Criminales

Sospechan que al represor chileno Enrique Arancibia Clavel lo mató un taxi boy

Tras la hipótesis del robo

Lo asesinaron con once profundas cuchilladas. Investigan un drama pasional, una deuda con alguno de los choferes que trabajaban para él o si un taxi boy le robó y lo mató. Esta última pista es la más fuerte. Faltaban 35 mil dólares del departamento.

Foto: Enrique Arancibia Clavel el 30 de septiembre de 2004, cuando recibió una condena a doce años de prisión.

Por Raúl Kollmann

Enrique Arancibia Clavel, el ex agente de la DINA chilena condenado por el doble asesinato en 1974 del general chileno Carlos Prats y su mujer en Buenos Aires, fue asesinado de manera sangrienta en la madrugada del jueves: le clavaron once cuchilladas, algunas en la cara, y con tanta violencia que la profundidad de los cortes llamaron la atención de los forenses. Las hipótesis son tres: un drama pasional, una deuda con alguno de los choferes que trabajaban para él o un taxi boy que terminó robándole y asesinándolo. En principio, para los investigadores la hipótesis más probable es la del taxi boy, ya que según los primeros testimonios requería los servicios sexuales de varios jóvenes. Arancibia Clavel fue encontrado en su departamento de Lavalle al 1400.

El cuchillo con el que lo mataron no fue encontrado y no se trataría de uno de los cuchillos del departamento, sino que el asesino lo habría llevado a la escena del crimen. De la vivienda de Arancibia desaparecieron 35.000 dólares.

En el entorno actual del espía chileno, es decir entre los vecinos, los choferes de sus taxis y los jóvenes que contrataba para mantener relaciones, nadie conocía su pasado como agente de la DINA. Es más, el joven de 21 años que encontró el cuerpo y que empezó diciendo que era su sobrino y terminó declarando que fue su pareja, también dijo que no sabía que Arancibia fue condenado a prisión perpetua. Según surgió de la investigación que en su momento hizo la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, Arancibia y el agente norteamericano Michael Townley fueron los que participaron de la operación en la que se puso la bomba en el Fiat 125 del general Prats. Arancibia fue condenado a prisión perpetua en 2004. Luego recibió doce años por el secuestro de dos ciudadanas chilenas y al unificar las penas, en base a un cálculo que luego fue cuestionado, el Tribunal Oral 5 le otorgó la libertad condicional.

El año pasado, después de 36 años, también la Corte Suprema de Chile condenó a los militares, jefes de la DINA, por el homicidio de Prats.

La primera mirada del fiscal de instrucción Marcelo Roma, la jueza María Fontbona de Pombo y los investigadores policiales de la muerte de Arancibia estuvo dirigida a su pasado político. Sin embargo, las características del homicidio rápidamente llevaron las hipótesis a otro terreno. El asesinato con arma blanca no es típico de las venganzas políticas ni de trabajos realizados por profesionales del crimen. Y, además, se suma el hecho de que casi nadie sabía de su pasado y, sobre todo, que el propio Arancibia le franqueó la puerta al asesino. Nadie forzó la entrada e incluso la puerta era blindada.

El ex agente de la DINA tenía varios taxis y contrataba choferes. Los investigadores tienen la versión de que Arancibia estaba en conflicto con alguno de sus contratados por una supuesta deuda. Esto también se está investigando, aunque pocos creen esa hipótesis.

Lo más probable es que el homicidio tenga relación con la vida íntima del ex agente. Los casos de personas de más de 60 años –Arancibia tenía 66–, homosexuales, asesinadas por jóvenes taxi boys, son frecuentes. “En su momento, les sugerimos a las autoridades de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) la realización de una campaña para prevenir ese peligro. Hemos tenido muchos casos”, señaló el profesor de Criminalística Raúl Torre. Por las primeras declaraciones que se tomaron en el caso Arancibia, éste recurría en numerosas oportunidades a contratar servicios de taxi boys.

La impresión de los investigadores es que el homicida conocía bien a su víctima, entre otras cosas porque no revolvió el departamento, sino que sabía dónde Arancibia guardaba los 35.000 dólares que desaparecieron. Por esa razón, el joven que encontró el cuerpo y que dijo ser su pareja no quedó fuera del cuadro de sospecha. Según algunos testimonios, a Arancibia se lo vio con al menos otros dos jóvenes, por lo cual se van a investigar su computadora –chateaba habitualmente– y sus llamadas telefónicas.

Arancibia no estaba maniatado. Todo indica que se sentó en un escritorio y el homicida lo sorprendió por atrás asestándole de esa manera la primera cuchillada. Después de eso vinieron diez más. Según declaró el joven que se presentó como su pareja, no falta ningún cuchillo de la cocina y el arma del crimen no quedó en el departamento. Esto hace sospechar que el asesino trajo el cuchillo consigo y se lo llevó.

Por las características del crimen, los investigadores consideran que no debería ser difícil el esclarecimiento. Es un círculo de pocas personas y es muy probable que el asesino haya dejado rastros en las llamadas de celular y en los contactos por Internet.

Ver esta nota en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-167325-2011-04-30.html

 

 

 

 

 

PIÑERA E S UNA AFRENTA A LA MEMORIA

Enviado por COSAL [e-mail] 

 DE LAS  VICTIMAS DE LA DICTADURA...

La candidatura de Piñeira es una "afrenta a la memoria de las victimas de la dictadura, no sólo de Chile sino de todos/as los que hemos sufrimos en América con la intervención de la CIA", declaró Martín Almada, paraguayo, Premio Nóbel Alternativo 2002 y Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) al término del 4º Festival de Cine Social y de los Derechos Humanos "Cine Otro"  realizado en Valparaíso, Chile. 2/9 de enero 2010.

Señaló además, que "la Operación Cóndor, fue un pacto criminal entre las dictaduras militares  de América Latina que  dejó un saldo más de 100.000 víctimas en la Región, entre dirigentes de la clase obrera, estudiantes ,profesores, periodistas, artistas,  religiosos/as, líderes indígenas, campesinos, abogados, médicos, fiscales, jueces, intelectuales: LA CLASE PENSANTE DE AMERICA LATINA".

Enfatizó que "en este momento en el que hay tomar decisiones electorales, porque las decisiones ciudadanas que se adoptan en el territorio de Chile, involucran ahora, al MERCOSUR, a la región y al mundo. Por ello, es necesario recordar para no repetir. En el caso específico de Cóndor, hay que tener presente que el dictador Augusto Pinochet, ejecutó la orden del entonces Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger para la creación y funcionamiento de   la OPERACIÓN CONDOR. PACTO CRIMINAL entre los militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la década del 70".

