Derechos Humanos

Ex preso político murió de un infarto en proyección de \'Salvador Allende\'

26 de Octubre del 2005

Alfredo Fuchslocher, ex intentendente de Llanquihue durante el gobierno de la Unidad Popular, falleció el fin de semana durante la exhibición del documental en Osorno.

El ex preso político Alfredo Fuchslocher murió de un infarto mientras asistía en un cine a la proyección del documental "Salvador Allende" en la ciudad de Osorno.
Fuchslocher, miembro del Partido Comunista, fue intendente de la provincia de Llanquihue durante el gobierno de Salvador Allende y tras el golpe militar que encabezó el general (R) Augusto Pinochet, fue encarcelado, torturado, procesado 17 veces y condenado a tres años y un día de prisión.
Posteriormente se exilió en Alemania y regresó a Chile en 1993, tras la recuperación de la democracia.
El sábado pasado, acudió a un cine de Osorno para ver el documental "Salvador Allende", de Patricio Guzmán, una de las cintas que ha registrado mayor audiencia en los últimos meses.
El corazón de Fuchslocher, de 66 años, no pudo resistir la escena del bombardeo e incendio del Palacio de la Moneda y se desplomó en su asiento.
Aunque lo trasladaron inmediatamente a un hospital, Fuchslocher ya estaba muerto, según indicó su esposa, Barbara Heinze.
"En Alemania dieron varios documentales sobre Salvador Allende, pero él nunca quiso verlos, decía que era demasiada la emoción", recordó Heinze en conversación con radio Cooperativa.
"El sábado, dijo que quería verla (el documental) y fuimos, estaba mal de salud, yo pensé que se había quedado dormido, pero no era así", agregó.
Por su parte el director del documental, Patricio Guzmán, lamentó la muerte de Fuchslocher y dijo a la emisora que "acabo de mandar mis condolencias a la familia, explicando que sin duda este evento tiene que ver con una trayectoria dolorosa y los recuerdos felices de nuestro pueblo".
"El nombre de don Alfredo quedara para siempre en la memoria colectiva, porque es un hecho tan extraño, tan único, que es un indicar de que la memoria en Chile es un tema tan poco frecuente que cuando llega las personas se impresionan mucho", subrayó Guzmán.

Pinochet fue a ver a detenidos desaparecidos

http://www.elmostrador.cl
12 de Septiembre del 2005

Coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence
Nuevo testimonio acredita que Pinochet estaba al tanto de violaciones a DDHH

Por Jacmel Cuevas P.

Ex agente de la DINA aseguró, en el marco del caso Calle Conferencia, que el otrora gobernante de facto visitó al dirigente comunista y hoy detenido desaparecido Víctor Díaz -padre de la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz- durante su detención. Además, sostiene que la Auditoría del Ejército, cuando estaba a cargo de Fernando Torres, implementó un mecanismo para ocultar información.
A mediados de agosto pasado, el coronel (R) del Ejército Ricardo Lawrence Mires, quien integró la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), afirmó ante el ministro en visita Víctor Montiglio que el general (R) Augusto Pinochet conocía pormenorizadamente todas las actividades represivas y violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por este organismo de seguridad, que funcionó bajo la dirección operativa del general (R) Manuel Contreras Sepúlveda.
Su confesión se dio en el marco del caso denominado Calle Conferencia, en el cual reconoce su participación en la detención de seis miembros de la directiva clandestina del Partido Comunista (PC), llevadas a cabo entre el 4 y 12 de mayo de 1976, y que significó la desaparición de Jorge Nuñez (esposo de la fallecida Gladys Marín) Mario Zamorano Donoso, Jaime Donato Avedaño, Uldarico Donaire Cortés y Elisa Escobar Cepeda y Víctor Díaz López, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz.
"No hubo resistencia al producirse las detenciones de los miembros del PC, ya que operó en forma adecuada el procedimiento denominado ratonera que, en esencia, consistía en que agentes de la DINA, al tener conocimiento de las casas de seguridad, las abordaban antes de que llegaran los miembros del PC, los que eran detenidos sin resistencia, a medida que iban llegando", sostuvo el ex policía en su confesión judicial.

