Melero, dijo que a su juicio “hay solamente un cumplimiento parcial de las medidas”, agregando que hay que evaluar todo el contexto social y político que ha acompañado los cien primeros días de mandato.

“La evaluación de los primeros cien días no nace y muere en si se aplicaron o no las 36 medidas, sino hay que evaluarlo en el contexto de cómo se ha desarrollado este período en donde al menos ha quedado en evidencia un gabinete que no ha sabido afiatarse, una conducción bastante variable frente a los conflictos que han enfrentado y muchas comisiones frente a falta de soluciones”, recalcó.

La primera evaluación

La primera evaluación

LOS CIEN DÍAS QUE PUSIERON A PRUEBA AL GOBIERNO

Para el oficialismo, el Gobierno cumplió con las 36 medidas anunciadas. Para la oposición, la tarea se sacó sólo a medias. El objetivo autoimpuesto se convirtió en la hoja de ruta que guió la primera etapa de la administración de la Presidenta Bachelet, aunque surgieron demandas sociales que no estaban del todo contempladas.


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Por Hugo Guzmán R.

En varias oficinas de La Moneda y de algunos ministerios estaba pegada en la pared o en un rincón privilegiado de los escritorios. Era la lista de las 36 medidas que fijó Michelle Bachelet para sus primeros cien días de mandato. No pasaba mucho tiempo sin que ministros, subsecretarios, jefes de servicio, responsables de comunicación y otros funcionarios le echaran un vistazo. Ahí estaba “la tarea” asignada.

En las últimas tres semanas respiraban aliviados cada vez que la Jefa daba a conocer “la concreción” o “el inicio” de una de esas medidas y el ministerio o dependencia respectiva avanzaba un paso. Cuando iban a mitad de camino, la Presidenta llamó a “apurar el tranco”. Cuentan que los ministros trabajaban hasta 14 horas al día. Hasta que el viernes pasado terminó la agotadora guerra contra el tiempo y Bachelet sentenció: “La tarea está cumplida”.

Y es que las tan mentadas 36 medidas se convirtieron desde aquel lejano 27 de diciembre –cuando la entonces candidata precisó su propuesta de Gobierno con acciones inmediatas para garantizar el triunfo en la segunda vuelta– en una especie de evangelio para la administración bacheletista. Fue una autoimposición que, a estas alturas, terminó siendo la primera evaluación que encara la Presidenta.

Claro que no faltaron los pecadores que alteraron el curso de los mandamientos establecidos en el “Plan de los 100 días”. En los primeros tres meses irrumpió el duro y ya emblemático movimiento estudiantil secundario y su emplazamiento a reformar la LOCE; emergieron tensiones y presiones por la modificación al sistema de subcontrataciones; se inmiscuyó entre las sombras la confrontación valórica entre el PS y la DC; se metió en la escena política la huelga de hambre de los mapuches condenados por terrorismo y la llamada de atención del Premio Nobel José Saramago a Bachelet en Madrid; se abrió el debate por el uso de los excedentes del cobre, entre otros temas de conflictividad política y social. Fueron como una filosa espada que cruzó la hoja de ruta y que desencadenó el rumor de que algunos ministros serían relevados. “Hubo cosas que saltaron de repente como esos muñecos que salen abruptamente de una caja de sorpresas”, comentó un funcionario de La Moneda.

Como sea, el viernes pasado la Presidenta estaba contenta y después del cónclave con la Concertación y sus ministros en el estadio San Jorge partió tranquila y con una sensación del deber cumplido. No sólo comunicó el éxito de su plan, sino que lo hizo junto a los jefes de los partidos –Soledad Alvear (DC), Camilo Escalona (PS), Sergio Bitar (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD)–, aprovechando de dar una señal de que las cosas con las colectividades andan bien, a pesar de su estilo “más ciudadano” y de mantener a los partidos a cierta distancia de su gestión.

En realidad, la puesta en marcha de los 36 primeros objetivos no tuvo un carácter lineal ni rígido. “Oye, estamos en Chile”, comentó un parlamentario. Lo cierto es que si bien la mayoría ya son metas realizadas, hay un grupo de medidas que están a la espera de resolución en el Congreso (como la reforma al sistema binominal), que dependerán de las conclusiones del trabajo de comisiones (como la reforma previsional), y un par aún requiere de trámites administrativos para su materialización. Pero, en fin, Bachelet se fue de fin de semana con esta primera fase de su Gobierno de cuatro años prácticamente cumplida.

PARTIDA RÁPIDA

El oficialismo, la derecha y los extraparlamentarios coinciden en que la Presidenta se vio compelida a trazar este ambicioso plan de cien días porque su mandato será breve: dos años menos que sus antecesores. Para el presidente del PS, Camilo Escalona, “las 36 medidas dinamizaron el trabajo de la administración de la Presidenta Bachelet en base a una verdad tan evidente como exigente: este es un Gobierno breve, con plazos políticos cortos”.

El timonel del PC, Guillermo Teillier, sostuvo que “el síndrome de los cuatro años la llevó a establecer medidas precisas. Pero no le podrá echar la culpa al tiempo, se pueden tomar medidas más de fondo en estos cuatro años”. Patricio Melero, secretario general de la UDI, piensa que “todo obedeció al objetivo de poner al Gobierno a trabajar de inmediato en un período corto. Pero hubo mucho voluntarismo de hacer cosas muy rápidamente”.