"Me preocupa además - agregó- que el prestigioso escritor peruano Mario Vargas Llosa, haya brindado un "espaldarazo" al candidato Piñera quien contribuyó con la instalación de un modelo económico que fabrica pobres a lo largo de todo el mundo escudados en las recetas de Milton Friedman, pero lo más grave son las evidencias de los documentos desclasificados que permiten observar la participación o cercanía con acciones represivas del régimen de Terrorismo de Estado implantado por Pinochet. " Me pregunto entonces, de qué modo esta propuesta de Piñeira contribuirá a la democracia en América Latina si el mismo estuvo vinculado a las más graves violaciones a los Derechos Humanos.  Realmente no lo sé, pero invito a reflexionar sobre el tema.  Más allá de las figuras estelares que puedan decir piropos a favor de Piñeira, están estos antecedentes sobre los que hay que pensar para decidir hacia dónde va nuestro voto."

 De este modo reflexionó el Dr. Martín Almada, quien fue una destacada figura en el Festival de Cine Social y de los Derechos Humanos "Cine Otro" que finalizó ayer sábado en  Valparaíso, Chile, donde se presentó el film "Vestigios de un sueño" cortometraje del paraguayo Erich Fischer que está siendo presentado con mucho éxito en diversos países europeos. El film relata la experiencia social y educativa que llevó a cabo Almada en Paraguay y que le costó años de prisión en la dictadura de Stroessner y que determinó su investigación sobre el Terrorismo de Estado que culminó con el descubrimiento del llamado "Archivo del Terror" el 22 de diciembre de 1992 en una edificio policial cercano a la capital paraguaya. Este descubrimiento, permitió sacar a la luz toneladas de documentos que contienen, entre otros, el acta de nacimiento de la Operación Cóndor  en Santiago de Chile, bajo la dictadura de Pinochet. Un logro que como él mismo dijo, permitió "pasar del rumor siniestro a la verdad comprobada". "Para el caso de Chile, permitió al Juez español Baltasar Garzón contar con las pruebas contundentes para el proceso judicial que llevó a cabo en Inglaterra contra Pinochet.

XENTILEZA DO:   COSAL   A CORUÑA

 

Testigo reconoce a general (R) Ricardo Ortega como uno de sus torturadores

Por L. Narváez / J. Rebolledo/ La Nación

Una ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) reconoció, entre otros, al que era jefe de Inteligencia del Ejército hasta febrero pasado, como uno de sus represores, mientras estuvo detenida.

Viernes 13 de noviembre de 2009

Foto: En febrero de este año, el general Ricardo Ortega se fue a retiro. Era el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército. En junio debió declarar como inculpado, por el crimen de cinco rodriguistas, ocurrido en 1987. En la foto, cuando ingresó a la diligencia, en el Hotel Militar de Providencia.

“Dos hematomas en la región occipital y uno en la región preauricular izquierda y mandibular derecha, ocular izquierda; chasquido en articulación de mandíbula; contusión torácica en 1/3 inferior de hemitórax izquierdo y contusión epigástrica”.

Es el informe médico con que Gendarmería certificó las condiciones en que llegó a la cárcel Karin Eitel, la joven que en 1987 fue detenida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), acusada por el ex fiscal Fernando Torres Silva de ser cómplice del secuestro del coronel Carlos Carreño.

Fue detenida, procesada y condenada por el fiscal “ad hoc” que investigó el plagio del gerente comercial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae).

Tenía 26 años y su rostro se hizo conocido cuando apareció en las pantallas de TVN, demacradamente maquillada, ante un periodista que supuestamente la entrevistaba, donde confesaba que el FPMR había secuestrado a Carreño y que eran terroristas.

La mujer no había tenido ocasión de reconocer a ninguno de los que la maltrataron. Hasta ahora.Hace un mes, Karin Eitel se acercó voluntariamente ante el ministro en visita Mario Carroza.

Con un recorte del diario La Nación en la mano le dijo que había reconocido a uno de sus torturadores: Ricardo Ortega.

El juez investiga la desaparición forzada de cinco rodriguistas, ocurrida en 1987. Ella estuvo detenida en el mismo cuartel de la CNI, donde estaban los jóvenes.

De inmediato se gestó una diligencia para que mediante un set fotográfico pudiera identificar al resto de sus torturadores. El viernes 6 de noviembre, Karin Eitel, revivió una vez más esa situación.

Las imágenes en papel, volvieron a la memoria. Agentes de la DINE, del Batallón de Inteligencia del Ejército y de la CNI, pasaron por su vista.

En una declaración a la cual este diario tuvo acceso, Eitel señala que “mientras permanecí detenida en una celda al interior del cuartel Borgoño, se me acercaron varias personas, quienes me interrogaron y me sometieron a múltiples torturas, y en este mismo contexto podría reconocer a tres de las personas que pude ver en esa ocasión, entre éstas a una mujer”.

Su mención al ex general de la DINE es crucial, ya que viene a reforzar los antecedentes que existen contra Ortega, quien está inculpado, a un paso de ser sometido a proceso.

Éste tenía el grado de mayor y siendo jefe de la brigada G4, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), destinada a reprimir la oposición contra el régimen en poblaciones, sólo ha reconocido que estuvo una vez en el Cuartel Borgoño, donde estuvieron detenidos los cinco rodriguistas desaparecidos.

Sobre el ex alto oficial, Eitel declaró que “con el paso del tiempo y debido a una publicación que apareció en el diario La Nación Domingo, correspondiente a la semana del 25 al 31 de enero del presente año, pude reconocer a uno de estos agentes, ya que en la página número 27 se publicó la fotografía de un oficial de Ejército al cual reconocí inmediatamente y que corresponde al general Ricardo Ortega”.

CASO ABIERTO

El caso había sido cerrado en abril. Sin embargo, el Programa de Derechos Humanos (DDHH) del Ministerio del Interior solicitó nuevas diligencias, dentro de las cuales se solicitó que a Karin Eitel se le mostrara un set fotográfico para que reconociera agentes.

Así, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación en junio.

Dentro de estas nuevas pesquisas, Ortega declaró como inculpado. Tanto su superior como su subalterno, están procesados.

Él dice que sólo tuvo funciones de enlace, mientras era teniente del BIE, entre la institución y la familia del coronel secuestrado.

Durante la diligencia, Karin Eitel también sostuvo que Ortega fue “uno de los agentes que me interrogó y sometió a torturas, preocupándose en esa ocasión que se me grabara bien su rostro”.

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LLAMADOS Y SEGUIMIENTOS Karin Eitel fue detenida el 1 de noviembre de 1987. En el expediente sobre el secuestro de Carreño (rol Nº 1510-1987, del Segundo Juzgado Militar), ella dice que realizó varios llamados telefónicos a la familia de Carreño, el primero de ellos, el 4 de septiembre de ese año. El 26 de septiembre, después de realizar el último llamado, se da cuenta que la están siguiendo. Hoy se sabe que esos seguimientos correspondieron al G4, de Ortega. El caso de los cinco rodriguistas, hasta ahora, suma 27 procesados, entre los que se encuentran Bustos, el jefe del BIE, Julio Cerda, y el director de la DINE de la época, Hugo Prado.

 

 

 

Chile: ex conscriptos admiten haber matado bajo la dictadura

OTRO OSCURO EPISODIO DE LA ERA PINOCHETISTA

Chile: ex conscriptos admiten haber matado bajo la dictadura

Dijeron que fue por presión de sus superiores cuando cumplían el servicio militar, poco después del golpe de Pinochet. En ciertos casos, algunos de los conscriptos ya fueron procesados por la justicia. Y ahora buscan no ser condenados.

