Pero sobre todo –siempre junto a su mujer, Rosario Molina, y a sus custodios españoles, Carlos y Abel– recibió el inmenso cariño de quienes le agradecieron hasta las lágrimas por el arresto en Londres del dictador Augusto Pinochet (1998), porque con ello les regaló una cuota de reparación y justicia, cuando en Chile la impunidad era todavía una señora elegante que campeaba a su antojo.
Aquí se juntó con la otra punta del pañuelo, el ex juez Juan Guzmán, hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, que hizo posible su viaje a Chile y lo declaró doctor honoris causa, como también lo hizo la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
Junto a Guzmán y el fiscal español Carlos Castresana, el precursor desconocido de los procesos en España (ver nota aparte), fueron vitoreados en cada lugar donde acudieron invitados.
No faltó a ninguno de los múltiples compromisos de su apretada agenda, durante los cinco días que estuvo en Chile desde el lunes pasado, y contó chistes hasta entrada la madrugada del miércoles, en una de las cenas que se le ofrecieron en su honor. “Es que duermo apenas tres horas diarias”, dijo a LND a bordo del avión en que el jueves llegó a
Coyhaique, a reunirse con las madres de 12 jóvenes muertos desde 1997 en extrañas circunstancias, episodio que la justicia chilena todavía no aclara, mientras el proceso fue sobreseído temporalmente por la ministra Alicia Araneda.
La visita de Garzón y Castresana recordó el ciclón que comenzó a soplar en Chile la madrugada del 16 de octubre de 1998, cuando se conoció la detención del autor intelectual de la Caravana de la Muerte y todas las operaciones para asesinar opositores, en Chile y el extranjero.
Pero también desenterró el Chile real, donde todavía una franja no menor agradece a Pinochet y sus 17 años de dictadura, fervor más oculto o solapado desde que se descubrió que se apropió de cuantiosas sumas del dinero de todos los chilenos. Pero fervor, al fin y al cabo.
El juez Garzón quedó impresionado la noche del jueves en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, cuando quienes lo agredieron verbalmente estuvieron muy cerca de hacerlo físicamente. Le gritaron que Pinochet debió matar “más marxistas y robar más todavía”, porque todo se lo merecía. Por la mañana de ese día, otros hicieron algo parecido en el mismo terminal aéreo. No eran las 12 mujeres delirantes –todas de extracción popular– que el lunes le gritaron de todo frente a la Universidad Central cuando lo declararon doctor honoris causa.
Los agresores del ex aeropuerto Pudahuel se veían adinerados, probablemente terratenientes o empresarios del sur, que desde el asunto Riggs ya no salen a gritar ¡viva Pinochet! a las calles junto a las viudas populares del retirado general, pero que están ahí, fieles para justificar sus crímenes. Ocultos, pero vivos entre el 43% que votó SÍ en el plebiscito de 1988, cuando ya se conocía toda la tragedia y la huella marcada por el régimen militar.
Esta es la conversación que el juez Baltasar Garzón sostuvo con LND, durante el vuelo a Aysén.
–¿Qué tanto bien le hace a las sociedades que se aplique la jurisdicción penal internacional?
–Todo lo que signifique cerrar la puerta a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, cometidos en cualquier parte del mundo, es bueno para la sociedad, la democracia y las instituciones. Eso es lo que ha entendido la comunidad internacional. Y esta filosofía debe ser asumida por todos los tribunales penales para que crímenes de esa envergadura no queden sin castigo. El problema es cómo se produce esa respuesta.
–¿En qué sentido?
–Lo ideal es que sea el sistema judicial del país donde se han producido esos hechos el que responda. Pero cuando un determinado país no ejerce esa acción judicial o es imposible que se produzca porque hay una dictadura, o no hay voluntad de iniciar una investigación, es cuando la jurisdicción penal internacional debe intervenir, previa calificación de esos hechos como de lesa humanidad: genocidio, desaparición forzada de personas, tortura y otros. Lo principal es que esos delitos no queden impunes.
–En su experiencia como magistrado, ¿qué países han sido proclives a dejar en la impunidad estos crímenes?
–Hay muchos. En primer lugar creo que están China, Rusia, el propio Estados Unidos fuera de sus fronteras, lo que no quiere decir que Estados Unidos no persiga a los que cometen ese tipo de delitos, sino que no deja que los persigan fuera de su país. Dentro de las dictaduras, obviamente está Argentina, que tuvo sus leyes de obediencia debida y punto final. En Chile ha habido un manto de impunidad durante toda la dictadura y después las consecuencias de una legislación que trababa las investigaciones. España, durante los casi 40 años de Franco, mantuvo los ojos cerrados a estos casos. En Cuba no se ha planteado perseguir los crímenes que se hayan podido cometer durante el régimen de Fidel Castro, y hay muchas denuncias en ese sentido. Desgraciadamente, hay muchos otros.
