Derechos Humanos

"El fin último de las acciones terroristas de los militares era atentar contra el obispo Tomás"

HABLA ABOGADO QUERELLANTE DEL CASO FATIMA

-El profesional Luis Díaz Coñuecar presenta hoy el recurso de casación para intentar invalidar ante la Corte Suprema, el fallo de la Corte local que declaró prescrita la acción penal y sobreseyó a los tres procesados.

 Por Poly Raín

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Durante la jornada de hoy, el abogado querellante en el caso Fátima, Luis Díaz Coñuecar, formalizará la presentación ante la secretaría de la Corte de Apelaciones, del recurso de casación para invalidar ante la Corte Suprema, el fallo de segunda instancia que declaró prescrita la acción penal y que trajo como consecuencia el sobreseimiento de los tres ex militares procesados.

El profesional magallánico representa los intereses del Obispado de Punta Arenas en este proceso penal que tuvo su origen en el atentado dinamitero que en octubre de 1984 destruyó la parroquia Fátima del barrio 18 de Septiembre y que terminó con la vida del teniente Patricio Contreras Martínez, quien a raíz de la detonación del artefacto explosivo, murió despedazado.

En un fallo acordado por dos de los tres ministros, la Corte de Apelaciones, acogió la tesis invocada por las defensas de los tres procesados, dejando establecido así que el atentado dinamitero fue un delito terrorista y no de lesa humanidad, por lo que debido al largo tiempo transcurrido el hecho había prescrito y por consiguiente había extinguido la responsabilidad de los autores.

Ocurridos los hechos, el año 1984, el Obispado asume un rol activo en esta causa a partir de su papel de querellante. Luego de un sobreseimiento que se mantuvo vigente por largos años, el año 2002, en el marco de la investigación por el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, a cargo del ministro en visita Sergio Muñoz, surgen nuevos antecedentes del caso Fátima, aportados por uno de los inculpados por la muerte de Jiménez, Humberto Olmedo, situación que en definitiva produjo la reapertura del sumario por el atentado con explosivos en Punta Arenas.

-¿A qué atribuye el hecho que la investigación se haya dilatado por tanto tiempo?

-"Una vez que la causa fue retomada por el ministro Renato Campos, la investigación, en un principio, no arrojó mayores antecedentes y volvió a ser sobreseída, con expresa oposición de la parte querellante. La Corte Suprema nos dio la razón en el sentido que faltaban por realizarse una serie de diligencias. Es así, como se siguió investigando y tuvimos la suerte que empezaron a aparecer algunas personas que quisieron declarar y que efectivamente aportaron antecedentes importantes, que no hicieron más que confirmar la tesis planteada por el inculpado Humberto Olmedo. Eran antecedentes sumamente graves y así se lo hice saber al padre obispo Tomás González en su oportunidad, quien me dio las instrucciones que había que seguir con este proceso hasta las últimas consecuencias. Esta persistencia se tradujo en el procesamiento de tres ex militares, entre ellos un general en retiro. Pero, sin duda, ha quedado de manifiesto una evidente falta de colaboración por parte de los involucrados durante todo este tiempo".

-¿Pero, hay claridad respecto de los autores materiales?

-"Los antecedentes que constan en el proceso arrojan que existe participación culpable de todo este grupo de personas, incluso un cuarto, que tan sólo por ahora figura como inculpado. El hecho material se consumó y está constituido como una conducta de carácter terrorista. Igualmente está establecida la participación de la institución, el Ejército, por cuanto el resultado de la investigación interna ordenada en su oportunidad por el entonces comandante del Departamento Especial de Inteligencia, Gonzalo Jara Padilla, también procesado en la causa, hasta el momento no ha sido aportada al juicio. El Ejército no ha tenido ninguna cooperación activa respecto de esta situación. Más bien ha tenido una participación pasiva, en el sentido que si se requiere información puntual, la entrega, pero los datos de fondo para esclarecer los hechos tal cual acontecieron, no los ha dado. Podría darlos, pero por lo visto es un tema sensible o debe ser muy delicado para ellos. Creo que sería un buen gesto si ellos podrían abrirnos las puertas para entregarnos la totalidad de los antecedentes. Tanto al padre Tomás González como al actual obispo Bernardo Bastres no les interesa llevar a la horca a nadie, ni que tampoco los condenen; sólo les interesa esclarecer los hechos, un poco saldar la honra y el recuerdo que los parientes tienen del fallecido teniente Contreras, y por último, la necesidad que tiene la comunidad de Fátima de sentirse reivindicada frente a estos hechos. En todo caso si hay condena, es bueno, porque son las reglas que tiene todo juicio penal".

-¿Cuál era el objetivo final de estas acciones terroristas?

