Haz Ruido
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Amnistia
El peligro de ser mujer pobre en Perú
Cada ocho horas muere una mujer en Perú como consecuencia del embarazo o de complicaciones durante el parto. El 45 por ciento de las muertes que se producen en el país son de menores de cinco años.
Ser mujer, pobre e indígena en Perú es una peligrosa combinación que puede acarrear la muerte.
La negación del derecho a la salud materno-infantil se produce de forma dramática en los sectores más desfavorecidos. Los indices de mortalidad materna e infantil son uno de los más altos de América.
El pago de multas, la no entrega de certificados de nacimiento y a veces los gritos, insultos y desprecio en las consultas de algunas regiones remotas del país no pueden seguir.
Como comentaba una mujer en Iquitos, Perú:
"Cuando vas mal arreglada te hacen esperar más y entran antes los que llegan después pero van bien vestidos [...] y si reclamas te tratan peor."
Podemos hacer algo y tenemos que hacerlo ahora.
¡ Actúa !
Amnistía Internacional preocupada por juicios contra mapuches
La entidad dijo estar inquieta sobre el futuro de las causas mapuches y la actuación de la policía en distintos casos. Además advirtió por el uso de fuerza policial en las protestas de los escolares el año pasado y sobre la permanencia de la ley de amnistía.
| lanacion.cl/Agencias |
El maltrato a los mapuches, el exceso del empleo de la fuerza policial contra los manifestantes en las protestas estudiantiles y las "muy duras" condiciones en las cárceles en Chile, son denunciadas por Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre el estado de los derechos humanos durante el 2006.
El documento, publicado hoy en Londres, recuerda también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en septiembre pasado que era inadmisible la aplicación de la lLey de Amnistía de 1978 a los crímenes de lesa humanidad cometidos, en otra crítica a la actuación del país en estos temas.
La organización señala por ejemplo la huelga de hambre que protagonizaron varios presos mapuches para reclamar por la aplicación de la ley antiterrorista.
También se menciona la actuación de carabineros al allanar una comunidad mapuche de Temucuicui, en la provincia de Malleco, en busca de animales robados, pese a que sus habitantes negaron en todo momento haber actuado ilegalmente.
Mención aparte merece para el organismo que no se ha abierto ninguna investigación oficial sobre esa operación, en la que los agentes emplearon gases lacrimógenos, balas de goma contra mapuches que iban desarmados.
Durante mayo, junio y octubre del año pasado, el estudio revisa las protestas de los estudiantes y sostiene que se registraron enfrentamientos con la policía en los que ésta - según Amnistía- usó excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas.
Sistema penal
Mención aparte merece la evaluación a las condiciones penitenciarias, en este punto indican que en las cárceles chilenas hay hacinamiento, falta de atención médica, malos tratos y corrupción entre guardias y presos.
Más aún afirman que n junio pasado la Corte de Apelaciones de Santiago examinó el caso de 80 presos de la ex Penitenciaria de Santiago que habían sido obligados a dormir a la intemperie.
Amnistía Internacional agrega que unos abogados de la ONG Fundación Paternitas presentaron un recurso de protección en nombre de los afectados.
El informe indica que al finalizar el año, la Presidenta Michelle Bachelet no ha decidido aún si la ley de Amnistía debía anularse, revocarse o modificarse mediante una nueva legislación para limitar su aplicación. Este último aspecto, en todo caso, fue abordado por la mandataria en su pasada cuenta del 21 de mayo, donde precisó que efectivamente hará los esfuerzos para anular su aplicación.
Otro informe
A su vez la Federación Internacional de Derechos Humano (FIDH) en América Latina, en voz de su secretario general, Luis Guillermo Pérez, también pasó revista al panorama de la zona y en el caso chileno alertó sobre los juicios los mapuches.
Al respecto sostiene el documento que preocupa en nuestro país la legislación que permite juzgar a los líderes mapuches como terroristas basándose en testimonios anónimos, algo que contraviene las convenciones internacionales ratificadas por Chile.
Desde París, el representante repasó los principales asuntos que la organización tiene abiertos en América Latina.
En Perú, por ejemplo la organización apoya a su célula local en su lucha jurídica para que el ex presidente Alberto Fujimori sea extraditado y juzgado en el país.
Además, Pérez mostró su preocupación por los intentos de restablecimiento de la pena de muerte del actual presidente, Alan García, al que acusó de estar implicado en algunos atentados contra los derechos humanos en su anterior etapa al frente del país.
