Solos, solitos, se quedaron los pingüinos en su segunda “intifada” por una mejor educación. Ellos, los que consiguieron que todo el país vibrara, que movilizaron a 800 mil secundarios, que abrieron la puerta a todas las discusiones y dispararon al corazón de la LOCE, no consiguieron los apoyos de hace seis meses. No los pescaron ni los profesores, ni los universitarios, ni los partidos, ni la opinión pública. Ni siquiera se pescaron entre ellos, sometidos al desgaste y la división interna en la asamblea. Hay consenso en que la educación es pésima, pero también ha habido consenso en que los estudiantes, como mínimo, han sido “inoportunos”.
Empecemos por lo de “inoportunos”. Lo dicen por la fecha, cuando quedan semanas para que termine el año escolar y los exámenes finales se amontonan en el calendario. Y especialmente para los que están a punto de colgar definitivamente el jumper y la corbatita: los de cuarto medio, que además de aprobar tienen que someterse a la PSU, su visa para pasar a otra etapa de la vida, la universitaria. Ellos fueron los más inmediatamente beneficiados con la ola de protestas de mayo, al conseguir la promesa de becas para no pagar la tasa de la PSU (alrededor de 20 mil pesos). Y ellos, y sus padres que llevan como mínimo 12 años esperando ese momento, no quieren ni oír hablar de suspensión de clases, de paros o cualquier alboroto que ponga en peligro sus planes de estudios. Así es la vida.
El presidente del Consejo Asesor para la Educación, Eduardo García-Huidobro, mandó este mensaje a los que protestaron ahora: “Respetuosamente tenemos que decirles que se equivocaron”, y les aconsejó “que terminen el año bien y que retomen eventualmente las movilizaciones el próximo año si no se cumplen las promesas de la Presidenta”. María Huerta, una de las pocas voceras que sobreviven del “dream team pingüino”, que tuvo como héroes a César Valenzuela, Karina Delfino y el “Comandante Conejo”, recordaba que todos los que están en ese famoso consejo, incluido García-Huidobro, están allí por la batalla que dieron los estudiantes. En esto no se equivoca María Huerta, porque antes de mayo no existía en la agenda de Gobierno ni la comisión de 81 miembros ni se discutía sobre la LOCE y, a pesar de que todo indicaba que las cosas en la educación no estaban bien, no existía un plan para abordar su descalabro antes del movimiento de mayo.
García-Huidobro ya presentó a la Presidenta un informe preliminar con las conclusiones, pero el documento definitivo es para el 11 de diciembre. Por eso, aconseja esperar a esa fecha. Además, recuerda que la comisión no tiene poder para cambiar las cosas, no tiene poder resolutivo, sólo puede sugerir, orientar, asesorar; el resto le corresponde al Gobierno y al Congreso. El preinforme señalaba como primera medida sustituir la LOCE, y se supone que a mediados de 2007 un nuevo proyecto de ley será presentado al Legislativo. En ese momento se sabrá realmente cuál es la voluntad de cambio, especialmente por parte de la oposición, que no cree que la LOCE sea el centro de la discusión y lo que propone es más plata y más libertad para repartirla, o sea una versión aún más extrema de lo que ya hay.
La creación de una Superintendencia de Educación es lo otro concreto. Todo lo demás sigue en el limbo de las distintas visiones. Las 121 anotaciones a pie de página revelan las diferencias de opinión sobre la municipalización, el peso del Estado, la formación de los profesores, el monto de la subvención y a quién darle más o menos plata. Y las cosas de palacio van despacio. Demasiado, para algunos estudiantes. Por eso y por los pocos acuerdos concretos, la primera amenaza fue retirarse del consejo, cosa que finalmente no hicieron, pero sí se lanzaron con las tomas.
EL DESALOJO DE LABBÉ
Y lo hicieron, pero con mínimos apoyos y severas consecuencias. Fueron sólo algunos colegios, casi todos liceos emblemáticos de la capital y otros en regiones. Pero esta vez no hubo ni simpatía ni apoyo por parte de las autoridades, y ya el viernes 13, el presidente de los municipios, el alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, acompañado por la ministra de Educación, Yasna Provoste, anunció que procederían a desalojar, cosa que no ocurrió durante las protestas de mayo. Fue el alcalde de Providencia, Cristian Labbé, el que cumplió con más contundencia la orden de desalojo por la fuerza. Batalla campal, donde se llevaron preso hasta al Premio Nacional de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, que pasaba por delante del Liceo José Victorino Lastarria y quiso interceder por los estudiantes ante la violencia de Carabineros. Labbé, además, decidió expulsar a 44 alumnos del liceo y cancelar sus matrículas para el próximo año. Tremendo palo.