-"Todo el equipo ejecutor (militares) que participó en estos hechos, tales como el bombazo de Fátima y los atentados explosivos contra la antena de transmisión de Radio Minería, de un taxi colectivo frente a la Parroquia San Miguel y otro episodio de igual naturaleza ocurrido en el sector sur, al tiempo después fue desarticulado y destinado a otras ciudades. Estamos hablando de agentes del Estado que organizaban una asociación ilícita, utilizando el aparato del Estado para delinquir, perseguir y hostigar a civiles. Según las declaraciones que constan en el proceso, se había hablado de la presunta eliminación de la figura del padre obispo Tomás González. Esto fue planteado en una de las conversaciones previas y así lo señaló uno de los testigos que participa en los hechos. Estos atentados cometidos por el ACHA (Acción Chilena Anticomunista), que eran ellos mismos (los militares), tenían como fin último en definitiva, atentar contra la persona del padre obispo, por su reconocido rol de defensor de los derechos humanos. También se menciona al ex senador José Ruiz, en esa época activo opositor al régimen militar, desde su cargo de dirigente del petróleo".

-¿Qué expectativas se ha cifrado con este recurso de casación ante la Corte Suprema?

-"El recurso de casación tiene por finalidad anular el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, fundado en que existe una infracción de ley, por una errónea interpretación de la ley penal, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución respecto en contra de la cual se interpone el recurso de casación. De ahí, que creemos que la Corte Suprema va a interpretar correctamente la ley penal, tal cual lo están haciendo otros tribunales del país. Es decir, no existe prescripción para este tipo de delitos. Estamos hablando de delitos cometidos por agentes del Estado, que actuaron como una asociación ilícita, que atentaban contra la población y que tenían por finalidad infundir temor, amedrentar y eventualmente aniquilar a elementos opositores que estaban activos en aquella época. No nos cabe ninguna duda de que es un delito de lesa humanidad y no nos cabe ninguna duda que es un delito que no prescribe".

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Waldo Seguel 636 - Punta Arenas - CHILE

 

 

"Vuelos de la muerte" tienen autor

Ex comandante de Operaciones Navales confirmó ante la justicia argentina la existencia del procedimiento para matar a opositores políticos.

Foto: Según las revelaciones, los "vuelos de la muerte" en aviones como éste habrían sido decididos antes del golpe militar de 1976.

BUENOS AIRES.- Por primera vez, un alto ex jerarca de la Armada argentina reconoció ante la Justicia haber dado instrucciones a sus subordinados para arrojar detenidos políticos al mar desde aviones.

La declaración fue hecha por el vicealmirante retirado Luis María Mendía, de 83 años, actualmente procesado y con prisión domiciliaria debido a su edad. Está enjuiciado por numerosas violaciones a los derechos humanos.

Una confesión similar había sido hecha en 1994 por otro oficial naval, pero de inferior graduación, el ex capitán de fragata Adolfo Scilingo, quien admitió haber participado personalmente en los llamados "vuelos de la muerte". Scilingo está actualmente detenido en España, donde fue condenado a 640 años de prisión.

La dictadura instaurada en marzo de 1976 gobernó hasta diciembre de 1983. Se le atribuye haber hecho "desaparecer" a unos trece mil disidentes políticos, cifra que los organismos defensores de derechos humanos elevan a 30 mil.

Toda la Responsabilidad

Mendía había pedido al juez federal Sergio Torres ampliar su declaración indagatoria, en un trámite que se cumplió ayer.

Según Télam, el ex jefe naval "asumió todas las responsabilidades y dijo haber firmado el denominado 'Placintara' (Plan Capacitación contra Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina). En dicho plan se daban instrucciones precisas para la lucha contra la subversión e incluso se planteaba la eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados".

DYN informa que Mendía se hizo cargo que el plan Placintara "llevaba mi firma" y habría agregado ante el juez que "mis subordinados combatieron con abnegación, valor, valentía, subordinación y heroísmo durante los ocho años que duró la guerra contra las organizaciones subversivas y terroristas".

El ex jefe naval dijo que las acusaciones deberían ser dirigidas contra su persona y "no en contra de los jóvenes oficiales que dieron fiel cumplimiento" a sus órdenes, muchos de los cuales "hoy se encuentran detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal".

CONFIRMACIÓN

Scilingo hizo su confesión en 1994 ante el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los principales organismos defensores de derechos humanos.

Verbitsky enfatizó ayer que la declaración de Mendía "confirma lo que dijo Scilingo hace 13 años. Entonces relató que a principios de 1976, antes del golpe militar del 24 de marzo, el almirante Mendía, entonces comandante de Operaciones Navales, reunió a numerosos oficiales en la Base Naval de Puerto Belgrano", 600 kilómetros al sur.