Visita de Pinochet

Sin embargo, lo más significativo de sus dichos ante el tribunal se refirieron a una visita que habría realizado el propio ex gobernante de facto al secretario general del PC, Víctor Díaz, quien junto a los otros cinco que conformaron la cúpula de la tienda fueron llevados a Villa Grimaldi y, posteriormente, a un cuartel ubicado en el Cajón del Maipo llamado "Casa de Piedra", que a cargo del coronel (R) de Ejército, Germán Barriga, quien se suicidó en enero de este año.
"Recuerdo que en una oportunidad, estando en el cuartel se presentó en el lugar, Casa de Piedra, el general Augusto Pinochet quien llegó a conocer a Víctor Díaz (...). Recuerdo que el general Pinochet sostuvo
una reunión con Víctor Díaz y trascendió una conversación que Víctor Díaz había mantenido con Pinochet, en que Díaz le decía que 'cometía un error al meterse contra el Partido Comunista', porque ello era como tratar de vaciar el mar con un balde", relató Lawrence.
A continuación, el ex agente de la DINA dijo que los dirigentes fueron ejecutados en Casa de Piedra, pero que no podía precisar el modo, ya que su función fue participar en la desaparición de los cuerpos, que también estuvo a cargo del fallecido coronel (r) Barriga.
"Tuve como misión escoltar dos camionetas que se encontraban en ese cuartel cargadas con los prisioneros muertos y ensacados, camionetas que eran del grupo de Barriga. (...) luego emprendimos rumbo al norte, hasta llegar a la zona de Peldehue, ingresando por un camino secundario. Al llegar al lugar se encontraba un helicóptero del Ejército, si mal no recuerdo un Puma, los vehículos se detuvieron y desde las camionetas se comenzó a sacar los cuerpos que se encontraba ensacados subiéndolos al helicóptero", explicó.
En esta investigación el general (R) Pinochet fue sobreseído en 2003 por razones de salud, las mismas que previamente le habían permitido ser eximido de responsabilidad penal en el caso Caravana de la Muerte,
y recientemente fue absuelto el general (R) Contreras, ya que la Corte de Apelaciones estimó que en su caso había "cosa juzgada".
En este caso, además de Lawrence, se encuentra procesado en calidad de autores de homicidio calificado Osvaldo Pincetti, alias "Doctor Tormento". También estaban encausados por los mismos ilícitos Germán Barriga y Miguel Krassnoff, fallecido recientemente producto de un cáncer.

"Le decíamos la verdad"

El coronel (r) de Carabineros también ratificó una declaración que había realizado con anterioridad, referida al grado de conocimiento que habría tenido el ex gobernante de facto sobre las actividades de
la ex DINA, afirmando que le informaba personalmente de ellas entre 1973 a 1977.
"En varias oportunidades, en ocasiones en que me correspondía prestarle seguridad directa al general Pinochet en sus viajes los fines de semana a la playa, en el trayecto mi general me preguntaba '¿cómo andaba la cosa?' y se manifestaba muy interesado por saber
respecto del descubrimiento de armamento y de cómo iban las actividades tendientes a identificar a las cúpulas del MIR y del PC.

Yo, que iba en el auto, le contaba lo que realmente ocurría. Le decíamos la verdad", dijo el ex agente.

"Es muy probable que yo en esas conversaciones le haya informado cómo se operó para detener a Miguel Enríquez o a la cúpula del PC. Yo entiendo que, además, el general Pinochet estaba plenamente informado, ya que el general Contreras le informaba diariamente de toda la situación que se producía dentro de la DINA y fuera de ella, es decir, la situación del país", afirmó.
"Me correspondió llevarle a la casa del general (R) Pinochet un sobre que contenía las novedades del país y de la DINA, información que era preparada por el cuartel general y que, esporádicamente, me correspondió llevarlo entiendo cuando Contreras no podía ir a entregárselo personalmente. Debía estar en su casa cerca de las 06:30
horas. Era la hora en que normalmente terminaba de hacer sus ejercicios. Entregaba el sobre y esperaba por si daba alguna instrucción, como por ejemplo que Contreras lo llame a tal hora", añadió Lawrence.

