Derechos Humanos

CARTA ABIERTA A LA CANDIDATA Y EL CANDIDATO DE SEGUNDA VUELTA

CARTA ABIERTA A LA CANDIDATA Y EL CANDIDATO DE SEGUNDA VUELTA

EL SIGUIENTE ES EL TEXTO DE LA CARTA:
 

Han pasado más de 30 años del inicio de la dictadura militar y más de 15 largos años del comienzo de los tres gobiernos civiles que le siguieron. La opción económica ultra-liberal impuesta por la dictadura permanece inalterable generando una profunda transformación en todos los ámbitos, cambiando la fisonomía y alma de nuestro país y cuyas consecuencias se hacen sentir penosamente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad chilena.
A pesar de las promesas hechas inicialmente por los dirigentes de la Alianza Democrática en 1984 (más tarde, la actual Concertación de Partidos por la Democracia), de transformar el sistema legado por la dictadura, sólo una parte de éstas han sido cumplidas. Los avances registrados en algunos dominios han sido efectuados solamente en este último año del tercer gobierno civil y algunos meses antes de las elecciones presidenciales.
La pérdida en soberanía nacional, la debilidad de la democracia participativa, la abismante desigualdad social, las libertades esenciales que faltan por recuperar, la degradación del medio ambiente y la no solución de la situación de los Derechos Humanos son los problemas más serios del país después de 15 años de gestión civil.

Constataciones

En 1984, los dirigentes de la Alianza Democrática desconocían la legitimidad de la Constitución de Pinochet. Hoy, la Carta Magna no fue eliminada y a pesar de las recientes reformas realizadas por el Gobierno de Lagos mantiene su naturaleza ilegítima. Las bases de la institucionalidad, así como otras normas son aquellas impuestas por la dictadura. Las sucesivas demandas de cambio de Constitución fueron constantemente ignoradas y hoy la ciudadanía tampoco ha sido consultada para estas reformas. Ellas han sido realizadas de tal manera que los cambios producidos son mínimos e insuficientes.
La pérdida en soberanía nacional está expresada en la entrega de nuestros recursos naturales a empresas multi-nacionales extranjeras en condiciones completamente desventajosas para nuestro país. La demostración más clara es que hoy el Estado chileno concentra solamente un 30% del cobre en sus manos, con el agravante que los militares se llevan el 10 % de las ventas. Y Codelco (organismo estatal de producción de cobre) es la única que paga un royalty sobre estas ventas desde hace décadas. La privatización a ultranza de las empresas estratégicas ha contribuido también a esta pérdida.
Chile cuenta hoy con el triste record de producir una de las más altas desigualdades sociales en el planeta. Las instituciones económicas internacionales celebran los actuales indicadores macro-económicos, pero manifiestan, al mismo tiempo, su preocupación por la persistencia del desempleo y de la distribución extremadamente desigual de las riquezas producidas y la persistencia de otras desigualdades. En nuestro país, la Iglesia Católica ha dado una señal de alarma sobre ello y hasta incluso algunos dirigentes de organizaciones patronales.
Un sistema de representación parlamentario anti-democrático está aún vigente y la débil existencia de organizaciones sociales y civiles, así como el rol secundario que se les ha acordado, afectan la real participación de la ciudadanía en la gestión del país.
La libertad de prensa y de expresión se encuentran sumamentes restringidas, debido a la concentración de los medios de comunicación en manos de algunos grupos de poder (Copesa, Mercurio).
El apoyo del gobierno a las iniciativas pluralistas ha sido nulo, contrastando con aquel brindado a los grupos detentores de los medios existentes.
Otras libertades y derechos igualmente afectados por la herencia dictatorial, aún no han sido totalmente restablecidos : libertad sindical, reformas al Código del trabajo, acceso a la salud y a la educación. En todo el período de administración civil, no ha existido una real voluntad para abordar y buscar soluciones que permitan superar este legado dictatorial. El resultado concreto, es que nos encontramos, aún hoy día, con un país carente de una real condición democrática. Por ello es que señalamos que una nueva actitud en la manera de gobernar y una real voluntad política son imprescindibles para abordar las diferentes carencias y desafíos que Chile deberá enfrentar.

La situación de Derechos Humanos

La elección de un nuevo Presidente de la República, a cinco años del Bicentenario de la Declaración de Independencia, ofrece una excelente oportunidad para hacer un balance de la situación del país: examinar y resolver aquellos problemas que se han venido manteniendo en Chile a través de todos estos años. Esta ocasión debe permitir la definición de los Derechos Humanos como tema prioritario, la formulación de nuevas políticas e iniciar las reformas necesarias que lleven a una efectiva promoción, información y protección de estos Derechos esenciales.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado durante este último tiempo su preocupación por la persistencia de violaciones de Derechos Humanos (aplicación de torturas en organismos policiales, discriminación y represión de minorías indígenas y sexuales…) y del no cumplimiento de las obligaciones internacionales de estos derechos (favorecimiento de la impunidad, mantención de la ley de amnistía para los militares responsables de violaciones de Derechos humanos, persistencia de la pena de muerte en la Constitución y en la jurisdicción militar…).
Los sucesivos gobiernos civiles no han aportado las soluciones que se requerían para resolver los problemas derivados de las violaciones de estos Derechos. La tónica general ha sido un permanente menosprecio de este tema y una tenaz intención de consagrar la impunidad acordada a los responsables de las graves violaciones de estos Derechos esenciales. Solamente en este último período y por iniciativas realizadas en el exterior (detención de Pinochet en Londres, investigación de las cuentas del dictador en los Estados Unidos), los diversos estamentos del Estado han sido obligados a actuar. Las recientes medidas de reparación definidas por el gobierno de Lagos, como lo señalan las diferentes organizaciones de Derechos Humanos en Chile, son insuficientes para lograr una mayor verdad y justicia en nuestro país.
Instamos a los candidatos presidenciales a cumplir con el compromiso contraído durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en junio de 1993. Este compromiso estipulaba « la elaboración de un plan nacional de acción que identifique las etapas a través de las cuales el Estado fomentará la promoción y defensa de los Derechos Humanos ». Como Amnesty International lo ha señalado a los actuales candidatos, este plan podría traducirse en la adopción de una « Agenda Nacional de Derechos Humanos» que «avance en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y sus familias ; que tome en cuenta una amplia revisión del marco legislativo de manera que cumpla en todos los casos con los estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos y aporte de manera sustantiva a su promoción y defensa».
Necesariamente, para la implementación de las medidas derivadas de esta Agenda, se necesitarán decisiones de tipo administrativo, de creación de nuevas leyes, nuevas reformas o una nueva Constitución. En otros casos se necesitará aplicar lo que ya está previsto en la legislación chilena.