La “manu militari” del alcalde Labbé y sus efectos mediáticos aplacaron las críticas o la simple y llana indiferencia hacia los estudiantes. Y poco a poco se empezaron a escuchar tibios apoyos y muestras de simpatía. Curiosamente, uno de los primeros en hablar fue la principal víctima de los pingüinos, el ex ministro de Educación Martín Zilic, con opiniones como éstas: “Me parece bien la impaciencia de los jóvenes, porque si ellos no tienen impaciencia, ¿quién la tiene. (...) Hay que reconocer que la situación en la que están muchos de los estudiantes es dramática, especialmente los más pobres. (...) El 45% de la educación media es técnico-profesional y es catastrófica, y con ella estamos estafando a los jóvenes chilenos”. Duro, duro.
Otro ex ministro de Educación, Sergio Bitar (PPD), reconoció que “el sentido de la movilización es justo”, y sobre la actitud de Labbé dijo que “esto no es un choque militar”. El movimiento estudiantil se ganó los apoyos –de la causa, pero no de las tomas o manifestaciones violentas– de los diputados del PS, del PPD y PRSD, y fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Mariano Ruiz-Esquide. Al desalojo con enfrentamientos del Liceo de Aplicación llegó el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, que fue recibido con insultos y un “cachamal” por los estudiantes, ya que se sintieron abandonados por los docentes una vez que éstos consiguieron la negociación con el ministerio para mejorar sus condiciones laborales, donde no demandaron ni el cambio de la LOCE ni nada que no fuera de su estricto interés. Y en medio de la pelea, donde volaban las sillas y los palos, llegó el senador socialista Alejandro Navarro, acompañado del abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez, para asumir la defensa de los amotinados. “Los jóvenes tienen razón, porque el proceso ha sido extremadamente largo y ellos desconfían, tal vez con mucha razón, de que los cambios se vayan a hacer”.
FRACASO Y 400 DETENIDOS
Desalojadas las tomas, llegó el anuncio del paro y las marchas. Y fue un fracaso, tal y como lo reflejaron los medios. Sólo un 15%, a lo sumo un 20%, respondió a la convocatoria. Guanacos y gases disolvieron a los que decidieron salir a la calle, y la televisión mostró cómo los carabineros y los estudiantes se enfrentaban a piedrazos frente a la Usach o a la niña de uniforme que los encaraba: “Mírate, paco, ¿qué estás haciendo lleno de armas?”, o cómo sólo los perros vagabundos, leales siempre, acompañaron a los jóvenes secundarios en su marcha por el centro de Santiago. Los comerciantes de la zona optaron por cerrar sus locales, previendo que los enfrentamientos serían tan duros como los de mayo. Pero no fue así. Tampoco se sumaron al llamado los alumnos de Maipú, que tienen aún más razones para protestar que los privilegiados de los emblemáticos del centro y Providencia, porque son los que verdaderamente padecen las consecuencias de la mala educación. Los alumnos de los particulares subvencionados, que en mayo fueron también protagonistas de las tomas, esta vez optaron por abstenerse. “El movimiento perdió el norte”, decía en televisión una dirigente de Antofagasta. Así y todo, el saldo fue de casi 400 detenidos en todo el país. Ese día quedó claro que el movimiento ya no tenía la fuerza de antes.
¿Qué es lo que gatilló esta nueva ola de protestas? La “agenda corta”, esa que solucionaba inmediatamente el pase escolar sin límite de horario y fecha, las raciones de comida y las becas para la PSU, que según los estudiantes no se estarían cumpliendo. “Te subes a una micro el fin de semana y el chofer te echa a garabatos. Esto demuestra que se ofreció algo que no se discutió bien con el gremio del transporte”, dice María Huerta a modo de ejemplo. Y claro, los micreros no están dispuestos a subvencionar las promesas del Gobierno.
El más claro caballo de batalla que queda, por ahora, es impedir que los 44 alumnos del Lastarria sean expulsados y que a las 25 alumnas del Liceo 1 de Santiago no se les cancele la matrícula.
Aunque sería faltar a la verdad pensar que esta protesta sólo se refería a la agenda corta o a las represalias. Aquí hay algo más profundo: las reformas, que según los estudiantes “están siendo lentas, sin ideas ni voluntad clara de hacer cambios radicales”; no sabemos dónde llegarán. Porque la realidad es que, a pesar de que ya estamos en primavera y se viene el verano, lo cierto es que los pingüinos siguen viviendo en el interminable invierno de la LOCE. LND
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