Derechos Humanos

Entrevista a Rogelio de la Fuente, diputado socialista en 1973

"Con el apoyo unánime del poder concertado, Pinochet murió libre, rico e impune"

Mario Casasús

El Clarín

En 1973 el doctor Rogelio de la Fuente asumió un curul en el Congreso Nacional como diputado por el Partido Socialista; el mismo año fue preso político y comenzó su exilio en México, extendido durante 35 años. La Universidad Autónoma Metropolitana publicó Detrás de la memoria (2008) un almanaque de historias inéditas, contadas en primera persona. Clarín.cl presenta una invaluable conversación, en la espera que el libro sea editado en Chile.

MC.- ¿Qué hay detrás de su memoria en los 1.000 días de la Unidad Popular?

RF.-Hay un aire de sorpresa, de alegría y entusiasmo, de asombro y de deslumbramiento y una sensación de orgullo nacional por salir de los límites en que estuvimos encerrados siempre. Creo que era un aire de libertad y de vuelo, luminoso y veloz como un relámpago. Eso fue durante los mil días aunque progresivamente aparecieran nubes cada vez más amenazantes y agresivas. Más que fugaces, los mil días fueron como un día, duraron lo que un relámpago y su deslumbramiento fue tan intenso y tan hondo que no tuvimos ojos para ver la nubes de la amenaza sino hasta el final, cuando se fue la luz.

MC.- ¿Denunciaron públicamente y en su momento la amenaza de magnicidio interrumpido por el aparato de inteligencia del Partido Socialista?

RF.- No, porque entregamos toda la información a los organismos políticos y de seguridad superiores, que era lo que correspondía hacer.

MC.- Leí la nómina de pasajeros del avión que los milicos no dejaban salir de Chile: Sergio Maurín (director de la editorial Quimantú); Lisandro Cruz (Ministro de Justicia); René Largo (periodista de la oficina presidencial); Óscar Soto (médico personal de Allende) y usted. ¿De qué hablaron al volar rumbo a México? ¿El doctor Soto les informó del suicidio de Allende?

RF.- Cuando los retenidos subieron al avión, el Dr. Oscar Soto quedó ubicado en un asiento vecino al mío, donde junto con el reencuentro me confió la muerte del Presidente por decisión propia y el relato de la batalla de La Moneda, relato que aparece en su libro "El último día de Salvador Allende", un testimonio histórico extraordinario.

MC.- El diplomático Gonzalo Martínez Corbalá, el poeta Hugo Gutiérrez Vega, el intelectual Pablo González Casanova y el sociólogo Rodolfo Stavenhagen, a la fecha siguen estudiado la historia y literatura chilena. ¿Todavía frecuenta a los integrantes del primer Comité Mexicano de Solidaridad con Chile/73?

RF.-A quien con mayor frecuencia vemos es al embajador Gonzalo Martínez Corbalá, hemos pedido al Gobierno de Chile le otorgue la ciudadanía honoraria. Al gran poeta Hugo Gutiérrez Vega hace mucho tiempo que no lo veo, pero semanalmente leo su columna en el periódico La Jornada y en ocasiones su poesía, lo que es también una manera de estar en la cercanía de su rica intimidad. A don Pablo González Casanova le pedimos unánimemente que fuera el orador del gran acto conmemorativo del centenario del natalicio del Presidente Allende, como uno de los mejores intérpretes de los valores de humanismo y socialismo desde su altura intelectual y su valiente consecuencia política. Por último, a don Rodolfo Stavenhagen, ahora en Naciones Unidas, va la admiración por su gran ejecutoria en defensa de los pueblos originarios y, por cierto, por su gestión en defensa de los derechos del pueblo mapuche en Chile.

MC.- El pasado 26 de junio, el exilio chileno en México rindió un homenaje al Presidente Allende. ¿Por qué reivindicó las últimas palabras transmitidas por Radio Magallanes?

RF. Lo que reivindiqué fue la autoría de Guillermo Ravest, el director de Radio Magallanes, al que habían escamoteado la verdad histórica, quien con un pequeño grupo de trabajadores salvó "las últimas palabras" del Presidente. Cité textualmente algunas frases de ese histórico mensaje, que no son reivindicables porque son grandes en sí mismas y se han incorporado a la herencia humanista universal. Creo que ese último mensaje es toda una lección de política y moral que pertenece a la humanidad más que al propio Chile, que se ha tardado tanto en oírlas.

MC.- ¿Cómo recuerda la primera experiencia del Comité Político del Exilio en México? ¿La Asociación Salvador Allende en México sería el último eslabón?

RF.-recuerdo poco de la sesión misma; lo que sí me asalta es que al terminar cantamos los himnos nacionales de México y de Chile convencidos de que el retorno ya había comenzado. La Sociedad Salvador Allende es la expresión institucional principal del ex-exilio con la sociedad mexicana, cuyo afecto e identificación allendista, aleja los riesgos de una separación entre nuestros países.

MC.- ¿Las líneas políticas desde Europa desgajaron al exilio chileno en toda Latinoamérica?

RF.-Creo que la palabra desgajaron no es la más adecuada. Lo que yo digo es que las diferencias ideológicas y políticas que existieron durante el Gobierno de la Unidad Popular se repitieron durante años en el exilio con una inmensa fidelidad en la confrontación, para terminar por cambiarse después de años a las antípodas combatidas ayer permutando trincheras y parque en una coincidencia patética que favoreció a la dictadura y nos lesionó dolorosamente.

MC.- ¿El tiempo le dio la razón a Pedro Vuskovic o a Carlos Altamirano?

RF.-El tiempo no da, ni quita la razón. Ambos en distintos tiempos tuvieron razón y sinrazón. Por ejemplo. Carlos Altamirano ha escrito años después, que el programa de la Unidad Popular no era posible de lograr por la vía pacífica por la magnitud de sus objetivos, lo que en apariencia significaría dar la razón a Vuskovic. Digo en apariencia porque su validez estaba condicionada por otros factores que cambiaban a gran velocidad. No hubo tiempo para que Pedro Vuskovic nos diera su visión ya actualizada. Pero yo creo que ambos, como todos los que cumplían responsabilidades dirigentes estuvieron y estuvimos, más que certeros o equivocados, un poco ciegos, un poco sordos y un nada mudos. 

MC.- En 2008, se cumplieron 10 años de la detención de Pinochet. ¿Cómo interpreta la transición pactada? y ¿la defensa de la Concertación por la libertad de Pinochet en Londres?

