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Argentina

Parte la lucha por la alcaldía de Buenos Aires, antesala de las presidenciales de octubre

Parte la lucha por la alcaldía de Buenos Aires, antesala de las presidenciales de octubre

El peronismo cuenta con dos aspirantes que aseguran tener el apoyo de Néstor Kirchner

La elección, que tendrá lugar el 3 de junio, es considerada una prueba para medir la base de apoyo del kirchnerismo. La disputa será con todo, ya que hay tres candidatos que están dispuestos a jugar todas sus cartas para quedarse con el sillón edilicio.

Foto: Mauricio Macri, que en diciembre de 2005 asumió una banca como diputado nacional, será por segunda vez candidato a la jefatura de Gobierno de Buenos Aires.

La Nación/Agencias

Este es un año de elecciones para Argentina. No sólo por las presidenciales que se llevarán a cabo el 28 de octubre, sino también porque se realizarán los comicios de los diferentes alcaldes, el 3 de junio, que ocuparán las jefaturas de las ciudades y localidades del país.

Pero sin duda la que generará mayor confrontación será la disputa electoral por la ciudad de Buenos Aires, principalmente por ser la que cuenta con la mayor cantidad de votantes -cerca de tres millones de inscritos en los registros electorales-, y porque será la antesala de los comicios presidenciales.

Tres son los candidatos que se enfrentarán en la ciudad porteña: el multimillonario empresario Mauricio Macri; el ministro de Educación, Daniel Filmus; y el actual alcalde, Jorge Telerman.

Macri será por segunda vez candidato a la alcaldía por la derechista Propuesta Republicana (PRO). La anterior fue en 2003, cuando ganó en primera vuelta pero en segunda fue derrotado por Aníbal Ibarra.

Macri, quien también es presidente del popular equipo de fútbol Boca Juniors, había sido sindicado como un posible candidato presidencial. Sin embargo, desechó esta última idea, optando por Buenos Aires.

De acuerdo al analista Ricardo Rouvier, la decisión de Macri de no competir por la Presidencia del país “posibilita que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, aparezca como el jefe de la oposición de derecha” de cara a las elecciones del 28 de octubre, y agregó que “es muy posible que Lavagna apoye a Macri en Buenos Aires y que el ex ministro reciba el respaldo de Macri en las elecciones nacionales”.

En el gubernamental Partido Justicialista (PJ, peronista) existen dos candidatos, los cuales han dicho que serán apoyados por el Presidente Néstor Kirchner. No obstante, oficialmente el representante del bloque “K” es el actual ministro de Educación, Filmus, quien se ha convertido en un feroz crítico de Macri.

Mientras, Telerman (también peronista) fue quien asumió la alcaldía cuando Ibarra fue destituido por su responsabilidad en la tragedia desencadenada por el incendio del bar bonaerense República Cromañón, que causó la muerte de 194 jóvenes el 30 de diciembre de 2005.

La disputa entre los dos aspirantes peronistas será muy grande, ya que de acuerdo al analista Rouvier, “hay mucha paridad” entre ellos. Y más aún por el sistema de elección, donde se prevé una segunda vuelta electoral en caso de que el candidato más votado no reúna el 50% más uno, o no obtenga una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el aspirante que lo sigue.

El escenario indica que habrá una segunda ronda. Una encuesta publicada el 22 de febrero señala que el que lidera la intención de voto es Macri, con 25,7%, seguido por Telerman con 19,5% y Filmus con 11,6%. En el caso de ir a segunda instancia, Telerman obtiene el 38,1% y Macri un 35,7%.

Pero sin duda que el kirchnerismo pierda en Buenos Aires será un duro golpe contra el oficialismo, ya que fortalecería a la oposición derechista en momentos que aún no decide quién será su candidato presidencial. Pero en el caso de ser reelecto Telerman, el escenario será más proclive para el Gobierno, ya que él mismo ha dicho que su política sigue la “línea K”. LN

 

Hombre clave del Presidente argentino Néstor Kirchner es investigado por supuestas coimas

Hombre clave del Presidente argentino Néstor Kirchner es investigado por supuestas coimas Ministro de Planificación, Julio de Vido, es uno de los personeros cercanos del Mandatario trasandino
Una investigación por evasión tributaria de una empresa llevó a que se destapara una serie de irregularidades por la entrega de una licitación a la empresa sueca Skanska, para la ampliación del Gasoducto Norte.

Foto: Hata el momento el ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, no se ha referido a las acusaciones en su contra. Foto: Archivo

La Nación/Agencias

Una seria acusación ha debido enfrentar uno de los hombres más cercanos al Presidente argentino Néstor Kirchner: el ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, ya que la justicia está llevando a cabo una investigación a su cartera por un caso de coimas.

De Vido ha sido uno de los hombres de confianza del Mandatario trasandino desde su llegada a la Casa Rosada en el 2003, y está a cargo de uno de los ministerios que maneja uno de los presupuestos más millonarios del país y ha ocupado durante todo el período Presidencial de Kirchner cargos públicos.

Pero ahora ha sido indicado como uno de los posibles involucrados en un cobro de coimas a la empresa sueca Skanska, que fue quien se llevó la licitación para la ampliación del Gasoducto Norte.

Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2006, cuando el diputado de la Alianza para una República de Iguales (ARI), Adrián Pérez, hizo una denuncia basándose en un artículo del semanario “Perfil”, en donde se dieron los primeros indicios los nexos de la cartera con la empresa.

El hecho se produjo cuando Skanska estaba siendo seguido por la justicia por evasión impositiva y por pagos, sin justificación aparente a firmas de papel. Esto desembocó en que se descubrieran empresas fantasmas para justificar gastos y, así, el no pago de impuestos.

Esto en el marco de la obra clave del ministro De Vido- el gasoducto-, donde, de acuerdo a diversos medios argentinos, se habrían pagado coimas para financiar estructuras políticas o enriquecer a políticos.

El fiscal federal a cargo del caso, Carlos Stornelli, solicitó la semana pasada, medidas de prueba en contra del ministro, el secretario de Obras Públicas, José López, y el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro.

Paralelamente se prosigue con la causa que lleva el juez Javier López Biscayard, por la evasión de impuestos, que ya demostró que Skanska, le pagó a una empresa fantasma, denominada como Infinita Group, sin recibir contraprestación legítima.

De acuerdo al magistrado, “en autos se desprenden indicios suficientes de que la asociación ilícita fiscal liderada por Adrián López habría provisto a Skanska de facturas con las cuales se habrían respaldado erogaciones de capital para efectuar pagos ilegítimos a funcionarios públicos, simulando operaciones comerciales que, por inexistentes, habrían generado un espurio crédito fiscal a favor de Skanska y deducciones improcedentes de la base imponible del impuesto a las ganancias que a la misma firma le hubiese correspondido tributar”.