Víctimas del terrorismo de Estado
 

En esta calidad y desde la distancia, seguimos observando los acontecimientos en Chile con una mirada crítica sobre todo lo que concierne la problemática de los Derechos Humanos y su lenta evolución.
También hemos constatado y valorado la importancia que estos Derechos y los otros «Derechos sociales, económicos, políticos y culturales» han adquirido hoy en el ámbito internacional.
Desde la detención del dictador Pinochet, el 16 de octubre de 1998 en Londres, nuestro país pudo conocer nuestras demandas de justicia. La magnitud de la deuda que Chile tenía con las víctimas del terrorismo de Estado, por las consecuencias de la dictadura militar, comenzó a conocerse. Sin embargo, el reconocimiento tuvo que venir, en primer lugar, de la justicia española y de otros países europeos. En Chile, este reconocimiento ha evolucionado muy lentamente.
Por la presión de las víctimas, de defensores y organizaciones de Derechos Humanos, los sucesivos gobiernos civiles han sido impulsados a desarrollar diversas iniciativas: en 1991, el gobierno civil de la época creó la «Comisión de Verdad y Reconciliación» para solamente investigar el paradero de detenidos desaparecidos y ejecutados. En 1999, una « Mesa de Diálogo » fue creada para la búsqueda de la verdad, pero no dio los frutos esperados. Más allá del impacto mediático, éstos fueron prácticamente nulos y sirvieron paradojalmente para permitir el regreso del dictador Pinochet a Chile en el año 2000. En Diciembre de 2004, el gobierno de Lagos creó la « Comisión de Prisión política y Tortura » para recoger el testimonio de los prisioneros políticos de la dictadura.
Estas iniciativas, si bien han aportado elementos para el conocimiento de la Verdad sobre este negro período de la historia en Chile, las medidas derivadas de las conclusiones de estas Comisiones son insuficientes. Nuestras demandas insatisfechas de justicia y reparación han sido permanentemente expresadas ante las Instituciones Internacionales de Derechos Humanos (ONU, CIDH…), ante la prensa en el exterior y por lo tanto, siguen vigentes. Ella tienen relación con:

1.- la Justicia y la impunidad existente

Hasta el momento un número limitado de autores de violaciones de Derechos Humanos ha sido condenado. El dictador Pinochet aún no ha sido juzgado por la justicia chilena, a pesar de varios procesos establecidos tanto por su responsabilidad en varios casos de desaparecimientos, ejecuciones y torturas de detenidos políticos, como por delitos de fraude tributario y enriquecimiento ilícito. Lo más grotesco de esta situación de impunidad es el escudo que actualmente protege al dictador: inmunidad en tanto que « Ex-Presidente de la República». Esta protección le fue acordada a través de una reforma constitucional aprobada por el Congreso Pleno el 25 de marzo de 2000 que otorga fuero y dieta a los Ex-Presidentes. El 2 de marzo 2000 Pinochet regresó a Chile, posteriormente renunció a su condición de senador vitalicio quedando protegido con este nuevo fuero (una falsificación de la historia).
Otra protección con que gozan los militares (promesa de abolición no cumplida de parte del primer gobierno civil) es el decreto ley N° 2191 de auto-amnistía de 1978 que todavía sigue vigente, transgrediendo normas internacionales en la materia. Es el argumento de preferencia utilizado por los tribunales militares y civiles para no investigar y no sancionar las responsabilidades en estas violaciones.
La reciente ley 19.992 aprobada por el Parlamento entrega otra protección a los militares al imponer el carácter «secreto» por cincuenta años a los testimonios entregados a la Comisión de Prisión política y Tortura. Varios jueces han solicitado estas declaraciones, pero las autoridades invocando esta ley han negado la información.