"Les explicó", relató Horacio Verbitsky, "el método que había decidido aplicar la Armada todavía antes del golpe. Por un lado, el personal naval no iba a vestir uniformes durante los procedimientos 'antisubversivos'. E iban a matar a los prisioneros arrojándolos desde aviones en vuelo. Mendía también les dijo que el método había sido consultado y aprobado por la jerarquía eclesiástica (católica), que los autorizó, porque era una forma cristiana de muerte".

"Los vuelos de la muerte, según se confirma ahora, no fueron producto de la locura de un grupo, sino un plan orgánico puesto en marcha institucionalmente", dijo el titular del CELS.

Caso Esma

El almirante Mendía está siendo investigado por las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y civiles en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro de torturas, causa reabierta recientemente por la justicia argentina, tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En la ESMA funcionó el mayor centro de detención ilegal de la dictadura argentina. Se cree que por allí pasaron unas cinco mil personas secuestradas en el marco de la represión ilegal de la guerrilla. Muchas de ellas aún permanecen desaparecidas.

En 1976, Luis María Mendía era comandante de Operaciones Navales. En tal calidad, según había informado a los tribunales, ejercía el comando superior operativo en toda la Armada.

No fue posible confirmar las declaraciones atribuidas al vicealmirante en retiro con sus abogados.

Y el robo de bebés

A Mendía se le conocía, entre otros apodos, por el de "El cristiano", ya que entre las órdenes impartidas a sus subordinados en aquella época de terrorismo de Estado figuraba: "Combatir todo lo que sea contrario a la ideología occidental y cristiana".

El ex marino también habría propuesto el "método de depuración" consistente en robar bebés nacidos cuando sus madres estaban en cautiverio y entregarlos a oficiales o civiles para "evitar la contaminación" que supondría "devolver los hijos a sus familias biológicas".

Mendía no se benefició de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, pero sí por el indulto firmado por el ex presidente Carlos Saúl Menem en octubre de 1989.

www.diariollanquihue.cl

 

 

Muchos argumentos contra la pena de muerte

Foto: Activistas de Amnistía Internacional protestan contra la ejecución de una mujer en China, acusada de tráfico de drogas.

En París abrió el III Congreso mundial contra la pena de muerte, que aunque ha sido abolida en la mayoría de los países del mundo, China, EEUU, Arabia Saudita e Irán se adjudicaron el 94% de las ejecuciones en 2005.

El país que puso hace 25 años fin a la guillotina es ahora uno de los que encabeza la lucha contra la pena capital. "La abolición de la pena de muerte ha sido un combate de siempre en Francia, trabajamos por su abolición universal pero sigue aplicándose en demasiados Estados", afirmó el presidente Jacques Chirac en un mensaje leído por el ministro del Exterior galo, Philippe Douste-Blazy. También la canciller alemana, Angela Merkel, en calidad de presidenta de la UE, dirigió al Congreso un mensaje destacando la importancia de la movilización diplomática de la Unión Europea para avanzar en la abolición de la pena capital. Merkel hizo hincapié en que en algunos países incluso se ejecutan a menores de edad, lo que resulta profundamente abominable.

 

128 países han abolido esta sentencia brutal y primitiva o han dejado de practicarla, sin embargo 69 naciones del orbe siguen ejecutándola. Entre la opinión pública sigue contando con un gran apoyo, como se ve en numerosos países, entre ellos, el Perú, en donde el gobierno de Alan García intenta reintroducirla para castigar a terroristas y pederastas. Constitucionalistas, juristas y defensores de los derechos humanos critican la iniciativa del presidente peruano y consideran su implementación como un grave retroceso. "Se entiende la enorme ira que sigue provocando Sendero Luminoso en la población, pero es responsabilidad de los políticos el hacer entender que la pena capital no es la respuesta, de otra manera, si se hiciera lo que la opinión pública quiere, los linchamientos y matar a criminales en aceite hirviendo sería todavía una práctica aceptable", advirtió Piers Banister, experto de Amnistía Internacional, en conversación con DW-WORLD.

 

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Camilla de la muerte, en EEUU.

 

 

La inyección letal no intimida  

 

"Estamos buscando estrategias para abolir la pena capital y demostrar a la opinión pública que con su práctica no se alcanza nada", afirma el experto británico. "Hay que hacerle entender a la gente que el crimen se combate con un aparato policial y un sistema de justicia efectivo. En Jamaica por ejemplo, la pena capital es popular y, paradójicamente, en dicho país sólo el 20% de los asesinos son llevados ante la justicia. La pena de muerte en estos casos sirve a los políticos para jactarse de mano dura ante el crimen", advierte.