En todo caso, Bachelet lo tenía claro y es así que en diciembre pasado prometió un promedio de una medida cada tres días, “porque el Gobierno deberá trabajar a toda máquina para cumplir el programa presentado”. Y puso énfasis en metas ya logradas, como el aumento de las pensiones mínimas, la gratuidad en atención de salud pública para mayores de 60 años, las 200 salas cuna en estos tres meses, el proyecto para crear el Ministerio de Seguridad Pública, la reforma del binominalismo, y más empleo en zonas marginales, como Lota y San Antonio, entre otros.

DECÁLOGOS Y “EL DÍA 101”

Claro que para Melero las cosas no son tan felices. “Hay un cumplimiento parcial de las medidas. Siento que más que finalizar un proceso se inicia otro, con reformas sobre las que no hay definiciones claras, como la previsional y la electoral”, dijo el dirigente UDI. “Será una etapa de incertidumbre ahora que la Presidenta no tiene esa agenda de medidas”. Teillier apunta que “no todas las medidas quedaron concluidas y algunas traerán controversias muy grandes”. Precisa que se “quedaron cortas” frente a la situación real que enfrenta el país en temas sociales. “El Gobierno debe hacer un ajuste después de estos cien días, y estudiar en profundidad lo que ocurre en temas como la educación, que no estaba en esas primeras medidas, así como otros sectores sociales que esperan respuestas”.

Escalona, en tanto, explica que estas medidas tuvieron un efecto de corto plazo porque así estaba planteado. “Por ejemplo, con lo del aumento de las pensiones o de la dotación de Carabineros. Otras se van a notar en el tiempo. Tal vez ahora no se tenga el efecto de la reforma del binominal, no quedó lista en estos cien días, pero se echó a andar y ya dará sus frutos. Es un tema, como varios otros, que pesará electoralmente en el futuro y que contribuirá a mejorar la calidad de la democracia en el país. Este Gobierno partió bien”.

Por cierto, en La Moneda hacen muecas y lanzan un “¡por favor!” cuando se insinúa que en estos cien días ya se pretende una evaluación de la gestión de Bachelet. “Es absurdo establecer evaluaciones ahora”, dice el jefe del PS, y enfatiza que “habrá que medir lo que se hizo en estos cien días por su impacto en el total de cuatro años”.

Pero para la oposición de derecha y extraparlamentaria, en estos cien días ocurrieron cosas que trascendieron las metas y que podrían constituir una “mala señal de cómo seguirá todo”.

“Hay que ver los fracasos o las descoordinaciones que hubo en el conflicto estudiantil, con los terroristas de la zona sur (mapuches), en política exterior con agendas paralelas, en las discrepancias en el gabinete por la Ley de Subcontrataciones, en una agenda valórica sin acuerdo, junto a un gabinete que no está afiatado ni coordinado”, indicó Melero.

Guillermo Teillier plantea que los cien días fueron sorpresivos para el propio Gobierno: “No se esperaban el vendaval estudiantil que apuntó de lleno a un problema social serio, el de una mala ley de educación, y que de paso reventó muchos otros temas sociales que subyacen acumulados. Hay movimientos que comienzan a emerger y dan la tónica que se puede abrir un período de agitación político-social”.

El portavoz del Gobierno, Ricardo Lagos Weber, se adelantó a comentar que el “día 101” marcará otra fase del Gobierno de Bachelet que, de acuerdo a funcionarios de palacio, tendrá dos ámbitos globales: concretar las medidas que quedaron en proceso y abrir una nueva agenda de objetivos.

Personeros gubernamentales y parlamentarios concertacionistas reconocen que “las mochilas pesadas” se vienen con la reforma al sistema electoral, donde todo indica que se lograría una fórmula “proporcional corregida”; las conclusiones de la Comisión Marcel, que sentará las bases de la reforma al sistema de previsión privada; la discusión abierta en el Consejo Asesor para mejorar la educación; los avances en los planes de ampliación de infraestructura, y la mejora de atención en salud y nivel preescolar. También tendrán que asumirse los temas financieros y económicos cruzados por focos rojos. como el alza del cobre y la baja del dólar, el aumento de la gasolina, ampliación del empleo y el sensible tema de las subcontraciones. Sin dejar de lado factores de incertidumbre, como qué ocurrirá finalmente con los mapuches condenados, las investigaciones por errores en la identificación de osamentas de desaparecidos y las gravitantes tensiones con los países limítrofes.

Y muy probablemente se mantendrá el estilo Bachelet –perfilado desde la campaña electoral–, con su característico hermetismo y ordenamiento interno de su Gobierno. Asumiendo “de otra manera” los movimientos sociales a los cuales, ella misma precisó, no teme encarar “con diálogo”. En ello se inscribió el tan cuestionado como alabado “decálogo” a sus ministros, donde los llamó a anticiparse a los conflictos, abrir espacios de participación y dejar de lado las “agendas propias” y posiciones individualistas.

No es menor que en torno a todo esto sigan dando vueltas frases como “pérdida de liderazgo” o “hay mucho desorden y descoordinación”, lanzadas al aire por dirigentes y parlamentarios de la Concertación, precisamente lastimados o en desacuerdo con el “estilo Bachelet”. Algo que venía desde la campaña. Y que no sólo tiene que ver con los legisladores “díscolos”, sino también con los parlamentarios “disconformes”.

Quedan todavía más de tres años. Termina Bachelet sus primeros cien días con sondeos que la dan entre el 56 y el 70 % de aprobación. Y con una dinámica vertiginosa que, desde ya, va trazando el perfil de lo que será la gestión de la primera Presidenta de este país. LND