2.- La memoria

El reciente Premio Nobel de Literatura Harold Pinter resumió magistralmente este tema al decir que: « el horror que los Estados Unidos impusieron en Chile en 1973, [a través de la dictadura de Pinochet], no podrá jamás terminarse y no podrá jamás ser olvidado».
El lento trabajo de memoria empezó a construirse en Chile y en el exterior. Hasta antes de la caída de Pinochet en Londres (octubre 1998) este trabajo estaba constituido por brotes de memoria. El trabajo hecho penosamente por las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados, los defensores y Organizaciones de Derechos Humanos, permitió el arresto del dictador lo que a su vez otorgó un salto cuantitativo a esta Memoria. El imperativo que había que recuperar y construir la Memoria se fue imponiendo naturalmente. Los jueces, abogados y periodistas permitieron al conjunto de las víctimas que se expresaran, recordaran y testimoniaran.
Citando al cineasta camboyano Rithy Panh, «Todo se juega en la conciencia colectiva : un pueblo debe respetarse a si mismo. Si él adquiere una identidad, puede tener una memoria [colectiva] sólida, una historia [verdadera], una educación y luchar de nuevo para definir un proyecto de vivir juntos », consideramos primordial abocarse al trabajo de Memoria que toda sociedad auténticamente democrática y respetuosa de los Derechos Humanos tiene el deber de implementar.

Demandas:

Por lo anteriormente expuesto, pedimos a los candidatos, que deberán afrontar el Bicentenario de la Independencia de Chile, tener en consideración y hacer lo necesario para concretizar las siguientes demandas:
-abolición del decreto ley N° 2191 de auto-amnistía de 1978.
-retirar la inmunidad de «Ex-Presidente de la República» que el dictador Pinochet tiene hoy día. Para ello, dejar sin efecto el decreto ley que la clase política y los militares otorgaron expresamente al dictador. Un título que no le corresponde.
-permitir el juicio y condena de todos los responsables de violaciones de Derechos Humanos. Abrir un nuevo período de recepción de testimonios de detenidos políticos y torturados otorgando facilidades para que ello pueda realizarse plenamente. Terminar con las intervenciones y presiones de los diferentes estamentos del Estado sobre la justicia chilena e internacional. Modificación de ley 19.992 para dejar sin efecto el carácter «secreto» de los
testimonios entregados a la Comisión citada anteriormente.
-atribuir una reparación integral (pensiones y reparaciones anexas: salud, educación ... ) y ampliar los derechos y beneficios a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado (Familiares de Ex-Prisioneros políticos fallecidos…) y que no han sido reconocidos como tales (Familiares de los Presos políticos muertos por explosión…).
-considerar a los Menores víctimas de prisión política y tortura con los mismos derechos y beneficios que los adultos. Reconocimiento de los años de prisión como años trabajados para los efectos de una jubilación justa y digna. Anulación de todas las condenas de Consejos de guerra.
-reconocimiento del exilio forzado como otra violación de Derechos Humanos y que afectó a alrededor de un millón de personas. Anulación de las penas de extrañamiento y de los procesos aún en curso establecidos contra quienes resistieron a la dictadura.
- pago de pensiones inmediato a aquellos beneficiarios de la ley 19.992. A un año de la publicación de esta ley de reparaciones constatamos que, tanto en Chile como en el extranjero, muchas personas no han recibido ningún beneficio. Modificación de la misma ley para terminar con la opción (contraria a normas internacionales en la materia) de renunciar a otros beneficios adquiridos (pensión de exonerados).
-favorecer el trabajo de memoria colectiva. Fomentar la enseñanza de los Derechos Humanos especialmente en las Fuerzas armadas, la creación de monumentos y lugares recordatorios en los centros de las ciudades, como también la creación de museos, centros de documentación, obras artísticas, etc.
Esperamos que quien conduzca el país impulse y apoye todas las iniciativas destinadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Como lo expresaba Joan Garcés, asesor del Dr. Allende: «Chile está hoy al margen del desarrollo de las normas que buscan impedir y sancionar los crímenes de guerra y contra la humanidad, siendo que hasta 1973 estaba en la vanguardia, en conformidad con el proyecto nacional humanista que inspiraba al Presidente Allende», consideramos que el Estado chileno no puede seguir ignorando la importancia que estos Derechos adquieren hoy día; así como, los pasos dados por la Comunidad Internacional para juzgar y condenar los responsables de violaciones de éstos. Es imperativo, entonces, que Chile firme y respete todos los convenios internacionales que protegen la sociedad y los individuos de las violaciones de sus Derechos fundamentales.

Firmantes víctimas del terrorismo de Estado en Chile:

1)    Natacha Monroy, menor detenida con sus padres
2)    Elizabeth Lopez Romero, menor detenida con sus padres
3)    Carolina Marambio, exilada, hija de preso político
4)    Isabel Marambio, exilada, pariente de preso político
5)    Elizabeth Romero Mallea, ex-presa política
6)    Liliana Mason, ex-presa política ; Coordinadora Nacional Ex-pp
7)    Veronica De Negri Q., ex presa politica y madre de Ejecutado político
8)    Marisol Cruz Moya -exilada hija y esposa de ex-presos políticos
9)    Maria Loreto Cortés, ex-presa política
10)  Maria Teresa Fernàndez De Santi, ex-presa Política
11)  Sandra Espinoza Morales, exilada
12)  Sylvia Fernandez, exilada
13)  Ximena Mahan, ex-presa política (Suecia)
14)  Anita Junge-Hammersley, ex-presa política
15)  Rosa E.E. Gutiérrez Silva, ex-prisionera Política
16)  Michele Aibar, esposa de ex-preso político
17)  Marisol Ramírez, Chile
18)  Juana Aguilera, ex-prisonera política
19)  María Piña, ex-prisionera política
20)  Nilda Coronado, exilada
21)  Margarita Duran Gajardo Ex- Presa política Tejas Verdes, compañera del ejecutado Luis Orellana
22)  Nelly Andrade Alacino Ex Presa Politica de Tejas Verdes compañera de Gerardo Rubilar M. Detenido Desaparecido.
23)  Elizabeth Andrade Alcaino ex presa politica.
24)  Maritza Andrade Alacaino Ex presa politica y Relegada.
25)  Haydee Oberreuter, Vocero Familiares Ex-prisioneros Fallecidos (Chile)
26)  Luisa Toro Cofré, esposa de exilado político
27)  Julie Abguillerm, exilada
28)  Ana Abguillerm, exilada
29)  Ana Roa Villanueva, exilada
30)  Mireya Gauthier, exilada
31)  Nicza Baez Mondaca, ex presa política
32)  Dina Silva, exilada
33)  Carlos Lopez Fuentes, ex-preso político
34)  Hector Zavala Leiva, ex-preso político
35)  Luis Jara, ex-preso político
36)  Manuel Chaparro, ex-preso político
37)  Patricio Negron Larre, ex-preso político
38)  Nestor Vega, ex-preso político
39)  Julián Bastías, exilado
40)  Luis Campos, ex-preso político
41)  Jeremías Levinao, ex-preso político
42)  Victor Escobar, ex-refugiado
43)  Norton Maza, ex-preso político
44)  Pablo Salvador Oyarzo De Negri, hijo de ex presa politica y hermano de ejecutado.
45)  Eduardo Agustín Cruz -ex-preso político-Presidente .Cexpp Vancouver CANADA
46)  Salomón Mardones -Ex-preso Político-Director. Cexpp Vancouver CANADA
47)  Domingo Aravena -Ex-preso político -Director.Cexpp Vancouver CANADA
48)  Juan Vicuna, ex-preso político
49)  Victor Reiman C, ex-preso político.
50)  Gerardo Guzmàn Burgos, ex-preso polìtico
51)  Fernando Ruiz, ex-preso político
52)  Alban Flores Flores, ex-preso político
53)  Guillermo Osorio, ex-preso político
54)  Wladimir Cerda, ex-preso político
55)  Elwin Ayamante, ex-preso político
56)  Benjamin Chau Machuca, ex-preso político
57)  Juan Rojas M., ex-preso político
58)  Edgardo Honores F, ex-preso político
59)  Norman Gamboa, ex-preso político
60)  Rodolfo Balbontín L., ex-preso político
61)  Sergio Yañez, ex-preso político
62)  Pedro Iturra, ex-preso político
63)  Juan Araos, ex-preso político
64)  Emilio A. Ulloa
65)  Alejandro Malig, exilado
66)  Rafael Railaf, ex-preso político
67)  Carlos Torres, ex-preso político, Canadá
68)  Hector Jego Araya, ex-preso político
69)  Juan Carlos Pino Z., ex-preso político
70)  Rolando Maggi, Coordinador, AEXPP de Chile en México
71)  Luis Aguirre Smith, ex-preso político
72)  Jaime Garcia Gutierrez, Ex- Preso Politico Estadio Nacional
73)  Nelson Andrade Alacaino, Ex- preso politico, baleado en Villa Francia.
74)  Antonio Andrade Espinoza, ex torturado, Retornado de Francia, Exonerado de Chilectra y padre de ex presos politicos y torturados.
75)  Julio Morales Maldonado, ex-preso político
76)  Francisco Peña, ex-preso político
77)  Germán Alfaro, ex-preso político
78)  Lautaro Cruz, ex-preso político
79)  Jorge Bórquez, ex-preso político
80)  Jaime Burgos, exilado
81)  Oscar Pregnan Aravena, ex-preso político
82)  Patricio Rodriguez, exilado
83)  Orlando Abguillerm, exilado
84)  Héctor Vega Tapia, ex-preso político
85)  Raúl Schneider, exilado
86)  Jorge Malig, ex-preso político
87)  Germain Livio, ex-preso político
88)  José Mella, ex-preso político
89)  Marcelo Gauthier, ex-preso político
90)  Marcelo Solervicens, ex-preso político
91)  Ramón Pavez Casanova, ex-preso político
92)  Rudecindo Quinchavil, ex-preso político
93)  Oscar Rocha, exilado
94)  Pedro Enríquez, exilado, hijo de ex-preso político
95)  Coordinadora Nacional de ex-presas y ex-presos politicos (Chile)
96)  Comité de ex presos políticos y torturados chilenos de Vancouver BC.(Canada)
97)  COMITE MEMORIA Y JUSTICIA (SUIZA)
98)  FAMILIARES DE EXPRISIONEROS POLÍTICOS FALLECIDOS- COMISION
NACIONAL (CHILE)
99)  ASSOCIATION TERRE ET LIBERTE POUR ARAUCO (FRANCE)
100) COLLECTIF DROITS DE L HOMME AU CHILI (FRANCE)
101) COMITE DE EX-PRESOS POLITICOS DE PARIS (FRANCE)
102)  ASSOCIATION DE CHILIENS DE FONTENAY SOUS BOIS (FRANCE)
103)  ASSOCIATION RELMU-PARIS (FRANCE)
104)  ASSOCIATION INTERNATIONALE CONTRE LA TORTURE
105)  POLITICA CONO SUR (SERVICIO DE INFORMACION SOBRE DD.HH.)
106) PLATAFORMA INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN CHILE (EE.UU.)
107)  Germán F. Westphal, ex preso político, editor de www.chile-esmeralda.com

Recepción de adhesiones y apoyos: Héctor Zavala Leiva
COLLECTIF DDHH AU CHILI (France), Correo Electrónico:
[e-mail] París, Diciembre de 2005

DD.HH.: Szczaranski espera que ex militares colaboren con información

  
  