 

Según información de Amnistía Internacional, en China 1770 personas fueron ejecutadas en 2005. Los organizadores del Congreso, que tendrá lugar en la ciudad luz hasta el sábado, esperan que de cara a los Juegos Olímpicos en el 2008 Pekín suspenda las ejecuciones por lo menos temporalmente.

 

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Video que muestra el cuerpo de Sadam Husein tras su ejecución.

 

 

Ejecución de Sadam

 

Los organizadores evocan la controvertida ejecución de Sadam Husein el pasado 30 de diciembre, la condena de muerte proclamada por Libia contra un médico palestino y cinco enfermeras búlgaras acusadas de haber inoculado del virus del sida a 400 niños, y el debate en Estados Unidos en torno a la inyección letal, como pruebas de lo candente y actual que es esta cuestión. En Estados Unidos, aunque sigue habiendo un respaldo popular a la pena capital, cada vez se duda más de su efectividad. Adicionalmente, recientes investigaciones demostraron que en numerosos casos los ejecutados eran en realidad inocentes, lo que ha sido como un balde de agua fría para el ciudadano de a pie.

 

"El gobierno estadounidense nunca aceptará haber cometido un error, pero el caso de Anthony Porter, un condenado que desde 1983 estuvo en el pabellón de la muerte, es la punta del iceberg. Se creía que se encontraba algo retardado así que lo sometieron a exámenes médicos, lo que dio tiempo para que un grupo de activistas probara su inocencia. Fue en realidad su bajo coeficiente intelectual lo que lo salvó", señala Banister.

 

 

Testimonios de condenados Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Ejecución pública en Irán.

 

 

El responsable de la organización del III Congreso Mundial, Michel Taube, de la organización Ensemble contre la peine de mort  (Asociación contra la Pena de Muerte), espera que Marruecos pronto la erradique de su código penal, convirtiéndose en la primera nación africana en poner el ejemplo. La reunión de París, que sigue a la de Estrasburgo, Francia, en el 2001 y la de Montreal, Canadá, en 2004, contará con el testimonio de personas condenadas a la pena capital pero que han logrado eludirla como el español Joaquín José Martínez.

 

También pasarán por ahí divas y famosas que darán un halo de glamour al encuentro, entre ellas la actriz francesa Catherine Deneuve, la Alta Comisaria de la ONU para los derechos humanos y expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, y la ex modelo Bianca Jagger, ex cónyugue del vocalista de los Rolling Stones, que es la portavoz del encuentro en París. Los participantes recuerdan algunos de los argumentos contra la pena de muerte y todos son sabios. No reduce la criminalidad, envilece al delincuente, no hay juez infalible que pueda aplicarla y basta un inocente ejecutado por error para invalidar su beneficio. A final de cuentas, sólo se castiga a los familiares del ajusticiado, que deja de sufrir al morir.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2334321,00.html?maca=spa-Titulares-640-html

 

 

Toda violación a los DDHH es condenable, sin importar su ideología

2 de Febrero de 2007

Embajador de EEUU revela los detalles de su inédita visita a Villa Grimaldi

Por  Felipe Arias

En conversación con El Mostrador.cl, el representante diplomático de Washington en Santiago, Craig Kelly, se manifestó profundamente impactado por los abusos registrados al interior del centro de detención de la dictadura militar. Además, expresó su esperanza de que el Parque por la Paz sirva ayude a evitar que esos hechos se repitan.

Este martes el embajador de Estados Unidos, Craig Kelly, realizó un recorrido por el ex centro de torturas Villa Grimaldi, conocido actualmente como Parque por la Paz. La visita, que se extendió por dos horas y media, fue guiada por un grupo de ex presos encabezado por Pedro Matta.

La visita de Kelly a uno de los recintos que buscan rescatar la memoria histórica de las víctimas y los abusos cometidos por dictadura de Augusto Pinochet, es inédita, considerando el rol que, de acuerdo a diferentes archivos desclasificados, tuvo EEUU en el golpe de 1973.

Tras observar la maqueta de Villa Grimaldi ubicada al inicio del recorrido, el diplomático conoció los distintos rincones de este sitio, incluyendo los lugares donde estaban ubicadas las salas de aplicación de tormentos, las celdas de los prisioneros, las cuartos de castigo, los zonas de colgamientos y la torre del recinto; además de recibir una información detallada sobre los métodos de tortura empleados.

Kelly dijo haberse sentido profundamente impactado, al tiempo que manifestó su pesar por los abusos registrados al interior del recinto, su simpatía hacia las victimas de tortura, y su esperanza de que la memoria contenida en el Parque por la Paz sirva para evitar la repetición de los hechos acaecidos en ese lugar.

En conversación con El Mostrador.cl, el diplomático explicó sus motivaciones y reacciones en torno a esta visita, dejando en claro que toda violación a los derechos humanos es reprobable, sin importar el sector político de donde provenga.

"Mi estímulo para ir a la ex Villa Grimaldi fue nuestra política, como país, por la defensa de los derechos humanos. También, personalmente, siempre visité centros de conmemoración en todo el mundo, cuando estuve viajando. Entonces, consideré que era muy importante conocer un lugar tan propio de la historia chilena”, afirma el diplomático.

-¿Cómo se sintió en este lugar?
-Fue muy impactante estar ahí. Estuve acompañado por Pedro Alejandro Matta, uno de los sobrevivientes, junto a otras cuatro personas de Villa Grimaldi. Él me explicó lo que se hizo exactamente en ese recinto. Esas historias humanas de sufrimiento y maltrato de personas, me dejaron muy emocionado.

-¿Cómo se concertó su visita al Parque Por la Paz?
-Yo siempre quise ir, así que nos contactamos con Pedro (Matta) para que organizara un recorrido por el sector.

-¿Qué antecedentes tenía de este centro de tortura?
-Había leído muchos reportes, como el informe Valech, por ejemplo. Pero creo que estar en el lugar mismo deja una impresión muy fuerte. Resultó ser más o menos lo que esperaba, no obstante, uno nunca está preparado para estar en el sitio mismo donde eran detenidas las personas. Pienso que es muy importante que haya un lugar de conmemoración, porque cómo se ha dicho en Chile: “no hay mañana sin ayer”. Tengo mucho respeto por la capacidad de la sociedad chilena de mirar hacia un futuro de tolerancia entre las personas, mas sin olvidar lo que pasó en los años anteriores. Considero que ésta es una indicación de una democracia muy fuerte.

"No puedo hablar por mis antecesores"

Distintos archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EEUU han dado cuenta que la Casa Blanca alentó el golpe de 1973. De hecho, un reciente informe del Archivo Nacional de Seguridad, vinculada a la Universidad George Washington, asegura que ese país no sólo estaba al tanto de las tácticas de represión, sino que decidió encubrirlo y apoyarlo.

Sin embargo, con motivo de la muerte de Augusto Pinochet, el pasado 11 de febrero, Washington dijo que el ex dictador representó un "período difícil" en la historia de Chile, elogió la construcción de una nueva sociedad "basada en la libertad, la ley y el respeto a los derechos humanos", y dijo que hoy "nuestros pensamientos están con las víctimas de su régimen y sus familias".

-¿Estaba al tanto de la ingerencia que tuvieron sus antecesores en la política interna chilena durante el régimen militar?
-Yo no puedo hablar por mis antecesores, pero Estados Unidos tiene una política muy fuerte en apoyo de la democracia, y yo sé que varios de mis predecesores han tenido un apoyo muy fuerte por el respeto de los derechos humanos. Entonces, mi visita fue parte de ese contexto.

-¿Usted sabía que la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, no estaba al tanto de su visita?
-Esto no lo sabía, pero es un lugar público que tiene por objetivo hacer que se conozca lo que sucedió en el pasado, por esa razón yo fui. El mundo condena cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos, y no importa la ideología que impulsó los abusos, yo creo que tenemos el deber de censurar cualquier tipo de injusticia, aunque provenga de un sistema político de otro color, creo que hay que ser consistentes en esa práctica.

Piden enjuiciar en París a quince ex militares chilenos

JUEZA SOPHIE CLÉMENT RESOLVERÁ A QUIÉNES ACUSARÁ EN AUSENCIA POR 4 FRANCESES DESAPARECIDOS

La Nación

Foto: Entre los enjuiciados está el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.

La Fiscalía de París ha pedido que quince militares de régimen de Augusto Pinochet sean juzgados por el Tribunal en lo Criminal en el sumario sobre la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura militar (1973-1990).

Según informó la agencia EFE, que cita a fuentes judiciales, la petición fiscal fue remitida hace poco a la juez Sophie Clément, quien tiene la última palabra sobre qué acusados deben ser juzgados -previsiblemente en rebeldía- y por qué cargos. Entre los requeridos figuran Manuel Contreras, Pedro Espinoza, entre otros.

Hace algo más de un año, la fiscalía ya había pedido el juicio ante un Tribunal en lo Criminal de los quince militares, así como de Augusto Pinochet, pero éste murió el pasado mes de diciembre, por lo que se ha terminado el procedimiento en su contra.

El año pasado falleció otro de los procesados, el general Javier Palacios Ruhmann, que había dirigido el ataque contra el Palacio de La Moneda en el golpe de 1973 contra el Presidente Salvador Allende.

