Educación

LAS REFORMAS DE BACHELET, EL DESEMPLEO Y LA LUCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

CHILE: LAS REFORMAS DE BACHELET, EL DESEMPLEO Y LA LUCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 

1. La Presidenta Michelle Bachelet, a través de cadena nacional de radio y televisión, anunció el pasado 30 de junio después de la telenovela, la puesta en marcha de la primera fase de la joya de su gobierno asociada a la mal explicada reforma previsional. Con los modos de una monitora motivacional de empresa japonesa o entrenadora de fútbol antes de salir a la cancha, la mandataria realizó una arenga insípida donde, en concreto, afirmó que 600 mil pensionados chilenos obtendrían los primeros beneficios de la reforma desde el 1 de julio. Lo que convenientemente no dijo Bachelet fue que el monto de la pensión para las franjas más precarias del país se reduce a $ 60 mil pesos, es decir, $ 2 mil pesos diarios (menos de 4 dólares) en un contexto de alza inflacionaria, aumento de los precios de los alimentos, la especulación escandalosa del valor de los medicamentos (que demandan especialmente las personas de tercera edad) y la crisis energética que redunda en un incremento del costo de la vida, sin plazo de término anunciado. Ahora el gobierno podrá decir que, prácticamente, duplicamos los ingresos de los 3 mil millones de personas más pobres entre los pobres de la Tierra, que sobreviven con 2 dólares diarios, de los cuales deben destinar el 80 % en alimentos. En fin, siempre habrá un haitiano más pobre bajo un chileno de existencia material miserable.

 

1. Lo que tampoco informó, de manera premeditada, la Presidenta Bachelet, fue que la reforma previsional  consolida el sistema de previsión social impuesto bajo la dictadura militar de refundación capitalista, que se arquitectura en la capitalización individual, la especulación financiera, y la concentración oligopólica de la propiedad de la administración del ahorro forzoso de los trabajadores. Bachelet ni siquiera hizo alusión a que, en la práctica, la “iniciativa” aumenta por razones absolutamente economicistas y no integrales, la edad de jubilación de las mujeres más pobres. La reforma en cuestión elimina las pocas restricciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) que quedaban respecto de la liberalización de sus inversiones (con recursos de los trabajadores, claro está), las cuales quedan excluidas del sistema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y pueden colocarse enteramente en negocios extranjeros. Por su parte, los menos pobres o, poéticamente, la llamada “clase media”, continúa al arbitrio de las AFP’s, las que se embolsan uno de cada tres pesos que el trabajador impone para su vejez, mientras los otros dos son presa de la glotonería de las corporaciones financieras y sus turbulencias internacionales. Asimismo, la reforma no fija un tope a las comisiones de las AFP’s y sus compañías de seguros relacionadas. Después de los anuncios multimediales de la Presidenta, los chilenos y chilenas no son menos pobres. Simplemente su miseria se ordena jurídica y económicamente de acuerdo a la consolidación de una de las claves del patrón de acumulación capitalista en el país en los tiempos de la hegemonía del capital financiero y especulativo, esto es, la privatización de un derecho básico tan elemental y central como es el sistema de Seguridad Social.

 

1. Según la Dirección del Trabajo del Gobierno (o impotente Departamento de Recursos Humanos del bloque en el poder), cada trabajador chileno está endeudado en  $ 3 millones de pesos (más de 6 mil dólares), en un país donde los salarios promedian $ 250 mil pesos (500 dólares) y el salario mínimo 300 dólares. Más del 50 % de los trabajadores no cuenta con contrato ni estabilidad laboral. Sólo un 14 % de la fuerza de trabajo está sindicalizada y de ella, apenas un 8, 7 % puede negociar colectivamente. Más de un 90 % de los más de 6 millones de personas que viven de un sueldo, permanecen al arbitrio del precio a su trabajo que resuelva la patronal. Como punto de comparación, la OCDE –a la cual desea ingresar la Concertación por todos los medios- exige a los países miembros que cuenten con un 50 % de la fuerza de trabajo sindicalizada y que un 25 % tenga facultades para negociar colectivamente, entre otros requisitos. Las aspiraciones de cobrar mayor estatus internacional por parte del Ejecutivo se rompen la cabeza contra los estándares de vida de los países más desarrollados del globo, y no sólo en esta dimensión.

Como si fuera poco, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que durante el trimestre marzo-mayo de 2008, la cesantía aumentó hasta un 8 %, sobre todo entre los jóvenes (20 %). De esta manera, el desempleo crece invariablemente por octavo mes consecutivo, lo cual, según algunos economistas, ya puede considerarse una tendencia. Las autoridades gubernamentales, agrediendo la inteligencia pública y haciendo alarde de sofismos de poca monta, señalaron que el problema no es que haya disminuido la oferta laboral, sino que “ahora hay más gente que busca trabajo por primera vez” (!). Casi 600 mil desocupados existen en el Chile del bicentenario independentista. En las regiones de Arica-Parinacota (norte) y Valparaíso (centro), las cifras superan con creces el 10 %.