RF.-La transición pactada es un hecho histórico, cuya viabilidad fue dispuesta por el gobierno yanki como el golpe de Estado en 1973. Más que una negociación (ciertamente no fue un Brest Litovsk), fue una rendición casi incondicional. Negociación de lo político en lo formal y en lo secundario ("justicia en la medida de lo posible"); rendición en lo fundamental: (permanencia del sistema neo liberal, preservación de los poderes fácticos y reposición de los intereses norteamericanos). Cada certeza la hemos ido conociendo y tragando a dosis terapéuticas recetadas por los enfermeros de la Concertación. En suma, un triunfo de la reacción, de la oligarquía golpista y del imperialismo por "la vía pacifica", como lo exigían los nuevos tiempos. Respecto del salvataje internacional del dictador, al igual que en el pacto de la transición, son los términos, acciones y concesiones las que traicionan historia, ética, país, política y derechos humanos, y a los millones de seres que en el mundo dieron asilo y fraternidad a los perseguidos y que volvieron a esperanzarse con la prisión en Londres. Sin la condena internacional, Pinochet se habría ido como honrado y ahorrativo comandante de sus atracos y coimas y con las manos limpias de crimen. Con el apoyo unánime del poder "Concertado", Pinochet murió libre, rico e impune.

MC.- ¿Por qué el diagnóstico de: "nueva genética social" para la Revolución de los pingüinos? ¿La juventud se encuentra en un hastío por la Alegría que no viene?

RF. Es algo que forma parte de un imaginario nacional. En nuestra historia cada cierto tiempo se suceden excepcionalidades, rarezas históricas. La última es la "rebelión de los pingüinos" ¿Cómo entender que sean unos adolescentes los primeros en escapar al efectivo control ideológico que ejerce el sistema sobre la sociedad, y que sean ellos los que exigen la vuelta de valores sociales destruidos que ellos no conocieron? Lograron un gran éxito y como en ellos esto no tiene memoria, imagino "como si con la adolescencia refloreciera una suerte de genética social de la memoria".

MC.- Finalmente la poesía, en Detrás de la memoria (UAM, 2008) menciona -en tres oportunidades- a Gonzalo Rojas; háblenos del libro editado por la UAM "¿Quién no cumple 100 años?"

RF.-He tenido el privilegio de conocerlo por cerca de cincuenta años. Fui testigo y participé de la conversación telefónica en la que el maestro Daniel Toledo, director de difusión cultural de la UAM, le solicitó su acuerdo para publicar algunos poemas suyos, a lo que respondió generosamente. Así surgió la idea del libro que materializó la crítica y escritora Fabienne Bradu, presidenta de la Fundación Gonzalo Rojas de México. Admiro la gran poesía y la gran prosa de nuestro poeta nacional como tantos otros en diversos lugares de la tierra. También conozco y admiro sus vigorosos elementos polares: su autonomía y originalidad de siempre, su independencia neuronal y genética, su clara valentía y sus permanencias de joven.

 

Exclusivo: Habla la viuda del lautarista Ariel Antonioletti, a 18 años de su muerte

19 de Noviembre de 2008

"Juan Carvajal es un delator y merece una funa"

 Andrea Osorio rompe el silencio y se refiere por primera vez a la muerte de su pareja, abatido por la policía de un balazo entre ceja y ceja, en la residencia del actual jefe de comunicaciones del Gobierno.  Dice que, por su experiencia, Carvajal pudo hacer otra cosa y que no era primera vez que escondía gente. Además, cuenta cómo Belisario Velasco hizo gestiones para sacarla a ella del país.

Por Miguel Paz

"Él tuvo otras opciones", dice Andrea Osorio. La viuda de Ariel Antonioletti, el lautarista que murió el 16 de noviembre de 1990 en la casa de Juan Carvajal Trigo en la Villa Japón, emite esta frase varias veces. A casi dos décadas del hecho, sigue interrogándose sobre el porqué alguien acepta esconder en su casa a un hombre fugado y luego lo deja a su suerte para morir, cuando tiene otras opciones, como decirle que se vaya de ahí. Y repite: "Él tuvo otras opciones".

La mujer tiene treinta y tantos años. Habla suave. Sin alzar la voz. Incluso cuando parece decir cosas fuertes. Viste jeans azules y una polera negra. Es una tarde inusualmente helada para la época del año y por eso dice que tiene frío. Con la misma calma, hilvana las palabras con las que por primera vez cuenta públicamente su historia junto a Antonioletti, sentenciando que para ella "Juan Carvajal es un delator. Un tipo que se merece una funa. Que se merece ser desenmascarado porque no tiene ninguna ética para ejercer un cargo público desde el punto de vista de un Estado de Derecho".

Es 14 de noviembre de 2008. Hoy se cumplen 18 años de la última vez que Andrea Osorio vio a su pareja durante una visita en la Cárcel Pública. De allí, Antonioletti salió engrillado para ser atendido en el Hospital Sótero del Río con la promesa de volver al penal a las tres de la tarde. En vez de eso, fue "rescatado" a sangre y fuego por un grupo del movimiento Lautaro. La próxima vez que lo vio, él estaba sin vida. Aquí Andrea Osorio reconstruye con sus recuerdos lo que pasó.

 Tocata y fuga

 Es el miércoles 14 de noviembre de 1990. Una mujer ingresa de visita a la Cárcel Pública y busca con los ojos al hombre que la espera. Andrea y Ariel se conocen desde que son niños, vecinos, y ambos participaban en el movimiento secundario organizado para resistir a Pinochet. Han pasado muchas cosas juntos. De partida, ambos son militantes del movimiento de extrema izquierda Lautaro, y entre las estadías en la cárcel y separaciones por la clandestinidad, llevan casi tres años como pareja.

Un año antes, en octubre de 1989, son detenidos por la CNI en La Serena. Antonioletti está procesado por el asesinato de un cabo de Carabineros y por su participación en el ataque a una multitienda de calle San Diego, donde cae abatido otro policía. El país está preparándose para las elecciones presidenciales de diciembre, mientras ellos son trasladados a Santiago. Ella va a un recinto de calle Santo Domingo. Él, a la Cárcel Pública. En junio de 1990 Andrea sale en libertad condicional y comienza a visitar a Ariel en el penal. Han decidido tener un hijo.