Además, hace poco falleció un tercer imputado, Andrés Rigoberto Pacheco Cárdenas, según recordaron otras fuentes judiciales.

Después de que la jueza instructora notificara el fin de su instrucción del sumario en el 2005, recibió una respuesta a una de sus comisiones rogatorias internacionales que ya no esperaba.

Los cuatro franceses desaparecidos son Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández.

 

 

Emplazan a la Armada a entregar lista de agentes que operaron en la DINA

FAMILIARES DE VÍCTOR DÍAZ Y SU ABOGADO QUERELLANTE SE REUNIERON CON JUEZ MONTIGLIO

El abogado Eduardo Contreras, querellante en el proceso de Calle Conferencia, demandó de la Marina esta información y pidió que la ministra de Defensa Vivianne Blanlot inste para ello a la institución.

Foto: La dirigenta de la AFDD Viviana Díaz, cuyo padre fue asesinado por infantes de marina emplazó ayer a esa institución que entregue la lista de sus funcionarios que operaron en la DINA

Jorge Escalante

La Nación

Familiares del asesinado dirigente comunista Víctor Díaz y el abogado querellante Eduardo Contreras emplazaron a la Armada y a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, a que “de una vez por todas” esa institución entregue la nómina de oficiales, suboficiales y cuadro permanente que después del golpe militar de 1973 fueron adscritos a la DINA, incluyendo a quienes siguieron trabajando en ese organismo después de 1975, año en que la Marina sostiene que retiró a todo su personal.

“Ya es hora de que la Armada entregue los antecedentes que tiene sobre sus funcionarios que operaron en la DINA, especialmente de la Infantería de Marina, porque es muy probable que éstos hayan participado en la eliminación de otros cuadros comunistas, como lo fue en el caso de Víctor Díaz”, dijo el abogado Contreras.

Éste agregó que “también emplazamos a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, para que esa institución entregue esta información, porque hasta ahora nos han mentido”.

Encuentro

La demanda surgió ayer luego de que familiares de Víctor Díaz, entre ellos una de sus hijas, la dirigenta de la AFDD, Viviana Díaz, y su abogado Eduardo Contreras, se reunieron con el juez Víctor Montiglio que instruye el proceso conocido como Calle Conferencia, para enterarse de los avances de la investigación.

En la indagatoria se estableció que entre los siete procesados el viernes pasado por el ministro Montiglio por el crimen de Víctor Díaz, figuran dos suboficiales (R) de la Armada del cuerpo de Infantería de Marina (comandos), Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro, que participaron directamente en el asesinato del dirigente comunista, asfixiándolo con una bolsa plástica que le pusieron en la cabeza. Al mismo tiempo, otra de las procesadas, la entonces teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño, adscrita a la Brigada Lautaro de la DINA que operó en el cuartel de calle Simón Bolívar 8630, le inyectó cianuro, tal como entre 1975 y 76 fueron exterminados otros prisioneros en Peldehue a manos del paramédico de la DINA Osvaldo Pincetti, antes de subir sus cuerpos a helicópteros Puma que los lanzaron al mar.

Viviana Díaz afirmó que “nos ha golpeado mucho saber cómo mataron a nuestro padre, pero faltan más responsables, porque a la casa llegaron al menos 25 agentes el día que lo detuvieron”.

Más detenidos

En tanto, el juez Montiglio continúa con las diligencias y ya se encuentran detenidos nuevos ex agentes que tuvieron participación en las tareas de exterminio contra militantes comunistas en el cuartel de calle Simón Bolívar.

Por ello, porque existe casi la certeza de que allí fueron eliminados otros dirigentes del PC que se encuentran desaparecidos, entre ellos integrantes de la segunda dirección clandestina secuestrados en diciembre de 1976, el abogado Contreras pidió ayer al ministro Montiglio que asuma también la investigación del proceso conocido “Los 13”; se refiere a los secuestros de diciembre de 1976. Esta causa la tiene el ministro Juan Eduardo Fuentes, pero se estima que éste no está investigando en profundidad como Montiglio.

 

Víctor Díaz fue asfixiado con una bolsa plástica por los infantes de Marina

EL SECRETARIO GENERAL EN EJERCICIO DEL PC FUE MANTENIDO OCHO MESES CON VIDA

Luego de matarlo en el cuartel de la Brigada Lautaro de la DINA de calle Simón Bolívar metieron su cuerpo en un saco, le amarraron un trozo de riel con alambre, llevaron el cuerpo a Peldehue, lo subieron a un helicóptero y lo tiraron al mar.