Por eso, los números del sueldo mínimo cobran una relevancia estratégica para la sobrevida de los trabajadores. En los países que gozan de altos niveles de sindicalización, el salario es materia de negociación colectiva y, lejos, supera los montos del sueldo mínimo, el cual allí es apenas una referencia. En cambio en Chile, la baja y dispersa fuerza de los trabajadores organizados, condena de un 20 % a un 30 % de  casi 6 millones de personas, a vender su empeño y sus horas productivas al precio del salario mínimo fijado por arriba, con el agravante de ser rubricado por el propio Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y militante de gobierno, Arturo Martínez. Al respecto, por esto y otras materias sustantivas –como la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda- es una condición de arranque modificar la actual composición de la dirección político sindical de la CUT, ubicando sus motores en la independencia política de los intereses de la clase trabajadora, la movilización y organización creciente, y la lucha frontal contra los intereses del capital. De lo contrario, la recomposición política y orgánica destacada para las grandes transformaciones populares en el país, se posterga, se distrae, no deja de ser funcional al poder y escasea de sentidos.

 

1. Sectores significativos de estudiantes secundarios, universitarios y profesores mantienen la lucha consignada como “No al Lucro” en el área de la enseñanza ante la inminente aprobación de la Ley General de Educación (LGE) patrocinada por el gobierno y que debe ser sancionada en algunas semanas más por el Senado, luego de su ratificación por la Cámara de Diputados hace algunos días. La LGE es producto de un acuerdo al interior del bloque en el poder, obligado por la multitudinaria movilización escolar de 2006, que busca modificar cosméticamente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de Pinochet. La LGE postula una mayor fiscalización a la educación privada subvencionada (que ya se empina sobre un 40 %), y plantea la ganancia en el ámbito educativo como giro exclusivo de los privados involucrados (lo cual es un escollo salvable fácilmente para el capital en Chile). En otros artículos se ha planteado que sin la incorporación sustantiva de los trabajadores en general al combate por la restauración de la Educación Pública como viga maestra del sistema escolar y universitario, las fuerzas hasta ahora en movimiento, resultan insuficientes. Al respecto, ya algunos dirigentes magisteriales se han pronunciado en un sentido favorable a una lógica de constelación superior de fuerzas e instalación de la protesta a escala país. Sin embargo, todavía la consigna convocante (“No al Lucro”) se presenta de manera relevante, pero de fondo, indirecta y escasamente propositiva. En esa dirección, el movimiento estudiantil y magisterial, y mañana de los trabajadores, está emplazado a definir el horizonte reivindicado sobre una demanda tan concreta como que la enseñanza, al igual que en la mayoría de los países del planeta, sea de propiedad social y administración y financiamiento estatal. El objetivo del movimiento, tanto para aumentar su tonelaje político social, como su nitidez pública, debe perder ambigüedades y revelarse como una ofensiva de alcances y fundamentos estratégicos. Incluso, si en el actual ciclo de luchas ligadas al derecho básico de contar con un sistema educacional de propiedad social y administración estatal, en todos sus niveles, no se alcanza u obtiene sólo reformas parciales, debe quedar fijada en el complejo nacional la solución propuesta por abajo. Sólo de este modo, la reivindicación central se constituye en plataforma de lucha venidera, y se ancla como eje y punto de llegada en la pelea dura de recomponer las pistas e ideas fuerza de una futura hegemonía política de los intereses de los trabajadores y el pueblo. El resto es posibilismo, miopía política, falta de conducción y convicción, o mera conveniencia coyuntural.  

 

Andrés Figueroa Cornejo

Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo

 

Julio de 2008

QUE LA EDUCACIÓN SEA DE PROPIEDAD SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN ESTATAL

CHILE: QUE LA EDUCACIÓN SEA DE PROPIEDAD SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN ESTATAL

 

1. Finlandia se ha convertido en el modelo de país que en el plano educacional, tiene, acaso, la mejor enseñanza del planeta. Allí, la educación de propiedad privada no representa más de un 4 %, y el gasto estatal para el área corresponde a un 7 % de su Producto Interno Bruto. En Chile, por el contrario, la educación de propiedad privada y privada subvencionada ya alcanza la mitad del sistema escolar (y continúa su crecimiento), y el Fisco sólo invierte en ella un 4,2 % del PIB.

 

1. A escala mundial, la educación  privada oscila entre un 10 % y un 15 %. En Irlanda, la enseñanza privada raya en el 1 %, y en Italia es de un 7 % la primaria y de un 4,6 % la secundaria. En los países denominados “en desarrollo”, producto del desmantelamiento estatal y la imposición a rajatabla del recetario neoliberal –que entre otros principios, impone desde sus instituciones internacionales, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, la privatización absoluta de los derechos sociales fundamentales-, ha propiciado el avance de la enseñanza de propiedad privada hasta un 30 %.  En Brasil, la educación no universitaria de matrícula privada no excede el 11 %; en México llega a un 12 %; y en Perú al 17 %. Chile supera con creces esas cifras. Es el extremo de la liberalización de la enseñanza, con los pobres resultados por todos conocidos.

 

1. No es casualidad, sino más bien un efecto concreto y premeditado, que desde los 70 y 80 del siglo pasado, en el contexto infame de las dictaduras antipopulares en Latinoamérica, y en Chile en particular, se haya adoptado una política de enseñanza descentralizada, municipalizada, y donde casi la mitad del gasto de la educación  del país fue traspasado a las familias de los escolares. La dictadura pinochetista de refundación capitalista -laboratorio ideal para la ultra derecha anglosajona- creó  condiciones inmejorables para que la resistencia popular a la privatización educacional haya sido extraordinariamente insuficiente ante la jibarización de la propiedad social, resumida en el Estado hasta entonces, y la destrucción de la antigua, decorosa y prestigiosa educación pública chilena. Luego de la decapitación del movimiento de los trabajadores y el pueblo y sus destacamentos políticos desde el 11 de septiembre mismo de 1973, la resistencia al régimen del General Pinochet resultó heroica, pero puramente testimonial, hasta el reinició de un nuevo ciclo de luchas sociales a comienzos de los 80. La municipalización en Chile era la antesala al proyecto neoliberal ortodoxo de privatizar toda la enseñanza. Las protestas populares en ascenso lograron contener parcialmente ese objetivo. Sin embargo, las administraciones civiles de la Concertación, en vez de hacer efectivas sus promesas programáticas al respecto, simplemente consolidaron y profundizaron la tendencia a la privatización y la subvención escolar en desmedro estructural de la enseñanza de propiedad pública. El resultado transitorio de este proceso provocó, no sólo una educación altamente segmentada socialmente (de clases), sino que propició las condiciones para el estallido del movimiento estudiantil en 2006, y su nueva madrugada en la actualidad; y la intención cosmética de modificar adjetivamente la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) por la Ley General de Enseñanza (LGE), la cual será aprobada en el senado el próximo 27 de junio. Ella consagra el actual estado de cosas, esto es, la educación privada subvencionada, el colegio conducido bajo paradigmas estrictamente empresariales, y, en el mejor de los casos, parte de su articulado jurídico apuesta a la transparentación de los gastos, malla curricular y resultados académicos del territorio privado de la enseñanza. Sin embargo, el lucro se mantiene en tanto el sostenedor o propietario del establecimiento escolar tenga como giro único de ganancias la educación. El papel mojado de la LGE termina por pulverizarse, toda vez que  Chile, hace mucho tiempo,  cuenta con un sinnúmero de argucias y garantías legales que permiten, de manera formalmente indirecta (a través de familiares y amigos, por ejemplo), obtener utilidades empresariales para los sostenedores en rubros distintos que la educación, sin que su nombre tenga que aparecer en la documentación oficial. Por eso la derecha se queja sólo teatralmente (aparentando una falsa contradicción con la ley “nueva” pactada con la Concertación”), mientras el mundo social ligado a la escolaridad sale a las calles.

 

1. Más allá de la discusión sobre la descentralización estatal de la educación y sus efectos, vale acentuar hoy, que la contradicción esencial se sintetiza en la existencia de una educación pública con enormes requerimientos económicos y pedagógicos (los cuales en muchos aspectos, van de la mano) y una educación privada subvencionada o no, que tiende a hegemonizar el sistema escolar chileno, ilustrando pavorosamente la osificación y perpetuación de una educación de clases. Hasta ahora, la consigna predominante entre los estudiantes de liceos y universidades, y de los profesores ha sido “No al Lucro. A fortalecer la Educación Pública”. Sin embargo, el eslogan resulta todavía muy lateral, oblicuo, apunta, en general, al problema, pero no construye proposición objetiva, concreta, palpable, altamente comprensible para las grandes mayorías. Cuando en otra demanda histórica de los trabajadores y el pueblo se dice “A renacionalizar el cobre”, queda absolutamente claro para el conjunto de la sociedad el objetivo que se persigue (es decir, la consigna en este caso, facilita y comprime cognitivamente el mensaje político de fondo, lo cual provoca una alta conformidad pública, de acuerdo a algunas encuestas). Por eso resulta imperioso para los sectores anticapitalistas, para los progresistas y los intereses de los trabajadores y el pueblo, por lo menos aventurar dos líneas prácticas en la caminata estratégica de reconstruir y reconquistar, a la luz de la realidad trágica de la enseñanza tal como se presenta en la hora actual, una  educación pública potente e incuestionable. Una de ellas está asociada a clarificar, simplificar, descifrar llanamente los objetivos nucleares de la protesta contra la LOCE y la LGE. En este sentido, es más acertado resumir la demanda popular en volver a convertir a la educación en propiedad social administrada y financiada por el Estado, contra la educación privada subvencionada. Si bien aristas del problema vinculados a la descentralización de la enseñanza (que no tienen que ver con la propiedad del derecho reivindicado), abre debates urgentes sobre el financiamiento necesario, la formación inicial docente, el horizonte de sentido de la educación, su traducción en la malla curricular y su relación genética con un proyecto de país y de mundo distinto al dominante, al menos sienta las bases materiales para impulsar el debate social amplio y democrático que requiere semejante labor. Y por otro lado, está suficientemente probado que la lucha por una educación de propiedad social y administración estatal, lejos escapa al puro ámbito de los estudiantes, los profesores y los apoderados. La exitosa concentración de 15 mil personas en las cercanías del Congreso Nacional en Valparaíso, en términos relativos, es auspiciosa, pero como expresión de fuerzas resulta todavía muy insuficiente (en Chile hay alrededor de 140 mil profesores y más de 3 millones de escolares). Los    actores sociales en movimiento son aún una fracción del motor de pueblo en lucha necesario para abrigar posibilidades de imponer desde abajo la demanda clave, y sólo pertenecen al ámbito inmediato de la enseñanza. La educación en un tema de país que recorre el pasado, la actualidad y el porvenir de todo el pueblo. Si la demanda, en su composición de fuerzas impulsoras, se acota, se “especializa”, se encapsula únicamente en los actores involucrados en el fetiche de la parte por sobre el conjunto, difícilmente se obtendrá lo que se persigue, por muy justa y razonable que sea la demanda. En este caso, la incorporación de los trabajadores, organizados y no organizados, es la tarea capilar de los estudiantes y los profesores. La lucha por la recuperación de la enseñanza como propiedad social administrada por el Estado, y el término de la escolaridad privada subvencionada (¿Qué importa que subsista el histórico 10 % de educación particular-particular, si el 90 % es mañana educación pública corregida, debatida y convenida en sus sentidos por el complejo social, y  financiada prioritariamente por el Estado?) es ética y políticamente, un combate masivo, amplio, ancho, del conjunto de los trabajadores y el pueblo. ¿Qué persona, mujer, hombre, trabajador@, joven podría estar fundadamente contra esta lucha y contra estos contenidos? Si en el primer mundo entre un 85 % a un 90 %  de la educación es propiedad del Estado, ¿Quién sino un sostenedor privado o un fanático de la liberalización irracional e injusta de los derechos sociales elementales podría oponerse a la demanda por la educación pública? Está claro que lo anterior es parte del prólogo de un derrotero largo, y que su sola mención hace estallar los intereses de clase más primigenios de la minoría en el poder. ¿Pero tenemos otra alternativa, si uno de los eslabones más débiles visibles para las grandes mayorías en un modelo fundado en la desigualdad  abyecta comienza  hacer crisis por el ámbito educacional?    

 Andrés Figueroa Cornejo

Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo

Junio 23 de 2008   

Se impone contubernio educacional Bachelet/Alianza por Chile

Eduardo Andrade Bone

Rebelión

Después de algunas horas de debate de la Cámara de Diputados de Chile, se dio por aprobado el engendro legal de educación presentado al parlamento por la primera mandataria Michelle Bachelet, y que consagra la mercantilización de la educación como un producto más del salvaje capital neoliberal que asola a Chile, en perjuicio de la educación pública.

El cogobierno entre la Concertación y los herederos políticos del pinochetismo, representado por la Alianza por Chile, han resuelto con algunos cambios cosméticos aprobar por 96 votos a favor la controvertida ley general de educación, que mantiene la esencia de la LOCE y que fuera promulgada por la dictadura de Pinochet, antes de concluir su mandato.

Cabe destacar que en el transcurso de las movilizaciones de los estudiantes y profesores, que exigen el retiro de la LGE, quedo al desnudo el perjuicio creado a la educación pública, pues la primera mandataria se vio en la obligación de tener que firmar un pacto de apoyo a la educación pública con los parlamentarios de la Concertación que se negaban a apoyar la enmienda legal. La educación pública, ha asido la gran perjudicada por el capital neoliberal, que ha generado una educación para pobres y otra para ricos, pero ambas de mala calidad. De allí que esta votación a favor de aprobar este contubernio legislativo, contribuye a fortalecer la educación privada, el lucro y la mercantilización de ésta.

Hoy los chilenos pueden observar asombrado como la casta política que cogobierna el país, ha privilegiado el negocio privado y el lucro, por sobre la educación pública y el derecho a un sistema de enseñanza de calidad y eficiente. En esta peculiar democracia chilena, en donde las opiniones de los ciudadanos se vierten vía las encuestas, los consultados reiteradamente (68%) han condenado la LOCE, la nueva LGE y como el gobierno de Bachelet ha manejado el tema de la educación. Pero una vez más el cogobierno entre Concertación y la Alianza por Chile, se han “defecado” en la opinión de los ciudadanos, los estudiantes, los profesores y todas aquellas instancias que están involucrada en la problemática de la educación.

La forma de proceder de la primera mandataria, además deja una vez más en entredicho lo que es la “democracia de la dictadura” que impera en el país, en donde no hay debate, no hay pluralismo, no hay respeto a la diversidad de ideas, no hay inclusión ni participación de los principales actores ligados al mundo de la educación y solo impera el dogmatismo político aferrado a los intereses de la clase económicamente dominante del país.