Clarín.com

Por: Juan Carlos Algañaraz 

Un nuevo episodio sobre los años de plomo en Chile acaba de salir a la luz. Varios ex conscriptos han admitido que cometieron asesinatos y torturas forzados por sus oficiales durante las épocas más tenebrosas de la dictadura liderada por Augusto Pinochet. "Me hicieron torturar, yo soy un torturador", reconoció ayer a la agencia de noticias AP el ex soldado Jorge Acevedo, que -como muchos jóvenes de 18 años- se vieron involucrados en el cruento golpe de estado que encabezó Pinochet en 1973 mientras prestaban el servicio militar.

La admisión de culpas de Acevedo fue producto de la exhortación que hizo a centenares de ex soldados Fernando Mellado, presidente de la Agrupación de Ex Conscriptos de 1973, para que entreguen datos sobre crímenes de la dictadura y el paradero de los poco más de 3000 muertos y desaparecidos.

Entre este año y el próximo se producirán las condenas de los casos más masivos por violaciones a los derechos humanos. Y en buena parte de esos expedientes judiciales las condenas serán las definitivas, es decir, no habrá ninguna otra instancia de apelación. En muchos de esos episodios hay conscriptos involucrados que han comenzado a ventilar su posición reclamando que no sean condenados ya que -según argumentan- actuaron bajo órdenes de sus superiores.

Uno de los casos emblemáticos es el del asesinato del cantante Victor Jara, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, poco después del golpe, en el que está involucrado el ex conscripto José Paredes, actualmente imputado por homicidio agravado y recluido en una cárcel de máxima seguridad en Santiago. Paredes admitió su participación en el hecho con la presunción de que sería liberado o exonerado por haber actuado bajo presión de sus superiores militares. Sin embargo, su proceso continuó y podría recibir una pena de prisión por el crimen. Su testimonio permitió determinar cómo fue la muerte de Jara, mientras un suboficial jugaba a la ruleta rusa con el cantante. Según la autopsia, el cadáver de Jara tenía alrededor de 44 balazos.

En otras causas, el aporte de los ex conscriptos ha sido muy importante por cuanto suministraron datos que sirvieron para ubicar restos de detenidos desaparecidos o edificios usados en la represión, como el cuartel clandestino "Simón Bolivar" de la policía secreta (DINA).

"Me hicieron torturar, yo soy un torturador porque me amenazaron que, si no torturaba, me iban a matar'', declaró el ex conscripto Acevedo a la AP. "Me mandaban los superiores con gente muerta al hombro hasta cierta parte del campo de prisioneros de Cerro Chena (al sur de Santiago). Por la mañana veíamos con anteojos de larga vista que los recogían, metidos en sacos paperos, y los tiraban a los camiones que se los llevaban'', agregó.

Hombres con historias de crueldad parecidas a las de Acevedo empezaron recientemente a reunirse a un par de cuadras de la sede de gobierno y del edificio de las fuerzas armadas. También tienen la esperanza de que se les devuelva parte de sus ínfimos sueldos. Mellado les informó de las hasta ahora inútiles gestiones para que se les retorne ese dinero y para que les brinden atención de salud, especialmente mental, a centenares de ex reclutas que sufren problemas psiquiátricos.

"Maltraté a mi esposa, a mi hijo. No me dí cuenta de cómo había quedado: violento y alcohólico", agregó Acevedo. La mayoría reconoce que no ha hablado por temor a que los puedan detener y procesar, por lo que se ignora su número. Una de las excepciones es el ex recluta Jaime Jurado, que dijo a la AP que ha entregado informes a activistas de derechos humanos. Participó en la "caravana de la muerte", una comitiva militar que, por orden de Pinochet, recorrió el país en helicópteros agilizando consejos de guerra, lo que se tradujo en el asesinato y desaparición de casi un centenar de opositores, incluso de algunos condenados a meses de cárcel.

Benefician a cúpula DINA por secuestro de mirista

La Nación

Por Leslie Ayala

El general (R) Raúl Iturriaga, el coronel (R) Manuel Ceveric y el ex inspector de Investigaciones Risiere Altez fueron favorecidos con la remisión de sus penas de tres años de cárcel por la desaparición del estudiante de Pedagogía en Historia Félix de la Jara Goyeneche, ocurrida en 1974.

Foto: Manuel Contreras acumula más de 300 años de cárcel por diversos crímenes de lesa humanidad.

Sábado 12 de septiembre de 2009

Si no fuera porque el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, acumula más de 300 años de cárcel por diversos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ayer habría recibido el beneficio de libertad vigilada tras la condena a cinco años que dictó ayer la Corte Suprema en su contra por el secuestro calificado del joven estudiante de Pedagogía en Historia Félix de la Jara Goyeneche.

El máximo tribunal también benefició a los demás autores de esta desaparición con la remisión de la pena de tres años de cárcel al general (R) Raúl Iturriaga Neumann, al coronel (R) Manuel Ceveric Cubillos y el otrora inspector de la Policía de Investigaciones y agente DINA, Risiere Altez Españos.

Esta resolución dividida fijó el final del proceso judicial por el secuestro permanente de este estudiante de Pedagogía en Historia, que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que fue visto por última vez en el cuartel del detención “Venda Sexy”, en Macul.

Según el proceso, el universitario fue detenido el 27 de noviembre de 1974 en calle Independencia en presencia de su novia Sonia Valenzuela, quien habría sido aprehendida por agentes de la DINA un día antes y sometida desde ese instante a severas torturas.

Tanto De la Jara como su pareja fueron llevados en primera instancia al recinto de detención denominado “Venda Sexy”, ubicado en calle Irán con Los Plátanos, como lo corroboraron en el Informe Rettig otros detenidos que pasaron por el recinto.

René Vergara, uno de los retenidos en el lugar, contó a la Comisión de Verdad y Reconciliación que conoció en ese lugar a Félix de la Jara y que éste le pidió que cuando saliera en libertad le dijera a sus padres que su futuro era incierto y que siempre estuvo muy dispuesto a ayudar a los otros detenidos, pese a que había sido víctima de brutales torturas.

INDEMNIZACIÓN

Pese a las bajas penas y los beneficios que entregó la Suprema a los miembros de la cúpula de la DINA responsables de este secuestro, el máximo tribunal dictaminó una indemnización de $70 millones a los nueve hermanos de la víctima.

La suma reparatoria podría haber sido aún mayor pues los ministros de la sala penal, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, eran del parecer de que la indemnización debía ser $ 70 millones para cada uno de los hermanos de la víctima, porque a su juicio el daño moral que provocó la desaparición de su pariente es personal. Sin embargo los otros tres ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros impusieron su votación en cuanto a la demanda civil.

 

La DINA a honorarios

Domingo 30 de agosto de 2009   

 Por Jorge Escalante / La Nación Domingo 

Ex agentes, algunos procesados, reciben sueldo del Ejército

 La DINA a honorarios

Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.