De acuerdo a la prensa argentina, el juez tiene acciones iniciadas en contra de alrededor de 130 empresas usuarias de las facturas de la empresa trucha, entre las que se encuentran cadenas de supermercados, bancos, compañías de servicios públicos, de consumo masivo e incluso firmas estatales.

Una de las pruebas presentadas por el semanario “Perfil”, el 3 de diciembre, es un memorando interno escrito por uno de los gerentes que fueron despedidos de Skanska después de que la Administración Federal de ingresos públicos allanara la empresa.

El ex funcionario, Alejandro Gerlero, escribió el 28 de julio de 2005, en un memorando de adjudicación: “El cliente, a través del Fideicomiso de la Nación- es decir Néstor Ulloa, cercano a De Vido y Kirchner-, nos recomendó la contratación de la ejecución de la Ingeniería de Detalle y de los distintos manuales que solicita el pliego a gente de su confianza, con el argumento inapelable que sería la forma de conseguir una aprobación fluida y sin problemas del proyecto ejecutivo (…) llegando a la conclusión que adjudicar al proveedor sugerido por el cliente era consistente con el presupuesto. Por eso es que se decide preadjudicarle el proyecto a Infinita Group”.

Hasta el momento ni el Gobierno, ni el ministro De Vido se han referido a las acusaciones. LN

Vinculan a “Isabelita” con terrorismo

Uno de los jueces argentinos que pidió a España la extradición de María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”, acusó a la ex Presidenta de haber amparado “los primeros atisbos de terrorismo de Estado” en el país.

Según el magistrado Héctor Acosta, la dictadura que se inició tras el golpe militar que derrocó a Martínez en 1976 y gobernó Argentina hasta 1983 “fue ni más ni menos que la continuación de los actos de un Gobierno constitucional que habría elegido el camino del ‘terrorismo’ para combatir al ‘terrorismo’”.

El juez de la provincia de Mendoza acusa a “Isabelita” de la desaparición del militante político Héctor Fagetti y de la detención y torturas a un menor en 1976.

Acosta considera que los hechos fueron avalados por tres decretos firmados en 1975 que habilitaron a las fuerzas de seguridad a “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” de izquierda. En la petición de extradición enviada a España, el juez también evaluó que la ex Presidenta “emitió y/o ejecutó las órdenes ilegítimas (...) Y dichas órdenes dieron lugar a la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas”.

 

 

Sacerdote irá a juicio por abusos cometidos durante la dictadura argentina

Diario El Mercurio, Sabado 3 de marzo.
 

EFE

BUENOS AIRES.- Un juez argentino elevó a un tribunal oral la causa por la que el sacerdote católico Cristian Von Wernich está acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), confirmaron hoy fuentes judiciales.

El juez federal de la ciudad de La Plata, Manuel Blanco, resolvió que Von Wernich sea sometido a juicio oral y público en consonancia con lo que había solicitado en diciembre pasado el fiscal del caso, Sergio Franco, quien unificó dos causas iniciadas contra el religioso, de 68 años.

El juicio contra el sacerdote comenzaría dentro de un par de meses y, según los cálculos de los abogados que representan a las víctimas, el proceso se prolongaría durante tres meses como mínimo y podría convocar a un centenar de testigos.

En la etapa de investigaciones, Von Wernich, quien está detenido desde septiembre de 2003, fue señalado por los testigos como partícipe en 41 casos de privaciones de la libertad y torturas, entre los que hay siete homicidios calificados.

Cristian Von Wernich fue capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires cuando la jefatura de esa fuerza durante el régimen militar estaba a cargo del general Ramón Camps.

Varios supervivientes de la denominada "guerra sucia" que desató el régimen de facto contra sus opositores han asegurado que el sacerdote, además de visitar cárceles ilegales, acompañaba a los escuadrones paramilitares que secuestraban personas y que presenció fusilamientos.

También señalaron que Von Wernich se ofrecía a confesar a los cautivos en las cárceles ilegales para "sacarles información" sobre presuntos guerrilleros u opositores políticos, datos que luego transmitía al general Camps.

En su declaración ante la Justicia, el sacerdote señaló que visitaba comisarías para dar apoyo espiritual a quienes se encontraban allí y que no se trataba de centros clandestinos de detención.

Von Wernich, de quien el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel dijo que "tiene sus hábitos manchados de sangre", regresó a Argentina en el año 2003, después de haber sido descubierto en Chile donde vivía con identidad falsa.

Según datos oficiales, 18 mil personas desaparecieron a causa de la represión desde 1976 a 1983, aunque los organismos de derechos humanos elevan esa cifra a 30 mil.

FIN A LA IMPUNIDAD POR LOS CRIMENES DE LA "TRIPLE A"

Enviado por: "Serafín Rodríguez" pim_pin_serafin@yahoo.es   pim_pin_serafin

Argentina: Declaración de la APDH

Fin de la impunidad de los responsables de los crímenes de estado de la 'Triple A'

www.argenpress. info

La tarea permanente de la defensa integral de los DDHH obliga a otorgar una alta prioridad a la lucha a través de la Justicia contra la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, perpetrados bajo diversas formas de terrorismo de estado.

Memoria, Verdad y Justicia han sido las tres nociones fundamentales que han guiado el quehacer de todos los organismos de DDHH de la Argentina a lo largo de más de tres décadas.

Esta obligación ética ha llevado a los organismos de derechos humanos a realizar un esfuerzo permanente en la sanción de la legislación pertinente y también en la transformació n del Poder Judicial, para que éste cumpla el papel que le corresponde en la defensa de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, contribuyendo así a la tarea de afianzar la democracia en nuestro país.

No cabe duda que si se mantiene la impunidad en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del Terrorismo de Estado, poco pueden esperar de la justicia quienes integran nuestra sociedad.

La urgencia de hacer Justicia es mayor cuanto más prolongada haya sido la impunidad.

Es hora de llevar a la Justicia a los responsables de los crímenes de Estado de lesa humanidad, cometidos por la TRIPLE A y por organizaciones de similares características que existieron en varias provincias argentinas.

La conducción de este brazo criminal paraestatal estuvo en manos de José López Rega quien era miembro del gabinete de gobierno. Las amenazas y crímenes de esta organización fueron realizados de manera no encubierta, firmados al estilo mafioso, para instalar el terror en la sociedad argentina. Sus recursos empleados en el funcionamiento eran del Estado, que aseguró la impunidad de sus miembros durante largos años.