"No se ha hecho un suficiente trabajo de persuasión para que esa gente entregue toda la información", dijo en referencia a los ex agentes de seguridad de la dictadura.
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, señaló que el principal problema de los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar es la negativa de quienes participaron en estos hechos para facilitar la información que poseen sobre las víctimas.
"Creo que no se ha hecho un suficiente trabajo de persuasión para que esa gente entregue toda la información, y en vez que se siga cazando, y buscando aquí y allá, con el ahínco con que se hace", explicó.
La abogada agregó que "una información seriamente entregada y construida por los protagonistas sería lo que realmente nos pondría en situación de resolver los problemas".
Szczaranski realizó estas declaraciones en el Palacio de los Tribunales, hasta donde llegó para entrevistarse con el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, con quien abordará el tema del rol de mediador en Salud que la entrada en vigencia del plan AUGE plantea para el CDE.
La titular del organismo estatal ha sido criticada duramente por organizaciones de derechos humanos y abogados querellantes en estas causas, a raíz de la tesis que elaboró sobre la aplicación del decreo ley de Amnistía de 1978, la que –según su opinión– aún es un texto legalmente válido.
Asimismo, agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura cuestionan que el CDE sea querellante en muchos procesos, pero que igualmente apele a los fallos que determinan que el Estado debe pagar indemnizaciones por los crímenes del régimen de Augusto Pinochet.

 

www.cooperativa.cl

 

Crímenes de cuatro profesionales en 1986

10 de Noviembre del 2005
Ministro Dolmestch cita a declarar a detective que detuvo a Ricardo Lagos

Por  Jacmel Cuevas P.  www.elmostrador.cl
Antes de interrogar a los miembros del gabinete del régimen de Pinochet que se reunieron tras el atentado en su contra, el magistrado pretende esclarecer todo el contexto en que ocurrieron los hechos, dentro de lo cual también le tomará testimonio a las probables víctimas que se salvaron de esa venganza perpetrada por la ex CNI.
El ex ministro del régimen militar y actual rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Francisco Javier Cuadra, deberá esperar un par de semanas para testificar ante el juez Hugo Dolmestch, en el marco del proceso judicial sobre los crímenes cometidos en venganza al fallido atentado contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, en septiembre de 1986.
Su alejamiento temporal de la casa de estudios podría prolongarse más de lo presupuestado, dado que el ministro en visita despachó a lo menos cuatro citaciones para que declaren personas directa o indirectamente relacionadas con los hechos ocurridos durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de septiembre de 1986, tras el ataque contra el ex uniformado y que causó la muerte de cinco de sus escoltas.
Fuentes allegadas a la causa informaron que el primero que deberá testificar ante el magistrado será el funcionario de la Policía de Investigaciones que detuvo al actual Presidente de la República, Ricardo Lagos. Se trata de Hilario Muñoz, quien declaró a algunos medios de prensa que el arresto fue adoptado para salvaguardar posibles blancos de la venganza que emprenderían movimientos a favor del ex comandante en jefe del Ejército.
Se especula que dicho interrogatorio versará sobre quién ordenó las aprehensiones que realizó esa madrugada la policía civil, cuál era la información que se manejaba sobre las posibles represalias, quién escogió los nombres de las personas que serían detenidas con el fin de velar por su seguridad y quiénes llevaron a cabo esta tarea.

Las otras víctimas

Por otra parte, Dolmestch ya despachó citaciones dirigidas a tres posibles víctimas que se habrían salvado de la venganza ejecutada por ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), cuyos nombres fueron obtenidos mediante los antecedentes reunidos en el proceso.
De esta forma, deberán atestiguar la diputada PPD María Antonieta Saa, al candidato a senador del pacto Juntos Podemos por Santiago Poniente, Gonzalo Rovira, y al periodista Dauno Tótoro, quien ha investigado varios casos relacionados con Pinochet y su abultado patrimonio en el extranjero.

Tras estas declaraciones, el magistrado estaría en condiciones de interrogar a los miembros del gabinete del régimen militar que se reunieron junto a los entonces jefe de la Armada, José Toribio Merino, y director de la CNI, general Humberto Gordon, ambos ya fallecidos.
Ellos son, además de Cuadra, el ex ministro del Interior Rodrigo García, al subsecretario de esa cartera Alberto Cardemil y quien en ese momento se desempeñaba como canciller, Jaime del Valle.
Según los antecedentes del proceso, tras dicho encuentro Gordon se trasladó hasta la sede del organismo represivo, en calle República, donde ordenó al mayor (R) Álvaro Corbalán y al brigadier (R) Manuel Provis “cobrar por dos” las muertes de los escoltas de Pinochet.
El ministro Dolmestch indaga la muerte de José Carrasco Tapia, Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez y Abraham Muskatblit Eidelstein, los cuatro profesionales asesinados por la ex CNI.
En septiembre de 1986, Cuadra, en su calidad de vocero del régimen militar, atribuyó las muertes de los cuatro profesionales a una purga entre izquierdistas.
Sin embargo, recientemente admitió que se había ordenado a la Policía de Investigaciones detener a una serie de dirigentes de oposición, entre ellos el Presidente Ricardo Lagos, para evitar que cayeran en manos de la disuelta CNI.
El pasado 26 de octubre, tras conseguir que ex uniformados admitieran la autoría de los crímenes, el ministro Dolmestch recalificó los procesamientos que pesaban sobre siete ex miembros de la CNI, encausó por primera vez en esta causa a otros siete y sobreseyó a tres.
La nómina de procesados, que enfrentan cargos como coautores de los secuestros y los homicidios de los cuatro profesionales, es encabezada por el mayor (R) Alvaro Corbalán Castilla, el ex jefe operativo del organismo represivo.