Posible obstrucción a la justicia

El ex uniformado también aseguró que en sus primeras declaraciones ante la justicia habría incurrido en "falsedades", ya que en el Ejército habría operado un sistema para ocultar información y al cual accedió por orden del general (r) Manuel Contreras.
"Se nos explicaba el motivo de nuestra citación y lo que debíamos decir. Esto se organizaba en lo que se llamaba AUGE, Auditoria General del Ejército, que estaba a cargo y dependía del general (Fernando) Torres. Ahí habían abogados quienes nos explicaban lo que debíamos
declarar y se me aseguraba que todo iba a pasar rápido. Entre los abogados recuerdo a (Roberto) Puelma y (Enrique) Ibarra", declaró.
Por otra parte, señaló que sus jefes en Villa Grimaldi habrían sido César Manríquez, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Marcelo Moren, Maximiliano Ferrer, entre otros. Mientras que como cabecillas de la Brigada Purén identificó al general Raúl Iturriaga y los oficiales Gerardo Urrich, Germán Barriga, Manuel Carevic y Miguel Hernández.
"En la DINA se operaba al igual que una unidad policial, es decir, había una oficina de partes con libros, kárdex, minutas dirigidas a los jefes, etc. Es decir, existía un aparataje administrativo que dependía del jefe de La Villa (Grimaldi). Toda esa información debe estar en algún lugar porque es parte de la historia de Chile, pero
desconozco cuál fue su destino", concluyó Lawrence.

Senador Stange presentó moción para declarar muerte presunta de desaparecidos

Diario La Segunda, 9 de septiembre de 2005 www.lasegunda.cl

A la moción del senador Hernán Larraín que concede indulto a los agentes del Estado que hayan cumplido condena de, a lo menos 10 años, por hechos cometidos entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo del año 90, se sumó una nueva iniciativa legal del senador Rodolfo Stange que también apunta a la prescripción de la acción penal y sobreseimientos de los encausados, por
la vía de declarar la muerte presunta de los desaparecidos.
La moción del senador Stange establece que se presume muerto para todos los efectos legales y administrativos, al individuo que haya desaparecido entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990, y por tanto los Tribunales Ordinarios o Especiales que estén conociendo de causas sobre personas desaparecidas en el mencionado período, deberán de Oficio o a Petición de
Parte, declarar la prescripción de la acción penal y los sobreseimientos correspondientes.
Del mismo modo se dispone que los Tribunales de Primera Instancia hayan o no dictado sentencia, deberán conformar su accionar con la legislación actualmente en vigor.
El senador Stange fundamentó su moción reconociendo que "en el período de excepción, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de septiembre de
1990, se cometieron delitos por parte de algunos Agentes del Estado, que vulneraron el derecho a la vida y a la libertad personal por cuanto se consideró que esos sujetos eran sustentadores o autores en hechos que
atentaban contra la estabilidad del gobierno vigente y que estos Agentes del Estado en su mayoría están encausados por los Tribunales, algunos cumpliendo penas privativas de libertad y otros ligados a largos procesos".
Por otra parte, el legislador, estima que junto con favorecer a los agentes del Estado que están en la situación judicial antes mencionada, su iniciativa legal está orientada a que "los familiares o sucesores de las
personas desaparecidas regularicen las situaciones administrativas o patrimoniales, acogiéndose a la declaración de muerte presunta del desaparecido para todos los efectos legales y administrativos", concluyó.