"Ariel quería mucho ser papá. Tenía una sensación de que el paso por la vida era rápido y había que apurarse en dejar descendencia. Y optamos por tener un hijo". Pero aquella mañana del 14 de noviembre ninguno de los dos aún sabe que en el vientre de Andrea crece Matías, quien no conocerá a su padre, y que hoy está próximo a cumplir la mayoría de edad. Ariel y Andrea conversan de las cosas que conversan los enamorados: de los sueños y del futuro que parece escaparse. Además hablan "mucho de situaciones hipotéticas: ¿y si pasara algo? ¿y si me sacaran? ¿si me matan? A Ariel se le apretaba la guata, pero también era lindo verlo con la fantasía de escaparse", cuenta Andrea, asegurando que no tenía antecedentes de la fuga que se estaba fraguando, aunque "habían cosas en el ambiente que avisaban que algo podría pasar".

Se despiden. Antonioletti debe visitar al oculista en el Hospital Sótero del Río en Puente Alto. Escoltado por gendarmes parte con la promesa de volver. Ella lo espera. En el recinto de salud una funcionaria de delantal blanco hace una seña. Sus compañeros de las "Fuerzas Revolucionarias y Populares Lautaro" abren fuego.

En la operación de fuga de Ariel Antonioletti mueren asesinados cuatro gendarmes y un carabinero. También resultan heridos algunos miembros del comando lautarista. La situación obliga al grupo a usar las casas de seguridad previstas para esconder a Antonioletti, como hospitales de campaña. Surge la necesidad de una "variante operativa".

Uno de los lautaristas decide pedirle a su prima que reciba al fugado, quien entonces tenía 22 años, sin darle mayores detalles que los necesarios: es "un compañero que necesita ayuda", recuerda hoy uno de los integrantes del grupo. La prima es la ex esposa de Juan Carvajal, quien por entonces es editor internacional de Fortín Mapocho y vive junto a su familia en una casa de un piso ubicada detrás de la Villa Japón, en la zona poniente de la capital. "Hasta donde yo sé -dice Andrea Osorio- ella lo conversa con su marido y él accede. No era primera vez que él prestaba su casa para guardar a alguien. Lo había hecho en otras ocasiones".

La pareja de Antonioletti se entera de la noticia de la fuga por la radio. Aún está en la Cárcel Pública. Sale del recinto penitenciario y se da cuenta que tiene seguimiento policial: "En mi casa, en la de mis suegros, las de los amigos. Se arma un dispositivo de control férreo". Siente miedo por lo que le pueda pasar a Antonioletti. "Si Ariel salía vivo iba a ser un mal antecedente para las fuerzas policiales de este país. Sentía que lo iban a buscar con toda la furia. Por un lado está el susto de lo que fuera a pasar, por otro lado, era la opción de Ariel".

 "Cuestión siniestra"

Entre los nervios y la preocupación, transcurre un largo y caluroso día de primavera. De lo único que se habla en los noticieros es del peligroso lautarista fugado. Se despliega un gran operativo policial para dar con su paradero. En una pequeña vivienda, detrás de la Villa Japón, las cosas están por cambiar.

"Carvajal sabía que estaba ayudando a alguien que necesitaba la casa pero no sabía específicamente quién era hasta ese momento. Cuando él llega a la casa y ve a Ariel, lo reconoce porque ellos se conocían de una vez que se vieron en el Fortín Mapocho por otras razones. Ahí Carvajal le toma el peso a la situación y le queda claro a quien tiene en su casa. Entonces las opciones son dos: una, que se caga de susto, y la otra es que se da cuenta lo que tiene en las manos en términos de la recompensa producto de la delación. De ahí para delante la cuestión es siniestra porque se da una situación de precariedad para el Ariel. El tipo encierra a su familia en una pieza sin explicarles nada, se ponen debajo de la cama y dejan a Ariel en el living a su suerte".

Enterado de que el joven que tiene en su casa es el extremista que busca la policía, Carvajal, según las declaraciones judiciales de los involucrados, se reúne con Ricardo Solari, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, y le explica la situación. Ambos son viejos conocidos: luego del Golpe de Estado del 73', Carvajal parte al exilio a la República Democrática de Alemania Oriental (RDA), al igual que la actual Presidenta Michelle Bachelet, y posteriormente se vincula con la "dirección de los pantalones cortos" del PS, conocida así por la temprana edad de quienes en 1975 reemplazaron a la dirección interior, barrida por la DINA, y en la cual Solari juega un importante rol.

Solari recuerda hoy que derivó el tema al subsecretario del Interior, Belisario Velasco, quien más tarde sostendrá un duro gallito con los socialistas de "La Oficina" por la hegemonía de la Inteligencia civil del gobierno. Velasco recibe la información y envía un contingente de la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones hasta el domicilio de Carvajal para detener a Antonioletti. "La cantidad de policías era a lo menos cincuenta y en esa casa estaban solamente Ariel, y este tipo con su familia escondidos bajo la cama de su pieza", dice Andrea Osorio.

"Otras opciones"

"Ahí viene todo el montaje de los detectives diciendo que hubo un tiroteo, que Ariel se defiende, que usa unas balas dum dum, las que se supone explotan. Pero los diversos peritajes han demostrado que es imposible que haya habido algún tipo de enfrentamiento: las entradas y salidas de las balas no corresponden a lo que ellos relatan, los vecinos cuentan cómo se empezó a armar el cerco desde antes. Si se ve científicamente, a través de peritajes balísticos y de la autopsia, no aguanta mucho la supuesta historia de Ariel luchando contra cincuenta para defender su vida. Es inverosímil. El antecedente clave es que Ariel tiene un solo tiro, entre ceja y ceja. ¿En un tiroteo con el nivel de fuego cruzado que ellos relatan, lo matan de un tiro entre ceja y ceja? Eso es de una efectividad increíble, porque con tantos disparos supuestos era para que Ariel quedara como un colador", cuenta Osorio.

-¿Conoció a Carvajal?

-No.

-¿Nunca intentó buscarlo para preguntarle por lo que pasó?

-No.

-¿Responsabiliza a Carvajal de la muerte de su pareja?

-O sea, yo creo que Juan Carvajal es un delator. Es un delator, un tipo que se merece una funa. Que se merece ser desenmascarado porque no tiene ninguna ética para ejercer un cargo público desde el punto de vista de un Estado de Derecho. Ariel tenía 22 años. O sea, siguiendo su teoría de que no sabe qué estaba sucediendo y que lo hacen leso, Carvajal en algún momento pudo tener un acto de humanidad y haberle avisado, decirle qué estaba pasando, o haberle pedido a la persona que lo llevó a su casa que se lo llevara. Porque si yo, que tenía 18 años en ese momento, me doy cuenta que si lo encuentran lo matan, claramente un profesional, periodista, con una capacidad de leer la realidad del país, entiende que no lo van a ir a tomar detenido para pedirle declaraciones. El tipo sabía claramente que estaba entregando a Ariel para que lo mataran, aunque tuvo otras opciones.