Ex uniformado Involucró a la FACh en lanzamiento de cuerpos al mar

Desde Cerro Moreno, la base área de la FACh en Antofagasta, despegó el C-47 con destino a Calama para buscar una macabra carga.
Un suboficial de la Fuerza Área declaró judicialmente que su institución facilitó un avión C-47 para arrojar los cuerpos de 26 ejecutados de Calama en alta mar.

Jorge Escalante La Nación www.lanacion.cl

El abogado querellante en el proceso por las exhumaciones y lanzamiento al mar de los cuerpos de los ejecutados por la Caravana de la Muerte en Calama en 1973, Hugo Gutiérrez, dijo a La Nación que lo declarado por el suboficial (R) de la FACh, S.O.L.M., quien reconoció que arrojó al mar cuerpos de ejecutados políticos a bordo de un avión C-47 de esa institución, no hace más que confirmar la querella que interpusimos, en el sentido de que la Fuerza Aérea tuvo participación en esta operación”.
El abogado valoró la declaración del suboficial afirmando que “es primera vez que un miembro de esa institución reconoce que la FACh puso a disposición su material de vuelo para hacer desaparecer prisioneros lanzándolos al mar”.
Gutiérrez manifestó que los tribunales deberán determinar la fecha exacta de la operación -varios testimonios coinciden en el segundo semestre de 1975-, pero que lo declarado por el suboficial “es una prueba de la operación de exterminio en que participó el conjunto de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Ahora sabemos que también estuvo la FACh”.
Por su parte, la abogada Carmen Hertz -cuyo esposo, Carlos Berger, es una de las víctimas de la Caravana de la Muerte en Calama- declaró que “estas operaciones fueron ordenadas por el alto mando y se efectuaron en forma sistemática. Esto demuestra la cobardía con que actuaron los que tuvieron todo el poder, cobardía que mantienen frente a los tribunales, negando su participación”, sostuvo la abogada.
Carmen Hertz agregó que “estos fueron crímenes de lesa humanidad, y reflejan la crueldad y la naturaleza criminal de todos estos personajes”.
La abogada manifestó que “la operación tuvo lugar, los tribunales deberán determinar el período exacto en que se realizó”.
En su edición de ayer, La Nación publicó partes de la declaración del suboficial (R) de la FACh, S.O.L.M., cuya identidad no se reveló porque este se encuentra afectado sicológicamente, y porque aparece involucrado en otros delitos de violaciones de los derechos humanos. En parte de su declaración judicial -en el proceso que instruye la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Patricia Almazán-, el suboficial (R) afirmó “veníamos desde Cerro Moreno (base aérea de la FACh en Antofagasta) y aterrizamos en Calama con un C-47. Funcionarios del Ejército cargaron unos bultos largos similares a cadáveres envueltos en género blanco (...) Despegamos y después de unas dos horas, el piloto me ordenó lanzar todos los bultos al mar (...) No sé en que lugar fue”. LN.

UN ESCANDALO ETICO y POLITICO

4 Nov 2005
[e-mail]

 

CHILE: LUIS BATES HIDALGO, UN ECANDALO ETICO Y POLITICO

 

PABLO RODRIGUEZ GREZ JEFE  DE  LA DEFENSA  de Augusto PINOCHET  y JEFE, en la UNIVERSIDAD  del DESARROLLO, del MINISTRO de JUSTICIA Sr. LUIS BATES HIDALGO.
La VERGONZOSA y ACUSADORA FOTO de  "PROMOCION" de la Facultad de Derecho y de su DECANO abogado PABLO RODRIGUEZ  GREZ,  sacada "a las APURADAS" del sitio Internet de la UNIVERSIDAD del  DESARROLLO el martes 16 de agosto, en la misma tarde de la aprobación por el  SENADO, por 34 votos a 10, del ascenso del pinochetista  ministro Rubén  Ballesteros a la Corte Suprema.
Y no fue casualidad ya que el  escándalo había sido denunciado a todos los diputados y senadores días antes,  por organismos y abogados de DDHH.
DECANO DE LA FACULTAD: PABLO RODRIGUEZ  GREZ (abogado jefe de la DEFENSA del genocida y ladrón AUGUSTO PINOCHET UGARTE y  Lucía Hiriart)
PROFESORES (algunos de la Facultad de Derecho de la U. del  Desarrollo)
ARAB NESSRALLAH, JUAN PATRICIO  (FISCAL MILITAR CASO  ANTUCO)
BATES HIDALGO, LUIS  (Ministro de Justicia del gobierno LAGOS y  uno de los tres principales ideólogos e impulsores del ascenso del Ministro de  la Corte de Apelaciones de Santiago Rubén Ballesteros a la estratégica Sala  Penal de la Corte Suprema)
CEA CIENFUEGOS, SERGIO (Fiscal  Militar)
GONZALEZ ZUÑIGA, JUAN (Ministro Corte de Apelaciones de  Santiago)
ORTIZ SEPULVEDA, ELEODORO (Ministro Corte Suprema)
RABAT CELIS,  FERNANDO (abogado ayudante defensa de Pinochet)
RODRIGUEZ QUIROZ, AMBROSIO  (alto ex funcionario represivo de la
dictadura, segundo en la defensa jurídica y  política de A. Pinochet y encubridor, al menos,  de dos casos de  desaparición en la Operación Cóndor en Buenos Aires en mayo de 1977) 
DIRECTOR de EXTENSIÓN FACULTAD de DERECHO, U. del Desarrollo
TAPIA  WITTING, ENRIQUE  (Ministro Corte Suprema)
 