Chile, o la guerra que no fue... Por Luis Sepúlveda

Chile, o la guerra que no fue
Por Luis Sepúlveda*

El 11 de septiembre de 1973, Pinochet y los otros tres oficiales traidores que comandaban la marina de guerra, la fuerza Aérea y el cuerpo de Carabineros, declararon que estaban en guerra, que el país estaba en guerra contra el marxismo "lininismo"-como repetía Pinochet vestido con uniforme de combate, y las hordas militares empezaron a asesinar, torturar, hacer desaparecer chilenas y chilenos, además de robar los bienes de todos los que caían en sus manos.
Cuando los muertos se sumaban por cientos, la justicia chilena fue ciega, sorda y muda. La mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal chileno eran –y muchos lo son todavía- ultra conservadores, abiertos simpatizantes del fascismo, y estaban unidos por un odio ancestral a la clase obrera chilena. Cuando los muertos y los desaparecidos sumaron miles, los jueces chilenos decretaron que todo era una invención de los enemigos de la patria.
Los jueces chilenos, señores de horca y látigo, siempre soñaron con que el País se rigiera como en los tiempos de la colonia: los señores de las cuarenta familias dueños del país debían mandar, y el resto de los chilenos obedecer. Sobre esa inmunda base se legislaba, sobra esa nauseabunda teoría se "hacía justicia" en Chile.
Los jueces chilenos, los que fueron miembros de la Corte Suprema durante los 16 años de la dictadura, fueron todos prevaricadores, sin excepción, fueron cómplices de las torturas, de los asesinatos, de la desaparición de personas. Sabían perfectamente lo que hacía la soldadesca y no hicieron nada, porque ellos también declararon que el país estaba en guerra.
¿Quiénes eran estos jueces? Latifundistas o parientes de grandes terratenientes que odiaban la idea de una reforma agraria. Homófobos homosexuales que soñaban con campos de concentración para gays y lesbianas. Católicos de misa diaria, cada uno con una foto junto al Papa en su escritorio. Es decir una pandilla de degenerados en cuyas manos estaba el poder de negar la justicia a los pobres, a los humillados, a los que sudaban para pagar sus lujos y excentricidades.
Ellos avalaron el estado de guerra, ellos ayudaron a identificar "al enemigo", es decir a los militantes de la Unidad Popular, a los Comunistas, Socialistas, militantes del MIR, curas progresistas, jóvenes, y hasta niños. Y al enemigo había que aniquilarlo.
El 5 de octubre de 1973, Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, un estudiante de la Universidad Técnica, de 22 años, llegó a Angol,en el sur de Chile, para saber de su padre, un dirigente comunista arrestado por los militares y que, supuestamente, se encontraba en el cuartel del regimiento "Húsares de Angol". A las 4 de la tarde de ese día, el estudiante fue detenido en una calle, a la vista de muchas personas, por soldados del ejército chileno. A golpes lo subieron a un camión militar y se lo llevaron.
Una hora más tarde, cuando había empezado el toque de queda, esas horas siniestras en las que sólo los asesinos podían moverse por las calles de Chile, la patrulla militar que detuvo al estudiante se topó con un niño de 15 años, Luis Cotal Álvarez, que caminaba apresuradamente hacia su casa. A golpes lo subieron al camión, y desaparecieron.
Treinta años más tarde, se supo que esa patrulla militar los llevó hasta un almacén de materiales de construcción, ahí, fueron sometidos a toda clase de torturas, y finalmente los asesinaron a tiros. Sus cuerpos fueron ocultados, nadie los vio, no hubo velatorio ni entierro, pero según la versión oficial del ejército chileno, versión avalada por la Corte Suprema de Justicia, el estudiante y el niño habrían sido fusilados, luego de un juicio militar, porque los dos eran guerrilleros que habían intentado asaltar el cuartel de los "Húsares de Angol".
Un estudiante de 22 años y un niño de quince, habían atacado a los más de dos mil hombres armados del regimiento "Húsares Angol".
El hombre que ordenó que fueran torturados, y asesinados, y que más tarde inventó la historia del ataque al cuartel, era el coronel de ejército Joaquín Rivera González. Así se llama aún el que comandó a los torturadores y a los asesinos de un estudiante y un niño.
Angol está en el profundo sur de Chile, la mayoría de sus habitantes son mapuches. Nadie recuerda que alguna vez el regimiento haya sido atacado. Pero los jueces de la Corte Suprema de justicia chilena dijeron entonces que aquel estudiante y aquel niño, eran "el enemigo", y por lo tanto era legal según las leyes en tiempo de guerra que, una vez apresados y juzgados por una corte marcial, hubieran sido fusilados. Pero no dijeron cuándo fue el ataque, no dijeron cuándo y donde se realizo el juicio marcial, ni si tuvieron defensores, tampoco indicaron cuándo fueron fusilados ni que ocurrió con sus cuerpos.
Y en Angol, en el profundo sur de Chile, nadie recuerda los fusilamientos de un estudiante y un niño.
Sin embargo, los padres, los familiares del estudiante y el niño, ayudados por organizaciones de defensa de los derechos Humanos, consiguieron que el coronel Joaquín Rivera González fuera sometido a juicio, treinta años más tarde, por los delitos de secuestro y homicidio. Sobre el criminal pesaba una posible condena a 10 años de cárcel que debía ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Diez años de cárcel por secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer a un estudiante de 22 años y a un niño de quince.
Pero la Corte Suprema de Justicia consideró que esos delitos no existen, pues los soldados secuestran, torturan, asesina, hacen desaparecer los cuerpos, solamente cuando hay una guerra. Recién, los chilenos acabamos de saber que, sin embargo de todo lo que se nos dijo durante dieciséis años, no hubo una guerra, no hubo ninguna guerra, nunca el ejército estuvo el guerra y por lo tanto el coronel Joaquín Rivera González es inocente como un recién nacido.
La declaración exculpatoria de los jueces de la Corte Suprema es digna de la enciclopedia universal de la infamia: "La ocurrencia de acciones contra la integridad física de las fuerzas armadas, de Carabineros y de la población en general, cuya veracidad no está en duda (es decir que el estudiante y el niño sí atacaron el cuartel de los Húsares de Angol), no es a juicio de estos sentenciadores, suficiente razón para tener por establecido que en Chile existía un conflicto armado no internacional, en los términos del artículo 3 de la Convención de Ginebra, el día 5 de octubre de 1973, fecha en que perpetraron los hechos".
Según la Convención de Ginebra los crímenes de guerra no prescriben. Según los jueces chilenos, entre el 11 de septiembre y el 4 de Octubre de 1973 si existió un estado de guerra. Y también a partir del 6 de Octubre de 1973 y hasta finales de 1989 hubo un estado de guerra. El estudiante y el niño fueron asesinados el día 5 de octubre, el único día en que no hubo guerra.
Este resolución de la justicia chilena es una burla al sentido universal de la justicia. No puede ser ignorada. Debemos hacer algo.