-¿Cuál habría sido el móvil para hacer eso?

-Yo creo que fue su recompensa. Fue su gran muestra de lealtad a la Concertación porque él demostró ahí lo que era capaz de ofrecer. Él tuvo otras opciones: es normal que si no estás militando te de susto y digas oye, tengo familia, tengo hijos, te doy un par de horas para irte. Yo estuve clandestina y en algunos casos me lo pidieron: busca donde irte, tengo niños, tengo susto, porque cuando salen las cosas en la tele es normal ese miedo.

-¿Por qué dice eso?

-Porque por muy improvisada que haya sido la casa de seguridad, tú no dejas a cualquiera a cargo de un compañero que sabes que lo van a estar buscando por cielo mar y tierra. Si le vas a pedir a un tipo que guarde a alguien es porque Carvajal había guardado gente antes. ¡Es que muchas veces guardó gente y prestó la casa en dictadura! No es que no supiera en qué se estaba metiendo.

 El doble exilio

La madrugada del 16 de noviembre de 1990 Antonioletti es trasladado a la Posta 4, donde llega muerto. A eso de las dos de la mañana el teléfono suena en la casa de Ana María Antonioletti, mamá de Ariel. Ella se comunica con su nuera. "Partimos al instituto medico legal para reconocer el cuerpo", recuerda Andrea.

Luego, el velorio en la casa de Ana María Antonioletti. Mucha gente. Las situaciones se mezclan. Son "como días nublados: la incertidumbre misma junto a esta sensación de estar controlada todo el tiempo. Había que estar preocupada todo el rato de ver qué gente llegaba y luego en el cementerio fue súper agresivo: la cantidad de pacos que había, la cantidad de control. Te queda la sensación de que no tuviste siquiera ese momento de intimidad para despedirte".

La pareja de Antonioletti tampoco tiene tiempo para el duelo. El gobierno de Aylwin lanza un requerimiento general en contra del Lautaro y la Corte designa al ministro Alfredo Pfeiffer para investigar.

"Después del asesinato del Ariel nos volvieron a encargar reos a los mismos que habíamos estado presos y salió una orden de arresto. Ninguno de los que estábamos afuera se presentó al arresto. Ahí empezó mi pega de esconderme, de no caer presa de nuevo. Mi bandera de lucha era que el Matías no naciera en la cárcel", relata.

Andrea Osorio vive clandestina en Chile durante siete meses. En junio de 1991 sale del país en dirección a Venezuela, debido a gestiones de "Belisario Velasco, el director de Investigaciones Horacio Toro y Luis Toro, el abogado del ministerio del Interior. Luis Toro es quien viaja a Argentina y me gestiona la visa con la preocupación no sé si de sacarse el cachito, no sé si de sacarse la culpa, pero claramente ahí esas actitudes te demuestran que hay una sensación de que se fueron al chancho. Ellos tratan de dar muestras humanas, de culpa, como reconociendo que fue un abuso. Ellos saben la injusticia y la crueldad que tuvieron con Ariel, independiente de lo que representara".

Carvajal hace lo propio. Temiendo por su vida, según le confesará más tarde a un profesional que trabajó con él en La Moneda, se radica en Costa Rica. En ese país, dicen cercanos al profesional, labora para la esposa del presidente Rafael Calderón Fournier hasta 1994, año en que regresa a Chile y se integra a la Secocu en el gobierno de Eduardo Frei.

Andrea Osorio regresa a Chile en 1997, tres años después. Como tiene una orden de detención pendiente es apresada en el aeropuerto. Pero antes le cuenta a su hijo Matías que van a llegar a Chile y él va a tener que quedarse con la mamá de ella por un tiempo porque "tengo un tema pendiente". "Ahí, Matías me dice: aaaah, o sea que mi papá no murió en un accidente. Solito hizo la conexión: a mi papá lo mataron. Esa fue su primera información. Y luego como estuve presa una semana, empezó a conectarse rápidamente con su historia, pero la verdad es que mi intención siempre fue contarle en la medida que fuera preguntando y preparándolo para procesar la información. Hoy día tiene 17 años y está súper claro de la situación".

 "No me interesa hablar con Carvajal"

 Con 55 años, de filiación socialista, y conocido como el asesor de mayor confianza de la Presidenta Bachelet, Juan Carvajal hoy es el jefe de comunicaciones del Gobierno. Se niega a hablar del caso Antonioletti. "No hago comentarios", dice.

-¿Qué le parece el cargo que tiene Carvajal en la actualidad?

-¿Por qué Bachelet lo tiene ahí? La relación con Carvajal políticamente no es algo que te sirva para enorgullecerte. Algo debe haber pasado, sabiendo las implicancias que puede tener que le enrostren que tiene un traidor, un delator metido ahí en La Moneda.

-¿Usted puede perdonar?

-....

-¿Se lo ha preguntado alguna vez?

-No.

-¿Si viera a Juan Carvajal hoy que le diría?

-Sabes qué me pasa, es que esa clase de gente está en otra categoría. No entra en la categoría de ser humano para negociar, para hablar, ni siquiera para ir a pedirle explicaciones. No me interesa. No he pensado nunca en qué le diría, qué le podría decir. Nada. Me encantaría participar de una funa, de molestarlo, de irritarlo, es todo lo que me nace. En lo absoluto me interesaría conversar con él o pensaría en un diálogo.

 

En 1975 viajó a Mendoza a trabajar y allá formó otra familia

Martes 18 de noviembre de 2008   

Por Jorge Escalante / La Nación 

AFDD denunció engaño en caso de supuesto desaparecido

Germán Cofré Martínez regresó desde Argentina la semana pasada. Según su familia, tras su detención en 1973 nunca más se supo de su paradero. Fue calificado como víctima en 1996, pero testigos aportan datos que desvirtúan sus dichos.

Foto: En 1995 la familia de Cofré Martínez recibió sus supuestos restos que habían sido encontrados en el Patio 29 del Cementerio General, más tarde se supo que las osamentas -sepultadas en el Memorial de los Desaparecidos y Ejecutados del camposanto- formaba parte de los errores de identificación.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció y exigió la "máxima y más profunda investigación judicial" del caso de Germán René Cofré Martínez quien, si bien no figura como detenido desaparecido en el Informe Rettig, sí aparece como tal en la posterior calificación de víctimas de la dictadura ampliada en 1996 por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Su condición de desaparecido fue aceptada por la CNRR sobre la base a los antecedentes aportados por su esposa y familiares.

Según lo que afirmó su familia, Cofré fue detenido el 24 de septiembre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea y nunca más supieron de su paradero.