Los asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, la desaparición forzada de personas, el exilio y la persecución sistemática de los asilados violando las convenciones de Naciones Unidas adoptadas por la Argentina, constituyen Crímenes de Estado aberrantes que claman por Justicia.

La APDH apoya la prosecución y profundizació n de los juicios a los responsables de estos hechos aberrantes y reitera que la Justicia es la institución pública que debe poner fin a la impunidad.

No cabe ninguna duda que los horrores vividos por nuestra sociedad durante un largo período de esta historia han sido posibles por la profunda crisis político, institucional y económica.

Es fundamental que la justicia pueda actuar sin interferencias de actores políticos, económicos y formadores de opinión que apoyaron las dictaduras y el modelo neoliberal quienes pretenden impedir que se de un paso importante para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y participativa.

La APDH es conciente de la larga historia de persecución política-ideoló gica creciente en Argentina. Sabemos que este es un capítulo de la historia de nuestro país que aún debe ser investigado y escrito por nuestros historiadores presentes y futuros.

Lo que es imprescindible ahora es hacer justicia en el tramo de nuestra historia más reciente, período en el que todavía hay muchos protagonistas de los Crímenes de Estado, víctimas que sobrevivieron y testigos de los hechos.

 

 

Argentina, el granero transgénico del Mercosur

Por Fernando M. López

Según un estudio reciente, ocho de cada diez desocupados de Buenos Aires provienen de la agricultura. Los datos de esta encuesta hablan de la incipiente migración del campo a la ciudad por el impacto del modelo agroexportador bajo el sistema de siembra directa, que permite producir monocultivos con apenas un empleado por cada 500 hectáreas.

La fiebre argentina de la soja genéticamente modificada no tiene límites. El cultivo supera en toneladas la mitad de la producción de granos y ya se prevé duplicar la cosecha en menos de diez años. Un modelo peligroso que se expande en los países de la región con el auspicio de las trasnacionales y los representantes locales de los agronegocios.

El tema va más allá de las fronteras de ese país, tal como lo evidencian las situaciones de Uruguay, Brasil y Paraguay, que se incluyen brevemente en este informe.

            Uno de los portavoces más influyentes del corporativismo sojero en Argentina, el ingeniero agrónomo y director del suplemento Clarín Rural, Héctor A Huergo, no se cansa de repetir que "Dios es argentino" y que, como tal, decidió bendecir a sus hijos con una nueva oportunidad histórica para el desarrollo. Ese "maná que nos mandó Dios" -según palabras de Huergo- es la soja transgénica. Sin embargo, los responsables del modelo agroexportador que se instaló en el país, ocasionando profundos daños sobre el ambiente, la salud de la población y el sistema productivo, tienen existencia física, nombre y apellido, o por lo menos razón social.

            Desde que el ex presidente Carlos Menem permitió el cultivo de la soja RR (Roundup Ready) de Monsanto, a mediados de la década de 1990, el modelo de la soja no ha parado de expandirse. Las 5 millones de hectáreas iniciales se transformaron en 16 millones, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA). Esta superficie sembrada implica una producción que supera las 40 millones de toneladas de soja para forrajes, aceites y harinas, los principales productos de exportación que dejan en las arcas fiscales unos 2 mil millones de dólares en concepto de retenciones.

            De esta forma, Argentina logró el segundo puesto mundial en la producción de cultivos transgénicos, detrás de Estados Unidos, aunque para lograrlo tuvo que hipotecar su territorio como campo de prueba de la biotecnología desarrollada por Monsanto y otras trasnacionales, como Syngenta, Nidera, Cargill, Bayer y Basf, que también operan en Sudamérica.

            Actualmente, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se proyecta como una "república sojera" sin fronteras entre Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, con una producción que ronda las 100 millones de toneladas y que, en su conjunto, concentra el 68 por ciento de las exportaciones mundiales de soja. Todos estos puntos estarán unidos por la hidrovía Paraguay-Paraná, un megaproyecto de Cargill que permitirá transportar enormes cantidades de soja del MERCOSUR hacia los puertos del Atlántico.

            Las voces más optimistas festejan la llamada "revolución verde", un concepto en el que se incluyen los cultivos transgénicos, los agronegocios, la siembra directa y los desarrollos en biotecnología. En este marco, las trasnacionales incrementan sus ganancias y rediseñan el mapa regional según sus intereses en el mercado mundial. Los países productores equilibran sus balanzas comerciales y, en algunos casos, logran establecer saldos positivos históricos que les permiten cumplir con sus acreedores, o reproducir sus propios sistemas de asistencialismo social. Los barones de la soja, mientras tanto, se enriquecen con rapidez y poco esfuerzo. Pero este modelo agropecuario que produce alimentos exclusivos para cerdos, vacas y pollos de Europa y Asia conlleva riesgos.

            Veneno

            La soja RR es una planta genéticamente modificada (GM) para resistir al Roundup, el herbicida que produce Monsanto a base de glifosato y otros compuestos químicos que permiten aumentar su eficacia contra las malezas.

            En Argentina la soja insume anualmente unos 160 millones de litros de herbicida, a razón de diez litros por hectárea. La fumigación
intensiva en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ya impacta de manera irreversible sobre aquellas ciudades y pueblos que ven el avance de la "revolución verde" a pocos metros de sus cascos urbanos. El Grupo de Reflexión Rural (GRR), que fomenta la campaña Paren de Fumigar, junto a otras organizaciones de vecinos autoconvocados, advierte que "se está configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por las grandes corporaciones y que sólo los enormes intereses en juego y la ignorancia cómplice de la clase política logran mantener invisibilizado e impune".

            Sólo en el barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en los márgenes de Córdoba capital, se registraron 200 enfermos de cáncer por los agrotóxicos, sobre una población total de 5 mil habitantes. Pero también se detectaron otras anomalías: alta incidencia de lupus, púrpura, asma, afecciones en la piel, malformaciones congénitas y alergias.

            El caso es paradigmático porque revela las consecuencias más dramáticas del modelo rural vigente, cuestión que se repite en miles de localidades de la gran "república sojera". La expansión de los monocultivos transgénicos en los últimos diez años distorsionó la estructura territorial de los pueblos rurales. Los cinturones verdes que rodeaban a estos pueblos, como barreras de morigeración frente a los agrotóxicos, fueron ocupados por la soja y ahora las fumigaciones no sólo destruyen malezas, sino la salud de niños y adultos que se ven expuestos a los herbicidas de manera directa.

            Complicidad ambientalista 

            El problema sanitario es apenas uno de los efectos del "boom sojero". También se debe tener en cuenta la deforestación, la degradación indiscriminada de suelos y la destrucción de la biodiversidad, como consecuencia de la expansión estratégica que planificaron el Banco Mundial (BM) y las trasnacionales, en complicidad con las grandes organizaciones ambientalistas.