*Luis Sepulveda es escritor y adherente de ATTAC
Gijón, España, 6 de agosto de 2005

Contreras comienza a cumplir nueva condena

El ex jefe de la Dina, quien intentó hacer uso de una pistola durante su arresto, fue notificado de su sentencia en Tribunales, recibió una lluvia de huevos y finalmente fue recluido en el penal Cordillera.

Por Carmen Gloria Vitalic – La Tercera

En medio de fuertes desórdenes en el Palacio de los Tribunales y en una mañana de alta tensión, el general (R) Manuel Contreras fue trasladado poco antes de las 14:00 horas al Penal Cordillera, donde deberá cumplir la sentencia de 12 años por el secuestro permanente del mirista Miguel Ángel Sandoval.

Contreras fue notificado de su sentencia en Tribunales, donde fue recibido y despedido por una lluvia de huevos lanzados por cientos de manifestantes que se congregaron frente al edificio. Hasta allí llegó el ex militar luego de ser arrestado por personal del Departamento Quinto de Investigaciones en su residencia de Peñalolén.

Los policías sacaron al general en retiro de su domicilio y lo llevaron -en medio de un fuerte operativo de seguridad- al cuartel de Investigaciones de calle Borgoño, donde se cumplió con el proceso de filiación.

Versiones judiciales señalan que al momento de ser detenido, Contreras habría intentado agredir a funcionarios de Investigaciones. Esta situación habría motivado que la comitiva que lo llevaba a Tribunales desviara su rumbo al cuartel policial de calle Borgoño. Las mismas fuentes dicen que en este lugar se habría estampando el parte policial por el intento de agresión.

En el cuartel policial se encontrarían detenidas dos hijas del ex militar, lo que ha sido desmentido por fuentes policiales.

Contreras, luego de cumplir con el trámite de filiación en Investigaciones, fue trasladado a Tribunales, donde poco antes de las 14:00 horas fue recibido por decenas de manifestantes y una lluvia de huevos.

En el palacio, el ex militar fue notificado de su condena a 12 años de cárcel. El juez Solis dictaminó que Contreras debe cumplir su arresto en el recientemente creado penal Cordillera al interior del Comando de Telecomunicaciones, hasta donde fue conducido.

Este trámite puso fin a la libertad de Contreras, ya que fue trasladado a un recinto penal para cumplir su condena.