NO SE PUEDE SERVIR A dos SEÑORES: a la JUSTICIA y a la IMPUNIDAD 

CHILE: DD.HH. NO HAN SIDO PRIORIDAD PARA PRESIDENCIABLES CHILENOS

5 Nov 2005 De: Política Cono Sur [e-mail]
Sergio Laurenti, de Amnistía Internacional:
''Los derechos humanos no han sido prioridad de ninguno de los candidatos''
Por  Francisca Letelier
www.elmostrador.cl

 

Si bien el director de Amnistía Internacional en Chile reconoce que durante el gobierno de Ricardo Lagos se produjeron avances, considera que aún hay una serie de materias pendientes. A su juicio, la próxima administración debe velar porque se resuelvan los juicios por abusos cometidos en dictadura, pero también reforzar la defensa de los ''nuevos derechos humanos''.
Sorprendido se encuentra el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile (AI), Sergio Laurenti, por la escasa importancia que los cuatro candidatos presidenciales le han dado al tema de los derechos humanos. Por la misma razón, esta semana los emplazó a adoptar una “Agenda Nacional de Derechos Humanos”, y les planteó una serie de desafíos para que sean considerados dentro de sus programas de gobierno.
En conversación con El Mostrador.cl, Laurenti reconoce que durante el gobierno de Ricardo Lagos se han logrado una serie de avances en esta materia, estima que también hay una serie de situaciones pendientes, como los menores de edad que quedaron excluidos del Informe sobre Prisión Política y Tortura, también conocido como Informe Valech.
Por lo mismo, plantea que el próximo gobernante debe tener en cuenta, además del cierre de los temas que se arrastran desde la dictadura, la protección de las mujeres, los sectores de escasos recursos, los pueblos originarios y las minorías sexuales.
En sus programas, Michelle Bachelet (Concertación) y Tomás Hirsch (Juntos Podemos) son los únicos que tienen propuestas en esta materia, como el deber del Estado por promover los derechos humanos. Sin embargo, todos los aspirantes coinciden en la necesidad de proteger a grupos minoritarios actualmente excluidos.
Al respecto, el director ejecutivo de Amnistía estima que los postulantes a La Moneda han privilegiado sus propuestas en materias económicas, pero no le han dado cabida en sus propuestas a la promoción y protección de los derechos fundamentales, lo que a su juicio es preocupante.
-¿Cuál es el propósito de la carta enviada a los candidatos, donde se sugieren propuestas y acciones sobre derechos humanos?
- Pensamos que es prioritario que el siguiente Gobierno ponga en primer plano el tema de los derechos humanos. Esta carta es parte central de nuestra estrategia para que los candidatos consideren una “Agenda de
Derechos Humanos”. Se trata de una iniciativa acorde a nuestro objetivo de movilizar voluntades en el país, para fomentar la promoción y defensa de los derechos humanos. En los últimos años ha habido avances, pero creemos necesario pronunciarnos por “los nuevos derechos humanos” que ha sido invisibilizados.
- ¿Le parece que los candidatos se han dedicado a promover en sus programas temas económicos y han dejado de lado el planteamiento de los derechos humanos?
- Los temas de derechos humanos no han sido prioridad de ninguno de los candidatos. Me parece llamativo que no haya una mención al respecto.
Esto se puede entender desde ideologías partidarias, no así en quienes pretenden ocupar el máximo cargo de representación ciudadana. Sobre todo porque el aspecto social y económico está muy relacionado con estos “nuevos derechos humanos” que surgen.
-¿Qué expectativas tienen de quien resulte electo?
- Esperamos que se tome en cuenta tres grandes temas, que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Creemos que es necesario manifestarse respecto a la agresión que sufren las mujeres, la violencia en entornos de bajos recursos, la desprotección de las comunidades indígenas y pueblos originarios, iniciando también políticas públicas sobre discriminación a las minorías sexuales.
-Pero en las propuestas programáticas de los candidatos y el debate televisado, se ha puesto énfasis en el tema de la igualdad, equidad social y la no discriminación.
- Es un discurso liviano, casi cosmético sobre algunos de estos temas. Pero no tiene correlación en materia de derechos para la gente. Se debe fijar una agenda en materia de derechos humanos que avance en resolver los procesos pendientes del régimen militar y que, a la vez, dé paso a la defensa de estos “nuevos derechos humanos”. Hay muchos temas que siguen sin resolver, tratados internacionales que Chile no ha ratificado en materia de derechos humanos, la proliferación de armas, la violencia doméstica, entre otros.
- Una de las propuestas que plantean es derogar la ley de Amnistía, sin embargo ésta sigue vigente. ¿Cuál de las propuestas que planteas te parece más realizable?
- La amnistía es una de las rémoras del pasado, que impiden el avance en materia de reparaciones y justicia a largo plazo. La aplicación del decreto ley 2191 representa uno de los riesgos mayores que crea impunidad en la aplicación de la justicia. Sólo la responsabilidad moral de los jueces da garantía del cumplimento de procesos penales, y marca precedente en casos de abusos de los derechos humanos.
-¿Qué candidato le da más confianza en materia de derechos humanos?
- No voy responder eso, es la gente la que tiene que elegir en los sufragios. Amnistía no se pronuncia respecto a temas de elecciones, ni sobre los programas políticos de los candidatos.