El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército.

En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo "Cacho" Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la "Dama del Pentotal", la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal.

"Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el "Cacho" al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton.

Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico.

Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena".

El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena.

Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C.

"Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003.

En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984.

Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad.

 Jefe de "Leopardo"

 El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional".

 Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis.

Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.

 El fiscal Cea

 Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información.

Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación.

Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito.

Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái.

 Un Iturriaga en Mulchén

 Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén.

 "Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA".

Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid.

Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre".

Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército.

El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay.

En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez.

Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".

Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas. //LND

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Familiares: “Vergüenza nacional" Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos “de todos los chilenos” a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura “es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos”. Agrega que “esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar”. Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que “esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales”. Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. “Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno”, señala. Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que “esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa”.

 

 

 

La negociación que entrega US$6 millones para indemnizar a las víctimas de Schäfer

Por Pedro Ramírez, CIPER. | 28 de Agosto de 2009

Más de US$ 6 millones de dólares entregaron las empresas de la ex Colonia Dignidad para garantizar el pago de indemnizaciones para las víctimas de distintos delitos cometidos por Paul Schäfer y sus cómplices, principalmente tortura y desaparición de prisioneros políticos y abuso de menores. Así lo estipula el acuerdo –cuyo texto íntegro publica CIPER– firmado por los representantes de la nueva generación de colonos y el Consejo de Defensa del Estado. El monto es el resultado de la hipoteca de cuatro predios a favor del fisco. A cambio, el CDE levantará el embargo de los bienes de las empresas de Villa Baviera con lo que se evita su inminente quiebra.

A más US$ 6 millones asciende el fondo con el que las empresas de la ex Colonia Dignidad garantizarán legalmente el pago de las indemnizaciones que establezca la justicia a favor de víctimas de distintos delitos cometidos al interior de Villa Baviera. Así lo estipuló el acuerdo cerrado entre los nuevos dirigentes de la ex colonia y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), suscrito el pasado viernes 21 de agosto y cuyos detalles fueron discutidos hasta el jueves 27 por los negociadores de ambas partes.

El acuerdo, (cuyo texto puede ser descargado acá), establece que cuatro predios que forman parte de los terrenos de Villa Baviera en la precordillera de Parral, Séptima Región, quedarán hipotecados en favor del fisco. Estos predios fueron tasados por peritos de la Corte de Apelaciones de Talca y suman en total 161.980,23 UF, equivalentes a más de $3.389 millones (US$ 6.162 millones). A este fondo tendrán acceso todas las personas que resulten beneficiadas con indemnizaciones determinadas por la justicia por delitos en que Paul Schäfer sea calificado como autor, cómplice o encubridor, incluso si es sobreseído por fallecimiento o incapacidad mental. También podrán ser indemnizadas las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por cualquier persona en Villa Baviera, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Para mayor precisión, en el acuerdo se deja constancia de 40 procesos judiciales -abiertos y cerrados- que involucran a la ex Colonia Dignidad. Allí se incluyen casos emblemáticos de detenidos desaparecidos, como el de Álvaro Vallejos Villagrán (el “Loro Matías”), Juan Maino Canales y el matrimonio compuesto por Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea. También está el proceso por las torturas a uno de los escasos prisioneros que sobrevivieron: Adriana Bórquez Adriazola.

Otro de los procesos involucrados, recientemente resuelto por la justicia, es el del asesinato del agente de la DINA Miguel Becerra Hidalgo, cuyo hijo fue apartado de su madre y permaneció secuestrado en el enclave de Schäfer. Además, los representantes de Villa Baviera en la negociación aceptaron incluir la causa abierta por el secuestro y desaparición del ciudadano norteamericano Boris Weisfeiler, aunque hasta hoy no se ha acreditado fehacientemente que estuvo en la ex Colonia. (Vea la nómina de los 40 procesos).

El documento fue redactado por el abogado de los colonos, Enrique Monasterio, y ratificado por el CDE. El texto señala que podrán cobrar contra este fondo todas las víctimas de delitos cometidos al interior de propiedades de la ex Colonia Dignidad, ya sea por abusos de menores o violaciones de derechos humanos, siempre que soliciten el pago dentro del plazo de 3 años desde la sentencia de término del juicio que les otorgó la indemnización. El plazo máximo de vigencia de la hipoteca será el 31 de diciembre de 2017.

Inicialmente, los representantes de Villa Baviera ofrecieron al CDE extender el plazo hasta el 2020, pero como el Consejo les pidió aumentar el monto de las hipotecas, el resultado de la negociación fue acortar su vigencia. De acuerdo con los cálculos de los representantes de las empresas de la ex Colonia, la suma total de las indemnizaciones que efectivamente se pagarán podría alcanzar a los US$ 2 millones, pero el CDE prefirió garantizar el pago a todas las víctimas que eventualmente puedan aparecer en juicios abiertos o por nuevas demandas, estableciendo un fondo que triplica ese monto.

La fórmula acordada surgió debido a la crisis que atraviesan las empresas de Villa Baviera -Abratec S.A. e Inmobiliaria Cerro Florido Limitada-, producto del embargo de sus bienes desde 1996. Esas medidas precautorias fueron solicitadas por el CDE en un juicio por “contratos simulados” que aún está en curso. El embargo de los predios y maquinarias de las empresas les impide acceder a créditos o enajenar bienes, por lo que se enfrentaban a la posibilidad cierta de declararse en quiebra. Esto hizo que los directorios de ambas compañías, hoy en manos de una generación más joven de ex colonos que no gobernó el enclave junto a Paul Schäfer, decidieran que, ante el riesgo de perder todo su patrimonio, les convenía entregar parte de sus bienes para garantizar las indemnizaciones a cambio de que el CDE pusiera fin a los embargos.

CIPER dio cuenta de la debacle económica de la ex Colonia y de los primeras negociaciones con el CDE en marzo pasado, en sus artículos “Crisis en la ex Colonia Dignidad desata pugna por la fortuna que ocultó Schäfer” y “Los secretos del código moral que se desplomó en Colonia Dignidad”.

La negociación partió con argumentos que sedujeron al CDE, toda vez que en primera instancia la justicia ya ordenó a Schäfer y sus cómplices en los abusos a menores pagar un total de $1.400 millones a 11 víctimas. Pero como Schäfer ni sus cómplices han revelado el paradero de al menos US$ 3 millones que sacaron clandestinamente al exterior, en los hechos, las indemnizaciones eran incobrables. De ahí el interés del CDE para asegurar el pago, más aún cuando la oferta también incluía a víctimas de violaciones de derechos humanos.

En el acuerdo, los representantes de las empresas de Villa Baviera expresan que, si bien aceptan garantizar las indemnizaciones, en ningún caso se reconocen responsables de los delitos cometidos por Schäfer y sus cómplices, así como por agentes de la DINA que -al amparo del jerarca pedófilo- convirtieron los terrenos de la ex Colonia en un campo de detención y exterminio de opositores a la dictadura militar. Asimismo, el CDE declara expresamente que al aceptar esta fórmula no renuncia a proseguir con las causas relacionadas con Villa Baviera y sus ex jerarcas que eventualmente afecten el interés fiscal, incluida aquella que dio origen a los embargos que se alzan con este acuerdo.

El abogado del CDE que ha llevado el caso de Dignidad, Daniel Martorell, resumió así las ventajas que el Consejo ve en este acuerdo:

-Da preferencia no sólo a la debida protección del interés fiscal, sino también de las víctimas, dentro de las cuales los dos grupos más importantes son los menores afectados por atentado sexual y las víctimas de violaciones a los derecho humanos. Estamos cubriendo las eventuales indemnizaciones que puedan fijarse en los procesos (…). El Consejo no renunció a ninguna acción legal de ninguna naturaleza. Ni civiles, ni administrativas, ni acciones penales.

El acuerdo suma otra ventaja para el CDE: si la justicia determina que los responsables de los crímenes fueron agentes del Estado la indemnización se pagará con este fondo y no con recursos fiscales.

-Este acuerdo refleja el interés auténtico de la nueva generación de jóvenes de Villa Baviera que desea reconciliarse con Chile. Un punto que debe valorarse es que para ellos no deja de ser duro tener que responder por los delitos de Schäfer, en circunstancias que también son víctimas de abusos y del sistema que él implantó. Es el nuevo comienzo para construir el futuro de los matrimonios jóvenes y de sus hijos, todos chilenos; de integrarse con responsabilidad empresarial en el desarrollo económico de la comunidad local y de sus trabajadores - aseguró a CIPER el abogado Enrique Monasterio, representante de las empresas de Villa Baviera.

El presidente de Inmobiliaria Cerro Florido, Martin Matthusen, en marzo explicó a CIPER el sentido de la negociación: “Tenemos hijos chicos. Queremos que ellos no sufran esa mochila de la Colonia Dignidad de abusos a menores, violaciones de derechos humanos y todas las atrocidades que nosotros, aunque inocentes, estamos pagando. Nosotros condenamos, repudiamos y no tenemos responsabilidad mínima en todo eso. Pero, para terminar con esto, debe hacerse a satisfacción de los que sufrieron alguna consecuencia negativa de parte de integrantes de Villa Baviera. Pero todos los de mi edad, hombres o mujeres, también fuimos víctimas. Sufrimos castigos físicos, abuso, arresto domiciliario, trabajo duro no remunerado. No recibíamos nada más que comida y una pieza donde dormir. Fue un sufrimiento -en mi caso, de 28 años-, porque a esa edad por primera vez salí solo de la Villa Baviera”.

De hecho, dentro de los 40 juicios de los que eventualmente pueden surgir víctimas con derecho a indemnización, se cuenta también un proceso en que los querellantes son ex colonos que acusan a Schäfer de “defraudación, trabajos forzados, estafas, secuestro y daño neurológico debido a la administración abusiva de psicofármacos”.

Los US$ 8 millones del Banco Riggs

Con el acuerdo entre Villa Baviera y el CDE, por primera vez en Chile un ente particular garantiza el pago de indemnizaciones a víctimas de violaciones de Derechos Humanos. El único caso similar que se registra tiene protagonistas extranjeros. En 2005, el Banco Riggs llegó a un acuerdo con la Fundación Presidente Allende de España, dirigida por Joan Garcés, para constituir un Fondo de Ayuda a las Víctimas de Pinochet. Para tal efecto, el banco entregó US$ 8 millones, casi dos millones de dólares más que lo destinado por las empresas de Villa Baviera.

La fundación de Garcés había interpuesto en la justicia española una querella por genocidio, terrorismo y torturas contra Augusto Pinochet. De hecho, fue esa causa la que mantuvo al general detenido en Londres. En 2004, la acción judicial se amplió a quienes ayudaron a Pinochet a ocultar sus bienes, sometidos a embargo por los tribunales españoles. Así, la querella afectó al Riggs y sus propietarios, quienes se allanaron a pagar para evitar el litigio.

Información difundida por la Fundación Presidente Allende indica que se recibieron 27.817 solicitudes, de las cuales 22.073 cumplieron las condiciones establecidas.

Los beneficiarios fueron divididos en dos grupos. El primero quedó compuesto por 17.928 personas ya reconocidas como víctimas por la Audiencia Nacional de España, la Comisión Rettig, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Valech. Como habían recibido beneficios del Estado, se dividió entre ellos el 40% del fondo: cada uno recibió US$ 184.

El segundo grupo lo conformaron personas no reconocidas por los mencionados organismos, cuyos casos fueron evaluados por una comisión especial: 4.145 personas compartieron el 60% del fondo, que alcanzó a US$ 1.205 para cada una de ellas.

La Operación Cóndor sigue vigente...

Viernes 28 de agosto de 2009

Ernesto Carmona (REVISTA TRICONTINENTAL, especial para ARGENPRESS.info)

La Operación Cóndor -llamada también Plan Cóndor u Operativo Cóndor- fue un esquema multinacional de eliminación de dirigentes de la izquierda suramericana ideado y ejecutado por Estados Unidos y las dictaduras del Cono Sur de América (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que alcanzó su clímax en la década de 1970. Pero sigue vigente y multiplicada claro que con otros nombres y en diferentes latitudes.

Cóndor introdujo y multiplicó en la región episodios tan crueles como el secuestro y asesinato en París del dirigente marroquí Mehdi Ben Barka, uno de los organizadores de la Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966, quien pereció en 1965 en una criminal operación de inteligencia en la capital francesa. (1) Pareciera que todo esto pertenece al pasado, pero los grandes medios informativos ocultan que Estados Unidos lleva a cabo una suerte de Nueva Operación Cóndor planetaria, con secuestros, ejecuciones secretas, centros de tortura ilegales como Guantánamo y prisiones clandestinas flotantes y en tierra firme en diferentes lugares del mundo.

Cóndor practicó secuestros y asesinatos "estilo Ben Barka" en todo el Cono Sur, e incluso sus tentáculos a menudo llegaron más lejos, como en el bombazo al automóvil del ex canciller y ex ministro de defensa del Dr. Salvador Allende, Orlando Letelier del Solar, muerto por orden de Augusto Pinochet el 21 de septiembre de 1976, en Washington DC, en las narices de la Casa Blanca, la CIA y el FBI. El asesino principal fue el estadounidense Michael Townley, quien manufacturó el ingenio explosivo electrónico secundado por un equipo de terroristas de origen cubano como Dionisio Suárez Esquivel y los hermanos Ignacio y Guillermo Novo Sampoll, entre otros secuaces de Luis Posada Carriles, quienes gozan hoy de libertad e impunidad para fraguar más crímenes. (2)

Sólo en Buenos Aires, la Operación Cóndor secuestró, dio muerte y/o desapareció a notables personalidades exiliadas en Argentina, como el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia muerto el 2 de junio de 1976 por órdenes del dictador Hugo Bánzer Suárez, y cuyos restos debieron trasladarse a México para recibir allí honras fúnebres. Otra víctima fue el ex comandante en jefe del ejército chileno bajo Salvador Allende, general Carlos Prats González, asesinado por bomba el 30 de septiembre de 1974 junto a su esposa Sofía Cuthbert, por orden del dictador Augusto Pinochet. La bomba fue instalada por el mismo individuo que dio muerte a Letelier, el agente CIA-DINA (Dirección Nacional de Inteligencia de Chile) Michael Townley. Pero la Operación Cóndor también secuestró, trasladó secretamente de un país a otro, torturó y exterminó a numerosos dirigentes de menor relevancia, e incluso simples militantes políticos, como los uruguayos Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw, entre muchos más.