El responsable de la FIDH para América Latina se mostró particularmente preocupado por la situación en México por el "mensaje contradictorio" del presidente, Felipe Calderón, que apoya los esfuerzos en favor de los derechos humanos en la esfera internacional pero no actúa dentro del país.
Consideró un "signo negativo" el nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación (Interior) federal, un hombre al que las asociaciones de derechos humanos locales acusan de promover la tortura cuando fue gobernador de Jalisco.
También criticó la "criminalización de la protesta social", en referencia a la respuesta policial a las manifestaciones del estado de Oaxaca, donde según Pérez, la liga de derechos humanos local es atacada por "una justicia instrumentalizada".
La FIDH también promueve acciones en favor de la investigación de los asesinatos de mujeres en México y Guatemala y espera obtener el apoyo de la Unión Europea (UE) en estos casos.
En este sentido, Pérez señaló que la actitud de Bruselas sobre las demandas de presión al Gobierno de Calderón tienen menos eco en los últimos años y lo atribuyó a las mayores relaciones comerciales entre la UE y México.
En el caso colombiano, Pérez destacó la compleja situación que vive el país entre las presiones de la guerrilla y de los grupos paramilitares.
Amnistía Internacional
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Feliz aniversario, Sr. Presidente
Estimado Sr. George W. Bush,
Ahora que está a punto de cumplirse el 5º aniversario del campo de detenidos de Guantánamo, quiero felicitarle a usted por varios motivos:
1. Por habérselas arreglado para mantener un centro de detención ilegal abierto durante tanto tiempo ante la pasividad de la comunidad internacional;
2. Por intentar reducir a cenizas la Convención de Ginebra, después de más de medio siglo de vigencia.
3. Por haber descubierto que hay seres humanos sin derechos humanos;
4. Por mantener bajo detención prolongada a cientos de detenidos sin cargo ni juicio, permitiendo las torturas y los malos tratos;
5. Por hacer desaparecer a un número desconocido de personas, y por hacerlo, eso sí, en nombre de la libertad;
6. Por haber conseguido que sean admisibles las pruebas obtenidas mediante tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
7. Por conseguir que muchos países, entre ellos muchos de Europa, le presten sus bases y aeropuertos para dichos propósitos.
Por todo ello, le hago llegar mis felicitaciones. Pero de paso, también le envío mi más airada condena y rechazo a la existencia de Guantánamo y el resto de centros de detención.
Le exijo a usted que cierre el centro de detención de Guantánamo y que libere a los detenidos a menos que los acusen de un delito común reconocible y los juzguen de conformidad con las normas internacionales de justicia procesal, en un tribunal que no imponga la pena de muerte.
Chile: Mujeres - Potencialmente, todas las mujeres de Chile
La violencia doméstica constituye una violación de derechos humanos y como tal el Estado debe adoptar todas las medidas para eliminarla.
Más del 50% de las mujeres chilenas ha sufrido algún tipo de violencia. De ellas, un 16% es sicológica, un 20% física y 15% sexual.
Casi un 75% de la violencia que se comete contra las mujeres es ejercida por su cónyuge o conviviente (en cambio, un 19% de la violencia que enfrentan los hombres es cometida por su cónyuge o conviviente).
La Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) no ha solucionado este problema y aún cuando es un avance, debe mejorarse para avanzar en la eliminación de esta violación de los derechos humanos de la mitad de las mujeres.
La Ley de Violencia Intrafamiliar debe:
Respetarse: todos los aspectos de capacitación de funcionarios/as, medidas de protección, entre otras, que ya están establecidas, deben hacerse efectivas.
Regular el delito de violencia doméstica o maltrato habitual desde el comienzo hasta el fin (hoy el maltrato moderado es regulado por la ley, en el resto de los casos se remite a otros delitos, establecidos en la legislación penal), especialmente:
Establecer una alerta temprana para lograr una protección efectiva (antes de denunciar pasan en promedio 7 años, por lo tanto no se trata de un caso aislado)
Velar por el cumplimiento efectivo de las medidas de protección o cautelares
Regular el delito de acuerdo a su gravedad, estableciendo penas que revelen que la sociedad condena estos atentados.
Remitir el tratamiento a una única institución. Actualmente son competentes los Tribunales de Familia y el Ministerio Público, sin la coordinación necesaria.
La institución debe contar con los recursos adecuados
Debe existir suficiente coordinación con la Policía y Servicios de Salud (primer lugar al que llegan muchas mujeres agredidas)
Amnistía Internacional propone 14 puntos para combatir la violencia doméstica y considera que la Ley de Violencia Intrafamiliar chilena debe adecuarse a estos estándares de protección de derechos humanos.
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