 

-Pero en el sentido de lo que ustedes proponen en materia de derechos humanos, ¿qué candidato se encuentra más dispuesto a escucharlos?
- Después de dos semanas de intentar comunicación con los postulantes, y no encontrar disposición al diálogo por parte de ninguno de ellos, tendría que decir que ningún candidato me parece confiable. Hemos enviando una carta abierta a los presidenciables que toca ámbitos inexplorados en Chile en materia de derechos humanos y ninguno se ha pronunciado al respecto. Quiero creer que esta demora se debe a lo ocupado que están y no a una falta de interés.
-Durante su gobierno, Lagos ha impulsado varias iniciativas en materia de derechos humanos, como el programa “No hay mañana sin ayer" y la Comisión Valech ¿Esto deja alta la vara para quien lo suceda?
- La cuestión de la promoción y defensa de los derechos humanos es una vara alta para cualquier gobierno, no solamente en Chile. A medida que un país se desarrolla surgen nuevas metas en este ámbito, en lo económico, social y cultural. En el último tiempo el país ha tenido logros importantes, que constan en los informes anuales que publicamos.
No obstante, algunos esfuerzos, como la Comisión Valech, quedan invalidados cuando no se menciona el nombre de los perpretadores de los crímenes. Estas omisiones restan fuerza en materia de verdad y justicia, lanzan una señal equívoca, al igual que el indulto a uno de los procesados por el crimen de Tucapel Jiménez.
- Pero, ¿se ha progresado en el período de Lagos en materia de derechos humanos?
- Nunca hemos estado mejor en lo que se refiere a procesos abiertos. Lo que se ha logrado se debe a la voluntad de los jueces, el liderazgo de los abogados, la persistencia de las Organizaciones de Derechos Humanos y la insistencia de las familias. Sin embargo, aún quedan situaciones por resolver, por ejemplo los menores de edad han quedado excluidos de los procesos y marginados del informe Valech.
¿Seguirán persistiendo en que los candidatos se manifiesten sobre la carta e invitación de juntarse para discutir las propuestas?
- Hemos conversado en muchas ocasiones con los comandos de los candidatos, todos han señalado que han recibido la carta con interés y que iban a otorgar la entrevista, salvo el caso del comando de Joaquín Lavín donde creían improbable que se reuniera con nosotros. Pero más allá de eso, hemos estado esperando y seguimos esperando... Amnistía tiene mucha paciencia.

Juez dictó acusaciones por caso de desaparecido militar del DINE

4 de Noviembre del 2005

Se trata de Guillermo Jorquera Gutiérrez, casado, cuatro hijas, efectivo militar miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que fue detenido el 23 de enero de 1978, cuando intentaba asilarse en la Embajada de Venezuela.
El ministro de fuero Joaquín Billard dictó acusaciones en contra de los dos únicos miembros del Ejército procesados como autores del secuestro calificado del suboficial de la misma rama castrense Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien fue detenido por carabineros en enero de 1978, cuando intentó marginarse de la institución y asilarse en la embajada de Venezuela.
De esta forma, el magistrado inició continuó la etapa pleanria de este caso, el cual en pocos meses más podría contar con un fallo de primera instancia.
Cabe recordar que los ex uniformados procesados en este caso son el capitán (r) Adolfo Fernando Born Pineda y el general (r) Héctor Orozco Sepúlveda, ambos se desempeñaban en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), unidad a la que también estab destinado Jorquera al momento de querer abandonar sus funciones.
El malogrado suboficial fue catalogado por sus pares como especialista en Inteligencia Militar, por lo cual pocos meses antes de su crimen fue felicitado por la excelencia de sus trabajos realizados por como asesor de la sección Análisis y a cargo de "Investigaciones Especiales".
En 1973 para el golpe militar, Jorquera se encontraba en Punta Arenas, donde le tocó organizar el Campamento de Prisioneros Políticos de Isla Dawson.

DDHH: Presentan querella por crimen de periodista argentino en 1973

Acción legal será interpuesta este jueves por el homicidio del reportero trasandino Leonardo Henrichsen, ultimado mientras cubría la asonada golpista perpetrada de junio 1973 conocida como "tanquetazo".

Los hijos del periodista argentino Leonardo Henrichsen interpondrán mañana jueves, a las 10 horas, una querella criminal ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago para reclamar justicia por el homicidio de su padre, acaecido en 1973.

El periodista, que se desempeñaba como camarógrafo de la Radio y Televisión de Suecia, fue asesinado por efectivos del Regimiento Blindados Nº 2, mientras reporteaba en las calles de Santiago el intento de golpe de Estado perpetrado por esa unidad castrense el 29 de junio de 1973.

Josephine Anne, profesora de inglés, y Andrés Henrichsen Macfarlane, empleado de Telefónica Argentina, vinieron a Chile a reclamar justicia desde Bahía Blanca y Buenos Aires, donde residen respectivamente. Ella tenía ocho años en 1973 y su hermano, apenas dos, a la fecha del homicio.

La acción judicial será patrocinada por el abogado Hiram Villagra, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), con el respaldo de la abogada Fabiola Letelier, informó el procurador Federico Aguirre Madrid.

Los querellantes actúan, además, en representación de su hermano Ricardo, residente en Canadá, y de su madre, Heather Macfarlane, quien reside en la capital argentina.

Leonardo Henrichsen registró las imágenes de quienes lo asesinaron en el preciso instante en que le quitaron la vida. Se trata de una patrulla del Blindados Nº 2 que se desplazaba en una camioneta dotada de una ametralladora punto 30, al mando del cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez.