Apuntes sobre el Paro General en Chile

Andrés Figueroa Cornejo

1. La táctica del Paro General se inscribe como una fase en el horizonte estratégico de la hegemonía  de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y subsecuentemente, en la marcha larga hacia una sociedad sin clases donde las relaciones de fuerza internacionales condicionan y lo nacional determina (en tanto territorio complejo y acotado respecto de las variables propias de los pueblos, originarios y mestizos, que habitan Chile).

Es decir, la táctica del paro general es una de las maneras y parte al interior de un proceso duro para que un futuro bloque político popular y mayoritario  gobierne el conjunto de las relaciones sociales en el territorio. La estrategia, al mismo tiempo, se enmarca en las condiciones mundiales de la lucha entre el establecimiento del socialismo o la dominación de la barbarie capitalista.

2. La más numerosa huelga general que se organizó en Chile (proporcional a la cantidad de trabajadores y habitantes de la época) data de 1955, cuando alrededor del 80% de los trabajadores formales de un Estado e industrias asociadas mucho más grande que el actual –donde galopaba un desarrollo pujante del patrón de sustitución de importaciones- estaba agrupado en la Central Única de Trabajadores dirigida por el mítico Clotario Blest. Un millón doscientos mil  asalariados, entre formales e informales, de la ciudad y el campo, detuvieron las actividades laborales. Dos años después se realizó una protesta popular en Santiago que terminó con 36 muertos. Sólo un año más tarde, Salvador Allende perdería las elecciones presidenciales con el 28,91% de las preferencias (un millón doscientos veinte y cinco mil doscientos veinte y seis votos) debido a la candidatura usada por la derecha del llamado “cura de Catapilco”, Antonio Zamorano. Esto es, el ascenso del movimiento popular y la lucha de clases fueron capitalizadas por la izquierda predominante de la época, caracterizada  por la ingenuidad legalista y el paternalismo político. Considerando con el respeto y la estatura debida, la honra, ética, heroísmo, entrega superlativa de la militancia social mayoritaria de ese entonces, desde Salvador Allende hasta la o el adolescente que practicaba sus luchas y compromisos primeros.

La realidad presente revela una sindicalización de alrededor de un 15% de los trabajadores (de los cuales, apenas  un 7 a un 9% puede negociar colectivamente –cuando lo hace-, pero en pésimas condiciones de fuerza frente al empresariado por razones que son materia de otro análisis), fragmentados en un sinnúmero de sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales de distinto signo. Además ya no existe la Central Única de Trabajadores, y la actual Central Unitaria de Trabajadores, refundada en 1990 –la más importante del país- se sostiene por los empleados públicos, los profesores y fragmentos de organizaciones menores. Desde sus inicios ha sido una CUT funcional al Estado. Y el Estado durante los gobiernos civiles, al igual que durante la dictadura militar, tiene un nítido contenido burgués, es decir, responde estratégicamente a los intereses de la clase dominante que aún ordena las relaciones sociales, políticas, militares, económicas y culturales a su antojo. Sus principales victorias subjetivas han sido tanto la desmoralización, como la alienación de importantes franjas del campo popular.

 Por eso el paro general se postula como un punto de llegada durante un período determinado por los tiempos políticos de la recomposición del movimiento social o real. Esto es, el movimiento formado por personas, trabajadores y oprimidos, que organizadamente –y en parte, espontáneamente- comienzan a presentar lucha frente a las maldiciones del capitalismo y que de manera habitual, arranca a propósito de demandas muy sencillas, inmediatas y básicamente económicas.

El paro general, en los hechos, no podría tener la forma de una huelga general clásica de trabajadores. Dadas las condiciones reales, el paro general sólo se ofrecería eficientemente – a través de un proceso político y social no calendarizado, sino mediante un tránsito lleno de altibajos, avances, contracciones y contradicciones- si es asumido por los sectores más adelantados del mundo del trabajo organizado (cobre, puertos, sistema financiero, transporte, empleados públicos), aunque sea parcialmente. Sin embargo, y he aquí por qué es pertinente la táctica de un paro general, al igual que en la dictadura militar y en períodos que se remontan a fines del siglo antepasado y principios del XX, la autoridad transversal de clase que comportan los trabajadores hacia el conjunto del pueblo, convierte a los asalariados organizados en el territorio social y sujeto con la legitimidad suficiente para construir la convocatoria y marco de un movimiento  general de los pueblos y los trabajadores, tanto formales como informales, estructurados o no, subempleados y cesantes, estudiantes (camino a ser trabajadores), pobladores (trabajadores más pobres), pueblos originarios, agrupaciones ambientalistas consecuentes, diversidad sexual que pugna contra el patriarcalismo propio del capital, etc.

Probadamente, ni el sindicalismo corporativo (ese que únicamente se mueve por privilegios inmediatos y sectoriales, funcional y sin visión  más allá de sus narices), por una parte,  ni el pueblo mapuche por sí solo, ni el ambientalismo por sí solo, ni los estudiantes, ni la diversidad sexual u otros núcleos de resistencia anticapitalista, por otra, tienen la capacidad de convertirse autónomamente en la plataforma  con la ascendencia y transversalidad objetiva y simbólica que sí contiene la clase trabajadora organizada y con perspectiva unitaria y, al menos, que cuenta con las pistas nucleares de un proyecto en formación ligado a la dirección general de la sociedad. No sólo porque los que viven de la venta de su fuerza de trabajo, o son cuentapropistas dependientes de la capacidad de consumo precisamente de los asalariados, en los servicios o la producción, son el sostén económico general y motor  insoslayable de la valorización del capital, sino que en el ámbito de la percepción pública, los trabajadores son, por sí mismos, la síntesis de la contraparte sistémica y simbólica de la minoría capitalista. La concentración de la riqueza crea al mismo tiempo la ampliación del trabajo desde sus modos más constituidos hasta los más precarizados (la tercerización o subcontratismo, la informalidad más extrema, el trabajo familiar por cuenta propia o el mismo desempleo). Por la historia y las presentes circunstancias determinadas por las relaciones sociales impuestas por el capital, el llamado a un paro general devenido en un mismo momento, en una movimiento general y popular –y no se dice nacional por el respeto inclusivo que reivindican las luchas del pueblo mapuche cuyo concepto de nacionalidad es distinta al del pueblo mestizo chileno-, libera las posibilidades de un novedoso ciclo dinámico del movimiento social y político compuesto por todos aquellos que sufren los dolores del actual orden de cosas.

4. Naturalmente, la lucha amplia por la organización cuantitativa y cualitativa (inseparables) de los intereses de las grandes mayorías no termina en el llamado ancho a un paro general devenido en movilización general de los más. No es obra de un solo acto. Es un puerto de arribo que inmediatamente se transforma en un nuevo punto de partida y continuidad de un período renovado de los populares como actor político visible, influyente, ofensivo. Y como resulta imposible que sólo el paro y la movilización generales se vuelvan por arte de magia en alternativa política ante las expresiones políticas hegemónicas de la clase en el poder (Coalición por el Cambio y Concertación), ese propio movimiento real de lucha -cuyo programa  resuelto por los propios sujetos sociales congregados se asienta en la soberanía de la mayoría sobre los recursos naturales, el derecho al pleno empleo, la conquista de derechos sociales ultimados por los pocos gran propietarios (salud, educación, seguridad y previsión social, vivienda, servicios básicos accesibles), la destrucción de la relaciones patriarcales, machistas y racistas dominantes, y el respeto irrestricto por el medioambiente- creará las condiciones, como una necesidad proveniente de su propio curso y desarrollo, de las nuevas conducciones políticas de los intereses de los trabajadores y el pueblo.

5. Sin embargo, todo lo anterior es terreno y posibilidad en disputa. No está escrito en las estrellas, de forma fatal, que ocurra de esa manera. De hecho, también es altamente probable que un escenario así, bajo las actuales relaciones de fuerza, sea amañado electoralmente por la “nueva” Concertación  o, incluso, por sectores de la propia Coalición por el Cambio. O por un caudillo digitado oportunamente por los intereses del capital. Ello también ha ocurrido en otros pasajes de la lucha de clases en el país.

6. Las fuerzas anticapitalistas, y sus direcciones provenientes del movimiento popular concreto en un período igualmente concreto, de no contar con la audacia, flexibilidad táctica, capacidad de adaptarse rápidamente (sin jamás perder el horizonte estratégico) a los nuevos modos, contenidos, conductas y formas de lucha de los pueblos y los trabajadores, y sobre todo, con vocación de triunfo, están condenadas de antemano a la derrota. La voluntad de poder expresada en organización y lectura apropiada de las circunstancias, límites y potencias de la realidad en su sentido más fuerte, es la condición cardinal que determina sus posibilidades para convertirse en alternativa política.

Diciembre 17 de 2010

 

 

Cómo se privatiza la propiedad estatal del cobre en el siglo XXI

Entrevista con el ex presidente de la Federación de Trabajadores de CIMM T & S, Ramón López, sobre la venta de la empresa de administración fiscal

Chile: Cómo se privatiza la propiedad estatal del cobre en el siglo XXI

•  Las maniobras del presidente de la Corporación, Felipe Montt (agente privatizador) para enajenar el estatal Centro de Investigación Minero Metalúrgico –Tecnología y Servicios.
• La vergonzosa colaboración de dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores Contratistas, CTC, y la Federación de Trabajadores CIMM T & S, FENATRACIMM, para “vender la prenda” contra los intereses de los trabajadores y el país.

Por Andrés Figueroa Cornejo

La matriz de CIMM T & S es el Centro de Investigación Minero Metalúrgico, CIMM, un centro de investigación cuprífero que nació a fines del gobierno de Frei Montalva. Su creación fue iniciativa del entonces, ministro Sergio Molina, en el contexto de la “Chilenización” del metal rojo (51 % propiedad estatal, 1969).

CIMM surgió como una corporación de derecho privado con fuerte respaldo estatal, con el objetivo de realizar investigación tecnológica al servicio de la explotación cuprífera del país. Durante el gobierno de la Unidad Popular cobró mayor fortaleza ante la nacionalización del cobre.

El consejo de la empresa hasta la decisión y  durante el proceso de venta, está conformado por personas ligadas al gobierno central, más el Instituto Chileno Minero.

EL ORIGEN DEL CIMM T & S

CIMM T & S se transformó en una Sociedad Anónima en 1997, y el presidente del directorio fue Ernesto Tironi (hermano de Eugenio).

En esa época, Ramón López, quien era presidente del Sindicato de Santiago porque la Federación todavía no era una realidad, explica que “ya entonces el objetivo de Tironi era vender la empresa. Pero mucha gente que se formó en el CIMM histórico, pasó a CIMM T & S. Se trata de una columna de técnicos y profesionales con gran sentido de identidad y equipo que se resistieron a la venta.”

De este modo, se vive un nuevo impulso de la empresa. Llega a haber 2.400 trabajadores. Es la época dorada de CIMM T & S. Se realizan servicios a las mineras Escondida, Collahuasi, Codelco, Andina, Pelambres, El Teniente, y otras. Bajo esa administración se alcanzaron utilidades significativas.

UNICO OBJETIVO: VENDER RÁPIDO Y CONTRA LOS BENEFICIOS E INTERESES DE LOS TRABAJADORES

Ramón López, ex presidente de la FENATRACIMM, recientemente removido de su cargo y convertido en un director sindical más por oponerse a los procedimientos de la privatización, cuenta lo que podría ser calificado de un verdadero “manual” de cómo vender propiedad estatal del cobre en Chile bajo un gobierno civil.

-¿Quién es Felipe Montt, número uno de la dirección de CIMM T & S?

“Cuando supe de la incorporación de Felipe Montt como presidente del directorio de la empresa, busqué antecedentes que lo perfilan como un franco “liquidador”, especialista en venta y compra de empresas como el Scotiabank, Telefónica y por estar ligado al llamado “robo del siglo” o “caso Chispas”. En el gobierno de Frei Ruiz Tagle, como Endesa  (ENERSI) quería ampliarse, se asoció con Endesa España que pretendía –y bien le ha ido- controlar la electricidad en Chile. En el directorio de Endesa, Felipe Montt representó las acciones de una AFP, que correspondían al 32% de la firma, entonces estatal. En ese contexto, en 1997 ocurrió que José Yuraszeck (ex militante de Patria y Libertad)  junto a sus ex socios en Enersis, Marcos Zylberberg, Luis Fernando Mackenna, Marcelo Brito, Arsenio Molina y Eduardo Gardella, y Carlos Cáceres fueron acusados de fraude por  la venta del paquete controlador del holding eléctrico a Endesa España. A raíz de esta acusación, los socios estratégicos se vieron obligados a pagar unos US$ 75 millones en multas. Básicamente, el fallo sostiene que los ejecutivos usaron sus cargos directivos en beneficio propio “infringiendo la transparencia del mercado de valores y ocultando información a los restantes directores y accionistas de las citadas compañías”, según la Superintendencia de Valores y Seguros.”

-¿Qué hizo usted como máximo representante sindical cuando conoció el historial de Montt?

“Como presidente de la FENATRACIMM convoqué a los trabajadores y tomé contacto con el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristian Cuevas, antes de las Fiestas Patrias de 2010 para que nos apoyara y porque somos parte de la CTC. Como la empresa se encontraba en proceso de negociaciones colectivas, todos pensábamos que luego de ellas vendría la privatización. Así fue.”

-¿Cuáles fueron los fundamentos de la privatización?

“El argumento de la gerencia para privatizar  CIMM T & S es que la empresa tiene muchas perspectivas de crecimiento, pero no hay capital para enfrentarlas y el Estado no piensa ponerlo.  Felipe Montt dijo que la rentabilidad era súper baja, por tanto no había plata. Hoy la corporación vende US$66 millones de dólares anuales y tendría posibilidades de llegar a los US$100 millones de dólares anuales. ¿Por qué se privatiza una entidad de administración estatal que no sólo obtiene buenas utilidades, sino que tiene muy buenas proyecciones? Ese es el típico fundamento que se ha utilizado para enajenar toda la propiedad estatal desde el régimen militar. Pero pasa que muchos dirigentes sindicales plantean que es muy difícil sostener la no privatización en las faenas porque los trabajadores no tendrían ‘sentido de pertenencia’ con la empresa porque se labora mediante licitaciones que nunca superan los cinco años. No existe conciencia entre la mayoría de los trabajadores, ni en los mismos dirigentes sindicales de mantener en el Estado la compañía.”

EL ACUERDO MARCO (A.M.)

-¿Qué hicieron para defender a los trabajadores de los efectos de la privatización?

“En una reunión con Cristian Cuevas, después de las celebraciones de septiembre, decidimos formular un Acuerdo Marco (A.M.) del lado de los trabajadores, para no esperar sentados la ofensiva privatizadora. Este acuerdo lo firmó también el Sindicato de Profesionales. Sin embargo, cuando teníamos casi listo el Acuerdo Marco, la empresa nos llamó el 7 de octubre donde se nos comunicó la enajenación de CIMM T & S. A la misma hora que Felipe Montt nos informaba a los dirigentes sindicales, en todas las locaciones de la compañía se convocó a los trabajadores para decirles lo mismo. Fue una estrategia de información paralela.”

-¿De qué se trata el Acuerdo Marco?

“Nuestro Acuerdo Marco señalaba es sus partes más importantes que a los trabajadores se les entregara un bono anual por concepto de gratificaciones; la implementación de un tarifado de acuerdo a los cargos; y la extensión de los beneficios conquistados en las negociaciones colectivas para los nuevos trabajadores después de la propia venta de la empresa. Otros aspectos del A.M. tenían que ver con seguros de salud, infraestructura, capacitación. Le agregamos un bono de venta o transferencia de $6 mil millones de pesos (US$12 millones de dólares) a repartir entre todos los trabajadores. Es decir, $3 millones de pesos por funcionario (US$6 mil dólares). Eso lo acordamos como directorio sindical, sin que Montt lo conociera todavía. Además, los dirigentes convinimos establecer condiciones a quienes compraran CIMM T & S relativas a la estabilidad laboral. De hecho la ley resguarda estas propuestas cuando se enajena propiedad pública. Mi temor era que los nuevos propietarios podían lanzar a la calle a la mitad de los trabajadores en el curso de tres años y producir una rotación laboral con salarios mucho más bajos. Por eso pusimos en el A.M. un tarifado, esto es, que cualquier tipo de nuevo contrato debía ser bajo las mismas condiciones, beneficios, sueldos y cargos que existían antes.”

-¿Le presentaron el A.M. a Montt?

“Cuando le expusimos estos puntos, Felipe Montt dijo que ellos significaban bajar el precio de la empresa. Ahí nos percatamos, como un balde de agua fría, que los tiempos y las condiciones de la venta las impondría Montt.”

LA NEGOCIACIÓN IMPOSIBLE

-¿Qué pasos siguieron?

“Para discutir todas estas cuestiones, queríamos que se instalara una Mesa de Trabajo o de Negociación. Y le hicimos entrega del A.M. a Montt antes de la primera quincena de octubre de 2010. Entonces formamos un equipo de trabajo compuesto por la FENATRACIMM, El Sindicato de Profesionales y la CTC dirigida por Cristian Cuevas. De hecho, él (Cuevas) colocó en el equipo a dos periodistas y un abogado. Allí diseñamos una estrategia cuya primera fase consistía en instalar el conflicto en la opinión pública.

Como el factor comunicacional era muy importante, se plantearon  tareas concretas al respecto: Tomar contacto con la Federación de Trabajadores del Norte, que agrupa a tres sindicatos, realizar asambleas, entregar una carta en La Moneda con publicidad; entregar otra al Ministerio de Minería;  realizar una conferencia de prensa en forma;  publicar un número especial de nuestra revista Enfoque Sindical. Asimismo, establecer una fuerte alianza con los profesionales de la empresa,  tomar contacto con diputados y senadores de las comisiones de Minería, e incluso con las empresas que querían comprar CIMM T & S, como la transnacional canadiense SGS. Los objetivos principales eran difundir nuestro Acuerdo Marco y provocar la constitución de la Mesa de Negociaciones o Trabajo. Por su parte, el abogado acopiaría antecedentes sobre las prácticas antisindicales de CIMM T & S.”

-¿Qué frutos tuvieron las medidas acordadas?

“Rápidamente la estrategia comunicacional comienza a fallar. La CTC empieza a relativizar las tareas resueltas. Yo les pido a los periodistas que puso Cristian Cuevas que para la revista entrevisten a América Hidalgo (joven dirigente de Rancagua) y a José Mardones (PC y dirigente de Chuquicamata). Sólo entrevistaron a este último. Asimismo, a Luciano Huerta, que era tanto tesorero de la FENATRACIMM, como de la CTC, se le encomienda la labor de reunir los recursos para financiar la campaña. Se determina cobrar mil pesos por trabajador para estos fines (dos dólares). Pero Luciano no hace bien su labor. Su gestión no esta a la altura de los acontecimientos. Su pega se centra más en la CTC.”

-¿Y otros dirigentes?

“Por otra parte, el secretario de la Federación de CIMM T & S, Miguel Santana, brilla por su ausencia en este proceso. Además, Santana se declara abiertamente amigo del gerente de Recursos Humanos de la empresa, Hugo Cataldo, que quiere privatizar. Extrañamente, la negociación sindical que condujo Santana en Andina fue una de las peores para los trabajadores en relación a las demás negociaciones que tuvo la empresa (8 en total). Hugo Cataldo (gerente de RRHH) ya había resumido su filosofía, diciendo que “Yo te ayudo si eres amigo mío. De lo contrario eres mi enemigo”. Felipe Montt ante las denuncias de que Hugo Cataldo había hecho capacitaciones a una  empresa de la competencia siendo director de Educación y Gestión de una empresa ligada a CIMM T & S, nunca se manifestó incómodo. En otro plano, estábamos muy molestos con el gerente general  de la empresa, Yanko González, porque como trabajadores hicimos mucho para ayudarlo a llegar allí. Mientras fue gerente general interino hubo buena sintonía con nosotros.

Eso cambió cuando fue ratificado como gerente general de planta. Yanko González nunca generó un proyecto de desarrollo de la corporación con los trabajadores, y ese era el compromiso que nos llevó a apoyarlo (con movilizaciones incluidas). Nos sentimos traicionados.”

-Pero la planificación que hicieron ustedes no terminaba en lo puramente comunicacional…

“La segunda fase de la estrategia para defender el Acuerdo Marco era que si los trabajadores no se movilizaban, por lo menos lo haríamos los dirigentes sindicales. Al respecto, nosotros confiábamos mucho en la CTC y particularmente en Cristian Cuevas. A tal punto, que se le pidió a él que encabezara las negociaciones con la empresa, que él llegara a Felipe Montt para establecer la Mesa de Trabajo. Sólo sabemos que se reunió con Yanko González, pero nunca hubo informe alguno sobre eso. Paralelamente, los periodistas de la CTC no publicaron por negligencia el Enfoque Sindical que contenía nuestro Acuerdo Marco. Empezaron a ocurrir cosas extrañas. Tuvimos que sacar nosotros mismos la revista. Tampoco se hace la conferencia de prensa comprometida. Asimismo, nos reunimos con los diputados Marco Espinoza y Guillermo Teillier, a quienes les entregamos los antecedentes y ellos enviaron un oficio al ministro de Minería. Lo mismo ocurrió con el presidente del Partido Radical Social Demócrata, José Antonio Gómez, quien también mandó un oficio. Pero no pasó nada. Entonces le pedimos a los dirigentes Luciano Huerta y José Mardones que hicieran un seguimiento del trámite. Tampoco se hace esa labor.”

-¿Y la Mesa de Trabajo?

“Finalmente, Montt no aceptó la Mesa de Trabajo, y empleó la maniobra de citar a todos en Antofagasta a fines de octubre. Nosotros no asistimos porque lo que solicitábamos era una Mesa de Trabajo. La reunión convocada por Montt tuvo como fin exponer latamente su proyecto, para informar, no para negociar con los trabajadores. Él buscaba la condescendencia de los dirigentes, pero fracasó. Por otro lado, Montt no respondió formalmente a nuestro A.M., entregado vía correo electrónico y por mano de algunos profesionales. Después se realizó una nueva reunión  en Santiago, donde la FETRACIMM, por primera vez presenta un proyecto propio.  Aquí también ocurre algo extraño. Al presidente de los profesionales asociados a la FETRACIMM lo remueven del cargo de presidente, debido al acercamiento a nosotros, la FENATRACIMM, para hacer la unidad y enfrentar juntos el proceso privatizador.  En la ocasión, Montt expuso otra vez su proyecto.

Los trabajadores hicimos lo propio y él quedó de respondernos en una semana. No cumplió con el plazo, y contestó después en una reunión en Iquique que va a dar un bono de traspaso. No asumió la extensión de beneficios ni el tarifado, y dijo que si los nuevos propietarios echan personas se les “castigará” con una multa de un 40% adicional en las indemnizaciones, pero sólo los primeros 6 meses de la eventual nueva administración, e irá decreciendo durante 18 meses hasta llegar a cero. También prometió dinero a los sindicatos para paliar una deuda que tiene el sindicato de Chuquicamata con la empresa (cuyo origen desconocemos), donde está el dirigente José Mardones. Luego nosotros realizamos una contraoferta basada en nuestras propuestas originales. Entonces Montt aceptó que el bono de venta fuera pagado el 50% ahora, y la mitad restante al año siguiente, pero con sus propios montos. Nosotros replicamos denunciando la mezquindad, insuficiencia y poca transparencia de su oferta, entre otras cosas, por las primas que él se llevará por la privatización.”

-¿Y los profesionales de CIMM T & S?

“Nosotros habíamos tenido un buen entendimiento con el Sindicato de Profesionales de CIMM T&S, con quienes estábamos unidos. Sin embargo, los intentos  de dividirnos siempre estuvieron presentes.”

-¿Y de qué modo informan sobre  estos acontecimientos?

“Todo esto los denunciamos en la revista Enfoque Sindical antes de ser distribuida. El secretario de nuestra  Federación, Miguel Santana –que ahora está a cargo de llevar dinero a la CTC a través de una OTEC (venta de capacitaciones)- se manifiesta en desacuerdo con denunciar a Felipe Montt. Paralelamente, José Mardones me pide también que quite el artículo dedicado a Felipe Montt donde se habla sobre la deuda del Sindicato de Chuquicamata. Nosotros empezamos a realizar asambleas porque sólo nos queda la herramienta histórica de la movilización, a la cual también se niegan Miguel Santana y José Mardones con pobres argumentos. Entonces se produce un encuentro en Calama de la CTC a fines de noviembre, a la cual asistimos, donde nuevamente se plantean contra las denuncias a Montt y la realización de movilizaciones. Yo les digo que sólo se puede negociar movilizados. Ahí se descubre la “máquina” y el montaje al servicio de la venta bajo las condiciones de la empresa.

Ya tenían todo arreglado y a puerta cerrada. Luego hay una reunión en Santiago el 1 de diciembre, donde la CTC paga el viaje en avión a dirigentes que no habían participado en ninguna parte de este proceso. Ahí “me hacen la cama”, y mediante una votación concertada me sacan de la presidencia de la Federación, quedando sólo como director sindical. Y mientras me remueven, la empresa actúa ‘de hecho’, enviando cartas certificadas a los trabajadores donde les informa los montos del bono de venta. Es decir, el negocio ya estaba cocinado a espalda de los trabajadores. Únicamente quedaba quitarme del medio. Al parecer, la CTC ya no tiene nada que ver con los principios que la originaron. Se prestó para dividirnos en un momento que debíamos estar más unidos que nunca.  Yo no estoy dispuesto a ser una extensión de los intereses de la gerencia de Recursos Humanos.”

Diciembre 14 de 2010

 

 

Chile: Los griferos de Fas S.A. en huelga

Por Andrés Figueroa Cornejo

La Fábrica de Fittings y Artículos Sanitarios S.A. (FAS) se fundó en 1955, en el barrio Yungay, en pleno nervio de Santiago viejo. En la actualidad y según su página corporativa, “35.000 metros cuadrados de superficie total, son los que albergan a los casi 20.000 metros cuadrados de infraestructura de nuestra planta productiva, en la cual se desarrollan las actividades que Griferías FAS requiere para entregar la más moderna línea de productos a unos exigentes consumidores. Es así como nuestra casa matriz se ubicó finalmente en la Avenida Gladys Marín #6098, del barrio industrial de Estación Central” de la Región Metropolitana.

Más allá de las declaraciones publicitarias, el Sindicato de Trabajadores de FAS S.A., luego de realizar los pasos regulares de la negociación colectiva, y con una oferta última de la empresa que, de acuerdo al presidente del Sindicato, Marco Fica,  “rebajaba la mayoría de los beneficios y no incrementaba nada”, se votó la huelga con un 90% de aprobación el 30 de noviembre pasado.

Los dueños de la fábrica, dos uruguayos de apellido Laurini que están en Chile un par de veces al mes,  delegaron el poder de negociar a sus representantes, quienes una vez comunicados de la votación, solicitaron los buenos oficios el 1 de diciembre. Reunidas  las partes con la mediadora de la Inspección del Trabajo, la empresa “usó los buenos oficios no para negociar, sino para reafirmar su postura de menoscabar los beneficios de los trabajadores a cambio de nada”, señaló Marco Fica y agregó que “la misma señorita mediadora calificó como insólita la postura de la empresa, ya que fue absurdo utilizar esta herramienta de negociación con el fin de no-negociar y querer impedir la huelga a cambio de nada”. Como si fuera poco, durante la mediación, la representación de los propietarios manifestó que los trabajadores debían acceder a una rebaja salarial, junto a la aceptación del despido de 35 de ellos.

El Sindicato nació en 1967 y en la actualidad reúne a 34 afiliados de 120 operarios y administrativos que laboran en FAS, luego de que la empresa “inventara” otro sindicato con el fin de destruir sus facultades negociadoras. Los trabajadores organizados obtienen salarios mensuales promedio de $250 mil pesos (US$ 500), salvo los más antiguos (cuatro) que ganan $400 mil pesos (US$ 800 dólares). Lo mismo rentan los trabajadores no sindicalizados a quienes “se les exige como condición de ‘lealtad’ no integrarse al Sindicato, pese a que reciben el mismo sueldo”, explicó Fica.

El Sindicato en huelga demanda a la empresa la actualización de 18 meses acumulados del precio de las remuneraciones sin reajustes, lo cual se traduce en la reivindicación del aumento de un 2,9% en los sueldos base. Asimismo, solicitan garantizar el   IPC  semestral durante dos años y medio.

Al igual como ha ocurrido en un sinnúmero de industrias productivas, a causa de la nula protección al producto nacional, la baja del dólar y el ingreso masivo y sin costos a Chile de mercancía asiática mucho más barata por las condiciones en que son producidas en sus naciones de origen, con el tiempo, FAS –una mediana empresa- ha pasado de ser una productora de artículos de grifería a convertirse en una distribuidora de importaciones principalmente chinas.

Diciembre 11 de 2010

 

 

 

Chile: Estamos muertos en la cárcel de San Miguel los 83 (por ahora)

Por Andrés Figueroa Cornejo

La delincuencia, fuera de las patologías psiquiátricas marginales,  es producto de la miseria y la ignorancia.

A las 5:48 hrs. de la madrugada  del 8 de diciembre de 2010, los bomberos recibieron un llamado telefónico probablemente de un interno de la cárcel del San Miguel, comuna de la Región Metropolitana, donde se estaba produciendo un siniestro con consecuencias fatales sin precedentes en la historia de las penitenciarias chilenas. Sin embargo, el incendio habría comenzado alrededor de las 4:00 hrs. de la madrugada, es decir, casi dos horas antes de que llegara auxilio, a las 6:00 hrs. De acuerdo a versiones preliminares, ya son 83 los reos calcinados  y muertos por asfixia. A ello se agregan más de 300 heridos y un número indeterminado de presos en riego vital que están distribuidos en distintos recintos hospitalarios de Santiago. La tragedia se concentró en el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel. Durante los acontecimientos,  sólo había cinco funcionarios de gendarmería en un recinto donde estaban recluidas  1961 personas, toda vez que la prisión está habilitada para 900 hombres. Es decir, los niveles de hacinamiento superaban más de un 100% las instalaciones. Los familiares de los reos, presa de la desesperación y la incertidumbre debido a las escasas informaciones vertidas oficialmente, lanzaron huevos y piedras a las autoridades y la policía.

De modo oficial resultan opacas las razones que originaron el desastre. Lo cierto es que independientemente de las responsabilidades inmediatas –eventual negligencia de gendarmes en particular-, existen responsabilidades políticas de fondo que recaen en los gobiernos anteriores y en el actual, y de los actuales ministros de Salud y de Justicia, Jaime Mañalich y Felipe Bulnes. 

Antecedentes

En los últimos 10 años el incremento de la población carcelaria fue de 22.000 mil presos a 52.621 hoy. Considerando los reos que están beneficiados por políticas intrapenitenciarias o sistema abierto se llega a 55.000 mil reclusos. Esto es, el sistema penitenciario chileno es responsable de 107 mil personas.

El modelo privado que cuenta con subsidiado estatal generado con el propósito formal de aminorar  el hacinamiento ha resultado un fracaso. En la actualidad, en los recintos  concesionados existen tres presos en calabozos hechos para un interno. En la prisión femenina  hay 300 reclusas en una habitación con capacidad para  80 personas, mientras que en la penitenciaría las instalaciones  para 120 internos alojan a 800 reos.

La ley indica que el objetivo fundamental de la reclusión es la rehabilitación del preso con el fin de su eventual inserción social. No obstante, en el último tiempo se redujo el presupuesto para gendarmería en  más de 2.600 millones de pesos (US$ 5 millones 200 mil dólares). Esa cifra deviene en que  ninguna cárcel posee programas de rehabilitación.

El modelo penitenciario estatal  invierte por recluso 290 mil pesos (US$ 580), en tanto en los penales privatizados, prácticamente 600 mil pesos (US$ 1.200). En el sistema privado, los montos comportan enseñanza, salud, especialistas en rehabilitación, comida, y gastos en arriendo del recinto, agua y luz. Inversamente, bajo el modelo fiscal, por menos de la mitad de los recursos todas las labores anteriores deben efectuarlas los gendarmes.

En Chile hay un funcionario de gendarmería por 91 presos. Investigaciones, hechas por el gremio de gendarmería, informan que  sus trabajadores laboran para el Estado más de 12 millones de horas extraordinarias no canceladas.

El fondo del desastre

Mientras mediáticamente Piñera intenta explicar con abundante demagogia, como si fuera parte de la oposición –tomando distancia absurda respecto de su propia administración y culpando al eslabón más frágil de la cadena carcelaria-, una vez más, el mandatario enfrenta una crisis que revela las condiciones de subdesarrollo de Chile, asociadas, en este caso, a las inexistentes estrategias de prevención de accidentabilidad, resguardos sanitarios, rehabilitación efectiva de los reos, y un  hacinamiento estructural del sistema penitenciario. Tras estos fenómenos se oculta el más profundo desprecio y abandono respecto de un segmento de la población chilena que es pobre y cuyo comportamiento está  gatillado esencialmente por las pésimas condiciones de vida de las clases subalternas, la ausencia de una formación cultural digna, el desempleo, falta de porvenir y expectativas de desarrollo personal y colectivo, y la alienación social provocada por el imperio del fetiche del consumo innecesario que facilita la constitución de una subcultura ligada a la violencia y produce  relaciones sociales dañadas y dañinas. Si no terminan las más que precarias condiciones materiales y educacionales de importantes segmentos de la desigual sociedad chilena, la delincuencia cobrará, simétricamente, una tendencia creciente y sin control. He aquí como se suma una nueva denuncia para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, dos días después de la inédita tragedia.

Diciembre 8 de 2010, 13:30 hrs.

 

 

información sobre la primera jornada del juicio en Paris de los militares chilenos

información sobre la primera jornada del juicio en Paris de los militares chilenos responsables de la desaparición de cuatro franceses

Manuel RAMOS

Esta mañana, 8 de diciembre de 2010, en la Corte Penal del Palacio de Justicia de Paris se ha iniciado  el juicio en ausencia de los que se considera como autores del secuestro de Georges Klein, Etienne Pesle de Mesnil, Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet.

Los acusados, que en su  mayoria son altos oficiales del éjército chileno, no  se presentaron ni hicieron representar, prefiriendo hacer el vacío para no legitimar el proceso que se les hace en Francia. El gobierno de Chile tampoco envió ningun mensaje, probablemente también para no reconocer la legitimidad de este proceso. El requisitorio mostrará una fotografía de lo que fué la represion en esos dias en el Chile de la dictadura. El silencio desde Chile seguirá mostrando la falta de justicia y la indiferencia de las autoridades de gobierno.

El Tribunal se constituyó en presencia de los familiares, principalmente de los hermanos e hijos de los cuatro ciudadanos franceses detenidos – desaparecidos , de los numerosos testigos que han venido desde Chile, de las asociaciones de derechos humanos demandantes  : CODEPU, ex-prisioneros  politicos chilenos residentes en Francia, la FIDH (Federacion Internacional de Derechos Humanos, Francia)  y de los abogados William BOURDON, Sophie Thonon y Claude KATZ, defensores de las familias.

Ha habido numeros periodistas de la prensa, radio y televisión francesa y hoy los principales noticiarios de radio y prensa han dado cuenta del proceso.

A partir del medio-dia se  inció la lectura de las casi 200 páginas que contiene la investigacion de los jueces que han tenido a cargo este procedimiento , iniciado el 26 y27 de octubre de 1998, con las cuatro deposiciones de las cuatro familias y un mes después de la detencion de Pinochet en Londres.

Al abrir el proceso, el Presidente del Tribunal de la Corte Penal dió cuenta de la aplicabilidad de la ley penal francesa para recibir las demandas de las familias de los franceses detenidos – desaparecidos en Chile y citó los articulos 224-1 y siguientes sobre secuestro y el articulo 113 sobre la aplicabilidad de la ley francesa cuando la victima es francesa, como se ha constatado en el caso de cada una de la victimas detenidas –desaparecidas.

Luego de esta presentación se comienza la lectura del requisitorio que relata en detalle las declaraciones y testimonios hechos por  detenidos y militares que estubieron presentes en los lugares de detencion donde pasaron  los cuatro compañeros detenidos - desaparecidos y que los vieron en algun momento. Para todos los que estabamos en la sala ha sido un tiempo de memoria y de intensa emoción que nos ha traslado instantaneamente a la violencia impuesta por los militares desde los primeros instantes del golpe : bombardeo a la Moneda, estado de sitio, represion y arrestaciones masivas en las poblaciones, universidades, empresas, golpes y tortura generalizada a lo largo y ancho de Chile.

Las audiencias siguientes seran sin duda tan intensas y emotivas como esta.

Esta previsto una jornada completa para la presentación de cada uno de los compañeros detenido – desaparecido. Los dias siguientes habran los testimonios de grandes personalidades representativas de los derechos humanos de Chile y de Francia y la presencia probable del Abogado Joan Garcés.

Presentacion de algunas personalidades que presentaran testimonio :

Roberto Garreton, abogado defensor de derechos humanos, trabajó en la Vicaria de la Solidaridad durante la dictadura militar de Pinochet, ha sido comisionado por el Secretario General de Naciones Unidas y Alto Comisariado para hacer un informe sobre los crimenes cometidos en el Este de la Republica Democratica del Congo entre 1993 y 2003.

Paz Rojas, Presidenta del CODEPU (Corporación de Defensa y Promoción de los Drechos del Pueblo).

Carmen Hertz, abogada de derechos humanos y viuda del periodista Guralnik Berger, que fué asesinado el 19 de octubre en la operación militar caravana de la muerte.

Stéphane Hessel (1917), antiguo resistente, embajador, diplomatico, fué uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948.  Admirador de los democratas americanos y del socialista Salvador Allende y hasta hoy activo militante defensor de los derechos de los immigrantes y de los sin papeles.

Joan Garcés, abogado valenciano que fué asesor personal del Presidente Salvador Allende y abogado de familiares de las victimas de la dictadura chilena, quien desde su regreso a Madrid impulsó junto a otros abogados e intelectuales el primer proceso judicial contra el dictador Pinochet y que condujo a la detención en Londres.

El proceso es un proceso histórico y como el juicio de los criminales de la segunda su filmacion y registro esta autorizado por los demandantes.

Paris, 8 de diciembre de 2010

 

Juicio en Francia por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura chilena

Por ANDRÉS PÉREZ PARIS FRANCIA

PARIS FRANCIA-El dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte en una foto poco después de derrocar por la fuerza al gobierno de Allende.

Las familias llevaban 37 años esperando. Por eso tendrá un poderoso y universal valor el juicio que se abrirá este miércoles ante elTribunal de lo Criminal de París contra trece militares chilenos. Se ocuparon de los trabajos sucios de la dictadura pinochetista, y están acusados, con fuertes indicios racionales, de ser autores materiales u organizadores de la desaparición de cuatro franceses durante los primeros años del reinado de Augusto Pinochet.

Este juicio va a ser, de alguna manera, el de toda la Junta militar chilena y, postmortem, del propio Augusto Pinochet, que falleció en 2006 habiendo podido escapar a varias de las causas iniciadas en su contra, especialmente la del juez Baltasar Garzón. Pinochet, como otros cuatro altos dignatarios, también figuraban inicialmente como imputados en esta causa iniciada nada menos que en 1998. Al estar fallecidos esos cinco cerebros del terror, ya no figuran como acusados, pero sí sus obras y sus manos sucias.

Entre los 14 acusados vivos, de entre 59 y 89 años de edad actualmente, figuran el generalHerman Brady-Roche y el ex jefe de la DINA (policía política dictatorial), Juan Manuel Contreras. Según lo que creen saber los abogados de la acusación, ninguno de los ciudadanos imputados estará presente en París, y ni siquiera se harán representar por abogados.

Varias órdenes internacionales de arresto han sido emitidas contra los individuos, que responderán, en rebeldía, por los presuntos delitos de "detención ilegal, secuestro, secuestro arbitario con tortura o actos de barbarie", contra las personas de Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet. Todos ellos eran franceses y todos ellos participaron en el esfuerzo de solidaridad internacional que acompañó al intento de democracia social de Salvador Allende.

Esa justicia sudamericana "no cumplió su misión"

Klein tenía 27 años cuando era médico y consejero del presidente socialista. Pesle era un ex sacerdote de 46 años que participó en el esfuerzo de reforma agraria. Chafreau, con 23 años, era un activista del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), y probablemente fue detenido y torturado, antes de ser enviado a la macabra Colonia Dignidad, el círculo reconstituido por los nazis bajo el pinochetismo, gracias a todo tipo de complicidades occidentales. Claudet, también militante del MIR, fue expulsado de Chile, y luego secuestrado por los fascistas chilenos en Argentina.

La justicia francesa se ha declarado competente en razón de la nacionalidad de las víctimas. Las familias solicitaron en su día a la justicia chilena que investigara las desapariciones. Según el acta de acusación, esa justicia sudamericana "no cumplió su misión y se ha mostrado de una dependencia total respecto al régimen que impera", cosa que impidió que "se ejercutara su recurso, y se condujera una investigación.

"Este juicio es el punto de llegada de más de diez años de tramitación, larga, difícil, plagada de obstáculos. Es un gran momento para las familias", ha declarado uno de los abogados de las familias, William Bourdon. El letrado no pudo sino constatar que el juicio llega en un momento marcado por "una regresión de los mecanismos de la competencia universal", que eran los dispositivos legales construidos entre 1990 y 2005 para autorizar juicios, en cualquier parte del mundo, contra los crímenes más graves de lesa humanidad.

"Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia"

Ejercen la acusación civil en este juicio la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos en Francia (AEXPPCH), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la asociación Francia América Latina, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y su sección francesa, la LDH.

"Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia, y queremos que estos crímenes sean reconocidos a nivel internacional. Cuarenta años después, tengo una sensación de impunidad casi cotidiana, tengo la impresión de que algún día me los voy a encontrar por la calle. Las condenas, si las hay, deberían ser ejecutadas, porque en Chile estas personas siguen teniendo posibilidad de moverse". Así explicó hoy ante la prensa lo que le mueve, una de las afectadas. Se trta de Natalia Chanfreau, hija del que en su día fuera el joven líder estudiantil del MIR, Alphonse Chanfreau.

ANDRÉS PÉREZ París 06/12/2010 Actualizado: 11/12/2010 20:30 Hrs.

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Enviado por Luis Tapia [e-mail]

 

 

Chile: Mar adentro

Entrevista amplia con el presidente de la Confederación de la Gente del Mar, Jorge Bustos, a propósito de la huelga de portuarios en San Antonio

Chile: Mar adentro

 “cuando miro la roca que estalla/ sobre mi mar de Chile/ cuando miro a los pescadores/ que vuelven de la jornada/ popular y hambrienta/ del pescado barato y mal mirado”

Fesal Chain

Por Andrés Figueroa Cornejo

Jorge Bustos (54 años, cinco hijos) es presidente de la Confederación de la Gente del Mar (Congemar) desde el 2005. Ya trabajaba a los 17 años en la industria portuaria; partió como cargador y hoy es encargado de documentos de una empresa del sector. Sindicalmente nació el 2002, como dirigente del Sindicato de Empleados de Bahía de Valparaíso. Hoy la Congemar constela a 71 sindicatos, entre pesqueros y portuarios.

En Chile existen alrededor de 230 mil trabajadores ligados a la pesca industrial, faenas portuarias y pesca artesanal; es decir, considerando las familias, cerca de un millón de personas vive del mar directamente.

A partir del 1 de diciembre, 600 portuarios de San Antonio, V Región, están en huelga porque según afirma Jorge Bustos, “el gobierno ha determinado un nuevo proceso de privatizaciones. Todavía le queda concesionar el 13% de los puertos estatales” y agrega que “esas privatizaciones, además de violentar la soberanía nacional, adolecen de estudios. Se supone que los países del continente están creciendo económicamente por los precios de las materias primas debido a la demanda asiática, principalmente, y de manera contradictoria, en un marco de contracción del consumo en Estados Unidos y Europa que son mercados que recepcionan las mercancías chinas e indias. Esa demanda de materias primarias no es infinita y está basada en la explotación de recursos no renovables. Con el agravante de que el capital se lleva todo y prácticamente no paga nada al país. Ahora bien, resultado de la nueva ola privatizadora, se está realizando una discusión entre los trabajadores y las empresas portuarias de San Antonio (avaladas y determinadas por el Estado). La oferta  no es considerada justa por los trabajadores. Plantea un plan de indemnizaciones para aquellos que habían trabajado  con montos ridículos, deja fuera el tema de las pensiones, y no aborda el tema central. Los viejos que salgan de los puertos no pueden quedar cesantes. El plan, de esta manera, no sólo se destruye empleo, sino que además, apenas se gasten las indemnizaciones, ya no habrá plata para vivir y dinamizar la economía en la ciudad de San Antonio. En 1999, durante el gran proceso de privatizaciones, de cinco mil trabajadores, quedaron trabajando mil. Nosotros creemos que el Estado debe garantizar el flujo de circulante para que no se intensifique la cesantía estructural. Por eso en El Espigón de San Antonio (aquel sector aún no privatizado), los trabajadores están paralizados. Y la huelga no se detendrá hasta que el Ministerio de Transporte no asuma que él  debe sentarse a negociar. Aquí el Estado no puede ofrecer cinco millones de pesos (10 mil dólares) por una vez y deshacerse para siempre de los trabajadores que hemos sido los mismos que producimos las riquezas del sector.”

BUCEO

-¿Cuáles son los problemas fundamentales de los trabajadores del mar?

 “Tenemos dos conflictos básicos. La depredación de la masa bioceánica por el lado de la industria pesquera, donde nosotros buscamos la generación de más peces en el mar para el consumo humano. La depredación es producto de la industria salmonera. El 80% de la harina de pescado en que se convierten las especies marinas termina de alimento para salmones. Aquí hay una contradicción. La industria salmonera actualmente es subsidiada por el Estado, pero esa misma política alienta la destrucción de especies como el caso dramático de la merluza y el jurel. Según nuestros antecedentes, ya se ha perdido un 60% de esos recursos.”

-¿Cuál es la solución inmediata que proponen?