Contreras había anticipado ayer que "sólo a la fuerza" lo sacarían hoy de su domicilio en el condiminio Club de Campo Norte en Peñalolén, donde se montó un fuerte operativo de seguridad de Carabineros y la Policía Militar.

Durante el día, cuatro de los cinco miembros de la cúpula de la Dina condenados por la desaparición Sandoval fueron notificados de sus condenas y salieron poco después de las 10:00 de la mañana rumbo a sus lugares de reclusión. Godoy deberá permanecer en Punta Peuco y los otros cuatro ex uniformados serán transportados al Penal Cordillera.

A partir de las 7:00 horas comenzaron a llegar los ex militares para ser notificados de sus condenas. El primero en llegar a la puerta de Morandé 345 fue el ex teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy, condenado a cinco años como cómplice de la desaparición de Sandoval.

A las 7:30, se hizo presente el brigadier (R) Miguel Krassnoff, condenado a 10 años por el mismo delito, quien incluso saludó a la prensa que se apostaba en el lugar. Diez minutos más tarde y en el más completo hermetismo, lo hizo el coronel (R) Marcelo Moren Brito y a las 7:50, el brigadier (R) Fernando Laureani, sentenciado a cinco años como cómplice.

Las condenas de los ex oficiales son emblemáticas, ya que se trata del primer caso de derechos humanos, en el que la Corte Suprema ratifica una condena por el delito de secuestro calificado, pasando por encima de la Ley de Amnistía.

LOS CONDENADOS

General (R) Manuel Contreras: Ex jefe de la DINA, condenado a 12 años como autor de secuestro calificado
Brigadier (R) Miguel Krassnoff: 10 años
Coronel (R) Marcelo Moren Brito: 10 años
Brigadier (R) Fernando Laureani: 5 años, cómplice
Teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy: 5 años, cómplice

EL EMBLEMATICO CASO

Miguel Angel Sandoval, un sastre de 26 años y militante del MIR, fue detenido en Santiago el 7 de enero de 1975 por agentes de la DINA. Fue visto por última vez con vida al interior de Villa Grimaldi, pero en muy malas condiciones a causa de las torturas a las que fue sometido.
Por este caso, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones condenó a la cúpula de la DINA el 5 de enero 2004, luego que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema anuló la ley de amnistía en los procesos relacionados a la desaparición forzada de Enrique Poblete Córdoba, Julio Fidel Flores Pérez, Anselmo Radrigan Plaza y Roberto Aranda, entre otros casos. Todos estos casos estaban sobreseídos por la justicia militar con investigaciones pendientes.

Al respecto la Corte Suprema rechazó en forma unánime la aplicación de Amnistía en este caso el 18 de noviembre recién pasado, argumentando que el secuestro es un delito de ejecución permanente y que por lo tanto no se puede aplicar la amnistía ni la prescripción de la acción penal. Este es el primer caso en que el máximo tribunal se pronuncia sobre la aplicación de dicha normativa respecto a un detenido desaparecido.

CONTRERAS COMIENZA A CUMPLIR NUEVA CONDENA

La Tercera Política

Tras desórdenes y tensión con Investigaciones, Contreras comienza a cumplir nueva condena
El ex jefe de la Dina, quien intentó hacer uso de una pistola durante su arresto, fue notificado de su sentencia en Tribunales, recibió una lluvia de huevos y finalmente fue recluido en el penal Cordillera.

Fecha edición: 28-01-2005
Carmen Gloria Vitalic

En medio de fuertes desórdenes en el Palacio de los Tribunales y en una mañana de alta tensión, el general (R) Manuel Contreras fue trasladado poco antes de las 14:00 horas al Penal Cordillera, donde deberá cumplir la sentencia de 12 años por el secuestro permanente del mirista Miguel Angel Sandoval.

Contreras fue notificado de su sentencia en Tribunales, donde fue recibido y despedido por una lluvia de huevos lanzados por cientos de manifestantes que se congregaron frente al edificio. Hasta allí llegó el ex militar luego de ser arrestado por personal del Departamento Quinto de Investigaciones en su residencia de Peñalolén.