            El Foro por los 100 Millones Sustentables, que se desarrolla desde 2003 bajo la coordinación de la Fundación Vida Silvestre Argentina (financiada por el BM) y la Asociación Internacional de Agronegocios y Alimentación (IAMA), busca crear consenso entre empresarios, corporaciones y representantes de la sociedad civil para alcanzar en el país una meta de 100 millones de toneladas de granos y oleaginosos transgénicos antes de 2015.

            En el foro participan Greenpeace, la Fundación ProYungas para el Desarrollo y la Conservación de las Selvas Subtropicales de Montaña y la Asociación Ornitológica del Plata. También lo hacen el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), que desde hace años desarrolla programas curriculares, seminarios, investigaciones y publicaciones en función de los agronegocios.

            Los ambientalistas "parten de un sentimiento de derrota, porque piensan que es imposible detener el auge de la soja", aseguró Jorge Rulli, miembro fundador del GRR . En diálogo con BRECHA, Rulli explicó el caso de la siguiente forma: "Los empresarios lo que plantean es que nos encaminamos a los 100 millones de toneladas de exportación, lo cual requiere unos cuatro millones de hectáreas más en Argentina. Esto implica no sólo la devastación del bosque que queda, sino además el riesgo de una crisis social de proporciones. ¿Cómo hacer para evitar colapsos ambientales o crisis sociales?, se preguntan las corporaciones. Se necesitan guías (ambientalistas), gente que entienda de biodiversidad para saber dónde avanzar y dónde no, para no provocar crisis ambientales o conflictos sociales graves, como ya sucedió en Santiago del Estero con los campesinos".

            Expulsados de sus tierras

            De todos modos, las crisis sociales ya son evidentes con el desplazamiento territorial, el desempleo y la violencia al estilo de las
guardias rurales que operan impunemente en Paraguay. 

            Los barones de la soja ejercen la fuerza indiscriminada para ampliar sus propias fronteras, expulsando a pequeños productores, campesinos y pueblos originarios, mediante la creación de grupos paramilitares. Se trata de un método que nació con el boom de la soja transgénica, primero en Santiago del Estero, y en los últimos años en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Formosa, Catamarca, Córdoba y Mendoza. Aquellos que logran sobrevivir a la represión privada pasan directamente a la desocupación urbana.

            Según un estudio realizado recientemente por el INTA, ocho de cada diez desocupados del Gran Buenos Aires provienen de la agricultura. Los datos de esta encuesta hablan de la incipiente migración del campo a la ciudad por el impacto del modelo agroexportador bajo el sistema de siembra directa, que permite producir monocultivos con apenas un empleado por cada 500 hectáreas.

            Brecha. Correspondencia de Prensa. germain5@chasque.net 

(Fuente: Resumen Latinoamericano 5/02/07)

ARGENTINA: UN MANDO QUE ASUME SU RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Enviado por: "Serafín Rodríguez" serafinrodriguez@adelphia.net   pim_pin_serafin

POR CRIMINAL QUE SEA, ES MAS HONROSO QUE LOS COBARDES QUE LA NIEGAN

Argentina: Retorno de la obediencia debida

Por Marcela Valente

www.elclarin. cl

Buenos Aires.- En un nuevo capítulo de la revisión del pasado reciente argentino, un ex jefe de operaciones navales de la última dictadura militar (1976-1983) asumió este jueves ante la justicia su responsabilidad en el plan para eliminar opositores mediante los "vuelos de la muerte".

El vicealmirante retirado Luis María Mendía, comandante de operaciones navales entre 1976 y 1979, admitió haber firmado un plan de instrucciones para la llamada "lucha contra la subversión" que planteaba "la eliminación física a través de aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío".

Lo hizo ante el juez federal Sergio Torres, quien lo procesó el año pasado y lleva adelante el proceso por la represión criminal practicada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que operó como centro clandestino de detención durante el régimen. Por esa institución pasaron unos 5.000 secuestrados, la mayoría aún desaparecidos.

Según el representante especial para los Derechos Humanos de la cancillería argentina, Horacio Méndez Carreras, quien fue abogado de familiares de ciudadanos franceses desaparecidos en Argentina, Mendía fue "un ideólogo del terrorismo de Estado dentro de la Marina" que "adoctrinaba a oficiales jóvenes".

De acuerdo al testimonio del ex oficial naval Adolfo Scilingo, quien conmovió al país a mediados de los años 90 al confesar su participación en los vuelos de la muerte, en 1975 y 1976 Mendía había convocado a todos los oficiales de la Armada a una sala de cine de Puerto Belgrano, una base situada al sur de la oriental provincia de Buenos Aires.

Allí dio a conocer un plan de "exterminio de la subversión apátrida" que "como mala cizaña, debía ser eliminada de la tierra de los argentinos", según su opinión. El programa, que admitió este jueves lleva su firma, se llamó "Plan de Capacitación contra la Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina".

Según la confesión de Scilingo ante la justicia española que lo condenó, Mendía dijo ante unos 900 subordinados que para preservar "la ideología occidental y cristiana" se realizarían "interrogatorios intensos" con "práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una 'muerte cristiana'".

El ahora vicealmirante había sido procesado 20 años atrás por violaciones a los derechos humanos en la ESMA, pero en 1989 fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).

Al declararse en 2005 la inconstitucionalida d de leyes de impunidad dictadas en los años 80, la causa de la ESMA se reabrió, lo que dio pie a que Mendía fuera acusado y procesado por nuevos delitos.

"Las diatribas deberían ser dirigidas contra mí y no contra los jóvenes oficiales que dieron fiel cumplimiento a mis órdenes", declaró el ex represor de 82 años, tres décadas después de los hechos que se investigan. "Muchos de mis subordinados se encuentran hoy detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal", añadió.

Los oficiales que comandaba "combatieron con abnegación, valor, valentía, subordinación y heroísmo durante los ocho años que duró la guerra contra organizaciones subversivas y terroristas, y en ningún momento se excedieron en las órdenes recibidas del Estado Mayor, que fueron fidedignamente cumplidas", dijo.

Pero nada había dicho en 1995 cuando Scilingo lo acusó en su testimonio como represor arrepentido en el libro "El Vuelo", del periodista Horacio Verbitsky. De hecho, las revelaciones de Scilingo fueron un fenómeno aislado en la marina de guerra.

Sobrevivientes de la represión coincidieron en advertir un cambio en la estrategia de los acusados de mayor rango de las Fuerzas Armadas para liberar de responsabilidad a oficiales que bajo proceso y detenidos por estas causas.

"La declaración de Mendía es una prueba contundente de que existió un genocidio", dijo a IPS Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA. "Nosotros siempre sostuvimos que no hubo excesos sino que se cumplían órdenes superiores, pero responsables son todos, no se puede limitar el alcance de los juicios", advirtió.

Fukman fue secuestrado en noviembre de 1978 en Buenos Aires y llevado a la ESMA donde permaneció cautivo hasta febrero de 1980. "Un día de enero de 1979 unos 40 compañeros detenidos en 'capucha' --un sitio donde permanecían con la cara cubierta-- fueron trasladados para los vuelos de la muerte", recordó.

Ante el juez, Mendía hizo hincapié en que en la Armada regía el principio de la "obediencia debida" y rescató que "los oficiales y suboficiales fueron injustificadamente tomados como chivos expiatorios porque ellos eran muy jóvenes y cumplían órdenes dadas por almirantes que asumían toda la responsabilidad al hacerlo".

La idea de la obediencia debida fue impuesta por las Fuerzas Armadas al gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989) luego del enjuiciamiento de los ex comandantes del régimen.

Los militares reclamaban el fin de los procesos que se abrieron a partir de los juicios a las cabezas de la dictadura, alegando que los subordinados cumplieron órdenes superiores. Y esa idea se convirtió en ley en 1987.

Así, miles de represores quedaron libres de proceso. Pero en 2005 la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en base a nueva jurisprudencia internacional a la que adhirió Argentina, y según la cual los delitos de lesa humanidad no se extinguen ni son pasibles de ningún tipo de amnistía.

Al mismo tiempo que intentan circunscribir la responsabilidad en los jefes, los acusados protagonistas de aquella etapa en la que imperó el terrorismo de Estado pretenden correr las culpas hacia otros lugares, acusando por ejemplo a Francia de haber provisto agentes de inteligencia a la represión e involucrando al derrocado gobierno de Estela Martínez de Perón (1974-1976).

Martínez fue detenida en España en enero por pedido de un juez federal argentino que investiga su responsabilidad en la actuación del grupo ilegal conocido como "Triple A" que ejecutaba a izquierdistas y opositores a su gobierno. Luego, un segundo magistrado la involucró en otro proceso por crímenes de esta misma organización.

"Las Fuerzas Armadas aplicaban a rajatabla la legislación vigente", se defendió Mendía en alusión a decretos dictados en 1975 que ordenaron "aniquilar el accionar de la subversión". Pero no explicó por qué si sólo se trataba de aplicar normas vigentes se llevó a cabo el golpe de Estado de 1976.

Mendía pidió a la justicia tomar declaración como testigos a quienes eran entonces máximos responsables del gobierno de Francia y la captura de un ciudadano francés que, según su versión, intervino en el secuestro de dos religiosas de ese país, crímenes que están comprendidos en el proceso sobre la ESMA.

Se trata de la misma versión defendida en enero por el ex capitán de navío Alfredo Astiz, condenado en ausencia en Francia por el asesinato de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, y acusado de otros múltiples crímenes. "Parece que intentaran volver a la idea de la obediencia debida para que zafen los subordinados, y de paso justificar lo que hicieron en una pretendida legalidad", comentó a IPS Graciela Daleo, otra sobreviviente de la ESMA, en la que permaneció cautiva desde octubre de 1977 hasta enero de 1979.

En su opinión, estas tardías acusaciones contra el gobierno de Martínez y Francia sugieren además un intento de diluir las culpas en un vasto contexto nacional e internacional que superaría los límites del régimen.

 

 

Murió Antonio Erman González, ex ministro y hombre de confianza de Menem

Murió Antonio Erman González, ex ministro y hombre de confianza de Menem

Viernes 2 de febrero, 4:31 PM

Buenos Aires, 2 feb (EFE).- El ex ministro argentino Antonio Erman González, procesado por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador en la década pasada, murió hoy en Buenos Aires a los 71 años, informaron sus allegados

Las fuentes no precisaron las causas de la muerte del político del gobernante Partido Justicialista (peronista), pero recordaron que el ex ministro había sido ingresado en 2003 en un sanatorio de la capital del país por un accidente cerebrovascular

González fue uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente Carlos Menem, en cuyo gobierno (1989-1999) fue ministro de Economía, de Trabajo y de Defensa

La primera causa judicial en la que se vio implicado fue la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que entre 1991 y 1995 recibieron municiones, cañones y fusiles fabricados por una estatal argentina

Dicha venta se produjo en un momento en que estaba en vigor una prohibición internacional de proveer armamento a esos países

Por esta causa Menem fue detenido en 2001 y procesado bajo la acusación de liderar una "asociación ilícita" para el contrabando, pero recuperó la libertad seis meses después, luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara los cargos en su contra

En diciembre pasado un tribunal de segunda instancia elevó a juicio oral unas actuaciones en las que González estaba involucrado por presuntas irregularidades cometidas en la privatización de un astillero en 1991

González, nacido en la norteña provincia de La Rioja al igual que Carlos Menem, fue diputado por la capital del país entre 1993 y 1995, año en que perdió las elecciones para convertirse en senador

El dirigente también es recordado por haber puesto en funcionamiento, como titular de Economía, el "Plan Bonex", por el cual se devolvieron depósitos por valor de 4.600 millones de dólares en un bono que luego en el mercado secundario se pudo vender a un máximo del 30 por ciento de su valor nominal. EFE cw/hd/pmc/joc

 

 

Triple A: Toda la verdad, caiga quien caiga

Triple A: Toda la verdad, caiga quien caiga

 • "A nosotros nos mandó matar Perón, Isabel y López Rega"

Las órdenes las ejecutaron la Triple A (policías, militares y miembros de la burocracia sindical, CNU, CdeO, JSP y JPRA).

Por Izquierda.info

Foto: Perón con Rucci

 "A los enemigos, ni justicia" Juan Domingo Perón

"Se acabó la joda" José Rucci, 1973

"En una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, como hacen ellos." "Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente." Juan Domingo Perón, 21 de enero de 1974

"La responsabilidad por estos asesinatos tiene nombre y apellido: Juan Domingo Perón"

Dip. Rodolfo Ortega Peña, 30 de mayo 1974, durante acto de repudio por la muerte de los militantes del PST secuestrados y asesinados en General Pacheco

"A ustedes los mandó matar Perón, no le quepa la menor duda. Yo sé que si pudieran, también me matarían. Acá no va a haber tregua para nadie."

Dip. Rodolfo Ortega Peña, Julio de 1974, dirigiéndose a un militante del PST en una charla con dirigentes y activistas gráficos, días antes de su asesinato

"El mejor enemigo, es el enemigo muerto."  Consigna de la publicación Lopezreguista y de la Triple A. El Caudillo

Se desata la polémica

El actual diputado Kirchnerista e íntimo allegado - y dirigente político en los 70 - del Presidente Kirchner, Carlos Kunkel, salió a desmentirlo categóricamente: "Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A. La señora de Perón, no creo" - le dijo a Clarín

También observó con seguridad que "ese tipo de estructuras (la Triple A) empezaron a operar después de la muerte de Perón". La historia, sin embargo, desmiente categóricamente al que también fuera diputado de la Juventud Peronista, obligado a renunciar por su oposición a las reformas del Código Penal por el propio Perón.

La Triple A y su antecesora, el Comando Libertadores de América, y sus vertientes formadoras, entre otras la CNU (Concentración Nacional Universitaria) estaban activas desde por lo menos 1971 - otras como la JSP y la JPRA fueron formadas poco antes que Perón expulsara a los Montoneros de la Plaza el 1ro. de Mayo de 1974 y muchos de sus miembros ya habían participado bajo la dirección militar, entre otros, de Osinde, en la llamada Masacre de Ezeiza, sucedida al arribo del General Perón en 1973, en donde cientos de compañeros del propio Kunkel fueron asesinados.

Perón estuvo en el gobierno efectivo desde el 12 de octubre de 1974 y murió el 1ro de julio de 1974. Estuvo en el poder desde antes. Pero si tomamos solo las fechas formales de toma de juramento y la de su muerte, sucedida nueve meses después, se pueden contabilizar cientos de secuestros y asesinatos de militantes de izquierda y sindicalistas, clausuras de diarios, voladuras de locales políticos, destitución de gobernadores y por lo menos un golpe fascista policial en Córdoba (ver articulo en esta misma sección:  Los Crímenes de la Triple A y Perón contra la vanguardia obrera y estudiantil ). 

Muchas de estas acciones fueron realizadas a la sombra de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo en manos del propio Perón. Resulta superfluo para el que tenga aunque sea un conocimiento superficial de los acontecimientos negar que un dirigente de la talla e inteligencia de Perón, que se destacó entre otras cosas por el control detallado de todo lo que ocurría en el país y en su movimiento mientras estuvo en el exilio, que nombró y defenestró políticos, presidentes y hasta mas de uno de sus representantes, una vez llegado al país y al gobierno hubiese perdido por completo la capacidad de control y dirección.

Hoy muchos dirigentes políticos y sindicales, junto a Kunkel, insisten precisamente en afirmar eso al negar categóricamente que la Triple A actuara con el conocimiento del General Perón. Los dirigentes de la Fraternidad sacaron afiches en los que se leía "No jodan con Perón" y el dirigente mercantil Armando Cavalieri atacó duramente a quienes hoy quieren enjuiciar el papel del gobierno Peronista en la ejecución de cientos de activistas, la voladura de más de 200 locales partidarios de izquierda y los ataques armados a reuniones y actos políticos bajo el gobierno de Perón y que continuaron bajo el de Isabel.

Cavalieri, como el intendente de Tres de Febrero Hugo Curto, que se pronunció de manera similar, así como la mayoría de los dirigentes de los principales sindicatos del país ya eran importantes cuadros de sus organizaciones, y en algunos casos ya las dirigían a nivel regional o nacional cuando estas colaboraban activamente con la Triple A proporcionándole "soldados" de la JSP y la JPRA, logística y, lo mas importante, listas de activistas de izquierda a ser eliminados.

Cabe destacar que la organización pionera de la Triple A, la CNU, que luego se integró casi totalmente a la organización de López Rega, ya nadie puede negarlo, era también la columna vertebral de la "pesada" de Lorenzo Miguel e Ignacio Rucci, fue vertiente de la Triple A y después se integró plácidamente a los Grupos de Tareas de la dictadura del Proceso.

Cuadros pertenecientes a la CNU y la Triple A han cumplido y cumplen funciones en el aparato del estado, e incluso el capo de la CGT, Moyano - que tuvo y tiene una relación carnal con los asesinos (ver artículo "Che Moyano, oí... Che Moyano, oí...") de la CNU desde fines de los 70, todavía tiene a algunos de ellos a su servicio, como Jorge Abelardo Rampoldi, su asesor letrado.

"No jodan con Perón" = "No jodan con nosotros"

Es decir, los dirigentes sindicales, o unos cuantos al menos, al defender el "legado" del General, en realidad están defendiendo su propio pellejo. Si las investigaciones de la causa de la Triple A tiran lo suficiente del piolín, no debería dejar a los cuadros de la CGT libres de toda culpa. Más bien, todo lo contrario.

Para ello recurren a un viejo recurso de la política argentina: acusan de gorilas a los que levanten la discusión de la responsabilidad de Perón en la Triple A. Lo hacen esgrimiendo el carácter populista y distributivo del primer gobierno de Perón (1945-51), dejando de lado los cambios sustanciales en el carácter de la política del viejo general cuando ejerció su tercera presidencia (1973-74).

En esos 22 años de distancia entre uno y otro gobierno, Perón giró del populismo distributivo a los pactos sociales impuestos por la fuerza y la defensa de los intereses de la burguesía compradora argentina y sus socios imperiales.

No es casual que, a su muerte, los peronistas que llegaron al poder y gobernaron la Argentina fueran Isabel y López Rega (1974-76) representantes del lumpenismo derechista del movimiento, Carlos Saúl Menem (el destructor del aparato productivo estatal y desmantelador de las leyes de protección laboral) y finalmente Kirchner que aplica una política neoliberal que no tiene absolutamente nada que ver con el populismo distributivo del Perón del 45.

Al subsistir sin radicalizar las reformas iniciales, el Peronismo simplemente se transformó del "partido maldito del sistema" en el bloque de contención para garantizar la continuidad del status quo. Es decir, se transformó en su opuesto, destino inevitable de los movimientos inconclusos. Ya antes le había pasado al radicalismo de Alem e Yrigoyen que, de un movimiento subversivo, popular y democrático que exigía elecciones libres se transformó en un partido que se benefició de proscripciones y golpes de estado y terminó la obra devastadora del Menemismo de la mano de De La Rua.

En todo caso las acusaciones de "gorilismo" deberían lanzarse contra los propios dirigentes peronistas, incluyendo al propio Perón, que destruyeron todo vestigio de populismo reformista de su propio movimiento. Fueron estos dirigentes, encabezados por el propio Perón, quienes facilitaron el ascenso político de Isabel y López Rega y la Triple A y colaboraron estrechamente con los gorilas militares (Videla, Massera, Agosti) para sumergir el país en un baño de sangre.

La defensa de Perón, y de la propia Isabel, tienen como único objetivo preservar la memoria de un Perón idealizado de los 40s y borrar los crímenes posteriores. Sin esa imagen, prácticamente lo único que les permite a dirigentes sindicales y políticos corruptos mantener cierta credibilidad electoral, el peronismo terminaría de desaparecer como opción para los trabajadores.

El "No jodan con Perón" debe traducirse entonces como el "no jodan con los últimos vestigios de nuestro capital político. No jodan con nosotros."

Esto debe leerse, más que como un intento torpe de corrección de un error de interpretación, en una verdadera amenaza. Bien se sabe que pueden esperar aquellos que "jodan" con la burocracia sindical.

La extraña alianza de radicales, peronistas de "izquierda" y la derecha

Los dirigentes peronistas no son los únicos, sin embargo, que defienden la tesis de que la Triple A no fue una creación de Perón e Isabel. . Algunos radicales han salido a darles una mano. Incluyendo una de las victimas de la Triple A, el ex senador de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen quien también ha dicho que ni Perón ni Isabel eran responsables de los atentados y si lo era López Rega.

Los radicales tienen sus razones. Ricardo Balbín y Alfonsín en los 70s reclamaron represión contra la subversión en las fábricas y el dirigente histórico de la UCR tenia un pacto con Perón que hoy es indefendible a luz de los hechos y por lo tanto hay que cambiar... los hechos.

Por su parte Alfonsín fue leal a ese pacto aunque en su momento, en los 70s, estaba en la oposición a Balbín y exigía que la UCR tuviera una oposición mas activa al gobierno peronista. Alfonsín, sin embargo, se reunió con Isabel con la llegada de la democracia e hizo un pacto con ella: el silencio sobre sus crímenes a cambio de un exilio apolítico en Madrid.

Ambos cumplieron: los juicios de la Triple A se paralizaron hasta ahora. Claro que esta lealtad radical al pacto Balbín-Perón choca con un hecho incontrastable: el primer intento de asesinato contra Hipólito Solari Yrigoyen ocurrió en noviembre de 1973, un mes escaso después de la asunción al gobierno del General Perón.

Ante esa evidencia, en un escrito espontáneo ante el juez Oyarbide, Alfonsín escribió que "es publico que su accionar (el de la Triple A) comenzó con anterioridad a la presidencia de Maria Estela Martínez de Perón." La afirmación, cierta por cierto, esconde un ángulo siniestro: exculpar, como dice el titular del Clarín del pasado 27 de enero, a la propia Isabel de los crímenes - sin decirlo, tal vez atribuyéndoselos a Perón y López Rega o solo a este ultimo - respetando el pacto Alfonsín-Isabel por encima del pacto Balbín-Perón.

En esta teoría, sin embargo, se han embarcado muchos medios de prensa que ya levantan la consigna que el primer muerto de la Triple A fue Ortega Peña, asesinado un mes después de la muerte de Perón y que esa muerte signó el nacimiento de la organización del terrorismo de estado.

Esto dejaría por fuera de la investigación a los mas de una docena de asesinatos de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), de al menos dos de PO y cerca de unos tres cientos militantes clasistas, de otros grupos de izquierda y de la propia Tendencia.

Otros como uno de los abogados defensores de la ex Presidente, dicen que Isabel no ejercía el poder real sino que el mismo lo sustentaba el Ministro López Rega, "no sabia de las actividades en las que incursionaba su Ministro". El ahora candidato presidencial Lavagna, ex ministro de economía de Kirchner, dice que las investigaciones actuales sobre la Triple A son solo la "venganza contra Perón que los que echó de la Plaza" en abierta referencia al Presidente Kirchner y muchos de sus funcionarios que en su momento estuvieron en la organización Montoneros

El Diputado Kunkel responde a esa acusación categóricamente al explicar que "los hechos que se investigan no se iniciaron por impulso nuestro, las normas que se están aplicando no fueron sancionadas por nosotros, los jueces que impulsan estos procesos no fueron designados por nosotros. Uno de ellos tuvo un juicio político y no fueron precisamente legisladores afines a nosotros los que lo exculparon. Está absolutamente claro que para nosotros es perjudicial que se debatan este tipo de cuestiones, pero así como no las impulsamos, tampoco vamos a hacer absolutamente nada para frenarlas o desviarlas."

Y para que no quedasen dudas, agregó: "La cosa es simple ¿a quién beneficia esto y a quién jode? Suponéte que no beneficia a nadie, pero ¿a quién jode? A nosotros." El hombre tiene razón que los jode - aunque no estoy tan seguro que Kirchner comparta, como el lo afirma - esa noción. Mas bien creo que el presidente cree que es algo controlable que el podría muñequear a su favor y, de paso, deshacerse de algunos oponentes.

No todos los Kirchneristas opinan lo mismo. Este es el caso, por ejemplo, del responsable de Derechos Humanos del gobierno, Eduardo Luis Duhalde, socio y amigo del diputado Rodolfo Ortega Pena, asesinado por la Triple A en 1974.

Ortega Pena estaba convencido de que Perón sabía todo y daba las órdenes. Por eso trascendió que el actual secretario de derechos humanos de Kirchner habría declarado ante el juez Oyarbide y admitido, por lo menos parcialmente, la posibilidad de la responsabilidad del General.

Un sobreviviente a tres atentados de la Triple A fue categórico y coincidente con el Ortega Pena de 1974: "A nosotros nos mandó matar Perón, Isabel y López Rega".

Cavalieri y Cecilia Pando

El dirigente Cavalieri, de empleados de Comercio, mostrando su cola de paja, llegó a demandar que si se investiga la Triple A, deberían investigarse todos los crímenes de la época, incluyendo los asesinatos del entonces Secretario General de la CGT Ignacio Rucci, Augusto Timoteo Vandor y una media docena mas de personajes supuestamente eliminados por la guerrilla de los 70.

Cavalieri distorsiona explícitamente los hechos y las investigaciones en curso. Lo que se investiga es el terrorismo de estado, es decir la política de exterminio de opositores al gobierno utilizando los mecanismos y recursos del estado. Esto nada tiene que ver - y bien lo sabe Cavalieri - con las muertes producidas por el accionar de los grupos guerrilleros de entonces que operaban por fuera del estado.

En ese sentido, Cavalieri y otros dirigentes sindicales coinciden políticamente con Cecilia Pando y la ultraderecha Procesista y la defensa de los genocidas de la última dictadura militar, reviviendo su convivencia del pasado. Cecilia Pando, la mujer del mayor Rafael Mercado, pidió el 23 de enero pasado que "todos los terroristas que están en el gobierno tengan su condena" luego de participar en una misa para recordar a las víctimas del terrorismo en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en el barrio porteño de La Recoleta.

"Todos los terroristas que están en el gobierno tienen que tener su condena, como (el canciller Jorge) Taiana, (Rafael) Bielsa, (Miguel) Bonasso, (Carlos) Kunkel, (Juan Carlos) Dante Gullo, (Jorge) Obeid, y (Horacio) Verbitsky", enumeró Pando, en una curiosa mezcla de funcionarios, legisladores, dirigentes y periodistas, y acusó a la gestión de Néstor Kichner de "abrir una herida". Tanto Cavalieri y otros dirigentes sindicales como la ultraderecha Procesista buscan desde diferentes ángulos presionar a los supuestos instigadores de los juicios reabiertos a los militares y policías de la última dictadura y ahora de la investigación de la Triple A, para ellos el gobierno, y parecen decir "si nos investigan a nosotros, los deberían investigar a ustedes" poniendo en un plano de igualdad a los que detentaban el poder y a quienes los enfrentaban desde fuera de él.

Nótese sin sorpresa, que esta línea de conjunción siempre estuvo presente. En la Plaza del Genocidio y el Proceso, el pasado 6 de octubre, la figura de Rucci fue elevada a la categoría del altar de los "mártires" reinvidicados por los militares del Proceso que quieren parar las investigaciones y juicios.

La Triple A: Un episodio de la guerra del estado contra la vanguardia del Cordobazo

En 1969 una semiinsurrección obrera y popular, sobrepasando los controles de la burocracia sindical y los partidos tradicionales, terminó con los sueños de poder del General Ongania. Sucesivas puebladas otra vez en Córdoba, pero también en Rosario, Mendoza, Neuquén y Mar del Plata entre otras, hicieron huir corriendo al sucesor de Ongania, Levingston, y obligaron a Lanusse a convocar a elecciones.

Entre tiras y aflojes, la burguesía y las Fuerzas Armadas discutieron con Perón los términos en los que último debería regresar a gobernar y terminar con un fenómeno sin antecedentes en la historia del país de la posguerra. Por primera vez, la vanguardia obrera y estudiantil, que surgió del Cordobazo y se extendió por todo el país, estaba dirigida por la izquierda no-peronista y solo parcialmente por peronistas de izquierda, y estos eran los más críticos de su líder, como Ongaro, que terminó dirigiendo la primera huelga contra su gobierno, terminando preso por ello. No es casual que los grandes dirigentes obreros de los 70s, Tosco, Salamanca, Páez, Piccinini, Jaime y cientos mas no fueran peronistas sino de izquierda

Este "clasismo" como se le conoció, crecía vertiginosamente y dirigía sindicatos regionales de gran importancia como el SMATA de Córdoba y otras provincias, grandes concentraciones metalúrgicas como la de Villa Constitución, la Federación Grafica Bonaerense e incluso regionales de la CGT como las de Córdoba, Salta y San Lorenzo. En el gremio bancario, textiles y alimentación existían corrientes importantísimas de obreros que, aunque siguieran siendo peronistas, elegían y defendían a dirigentes de izquierda clasistas.

La historia es ineludible. Cuando ni Perón ni Isabel - con el apoyo activo a esta ultima de Videla, Massera y Agosti -- pudieron detener a la vanguardia obrera-estudiantil de izquierda y de izquierda del Peronismo que luchaba y cuando los trabajadores con la huelga general del 27 de junio de 1975 - que hicieron a pesar de la burocracia y que tomó por sorpresa a Casildo Herrera y Lorenzo Miguel que se hallaban en Ginebra -- echaron a López Rega y Rodrigo del gobierno, y al primero del país, vinieron los militares a suplantar la ineficiencia del gobierno peronista, la Triple A se incorporó del día a la noche a los Grupos de Tareas de las Fuerzas Armadas y el genocidio se incrementó. El caso es que Perón, Isabel y la Triple A se asociaron a las Fuerzas Armadas para combatir al enemigo común y estas últimas solo desplazaron primero a López Rega - con la aprobación de Lorenzo Miguel - y luego, cuando los intentos de Bordaberrizacion (los militares ejerciendo el poder real con Isabel como fachada y presumiblemente con un Congreso desbandado) no funcionó, las FFAA simplemente se deshicieron de sus socios ineptos.

La de Perón, Isabel, López Rega y la Triple A no fue simplemente una guerra al interior del peronismo por los espacios de poder del mismo, aunque entre los caídos en la guerra figuren muchos miembros de Montoneros, la JTP y la JUP. Más aun, durante la primera etapa post Cordobazo, estas organizaciones fueron creadas y prohijadas por el propio Perón como una transición para debilitar al clasismo.

Baste recordar que durante la campaña electoral de 1973 que le dio la victoria a Cámpora y luego bajo el breve interregno de este hasta su desplazamiento por Perón tres meses después, las organizaciones de la Tendencia gastaron considerables energías haciendo campaña primero por Perón y luego por Isabel, aceptando a López Rega, llamando a la izquierda que denunciaba esto como "contrarrevolucionaria."

Mientras Perón ordenaba la represión de la izquierda y aun de sus propios militantes, la Tendencia justificaba estas acciones como "tácticas geniales del General.

Cuando a su vez la "Tendencia" se volvió un escollo, Perón simplemente los expulsó del movimiento y los declaró parte del enemigo. Cuando los echó de la Plaza el 1ro. de mayo de 1974, lo hizo porque ya no les era útil y, por el contrario, no servían ya para detener y bloquear a la izquierda.

Fue una guerra abierta y feroz del gobierno peronista en todas sus manifestaciones contra la vanguardia obrera-estudiantil, de izquierda no peronista y de peronistas de izquierda, que surgió en el Cordobazo y que el aparato político peronista, la burocracia sindical y los partidos tradicionales como la UCR y otros no podían contener, absorber, cooptar ni destruir.

Estos son los hechos ineludibles en la actual polémica sobre la Triple A. La izquierda debe participar activamente en la investigación de los crímenes de la Triple A y en el debate publico sobre el terrorismo de estado bajo Perón e Isabel, al igual que bajo el Proceso.

Es necesario evitar que, al servicio de los intereses del gobierno o de la burocracia sindical, se entierre o en el olvido o en la confusión deliberada de los hechos y de los responsables, la operación de liquidación física de la vanguardia clasista nacida en el Cordobazo.

Hasta ahora las organizaciones de Derechos Humanos han mantenido un conspicuo silencio, unas esperando las definiciones del gobierno para alinearse con ellas, otras terminando sus vacaciones o aguardando el fin de la feria judicial. Esperamos que haya un despertar de estas en febrero.

La consigna debería ser: toda la verdad, caiga quien caiga.■