Por Luis Narváez y Javier Rebolledo
Eran las nueve de la mañana de un caluroso y seco día de verano en Madrid de fines de los '80. Los mozos del lujoso Hotel Villamagna iban de un salón a otro llevando bandejas plateadas con suculentos desayunos. Uno de ellos le dejó café, panecillos y agua mineral a un ciudadano francés que esperaba impaciente la llegada de un emisario. Minutos más tarde, un abogado chileno, de bigote negro, tez blanca, cabello liso engominado y un vistoso maletín lo saludó de mano y se sentó con él a conversar durante varias horas.
Esta escena era parte de las últimas secuelas de la desastrosa operación de venta de armas chilenas a Irán, a mediados de los ’80. Los protagonistas de la reunión eran el francés Bernard Stroiazzo y nada menos que el abogado Pablo Rodríguez Grez. Se desarrolló en las postrimerías de la dictadura. Requerido en varias ocasiones por este diario, el ex defensor del dictador no se pronunció ni devolvió llamados.
Tres años antes, Stroiazzo había actuado como intermediario entre Famae e Irán para la venta a ese país de las bombas de racimo –tipo cluster– fabricadas por Ferrimar-Famae, una mala copia de las producidas por el fabricante de armas Carlos Cardoen. Las “avispas”, como fueron bautizadas estas bombas, terminaron con una serie de pruebas fallidas en la base aérea de Merabad, en Irán, que casi le costó la vida a un coronel iraní que pilotaba un F-5 Phantom.
Ese episodio, ocurrido el 11 de julio de 1986, no sólo terminó por cerrar toda posibilidad de negocio de Famae con el país gobernado por el ayatolá Jomeini, sino que también tuvo un altísimo costo para Stroiazzo, quien fue detenido junto a su hijo y retenido durante 18 meses. El francés debió lidiar con las autoridades iraníes para mantenerse con vida y, según su versión, asumió personalmente las compensaciones que exigieron los persas por al fracaso de la venta y la pérdida del avión.
LA CONEXIÓN FRANCESA
Bernard Stroiazzo-Mougin, es de origen corso. Hace años vive en Alicante (España), donde mantiene su centro de operaciones. Ingeniero en termodinámica, ha estado vinculado al negocio del petróleo y compañías aéreas desde hace décadas. Actualmente se encuentra desarrollando un ambicioso proyecto para la producción de un nuevo combustible.
Se inició en los negocios con la construcción de centrales térmicas y plantas de destilación en Turquía y distintos países del Medio Oriente. En los primeros años 80 trabajaba en Londres para la National Iranian Oil Company, la petrolera estatal iraní.
Por sus buenas relaciones con las autoridades de ese país fue contactado en 1985 por Famae para que facilitara el negocio.
Llamado por LND, Stroiazzo dice no poder evitar su profundo malestar al recordar este episodio. Especialmente porque, según él, Chile no hizo ninguna gestión para su liberación mientras estuvo retenido en Teherán. Asegura haber sacado dinero de su bolsillo para que los iraníes lo liberaran junto a los otros detenidos por el caso, entre ellos dos técnicos chilenos de Famae.
Meses antes, Stroiazzo había sido abordado por el agente externo chileno Fernando Pérez García, quien lo habría convencido para que moviera sus hilos en Teherán. Pero cuando las bombas fallaron, Famae no sólo desconoció toda responsabilidad, sino que sacó de las tratativas a Stroiazzo e intentó colocar a otro representante: Bernard van Meer. Este ciudadano holandés, residente en Inglaterra, era yerno del ahora ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega, entonces segundo en el mando. Actualmente, ambos son investigados en Bélgica y Chile por supuestamente haber recibido, años después, comisiones ilegales por la compra de aviones Mirage a ese país.
Stroiazzo demandó a la Corfo, la cual financió la fabricación de “avispas”, en 1987, exigiendo una millonaria indemnización por perjuicios. De ahí que la reunión en el Hotel Villamagna, celebrada un año más tarde, tuviera una importancia crucial para el Gobierno de Pinochet. El plebiscito del Sí y el No estaba próximo a celebrarse y si la noticia se conocía podía tener efectos nefastos para el régimen. Por ello, el ex dictador se esmeró en elegir a un emisario de alto nivel. Hasta ahora, el nombre del famoso jurista jamás había sido vinculado a las secretas operaciones de ventas de armas de Famae con países involucrados en conflictos bélicos. Sin embargo, varios consultados para este reportaje, entre ellos el propio Stroiazzo, recuerdan el rol del ex dirigente de Patria y Libertad en esta operación.
“Por todos los daños, yo le pedí cinco millones de dólares. Él [Rodríguez] me ofreció un millón. Pero me pareció que estaba intentando ganar tiempo por las elecciones en Chile, porque luego, cuando Pinochet perdió, no me dieron absolutamente nada y entonces yo seguí con mi demanda”, aclaró el operador francés.
Pero pese al fracaso, las pérdidas y el retorno de la democracia, Famae decidió insistir años más tarde en buscar un nuevo mercado para sus bombas de racimo, y nuevamente se las arregló para recurrir a Stroiazzo y sus contactos. Esta vez en el continente africano.
AL CALOR AFRICANO
En septiembre de 1992, Famae llegó a un acuerdo con el francés, quien aceptó recibir sólo 500 mil dólares como compensación por la “aventura” iraní.
Además se le ofrecieron nuevos negocios con Famae, esta vez para fabricar carros Mowag y venderlos nuevamente a Irán. Pero el negocio no prosperó (ver recuadro).
Por esta razón, el francés dice haber visto con simpatía una nueva oferta hecha por Fernando Pérez García, desconocida por la opinión pública hasta ahora. El comprador esta vez sería Angola.
El joven país (que dejó de ser colonia portuguesa en 1975) aún mantenía un cruento enfrentamiento con guerrilla de la Unita (Unión Nacional por la Independencia Total de Angola), de tendencia derechista y en su tiempo apoyada por Sudáfrica. Fernándo Pérez sabía que Stroiazzo mantenía contactos con el Gobierno angoleño, de ahí la invitación a representar nuevamente a Famae.
En ese mismo período, el general Luis Iraçábal Lobo, director de Famae, había ordenado enviar a ese país un dosier ofreciendo los productos bélicos chilenos. Con el empresario francés a la cabeza, las autoridades angoleñas no demoraron en aceptar y proponer un acuerdo de compra por 75 millones de dólares.
El 2 de septiembre de 1994, el negocio fue formalizado con la firma de un contrato. Por Angola firmó José Pedro Agostinho de Castro, a nombre del Ministerio de Defensa; por Famae, Iraçabal Lobo y Bernard Stroiazzo en su calidad de “delegado para Africa austral” de Famae. El documento quedó protocolizado en Chile en la notaría de Félix Jara Cadot.
En la partida de pertrechos solicitados por el país africano (ver infografía), los requerimientos eran amplios y llamativos, pero los productos estrella fueron 200 bombas tipo racimo (las mismas rechazadas por Irán), mil 200 MK-82, también de fragmentación, además de cohetes, morteros y municiones. Asimismo, se incluía un avión Pillan de entrenamiento.
El protocolo obligó a Angola a depositar 11,25 millones de dólares a Famae, la que le otorgó un crédito para pagar el saldo en ocho cuotas, cada una de 7.968.750 dólares.
El primer pago se hizo en una de las cuentas de Famae en el Banco de Chile, sucursal San Diego. Posteriormente, se depositaron ocho pagarés, emitidos por el Banco Nacional de Angola. El Gobierno africano había cumplido con su parte.
Según el contrato, 30 días después de efectuado el depósito debía llegar el primer cargamento a Luanda, capital de Angola. Pero la espera se hizo larga. Pasados los primeros dos meses, las autoridades angoleñas comenzaron a exigir a través de Stroiazzo que Famae cumpliera el contrato.
LA TENSIÓN
Según documentación a la que LND tuvo acceso, Famae se deshizo en explicaciones para justificar el retraso de los envíos. En ningún momento cuestionó la validez de los documentos emitidos por Angola ni informó sobre problemas de fabricación o de envío.
Por su parte, Stroiazzo dice que empezó a sentirse defraudado una vez más; dueño de los contactos con los africanos, su reputación como empresario petrolero se veía disminuida.
La tensión llegó a niveles críticos cuando Stroiazzo se comunicó con su abogado chileno Jorge Ovalle, a quien le dio instrucciones de preparar una nueva demanda contra Famae. Fernando Pérez, por su parte, hacía lo posible por calmar los ánimos, tanto de Famae como de Stroiazzo y del Gobierno angoleño.
Para el jurista chileno, que ya lo había representado en la anterior demanda, el negocio con Angola fue oscuro. “Para mí, lo oscuro es aquello respecto de lo cual no se conocen las características de una negociación. Se le ocultan incluso a los abogados contratados y, por cierto, a terceros y a la opinión pública”, precisó Ovalle.
Las especulaciones de quienes tuvieron conocimiento del negocio con Angola sugieren que hubo razones aún más secretas para dilatar y, finalmente, hacer fracasar la transacción.
A la fecha en que se iniciaron las tratativas, en 1992, Jorge Rodríguez Grossi era titular de la Subsecretaría de Hacienda. El economista, que en 1993 también formó parte del Comité Asesor de Famae, asegura que nunca tuvo conocimiento de que se estuviera gestando un negocio de este calibre con Angola. Sin embargo, aclara que si existió un crédito de Famae y hubo papeles entregados como garantía, esta operación habría requerido, como lo establece la ley, el visto bueno de la Dirección de Presupuesto de Hacienda. “Famae no puede hacer una operación sin estar segura de que está financiada. Me refiero a que cuando tú vas a vender algo te lo tienen que garantizar; si no es así, no sirve”.
Rodríguez Grossi dejó el Gobierno de Frei en septiembre de 1994, siendo subsecretario de Desarrollo Regional. Dos meses después y fuera de todo cargo público, Famae le solicitó una asesoría y allí tomó conocimiento del negocio con Angola.
“A mí me consultaron, como economista, exclusivamente sobre la validez de los pagarés emitidos por Angola. Mi opinión fue que no tenían ningún valor, porque no se transaban en el mercado. Pero en todo caso no tuve detalles del contrato”.
Según los antecedentes recogidos, ni Hacienda ni la Dirección de Presupuesto fueron informados de este contrato. Quien fue subsecretario de Hacienda en 1994, cuando se firmó el contrato, Manuel Marfán, señaló a LND que jamás tuvo conocimiento de este tema.
A principios de 1995, Angola ya exigía la devolución del dinero, de sus documentos y otras compensaciones. Stroiazzo y Pérez dieron por fracasado el negocio cuando Famae decidió rescindir el contrato.
En una reunión realizada en Madrid, donde asistieron los africanos, representantes de Famae y el intermediario Fernando Pérez, se puso fin al negocio. El depósito de más de 11 millones de dólares fue devuelto. Bernard Stroiazzo, nuevamente, quedó fuera. Según él, en esa pasada se pagaron indemnizaciones a los representantes angoleños. “Desconozco la suma, pero la información me fue proporcionada por el integrante de otra de las compañías intermediarias que participaron en la negociación con Angola”, dice.
PAGO MILLONARIO
Famae jamás dio una explicación oficial a Angola para justificar el fracaso del negocio. Consultada por LND, la empresa se excusó de entregar una versión sobre el tema, debido a que su actual director, el general Antonio Cordero, estaba fuera de Santiago. Tampoco se facilitó un contacto telefónico con otra autoridad de la institución.
El caso incomoda especialmente a la industria castrense, porque a pesar de haber calmado al Gobierno angoleño, los problemas no terminaron ahí. Esta vez quien se sintió pasado a llevar fue el representante de Famae Fernando Pérez, quien debido al fracaso de la operación dejó de percibir una millonaria comisión.
El contrato original entre Chile y Angola establecía que en caso de producirse controversias, éstas se solucionarían mediante un juicio arbitral. De esta forma, el caso quedó en manos del abogado Waldo Ortúzar Latapiat, quien en 1996 acogió parcialmente la demanda de Pérez, que solicitaba una indemnización cercana a los 20 millones de dólares. Sin embargo, ninguna de las partes quedó contenta con el fallo y presentaron recurso de casación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En esa instancia, la demanda de Pérez fue rechazada totalmente, pero el ex mediador de Famae pidió la anulación del fallo y el caso llegó a la Corte Suprema.
En enero de 2000, el máximo tribunal otorgó a Pérez la suma de 2,26 millones de dólares a título de “compensación razonable por el término del contrato celebrado entre Famae y Angola (Simportex)”.
¿Por qué fracasó la operación Famae-Angola?
Hasta ahora es un misterio. Jorge Rodríguez Grossi considera que la invalidez de los papeles africanos en los mercados bursátiles puede ser un motivo.
Fue un período oscuro para Famae. El caso de Angola se registró entre el ilegal tráfico a Croacia y la venta de armas a Ecuador, ambas investigados actualmente. Varias tesis se aventuran para explicar el fiasco. Algunos sostienen que el contrato con los africanos estaba “inflado” o sobrevalorado por parte de Famae y que el Gobierno angoleño se habría dado cuenta. Otros piensan que Augusto Pinochet habría ordenado al general Iraçábal darle prioridad máxima a su proyecto favorito: el cohete Rayo. Tesis aparte, ¿de dónde salieron los dineros para el pago a los africanos y comisionistas que se entregaron en Madrid, si es verdad lo que cuenta Stroiazzo? ¿Hay perjuicio fiscal en el pago al intermediario Fernando Pérez, ordenado por la Corte Suprema? Si Hacienda jamás conoció la operación, ¿cuál era la real intención de Famae al firmar un contrato sin el necesario visto bueno de la Dirección de Presupuesto? El caso podría estar prescrito. Si así fuese, sería un misterio más que nos dejó sin resolver el difunto Pinochet, en aquella época comandante en jefe del Ejército. LND
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AUNQUE CONSIDERÓ “EXCESIVOS” LOS 180 MIL PESOS QUE PIDE LA CUT
