CHILE: Cuando los estudiantes tomaron las banderas que sus mayores abandonaron

Por Héctor Vega / argenpress.info* 

Opinión

La movilización de los estudiantes secundarios de Chile, el mochilazo (2001), fue una advertencia para un gobierno que durante su mandato se especializó en lanzar conflictos al pudridero. En ese año se habló fundamentalmente del pase escolar. Movimiento que podría ser considerado como un ensayo en un tema adyacente, pero importante para la gran mayoría de las familias de ingresos medios y bajos que afrontan los años escolares con las angustias y sobresaltos de quienes difícilmente llegan al mes con sus pagas. Temas mayores, como la derogación de la Ley Orgánica Constitucional [LOCE]; la Jornada Escolar Completa, la PSU, se perdieron en los meandros de una burocracia indiferente. Presionado por el movimiento de los secundarios de mayo 2006, el nuevo gobierno instaló una comisión asesora de educación integrada por 80 personajes, elegidos a dedo, muchos de ellos con más de 30 años reflexionando sobre el tema, unos desde el Ministerio de Educación, otros desde instituciones privadas, y que nunca levantaron su voz para buscar soluciones a los problemas para los cuales fueron nombrados; al equipo así constituido, se sumaron prósperos empresarios de la educación ['sostenedores', nombre equívoco que en francés, souteneurs, evoca prácticas poco edificantes], con la voz de la experiencia y de los números que permiten valorar la ganancia per cápita de estudiante.

Los estudiantes nunca se hicieron ilusiones acerca de esta Comisión, fueron claros en decir que por ahora volvían a clases, pero que se reservaban sus banderas de lucha según fueren los resultados. Manifestaron que la representación que les daba el gobierno era inadecuada. Segundo, cuestionaron a miembros de la Comisión que en los últimos 16 años sostuvieron sistemáticamente lo que hoy pretenden modificar. Por último, otorgaron a la comisión presidencial un plazo de dos meses para evacuar sus resultados.

No cabe duda que los comisionados han trabajado duro. Al menos, dan cuenta que celebraron 49 sesiones, 6 plenarios y escucharon a 22 organizaciones. El 2 de octubre pasado entregaron un informe preliminar a la presidenta y la opinión pública conoció por primera vez los resultados. Agreguemos que la Comisión declaró la existencia de 13 temas pendientes. Lo sorprendente es que nunca los comisionados se abocaron al fondo del problema, y para el cual fueron llamados, o al menos para lo que los estudiantes y el público en general entendieron que era su tarea: producir un vuelco en la educación que consagrara principios democráticos elementales en su concepción y gestión. En resumen, todas sus conclusiones se enmarcan dentro de un sistema que ha hecho crisis desde hace mucho tiempo y que a todas luces el gobierno no tiene ninguna intención de cambiar, concretamente la LOCE.

Los comisionados, se explayan sobre el sistema curricular; concuerdan en la necesidad que el Ministerio de Educación, y una eventual Superintendencia, representen la voluntad de fortalecer la responsabilidad del Estado. Se menciona aún, una “entidad administradora de educación pública”.

Sin embargo, resulta inexplicable que la Comisión separe roles entre la Municipalidad como administradora del sistema y el Ministerio de Educación en cuanto responsable de lo pedagógico y de lo técnico. Con lo cual reconoce implícitamente que la mejoría en cada una de esas competencias – lo administrativo y lo curricular – dará un resultado final que mejorará, por una parte, la calidad de la educación y por otra la gestión.

Pregunto: ¿Qué se entiende por gestión educativa?: ¿Manejar bien las platas? ¿Producir utilidades? Para mi se trata de crear un ambiente donde las prioridades educativas jueguen un papel central; donde la administración deberá seguir el programa curricular y los métodos pedagógicos y todo eso no puede estar sino en una sola mano. Ese es el meollo del asunto, que la Comisión no ha querido o simplemente no ha podido abordar por la diversidad de intereses de sus componentes. Aquella sola mano no puede sino ser el Estado: ente rector y responsable de la educación que se imparte.

Dos sistemas de gobierno, Pinochet y la Concertación, apostaron a la privatización de la enseñanza. Por eso cuando la Comisión propone acrecentar el rol del Estado, esto debe entenderse como un fortalecimiento dentro del sistema, creado y desarrollado por la dictadura y la Concertación. Por ello, no son posibles otros resultados que los ya conocidos: aplicación de currículos diferenciados según el poder económico; desigualdad de oportunidades; en fin, elitismo mantenido por el poder del dinero.

Como tantas veces se ha dicho: “tú puedes democratizar el poder político, pero tú no puedes democratizar el dinero”. El dinero obedece al mercado y este, en el actual sistema, se organiza según los actores decisivos incorporados inicialmente por la dictadura y refrendados por la Concertación: municipalidades y sostenedores. En cuanto a la educación, ciento por ciento privada, y que se imparte en el mercado según el poder económico del usuario; y sobre cuya existencia nunca han existido dudas, no queda más que decir: ¡Quien tiene el dinero puede financiar para sus hijos la educación que le plazca!

En resumen, los resultados propios del dinero son inaceptables para el movimiento estudiantil. Siempre he entendido que los estudiantes secundarios tomaron la iniciativa y la responsabilidad por la flagrante dimisión de sus mayores. Objetivamente, la dictadura y la Concertación han caminado de la mano en la vía de la privatización. Recientemente, el CEP, publicó el 30 de agosto 2006, los resultados de una encuesta donde 73% de los chilenos rechazaron la ingerencia de las municipalidades en la educación. Un actor que la Comisión ha reflotado bajo nuevas modalidades de administración.

Sin la clase política, la misma que ha escondido desde hace 32 años, las leyes secretas de la dictadura negociadas con la Concertación, esta connivencia de intereses entre la política y los negocios, no sería posible. Por eso los estudiantes secundarios se enfrentan a enormes presiones. Se amenazó a los dirigentes de la movilización con cancelación de matrículas. Se les advirtió que muchos alumnos de cuartos medios en huelga no podrán presentarse a rendir la PSU por inasistencias y aquellos que se presenten estarán mal preparados, precisamente por dedicarse a paros y protestas, y deberán pagar las consecuencias...

La Agencia Nacional de Inteligencia [ANI] hace su tarea, digna sucesora, por sus medios y sus intenciones de la CNI de Pinochet, época en la cual la fuerza bruta policial y militar se volvió contra el mismo pueblo que los armó para su protección. Las acciones se han centrado en el Liceo Aplicación [véase la investigación al grupo anarquista Apliapuchas] y el Instituto Nacional. Colegios emblemáticos y parte misma de la historia de Chile.

El 16 de octubre 2006 Poetas del Mundo, organización de 1500 poetas de todo el planeta, y que participan en un seminario internacional [“Octubre: tras las huellas del poeta”], se reunió frente al Instituto Nacional con participación de los alumnos y público en general. La conclusión fue clara: la lucha continúa. Sea cual fueren las consecuencias del movimiento surgió un nuevo actor de cambios, los estudiantes secundarios, que ante el fracaso de sus mayores tienen ahora la responsabilidad de retomar banderas que parecían olvidadas.

Epílogo

Cuando la esperanza de vida en el mundo no pasaba de los 45 años, los 15 era edad de madurez y de grandes acciones.

Hoy en Chile, cuando el mercado marchita a hombres y mujeres a los 20 años, ¿cómo sorprenderse que niños y niñas de todas las edades, tomen el lugar que sus mayores desertaron?

* Héctor Vega es Abogado y Economista, Doctor de Estado en Ciencias Económicas, Francia.