 “Hay que regular el sector pesquero en Chile. La Ley Costa de Pesca privatizó la captura de peces. Aquí debe existir una discusión sobre la matriz económica del país, es decir sobre el desarrollo de las especies y para qué. Si en vez de capturar especies para hacer harina de pescado, lo hacemos para el consumo humano, por un lado podríamos equilibrar el crecimiento de las especies, y por otro, contar con un buen producto. Además así aumentaría el empleo. Y, cómo no, no tendríamos que exportar pescado para el consumo interno, pensando que Chile tiene cuatro mil kilómetros de costa.”

-¿Cuándo y cómo empeoraron las cosas en el sector?

 “Desde la promulgación de la Ley de Pesca -hace cinco años y con la participación interesada y protagónica de los hermanos y senadores Zaldívar-, se intensificó la explotación de las especies, y la gente ha ido convirtiéndose en un trabajador informal, en un paria. Los contratos ahora son por marea. Los viejos se hacen al mar, pescan, salen, y quedan cesantes de nuevo. Se labora 3 o 4 meses y ahí se acaba el año.”

-¿Y qué pasa en el área portuaria?

 “En la industria portuaria, la cuestión es un poco más grave. Los trabajadores portuarios existimos desde 1536. Sólo fuimos formalizados entre las décadas del 60 al 80 del siglo pasado. En 1981 (Plan Laboral de la dictadura), el Estado determinó con la ley 18032, efecto de los cambios de transporte a nivel internacional y la integración del container como envoltorio de la mercancía, el fin de las conquistas del área. Es decir, el derecho a participar en la regulación de la explotación marina con la Cámara Marítima basado en un convenio internacional, y las formas contractuales de relacionarnos con las empresas. Lo que ocurre es que esa legislación ya no obedece a las nuevas maneras de producción que existen en los puertos, ni al nivel de ganancias. Ahora hay una buena cantidad de tratados internacionales, a través de organismos tripartitos, que Chile todavía no suscribe. Aquí no hay negociación colectiva y existe una gran fragmentación sindical que no permite contar con la fuerza para llegar a convenios con los empresarios. Frente a esto nosotros estamos porque el país formule un plan de desarrollo estratégico. ¿Vamos a ser la “puerta del Pacífico”? ¿Tendremos o no corredores bioceánicos que permitan traer cargas del cono sur y sacarlas por medio de los puertos chilenos? Tampoco está definida la infraestructura vial necesaria para impulsar los objetivos anteriores. Al respecto, ya existen crisis en materia vial en Coquimbo, Valparaíso, San Antonio. Hace falta una ley portuaria. Lo que hay es una ley de modernización portuaria cuyo propósito es sólo la concesión y privatización de los puertos.”

-¿Quiénes mandan allí?

 “Los dueños de los puertos son el grupo Claro y el grupo alemán transnacional Von Appen, que es el que ha crecido más. Entre ambos son los controladores del 87% de los puertos del país. Lo que resta son puertos pequeños.”

-¿Y qué gana el Estado?

 “Un dólar por tonelada transferida. San Antonio mueve casi 16 millones de toneladas. Valparaíso, 10.5 toneladas. Eso no es impuesto, es un pago por el derecho a concesión. En el sector, se cobran las patentes de las empresas pesqueras que van a parar al llamado Fondo de Administración Pesquera (FAP) cuya finalidad original era dedicar esos recursos a investigación y desarrollo del sector. El FAP en realidad se ocupa para subsidiar la pesca artesanal y contener la cesantía. Pero ese fondo debería destinarse a universidades públicas que tuvieran que ver con el rubro para producir conocimientos tendientes a aumentar la masa bioceánica y proponer al país nuevas formas de explotación marina. Así se resolvería, entre otras cosas, de manera verdadera el desempleo.”

-¿Qué exigen al Estado?

 “Nosotros le pedimos al Ministerio del Trabajo  que genere insumos para poder discutir, para que ponga investigación al servicio del debate de todos los involucrados. Necesitamos legislación internacional comparada, ¿cómo funcionan España, Suecia, Finlandia, por ejemplo? Pero no existe la voluntad para ello en este gobierno, ni en los de la Concertación.”

LAS CONDICIONES LABORALES

-¿Qué ocurre alrededor de los puertos?

 “Debe existir una relación entre las utilidades de los puertos y las ciudades que los albergan. No es posible que San Antonio y Valparaíso sobrevivan con las dádivas estatales, cuando en esas localidades opera una actividad tan potente como es la salida de productos a través de sus puertos.”

-¿Cómo va la cosa en materia de sueldos?

“Nosotros logramos el derecho a tener licencias médicas recién el 2008, en virtud de las elecciones que se avecinaban entonces. Y los viejos pesqueros, cuando pueden trabajar –máximo tres meses continuos-, ganan mensualmente unos $500 mil pesos (mil dólares) en promedio. En mi sindicato, los trabajadores pueden llegar hasta dos millones de pesos al mes (4 mil dólares), pero por sólo un trimestre. Esa plata deben dividirla para aguantar todo el año.”

-¿Y las condiciones de trabajo?

“Los viejos de 55 años ya no pueden subirse a los buques a arreglar los container. Ahí comienzan las jubilaciones en los hechos. Consideramos que realizamos trabajo pesado por las condiciones laborales en que nos desempeñamos: contaminación acústica, polución, extremas variaciones de temperatura y tenemos turnos alternados que imponen que entre turno y turno no se alcance a descansar ni siquiera 8 horas.”

-Ustedes han denunciado muchas veces el problema previsional…

“Tenemos problemas de densidad y continuidad previsional. Producto de los malos contratos y la informalidad, nuestros viejos no pueden jubilarse en forma porque no llegan ni a la pensión mínima. De esta manera el Estado tendrá que subsidiar las pensiones que, en el fondo, es subsidiar a las AFP’s y a la industria pesquera y portuaria.”

-¿Y los niveles de accidentabilidad laboral?

“El último accidente grave, que terminó con dos portuarios muertos, se produjo en San Vicente, durante el mismo tiempo en que las cámaras de la televisión apuntaban a los 33 mineros de la mina de San José, en Copiapó. Los accidentes laborales más recurrentes del sector son el desmembramiento, decapitaciones, aplastamiento de container. Todo porque no hay una legislación que implique  cuadrillas mínimas de seguridad para trabajadores. Las cifras de accidentabilidad son secretas y sólo las conocen  instituciones al servicio del empresario. Esos datos deberían ser públicos.”

MÁS ALLÁ DEL MAR

-¿Qué piensas de las posibilidades de un nuevo ciclo de luchas de los trabajadores y el pueblo de Chile?

“Según el Ministerio del Trabajo, un 32% de los asalariados en Chile son informales y precisamente  laboran en las zonas productivas que exportan (2 millones cien mil personas). Ahí existe un territorio de fuerza laboral que ya comienza a generar acciones de unidad. Mi única preocupación al respecto, es que los trabajadores no sean usados, contra sus intereses, por la Concertación con el único fin de volver al gobierno. Si eso no pasa, y los viejos se organizan tras sus propias fuerzas e intereses, se podrían lograr grandes avances en un proceso relativamente breve. Yo creo que las demandas de la lucha deben ir por una mejor distribución del ingreso, la construcción de un nuevo Código Laboral. Y deberíamos contar con una potente y única central de trabajadores, que no existe, y con dirigentes auténticos con sindicatos reales. Ya no basta con pelear por un poco de plata. Debemos ganarnos el reconocimiento como actores principales de la producción de riqueza del país. Y con la fuerza de los estudiantes, los mapuche, las mayorías castigadas, podemos ampliar la plataforma sobre los principios de la soberanía nacional. Hoy no sólo podemos presentar lucha contra Piñera, sino también contra la Concertación por su responsabilidad ante el actual estado de cosas. De lo contrario cometeríamos un error estratégico que limita la posibilidad de crear un nuevo bloque nacional de desarrollo que, además, vea en Latinoamérica el lugar natural para negociar en conjunto mejores condiciones económicas y tecnológicas con el mercado internacional.”