–¿Qué opina de Fidel Castro y el régimen cubano?
–En Cuba es absolutamente necesaria la evolución hacia la libertad y la democracia. Hay cortapisas a la libertad de movimiento, de expresión, de participación política, y eso no es democracia. Ese régimen tiene que evolucionar por sí mismo. Pero no estoy de acuerdo con el bloqueo y el embargo de Estados Unidos contra Cuba, porque lo pagan los ciudadanos cubanos. Pero es un régimen insoportable.
–Usted defiende que los jueces tengan ideología y opinión política.
–Sí, cuando afirmo que un juez, un periodista, un fiscal, tienen ideología y opinión política, es porque no nos podemos diseccionar. Un juez no tiene la mente en blanco. Cuando toma una decisión es imposible que diga, para decidir, evito cualquier contaminación ideológica. El juez puede tener una ideología. Cuando va a votar en una elección vota por el candidato que considera mejor. El juez es un ciudadano, debe participar de la sociedad, debe contaminarse de sociedad y estar en medio de ella para conocer los problemas de los ciudadanos a los que tiene que dirigir su acción.
–¿Y cómo juzga o dicta sentencia?
–Bueno, simple, hay una ley, hay unas pruebas que tienes en las manos, hay indicios que valorar, y entonces aplicas la ley, pero no dejas tu ideología y tus opiniones políticas colgadas en un armario. Si hay una interferencia política en una decisión, para eso hay leyes.
–¿Por qué dice que, más que una globalización universal, se requiere una humanización universal?
–Porque el concepto de globalización tiene una connotación casi exclusivamente económica. Se ha formado para garantizar el funcionamiento de las grandes corporaciones del mundo. Y una globalización que no va junto a una liberalización de fronteras, una política integradora de los inmigrantes, una protección garantista de las personas y una defensa activa de los derechos humanos, no es una verdadera globalización. Hay que avanzar hacia una humanización de las instituciones para hacerlas útiles a las verdaderas necesidades de la humanidad, como erradicar el hambre, la pobreza, las enfermedades contagiosas y curables como las que afectan a África. Y no el enriquecimiento monstruoso, la carrera armamentista y la dominación hegemónica de las materias primas y los recursos naturales.
–Y los foros internacionales de los países desarrollados y los tratados comerciales, ¿no apuntan a humanizar la globalización?
–Eso es un sarcasmo, una falacia, cuando te tienes que enfrentar a las favelas de Brasil, a los campos de refugiados de Darfur, en Sudán, o cuando millones de personas están falleciendo porque ni siquiera tienen un dólar al día para atender las necesidades de una familia de cinco personas. Entonces, ¿de qué globalización estamos hablando? Pues de una globalización de la miseria que beneficia sólo a unos pocos. Por eso, el concepto opuesto que propongo, y otros también lo hacen, es la humanización universal.
–¿Ha participado en manifestaciones antiglobalización?
–No en manifestaciones, pero sí en conferencias como el Foro Social de Porto Alegre, y, curiosamente, el Foro Económico Mundial me consideró hace unos años como uno de los líderes del futuro. Yo soy un poco líder, sui géneris, y bastante anárquico en ese sentido, pero junto a toda mi familia participé en manifestaciones para rechazar la guerra de Estados Unidos contra Irak y expresé mi opinión públicamente en la Puerta de Alcalá de Madrid. Eso me costó responder a un par de expedientes judiciales por denuncias en mi contra.
–¿Qué resolvió la justicia?
–El Consejo General del Poder Judicial, al resolver esas denuncias en mi contra, estableció el derecho a la libertad de expresión de los jueces en España, cuando se refiere a temas que no sean del contenido de sus investigaciones. Se resolvió que, como cualquier ciudadano, podemos opinar de lo que es la vida normal de un país.
–¿Esa resolución sentó jurisprudencia?
–Sí, antes de eso no había nada.
–En estos días, algunos le han gritado ¡ándate a combatir el terrorismo de la ETA y deja tranquilo a Pinochet!
–Yo combato el terrorismo de ETA, llevo muchos procesos en su contra. Cuando entré a la Audiencia Nacional me prometí que procuraría estar hasta que el terrorismo de ETA desaparezca de España. Eso fue hace 19 años, y hoy creo que estamos más cerca del final. Lo que puedo decir a esas personas es que, si hay alguien odiado por el terrorismo de ETA, ese soy yo, con amenazas en mi contra y como posible objetivo de atentado. Contra el terrorismo hay que ser contundente, pero dentro de la legalidad. LND