Así al menos lo expresó su esposa María del Carmen Cisterna Zapata (fallecida en 2007) en la querella que presentó en 20 de marzo de 1992 ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago.

Sin embargo, Cofré Martínez, quien tiene tres hijos en Santiago, apareció la semana pasada en casa de su familia en La Cisterna.

Desvirtuando estas versiones, una vecina de Cofré en aquel tiempo, Margarita Rivera Monsalve, dijo ayer a La Nación que "él estuvo sólo unos días preso en la Base Aérea El Bosque de la FACh, pero volvió a su casa y recién salió a Mendoza en julio de 1975 junto a mi marido Fernando Aguilera Godoy, Romualdo Aguirre Pinto y otro ex preso de apellido Coloma".

Cofré y Aguilera eran comunistas.

Margarita Rivera sostiene que "es imposible que su familia nunca haya sabido más de él, puesto que venía mucho a mi casa después que lo soltaron y hasta antes de salir a Mendoza con mi marido, y nosotros vivíamos a la vuelta de la esquina".

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo que "no aceptaremos que alguien enlode nuestra tragedia, la de los detenidos desaparecidos. No aceptaremos que nadie utilice nuestra lucha de una manera tan aberrante y mezquina, y por ello exigimos que la justicia haga una profunda investigación de este caso".

PATIO 29

En 1995, el 22º Juzgado del Crimen de Santiago que investigaba a las víctimas NN del Patio 29 del Cementerio General, dispuso que la entonces Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal (SML) entregara a la familia de Cofré sus supuestos restos, que habían sido hallados e identificados entre las osamentas del Patio 29.

Para ello se realizó una ceremonia en el Memorial de los Desaparecidos y Ejecutados del Cementerio General, donde se sepultó la reducida urna.

Luego se supo que los restos entregados a la familia no correspondían a Cofré Martínez, caso que forma parte de los errores de identificación del Patio 29 ya conocidos.

ANTE EL JUEZ

Cofré fue llevado ayer por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ante el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, quien tiene a cargo la investigación de los errores del Patio 29.

La secretaria ejecutiva de este Programa, Rose Marie Bornard, manifestó que "pusimos de inmediato a esta persona a disposición del ministro Gajardo, pero a nuestro juicio este caso no cuestiona en absoluto la tragedia de los detenidos desaparecidos en Chile".

Consultada si en su breve conversación con Cofré le preguntó por qué nunca hizo saber a su familia que estaba vivo en Mendoza y por qué no vino antes a Chile, Bornard explicó que "él expresó que no estaban dadas las condiciones de seguridad".

El supuesto desaparecido vivió estos años en Mendoza donde tiene una nueva familia.

"La sola posibilidad de que alguien burle la fe pública para obtener algún provecho de esta tragedia, es una afrenta a los detenidos desaparecidos y a nuestra lucha. Tenemos la certeza de que nuestros familiares fueron asesinados por la dictadura y así está demostrado en las investigaciones judiciales", manifestó Lorena Pizarro.

“Yo salí con él y otros vecinos a Mendoza” Contactado telefónicamente Fernando Aguilera Godoy, visiblemente contrariado, confirmó a La Nación que “efectivamente salí a Mendoza en 1975 junto con Germán Cofré y otras dos personas. Éramos todos vecinos y nos fuimos a trabajar a Argentina, pero yo no quiero declarar sobre esto”. La delegada de la Presidencia de la República en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo que “el Gobierno hará todos los esfuerzos para aclarar este caso, pero con toda seguridad esto no pone en cuestión la desaparición forzada de personas en Chile. Todo esto nos parece muy extraño”. La esposa de Cofré, hasta su muerte el año pasado, como sus hijos, recibieron beneficios del Estado por la condición de “desaparecido” del ex comunista. El antecedente que más hace dudar a la AFDD de la desaparición de Germán Cofré, es justamente la versión que entregan sus vecinos, Margarita Rivera y Fernando Aguilera.

Confirmado: juez suspende condena de Arellano Stark

Martes 18 de noviembre de 2008   

La Nación 

Abogado Hugo Gutiérrez apelará a resolución de ministro Víctor Montiglio

Informe de peritos señala que el cabecilla de la Caravana de la Muerte padece alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes mellitus y demencia senil por Alzheimer. Quedó al cuidado de su familia.

Foto: Sergio Arellano Stark tiene 87 años y su estado de deterioro mental es irreversible, según los peritos del Servio Médico Legal.

Tal como adelantó ayer La Nación, el ministro en visita Víctor Montiglio determinó que el general (R) Sergio Arellano Stark (87) no cumplirá los seis años de cárcel a que fue condenado en el caso Caravana de la Muerte, debido a su deteriorado estado de salud mental.

El magistrado resolvió -de acuerdo al Artículo 687 del Código de Procedimiento Penal- suspender la prisión para el condenado y entregarlo al cuidado de su familia, en particular su hijo Sergio Arellano Iturriaga, con una fianza de 500.000 pesos.

La resolución se adoptó tras recibir los informes del neurólogo Hugo Aguirre Astorga y del siquiatra forense Ítalo Sigala Romele, ambos del Servicio Médico Legal (SML), quienes diagnosticaron que Arellano presenta demencia senil por Alzheimer.

INFORME DE PERITOS

Concretamente, los peritos señalaron que el ex delegado de Pinochet para "uniformar los criterios" en los juicios de prisioneros políticos tras el golpe, "padece patologías médicas que se correlacionan por sí solas con deterioro cognitivo severo o demencia: alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes mellitus, encefalopatías metabólicas.

Además, el peritaje estableció que Arellano Stark presenta una demencia mixta o multifactorial tipo Alzheimer y vascular. También aclararon que esta enfermedad neurosiquiátrica es progresiva, crónica e irreversible y conlleva enajenación mental.

Agregaron que esta dolencia "requiere de un tratamiento médico y cuidados perentorios, en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica adecuada y contención de enfermería".

Según los peritos, la enfermedad no reviste peligrosidad para el mismo Arellano Stark o terceros, pero "no le permite entender ni participar de las instancias procesales y le impide incorporar nuevas conductas, rehabilitarse o comprender el sentido de su sanción".

A lo anterior debe sumarse la observación hecha por el propio tribunal, que interrogó al general en retiro, tras dictada la sentencia por la Corte Suprema.

"Al ser preguntado (Arellano Stark) por el tribunal respecto del tiempo y circunstancia en que ha permanecido en el instituto (Médico de Alzheimer Villa Soleares) da respuestas incoherentes, lo que obligó al tribunal a dejar constancia al término de la diligencia que la persona interrogada se encuentra gravemente deteriorada, en términos coincidentes a los certificados médicos", indicó la resolución de Montiglio.