La nueva LGE no es otra cosa que la protección del negocio de las mafias educacionales, que operan desde lo privado y que se retroalimentan de los subsidios estatales y de los pagos que realizan las familias, para presuntamente obtener un “buen servicio educacional de sus hijos”. Sin embargo la nueva ley general de educación solo contribuye al lucro y enriquecimiento de quienes manejan el negocio educacional chileno. En el cual además están involucrados los empresarios educacionales de la Alianza por Chile y un sector de la Concertación, que no quieren soltar está fuente de ganancias que obtienen del erario nacional, en el caso de las escuelas particulares subvencionada y los privados.

Pero no solo eso, la entrega de subvenciones a las escuelas particulares y privadas, pone en contradicción la esencia misma de los que es el funcionamiento del capital neoliberal, que aboga por el mercado libre y el autofinanciamiento cuando le conviene, pero que en este caso no funciona pues ellos se nutren y enriquecen con los dineros de todos los chilenos, vía organismos del Estado.

Pero esta situación no termina con la simple aprobación de la nueva ley general de educación, pues los profesores y estudiantes han resuelto desplegar un plan de movilizaciones que les permita mantener la ofensiva y la claridad de sus propuestas. De allí no es raro que en los próximos días asistamos al despliegue de grandes movilizaciones de los estudiantes y profesores por un lado, y la respuesta represiva del gobierno de Michelle Bachelet contra aquellos que osen oponerse a su soberbia presidencial, que se desarrolla al margen de lo que piensa la ciudadanía sobres esta materia y otras.

Al respecto la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios (Aceus) lamentó que se haya aprobado 'la maldita LGE' y proclamó que 'para que esta ley no sea aprobada en el Senado ¡¡¡urge!!! que las movilizaciones traspasen las filas estudiantiles y se pronuncie la sociedad, los trabajadores, profesores, dueñas de casa etc.'.

Chile es un país donde es imposible poder realizar referéndum o consultas populares atingentes a los grandes problemas que afectan a los chilenos, como es el caso de la educación o el sistema electoral antidemocrático. A la clase trabajadora, a los sectores populares y los estratos sociales medios empobrecido, no les va quedando otro camino que el enfrentamiento frontal contra toda la legislación de la dictadura y los cambios cosméticos realizados bajo los cogobierno entre Concertación y pinochetismo (UDI-RN). El pueblo chileno tiene pleno derecho a expresar toda su rabia y rebeldía ante una institucionalidad que desde su origen ha sido ilegitima, como es la Constitución (80) de la dictadura que aún sigue imperando en Chile y que mantiene el país bajo una “democracia maniatada”.

Finalmente los estudiantes, profesores, padres y apoderados, y la comunidad educacional chilena exigen una ley de educación que privilegie el derecho a la enseñanza, el termino de las escuelas municipalizadas, el termino de la comercialización de la educación, una educación pública de calidad y eficiente, en donde el estado entregue los recursos necesarios para que la mayoría de los niños y jóvenes se formen de manera integral, independientemente del estrato social al cual pertenezca, o sea una educación igualitaria para todos, como está establecido en los acuerdos internacionales suscritos por Chile, ante organismos internacionales como la UNICEF y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

 

¿Qué es lo que esconde el debate educacional?

Matías Calderón Seguel

Rebelión

Las últimas semanas en Chile han sido agitadas. Miles de escolares y profesores salen a la calle para manifestar su oposición a la nueva Ley General de Educación (LGE) que remplazará a la Ley Orgánica de Constitución de Enseñanza (LOCE). Las fuerzas sociales que se oponían y oponen a la LGE señalan que esta no soluciona las principales demandas de la "revolución pingüina" del año 2006: fortalecer una educación pública de calidad para todos, eliminación de la municipalización y limitar (o eliminar dependiendo del caso) el lucro (es decir la ganancia privada de tipo capitalista), entre otras peticiones.

Hemos visto como la Concertación en ves de dialogar, debatir o negociar con estas fuerzas sociales que alcanzan los miles de chilenos, ha optado por los acuerdos cupulares de partidos políticos insertos en la política "oficial". El establishment (la Concertación y la Alianza) ha acordado que esta ley se apruebe sin incluir las demandas que exigen las fuerzas sociales. Considerando que el número de chilenos que solicitaba un rol gravitante del Estado en la educación no es despreciable uno se pregunta el porqué de la total omisión; se ignora el movimiento en cuanto a considerar sus demandas de forma seria, pero por otro lado se criminaliza (desorden público, vandalismo, etc.), a la ves que se trata de ridiculizar, de quitar peso a las demandas exigidas (en los medios de comunicación se seleccionan las opiniones menos consistentes en cuanto a argumentar las demandas).