Diciembre 5 de 2010

 

 

Chile: El retorno de Lagos y el combate contra el olvido

1. En un paisito donde casi el 20% de la población es bebedor problema (OMS) producto, entre otras variables, de las malas condiciones de existencia ancestrales –culturales y materiales- y cuyo movimiento social comienza lentamente a despercudirse de un largo letargo apenas estremecido los últimos años por las protestas estudiantiles de los jóvenes secundarios, de los trabajadores subcontratados del cobre  y de los forestales que, lamentablemente, terminaron en mesas de negociaciones infructuosas y amañadas por el gobierno anterior, ya arrancan los motores de la formación de pactos electorales de una Concertación noqueada por la victoria de la derecha tradicional para encarar las municipales de 2012.

2. Hace muy poco retornó el ex presidente de la República Ricardo Lagos Escobar al Partido Socialista  “a colaborar en la formación de nuevos liderazgos”. Como una manifestación más de crisis de la Concertación, quien fuera el mandatario del súper aperturismo económico chileno –que en definitiva volvió más dependiente del capital transnacional al país, osificando el modelo exportador extractivista y cuprífero-; que propició con vocación de accionista la privatización de carreteras, agua y cobre; que durante su gobierno acentuó la cruzada contra el pueblo mapuche y sus demandas históricas, aplicando sin temblor la Ley Antiterrorista –rémora de la dictadura-; y protagonizó los escándalos de corrupción asociadas a las licitaciones y concesiones tramposas del Ministerio de Obras Públicas  (casos MOP-Gate y MOP-Ciade), de la  CORFO-Inverlink , y de Ferrocarriles del Estado, ya está de vuelta. En virtud de los enormes favores hechos graciosamente a los dueños de Chile (con lágrimas de despedida genuinas del empresariado en un acto exclusivo cuando acabó su período) y a las políticas emanadas de las entidades imperialistas como el FMI y el Banco Mundial, irónica o bien por esas mismas razones, el 2007 Lagos fue investido por el Secretario General de la ONU de la época como enviado especial para el cambio climático, toda vez que bajo su mandato la celulosa Arauco (Celco) se acriminó con los cisnes de cuello negro en el sur de Chile, y propulsó el proyecto minero Pascua Lama que castiga actualmente con especial fiereza el medioambiente de la zona; eliminó la medida contemplada en el Plan de Descontaminación Atmosférica de Santiago que impedía la extensión de la capital sobre tierras agrícolas, como asimismo, la violación de áreas de valor natural y preservación ecológica. A qué mencionar que Lagos fue el único gobernante  del continente en reconocer al gobierno que se instaló por algunas horas mediante un golpe militar contra el presidente Hugo Chávez en 2002, que sería rápidamente frustrado.

¿A qué habrá regresado? ¿A colaborar con el posicionamiento de Carolina Tohá, actual coordinadora de la Concertación, la cual usufructúa  políticamente del prestigio de su padre, el vicepresidende de la Unidad Popular de Salvador Allende, José Tohá, asesinado en 1974? ¿A allanar el camino presidencial a Bachelet? ¿A testear una segunda oportunidad para las presidenciales de fines de 2013, aprovechando la escasez  de memoria nacional reinante? ¿A todas las anteriores?

3. Mientras tanto, Carolina Toha juega sus cartas a ampliar la Concertación hacia el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el senador Navarro del MAS, el presidente del Partido Regionalista Independiente (¿independiente de qué?), el Partido Humanista y el Comunista, primero bajo la forma de un pacto político-electoral para enfrentar conjuntamente las municipales de 2012 como ejercicio preliminar hacia la consolidación de una componenda lo suficientemente maciza con propósitos de intentar  la alternancia inmediata respecto de la derecha tradicional. Las reacciones de los invitados, al menos de Enríquez-Ominami, el PRI y el PC han sido bien recepcionadas en tanto existan inclusiones programáticas en la carrera de  refundar una Concertación desrumbada. Con las dificultades que comporta que el gobierno de Piñera  ha resultado un fiel continuista de las mismas tareas antipopulares y privatizadoras, y ha facilitado las tendencias del capital en orden a acentuar su concentración, desigualdad social, y precarización del trabajo. Tal cual  los gobiernos civiles anteriores.

Los mismos que ayer siguieron a pies juntillas el catálogo del capitalismo más salvaje, fundado en la explotación humana y el despojo de los recursos naturales, ahora sí que van a proponer a los chilenos –siempre por arriba, cómo no- un programa para beneficiar a las grandes mayorías. ¿Será tanta la confianza de los dirigentes de la Concertación en la peste del olvido de los chilenos?

Por otra parte, la marginalidad política no termina con la existencia simbólica de representantes políticos subsidiados electoralmente en las instituciones del Estado. Para quienes buscan inagotablemente cambiar la vida, el orden infame e infeliz del actual estado de cosas, la contienda electoral es apenas una de las formas en que se expresa la lucha de clases. El movimiento real de los trabajadores y el pueblo es el protagonista. Siempre por abajo, cuando se pueda por arriba. Y cuando es por arriba, para los que persiguen transformaciones ligadas a la recuperación de la soberanía nacional y los derechos sociales asaltados por la clase que manda, es únicamente para colaborar con la dinámica participativa y radicalmente democrática de los populares. No al revés. Porque “la historia la hacen los pueblos” y otras razones bien  sabidas.

Nuevamente, sectores de la izquierda tradicional prestan oídos a los cantos de sirena de una Concertación descompuesta y desesperada, que ya tuvo su oportunidad –y 20 años no son poca cosa, a pesar de Gardel- y que con retórica transformista y apremiada, procura su recomposición a través de supuestas concesiones a su programa histórico y expresión política de los intereses de la clase en el poder. Que si la táctica se vuelve estrategia, en medio de una correlación de fuerzas donde los partidos políticos no neoliberales van a pérdida, las alianzas con la Concertación sólo fortalecen al más poderoso. Y en este caso, la componenda más poderosa no es más que una versión matizada (y muy relativamente) respecto de la derecha tradicional de la minoría dominante. El costo de semejante contubernio es claro para las direcciones de las agrupaciones convocadas: hipotecar las transformaciones más estructurales y pro populares de sus programas y estrategias originales.

4. En tanto, el movimiento social comienza tímidamente un nuevo ciclo de luchas, aún dislocadas y parceladas, pero auspiciosas. Se multiplican las huelgas –todavía parciales y atomizadas-, y las primeras coordinaciones multisectoriales, tanto de los propios trabajadores, como de la izquierda que no sueña con su inclusión en una “nueva” Concertación. Los estudiantes y trabajadores de la enseñanza ya asoman la cabeza contra la “revolución educacional” de Piñera, comandada  por el pre candidato de la UDI para las próximas presidenciales, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, y cuyas políticas únicamente promueven a través de incentivos perversos el traspaso de lo que va quedando de educación pública –en todos sus niveles- al área privada, consagra una enseñanza desintegrada socialmente, tecnifica en su peor acepción el currículo para producir trabajadores disciplinados e irreflexivos para bien del capital, y busca destruir las pocas conquistas que restan del Estatuto Docente.

Del  lado ancho y mayoritario de humanidad, la caminata por los derechos fundamentales, por la riqueza socializada y la soberanía plena debe retornar por sus fueros, construir las condiciones del paro general y la protesta ampliada de los humillados. De esos  combates iniciales brotarán como necesidad y sentido las futuras conducciones políticas de la auténtica alternativa política de los intereses de los asalariados y las grandes mayorías. Lo demás sólo engorda al capital, robustece y reproduce su hegemonía, y oxigena los días de la dominación de una minoría gran propietaria y que constituye sus privilegios sobre la apropiación de la riqueza socialmente producida, el crédito, el despojo de los recursos naturales, la ruina ambiental,  el menosprecio y castigo a los pueblos originarios, la cultura del patriarca y el fetiche esclavizante de la mercancía.    

Diciembre 3 de 2010