Cóndor también dio cobertura mediática a asesinatos secretos cometidos en Chile por la DINA, que dirigía Manuel Contreras, un militar cercano a Pinochet hoy preso, como ocurrió con 119 hombres y mujeres detenidos y desaparecidos cuyo trágico destino fue "blanqueado" en 1975 por dos publicaciones de prensa -revista Lea de Buenos Aires y diario O Día de Curitiba, Brasil- como si se hubieran matado entre ellos mismos, en un falso enfrentamiento de facciones chilenas rivales "en las pampas argentinas". Esta diabólica invención conocida como "El Caso de Los 119" involucró a medios de prensa -grandes diarios, estaciones de televisión, radios y agencias informativas internacionales- y a periodistas chilenos que publicaron la falsa "noticia" y participaron en la farsa, llamada "Operación Colombo", un montaje de Cóndor que fue divulgado como un hecho auténtico en todo el mundo.

Masacre de latinoamericanos

También en Buenos Aires, por instrucciones del entonces presidente de Uruguay Juan María Bordaberry, los agentes Cóndor secuestraron el 18 de mayo de 1976, y más tarde asesinaron, al senador y periodista uruguayo Zelmar Raúl Michelini Guarch, plagiado simultáneamente con su amigo Héctor Gutiérrez Ruiz, ex presidente de la Cámara de Diputados de su país, cuyos cadáveres fueron hallados juntos el 21 de mayo. El 17 de mayo de 2002, la revista uruguaya Brecha publicó testimonios hasta entonces desconocidos que describen una reunión entre Bordaberry, sus ministros de Interior y Defensa, los tres comandantes en jefe y un coronel argentino, en que se acordó la muerte de Michelini y de Gutiérrez. (3)

Margarita Michelini, hija del senador, fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, recluida en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti y trasladada después en secreto a Uruguay, junto con otros 21 ciudadanos uruguayos. Margarita estuvo desaparecida cuatro meses, hasta que fue "blanqueada" y procesada por la justicia militar uruguaya ante la presión internacional. Su hermano Rafael Michelini, hoy senador (2005-2010) del Frente Amplio de Uruguay, al dar su testimonio - en 2002- en una causa que investigó el Plan Cóndor en Argentina, reveló ante el juez Jorge Urso que en octubre de 1976 el entonces coronel uruguayo Nino Gavazzo apareció en su casa para mostrarle que en el asiento trasero de su automóvil estaban con vida su hermana Margarita y su marido, Ricardo Altuna.

El senador Michelini hijo aseguró también que el ex presidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) le reveló que María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del periodista y escritor argentino Juan Gelman, casada con su hijo Marcelo Gelman, fue secuestrada con su esposo en Buenos Aires cuando tenía 8 meses de embarazo. Trasladada clandestinamente a Uruguay, María Claudia dio a luz en cautiverio, pero los militares se apoderaron de la criatura y la madre fue asesinada después por policías uruguayos. La nieta de Juan Gelman, que nació en 1976, finalmente fue encontrada por su abuelo cuando tenía 23 años. El 5 de junio de 2000 se conoció el resultado de una prueba ADN que permitió el cambio legal de su identidad, de "María Macarena Tauriño Vivian" a María Macarena Gelman García, hija de Marcelo y de María Claudia. El cuerpo de Marcelo Gelman apareció en Argentina en los años 80, cuando regresó la democracia. Todo esto ocurrió cuando gobernaba por el dictador Jorge Rafael Videla.

En su declaración ante el juez Urso, el hoy senador Michelini explicó que, además de los 22 uruguayos que fueron trasladados en julio de 1976 desde Orletti a Montevideo, entre septiembre y octubre del mismo año otros 27 ciudadanos de ese país salieron del mismo encierro bonaerense, a cargo del represor Aníbal Gordon, hacia un centro clandestino del Servicio de Inteligencia y Defensa (SID) de Uruguay, al otro lado del Río de la Plata. Reveló que tras la fuga de dos detenidos que provocó el cierre de Orletti, Gordon le pidió a Gavazzo que retuviera en Uruguay a cinco ciudadanos argentinos, entre ellos a Beatriz Saes, quien pudo haber estado embarazada. El senador reveló también que el ex jefe del ejército argentino Martín Balza, en un encuentro que sostuvieron en 1995, le reconoció que hubo coordinación entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70 y le aseguró que Zelmar Michelini no era un "blanco" de los represores argentinos pero que "debió haber una zona liberada para que se actuara con la impunidad con la que se actuó". (4)

Más víctimas de Cóndor

Otra víctima chilena de esta operación transnacional fue el sociólogo chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón, dirigente del MIR apresado y torturado en Asunción, Paraguay, en 1975, y trasladado secretamente a Chile, donde fue visto por otros detenidos que sobrevivieron en el campo de exterminio de Villa Grimaldi, en Santiago, convirtiéndose hasta hoy en detenido desaparecido, cuyos restos jamás aparecieron. Otro chileno que sufrió una suerte parecida fue Edgardo Enríquez Espinoza, tercer hombre en la jerarquía del MIR y hermano del asesinado secretario general, detenido en 1975 al salir de una reunión en Buenos Aires. En esta acción de la Policía Federal argentina y agentes del Departamento Exterior de la DINA chilena, fueron detenidos la joven brasileña Regina Marcondes, también desaparecida, y varios otros chilenos del MIR. Enríquez fue trasladado sucesivamente a los campos de concentración argentinos El Olimpo, Campo de Mayo y a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), todos en Buenos Aires.

La dictadura chilena jamás admitió la detención de Enríquez, pero la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión Rettig, basada en documentos y testimonios fidedignos concluyó que el cautivo -quien gozaba de la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)- fue trasladado a Villa Grimaldi en Santiago. Esta convicción se fundamentó en un documento confidencial de la DINA dirigido a su servicio exterior con sede en Buenos Aires, que la Comisión pudo examinar, donde se señala que en fecha 23 de diciembre de 1975, o sea cuatro meses antes de su captura, la DINA ya tenía tendido el cerco alrededor del dirigente del MIR y de varios de sus colaboradores y ordena a sus agentes en el extranjero "su traslado a Chile, después de capturarlos". Otro testimonio dio fe ante la Comisión de que efectivamente existió un mensaje por télex que dio por cumplida la misión.