Los policías sacaron al general en retiro de su domicilio y lo llevaron -en medio de un fuerte operativo de seguridad- al cuartel de Investigaciones de calle Borgoño, donde se cumplió con el proceso de filiación.

Versiones judiciales señalan que al momento de ser detenido, Contreras habría intentado agredir a funcionarios de Investigaciones. Esta situación habría motivado que la comitiva que lo llevaba a Tribunales desviara su rumbo al cuartel policial de calle Borgoño. Las mismas fuentes dicen que en este lugar se habría estampando el parte policial por el intento de agresión.

En el cuartel policial se encontrarían detenidas dos hijas del ex militar, lo que ha sido desmentido por fuentes policiales.

Contreras, luego de cumplir con el trámite de filiación en Investigaciones, fue trasladado a Tribunales, donde poco antes de las 14:00 horas fue recibido por decenas de manifestantes y una lluvia de huevos.

En el palacio, el ex militar fue notificado de su condena a 12 años de cárcel. El juez Solis dictaminó que Contreras debe cumplir su arresto en el recientemente creado penal Cordillera al interior del Comando de Telecomunicaciones, hasta donde fue conducido.

Este trámite puso fin a la libertad de Contreras, ya que fue trasladado a un recinto penal para cumplir su condena.

Contreras había anticipado ayer que "sólo a la fuerza" lo sacarían hoy de su domicilio en el condiminio Club de Campo Norte en Peñalolén, donde se montó un fuerte operativo de seguridad de Carabineros y la Policía Militar.

Durante el día, cuatro de los cinco miembros de la cúpula de la Dina condenados por la desaparición Sandoval fueron notificados de sus condenas y salieron poco después de las 10:00 de la mañana rumbo a sus lugares de reclusión. Godoy deberá permanecer en Punta Peuco y los otros cuatro ex uniformados serán transportados al Penal Cordillera.

A partir de las 7:00 horas comenzaron a llegar los ex militares para ser notificados de sus condenas. El primero en llegar a la puerta de Morandé 345 fue el ex teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy, condenado a cinco años como cómplice de la desaparición de Sandoval.

A las 7:30, se hizo presente el brigadier (R) Miguel Krassnoff, condenado a 10 años por el mismo delito, quien incluso saludó a la prensa que se apostaba en el lugar. Diez minutos más tarde y en el más completo hermetismo, lo hizo el coronel (R) Marcelo Moren Brito y a las 7:50, el brigadier (R) Fernando Laureani, sentenciado a cinco años como cómplice.

Las condenas de los ex oficiales son emblemáticas, ya que se trata del primer caso de derechos humanos, en el que la Corte Suprema ratifica una condena por el delito de secuestro calificado, pasando por encima de la Ley de Amnistía.

LOS CONDENADOS

General (R) Manuel Contreras: Ex jefe de la DINA, condenado a 12 años como autor de secuestro calificado
Brigadier (R) Miguel Krassnoff: 10 años
Coronel (R) Marcelo Moren Brito: 10 años
Brigadier (R) Fernando Laureani: 5 años, cómplice
Teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy: 5 años, cómplice

u>EL EMBLEMATICO CASO

Miguel Angel Sandoval, un sastre de 26 años y militante del MIR, fue detenido en Santiago el 7 de enero de 1975 por agentes de la DINA. Fue visto por última vez con vida al interior de Villa Grimaldi, pero en muy malas condiciones a causa de las torturas a las que fue sometido.
Por este caso, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones condenó a la cúpula de la DINA el 5 de enero 2004, luego que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema anuló la ley de amnistía en los procesos relacionados a la desaparición forzada de Enrique Poblete Córdoba, Julio Fidel Flores Pérez, Anselmo Radrigan Plaza y Roberto Aranda, entre otros casos. Todos estos casos estaban sobreseídos por la justicia militar con investigaciones pendientes.
Al respecto la Corte Suprema rechazó en forma unánime la aplicación de Amnistía en este caso el 18 de noviembre recién pasado, argumentando que el secuestro es un delito de ejecución permanente y que por lo tanto no se puede aplicar la amnistía ni la prescripción de la acción penal. Este es el primer caso en que el máximo tribunal se pronuncia sobre la aplicación de dicha normativa respecto a un detenido desaparecido.