ABOGADO APELARÁ

El abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, dijo que la resolución del juez Víctor Montiglio está "profundamente errada" y anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones.

"Hay que pensar que si efectivamente Arellano estaba en una clínica para Alzheimer desde el 10 de enero pasado, esos antecedentes debieron haber sido puestos a disposición del Poder Judicial", indicó.

Por su parte, Claudio Arellano Parker, abogado y sobrino, manifestó que "siempre pensamos que iba a ser absuelto. Nunca alegamos ni prescripción ni amnistía y tampoco quisimos valernos de estos elementos mágicos para que el proceso terminara de otra forma", señaló el abogado, quien concluyó que el fallo "es lo que procedía".

 

DDHH: Arellano Stark no va a la cárcel por demencia

 Foto: General Sergio Arellano Stark, la suerte de un desquiciado criminal.

Lunes 17 de noviembre de 2008

Lanacion.cl 

Ministro Montiglio declaró inimputable al ex jefe de la Caravana de la Muerte, anulando de este modo el cumplimiento de la pena de seis años de prisión por los crímenes de San Javier. Querellantes anunciaron apelación.

El jefe de la funesta Caravana de la Muerte, general (r) Sergio Arellano Stark, fue declarado inimputable por el juez Víctor Montiglio, por lo que no irá a la cárcel a cumplir la condena de seis años de presidio efectivo que corresponde por su responsabilidad en los crímenes de San Javier.

El magistrado, que instruye el proceso por este caso de violaciones a los derechos humanos, tomó la decisión luego de recibir el informe del Servicio Médico Legal, que acredita el “deteriorado estado de salud” del jubilado militar, quien sufre de alzheimer hace quince meses.

Lo anterior significa que el “Lobo" Arellano, como es conocido entre sus pares, no irá a prisión, y quedará bajo la custodia de su hijo, el abogado Sergio Arellano Iturriaga. Además, dictaminó una fianza de 500 mil pesos.

El informe de los expertos Ítalo Sigala (salud mental) y Hugo Aguirre (estado clínico general) acreditó que el ex uniformado presenta una “demencia mixta o multifactorial tipo alzheimer”, una “enfermedad neuropsiquiátrica que es “progresiva, crónica e irreversible”.

La situación de Arellano Stark implica “enajenación mental” por lo que “requiere de tratamiento médico y cuidados perentorios en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica y contención de enfermería”.

El estado de salud del jefe de la Caravana de la Muerte “no le permite participar de instancias procesales”, dado que ni siquiera puede “comprender el sentido de una sanción”, añade la resolución.

Es más, el magistrado añade que en una diligencia con el acusado, éste dio “respuestas incoherentes”, lo que concuerda con los diagnósticos al que llegaron los especialistas del SML.

La resolución de Montiglio tendrá que someterse al veredicto de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, dado que los querellantes adelantaron que apelarán al dictamen del juez.

La desconocida información que ocultaron los alemanes de la colonia

Domingo 9 de noviembre de 2008   

Por Luis Narvaez / La Nación 

El secreto que esconden las fichas de Dignidad

La Presidenta y su familia fueron fichados por los jerarcas alemanes. Lo mismo políticos de la DC, socialistas y de la derecha, como Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Andrés Chadwick y Mónica Madariaga. También hay material de embajadores extranjeros. Pero los papeles incautados en 2005 aún son secreto de Estado y su contenido está vedado para los chilenos. ¿Qué se esconde?

La humedad y las esporas que se levantaban en el lugar se incrustaban en las fosas nasales de los policías que esa noche del 14 de junio de 2005, revisaban los cuatro cajones de madera repletos de papeles amarillentos y malolientes. Eran las fichas que la Colonia Dignidad ocultó durante más de 35 años y que cuyo contenido hoy sigue siendo un secreto de Estado.

Desde que se asestara el más duro golpe al enclave alemán, con la captura de Paul Schäfer, ni las armas descubiertas ni los dineros que se ocultan en paraísos fiscales son considerados un peligro para la seguridad nacional. Sí lo son las 36 mil fichas que se ocultaron celosamente.

El ministro Jorge Zepeda, que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas al interior del recinto germano, les impuso la Ley de Inteligencia Nacional por lo que su contenido no puede ser revelado ni hecho público.

¿Pero, qué tan relevante para la integridad del país pueden esconder los papeles mohosos que fueron rescatados casi como en una operación de espionaje? El sistema procesal antiguo permitía al juez mantener en reserva la información durante un juicio incluso para los abogados que litigaban allí. Y si el celo era aun mayor, era posible acumular toda la información sensible en un "cuaderno secreto".

El juez Zepeda hizo todo eso, pero agregó el blindaje más severo que otorga la legislación chilena y de allí no se ha movido hasta ahora y nada parece hacer cambiar el criterio del juez. Se suma a esto que cerrada la investigación en un futuro próximo, si el juez así lo estima podría mantener clasificada la información, pese a que después de terminado un sumario, toda la documentación es pública.

Verdades y mitos se ocultan allí. Conductas sexuales desviadas, vicios, deudas, amantes, amistades, parte de la vida pública y privada de actuales autoridades del país, tanto del Gobierno como del Congreso o del Poder Judicial, de derecha o izquierda. Dicen que nadie se salva.

LND intentó tener acceso a las fichas que se encuentran actualmente en la Jefatura de Inteligencia Policial de Investigaciones. Para ello se solicitó formalmente acceso al material mediante un escrito, el miércoles 5 de este mes. En el documento también se pedía al magistrado que si negaba el acceso, explicara las razones. Pero el juez guardó silencio sin responder.

Los únicos que han tenido acceso a dicha información clasificada con Ley de Inteligencia incluida es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo, que es querellante en este proceso y ha tenido una activa participación solicitando diligencias, procesamientos y oponiéndose a la libertad de los jerarcas que estaban en prisión preventiva pudo leer la documentación.

Sin referirse al contenido del proceso, a través de la oficina de comunicaciones del CDE, el presidente de la entidad, Carlos Mackenney, indicó a LND que "según consta en el expediente de la causa, el ministro Jorge Zepeda, mediante resolución dictada el año pasado, puso en su conocimiento la documentación encontrada al interior de la Colonia Dignidad, por lo que él tiene conocimiento directo de ella".

Tal vez eso explique por qué el CDE no ha solicitado que se levante esa prohibición para que sea conocida por todas las partes del proceso incluidos los abogados, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (también querellante) o Hernán Fernández, abogado querellante por los delitos sexuales cometidos contra niños por Paul Schäfer.