La obra de Martín Almada

Cóndor ha sido el tema central de numerosos libros e investigaciones periodísticas que a través de más de dos décadas han dibujado esta monstruosa actividad transnacional. Muchas personas han participado en esta tarea, pero un hombre clave ha sido el abogado paraguayo Martín Almada, detenido y torturado por la policía paraguaya en 1974 junto con su esposa, la profesora Celestina Pérez de Almada. Tras perder a su cónyuge, que pereció en la tortura, Almada consagró su vida a los derechos humanos y llegó a descubrir en 1992 lo que hoy se conoce como el "Archivo del Terror" de Paraguay, una valiosa documentación, media tonelada de papeles oficiales sobre Cóndor. Años más tarde, siguiendo otra pista, en 2005 dio con el "Archivo del Terror II", en Formosa, Argentina, otro tesoro documental de origen paraguayo, mantenido en depósito apenas al otro lado del río Paraguay. Por su labor, el abogado recibió el Premio Nóbel Alternativo de derechos humanos en 2002.

Almada llegó a la conclusión de que "hay más de 120 paraguayos desaparecidos en Argentina" por ordenes del dictador Alfredo Stroessner. "Hay miles de familias destrozadas que todavía no pueden elaborar sus duelos. No es el pasado lo que divide a los paraguayos sino la falta de justicia. Sin justicia el pasado es un doloroso presente". Cuando el abogado estuvo detenido, reconoció entre sus captores a militares de otros países latinoamericanos. También supo de la prisión del chileno Jorge Fuentes y del argentino Amílcar Santucho.

El abogado paraguayo obtuvo un documento en que Manuel Contreras, siendo jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, le agradeció a Pastor Coronel, Jefe del Departamento de Investigaciones de Paraguay, la "cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la misión que debió cumplir mi personal en la hermana Republica del Paraguay", es decir, la recepción física "secreta e ilegal" del prisionero político chileno Fuentes, apresado en territorio paraguayo en compañía del argentino Amílcar Santucho, quien sobrevivió pero falleció en 1995 (Documento 00022F 0152, 25 de septiembre de 1975, Archivo del Terror).

Almada descubrió documentos demostrativos de que Contreras, siendo jefe de la DINA, invitó en octubre de 1975 al entonces jefe de Policía de Paraguay, general Francisco Britez Borges, a asistir a la fundación de la Operación Cóndor, en un cónclave secreto que ya hoy es la famosa reunión multinacional de inteligencia efectuada en Santiago de Chile entre el 25 noviembre y el 1º de diciembre de 1975, para estructurar la red Cóndor, según consta en el documento 00022F 0153 del Archivo del Terror de Paraguay.

Teoría y práctica "Cóndor"

Contreras, quien ostentaba entonces el grado de coronel, acompañó a la invitación un "paper" con sus propuestas "teóricas" para conformar la red Cóndor, a saber: "a) Fundamentos, b) Proposición, c) Países participantes, d) Sede del sistema y visión general, e) Esquema orgánico propuesto, f) Mecánica de consulta, f) Programa general, g) Programa de trabajo, h) Informaciones para los asistentes e i) Clave (Documentos 00022F 0155 al 00022F 0165). Según otro papel del Archivo del Terror descubierto por Almada (Documento 00022F 0154, Asunción, 6 de noviembre de 1975), el portador de la invitación y plan de trabajo represivo fue el coronel chileno de aviación Mario Jahm, sub director de la DINA, quien se entrevistó con el Jefe de Policía de la Capital, general Francisco Britez Borges.

Fuentes Alarcón, llamado por sus amigos "El Trosko Fuentes", fue trasladado a Chile como si fuera un objeto. Almada citó el Informe 00048 F 19999, del 6 de junio de 1975, en que Francisco Bogado F., director de Políticas y Afines de Paraguay,"remitió al coronel Juan Ramón Escobar, comandante de la Guardia de Seguridad, al prisionero político chileno". En otro papel del Archivo del Terror (Documento 00021F 1532, 12 de abril de 1976), el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del ESMAGENFA II, Departamento FF.AA., expresa lo siguiente (Pedido de Búsqueda No 11/76): "Se tiene conocimiento que el gobierno alemán habría aceptado oficialmente el ingreso a dicho país de los extremistas Amílcar Latino Santucho y Jorge Fuentes Alarcón. Sobre la liberación de los mismos, habrían presionado al gobierno de la Republica del Paraguay, las organizaciones internacionales de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas".

El defensor paraguayo de derechos humanos le hizo saber al juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Pinochet y a Contreras, que "según Informe No 267, del 12 de septiembre de 1978, llegó a Asunción el general Héctor Orozco Sepúlveda, Director de Inteligencia del Estado Mayor General de Chile". Por lo tanto, razonó el jurista,"en merito a las pruebas que arrimo pido la ampliación del Sumario Criminal involucrando en el expediente a los generales chilenos Augusto Pinochet y Manuel Contreras, autores morales y materiales del ‘Operativo Cóndor'. Proveer de conformidad será un acto de estricta justicia".

La Escuela de las Américas II

Almada, junto a otros luchadores por los derechos humanos, hoy está empeñado en que desaparezca la nueva versión de la Escuela de las Américas, un centro clave de formación de torturadores de la Operación Cóndor. Establecida en Panamá en 1946, la fatídica SOA (por su sigla en inglés), fue trasladada a Fort Benning, Georgia, en 1984, donde actualmente funciona con otro nombre. Las protestas contra esta escuela del crimen provienen también de ciudadanos estadounidenses decentes, entre otros la organización SOA Watch. El jurista Almada está pidiéndole al gobierno de Fernando Lugo que Paraguay cese de enviar soldados a la escuela de asesinato y tortura del ejército estadounidense que funciona en Georgia bajo el nombre de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHINSEC por su sigla en inglés), con sucursales en El Salvador y Perú. Habría que exigir lo mismo a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.

El WHINSEC prepara personal de seguridad latinoamericano en las mismas "asignaturas" de "contra insurgencia" que la Escuela de las Américas, bajo el pretexto de la lucha contra el narco tráfico. Entre los 60.000 graduados de la SOA están los responsables de la Operación Cóndor y de los mayores crímenes contra los derechos humanos en América Latina, como Hugo Bánzer Suárez de Bolivia, Leopoldo Galtieri y Roberto Viola de Argentina, sólo para citar algunos. En 1996 el Pentágono fue forzado a abandonar los manuales de entrenamiento en torturas y ejecuciones de la SOA que sus graduados de nivel inferior aplicaron en el asesinato del arzobispo Óscar Romero, de El Salvador, y la masacre de 900 civiles en EL Mozote, en ese mismo país

En un intento por desviar las críticas públicas y desasociar a la escuela de su reputación, la SOA fue rebautizada en 2001 como WHINSEC. El nombre fue cambiado por el departamento de Defensa (Pentágono) para lograr autorización para una partida presupuestaria en el año fiscal 2001 e impedir que los opositores de la SOA aprobaran una legislación que habría desmontado la escuela. El cambio del nombre fue decidido cuando la Cámara de Representantes estuvo a punto de abrir una investigación del Congreso, perdida por apenas diez votos.

Crímenes aquí y ahora...

Pero hoy asistimos a una gigantesca Operación Cóndor de nueva factura que se expande a nivel planetario. Existen evidencias de que la CIA utiliza como prisión secreta para sospechosos a una base aérea de EEUU en la isla británica Diego García y trabaja con el gobierno de Londres para impedir el regreso de los habitantes originales que fueron forzados a abandonarla a fines de los años 60. El general estadounidense jubilado de cuatro estrellas Barry McCaffrey ha indicado que Diego García fue utilizada para detener a sospechosos de terrorismo. Las mismas denuncias provienen de un senador suizo, del relator especial para la tortura de la ONU, de detenidos anteriores y de la organización no gubernamental de derechos humanos Reprieve, del Reino Unido, que ha dedicado varios años a investigar las misteriosas detenciones en prisiones secretas.

El ministerio de Relaciones Exteriores británico continúa apelando ante la Alta Corte por la expulsión ilegal de los 2.000 residentes originales de Diego García. EEUU ha dicho que si permiten su regreso los isleños presentarían un "riesgo inaceptable" a su base. Solamente han reconocido que en 2002 hubo dos vuelos que transportaron detenidos a Diego García.

Abundan, además, las denuncias de que EEUU opera "prisiones flotantes" secretas que mantienen a un número desconocido de prisioneros de su guerra secreta antiterrorista. Según abogados de derechos humanos, EEUU también ha intentado encubrir el número y el paradero de estos detenidos. Reprieve denunció más de 200 nuevos casos de aprehensión desde 2006 y advirtió que Washington pudo haber utilizado hasta 17 naves de la marina de guerra como "prisiones flotantes" desde 2001, entre otras el USS Bataan, USS Peleliu, USS Ashland, USNS Stockham, USNS Watson, USNS Watkins, USNS Sister, USNS Charlton, USNS Pomeroy, USNS Red Cloud, USNS Soderman, USNS Dahl; MV PFC William B Baugh, MV Alex Bonnyman, MV Franklin J Phillips, MV Louis J Huage Jr, MV PFC William B. Baugh y al MV James Anderson Jr. Los detenidos fueron interrogados a bordo de estos buques y luego derivados a otras naves, a menudo sin revelar ubicaciones, afirma la denuncia.

Reprieve también dio a conocer su preocupación por las actividades del navío USS Ashland en Somalia, a principios de 2007, en un supuesto esfuerzo por capturar a terroristas del al-Qaeda. En ese tiempo más de un centenar de personas fueron secuestradas por fuerzas somalíes, etíopes y kenyanas, en una operación sistemática que incluyó interrogatorios a cargo de individuos considerados miembros del FBI y de la CIA. Por su propia admisión, el gobierno de EEUU actualmente mantiene a por lo menos a 26.000 personas detenidas sin juicio en prisiones secretas y la información sugiere que hasta 80.000 han pasado "a través del sistema" desde 2001. El gobierno de EEUU está comenzando a ser urgido para que entregue listas de nombres y a informar sobre el paradero de todos esos detenidos. (5)

También existen informes de que la administración Bush operó un "anillo ejecutivo de asesinatos" que rendía cuentas directamente al vicepresidente Dick Cheney. Bajo el presidente Bush, las operaciones militares especiales de asesinato fueron realizadas en muchos países -no sólo en Iraq y Afganistán, sino también en América Latina y alrededor del mundo- pero los sicarios no hablaban con los embajadores ni con el jefe de la estación local de la CIA. Sólo buscaban a la gente de una lista, la encontraban, la mataban y se marchaban.

La unidad especial de asesinatos actuó bajo el Comando de Operaciones Especiales fuera de su sede de Florida. Una de las unidades que trabajan protegidas por el paraguas de este Comando se conoce como Joint Special Op-JSOC, un grupo especial de elite conocido también como "Unidad Negra", que entre su personal posee asesinos formados en el Navy Seals de la marina y en la Delta Force del ejército. Las blancos, o víctimas, fueron ordenados a través de la oficina del vicepresidente Cheney. El autor de la denuncia, Seymour Hersh, de The Nation, no sabe si el grupo de asesinato todavía continúa actuando bajo de presidente Obama.(6)

La Operación Cóndor sigue potencialmente latente. Los nuevos centros estadounidenses contra los derechos de los ciudadanos del mundo, como Guantánamo, las prisiones flotantes en buques de la marina de guerra de EEUU que deambulan por los mares del planeta o las cárceles secretas habilitadas clandestinamente incluso en Europa son manifestaciones contemporáneas de una gigantesca Neo Operación Cóndor. Al igual que en la Escuela de las Américas de Panamá, la mojigatería o hipocresía de EEUU no permite torturar en su propio territorio "para no violar la ley", sino que la exporta y globaliza. La amenaza Cóndor, por lo tanto, sigue latiendo...

Notas:

1) En el secuestro y posterior asesinato participaron los servicios de inteligencia de Francia (al parecer, sin conocimiento del entonces presidente Charles de Gaulle) y del Mossad israelí. El luchador fue torturado y asesinado en presencia del entonces ministro del interior de Marruecos, general Muhammed Oufkir, quien después fue también ministro de defensa del rey Hassan II ...pero murió por órdenes de su propio amo, después de un fallido intento de golpe y asesinato acaecido el 16 de agosto de 1972. El general apareció muerto por la espalda, acribillado a balazos, pero la versión oficial aseguró que se había quitado la vida. Para la conexión del Mossad y la inteligencia francesa ver Mossad, la historia secreta, de Gordon Thomas, 528 pp, sello Byblos, 2005.

El capítulo sobre Ben Barka puede leerse en

http://books.google.cl/books?id=khOBhxFzuzwC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=oufkir+ben+barka&source=bl&ots=MC-5fD2KY1&sig=Shm0EHDTYnHhdS3kMETeXhWezhY&hl=es&ei=uyg1Sp7_LaqxtgfsgYn5Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA162,M1

2) El fiscal estadounidense Eugene Propper, quien investigó el asesinato de Orlando Letelier por cuenta del departamento de Justicia de EEUU, escribió en colaboración con Taylor Branch el libro Laberinto (Laberynth, Penguin Books, Nueva York, 1983, 623 pp), que contiene los primeros antecedentes conocidos sobre la Operación Cóndor y constituye una verdadera enciclopedia sobre las acciones de terrorismo promovidas por EEUU con agentes de origen cubano, tales como Luis Posada Carriles y Orlando Bosh Ávila, entre muchos otros.

3) Página 12, sábado, 18 de mayo de 2002

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5276-2002-05-18.html

4) Para mayor información sobre "el capítulo uruguayo" de Cóndor, ver

 http://www.pvp.org.uy/oliveracondor.htm

5) Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010, de próxima aparición.

6) "Secret US Forces Carried Out Assassinations in a Dozen Counties" Democracy Now! March 31, 2009

 http://www.democracynow.org/2009/3/31/seymour_hersh_secret_us_forces_carried

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno (sobreviviente de la Operación Cóndor en Buenos Aires, Argentina, en 1974, cuando aún se llamaba "Convenio Sudamericano de Policía").

Publicado por ARGENPRESS en 19:14:00