Jorge Escalante

La Nación

Ocho meses mantuvo la DINA con vida el jefe clandestino del PC Víctor Díaz López, luego de secuestrarlo a comienzos de mayo de 1976 en la operación conocida como calle Conferencia. En los primeros días de 1977, el jefe operativo del organismo, Manuel Contreras, dio la orden de matarlo al jefe de la Brigada Lautaro , mayor Juan Morales Salgado.

En el cuartel de calle Simón Bolívar 8630 en la comuna de La Reina donde operaba esta brigada conocida como “de exterminio” y “operaciones especiales”, los infantes de Marina adscritos a la DINA , suboficiales Bernardo Daza Navarro y Sergio Escalona Acuña, sacan al dirigente de un calabozo, le ponen una bolsa plástica en la cabeza, la amarran una soga al cuello y lo asfixian.

De inmediato, junto a otros agentes también procesados el viernes pasado por el juez Víctor Montiglio al igual que los infantes de Marina, estos cubren el cuerpo del padre de la presidenta de la AFDD , Viviana Díaz, con bolsas plásticas más grandes. Lo atan, agregan al cuerpo un trozo de riel que amarran con alambre, y meten el cuerpo dentro de un saco papero que aseguran con otras amarras de alambre para que no se abra.

El cuerpo es trasladado por los mismos agentes en un vehículo hasta el campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, al sur de Santiago, donde los esperaba otro vehículo en el que desde Villa Grimaldi habían transportado los cuerpos de otros prisioneros, preparados de la misma forma que el de Víctor Díaz.

Un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, tipos de naves que se usaron para estas operaciones, esperaba con los motores encendidos. Los agentes del cuartel de Simón Bolívar unieron sus fuerzas a los que transportaron los otros cadáveres, y entre todos cargaron los cuerpos a bordo del Puma, que terminada la tarea partió rumbo a la costa de la Quinta Región para lanzar los cuerpos al mar.

Estas son las últimas horas del secretario general en ejercicio del PC en la clandestinidad (el secretario general era Luis Corvalán que estaba detenido antes de ser canjeado por el disidente soviético Vladimir Bukovsky el 17 de diciembre de 1976 en el aeropuerto suizo de Zürich) según se logró establecer en la investigación judicial sobre la suerte corrida por la dirección clandestina del PC.

Hasta ahora se desconocían estos antecedentes respecto de la muerte del dirigente comunista, y siempre se presumió que fue asesinado poco tiempo después de su detención.

Sin embargo, Víctor Díaz no fue secuestrado en el operativo de calle Conferencia, sino un par de días después en calle Bello Horizonte de Las Condes. Primero lo condujeron a Villa Grimaldi y desde allí lo movieron por varios lugares. Uno de los lugares donde también permaneció secuestrado fue en la llamada “Casa de Piedra” en el sector del Cajón del Maipo, como lo reconoció tiempo atrás en una declaración el teniente coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, también ex agente DINA encausado el viernes pasado por el crimen de Víctor Díaz.

Para el abogado querellante Eduardo Contreras, lo alcanzado “es muy importante y demuestra que quienes estuvieron involucrados en estos hechos, hoy se han decidido a hablar sintiéndose liberados de la presencia del dictador Pinochet”.

El ministro Víctor Montiglio continúa sus investigaciones en esta causa para conocer también cuál fue el verdadero cautiverio y destino final de otros dirigentes del PC.

LOS OTROS Junto a los dos infantes de Marina, el ex jefe de la Brigada Lautaro , mayor Juan Morales Salgado, y Ricardo Lawrence, fueron además procesados por el crimen de Víctor Díaz, el suboficial (R) de Ejército Guillermo Ferrán Martínez, la entonces teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño, y la suboficial (R) de Ejército Elisa del Carmen Magna Astudillo. Todos pertenecían a la Brigada Lautaro , que dependía en la del entonces jefe operativo de la DINA , coronel Manuel Contreras.

 

 

SOBRE COMO EL EJERCITO DE CHILE ASESINO AL GRAL. PRATS EN Bs.As.

Enviado por: "Política Cono Sur" [e-mail]   pim_pin_serafin

Lun, 29 de Ene, 2007 4:21 am (PST)

Acusación contra la DINA Juez Solís revela trama oculta que operó para matar al general Carlos Prats

Por Héctor Cruzatt

Después de cinco años de investigación en Chile, el ministro en visita Alejandro Solís concluyó que agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, comandados por Manuel Contreras, actuaron y se coordinaron como una macabra asociación ilícita para asesinar al ex comandante en jefe del Ejército y su esposa Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.

Pruebas contundentes de que el Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) operó como una organización criminal destinada a seguir en Argentina al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats González y chequear sus pasos para un posterior atentado, contiene la acusación dictada por el ministro Alejandro Solís en contra de ocho ex agentes del organismo represor.

En la acusación determinada por el juez Solís por primera vez se establece que la DINA operó como una verdadera asociación ilícita para cometer una serie de delitos que permitieron incluso retener por un lapso de tiempo adicional al general Prats en Argentina y planificar el doble asesinato ocurrido el 30 de septiembre del 1974, en la calle Malabia del barrio bonaerense de Palermo, en momentos en que Prats regresaba a su edificio de departamentos después de una cena.

De acuerdo al dictamen del magistrado al cabo de un proceso que demoró cinco años de investigación en Chile, quedó acreditado que "En la República Argentina operaron miembros de una asociación ilícita pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), organismo creado formalmente en junio de 1974, pero que había operado de hecho desde fines de 1973".

El magistrado estableció además que las características más relevantes de la organización eran: que se trató de un grupo que estuvo integrada por más de seis personas; que poseía una organización de tipo militar con cadena de mando, pero compartimentada en funciones; que operaba clandestinamente en forma de brigadas y agrupaciones; que usaba nombres supuestos aún en pasaportes otorgados para el extranjero; que estaba compuesta por varios oficiales de Ejército, que tenía conexiones con otras organizaciones internacionales de corte nacionalista y que recibía el apoyo de agentes y funcionarios de empresas estatales, como lo eran a la época de los hechos Lan Chile y el Banco del Estado de Chile. El jefe de esta organización era el general Manuel Contreras Sepúlveda.

Así operó el grupo criminal

La decisión afirma además que "Los miembros de esta asociación ilícita vigilaron el domicilio del General (r) Carlos Prats, en calle Malabia (de Buenos Aires), controlaron las salidas y llegadas de su trabajo, le amenazaron telefónicamente y le impidieron abandonar el territorio argentino, al negarse, injustificadamente, a otorgarles pasaportes ordinarios para él y su cónyuge Sofía Cuthbert, quienes lo habían solicitado desde muchos meses antes, incluso en un requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado en Buenos Aires".

El juez Solís identifica que los agentes que operaron en Argentina para seguir y vigilar al general Prats fueron: el general (r) Raúl Iturriaga Neumann, su hermano Jorge, los brigadieres en retiro José Zara Holger y Christop Willike Floel y el suboficial (r) Reginaldo Valdés Alarcón quienes obedecieron las órdenes de un plan ideados por Manuel Contreras Sepúlveda y el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo. Además el grupo entregó los medios necesarios a Maria Callejas Honores y el agente Michael Vernon Townley para que elaboraran y colocaran una bomba en el automóvil Fiat de Prats, la que se hizo estallar pocos minutos pasada la medianoche del 30 de septiembre de 1974 cuando el matrimonio regresaba a su casa desde una comida en el domicilio en Buenos Aires del ex embajador Ramón Huidobro.

Solís explicita además que "Los causantes directos del ilícito regresaron al país (luego del atentado), siendo celebrado el hecho por los miembros de la Dina como un acontecimiento deportivo, lo que le reportó ventajas de todo tipo".

Familia espera sentencia justa y reacción del Ejército

Para la abogada de las hijas del general Prats, Pamela Pereira, la acusación dictada por el ministro Solís revela antecedentes sustanciales que "van a permitir, sin duda, llegar a una sentencia condenatoria, que va hacer justicia en un crimen horroroso, de naturaleza terrorista y de lesa humanidad".

La jurista afirmó que esperan "una sentencia justa, porque la sentencia justa es la sentencia legítima, pero sin duda la gravedad del delito cometido, en un contexto de asociación ilícita (...) es de la mayor gravedad, por lo tanto esperamos una sentencia proporcional a la gravedad de los hechos y no tengo dudas que va a ser una sentencia muy dura".

En tanto María Angélica Prats, una de las tres hijas del matrimonio asesinado, pidió al Ejército que reaccione ante esta acusación, ya que tanto la justicia chilena como argentina han determinado que uniformados planificaron el homicidio de un ex Comandante en Jefe.

"Uno espera que el Ejército tenga una reacción importante sobre el tema y que haya una reflexión interna sobre porqué nos pasó esto y porque no nos puede volver a pasar nunca más", afirmó.

El juez Alejandro Solís deberá esperar ahora que las hijas del general Prats y el Consejo de Defensa del Estado -querellantes en la causa- contesten los cargos formulados y luego esperar que las defensas de los ocho procesados hagan sus descargos. Concluída esta etapa se abrirá un término probatorio de veinte días donde en audiencias públicas se analizarán las pruebas presentadas por una y otra parte.

Una vez finalizados todos esos procesos el juez Solís dictará condena de primera instancia, lo que podría ocurrir antes del término del primer semestre de este año.