Cualquier persona que revele antecedentes que están a cogidos a la Ley de Inteligencia pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel. Por eso no extraña el silencio que rodea el material.

Sui Generis

En 1968, Schäfer veía una amenaza en la continuidad de su secta y hasta ese momento sus secretas perversiones con niños alemanes y chilenos abusados reiteradamente por él. Desde ese año que se tienen datos de la confección de fichas de personas que pudieran resultar una amenaza o utilidad para el enclave.

Según las declaraciones de los máximos jerarcas detenidos y procesados antes y después de la captura de Schäfer en Argentina el sistema de registro de personas estuvo a cargo del colono Gerd Sewald Lefevre (85 años), un alemán que trabajó en la Universidad de Hamburgo, en el norte de Alemania.

"Desde el año 1974 clasifiqué la información, trabajo que me encomendó Paul Schäfer. Puede que antes se hayan manejado antecedentes que luego se estamparon en las tarjetas; antes no estaban clasificadas", asegura el alemán.

El anciano dice que la información la obtenía de fuentes abiertas (medios de comunicación, guías telefónicas) y de informantes que aportaban información referente a vecinos que ellos consideraban importantes que pudieran afectar a la colonia.

En la declaración que prestó en agosto de 2005, Sewald sostuvo que hubo especial interés en "gente de izquierda". Asimismo, reconoce que después del golpe de Estado de 1973, se incrementaron los lazos con los representantes de las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército y Carabineros. Por eso no demoró en describir el vínculo que se creó a partir de ese momento con la DINA, con visitas del jefe del organismo, Manuel Contreras. Al respecto, señala que los datos sobre prisioneros políticos le fueron entregados tanto por la institución castrense como, posteriormente, por la misma DINA a través de su agente en Parral, Fernando Gómez Segovia.

Para la década de 1980, con la dictadura consolidada y los negocios de armas fluyendo, Sewald dijo que "existía interés por saber más de las personas que nos visitaban. Esto no obedecía a una acción planificada, como ocurrió después con la confección de fichas. Si la persona adquiría relevancia con posterioridad, se incluían las notas en las fichas clasificadas".

En esta categoría sorprende la cantidad de fichas que fueron confeccionadas en torno a la Presidenta Michelle Bachelet. Cuando aún era una estudiante y fue detenida por la dictadura fue fichada de inmediato por la colonia. Su tarjeta tuvo origen en la relevancia que en esos días tenía su padre, el general de la FACh, Alberto Bachelet, quien fue detenido dentro del grupo de oficiales de la institución que decidieron renunciar ante la violación de la constitución.

Como si un exhaustivo análisis de la prensa les hubieras dado un indicio de lo que sucedería en 2006, 15 años antes en los cajones se acumulaban ya fichas de su madre Ángela Jeria y de su hermano, Alberto, con datos acerca de sus estudios, militancia, lugares de detención, agentes de la DINA que los detuvieron, países de exilio y actividades en el extranjero.

Las fichas se confeccionaban a partir de una tarjeta de cartulina amarilla. En la parte superior se indicaba el nombre de la persona, una sigla que indicaba el origen de la información y, en el caso de ser personas integrantes de alguna institución, se coloreaba para identificarla (negro, Ejército; azul, Armada; rojo, FACh; verde, Carabineros; lila, sacerdotes).

Se complementaba con datos personales, de familia, direcciones, teléfonos, estudios y trabajos. Más abajo se consignaba un apartado donde se agregaban comentarios.

A medida que se adjuntaba información como declaraciones o recortes de prensa, estos se adjuntaban en hojas tamaño oficio y se pegaban con corchetes (ver copia).

A medida que pasaron los años, los documentos se acumularon en cajas tipo Kardex, de los cuales sólo se recuperaron cuatro, en cuyo interior se encontraban las 36 mil fichas. Pero testigos aseguran que las fichas eran varias miles más y que la mayoría fueron destruidas al fuego.

El material fue encontrado durante los mismos operativos en que se localizaron las armas de Dignidad. Uno de los bunkers subterráneos donde se acopió el material bélico tenía en sus rincones las cajoneras donde estaban las fichas.

La versión oficial indica que una vez desenterrado, todo fue trasladado al Regimiento de Los Ángeles y de allí hasta Santiago, supervisado por el tribunal y detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE): las armas a los Arsenales de Guerra y las fichas a la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).

Pero existe otra versión. Después que se supone todo había sido trasladado a Los Ángeles, detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se percataron que en lugar de acopio (un viejo hangar) habían quedado los cajones con las fichas. Para subsanar el olvido, se consignó un acta al administrador del recinto, Hernán Briones, y se trasladó a Santiago en camioneta, hasta la Jefatura de DDHH, en el cuartel Independencia de la PDI, donde quedaron hasta el día siguiente. El hecho fue informado al ministro Jorge Zepeda, quien montó en cólera y ordenó retener al detective a cargo del traslado hasta aclarar las circunstancias.

Finalmente, tras seis meses de trabajo, la Jipol entregó un informe con el resumen del contenido de las fichas, que ha servido de guía para extraer información con la cual se han logrado comprobar, fundamentalmente, el paso de prisioneros políticos por ese lugar antes de desaparecer.

Es más, gracias las fichas se logró establecer que la doble agente Marcia Merino conocida como la "Flaca Alejandra" había mentido respecto a la suerte que corrieron algunos de sus compañeros del MIR, una vez que ella los delató a la DINA.

Tarjetas

Una vez que las fichas fueron halladas en junio de 2005, un equipo especial de la Jipol se abocó a la tarea de recuperar el material. Las tarjetas y papeles estaban húmedos, con hongos. Mediante un proceso de secado se logró rescatar el material y clasificarlo. Seis meses le tomó a este equipo elaborar el informe para el juez Zepeda.

En el documento se consigna la cantidad, naturaleza y lista de personas que allí aparecen, con datos respecto a las fechas más relevantes.

Fue ahí como se descubrió que existían fichas tanto de prisioneros políticos como personeros de la dictadura, de la izquierda, empresarios y parlamentarios.

En este sentido, diversa fuentes consultadas tanto en el ámbito policial como judicial, señalan que existirían fichas de amigos y visitantes del enclave. Entre ellos estarían los senadores Hernán Larraín y Andrés Chadwick, además del asesinado Jaime Guzmán. También figura el ex senador UDI Carlos Bombal. Respecto de todos ellos, figuran sus respectivas tarjetas y recortes de prensa y comentarios escritos por Gerd Sewald para Schäfer.

De las autoridades políticas de la dictadura, destacan el ex ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, a quien se consignaba además su calidad de terrateniente de extensos fundos en la Región del Maule, y la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga.

De la Concertación destaca la presencia de información profuza sobre los senadores DC Andrés Zaldívar y Hosaín Sabag (legislador por la zona) y del ex canciller Gabriel Valdés.

Capítulo especial merecía la Iglesia Católica. Hay decenas de fichas de religiosos como el obispo Carlos Camus.

Nombres Clasificados

Algunas de las razones por las que se estima se determinó dar estatus de "clasificado" al material fue por personas muy determinadas que allí aparecen y los cargos que hoy ostentan. Sin embargo, todo indica que el contenido de dichas fichas no revela información relativa a aspectos comprometedores de personas. "Paul Schäfer hizo del chantaje uno de los mecanismos de defensa que ellos tenían para mantenerse impunes, pero ese material no fue dejado en esas fichas, sino que en cintas magnéticas y videos que fueron sacados de la colonia", sostuvo a LND desde Alemania un ex colono que conoció dicho material.

De hecho, muchos de los colonos que huyeron de Dignidad coinciden en que el que mantiene en su poder ese material comprometedor es Erwin Fage, jefe de seguridad del recinto, quien también huyó y no fue capturado.

Un chileno que tuvo acceso a las fichas de Dignidad dijo que "en estas no se hace mención a cuestiones personales o íntimas de la gente, salvo algunas relaciones que se hace entre personas de diversa índole".

Lo delicado de la información que aparece en esas fichas, coinciden varias fuentes, está en que existen muchas personas que tenían fichas y que mantuvieron negocios o, más importante aún, eran informantes de la Colonia Dignidad.

Dichas personas, cuyos nombres manejan sólo el juez, detectives y eventualmente el CDE, hoy figuran en cargos públicos. Hasta donde LND pudo averiguar, esta categoría de personas estarían trabajando en el Gobierno, en el parlamento y en el servicio diplomático.

Las dificultades que existen en la actualidad son que el juez Zepeda tiene a su cargo investigaciones por delitos puntuales como el secuestro y desaparición forzada de personas, además de delitos por infracción a la ley de Control de Armas y Explosivos.

Respecto a los dineros que tienen su origen en negocios ilícitos, hace varios años que el juez despachó exhortos a Alemania solicitando información relativa a cuentas, sin embargo no han recibido ninguna clase de respuestas.

Sin ir más lejos, el Gobierno de Alemania aún no notifica oficialmente al magistrado de la muerte del jerarca y número dos de la Colonia, Albert Schreiber, quien huyó de Chile evadiendo una orden de captura internacional. La justicia germana negó su extradición de ese país. Según trascendidos, éste habría muerto entre julio y agosto.

Pese a las dificultades con que se ha encontrado el juez y la excesiva carga de trabajo de los casos que originaron la investigación contra Dignidad, la información respecto de personas que tendrían la calidad de "doble agentes" está en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia. Sin embargo, se desconoce si este organismo ha realizado indagaciones, contempladas en la ley, con la autorización judicial correspondiente.

Esta sería una de las ya conocidas razones que explicaría el fracaso de los allanamientos registrados en la década de 1990 o las dificultades que hubo para localizar a Schäfer en el extranjero.

La relevancia sobre el contenido de las fichas y los nombres también está determinada por la preocupación de que las fichas también revelan mayores antecedentes sobre las personas con las que la colonia realizó negocios de armas durante 25 años.

Trascendió que el ministro Jorge Zepeda, en la actualidad, persigue pistas relativas a la existencia de un nuevo arsenal fuera de la Villa Baviera. //LND

 

DDHH: Condenan a Arellano Stark por Caravana de la Muerte

Lanacion.cl 

Miércoles 15 de octubre de 2008

El jefe de la comitiva de la dictadura fue condenado a seis años de presidio sin beneficios por el episodio San Javier, junto a otros cuatro militares en retiro. Además, el Fisco deberá pagar 80 millones a cada querellante en el proceso.

Foto: El jubilado general Sergio Arellano Stark.

 A seis años de presidio sin beneficios fue condenado Sergio Arellano Stark, por el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, según dictaminó hoy la Sala Penal de la Corte Suprema tras acoger un recurso de casación presentado contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El general retirado, jefe de la fatídica comitiva, fue sentenciado por homicidio calificado, junto a otros cuatro uniformados hoy jubilados, mientras Claudio Lecaros Carrasco y  Gabriel del Río Espinoza fueron absueltos.

Al igual que Arellano Stark, Carlos Romero Muñoz fue condenado a seis años de presidio, mientras que a cuatro años de presidio -pero con el beneficio de libertad vigilada- fueron sentenciados Mario Cazenave Pontanilla, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace.

Asimismo, como indemnización por daño moral, el fallo determina que el Fisco debe pagar $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) a cada una de las dos querellantes que actuaron en el proceso.

El fallo fue dividido, con el voto en contra del ministro Rubén Ballesteros, quien estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal. El mismo Ballesteros, junto a Jaime Rodríguez estuvieron por acoger la excepción de incompetencia en materia civil. La sala estuvo integrada además por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo

En el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, registrado el 2 de octubre de 1973, encontraron la muerte cuatro personas: Teófilo Segundo Arce Toloza, José Esteban Sepúlveda Baeza, Segundo Abelardo Sandoval Gómez y Leopoldo Mauricio González Norambuena.

 

Levantan memorial por las 96 víctimas de Londres 38

La Nación 

Miércoles 15 de octubre de 2008   

La obra pertenece a la artista María Fernanda Rojas, del colectivo Londres 38, y contó con el financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Monumentos Nacionales.

Familiares de los detenidos-desaparecidos de Londres 38, ex centro de torturas de la DINA, inauguraron ayer un monumento en homenaje a las 96 personas que fueron asesinadas en ese recinto, hoy perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales (en la foto).

La obra pertenece a la artista María Fernanda Rojas, del colectivo Londres 38, y contó con el financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Monumentos Nacionales.

Junto con la inauguración, los familiares también pintaron los tradicionales adoquines de la calle Londres con los nombres de quienes pasaron por ese centro de detención. El collage es parte del proceso de "recuperación" de este inmueble.

Según los planes de esa cartera, Londres 38 se transformará en un memorial y para eso están estudiando las experiencias de los museos de Ana Frank en Ámsterdam, Holanda y el del Holocausto en Washington, EE.UU.

En este sentido, hoy se realizará la primera reunión para analizar qué tipo de museo o memorial se va a levantar en el lugar.