Quienes controlan el poder se niegan incluso a abrir un debate con las fuerzas sociales movilizadas; me vuelvo a preguntar ¿Por qué? ¿A que se le teme? Luego de analizar el problema creo tener algún tipo de explicación. La frase "no al lucro en la educación" es el caparazón de una discusión mucho más profunda. Al decir "no al lucro, sí a la educación pública" lo que en realidad se está planteando es que el Estado vuelva a retomar un rol importante, protagónico pero no absoluto, en la construcción del modelo de desarrollo que aplicamos y con ello la sociedad que construimos. El fortalecer la educación pública e incluso el debatir fortalecerla significa abrir una ventana que lleva al menos treinta años cerrada en Chile; una ventana que comenzará a cuestionar el modelo capitalista neoliberal implantado con Pinochet y profundizado con la Concertación. El establishment está cómodo, no pondrá en discusión su confortante posición; es por ello que se niega a la más remota posibilidad de dar cabida a un cuestionamiento real, de tipo estructural al modelo que gestiona.

-- Matías Calderón Seguel - Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía (GICSEC).

LGE pasó al Senado con dos indicaciones

La Nación 

Viernes 20 de junio de 2008   

Con los votos de los diputados de oposición y mayoría de la Concertación

 A favor de la idea de legislar se pronunciaron 96 parlamentarios, la rechazaron 12 y se abstuvieron siete. Asimismo, aunque con menos votos, también pasaron a segundo trámite las dos indicaciones presentadas por el Ejecutivo, con el apoyo mayoritario de los diputados concertacionistas y unánime de la oposición. Otras 70 indicaciones parlamentarias fueron rechazadas.

 Foto: Con protestas de profesores y estudiantes en las tribunas, se aprobó ayer la LGE en la Cámara de Diputados, pasando al Senado para su segundo trámite. Foto: UPI

Con las indicaciones que introdujo el Ejecutivo -referidas a la educación pública y a los plazos para que entre en vigencia la normativa de control sobre los recursos destinados a la educación subvencionada- y en medio de contramanifestaciones de profesores y estudiantes en las tribunas, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General de Educación.

La iniciativa se había originado en el informe elaborado por el Consejo Asesor Presidencial, constituido luego de las movilizaciones de secundarios registradas hace dos años.

La normativa contó ayer con la aprobación de 96 parlamentarios, el rechazo de 12 y la abstención de siete, pasando a segundo trámite en el Senado.

Pese a que la indicación original que define el rol del Estado en la educación fue modificada, acogiendo parte de las estipulaciones de la derecha, lo que provocó declaraciones de altisonantes que amenazaban con su rechazo en las filas oficialistas, ayer la mayoría de los diputados de la Concertación concurrieron con sus votos para su aprobación, tal como se había acordado durante la jornada anterior, cuando el Gobierno anunció la firma de un protocolo de acuerdo para ingresar durante el segundo semestre una ley que fortalezca la educación pública.

Esta indicación establece que "es deber del Estado que los establecimientos educacionales pertenecientes o dirigidos por sus órganos se organicen y funcionen conforme al carácter público de tales instituciones y tengan la obligación de proveer una educación pública de calidad pluralista y que promueva la integración social, dando además cumplimiento a los otros principios contemplados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes". Redacción acordada por el Ejecutivo con el experto del Instituto Libertad y Desarrollo Cristián Larraoulet.

EN CONTRA

Votaron en contra de la indicación Gabriel Ascencio, Roberto León, Eduardo Saffirio, Marco Enríquez-Ominami, Carlos Montes, Patricio Vallespín, Rodrigo González, Carlos Olivares y Mario Venegas. Mientras los diputados René Alinco, Ramón Farías, Iván Paredes, Alejandro Sule, Isabel Allende, Tucapel Jiménez, Denisse Pascal, Marcos Espinoza, Adriana Muñoz y Alberto Robles se abstuvieron.

La segunda indicación, que rebaja de cuatro a un año el plazo para que los sostenedores se ajusten a la nueva normativa de supervisión de los recursos del Estado destinados a la educación subvencionada -el principal de ellos los obliga a un giro único-, se aprobó con 93 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Otras 70 indicaciones presentadas por parlamentarios oficialistas fueron rechazadas al no alcanzar el quórum necesario.

La molestia entre los profesores y estudiantes instalados en las tribunas contrastaba con la evidente alegría de la derecha que concurrió con la totalidad de sus 53 votos para aprobar la LGE y las dos indicaciones.

Aprobada la idea de legislar, los maestros expresaron su rechazo lanzando monedas al hemiciclo y con diversas manifestaciones contrarias al oficialismo.

Ante tales hechos, los profesores, encabezados por el presidente del Colegio, Jaime Gajardo, fueron desalojados por Carabineros.

Al término de la sesión, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, expresó su alegría por lo ocurrido. "Como el Padre Hurtado: Contento, Señor, contento, así estamos, creo que fue un gran avance para la educación chilena", dijo la secretaria de Estado.

La autoridad también se mostró confiada en que la misma línea se siga en el Senado y anunció que ahora espera "presentar, en una fecha muy próxima, las otras legislaciones que tenemos preparadas sobre la agencia de calidad, la superintendencia y después, en el próximo semestre, lo que hemos prometido sobre educación pública". Asimismo, aclaró que ella no es sostenedora de colegios.

 

A segundo trámite Como anunciara el día anterior el Ejecutivo, finalmente ayer se aprobó con los votos de la mayoría de los diputados de la Concertación el proyecto de Ley General de Educación y las dos indicaciones introducidas por el Gobierno para su mejoría -una sobre la definición del sistema educativo y el rol del Estado y otra que acorta los plazos para el nuevo control de subvencionados. El trámite fue posible luego de que la Presidenta suscribiera públicamente, durante la mañana en el Palacio de La Moneda, un protocolo de acuerdo con los presidentes de partidos y jefes de bancadas parlamentarias del oficialismo, para enviar a tramitación legislativa el próximo semestre otra ley cuya finalidad sea fortalecer la educación pública. Esta iniciativa se originará a partir de un informe que el Gobierno encargó hace meses a la Universidad de Chile y contará con la amplia participación de organizaciones sociales y comunidad educativa. Durante la votación, profesores y estudiantes manifestaron su molestia en las tribunas y, posteriormente, insistieron en el retiro de la LGE -ahora en segundo trámite en el Senado- por considerarla insuficiente para sus aspiraciones. Pese a ello, la directiva nacional del gremio de los maestros decidió volver a clases hoy, dando por suspendido el paro hasta que una nueva asamblea se pronuncie sobre el actual escenario. En tanto, secundarios y universitarios se reúnen hoy para evaluar la situación.

 

 

POR EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS, CHILE NO MERECE DOS MALAS OPCIONES, SINO LO MEJOR

Los abajo firmantes apoyamos y reconocemos la persistencia y generosidad de la ciudadanía movilizada (estudiantes, profesores, padres y madres) en aras de mejorar la calidad de la educación para romper el círculo de la exclusión; exigiendo participación en la toma de decisiones en forma responsable, y llamando la atención de la clase política nacional para que sus demandas sean recogidas. Esta ciudadanía movilizada demuestra que somos una sociedad viva, reflexiva y crítica, con ánimo de hacer propuestas y construir en conjunto un destino mejor que el legado, vía amarres institucionales, por la dictadura. Las movilizaciones realizadas constituyen un aporte a la democracia y por eso las saludamos y adherimos a ellas como forma legítima de participación activa ante un sistema político que tiende a cerrarse en sí mismo. 

Reivindicamos el derecho que nos asiste como ciudadanos comprometidos de hacer cuanto esté a nuestro alcance para profundizar la democracia, lo que hoy pasa por acoger las aspiraciones e iniciativas ciudadanas por parte del sistema político, deshaciendo los enclaves autoritarios, que han demostrado limitar nuestra capacidad común de acceder a mayor justicia social y acceso a bienes y servicios de calidad para todos. Por ello llamamos a retomar el impulso democratizador que nos movilizó y articuló como sociedad civil y partidos políticos opositores al régimen dictatorial para poner a tono la actual legislación en materia educacional -que pasa por reformar la Constitución Política y derogar la LOCE- a lo que Chile merece: garantía del derecho a una educación de calidad para todos independientemente del nivel socioeconómico que tengan las personas. 

Ad portas al Bicentenario no podemos permitir que a través del actual injusto sistema educacional se reproduzcan al infinito dos Chiles cada vez más distantes. Queremos una patria común, con un pueblo educado, que es la herramienta vital para poder ejercer ciudadanía en forma autónoma por parte de cada individuo y así poder practicar nuestra libertad conquistada proyectándonos a un bienestar social digno para todos. El sacrificio al cual se han llevado varias generaciones, que por pertenecer a los quintiles más modestos de la sociedad por la injusta distribución del ingreso se han visto obligados a educarse en un sistema que reproduce la exclusión, no puede seguir siendo tolerado.  

Tenemos el deber moral de realizar los cambios necesarios a la legislación vigente para que no se siga incentivando el lucro a costa de escuelas inefectivas y de una debil institucionalidad que no permite al Estado saber en qué se destinan los recursos de todos los chilenos. Mientras unos hacen su gloria económica a cambio de mala educación, otros miles van al despeñadero de sus vidas por acción u omisión del sistema político. Fuimos las mayorías los que conquistamos la democracia, por lo que son las mayorías las que deben verse beneficiadas por ella, pues para eso existe. Hoy si un niño proviene de un quintil pobre y su establecimiento educacional se ubica en una comuna de escasos recursos está predestinado a obtener malos resultados escolares independiente de todo el talento que ponga durante sus doce años de trayectoria estudiantil, por causas externas a su propio esfuerzo. Esta realidad que cubre al noventa por ciento de la población estudiantil del país debe terminar. Por ello, si alguien aún se identifica con la democracia no puede elegir hoy entre dos opciones malas: la LOCE o la LGE. Debemos elegir por una opción mejor para todos, pues para eso derrotamos unidos a la dictadura. 

Llamamos a los diputados y senadores, de todas las bancadas políticas, a hacer su mejor y más honesto esfuerzo con la democracia, la libertad y la infancia de Chile. Nos merecemos más que una LOCE modificada. Nos merecemos como sociedad una Nueva Ley General de Educación que realice los cambios estructurales necesarios para romper el círculo de exclusión social. Los invitamos, como representantes de la ciudadanía, a hacerse parte de la solución. Que una NUEVA Ley General de Educación se discuta en el parlamento, invitando a participar a todos los actores sociales y expertos que forman la amplia comunidad educativa nacional. No insistamos con los males menores, nuestro país merece lo mejor.

Firman:

Rodrigo Roco Fossa / Presidente Fech 1996, 1997, Master en Educacion (Doctorante) IREDU - Universite de Bourgogne

Claudia Sanhueza / Doctor en Economía, Académica Universidad Alberto Hurtado

Manuel Guerrero Antequera / Sociólogo, Universidad de Chile. Apoderado hija de 2 Medio.

Movimiento Nueva Izquierda

 

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Yahoo! lanza portal para Chile

La Nación 

Martes 10 de junio de 2008   

Desde hoy Chile tiene su propio Yahoo! La compañía oficializó el lanzamiento de su nuevo portal para el país (www.yahoo.cl), que se suman a las web locales de Perú (www.yahoo.com.pe), Yahoo! Colombia (www.yahoo.com.co) y Yahoo! Venezuela (www.yahoo.com.ve).

 "Yahoo! siempre ha sido muy popular entre los usuarios de internet en Chile. Hoy nos sentimos entusiasmados de poder proporcionarles a estos usuarios versiones con relevancia local, así como poder presentarle a una nueva generación de usuarios la extensa comunidad y servicios en línea de Yahoo!", dijo José Rivera Font, vicepresidente y gerente general de Yahoo! Hispanic Americas.

Los servicios disponibles incluirán página de inicio (home page); el sistema de búsquedas search, además de correo con capacidad de almacenamiento ilimitado gratuito, protección anti-spam, antivirus y dominio local por país (@yahoo.cl).

El portal también ofrece Yahoo! Messenger, que permite comunicarse con familiares y amigos usando tanto Yahoo! Messenger como Windows Live Messenger, así como hacer llamadas gratuitas de PC a PC a cualquier lugar del mundo.

El sitio también permite acceso a las comunidades Yahoo! Respuestas y Flickr, una comunidad en línea para compartir fotos y videos que cuenta con más de 47 millones de visitantes mensuales y que les permite a las personas manejar sus fotos y videos, así como compartirlos con amigos, familiares y el resto del mundo.

También dispondrá de noticias, entretenimiento y una barra de herramientas (Toolbar).

 

192 DETENIDOS EN MARCHAS ESTUDIANTILES EN SANTIAGO Y VALPARAÍSO

10 Mayo 2008

-Gobierno mantiene orden de represión a toda manifestación

Con un total de 192 detenidos en Santiago Valparaíso, culmino la manifestación que unos tres mil estudiantes secundarios protagonizaron a las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso, exigiendo la derogación del decreto 45 que regula la tarifa escolar y en contra de la Ley General de Educación.

Los estudiantes, que llegaron pacíficamente hasta la plaza O'Higgins, fueron reprimidos por carros lanzaaguas y lanzagases luego de que un grupo de estudiantes lanzara piedras, botellas y palos contra Carabineros, la prensa monopolizada y quemara un contenedor de basura en la céntrica calle de Pedro Montt.

Por su lado, uno de los integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Nicolás Soto, dijo que entregaron un ultimátum que tiene plazo hasta el próximo lunes y advirtió que de no cumplirse habrá toma de colegios y más manifestaciones.

Querella contra Estudiantes

El intendente de la Región de Valparaíso Iván de la Maza anunció que interpondrá una querella por daños y perjuicios contra los 45 estudiantes secundarios que fueron detenidos la tarde de este jueves, por los incidentes que protagonizaron en las plazas y calles céntricas de esta ciudad.

La autoridad dijo que los jóvenes autores de los destrozos están identificados a través de los medios televisivos y que se hará responsable solidario de estos perjuicios a los padres de estos menores.

Dijo además que se revisará junto al gobernador provincial, la otorgación de nuevos permisos para este tipo de manifestaciones ya que se han hecho repetitivos y que solo han servido para alterar la vida normal de la ciudad

MARCHAS EN SANTIAGO

Alrededor de medio millar de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, y de los liceos Amunátegui, Dario Salas y del Instituto Nacional marcharon hoy hacia el parque Balmaceda donde se reunieron con sus compañeros del Confederación Suiza, Liceo Lastarria y Liceo 7 de Niñas.

La Intendencia autorizó la marcha que comenzó a media mañana en el sector de la Plaza de Armas y Carabineros confirmó que los secundarios están autorizados para marchar sólo hasta la intersección de Francisco Bilbao con Pedro de Valdivia.

Los estudiantes se manifiestan en contra de la Ley General de Educación y la tarifa escolar de la locomoción colectiva, exigiendo que ésta sea gratuita.

Los estudiantes fueron escoltados por efectivos de Carabineros que utilizan carros lanza agua y gases lagrimógenos.